Poco más de un año atrás, en ocasión de una de las inefables cátedras desde el atril de la recientemente electa presidenta de la Nación, nos preocupábamos desde esta columna con la advertencia que daba título a un artículo: “Cristina atrása, el país se descalabra, Kirchner acumula”. No se había presentado aún el dislate de la Resolución 125, pero ya el relato presidencial, a pesar de no haber confesado aún que no conocía la fórmula del agua, mostraba serios errores de conocimiento y de diagnóstico que nos conducían aceleradamente a una nueva crisis.
Una foto actual del estado del país, “vis a vis” con una igual de hace un año, nos muestra la triste confirmación del diagnóstico, que si bien era visualizable ya con las robustas exportaciones agropecuarias logradas a pesar de los Kirchner, se hizo patético una vez desatada la crisis internacional que está golpeando a todo el planeta y ya se anuncia con la ralentización de China, cuyo potencial comprador de “commodities” es siempre la última esperanza frente a los males nacionales.
En un posterior análisis, realizado hace seis meses, sobre los efectos de crisis en el balance global, arriesgábamos la opinión de que una vez pasados los efectos de la crisis, el mundo retomaría su marcha con un fortalecimiento de la posición relativa de los Estados Unidos. El razonamiento no descubría la pólvora: partía del supuesto de que la eonomía real de bienes y servicios de todo el planeta no ha sufrido ninguna catástrofe astrofísica ni geoloógica. Al igual que ocurrió –en nuestra pequeña dimensión- con la crisis argentina del 2001, los campos, las fábricas, las infraestructuras, la energía, las comunicaciones, permanecían intactas. Cuando recuperaran la liquidez necesaria, el campo volvería a producir, las fábricas pondrían en marcha sus motores, los bancos retornarían con sus préstamos y todo comenzaría a marchar nuevamente. Ni siquiera la gestión K lograría detenerla y a pesar del sabotaje constante realizado a la producción con sus crecientes incautaciones de riqueza y su corrupción ramplona, el país retomó su senda ascendente. Así ocurrirá con el mundo.
¿Por qué será Estados Unidos la locomotora el nuevo arranque? Tampoco hay que descubrir la pólvora: es el país que ha sido elegido por todos (europeos y chinos, japoneses y rusos, latinoamericanos y africanos) como el reservorio mundial de la liquidez. Si hay un Estado en condiciones de financiar la nueva marcha de la economía, una vez que ésta toque fondo, es el estado norteamericano. Desbordante de recursos que han dejado en sus arcas los angustiados demandantes de bonos del Tesoro en todo el planeta, será su decisión política dónde volver a poner liquidez, a quién prestarle, a quién venderle, a quién comprarle, a quién favorecer y a quién castigar.
¿Por qué alegrarse, entonces, de que el discurso de Obama incluya la afirmación de que el mercado ha fallado y que en consecuencia el Estado debe intervenir? La frase del nuevo presidente norteamericano –junto a otras que anuncian una etapa interesante en los años que vienen, como la puesta en valor de la democracia, palabra que no se escucha en los discursos presidenciales argentinos desde 2003- para generar alegría, debería hacerse coherente con una decisión internacional de acercamiento maduro, prudente pero firme, con el país que decidirá en el corto plazo la suerte del mundo. Si es cierto que ahora el papel del Estado será más importante, es más importante que nunca acercarse a ese Estado –rol que el kirchnerismo conoce de memoria...- para intentar articular nuestros esfuerzos con las decisiones que se tomen para salir de la crisis. En otras palabras, “estar adentro”, no segregado.
Alegrarse porque el Estado norteamericano –el que arbitrará la salida de la crisis- podrá tomar en sus manos la gestión del mercado y a la vez destacarlo desde un viaje frívolo y vergonzante con los autócratas caribeños, ubicados en las antípodas de ese Estado, es cualquier cosa, menos coherente. Además de colisionar con los principios elementales de la diplomacia que aconsejan no hacer comentarios sobre terceros países o gobiernos desde el exterior del propio, tema éste que sabemos que no forma parte –como muchos otros- del capital intelectual de la pareja reinante. Lo que no sería nada grave, si tuviera la humildad de consultar a los que saben: nadie es especialista en todo ni tiene la obligación de serlo.
No se entiende la alegría de Cristina. Ha renunciado a sus principios de defensa de los derechos humanos a cambio de una foto desopilante para el álbum familiar presentada con un no menos desopilante comunicado del anciano dictador sobre la reunión, ha mancillado el honor de la Argentina al abandonar una causa que su propio marido había priorizado, como es la libertad de la Dra. Hilda Molina, ha aceptado la vergonzosa prohibición de reunirse con los opositores cubanos (¿se imagina la señora presidenta cómo hubiera reaccionado ella misma si el ex presidente Bush le hubiera prohibido reunirse con demócratas cuando viajó a Estados Unidos?); se prestó a una ridícula comedia de enredos con la agenda y la entrega de “la foto” que distribuyó profusamente como un trofeo de caza mayor desde la red de prensa presidencial; no consiguió ningún acuerdo para cobrar los más de dos mil millones de dólares que el régimen cubano nos debe desde hace casi tres décadas, reforzó su alineamiento con lo peor del Continente y marcó una vez más la inconsistencia e inconfiabilidad de la Argentina y de la política exterior de su gobierno en un momento en que el mundo comienza una nueva etapa.
En el país, mientras tanto, secuestros y asesinatos proliferan hasta formar parte del paisaje; el –otro inefable- administrador de la ANSES sigue dilapidando los recursos que confiscaron a los ahorristas previsionales en aventuras financieras esperpénticas y sin antecedentes en el mundo, como financiar el canje de autos y heladeras a tasas negativas con fondos previsionales, mientras retrasa el pago a los jubilados en una quincena e incumple sentencias judiciales con años de antigüedad; sus funcionarios están bloqueados para tomar decisiones mientras el principal activo productivo del país marcha al quebranto generalizado golpeado por la crisis internacional, la propia plaga kirchnerista y ahora, la sequía; los despidos crecen diariamente; las fábricas reducen abruptamente su ritmo de producción y los negocios están vacíos.
Su marido, mientras tanto, titular formal del peronismo adueñado de Olivos ilegalmente, da directivas a los ministros –que éstos obedecen como corderitos- de cómo repartir la caja discrecional de los fondos públicos robados a los ahorristas entre los intendentes y gobernadores amigos. Y el patrimonio personal de la familia trasciende ahora al petróleo, la pesca, el juego y las obras públicas para expandirse más en el rubro turístico con el agregado de otro hotel de cuatro estrellas en el Calafate, según dicen informaciones periodísticas no desmentidas, conformando un virtual monopolio en su pago chico del turismo de alto nivel.
Todo sigue igual.
Cristina atrasa. El país se descalabra. Kirchner acumula.
Lo que está bastante más colmada es la capacidad de tolerancia de los argentinos.
A pesar de la alegría de Cristina.
Ricardo Lafferriere
viernes, 30 de enero de 2009
“Éstos no son los gallegos. Éstos son Obama....”
Curiosa desaparición, la del “affaire” Transportadora General del Norte (TGN) de los medios de comunicación....
Como se recordará, hace aproximadamente un mes, el gobierno decidió “intervenir” la empresa transportadora de gas, que había recurrido a la justicia con la decisión de declarar su default por sufrir lo que la mayoría de las empresas privatizadas durante la gestión del ex presidente Menem (peronista, igual que Kirchner) han soportado durante el quinquenio kirchnerista: un ahogo tarifario unido a obligaciones de inversión y prestación de servicios en un marco cambiario y de precios relativos totalmente diferente al existente.
El mecanismo de extorsión, usual durante el kirchnerismo, le dio frutos suficientes hasta la fecha. Fue por este procedimiento que lograron apropiarse del 20 % de YPF, de varias empresas de servicios y hasta empujar a Aerolíneas Argentinas hasta el borde del abismo, logrando adueñarse de la empresa sin poner ni un centavo, esta vez con la complicidad de diputados y senadores peronistas y la camarilla sindical. Aunque realizado por un grupo político en ejercicio de un poder absoluto, este mecanismo reiterado de extorsión provocó el cambio de manos de las principales empresas del país y ha generado un capitalismo negro de amigos del poder que ha convertido a Nestor Kirchner en un magnate del petróleo, del turismo, de la pesca, de los juegos de azar, de las obras públicas y últimamente también del transporte aerocomercial. En su patrimonio personal, ha sido el presidente argentino de mayor capital en toda la historia del país –primer record- y el que incrementó su patrimonio en mayor porcentaje también en toda la historia de la Argentina independiente. A pesar de decirse “progresista” y “de izquierda”, curiosas etiquetas con las que consigue la fácil absolución de quienes hasta llegan admirarlo por su audacia.
