Las medidas decididas por el “ex presidente en funciones” –como ha caracterizado un destacado periodista de opinión al esposo de la presidenta de la Nación- que han prohibido el arribo al país de los vuelos que tengan por origen a México provocaron, como no podía ser de otra forma, una protesta del gobierno azteca afectado por la sobreactuación de la administración argentina que genera un daño innecesario a la imagen y a la economía de ese país.
La Organización Mundial de la Salud tiene elaborado, en forma permanente y revisión constante, protocolos de actuación que contienen las medidas necesarias ante la aparición de brotes de enfermedades contagiosas peligrosas. Esos protocolos se han ido perfeccionando justamente para evitar que el pánico, la improvisación o la manipulación política derive en decisiones desvinculadas de cualquier efectividad previsible.
Los protocolos comenzaron a elaborarse luego de 1970, cuando un brote de peste bubónica se desató en cinco estado de la India, generando una sobrereacción motivada por el pánico que provocó pérdidas económicas enormes (1.700 millones de dólares de esa época), sin efecto alguno sobre el desarrollo de la epidemia. Desde esa fecha, el perfeccionamiento ha sido constante con la doble finalidad de la efectividad en el control de los brotes y la reducción de los efectos colaterales sobre la economía. Cabe recordar que éstos no son inocuos: se traducen en pérdida de actividad económica, con la consecuente reducción de empleos, que sufren principalmente los sectores más pobres.
El brote de “vibrión colérico”, en Perú; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (“SARS”, en inglés), y posteriormente el de la gripe aviar, fueron contenidos con esas medidas, monitoreadas por especialistas de todo el mundo que integran los equipos técnicos de la OMS.
Ese protocolo de acciones es el que desconoció la rudimentaria respuesta del ex presidente en funciones, colocando a la Argentina en otra situación más de las tantas en que ha despreciado a otros países del mundo, en un rosario de agravios que deberemos revertir cuando termine la “pesadilla K” y, por fin, la Argentina recupere algo de sentido común y madurez. Muchas disculpas deberemos pedir a muchos para volver a ser tenidos en cuenta o respetados como una nación seria. Será otro de los desastres que legará el régimen a gobiernos que lo sucedan.
Con el inocultable motivo de “tapar” el brote de Dengue que azota a miles de compatriotas por la grosera inoperancia oficial, no dudó en poner en riesgo la excelente relación que tenemos con un país que ha mostrado su solidaridad con la Argentina en muchos momentos de su historia, entre los que no podemos olvidar el asilo dado en momentos difíciles a muchos compatriotas perseguidos por la intolerancia.
El listado de países es cada vez más largo, como símbolos de la soledad de la Argentina que el régimen “K” ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos fueron destratados antes que México. Desde Uruguay y Finlandia (naciones con las que ni el más ingenioso previsor de futuro hubiera pensado que nuestro país pudiera tener un entredicho), hasta los agravios protocolares cometidos contra el presidente de Rusia –varias horas de plantón en el Aeropuerto de Moscú, esperando al visitante que se demoró para hacer algunas compras de camino-; la reina de Holanda –a quién dejó esperando en un banquete protocolar ofrecido por él mismo, al que no asistió-; el presidente de Estados Unidos –al que destrató, siendo anfitrión, en la Cumbre de las América realizada en Mar del Plata; a los ahorristas italianos, ridiculizados repetidas veces por creer en nuestro país; a las empresas españolas, agraviadas por sus groseros desplantes con medidas populistas; a la República de Chile, incumpliéndole los contratos de provisión de gas; a Estados Unidos, a quien reprochó no haber presionado a su sistema de justicia para hacer “zafar” a su esposa de la vergonzosa operación de contrabando de dólares en el “affaire” de la valija de Antonini Wilson; al presidente de Guinea Ecuatorial, a quien el cupo femenino de la dinastía presidencial increpó en una reunión protocolar luego de haberle cursado una invitación oficial para visitar al país; y así podríamos continuar hasta el infinito.
Ese desconocimiento de las más elementales reglas de la buena educación y la convivencia –que en el plano diplomático se denominan “reglas de protocolo”- hasta la soberbia desdeñosa con la que se dirige a otros mandatarios y países han sido una constante dañina para la Argentina, cada vez más aislada en un momento en que el mundo construye la ciudad del futuro, con su economía eslabonada, su desarrollo científico técnico cada vez más interelacionado, sus pueblos cada vez más interconectados y sus sistemas políticos cada vez más compenetrados en acciones conjuntas, como la propia presidenta de comprometió a actuar en el G-20 realizado semanas atrás, en Londres.
Pero no hay nada que hacer. Nos tocó este azote. La buena noticia, en todo caso, es que no será eterno.
Tendremos mucho que reparar del prestigio y la buena educación de la Argentina en el mundo cuando el país vuelva a la normalidad democrática.
Ricardo Lafferriere
martes, 12 de mayo de 2009
martes, 5 de mayo de 2009
Tensando al máximo el estado de derecho
168.000 juicios esperando sentencia en diez juzgados de la Seguridad Social de la Capital, y decenas de miles en los Juzgados Federales del interior. Cientos de miles de juicios en trámite por incumplimiento por parte de la ANSES de sus obligaciones legales para con los jubilados. Alrededor de medio millón de jubilados reclamantes en la justicia con trámites en marcha. Estos –patéticos- datos han llevado a uno de los fueros de la Justicia Federal, quizás el de más sentido social por el tipo de causas que trata, a una situación de colapso.
