Citaciones

No por imaginadas dejaron de impactar dos citaciones judiciales en causas por corrupción a expresidentes que, hasta hace poco, parecían inalcanzables aún para la justicia.

Las sospechas sobre CK  y sobre Lula llevaron a los magistrados a cargo de las investigaciones a requerir las declaraciones de ambos ex mandatarios, en condición de “imputados”.

La ex presidenta argentina está citada por la causa de la venta de dólar futuro a precios sustancialmente inferiores a los del mercado, y sus consecuencias se están sufriendo hoy por la economía nacional al generar una emisión de más de 60.000 millones de pesos, equivalente al ahorro fiscal (USD 4.000 millones) conseguido con la actualización de las tarifas eléctricas que impactaron tan negativamente en los bolsillos populares y en la imagen del nuevo gobierno-. 

Vale la pena insistir en este dato: la totalidad de lo que pagarán los argentinos de más con las nuevas tarifas en un año sólo alcanzará para abonar lo adeudado a los beneficiarios de las operaciones del dólar futuro realizado por el anterior gobierno (C.K., Kicilloff, Vanoli) en las semanas previas al fin de su mandato. La persistente inflación de estos meses no es ajena a esta obligada emisión monetaria.

El caso de Lula es diferente. Se trata de presuntos beneficios personales a raíz de importantes mejoras inmobiliarias en dos propiedades realizas por empresas favorecidas por el “Escándalo Petrobras”. Frente al escándalo del “dólar futuro” más que corrupción parece una corruptela, pero la sospecha de los jueces es que los inmuebles utilizados frecuentemente por el ex presidente Da Silva, en realidad, le pertenecen a él. Las empresas que figuran como dueñas están vinculadas a numerosas operaciones de Petrobrás ya detectadas como fraudulentas.

Si bien la causa de CK es, en sus consecuencias económicas, sustancialmente mayor que los beneficios que se sospechan de Lula, en este último caso el monto de los perjuicios de la petrolera, sin relación hasta ahora con el ex presidente, supera los Dos mil millones de dólares, presuntamente favoreciendo a políticos de virtualmente todo el arco político brasileño.

La reacción de las sociedades brasileña y argentina ofrecen similitudes. Para sus partidarios más desmatizados, nada malo que se impute a sus líderes merece siquiera ser analizado. Deben ser defendidos. “Puto o ladrón, lo queremos a Perón”, se decía por estos pagos en la década del primer peronismo. La brecha, debidamente alimentada por la relación populista “líder-pueblo” impedía un razonamiento medianamente neutral. Desde el otro extremo, los de las oposiciones viscerales, cualquier acusación no debía siquiera ser investigada porque la alcanzaba la automática presunción de culpabilidad.

Pero entre ambos está la mayoría sensata de la opinión pública. Son los ciudadanos de buena fe, partidarios de unos u otros en la dinámica de una sociedad democrática de alternativa. Son aquellos que ante cada opción política analizan, simpatizan o se inclinan por o contra uno u otro, pero no dejan en ese altar ni su conciencia ni la honesta imparcialidad de sus juicios. Ellos son la mayoría que conforman el amplio centro político de las sociedades maduras. Lo integran progresistas y moderados, simpatizantes de izquierdas o derechas, que han votado o simpatizan con diferentes partidos pero antes que nada son personas que entienden que el imperio de la ley es el único método de escapar a los instintos primarios –y más animalizados- de la condición humana.

La política de nuestros pagos no es benigna para los liderazgos pasados. Es muy raro el caso de, terminada la función, no encontrarse con alguna causa en marcha, por una u otra razón. Está dentro de las reglas de juego del poder, que así como otorga beneficios inauditos a quienes lo detentan, luego se cobra con el juicio inmisericorde, en ocasiones por parte de los mismos partidarios que antes endiosaban. En las últimas décadas sólo dos ex presidentes argentinos no debieron sufrir a su cese la investigación judicial de sus actos: Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Todos los demás debieron cargar con causas finalizadas con diversa suerte, y en algún caso hasta debieron soportar detención (Menem), y hasta morir en el exilio (Cámpora) o cumpliendo condena (Videla). Alguna vez tendremos República y estos espectáculos serán sólo trama de guiones históricos.

Es común escuchar la afirmación que duda de la honestidad de la justicia. Y en algunos casos puede haber razón. Sin embargo, no hay otro camino que respetarla para convivir en paz. Las leyes también establecen los mecanismos para controlar a los jueces que prevariquen.

La justicia, sin embargo, debe actuar libremente y es obligación del Estado y de los ciudadanos de bien garantizarle su trabajo limpio, su control social a través de la transparencia de sus actos y de los mecanismos constitucionales de control, y la presunción de inocencia de los acusados hasta que una sentencia defina su situación.

Los ex presidentes, los ex funcionarios, que por elección de los ciudadanos han gestionado la agenda y los dineros públicos, merecen ese respeto. Tienen la obligación de responder ante la justicia con todas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, aunque también tienen derecho a la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano, que al fin y al cabo, todos lo son y que es tan importante como lo es para los ciudadanos comunes mostrar que todos somos iguales ante la ley, sin impunidades ni privilegios.

Ricardo Lafferriere