TGN tranporta gas desde los yacimientos del norte hacia la Capital Federal. Entre sus dueños está el grupo Techint, socio de todos los gobiernos, con el que el kirchnerismo realizó importantes negocios que incluyeron hasta su ampliación en Venezuela, donde la empresa hizo importantes inversiones hasta que el autócrata caribeño decidió ponerle fin apropiándose de su acería, desmintiendo el viejo aforismo “entre bueyes no hay cornadas”.
La declaración de default de TGN enfureció a Néstor Kirchner, que ordenó un operativo de presión que incluyó una insólita denuncia penal, alegando que el acta de directorio que decidió el default se había confeccionado al día siguiente de la reunión. El sainete de enredos se complicó aún más al conocerse que el default había sido adelantado al Ministro de Infraestructura, quien lo habría alentado como una forma de justificar la intervención del Estado, actualizar la tarifa y comenzar las negociaciones de práctica –obviamente, para apropiarse de parte de la empresa-.
TGN desapareció de los medios apenas el dueño de Techint regresó al país de un viaje al exterior. El conflicto pareciera haberse encarrilado en negociaciones que, al estilo vigente, son secretas aunque se traten de negocios públicos. Lo usual en estos casos lo conocen bien “los gallegos”: autorización de aumentos de tarifas a cambio de entregar una parte del paquete accionario al “grupo K”.
Poco tiempo antes, el mismo camino había seguido EDELAP. La empresa, propiedad de la norteamericana AES, había vendido parte de su deuda a su controlante, pero sin liberarse de su carga financiera. El hecho produjo una citación al propio Embajador norteamericano, el que con la firmeza que le permite el país que representa y sin inmutarse contestó que absolutamente todos los procedimientos contables de la empresa respondían a las normas vigentes. Lo que pareció una revancha del gobierno al tratarse de la empresa que contribuyó con pruebas decisivas para el descubrimiento de los sobreprecios pagados por SKANKA, que alcanzara a destacados funcionarios kircheristas, también desapareció de los diarios luego de firmarse un acta en el que tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a “solucionar los inconvenientes” (¿?), curiosa derivación del posible delito imputado en un país en el que, en teoría, rige el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Qué había ocurrido? El encargado de dar una pista sobre los motivos fue el Sr. Roberto Baratta, mano derecha del Ministro Julio De Vido. Según informaciones periodísticas no desmentidas, le explicó a un dirigente del peronismo, con ramplona simpleza: “Con AES no podemos seguir apretando. Estos no son los gallegos. Estos son Obama”, sintetizando en una frase la filosofía del poder “K” en la Argentina: a los españoles se les puede sacar cualquier cosa, porque total al final lo arreglamos con Zapatero. Distinto es a los norteamericanos. Con esos no se juega... mucho menos luego de conocerse que AES había sido fuerte aportante a la campaña del nuevo presidente.
Así están las cosas en la Argentina K. Mientras tanto, la presidenta está por viajar nuevamente a España, donde ya se anuncia que será recibida por el presidente del gobierno. Por las dudas, las empresas españolas en Argentina deberían en estos días, por precaución, cerrar con cuatro llaves sus cofres, vaciar sus cuentas y no dejar nada sin custodia. Hasta ahora, cada viaje de alguno de los esposos Kirchner a España ha sido para recibir la absolución del gobierno “de los gallegos” por alguna fechoría sufrida por sus empresas de parte de la irresistible cleptomanía “K”.
Como en los cuentos de argentinos contados en Galicia. Como en los cuentos de gallegos contados en Argentina.
Ricardo Lafferriere
Como se recordará, hace aproximadamente un mes, el gobierno decidió “intervenir” la empresa transportadora de gas, que había recurrido a la justicia con la decisión de declarar su default por sufrir lo que la mayoría de las empresas privatizadas durante la gestión del ex presidente Menem (peronista, igual que Kirchner) han soportado durante el quinquenio kirchnerista: un ahogo tarifario unido a obligaciones de inversión y prestación de servicios en un marco cambiario y de precios relativos totalmente diferente al existente.
El mecanismo de extorsión, usual durante el kirchnerismo, le dio frutos suficientes hasta la fecha. Fue por este procedimiento que lograron apropiarse del 20 % de YPF, de varias empresas de servicios y hasta empujar a Aerolíneas Argentinas hasta el borde del abismo, logrando adueñarse de la empresa sin poner ni un centavo, esta vez con la complicidad de diputados y senadores peronistas y la camarilla sindical. Aunque realizado por un grupo político en ejercicio de un poder absoluto, este mecanismo reiterado de extorsión provocó el cambio de manos de las principales empresas del país y ha generado un capitalismo negro de amigos del poder que ha convertido a Nestor Kirchner en un magnate del petróleo, del turismo, de la pesca, de los juegos de azar, de las obras públicas y últimamente también del transporte aerocomercial. En su patrimonio personal, ha sido el presidente argentino de mayor capital en toda la historia del país –primer record- y el que incrementó su patrimonio en mayor porcentaje también en toda la historia de la Argentina independiente. A pesar de decirse “progresista” y “de izquierda”, curiosas etiquetas con las que consigue la fácil absolución de quienes hasta llegan admirarlo por su audacia.
TGN tranporta gas desde los yacimientos del norte hacia la Capital Federal. Entre sus dueños está el grupo Techint, socio de todos los gobiernos, con el que el kirchnerismo realizó importantes negocios que incluyeron hasta su ampliación en Venezuela, donde la empresa hizo importantes inversiones hasta que el autócrata caribeño decidió ponerle fin apropiándose de su acería, desmintiendo el viejo aforismo “entre bueyes no hay cornadas”.
La declaración de default de TGN enfureció a Néstor Kirchner, que ordenó un operativo de presión que incluyó una insólita denuncia penal, alegando que el acta de directorio que decidió el default se había confeccionado al día siguiente de la reunión. El sainete de enredos se complicó aún más al conocerse que el default había sido adelantado al Ministro de Infraestructura, quien lo habría alentado como una forma de justificar la intervención del Estado, actualizar la tarifa y comenzar las negociaciones de práctica –obviamente, para apropiarse de parte de la empresa-.
TGN desapareció de los medios apenas el dueño de Techint regresó al país de un viaje al exterior. El conflicto pareciera haberse encarrilado en negociaciones que, al estilo vigente, son secretas aunque se traten de negocios públicos. Lo usual en estos casos lo conocen bien “los gallegos”: autorización de aumentos de tarifas a cambio de entregar una parte del paquete accionario al “grupo K”.
Poco tiempo antes, el mismo camino había seguido EDELAP. La empresa, propiedad de la norteamericana AES, había vendido parte de su deuda a su controlante, pero sin liberarse de su carga financiera. El hecho produjo una citación al propio Embajador norteamericano, el que con la firmeza que le permite el país que representa y sin inmutarse contestó que absolutamente todos los procedimientos contables de la empresa respondían a las normas vigentes. Lo que pareció una revancha del gobierno al tratarse de la empresa que contribuyó con pruebas decisivas para el descubrimiento de los sobreprecios pagados por SKANKA, que alcanzara a destacados funcionarios kircheristas, también desapareció de los diarios luego de firmarse un acta en el que tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a “solucionar los inconvenientes” (¿?), curiosa derivación del posible delito imputado en un país en el que, en teoría, rige el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Qué había ocurrido? El encargado de dar una pista sobre los motivos fue el Sr. Roberto Baratta, mano derecha del Ministro Julio De Vido. Según informaciones periodísticas no desmentidas, le explicó a un dirigente del peronismo, con ramplona simpleza: “Con AES no podemos seguir apretando. Estos no son los gallegos. Estos son Obama”, sintetizando en una frase la filosofía del poder “K” en la Argentina: a los españoles se les puede sacar cualquier cosa, porque total al final lo arreglamos con Zapatero. Distinto es a los norteamericanos. Con esos no se juega... mucho menos luego de conocerse que AES había sido fuerte aportante a la campaña del nuevo presidente.
Así están las cosas en la Argentina K. Mientras tanto, la presidenta está por viajar nuevamente a España, donde ya se anuncia que será recibida por el presidente del gobierno. Por las dudas, las empresas españolas en Argentina deberían en estos días, por precaución, cerrar con cuatro llaves sus cofres, vaciar sus cuentas y no dejar nada sin custodia. Hasta ahora, cada viaje de alguno de los esposos Kirchner a España ha sido para recibir la absolución del gobierno “de los gallegos” por alguna fechoría sufrida por sus empresas de parte de la irresistible cleptomanía “K”.