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
jueves, 30 de abril de 2009
El país normal y la Argentina posible
“Producto potencial”, llaman los economistas a la producción que podría llegar a tener un país en un escenario de pleno empleo de sus fuerzas productivas, para compararlo con el “producto real”, o sea el que efectivamente genera. La diferencia entre ambos marca es el desafío de las políticas económicas para liberarlo de los obstáculos que impiden su confluencia aprovechando toda la capacidad existente en un determinado momento
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
martes, 21 de abril de 2009
Primeras consecuencias del “gran robo”
El fallo de la Jueza Federal Dra. Elvira Muleiro, decretando la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 26425 y sus posteriores decretos de ejecución Nº 2103 y 2104/08 comienzan a mostrar las primeras consecuencias de la aberrante decisión jurídica tomada por el kirchnerismo y sus socios (socialistas, SI, y varios bloques menores) en el mes de noviembre incautando el ahorro previsional de las cuentas de capitalización, propiedad de los aportantes del mencionado sub-sistema.
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
sábado, 18 de abril de 2009
El "ethos" político argentino
¿Tiene vuelta la Argentina?
Una observación banal del escenario conspira contra una respuesta optimista. La exacerbación de los aspectos “agonales” –es decir, combativos- de la política se ha sublimado en la práctica kirchnerista, pero indudablemente es una constante que atraviesa, con mayor o menor alcance, a las formaciones políticas más importantes.
No se concibe a la política sin debate y sin lucha, en ningún lugar del mundo. Es la actividad que organiza el poder, y el poder es, al menos en el estadio actual de la humanidad, un componente imprescindible para la convivencia de las sociedades humanas.
Sin embargo, a medida que la civilización avanza y la madurez social crece, los aspectos agonales se normatizan, las reglas de juego canalizan debates y formas de resolver opciones, y el sistema articulado de Constitución, leyes y reglamentos que cada pueblo se da para convivir determina tanto las facultades de cada órgano del poder como las formas requeridas para tomar las decisiones. Y luego, para su ejecución. Lo “agonal” encuentra sus límites en la necesidad de responder eficazmente a las expectativas de los ciudadanos y se desarrollan entonces los aspectos propositivos, constructivos, eficaces en la solución de los problemas que la sociedad siente más importantes.
El comportamiento de la política en nuestro país pareció encaminarse hacia esa madurez con la recuperación democrática. Sin embargo, desde hace varios años lo propositivo se ha diluido y la vocación combativa se ha adueñado de la dinámica política, marcando las características de su conducta, el “ethos” predominante, con intransigencias, rupturas de diálogos, imposibilidad de consensos y frustración ejecutiva.
¿Es posible retomar el camino civilizado?
Otra mirada, pero no hacia el escenario sino hacia el público, pareciera indicar que sí, que “la base está”. Las gigantescas demostraciones de pesar colectivo que generó la despedida a Raúl Alfonsín mostraron que la práctica de firmeza en las ideas pero a la vez, disposición a la búsqueda de consensos maduros, es un valor que los ciudadanos conservan como un valor positivo. Como lo expresara en su magistral despedida el Senador Ernesto Sanz, quizás el que con más agudeza detectó el real sentir popular por la muerte de Alfonsín, su legado no hay que buscarlo en sus discursos ni en sus libros, sino “en él mismo”. “Él mismo” es, en la lectura de los argentinos que acompañaron con pesar sus restos y lloraron su partida, esa tenacidad constante, acompañada de la disposición, también constante, a la tolerancia y el diálogo.
¿Por qué esos valores no se impregnan hacia el “escenario”?
Mi intuición sobre la respuesta a esta pregunta se acerca a una obsesión que tuvo, durante toda su vida, el ilustre muerto y que lo acompañaba desde su genética radical: la reconstrucción institucional.
Es la existencia de instituciones, su diseño y su respeto, lo que puede cambiar el “ethos” agonal predominante por un equilibrio virtuoso entre lucha y realizaciones. Sin instituciones, es decir sin marcos normativos respetados que permitan a las personas desentenderse razonablemente sobre la vigencia firme de sus derechos y dedicarse a crear sabiendo que cuentan con un espacio inviolable y cuasi-sagrado a su alrededor, es imposible otro rumbo que el tobogán de la decadencia hacia una convivencia salvaje. La ausencia de instituciones arrincona a todos a una actitud alerta, tensa, vigilante y defensiva, cual los grupos primitivos cuyo principal objetivo era sobrevivir. La pérdida de la calidad de la vida, de los sentimientos nobles y creativos, de la solidaridad y la ética, es su obvia consecuencia. Y en ese camino estamos.
La reconstrucción institucional no es, entonces, una aspiración de pequeñoburgueses liberales a los que se deba mirar por sobre el hombro porque no alcanzan a comprender las esencias íntimas del “progresismo”: por el contrario, es la llave de oro para detener esta absurda competencia de dislates que ha convertido a la política en pura lucha, sin puntos de contacto con las necesidades expresadas en la agenda ciudadana. Es el único camino para retomar las riendas de un proceso económico y social que, tal como está, funciona en parecida forma a como lo haría en sociedades primitivas, sin espacio alguno para actuar sobre su propia dinámica –cercana a las fuerzas irracionales- con el fin de neutralizar sus consecuencias más lacerantes. Es la única forma de no caer definitivamente en la ley de la selva, donde manda el más fuerte, el más violento, el más audaz, el más “transgresor”. En suma, el paraíso del violento, el primitivo, el delincuente.