Como en los cuentos de argentinos contados en Galicia. Como en los cuentos de gallegos contados en Argentina.
Ricardo Lafferriere
sábado, 24 de enero de 2009
Hilda Molina y Cristina Kirchner
Hace un par de años, en oportunidad de la reunión del Mercosur realizada en nuestro país a la que concurriera, invitado especialmente sin motivo claro, el mandatario cubano Fidel Castro, ocurrió un hecho que fuera destacado, con congratulaciones, por parte de esta columna, normalmente ubicada en las antípodas de la administración kirchnerista: el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hizo llegar al cubano una misiva interesándose por la autorización para salir de Cuba y reunirse con su familia en la Argentina, a la Dra. Hilda Molina, prestigiosa neurocirujana cubana.
Destacamos en su momento el gesto a raíz de que tuvo que vencer la resistencia de funcionarios del gobierno caribeño que –según trascendidos periodísticos- se oponían al sólo hecho de recibir la mencionada carta. Aún vive en el recuerdo de los argentinos la desencajada respuesta de Castro al ser interrogado sobre el tema por un periodista.
Por supuesto, la contestación fue la que conocemos, difícilmente encuadrable en el respeto de los derechos humanos que Cuba se comprometió a cumplir al momento de firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer documento internacional de las Naciones Unidas que fuera en su tiempo una luz de esperanza para el mundo, y que al enunciar los derechos fundamentales de toda persona sobre la tierra incluye el de entrar y salir de su país libremente. Algo que los argentinos tenemos escrito en nuestra Constitución desde 1853.
Conocida es la posición del gobierno “progresista” de la isla: la Dra. Molina es portadora de un cerebro que le pertenece a su país y en consecuencia, es el gobierno cubano quien tiene facultades de propiedad y administración sobre el mismo. Sigue –sola y segregada- en Cuba, donde es objeto de burlas y humillaciones, envejeciendo sin ver a sus nietos y sin ejercer tampoco su profesión –está jubilada-. Ha abierto un blog en Internet donde publica, cuando lo permite su conectividad, su visión sobre la situación de la isla (http://hildamolina.blogspot.com/), mediante el cual se ha dirigido a la presidenta argentina expresándole entre otras cosas: “...no he pedido a la Excelentísima Dra. Cristina Fernández un respaldo semejante al que los opositores argentinos recibieron en la época de las dictaduras. Le he rogado únicamente, con humildad y desde el fondo de mi corazón, como sólo una abuela puede hacerlo, que ayude a dos inocentes niñitos argentinos, mis maravillosos nietos. .... “
La presidenta Kirchner está visitando Cuba. No se sabe bien para qué, ya que tanto la agenda como los propósitos del viaje aparentemente formaron parte de una especie de secreto de estado a los que son tan afectos los integrantes de la pareja gobernante. Ha visitado un “Polo tecnológico” y destacó los avances logrados por Cuba en materia de salud (quizás debiera haber agregado: para extranjeros ricos...), pero ninguna información periodística, oficial ni oficiosa, ha dejado trascender hasta ahora gestión alguna por la suerte de la Dra. Molina, cuyo hijo –bueno es recordarlo- es argentino por adopción.
En aquel momento dimos como título a nuestro artículo: “Algo bueno de Kirchner”, y lo felicitamos por haberse puesto con responsabilidad su traje de Presidente de la Nación Argentina. Debo decir que en aquel momento muchos argentinos se sintieron interpretados por su actitud. Quizás fue la única vez durante toda su gestión. En esta oportunidad, ubicados como estamos en antípodas más alejadas aún –si cupiera- de su gestión, no dudaríamos sin embargo en darle el más sincero apoyo y el caluroso respaldo si se comportara como la Presidenta del país de San Martín y lograra traer a la Dra. Molina a la Argentina.
Confesamos la falta de esperanzas al respecto. Pero –como dice el refrán...- “es lo último que se pierde”.
Ricardo Lafferriere
Destacamos en su momento el gesto a raíz de que tuvo que vencer la resistencia de funcionarios del gobierno caribeño que –según trascendidos periodísticos- se oponían al sólo hecho de recibir la mencionada carta. Aún vive en el recuerdo de los argentinos la desencajada respuesta de Castro al ser interrogado sobre el tema por un periodista.
Por supuesto, la contestación fue la que conocemos, difícilmente encuadrable en el respeto de los derechos humanos que Cuba se comprometió a cumplir al momento de firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer documento internacional de las Naciones Unidas que fuera en su tiempo una luz de esperanza para el mundo, y que al enunciar los derechos fundamentales de toda persona sobre la tierra incluye el de entrar y salir de su país libremente. Algo que los argentinos tenemos escrito en nuestra Constitución desde 1853.
Conocida es la posición del gobierno “progresista” de la isla: la Dra. Molina es portadora de un cerebro que le pertenece a su país y en consecuencia, es el gobierno cubano quien tiene facultades de propiedad y administración sobre el mismo. Sigue –sola y segregada- en Cuba, donde es objeto de burlas y humillaciones, envejeciendo sin ver a sus nietos y sin ejercer tampoco su profesión –está jubilada-. Ha abierto un blog en Internet donde publica, cuando lo permite su conectividad, su visión sobre la situación de la isla (http://hildamolina.blogspot.com/), mediante el cual se ha dirigido a la presidenta argentina expresándole entre otras cosas: “...no he pedido a la Excelentísima Dra. Cristina Fernández un respaldo semejante al que los opositores argentinos recibieron en la época de las dictaduras. Le he rogado únicamente, con humildad y desde el fondo de mi corazón, como sólo una abuela puede hacerlo, que ayude a dos inocentes niñitos argentinos, mis maravillosos nietos. .... “
La presidenta Kirchner está visitando Cuba. No se sabe bien para qué, ya que tanto la agenda como los propósitos del viaje aparentemente formaron parte de una especie de secreto de estado a los que son tan afectos los integrantes de la pareja gobernante. Ha visitado un “Polo tecnológico” y destacó los avances logrados por Cuba en materia de salud (quizás debiera haber agregado: para extranjeros ricos...), pero ninguna información periodística, oficial ni oficiosa, ha dejado trascender hasta ahora gestión alguna por la suerte de la Dra. Molina, cuyo hijo –bueno es recordarlo- es argentino por adopción.
En aquel momento dimos como título a nuestro artículo: “Algo bueno de Kirchner”, y lo felicitamos por haberse puesto con responsabilidad su traje de Presidente de la Nación Argentina. Debo decir que en aquel momento muchos argentinos se sintieron interpretados por su actitud. Quizás fue la única vez durante toda su gestión. En esta oportunidad, ubicados como estamos en antípodas más alejadas aún –si cupiera- de su gestión, no dudaríamos sin embargo en darle el más sincero apoyo y el caluroso respaldo si se comportara como la Presidenta del país de San Martín y lograra traer a la Dra. Molina a la Argentina.
Confesamos la falta de esperanzas al respecto. Pero –como dice el refrán...- “es lo último que se pierde”.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 31 de diciembre de 2008
La socialdemocracia y el Falcon
Sugerir la “socialdemocracia” (o su remedo conceptual, la “centro-izquierda”) como modelo social del siglo XXI es como pretender que se adopte el Ford Falcon como el ideal del automóvil del futuro.
Buenos proyectos hasta los años 70, superados por la historia en un mundo con nuevos problemas, alejados de aquellos tiempos en que no había crisis de petróleo, globalización económica y cosmopolitismo global. La “segunda modernidad” ha puesto en escena nuevos actores, nuevos problemas, nuevas relaciones económicas y sociales, nuevas correlaciones de fuerza y nuevos cruces de intereses.
Y una conformación diferente de las sociedades, también crecientemente globales.
Observar un compatriota recogiendo cartones en la basura mientras porta su celular de última generación, quizás su única compra de productos “durables” en el año o en la década, marca la profundidad de ese cambio, por la significación iconográfica de un artefacto cuyo consumo atraviesa todos los sectores sociales del país y del planeta, y es la expresión también de la tecnología, la fabricación, la distribución y el funcionamiento cosmopolita.
La obligación de quienes piensan y actúan la política es tomar conciencia de esos cambios y proyectar en él los valores de siempre, que son los que no cambian. Así como el ideal del Ford Falcon fue un automóvil de llegada masiva y fuerte en su contextura, en todo caso heredero del legendario “Ford T” que llevó el automóvil a las clases populares norteamericanas, la socialdemocracia proyectó en su circunstancia histórica un arsenal axiológico gestado durante siglos -libertad, equidad, justicia, derechos civiles de las personas, derechos políticos, solidaridad, relaciones laborales justas- con modelos de estructuras relativamente exitosas: fue la época de los Estados fuertes, los partidos políticos, los gremios, los ejércitos, los organismos de seguridad social, la salud y la educación estatales, el comercio administrado y las “cuentas nacionales” controladas, organizando “macro-estructuras” gigantes, en ocasiones más costosas que los propios servicios prestados.
Aquellos valores no han cambiado, pero sí lo ha hecho la indagación sobre los caminos para lograrlos, en un mundo que se ha hecho sustancialmente más complicado por la imbricación global de todos sus escenarios: económico, cultural, político, legal, delictivo. Escenarios que han adquirido una conformación y un funcionamiento crecientemente planetario y presentan problemas globales que no son abordables desde los límites del Estado-nación, continente prototípico de la modernidad incluyendo en ella al diseño socialdemócrata y al pensamiento autárquico. No sólo es ingenuo: es tosco, rudimentario e inexperto creer que aquella realidad subsiste y que también lo hacen, sin cambio alguno, las herramientas conceptuales, ideológicas e instrumentales de esa época.
Valga como digresión aclarar que esta afirmación no aborda la reflexión sobre la Nación como categoría histórica y cultural, cuyos límites pueden coincidir con los del “Estado nacional”, pero no con su diseño y estructura. La “nación” tiene otros perfiles y quizás su reconstrucción en el nuevo escenario del siglo XXI sea una de las más apasionantes tareas intelectuales, en un mundo en el que la tolerancia, la pluralidad y la imbricación recíproca enriquece a todos sin perder la identidad, que sin embargo incluye cambios intrínsecos notables.
La Argentina necesita completar etapas inconclusas. La primera de ellas es lograr de una vez por todas la instauración del estado de derecho, democrático y republicano, cumpliendo el programa revolucionario de 1810, la generación del 37 y la Constitución Nacional. Para esa tarea es imprescindible un consenso mayoritario claro y terminante y requiere el consenso de las fuerzas nacionales y provinciales, de la izquierda y la derecha modernas y plurales, y principalmente de los ciudadanos actuando en ejercicio y defensa de sus derechos y su libertad, como lo hicieron durante la movilización del campo. Sobre esa base de solidez renovada, debe retomar su esfuerzo inclusivo que dio forma, sucesivamente, al radicalismo y al peronismo.
A partir de allí, el escenario nacional debe ser observado y analizado con una perspectiva global y cosmopolita a fin de detectar la naturaleza de los problemas actuales y las herramientas posibles para luchar por los valores de siempre. Dicho con el mayor de los respetos –y afectos, porque muchos hemos sostenido objetivos parecidos hace décadas-, en este momento del mundo y del país la “socialdemocracia” no define nada o en todo caso muy poco. Socialdemócrata es Blair, socio de Bush en la aventura iraquí. Socialdemócrata es Lula, en las antípodas de Chavez, también socialdemócrata.
Hasta el propio Kirchner se autodefine como “socialdemócrata” cuando es obvio que sus prácticas políticas son exactamente lo contrario de lo que requiere tanto el programa de la modernidad constitucional, como la fuerte institucionalidad socialdemócrata de mediados de siglo XX, como –por último- la comprensión y acción cosmopolita para el complejo mundo de la segunda modernidad; y “socialdemócrata”, por último, se ha autodefinido Biolcatti, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien mantiene –como sabemos- pocas afinidades con Néstor y Cristina Kirchner...
Insistir en un rótulo con tales debilidades en su definición es caer en el riesgo de no definir nada. Lo que puede ser el objetivo buscado, pero no deja de ser, en tal caso, doblemente peligroso al dejar abierto el camino a la discrecionalidad.
Menos rótulo, más contenidos. La Argentina está para mucho más que el “troncomóvil” que le pide Moreno a las automotrices, en consonancia con el esperpéntico “desarrollo desacoplado con inclusión social” del “socialdemócrata” kirchnerismo. Es el nuestro un país que surgió para grandes cosas y muchas veces lo logró, cuando construyó sus instituciones, respetó los derechos de las personas, entendió al “poder” como un servicio a los ciudadanos con límites claros y se integró al mundo sin temores. La “causa del género humano”, proclamada por San Martín en Lima al definir la Revolución de Mayo, tiene una permanencia axiológica, una significativa actualidad y un valor trascendente que pasa por encima de los sellos de época. Eso es lo que no cambia.
En los albores del segundo centenario sería bueno repensar el país sin pereza intelectual y con mayor solidaridad, nacional y global. Aunque fuera éste el único homenaje que le rindiéramos a quienes, hace casi dos siglos, empezaron la marcha común.
Ricardo Lafferriere
Buenos proyectos hasta los años 70, superados por la historia en un mundo con nuevos problemas, alejados de aquellos tiempos en que no había crisis de petróleo, globalización económica y cosmopolitismo global. La “segunda modernidad” ha puesto en escena nuevos actores, nuevos problemas, nuevas relaciones económicas y sociales, nuevas correlaciones de fuerza y nuevos cruces de intereses.
Y una conformación diferente de las sociedades, también crecientemente globales.
Observar un compatriota recogiendo cartones en la basura mientras porta su celular de última generación, quizás su única compra de productos “durables” en el año o en la década, marca la profundidad de ese cambio, por la significación iconográfica de un artefacto cuyo consumo atraviesa todos los sectores sociales del país y del planeta, y es la expresión también de la tecnología, la fabricación, la distribución y el funcionamiento cosmopolita.
La obligación de quienes piensan y actúan la política es tomar conciencia de esos cambios y proyectar en él los valores de siempre, que son los que no cambian. Así como el ideal del Ford Falcon fue un automóvil de llegada masiva y fuerte en su contextura, en todo caso heredero del legendario “Ford T” que llevó el automóvil a las clases populares norteamericanas, la socialdemocracia proyectó en su circunstancia histórica un arsenal axiológico gestado durante siglos -libertad, equidad, justicia, derechos civiles de las personas, derechos políticos, solidaridad, relaciones laborales justas- con modelos de estructuras relativamente exitosas: fue la época de los Estados fuertes, los partidos políticos, los gremios, los ejércitos, los organismos de seguridad social, la salud y la educación estatales, el comercio administrado y las “cuentas nacionales” controladas, organizando “macro-estructuras” gigantes, en ocasiones más costosas que los propios servicios prestados.
Aquellos valores no han cambiado, pero sí lo ha hecho la indagación sobre los caminos para lograrlos, en un mundo que se ha hecho sustancialmente más complicado por la imbricación global de todos sus escenarios: económico, cultural, político, legal, delictivo. Escenarios que han adquirido una conformación y un funcionamiento crecientemente planetario y presentan problemas globales que no son abordables desde los límites del Estado-nación, continente prototípico de la modernidad incluyendo en ella al diseño socialdemócrata y al pensamiento autárquico. No sólo es ingenuo: es tosco, rudimentario e inexperto creer que aquella realidad subsiste y que también lo hacen, sin cambio alguno, las herramientas conceptuales, ideológicas e instrumentales de esa época.
Valga como digresión aclarar que esta afirmación no aborda la reflexión sobre la Nación como categoría histórica y cultural, cuyos límites pueden coincidir con los del “Estado nacional”, pero no con su diseño y estructura. La “nación” tiene otros perfiles y quizás su reconstrucción en el nuevo escenario del siglo XXI sea una de las más apasionantes tareas intelectuales, en un mundo en el que la tolerancia, la pluralidad y la imbricación recíproca enriquece a todos sin perder la identidad, que sin embargo incluye cambios intrínsecos notables.
La Argentina necesita completar etapas inconclusas. La primera de ellas es lograr de una vez por todas la instauración del estado de derecho, democrático y republicano, cumpliendo el programa revolucionario de 1810, la generación del 37 y la Constitución Nacional. Para esa tarea es imprescindible un consenso mayoritario claro y terminante y requiere el consenso de las fuerzas nacionales y provinciales, de la izquierda y la derecha modernas y plurales, y principalmente de los ciudadanos actuando en ejercicio y defensa de sus derechos y su libertad, como lo hicieron durante la movilización del campo. Sobre esa base de solidez renovada, debe retomar su esfuerzo inclusivo que dio forma, sucesivamente, al radicalismo y al peronismo.