El “ethos” de la política debe retomar su equilibrio respetando la ley. Y son las personas comunes, los ciudadanos, los que deberán actuar como última reserva de racionalidad para exigir a sus pretendidos representantes, de todo el colorido partidario, fidelidad a la letra y al espíritu de las leyes.
Si lo logran, este conjunto humano que integramos los argentinos puede ser un protagonista importante de los años que vienen. Si no, seguirá la decadencia, crecerá la violencia cotidiana, aumentará la pobreza, se polarizará más la sociedad. La ley de la selva, convocada a gritos destemplados desde tribunas importantes, puede ser la única que rija un territorio cercano a dejar de ser un país.
Ricardo Lafferriere
Una observación banal del escenario conspira contra una respuesta optimista. La exacerbación de los aspectos “agonales” –es decir, combativos- de la política se ha sublimado en la práctica kirchnerista, pero indudablemente es una constante que atraviesa, con mayor o menor alcance, a las formaciones políticas más importantes.
No se concibe a la política sin debate y sin lucha, en ningún lugar del mundo. Es la actividad que organiza el poder, y el poder es, al menos en el estadio actual de la humanidad, un componente imprescindible para la convivencia de las sociedades humanas.
Sin embargo, a medida que la civilización avanza y la madurez social crece, los aspectos agonales se normatizan, las reglas de juego canalizan debates y formas de resolver opciones, y el sistema articulado de Constitución, leyes y reglamentos que cada pueblo se da para convivir determina tanto las facultades de cada órgano del poder como las formas requeridas para tomar las decisiones. Y luego, para su ejecución. Lo “agonal” encuentra sus límites en la necesidad de responder eficazmente a las expectativas de los ciudadanos y se desarrollan entonces los aspectos propositivos, constructivos, eficaces en la solución de los problemas que la sociedad siente más importantes.
El comportamiento de la política en nuestro país pareció encaminarse hacia esa madurez con la recuperación democrática. Sin embargo, desde hace varios años lo propositivo se ha diluido y la vocación combativa se ha adueñado de la dinámica política, marcando las características de su conducta, el “ethos” predominante, con intransigencias, rupturas de diálogos, imposibilidad de consensos y frustración ejecutiva.
¿Es posible retomar el camino civilizado?
Otra mirada, pero no hacia el escenario sino hacia el público, pareciera indicar que sí, que “la base está”. Las gigantescas demostraciones de pesar colectivo que generó la despedida a Raúl Alfonsín mostraron que la práctica de firmeza en las ideas pero a la vez, disposición a la búsqueda de consensos maduros, es un valor que los ciudadanos conservan como un valor positivo. Como lo expresara en su magistral despedida el Senador Ernesto Sanz, quizás el que con más agudeza detectó el real sentir popular por la muerte de Alfonsín, su legado no hay que buscarlo en sus discursos ni en sus libros, sino “en él mismo”. “Él mismo” es, en la lectura de los argentinos que acompañaron con pesar sus restos y lloraron su partida, esa tenacidad constante, acompañada de la disposición, también constante, a la tolerancia y el diálogo.
¿Por qué esos valores no se impregnan hacia el “escenario”?
Mi intuición sobre la respuesta a esta pregunta se acerca a una obsesión que tuvo, durante toda su vida, el ilustre muerto y que lo acompañaba desde su genética radical: la reconstrucción institucional.
Es la existencia de instituciones, su diseño y su respeto, lo que puede cambiar el “ethos” agonal predominante por un equilibrio virtuoso entre lucha y realizaciones. Sin instituciones, es decir sin marcos normativos respetados que permitan a las personas desentenderse razonablemente sobre la vigencia firme de sus derechos y dedicarse a crear sabiendo que cuentan con un espacio inviolable y cuasi-sagrado a su alrededor, es imposible otro rumbo que el tobogán de la decadencia hacia una convivencia salvaje. La ausencia de instituciones arrincona a todos a una actitud alerta, tensa, vigilante y defensiva, cual los grupos primitivos cuyo principal objetivo era sobrevivir. La pérdida de la calidad de la vida, de los sentimientos nobles y creativos, de la solidaridad y la ética, es su obvia consecuencia. Y en ese camino estamos.
La reconstrucción institucional no es, entonces, una aspiración de pequeñoburgueses liberales a los que se deba mirar por sobre el hombro porque no alcanzan a comprender las esencias íntimas del “progresismo”: por el contrario, es la llave de oro para detener esta absurda competencia de dislates que ha convertido a la política en pura lucha, sin puntos de contacto con las necesidades expresadas en la agenda ciudadana. Es el único camino para retomar las riendas de un proceso económico y social que, tal como está, funciona en parecida forma a como lo haría en sociedades primitivas, sin espacio alguno para actuar sobre su propia dinámica –cercana a las fuerzas irracionales- con el fin de neutralizar sus consecuencias más lacerantes. Es la única forma de no caer definitivamente en la ley de la selva, donde manda el más fuerte, el más violento, el más audaz, el más “transgresor”. En suma, el paraíso del violento, el primitivo, el delincuente.
El “ethos” de la política debe retomar su equilibrio respetando la ley. Y son las personas comunes, los ciudadanos, los que deberán actuar como última reserva de racionalidad para exigir a sus pretendidos representantes, de todo el colorido partidario, fidelidad a la letra y al espíritu de las leyes.
Si lo logran, este conjunto humano que integramos los argentinos puede ser un protagonista importante de los años que vienen. Si no, seguirá la decadencia, crecerá la violencia cotidiana, aumentará la pobreza, se polarizará más la sociedad. La ley de la selva, convocada a gritos destemplados desde tribunas importantes, puede ser la única que rija un territorio cercano a dejar de ser un país.