A partir de allí, el escenario nacional debe ser observado y analizado con una perspectiva global y cosmopolita a fin de detectar la naturaleza de los problemas actuales y las herramientas posibles para luchar por los valores de siempre. Dicho con el mayor de los respetos –y afectos, porque muchos hemos sostenido objetivos parecidos hace décadas-, en este momento del mundo y del país la “socialdemocracia” no define nada o en todo caso muy poco. Socialdemócrata es Blair, socio de Bush en la aventura iraquí. Socialdemócrata es Lula, en las antípodas de Chavez, también socialdemócrata.
Hasta el propio Kirchner se autodefine como “socialdemócrata” cuando es obvio que sus prácticas políticas son exactamente lo contrario de lo que requiere tanto el programa de la modernidad constitucional, como la fuerte institucionalidad socialdemócrata de mediados de siglo XX, como –por último- la comprensión y acción cosmopolita para el complejo mundo de la segunda modernidad; y “socialdemócrata”, por último, se ha autodefinido Biolcatti, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien mantiene –como sabemos- pocas afinidades con Néstor y Cristina Kirchner...
Insistir en un rótulo con tales debilidades en su definición es caer en el riesgo de no definir nada. Lo que puede ser el objetivo buscado, pero no deja de ser, en tal caso, doblemente peligroso al dejar abierto el camino a la discrecionalidad.
Menos rótulo, más contenidos. La Argentina está para mucho más que el “troncomóvil” que le pide Moreno a las automotrices, en consonancia con el esperpéntico “desarrollo desacoplado con inclusión social” del “socialdemócrata” kirchnerismo. Es el nuestro un país que surgió para grandes cosas y muchas veces lo logró, cuando construyó sus instituciones, respetó los derechos de las personas, entendió al “poder” como un servicio a los ciudadanos con límites claros y se integró al mundo sin temores. La “causa del género humano”, proclamada por San Martín en Lima al definir la Revolución de Mayo, tiene una permanencia axiológica, una significativa actualidad y un valor trascendente que pasa por encima de los sellos de época. Eso es lo que no cambia.
En los albores del segundo centenario sería bueno repensar el país sin pereza intelectual y con mayor solidaridad, nacional y global. Aunque fuera éste el único homenaje que le rindiéramos a quienes, hace casi dos siglos, empezaron la marcha común.
Ricardo Lafferriere
Estatizar el juego de azar
La sucesión de escándalos, en diversas jurisdicciones nacional y provinciales, que han rodeado en los últimos años la expansión significativa del juego han colocado en la agenda pública un tema que, debido a diferentes prioridades, no ha merecido la necesaria reflexión por parte del periodismo, los intelectuales y los políticos.
La actividad lúdica, que en otras épocas estaba monopolizada por las instituciones del Estado –a través de la vieja Lotería Nacional y sus similares provinciales- integró la batería de privatizaciones de los años 90. Hasta ese momento, los perseguidos pero folklóricos “pasadores de quiniela” eran los únicos protagonistas en el márgen gris de un negocio que aunque en ocasiones se descubriera formando redes clandestinas con complicidades públicas y policiales, no generaban daños mayores a la convivencia, la violencia o las adicciones. Los “garitos clandestinos” de otras épocas, mirados a la distancia, parecen juegos de niños frente al desarrollo mafioso de hoy.
La introducción en el país del juego capitalista en gran escala abrió una compuerta que no ha cesado de incrementarse durante todos estos años, generando una imbricada red de complicidades con escalones políticos que resultaron favorecidos por su expansión mediante mecanismos de corrupción que en ocasiones ha superado la tradicional “coima” por las concesiones para incluir a allegados en las propias estructuras empresariales, que a esta altura se mueven por encima de culquier control oficial.
Sin embargo, la filosofía del juego conspira contra la promoción del trabajo, la solidez de la familia, el aliciente al esfuerzo creador, la promoción del facilismo y la imprevisión. Si hay un componente nefasto en la decadencia de las sociedades fracasadas ha sido la generalización del juego de azar, actividad que cuando ha sido permitida en los países exitosos, lo ha sido en forma limitada y excepcional, con fuertes controles estatales con los que –resignados a su inexorabilidad vinculada con aspectos oscuros de la naturaleza humana- los gobiernos han tratado de limitar, volcando sus beneficios a actividades de promoción social.
Los argumentos en defensa del juego giran, en general, alrededor de la dinamización de la actividad económica de las regiones en las que es permitido. Se relaciona con la promoción turística, como una oferta más a las actividades lúdicas de quienes disfrutan del tiempo en blanco de un fin de semana largo o períodos vacacionales. Cabe decir que aunque esto sea así, también lo es que su oferta exagerada desalienta otras actividades culturalmente más estimulantes y económicamente más provechosas, desplazadas por el fuerte atractivo del clima artificial y cosmopolita de las salas con luces de colores, sonidos estandarizados y clima atemporal de los establecimientos de juego.
La expansión del juego en el país ha sido patética. No hay ciudad importante que no cuente con grandes bingos y salas de apuestas, de apuestas de carrera en línea, de maquinitas “tragamonedas” incorporadas a diversos espacios de espera y en general de permanentes estímulos para ceder al impulso ilusorio de la ganancia rápida y las emociones cortas. En estos días hasta se ha producido un hecho criminal a raíz de la disputa por un hipódromo privado, cuyo adecuado control perseguía un Intendente asesinado por el capitalista del juego en el norte santafecino.
La contracara es el desarrollo de un “capitalismo negro” que ha intervenido en las fuerzas políticas distorsionando aún más su funcionamiento, del que se ha reemplazado el sano debate sobre los proyectos a ofrecer, por el nada sano de la búsqueda de financiamiento y riqueza. La vergonzosa frase con que diputado que preside el bloque oficialista respondiera a un periodista sobre el significado ético del blanqueo -“moral o inmoral, necesitamos plata”- es el indicador más claro del deterioro ético del promedio de moralidad con que se mueve –y acepta convivir- la mayoría de la representación política argentina. El decreto del ex presidente Kirchner, a cinco días de finalizar su mandato presidencial, prolongando por un cuarto de siglo sin justificación alguna la concesión del juego en el casino de Palermo a su amigo Cristóbal López, incrementando además en 1500 las máquinas tragomonedas allí instaladas (3000), es otra demostración de esta inmoralidad.
Frente al escenario crecientemente dominado por las mafias, la expansión del narcotráfico, el crimen instalado en la vida cotidiana, la inseguridad con complicidades políticas y globales, el sentido común aconseja la vuelta al monopolio estatal del juego. Ello permitirá sacar del mercado capitalista una actividad que tiene poco de creativa, que aunque se tolere debe ser fuertemente regulada, cuya presencia debe incluir debates públicos participativos sobre cada nueva concesión y cuyas cuentas deben ser totalmente transparentes.
Volver al monopolio estatal de los juegos de azar es más urgente, necesario y fundado que estatizar el correo, las aerolíneas o los ferrocarriles, porque el efecto negativo de la actividad tiene alcances más graves para la convivencia que cualquiera de aquellas áreas. En aquéllas es discutible su mayor o menor conveniencia para el desarrollo. Pero el juego destroza algo más importante: la propia integridad moral de los argentinos.
Ricardo Lafferriere
La actividad lúdica, que en otras épocas estaba monopolizada por las instituciones del Estado –a través de la vieja Lotería Nacional y sus similares provinciales- integró la batería de privatizaciones de los años 90. Hasta ese momento, los perseguidos pero folklóricos “pasadores de quiniela” eran los únicos protagonistas en el márgen gris de un negocio que aunque en ocasiones se descubriera formando redes clandestinas con complicidades públicas y policiales, no generaban daños mayores a la convivencia, la violencia o las adicciones. Los “garitos clandestinos” de otras épocas, mirados a la distancia, parecen juegos de niños frente al desarrollo mafioso de hoy.
La introducción en el país del juego capitalista en gran escala abrió una compuerta que no ha cesado de incrementarse durante todos estos años, generando una imbricada red de complicidades con escalones políticos que resultaron favorecidos por su expansión mediante mecanismos de corrupción que en ocasiones ha superado la tradicional “coima” por las concesiones para incluir a allegados en las propias estructuras empresariales, que a esta altura se mueven por encima de culquier control oficial.
Sin embargo, la filosofía del juego conspira contra la promoción del trabajo, la solidez de la familia, el aliciente al esfuerzo creador, la promoción del facilismo y la imprevisión. Si hay un componente nefasto en la decadencia de las sociedades fracasadas ha sido la generalización del juego de azar, actividad que cuando ha sido permitida en los países exitosos, lo ha sido en forma limitada y excepcional, con fuertes controles estatales con los que –resignados a su inexorabilidad vinculada con aspectos oscuros de la naturaleza humana- los gobiernos han tratado de limitar, volcando sus beneficios a actividades de promoción social.
Los argumentos en defensa del juego giran, en general, alrededor de la dinamización de la actividad económica de las regiones en las que es permitido. Se relaciona con la promoción turística, como una oferta más a las actividades lúdicas de quienes disfrutan del tiempo en blanco de un fin de semana largo o períodos vacacionales. Cabe decir que aunque esto sea así, también lo es que su oferta exagerada desalienta otras actividades culturalmente más estimulantes y económicamente más provechosas, desplazadas por el fuerte atractivo del clima artificial y cosmopolita de las salas con luces de colores, sonidos estandarizados y clima atemporal de los establecimientos de juego.
La expansión del juego en el país ha sido patética. No hay ciudad importante que no cuente con grandes bingos y salas de apuestas, de apuestas de carrera en línea, de maquinitas “tragamonedas” incorporadas a diversos espacios de espera y en general de permanentes estímulos para ceder al impulso ilusorio de la ganancia rápida y las emociones cortas. En estos días hasta se ha producido un hecho criminal a raíz de la disputa por un hipódromo privado, cuyo adecuado control perseguía un Intendente asesinado por el capitalista del juego en el norte santafecino.
La contracara es el desarrollo de un “capitalismo negro” que ha intervenido en las fuerzas políticas distorsionando aún más su funcionamiento, del que se ha reemplazado el sano debate sobre los proyectos a ofrecer, por el nada sano de la búsqueda de financiamiento y riqueza. La vergonzosa frase con que diputado que preside el bloque oficialista respondiera a un periodista sobre el significado ético del blanqueo -“moral o inmoral, necesitamos plata”- es el indicador más claro del deterioro ético del promedio de moralidad con que se mueve –y acepta convivir- la mayoría de la representación política argentina. El decreto del ex presidente Kirchner, a cinco días de finalizar su mandato presidencial, prolongando por un cuarto de siglo sin justificación alguna la concesión del juego en el casino de Palermo a su amigo Cristóbal López, incrementando además en 1500 las máquinas tragomonedas allí instaladas (3000), es otra demostración de esta inmoralidad.
Frente al escenario crecientemente dominado por las mafias, la expansión del narcotráfico, el crimen instalado en la vida cotidiana, la inseguridad con complicidades políticas y globales, el sentido común aconseja la vuelta al monopolio estatal del juego. Ello permitirá sacar del mercado capitalista una actividad que tiene poco de creativa, que aunque se tolere debe ser fuertemente regulada, cuya presencia debe incluir debates públicos participativos sobre cada nueva concesión y cuyas cuentas deben ser totalmente transparentes.
Volver al monopolio estatal de los juegos de azar es más urgente, necesario y fundado que estatizar el correo, las aerolíneas o los ferrocarriles, porque el efecto negativo de la actividad tiene alcances más graves para la convivencia que cualquiera de aquellas áreas. En aquéllas es discutible su mayor o menor conveniencia para el desarrollo. Pero el juego destroza algo más importante: la propia integridad moral de los argentinos.
Ricardo Lafferriere
El eclipse de la ley
La existencia de ese misterioso fenómeno que es el poder se remonta a los orígenes de la condición humana, según acuerdan los historiadores. Más aún: en el propio reino animal pueden observarse comportamientos propios de los que los humanos identificaríamos con relaciones de poder, vinculados al reconocimiento del grupo a la primacía de algún o algunos de sus individuos en algunas funciones sociales de coordinación o liderazgo.
La humanidad nació con el poder, concentrado al comienzo en los más capaces y hábiles en la lucha, en la caza, en la reproducción o en la fortaleza física. La larga marcha civilizatoria fue limitando ese poder en beneficio de quienes no lo tenían, en una dialéctica que acompañaría la evolución de la política hasta nuestros días. Esa limitación surgió con la aparición de las leyes. Las “Tablas” de Moisés avanzaron en ese rumbo, significando el paso trascendente de una ley aplicable a todos.
Desde esta perspectiva, civilización es limitación del poder y ampliación de la libertad. Y la culminación de la historia con la construcción de la democracia, que sólo admite como válidas las leyes surgidas de la voluntad popular por los procedimientos constitucionales –sancionados por un escalón superior de esa voluntad popular que es la “voluntad constituyente”, es decir, la decisión de una comunidad de vivir en común bajo las condiciones pactadas- marca el punto máximo de evolución civilizatoria hasta el presente.
Los cambios de la propia democracia –hacia nuevas formas de participación, nuevas distribuciones de competencias e incluso los esbozos de formas supraestatales y hasta globales de administración y gobierno- profundizan esa línea adaptándola a la creciente complejidad de la vida contemporánea y a las nuevas demandas de la “segunda modernidad” –riesgos globales, ambientales, terrorismo, redes delictivas, etc-.
Pero siempre sobre la base del respeto a la ley. Olvidarlo es abrir las puertas al retroceso, a las aventuras bélicas, al reconocimiento de más poder al más fuerte y en consecuencia, menos poder a los débiles, en síntesis, al reconocimiento de que los seres humanos dejan de ser libres y autónomos frente al poder para volver a ser, como en épocas arcaicas, apenas objetos de administración.
El tema viene a cuento, por supuesto, de la situación argentina. En varios artículos hemos analizado esta curiosa particularidad nacional de una especie de “pre-constitucionalidad” en la que la vigencia de las leyes depende de modas o caprichos, más que de su legitimidad intrínseca. El estado de derecho, cuya esencia es la clara demarcación de los límites del poder (transformados en “competencias” de los diferentes poderes del Estado frente a las facultades intrínsecas de los ciudadanos, no delegadas por el pacto constitucional) se ha transformado en un “Estado del puro poder”, en el que la discrecionalidad pasa por encima de facultades y atribuciones.
No necesariamente las decisiones que se toman son negativas, como sí lo son las confiscaciones, los negociados con fondos públicos o la disolución de los mecanismos de control. Las hay correctas y hasta justas, aún siendo ilegales. No es en su contenido donde se encuentra su disvalor, sino en el acostumbramiento al retroceso que implica reconocer que desde el poder se puede hacer cualquier cosa, como los “machos alfa” de algunas especies de mamímeros superiores, mediante actitudes arcaicas, anteriores incluso a la discrecionalidad de los caciques de las tribus nómades que era muchas veces limitada por Consejos de Ancianos o principales de la tribu.
Hace muy poco, el Congreso estableció el sistema de movilidad jubilatoria, luego de un debate plural y participativo que precedió a la sanción de la correspondiente Ley. El autor de esta nota –se siente obligado a aclararlo- aplaude toda mejora a la situación de los pasivos, sistemáticamente robados por la administración. Cuestiona incluso por insuficiente e incomprensible aquélla decisión parlamentaria, pero se pregunta: ¿quién es la Presidenta para decidir otorgar un pago adicional, así sea de los miserables doscientos pesos, a los cinco millones de compatriotas en esta situación, sin una decisión correspondiente del Parlamento? ¿De dónde sacó su facultad para disponer de recursos de todos –gran parte de ellos, confiscados recientemente a los ahorristas previsionales privados- en forma discrecional?
¿Es el argumento la necesidad de una rápida sanción? Obsérvese sin embargo que se trata de un Congreso cuya mayoría ha aprobado en apenas diez días un procedimiento para “lavar” los fondos originados en delitos –desde evasión fiscal a narcotráfico, desde corrupción con fondos públicos hasta defraudaciones-, que en un plazo similar decidió apropiarse burdamente de los fondos previsionales privados ahorrados por los ciudadanos que trabajan, y hacerse cargo, en nombre del Estado –o sea, de los argentinos que deberán responder con sus impuestos- de una deuda millonaria y un déficit gigantesco de un elefante blanco volador, como Aerolíneas, incumpliendo su propio compromiso apenas a un mes de haberlo firmado y abriendo la puerta a sus legítimos dueños para un reclamo multimillonario que también tendremos que pagar los argentinos. Evidentemente, el argumento no sirve. Es de suponer que si en diez días amnistiaron –y autoamnistiaron- masivamente a miles de delincuentes, en un lapso menor podrían aprobar el aumento previsional.