Ricardo Lafferriere
Ajuste y futuro
Quedan pocas dudas: en algún tiempo –más cerca o más lejos, pero no muy separado de los próximos 90 días- los argentinos sufriremos de lleno el brutal ajuste a que nos condujo la alegre irresponsabilidad de estos años. Tarifas, precios e impuestos, se dispararán –a igual que el dólar, refugio de valor al que se han acostumbrado los argentinos a fuerza de experiencia-, aplastando los ingresos de aquellos que durante cinco años fueron bombardeados por esperpénticas inconsistencias, y deberán soportar ahora el peso de la verdad. Es imposible no prever fuertes reclamos de trabajadores, comerciantes, desocupados, hombres de campo y hasta de los empresarios protegidos que recibieron las prebendas. Poco importará el volumen del grito: se acabó lo que se daba. Y habrá que empezar de nuevo.
Está llegando el ajuste y con él los consabidos rezongos: los intelectuales de Carta Abierta seguramente elaborarán herméticas sentencias achacando el infierno al neoliberalismo, al Fondo Monetario y a los terratenientes de la pampa húmeda. O sea, se lavarán las manos sobre su responsabilidad. Los esposos Kirchner, huidos o desencajados, inventarán algún nuevo enemigo, quizás el “Congreso reaccionario” que se elegirá en las urnas. O sea, se lavarán las manos sobre su gestión. Economistas que aplaudieron los dislates creyendo que desde el poder se puede hacer cualquier cosa, tomarán distancia reclamando haber avisado antes y no haber sido escuchados. O sea, se lavarán las manos sobre sus culpas.
Quedará, desguarnecida una vez más, la gente. Que, pobrecita, quiso creer en que –esta vez- no le estarían ofreciendo otro novedoso relato de palabras huecas utilizadas como escudos intelectuales de un nuevo ciclo de saqueo.
Al final, eso terminó siendo el “modelo productivo con inclusión social”.
Después de los cinco años más excepcionales de la economía argentina –Cristina “dixit”- hay más pobreza, más deuda pública, menos seguridad, menos justicia, menos educación, menos salud y menos bienestar que durante cualquier gobierno anterior, incluso el denostado de su correligionario, Dr. Carlos Saúl Menem, que comparado con la gestión “K” parece merecedor de un Nóbel. Creció –eso sí, y fuertemente- el patrimonio personal de la cúpula del poder y sus amigos.
El ajuste pinta terrible, pero como todo, al final, pasará. Y habrá que empezar de nuevo. Quizás esta vez podremos aprovecharlo para renacer sobre otras bases, sin recomenzar el ciclo corto de corporaciones sindicales, gremiales y políticas lucrantes del atraso sino comenzando una larga etapa virtuosa, como la que tuvimos de 1880 a 1930 comenzada por los conservadores y completada por los radicales, la que a pesar de sus altibajos, comenzó con un país-desierto y terminó con una Argentina protagonista importante del concierto internacional, nuevo hogar de millones de inmigrantes esperanzados en los bienes que prometía la Constitución, sin distinción de orígenes, “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
El mundo por su parte, superada la actual crisis global, recomenzará su marcha. Coincidirá con el recomienzo de la marcha de los argentinos, terminada la pesadilla K y pasado el ajuste que viene. La inteligencia de los argentinos deberá orientar entonces los esfuerzos para imbricarse virtuosamente en el nuevo paradigma global, una economía cosmopolitizada, un intercambio creciente y un nuevo diseño normativo mundial asentados en la acelerada revolución científico-técnica, el creciente protagonismo de las personas –que se sumarán a los Estados y las corporaciones- y la vigencia universal de los derechos humanos entendidos no como una revancha sesgada de un tiempo de sangre en las calles por culpas recíprocas acaecido hace décadas, sino como un piso de dignidad que deberá garantizarse a todos, cualquiera sea su nivel social o económico.
En ese escenario debe escribirse la nueva agenda argentina, que estará condicionada por limitaciones infranqueables para todos, vivan en el lugar del planeta donde vivan: agotamiento de recursos energéticos y necesidad de nuevas fuentes primarias renovables y amigables; cambio climático que obligará a rigurosas exigencias de eficiencia y sustentabilidad; y crecientes masas de seres humanos incorporados a la vida social y de consumo, que impondrán claros marcos normativos homologables en los que no habrá cabida para la discrecionalidad de los poderes políticos, el “neoanarquismo” contra el que alertara Alfonsín en su último discurso en el Luna Park, los caprichos ideológicos o las decisiones públicas sin consenso ciudadano.
La Argentina que viene, pasado el ajuste y mirando al futuro, puede volver a ser una protagonista de prosperidad y bienestar para su gente... a condición de que decida serlo. Su especialidad económica –la producción alimentaria- le hubiera permitido pasar la crisis global casi indemne, si no hubiera sido por la injustificable gestión kirchnerista: cabe recordar que los precios internacionales de nuestros productos de exportación han encontrado su aparente piso, en un nivel similar al de fines de 2007, al iniciarse el segundo período “KK”, cuando se les ocurrió la idea de incrementar la confiscación de su rentabilidad con nuevas retenciones. Muy poco de la dramática situación mundial hubiera –hasta ahora- golpeado al país, si no estuviera su producción agredida y asfixiada por una administración incompetente y su fiscalidad sometida al saqueo de subsidios, corrupción y prebendas. Simplemente con haber evitado la sangría de 20 mil millones de dólares (más de 80.000 millones de pesos) que se fueron del país en el último año por los dislates económicos y políticos, sin relación alguna con la crisis global, el escenario actual sería otro.