Es el mismo Congreso que, en otra violación de la ley –que, como resulta simpática al estado actual de la opinión pública, no mereció oposición- decidió anular los beneficios previsionales de funcionarios del último gobierno militar. Recordemos: ese gobierno terminó hace un cuarto de siglo, como se está recordando en estos días. Y el autor de esta nota lo sufrió especialmente, con su detención arbitraria ilegal y luego su declaración como “detenido a disposición del PEN”, por lo que nada tiene que lo vincule a esa gestión salvo la lucha para que se fuera y volviera la democracia. Sin embargo, el fin de la dictadura significó que volviera la ley. Eso creímos. Un cuarto de siglo después, vemos que el Congreso, que debiera legislar sobre la base de las normas constitucionales, no tiene empacho en aprobar una norma abiertamente inconstitucional.
Pero hay más, y más grave. La Cámara de Casación Penal ha dispuesto la libertad de varios imputados por crímenes de lesa humanidad que han pasado siete años detenidos sin juicio. Por supuesto, el “macho alfa”, a través de su señora, ha mostrado su impostada indignación. ¡Cómo se atreve la Justicia a decidir algo no querido por el poder!
Sin embargo, “imputar” no quiere decir otra cosa que someter a una persona a investigación y juicio, y de ninguna manera implica “condenar”. ¿Cómo puede tolerarse, en pleno siglo XXI, que existan personas detenidas sin causa, sometidas al limbo de una justicia inexistente, porque al poder se le ocurra, o porque la “vindicta publica” con repercusión mediática decida que hay que aprisionar a alguien? Ni siquiera la Inquisición se permitía detener a procesados sin plazos ni juicios. Habría que retroceder a los tiempos de los reyezuelos feudales y, en nuestro país, a las oscuras épocas anteriores a la organización nacional, para encontrar antecedentes de discrecionalidad como la que pretende la señora presidenta en su simulada indignación. Juicio y castigo, no sólo está bien sino que lo pedimos todos. Castigo sin juicio, es aberrante y desde la ética de quien esto escribe, despreciable, como los delitos que se imputan pero no se prueban a las personas mencionadas. En todo caso, tan despreciable como muchas de las acciones del régimen que terminó hace un cuarto de siglo, en la mejor prueba de la existencia de los “dos demonios” cuya invocación tanto molesta a algunos.
La ley no tiene prensa. Es más taquillero generar emociones con decisiones discrecionales, con hechos rápidos golpeando a la opinión pública escasamente informada y hasta con la disimulada desviación de la mirada para no “ver” lo que se sabe ilegal, pero cuya denuncia no dejará réditos. Todo eso es cierto. Tanto como que una sociedad que así actúe, con liderazgos de tan bajo nivel intelectual y político, no tiene otro futuro que la decadencia constante. Nadie arriesgará su patrimonio, su trabajo o incluso su vida para asociarse al progreso general con quienes ignoran que el progreso no tiene futuro si no está apoyado en el sólido cimiento del estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
La humanidad nació con el poder, concentrado al comienzo en los más capaces y hábiles en la lucha, en la caza, en la reproducción o en la fortaleza física. La larga marcha civilizatoria fue limitando ese poder en beneficio de quienes no lo tenían, en una dialéctica que acompañaría la evolución de la política hasta nuestros días. Esa limitación surgió con la aparición de las leyes. Las “Tablas” de Moisés avanzaron en ese rumbo, significando el paso trascendente de una ley aplicable a todos.
Desde esta perspectiva, civilización es limitación del poder y ampliación de la libertad. Y la culminación de la historia con la construcción de la democracia, que sólo admite como válidas las leyes surgidas de la voluntad popular por los procedimientos constitucionales –sancionados por un escalón superior de esa voluntad popular que es la “voluntad constituyente”, es decir, la decisión de una comunidad de vivir en común bajo las condiciones pactadas- marca el punto máximo de evolución civilizatoria hasta el presente.
Los cambios de la propia democracia –hacia nuevas formas de participación, nuevas distribuciones de competencias e incluso los esbozos de formas supraestatales y hasta globales de administración y gobierno- profundizan esa línea adaptándola a la creciente complejidad de la vida contemporánea y a las nuevas demandas de la “segunda modernidad” –riesgos globales, ambientales, terrorismo, redes delictivas, etc-.
Pero siempre sobre la base del respeto a la ley. Olvidarlo es abrir las puertas al retroceso, a las aventuras bélicas, al reconocimiento de más poder al más fuerte y en consecuencia, menos poder a los débiles, en síntesis, al reconocimiento de que los seres humanos dejan de ser libres y autónomos frente al poder para volver a ser, como en épocas arcaicas, apenas objetos de administración.
El tema viene a cuento, por supuesto, de la situación argentina. En varios artículos hemos analizado esta curiosa particularidad nacional de una especie de “pre-constitucionalidad” en la que la vigencia de las leyes depende de modas o caprichos, más que de su legitimidad intrínseca. El estado de derecho, cuya esencia es la clara demarcación de los límites del poder (transformados en “competencias” de los diferentes poderes del Estado frente a las facultades intrínsecas de los ciudadanos, no delegadas por el pacto constitucional) se ha transformado en un “Estado del puro poder”, en el que la discrecionalidad pasa por encima de facultades y atribuciones.
No necesariamente las decisiones que se toman son negativas, como sí lo son las confiscaciones, los negociados con fondos públicos o la disolución de los mecanismos de control. Las hay correctas y hasta justas, aún siendo ilegales. No es en su contenido donde se encuentra su disvalor, sino en el acostumbramiento al retroceso que implica reconocer que desde el poder se puede hacer cualquier cosa, como los “machos alfa” de algunas especies de mamímeros superiores, mediante actitudes arcaicas, anteriores incluso a la discrecionalidad de los caciques de las tribus nómades que era muchas veces limitada por Consejos de Ancianos o principales de la tribu.
Hace muy poco, el Congreso estableció el sistema de movilidad jubilatoria, luego de un debate plural y participativo que precedió a la sanción de la correspondiente Ley. El autor de esta nota –se siente obligado a aclararlo- aplaude toda mejora a la situación de los pasivos, sistemáticamente robados por la administración. Cuestiona incluso por insuficiente e incomprensible aquélla decisión parlamentaria, pero se pregunta: ¿quién es la Presidenta para decidir otorgar un pago adicional, así sea de los miserables doscientos pesos, a los cinco millones de compatriotas en esta situación, sin una decisión correspondiente del Parlamento? ¿De dónde sacó su facultad para disponer de recursos de todos –gran parte de ellos, confiscados recientemente a los ahorristas previsionales privados- en forma discrecional?
¿Es el argumento la necesidad de una rápida sanción? Obsérvese sin embargo que se trata de un Congreso cuya mayoría ha aprobado en apenas diez días un procedimiento para “lavar” los fondos originados en delitos –desde evasión fiscal a narcotráfico, desde corrupción con fondos públicos hasta defraudaciones-, que en un plazo similar decidió apropiarse burdamente de los fondos previsionales privados ahorrados por los ciudadanos que trabajan, y hacerse cargo, en nombre del Estado –o sea, de los argentinos que deberán responder con sus impuestos- de una deuda millonaria y un déficit gigantesco de un elefante blanco volador, como Aerolíneas, incumpliendo su propio compromiso apenas a un mes de haberlo firmado y abriendo la puerta a sus legítimos dueños para un reclamo multimillonario que también tendremos que pagar los argentinos. Evidentemente, el argumento no sirve. Es de suponer que si en diez días amnistiaron –y autoamnistiaron- masivamente a miles de delincuentes, en un lapso menor podrían aprobar el aumento previsional.
Es el mismo Congreso que, en otra violación de la ley –que, como resulta simpática al estado actual de la opinión pública, no mereció oposición- decidió anular los beneficios previsionales de funcionarios del último gobierno militar. Recordemos: ese gobierno terminó hace un cuarto de siglo, como se está recordando en estos días. Y el autor de esta nota lo sufrió especialmente, con su detención arbitraria ilegal y luego su declaración como “detenido a disposición del PEN”, por lo que nada tiene que lo vincule a esa gestión salvo la lucha para que se fuera y volviera la democracia. Sin embargo, el fin de la dictadura significó que volviera la ley. Eso creímos. Un cuarto de siglo después, vemos que el Congreso, que debiera legislar sobre la base de las normas constitucionales, no tiene empacho en aprobar una norma abiertamente inconstitucional.
Pero hay más, y más grave. La Cámara de Casación Penal ha dispuesto la libertad de varios imputados por crímenes de lesa humanidad que han pasado siete años detenidos sin juicio. Por supuesto, el “macho alfa”, a través de su señora, ha mostrado su impostada indignación. ¡Cómo se atreve la Justicia a decidir algo no querido por el poder!