La nueva marcha deberá asentarse en una política de franco consenso, generadora de credibilidad a fin de volver a inyectar entusiasmo productor en los hombres de campo, en los emprendedores y en los industriales. Y deberá apoyar la complejización productiva del sector agroalimentario, base fundamental de cualquier renacimiento argentino. Esa piedra basal generará fuentes de crecimiento en el interior del territorio, comenzando a revertir esta aberración de que en los 4000 kms. cuadrados de Buenos Aires y alrededores vivan 13 millones de personas, el 33 % de la población del país, en una densidad de casi 4.000 habitantes por km2 y en los 2.800.000 kms2 restantes viva 28.000.000 de argentinos ...¡a una de 10 habitantes por km2!...
Esto no lo podrá hacer el populismo, generador de pobreza para lucrar con las necesidades de los necesitados del “conurbano” convertido en una fábrica de pobres al precio de su hacinamiento, su clientelización, su sometimiento a la violencia y al delito, su subordinación a las redes delictivas en muchos casos diseñadas desde los propios poderes –políticos, judiciales y policiales- locales. Eso sólo lo puede lograr un consenso nacional, democrático y federal, ni más ni menos que como lo dispone el art. 1 de la olvidada Constitución Nacional.
Como en toda lucha política, habrá resistencias, rivalidades y conflictos. Resistirán el cambio quienes lucran hoy con la pobreza: estamentos corporativos privilegiados gremiales y empresariales prebendarios, dirigencias corrompidas y complicidades parasitarias del estado burocratizado serán su base estructural, mientras los reproductores de ecos ideológicos del pasado serán su cobertura intelectual. Son los enemigos de la liberación de los millones de compatriotas humillados por la clientelización, del país pujante protagonista del mundo, del crecimiento económico y la prosperidad apoyada en el esfuerzo creador de cada uno.
Esa nueva marcha , alineada con el nuevo estadio de desarrollo de la humanidad, deberá custodiar, respetar y proteger la naturaleza, los recusos no renovables, el agua dulce, la biodiversidad. Deberá ser cuidadosa en el consumo energético, que no puede ser dispendioso y debe hacer crecer su generación sobre nuevas fuentes primarias no contaminantes y amigables con el ambiente. Nunca más centrales térmicas, como las que varias veces se han inaugurado en estos años –afortunadamente, siempre las mismas, que además no funcionan- sino basadas en las nuevas tecnologías de hidrógeno, solar, eólica y nuclear, para las cuales los científicos y técnicos argentinos están en condiciones de proveer desarrollos tecnológicos no sólo para nuestro país, sino para todo el mundo en desarrollo.
La reconstrucción debe contemplar desde el comienzo el piso de ciudadanía para todos, herramienta insustituible para proyectar la ética de la solidaridad y erradicar el clientelismo. Afortunadamente tenemos un país que está en condiciones, sin afectar sus excedentes para el crecimiento, de proveer alimento, educación, salud y vivienda a todos los compatriotas, sin la indignante humillación de la expropiación de la autonomía de cada ciudadano. Y debe garantizar que sobre este piso de ciudadanía que brinde igualdad de oportunidades a todos, exista libertad económica para que cada uno labre su futuro confiando en su fuerza y capacidad, en su inversión y su riesgo y en la protección legal y jurídica garantizada por un Estado democrático y una justicia independiente, imparcial y celosa en su función de última defensa de los derechos ciudadanos. Cualquier referencia o invocación al estado de excepción debe ser erradicado para siempre de la argumentación política y judicial.
Esa nueva marcha argentina incorporará lo mejor de su historia, de sus tradiciones y sus valores. Rescatará el impulso fundacional que inspiró la decisión de su autonomía política, hace casi dos siglos y lo proyectará hacia los años que vienen. Se imbricará con el portentoso mundo en formación, con sus corrientes tecnológicas, con su mercado global, con sus normas legales, con su combate a la delincuencia y el terrorismo y con su garantía jurídica de absoluto respeto a las reglas de juego y a la palabra empeñada.
Será amiga de la región y de todas las personas y países de buena voluntad. Integrará su infraestructura con todos sus vecinos, su comercio con todo el mundo con que sea posible, sus productos virtuales con el mundo hispanohablante, su defensa y seguridad con los organismos plurales y regionales de garantización de la paz, su ciencia y tecnología con los más avanzados centros de investigación, desarrollo y producción del planeta, y su política con las democracias más sólidas y transparentes.
Delinear esa agenda y construir ese país será apasionante.
Leandro N. Alem, el procer argentino fundador del radicalismo, hubiera dicho que la tarea “pertenece principalmente a las nuevas generaciones”. Indudablemente deberán ser las que levanten la bandera y marchen al frente. Pero deben hacerlo sabiendo que detrás están todas las generaciones de argentinos respaldando el sueño de la marcha común, retomando la meta de quienes empezaron el país y supieron darle una buena política, que no es otra cosa que una buena conducción en el marco del respeto y el consenso interno, para colocarlo entre las naciones respetadas. A tal fin, necesitamos reconstruir los partidos políticos, representativos del amplio colorido del pensamiento libre, articulando consensos estratégicos desde sus diferentes enfoques para alinear las fuerzas de las personas, que en última instancia son la fuente y el objetivo de todo el esfuerzo común.
Para eso nació la patria, hace casi doscientos años. Y quienes hoy la vivimos no podemos dejar de escuchar aquellos ecos, ni mucho menos desviar nuestra mirada del horizonte o dejar de pensar en lo que viene.
Ricardo Lafferriere
Está llegando el ajuste y con él los consabidos rezongos: los intelectuales de Carta Abierta seguramente elaborarán herméticas sentencias achacando el infierno al neoliberalismo, al Fondo Monetario y a los terratenientes de la pampa húmeda. O sea, se lavarán las manos sobre su responsabilidad. Los esposos Kirchner, huidos o desencajados, inventarán algún nuevo enemigo, quizás el “Congreso reaccionario” que se elegirá en las urnas. O sea, se lavarán las manos sobre su gestión. Economistas que aplaudieron los dislates creyendo que desde el poder se puede hacer cualquier cosa, tomarán distancia reclamando haber avisado antes y no haber sido escuchados. O sea, se lavarán las manos sobre sus culpas.
Quedará, desguarnecida una vez más, la gente. Que, pobrecita, quiso creer en que –esta vez- no le estarían ofreciendo otro novedoso relato de palabras huecas utilizadas como escudos intelectuales de un nuevo ciclo de saqueo.
Al final, eso terminó siendo el “modelo productivo con inclusión social”.
Después de los cinco años más excepcionales de la economía argentina –Cristina “dixit”- hay más pobreza, más deuda pública, menos seguridad, menos justicia, menos educación, menos salud y menos bienestar que durante cualquier gobierno anterior, incluso el denostado de su correligionario, Dr. Carlos Saúl Menem, que comparado con la gestión “K” parece merecedor de un Nóbel. Creció –eso sí, y fuertemente- el patrimonio personal de la cúpula del poder y sus amigos.
El ajuste pinta terrible, pero como todo, al final, pasará. Y habrá que empezar de nuevo. Quizás esta vez podremos aprovecharlo para renacer sobre otras bases, sin recomenzar el ciclo corto de corporaciones sindicales, gremiales y políticas lucrantes del atraso sino comenzando una larga etapa virtuosa, como la que tuvimos de 1880 a 1930 comenzada por los conservadores y completada por los radicales, la que a pesar de sus altibajos, comenzó con un país-desierto y terminó con una Argentina protagonista importante del concierto internacional, nuevo hogar de millones de inmigrantes esperanzados en los bienes que prometía la Constitución, sin distinción de orígenes, “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
El mundo por su parte, superada la actual crisis global, recomenzará su marcha. Coincidirá con el recomienzo de la marcha de los argentinos, terminada la pesadilla K y pasado el ajuste que viene. La inteligencia de los argentinos deberá orientar entonces los esfuerzos para imbricarse virtuosamente en el nuevo paradigma global, una economía cosmopolitizada, un intercambio creciente y un nuevo diseño normativo mundial asentados en la acelerada revolución científico-técnica, el creciente protagonismo de las personas –que se sumarán a los Estados y las corporaciones- y la vigencia universal de los derechos humanos entendidos no como una revancha sesgada de un tiempo de sangre en las calles por culpas recíprocas acaecido hace décadas, sino como un piso de dignidad que deberá garantizarse a todos, cualquiera sea su nivel social o económico.
En ese escenario debe escribirse la nueva agenda argentina, que estará condicionada por limitaciones infranqueables para todos, vivan en el lugar del planeta donde vivan: agotamiento de recursos energéticos y necesidad de nuevas fuentes primarias renovables y amigables; cambio climático que obligará a rigurosas exigencias de eficiencia y sustentabilidad; y crecientes masas de seres humanos incorporados a la vida social y de consumo, que impondrán claros marcos normativos homologables en los que no habrá cabida para la discrecionalidad de los poderes políticos, el “neoanarquismo” contra el que alertara Alfonsín en su último discurso en el Luna Park, los caprichos ideológicos o las decisiones públicas sin consenso ciudadano.
La Argentina que viene, pasado el ajuste y mirando al futuro, puede volver a ser una protagonista de prosperidad y bienestar para su gente... a condición de que decida serlo. Su especialidad económica –la producción alimentaria- le hubiera permitido pasar la crisis global casi indemne, si no hubiera sido por la injustificable gestión kirchnerista: cabe recordar que los precios internacionales de nuestros productos de exportación han encontrado su aparente piso, en un nivel similar al de fines de 2007, al iniciarse el segundo período “KK”, cuando se les ocurrió la idea de incrementar la confiscación de su rentabilidad con nuevas retenciones. Muy poco de la dramática situación mundial hubiera –hasta ahora- golpeado al país, si no estuviera su producción agredida y asfixiada por una administración incompetente y su fiscalidad sometida al saqueo de subsidios, corrupción y prebendas. Simplemente con haber evitado la sangría de 20 mil millones de dólares (más de 80.000 millones de pesos) que se fueron del país en el último año por los dislates económicos y políticos, sin relación alguna con la crisis global, el escenario actual sería otro.
La nueva marcha deberá asentarse en una política de franco consenso, generadora de credibilidad a fin de volver a inyectar entusiasmo productor en los hombres de campo, en los emprendedores y en los industriales. Y deberá apoyar la complejización productiva del sector agroalimentario, base fundamental de cualquier renacimiento argentino. Esa piedra basal generará fuentes de crecimiento en el interior del territorio, comenzando a revertir esta aberración de que en los 4000 kms. cuadrados de Buenos Aires y alrededores vivan 13 millones de personas, el 33 % de la población del país, en una densidad de casi 4.000 habitantes por km2 y en los 2.800.000 kms2 restantes viva 28.000.000 de argentinos ...¡a una de 10 habitantes por km2!...