Sin embargo, “imputar” no quiere decir otra cosa que someter a una persona a investigación y juicio, y de ninguna manera implica “condenar”. ¿Cómo puede tolerarse, en pleno siglo XXI, que existan personas detenidas sin causa, sometidas al limbo de una justicia inexistente, porque al poder se le ocurra, o porque la “vindicta publica” con repercusión mediática decida que hay que aprisionar a alguien? Ni siquiera la Inquisición se permitía detener a procesados sin plazos ni juicios. Habría que retroceder a los tiempos de los reyezuelos feudales y, en nuestro país, a las oscuras épocas anteriores a la organización nacional, para encontrar antecedentes de discrecionalidad como la que pretende la señora presidenta en su simulada indignación. Juicio y castigo, no sólo está bien sino que lo pedimos todos. Castigo sin juicio, es aberrante y desde la ética de quien esto escribe, despreciable, como los delitos que se imputan pero no se prueban a las personas mencionadas. En todo caso, tan despreciable como muchas de las acciones del régimen que terminó hace un cuarto de siglo, en la mejor prueba de la existencia de los “dos demonios” cuya invocación tanto molesta a algunos.
La ley no tiene prensa. Es más taquillero generar emociones con decisiones discrecionales, con hechos rápidos golpeando a la opinión pública escasamente informada y hasta con la disimulada desviación de la mirada para no “ver” lo que se sabe ilegal, pero cuya denuncia no dejará réditos. Todo eso es cierto. Tanto como que una sociedad que así actúe, con liderazgos de tan bajo nivel intelectual y político, no tiene otro futuro que la decadencia constante. Nadie arriesgará su patrimonio, su trabajo o incluso su vida para asociarse al progreso general con quienes ignoran que el progreso no tiene futuro si no está apoyado en el sólido cimiento del estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
martes, 16 de diciembre de 2008
Frente a la tierra arrasada, consenso democrático
Las voces de alerta se reiteran y llegan desde todos los sectores: el proyecto de blanqueo es identificado por la sociedad y por la comunidad internacional como un proyecto de lavado. Si el blanqueo es por esencia inmoral, el lavado es un delito perseguido internacionalmente. Quien quiera usarlo, convocará sobre sí la inmediata sospecha de todos los organismos nacionales e internacionales de persecución del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción política, de los delitos globales.
De cara a la sociedad, la instalación de la violencia cotidiana en el sangriento suceder de episodios en los que ya la presencia de la guerra de bandas de narcotraficantes y cárteles se agrega al tradicional uso de los jóvenes carcomidos por el paco para la distribución minorista, previo su introducción al sistema como adictos, es visualizado por los argentinos simplemente como el último eslabón de complicidades.
Esta cadena hasta ahora tenía como primer eslabón el ingreso al país por fronteras si control, como segundo el transporte a la red de distribución en los centros urbanos masificados –principalmente en el conurbano- y como último a la distribución minorista final. Esta ley agrega el gran eslabón faltante: la facilidad para el lavado del dinero ilegal, cada vez más cercano públicamente al corazón de las redes, como lo demuestran los últimos crímenes e investigaciones judiciales en curso.
De cara al mundo, el desprestigio es ya ilevantable. La obsesiva intención de forzar la designación del ex presidente Kirchner en el UNASUR amenaza con destruir una interesante iniciativa de confluencia sudamericana, cuya virtud mayor es rodear al Brasil, gran protagonista regional del nuevo paradigma mundial, con la constelación de países hispanohablantes destacando la responsabilidad regional de nuestro vecino con la integración y el desarrollo del sub-continente como contrapartida de su creciente prestigio global. La insistencia de poner al UNASUR en manos del bloque de autoexcluidos que integran Chávez, Correa, Morales y los Castro a través de Néstor Kirchner actuará como una carga de dinamita en ese proceso, tal cual lo hicieron con el Mercosur al que han convertido en poco más que una cáscara declamativa abandonando el objetivo diseñado por Alfonsín y Sarney y aún por Menem y Cardoso.
En uno y en otro caso los retrocesos son significativos y aunque en lo interno no agregan mucho a la descalificada gestión kirchnerista, en el plano exterior constituyen un golpe de proporciones a la Nación Argentina y, en consecuencia, nos alcanza a todos. Cualquier esfuerzo para revertir esa imagen será costoso, en esfuerzo y en tiempo.
Tierra arrasada, pareciera ser la consigna de estas últimas escaramuzas del régimen “K”. Tierra arrasada en lo económico, apropiándose de todo lo que tengan a la vista, desde los fondos de la ANSES hasta los ahorros previsionales privados, desde la rentabilidad agropecuaria hasta las reservas del BCRA, desde las concesiones de juegos de azar hasta las concesiones de petróleo, desde la pesca sin control hasta las tierras del Calafate –y haciendo al blanqueo sólo útil para los fondos mal habidos de los cortesanos y testaferros-.
Tierra arrasada en lo político, al arrastrar en el lodo, por una falsa concepción de la lealtad, a dirigentes peronistas y aliados que hasta hace poco respaldaban por disciplina un rumbo que sabían equivocado, pero que ahora no sólo respaldan sino que se convierten en cómplices de delitos no sólo perseguidos por las leyes argentinas sino por la justicia internacional.
Tierra arrasada en lo institucional, donde destrozan lo poco que quedaba de institucionalidad republicana. Tierra arrasada en lo social, con índices lacerantes en crecimiento acelerado como la desocupación, la mortalidad infantil, la educación pública, la salud y el desamparo. La denuncia de Juan Carr, compatriota del que todos somos deudores por su dedicación a las causas que debiera tomar la sociedad a través de su Estado, de ocho chicos por día muertos de hambre en tiempos del “mayor crecimiento acumulado de la historia desde la Revolución de Mayo” echa por tierra con la consigna de la presunta capacidad de gobierno de una administración que llegó peronista, se descubrió “progresista” y termina golpeando fatalmente al peronismo y al propio progresismo a los que termina confundiendo con la corrupción más asqueante, esa sí, de “toda la historia argentina”.
Y tierra arrasada en lo internacional, llevando al país a un grado de intrascendencia y aislamiento que jamás había alcanzado en su historia. El prestigio de la reconstrucción democrática y la reconstrucción del estado de derecho –y aún del Juicio a las Juntas- se ha cambiado por la imagen del que se queda con lo ajeno, vive al ritmo de las frivolidades presidenciales y hace gala de la mala educación y desplantes protocolares, como los adolescentes malcriados.
Cada vez alcanzan menos los sucesivos “planes”, que comenzaron con los 20.000 millones de dólares de inversiones chinas, siguieron con los cientos de miles de viviendas y miles de escuelas, continuaron con el gasoducto continental, y terminan con los hospitales y rutas que vienen anunciándose desde el conflicto del campo hasta ahora, con fondos inexistentes y con un desparpajo sólo compatible con una sociedad de ignorantes –que no lo es- o con un pueblo que, simplemente, cada vez que escucha a su presidenta cambia de canal por desinterés, por hastío o directamente para preservar su salud mental.
El régimen deja tierra arrasada. Nadie le cree lo que dice. Las herramientas económicas no producen efecto alguno en los mercados. La economía sigue refugiándose en las divisas o en valores de más difícil confiscación, sin que nadie se le pase por la cabeza invertir o arriesgar un centavo en inversiones productivas.
Y la pareja dinástica continúa dentro de una burbuja, repitiendo discursos al espejo, que le devuelve –como todos los espejos- la imagen invertida: no es la pista de despegue que ellos ven. Es el tobogán de la decadencia, cada vez más pronunciado.
Una vez más, la confluencia democrática y republicana de amplio espectro es imprescindible para conformar una alternativa que pueda servirle a los argentinos, a los ciudadanos y al país todo, de renovación institucional. El cuarto de siglo de democracia, que el país festejó sin su presidenta –que estaba en Rusia, brindando con Putin- debe recordarnos a todos nuestro compromiso fundacional. Con los derechos de las personas, con la ley, con la modernidad, con las instituciones, con los vecinos. Desde la izquierda hasta la derecha honestas, modernas y plurales tienen una responsabilidad con su conciencia: volver a ubicar a la Argentina en la senda del estado de derecho, el único marco que les permitirá discutir sus diferentes visiones de largo plazo con la racionalidad de la convivencia.
Diálogos sin precondiciones para llegar, por caminos conjuntos o paralelos, al regreso del imperio constitucional. Ese sería el mejor homenaje al cuarto de siglo democrático. Y será, sin lugar a dudas, la puerta de entrada al nuevo ciclo de renacimiento argentino que debe comenzar en el bicentenario.
Ricardo Lafferriere
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