Esto no lo podrá hacer el populismo, generador de pobreza para lucrar con las necesidades de los necesitados del “conurbano” convertido en una fábrica de pobres al precio de su hacinamiento, su clientelización, su sometimiento a la violencia y al delito, su subordinación a las redes delictivas en muchos casos diseñadas desde los propios poderes –políticos, judiciales y policiales- locales. Eso sólo lo puede lograr un consenso nacional, democrático y federal, ni más ni menos que como lo dispone el art. 1 de la olvidada Constitución Nacional.
Como en toda lucha política, habrá resistencias, rivalidades y conflictos. Resistirán el cambio quienes lucran hoy con la pobreza: estamentos corporativos privilegiados gremiales y empresariales prebendarios, dirigencias corrompidas y complicidades parasitarias del estado burocratizado serán su base estructural, mientras los reproductores de ecos ideológicos del pasado serán su cobertura intelectual. Son los enemigos de la liberación de los millones de compatriotas humillados por la clientelización, del país pujante protagonista del mundo, del crecimiento económico y la prosperidad apoyada en el esfuerzo creador de cada uno.
Esa nueva marcha , alineada con el nuevo estadio de desarrollo de la humanidad, deberá custodiar, respetar y proteger la naturaleza, los recusos no renovables, el agua dulce, la biodiversidad. Deberá ser cuidadosa en el consumo energético, que no puede ser dispendioso y debe hacer crecer su generación sobre nuevas fuentes primarias no contaminantes y amigables con el ambiente. Nunca más centrales térmicas, como las que varias veces se han inaugurado en estos años –afortunadamente, siempre las mismas, que además no funcionan- sino basadas en las nuevas tecnologías de hidrógeno, solar, eólica y nuclear, para las cuales los científicos y técnicos argentinos están en condiciones de proveer desarrollos tecnológicos no sólo para nuestro país, sino para todo el mundo en desarrollo.
La reconstrucción debe contemplar desde el comienzo el piso de ciudadanía para todos, herramienta insustituible para proyectar la ética de la solidaridad y erradicar el clientelismo. Afortunadamente tenemos un país que está en condiciones, sin afectar sus excedentes para el crecimiento, de proveer alimento, educación, salud y vivienda a todos los compatriotas, sin la indignante humillación de la expropiación de la autonomía de cada ciudadano. Y debe garantizar que sobre este piso de ciudadanía que brinde igualdad de oportunidades a todos, exista libertad económica para que cada uno labre su futuro confiando en su fuerza y capacidad, en su inversión y su riesgo y en la protección legal y jurídica garantizada por un Estado democrático y una justicia independiente, imparcial y celosa en su función de última defensa de los derechos ciudadanos. Cualquier referencia o invocación al estado de excepción debe ser erradicado para siempre de la argumentación política y judicial.
Esa nueva marcha argentina incorporará lo mejor de su historia, de sus tradiciones y sus valores. Rescatará el impulso fundacional que inspiró la decisión de su autonomía política, hace casi dos siglos y lo proyectará hacia los años que vienen. Se imbricará con el portentoso mundo en formación, con sus corrientes tecnológicas, con su mercado global, con sus normas legales, con su combate a la delincuencia y el terrorismo y con su garantía jurídica de absoluto respeto a las reglas de juego y a la palabra empeñada.
Será amiga de la región y de todas las personas y países de buena voluntad. Integrará su infraestructura con todos sus vecinos, su comercio con todo el mundo con que sea posible, sus productos virtuales con el mundo hispanohablante, su defensa y seguridad con los organismos plurales y regionales de garantización de la paz, su ciencia y tecnología con los más avanzados centros de investigación, desarrollo y producción del planeta, y su política con las democracias más sólidas y transparentes.
Delinear esa agenda y construir ese país será apasionante.
Leandro N. Alem, el procer argentino fundador del radicalismo, hubiera dicho que la tarea “pertenece principalmente a las nuevas generaciones”. Indudablemente deberán ser las que levanten la bandera y marchen al frente. Pero deben hacerlo sabiendo que detrás están todas las generaciones de argentinos respaldando el sueño de la marcha común, retomando la meta de quienes empezaron el país y supieron darle una buena política, que no es otra cosa que una buena conducción en el marco del respeto y el consenso interno, para colocarlo entre las naciones respetadas. A tal fin, necesitamos reconstruir los partidos políticos, representativos del amplio colorido del pensamiento libre, articulando consensos estratégicos desde sus diferentes enfoques para alinear las fuerzas de las personas, que en última instancia son la fuente y el objetivo de todo el esfuerzo común.
Para eso nació la patria, hace casi doscientos años. Y quienes hoy la vivimos no podemos dejar de escuchar aquellos ecos, ni mucho menos desviar nuestra mirada del horizonte o dejar de pensar en lo que viene.
Ricardo Lafferriere
“...hace 200 años...”
Hace exactamente doscientos años, en 1809, Mariano Moreno presentaba ante el Virrey Cisneros, en nombre de “veinte mil labradores y hacendados de estas campañas de la Banda Oriental y Occidental del Río de la Plata” uno de los documentos precursores del movimiento revolucionario que eclosionaría un año después y comenzaría el proceso independentista con la formación de la Primera Junta de Gobierno Patrio. El documento pasaría a la historia con el nombre de “Representación de los Hacendados” y no hay argentino que no lo haya conocido y estudiado al pasar por la escuela primaria.
Ese documento ha sido considerado fundacional por todo el arco historiográfico argentino. Moreno, el patriota con más encendidas ansias de libertad, el inspirador de la corriente más avanzada en el proceso revolucionario, solicitaba no sólo el libre comercio frente al ahogante monopolio oficial, sino que demandaba limitar totalmente los gravámenes a los productos agropecuarios, expresando en la “súplica” sexta: “Sexta: Que los frutos del país, plata, y demás que se exportasen paguen los mismos derechos establecidos para las extracciones que practican en buques extranjeros por productos de negros; sin que se extienda en modo alguno esta asignación por el notable embarazo que resultaría las exportaciones, con perjuicio de la agricultura, a cuyo fomento debe convertirse la principal atención.” Ese punto estaría llamado a transformarse para los tiempos en la llave de oro del progreso del nuevo país.
Aún hoy, los “labradores y hacendados” que producen la mayor riqueza del país, deben seguir enfrentándose a los herederos de la colonia, que en demasiadas oportunidades han encontrado en la exacción al trabajo rural la forma de limitar los derechos políticos de los ciudadanos, construir humillantes subordinaciones clientelistas, convertir el detentamiento del Estado en un botín de guerra y mantener limitadas las posibilidades de libertad individual, apoyadas en la vocación pionera y transformadora de los emprendedores.
La señora presidenta de la Nación ha condenado en La Rioja las “políticas agroexportadoras de hace 200 años” como “enemigas del país profundo”. Debiera aclarar si se ha referido a la política que aplicaba el gobierno colonial ahogando el comercio con impuestos y sosteniendo el cerrado monopolio con la metrópoli, o si se refiere al reclamo revolucionario de Moreno y los “labradores y hacendados” que representaba, pidiendo su derogación.
Es ella quien ha instalado la incógnita, con su discurso. Si lo aclara, sabremos si ratifica su toma de partido por el país clientelar, por el vaciamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos cristalizados en la Constitución Nacional, por una concepción autoritaria y antidemocrática del ejercicio del poder –al estilo colonial-, y en última instancia, por preferir al país sometido anterior a la Revolución de Mayo; o si ha preferido sentirse la heredera de Moreno en la construcción de un país pujante y abierto, confiado en la potencialidad de sus ciudadanos e inserto en las corrientes de comercio, inversión, tecnología, finanzas que eligió como camino en las horas fundacionales de nuestra autonomía política.
Sería una buena noticia si la opción fuera la segunda. Es lo que ha firmado en el G-20, hace pocos días en Londres. Pero no es lo que hasta ahora había constituido el discurso oficial de su marido, del Secretario de Comercio y de ella misma.
Ricardo Lafferriere
Ese documento ha sido considerado fundacional por todo el arco historiográfico argentino. Moreno, el patriota con más encendidas ansias de libertad, el inspirador de la corriente más avanzada en el proceso revolucionario, solicitaba no sólo el libre comercio frente al ahogante monopolio oficial, sino que demandaba limitar totalmente los gravámenes a los productos agropecuarios, expresando en la “súplica” sexta: “Sexta: Que los frutos del país, plata, y demás que se exportasen paguen los mismos derechos establecidos para las extracciones que practican en buques extranjeros por productos de negros; sin que se extienda en modo alguno esta asignación por el notable embarazo que resultaría las exportaciones, con perjuicio de la agricultura, a cuyo fomento debe convertirse la principal atención.” Ese punto estaría llamado a transformarse para los tiempos en la llave de oro del progreso del nuevo país.
Aún hoy, los “labradores y hacendados” que producen la mayor riqueza del país, deben seguir enfrentándose a los herederos de la colonia, que en demasiadas oportunidades han encontrado en la exacción al trabajo rural la forma de limitar los derechos políticos de los ciudadanos, construir humillantes subordinaciones clientelistas, convertir el detentamiento del Estado en un botín de guerra y mantener limitadas las posibilidades de libertad individual, apoyadas en la vocación pionera y transformadora de los emprendedores.
La señora presidenta de la Nación ha condenado en La Rioja las “políticas agroexportadoras de hace 200 años” como “enemigas del país profundo”. Debiera aclarar si se ha referido a la política que aplicaba el gobierno colonial ahogando el comercio con impuestos y sosteniendo el cerrado monopolio con la metrópoli, o si se refiere al reclamo revolucionario de Moreno y los “labradores y hacendados” que representaba, pidiendo su derogación.
Es ella quien ha instalado la incógnita, con su discurso. Si lo aclara, sabremos si ratifica su toma de partido por el país clientelar, por el vaciamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos cristalizados en la Constitución Nacional, por una concepción autoritaria y antidemocrática del ejercicio del poder –al estilo colonial-, y en última instancia, por preferir al país sometido anterior a la Revolución de Mayo; o si ha preferido sentirse la heredera de Moreno en la construcción de un país pujante y abierto, confiado en la potencialidad de sus ciudadanos e inserto en las corrientes de comercio, inversión, tecnología, finanzas que eligió como camino en las horas fundacionales de nuestra autonomía política.
Sería una buena noticia si la opción fuera la segunda. Es lo que ha firmado en el G-20, hace pocos días en Londres. Pero no es lo que hasta ahora había constituido el discurso oficial de su marido, del Secretario de Comercio y de ella misma.
Ricardo Lafferriere
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