Se está convirtiendo en un lugar común el juicio negativo sobre la oposición porque, al parecer, no habría actuado de acuerdo a los resultados electorales del 28 de junio logrando poner un freno a los dislates de la pareja gobernante. Algunos hasta llegan a razonar en términos del “fortalecimiento” del gobierno y del propio ex presidente Kirchner, del que interpretan que “ha pasado a la ofensiva” y está “más fortalecido que antes”.
Sin embargo, al contrario de lo que surgiría de esa valoración, la oposición está actuando como debe. Ha votado en conjunto contra el proyecto kirchnerista de renovar los superpoderes reduciendo claramente su alcance y con su resistencia ha logrado limitar a un año la pretensión de delegación legislativa hacia el Ejecutivo, que el equipo gobernante pretendía llevar hasta el fin de su mandato constitucional. Y lo ha hecho ahora, antes de la incorporación al Congreso de los diputados y senadores que establecerán una nueva mayoría. Esta confluencia hace avizorar un escenario post kirchnerista en la que la política habrá recuperado su capacidad de generación de consensos y la recreación de espacios de diálogo cuya ausencia fue la característica central del actual período.
Por su parte, los pretendidos “avances” del kirchnerismo no evidencian fortaleza, sino debilidad. Sólo un débil busca tablas salvadoras tragicómicas, como hacer populismo transmitiendo partidos de fútbol, comparar frívolamente los goles que se veían por Cable con el drama de los desaparecidos, armar la puesta en escena de un simulacro de diálogo que duró menos de un mes o recurrir a un nuevo ridículo internacional parecido al del ex presidente en la selva colombiana, esta vez con la actual presidenta haciendo tiempo en el aeropuerto de San Salvador integrada como soldadito a la claque “bolivariana” manejada a distancia por su jefe venezolano y sin que el presidente anfitrión se digne siquiera saludarlos en el aeropuerto.
Cada paso aparentemente “fuerte” del kirchnerismo le agrega nuevos abismos con sectores políticos y sociales o profundiza los abismos ya existentes. No adquiere con ellos más respaldo sino más aislamiento, que intenta compensar con la repercusión mediática de las medidas. Pero ni trabajadores, ni empresarios, ni estudiantes, ni intelectuales, ni comerciantes, ni docentes, ni policías, ni militares, ni cartoneros, ni desocupados, ni “sin techo”, ni marginales, ni jóvenes, ni viejos, ni mujeres, ni hombres han incrementado su simpatía, su respaldo o su adhesión al kircherismo que gobierna. Los apoyos que tenía se hacen –aún ahora- cada vez más tenues, vaporosos y dispersos, y los movimientos que se notan en su “propia tropa” no son precisamente de acercamiento, sino de creciente lejanía. Esto no sólo se nota en los gobernadores “amigos” como Scioli, Das Neves, Urtubey, Closs o el propio Peralta, sino en su base sindical más cercana –como Moyano-, en sus aliados empresarios –que virtualmente, ya no existen- y hasta en el mundo “piquetero”, desgranándose al compás del abroquelamiento de Kirchner con sus enemigos históricos, los burócratas intentendentes clientelistas del conurbano.
Todo esto ha pasado, además, antes de producirse el recambio legislativo y cuando era de suponer que el gobierno no habría alterado el fuerte predominio del que disfrutaba en el Congreso. Pues si. Se alteró. No pudo seguir como estaba. Debió retroceder institucionalmente al limitar facultades que les eran omnímodas. El estilo K comenzó a ceder.
El gobierno, sin embargo, sigue allí. Y es oportuno hacer entonces la pregunta, a quienes demandan más “firmeza” a la oposición: ¿no quieren que siga allí? Porque lo curioso de la situación es que, paralelamente al cuestionamiento de la acción opositora, se reclama la intangibilidad del mandato presidencial y se califica de altamente condenable cualquier intento de acortar el mandato de la Sra. Kirchner, única forma de cambiar el rumbo de fondo del deterioro nacional. Y aquí hay que ser claros: la pretensión de interrumpir el mandato presidencial o de limitar sus poderes, que la Constitución habilita tanto por el mecanismo del artículo 101 como por el del juicio político por incapacidad manifiesta del presidente para ejercer su cargo, no ha sido hasta ahora reclamado absolutamente por ningún factor de poder, ni político partidario, ni comunicacional, ni empresarial, ni obrero, ni ruralista, ni intelectual, ni internacional. ¿Por qué dejar flotando el supuesto de que “la oposición” debiera impulsar este recambio, cuando nadie en el escenario argentino lo está siquiera sugiriendo, y por el contrario, en la mayoría de los casos están condenando de antemano?
Seamos entonces claros. Quienes le piden a la oposición más firmeza deben saber que no hay otro camino institucional superior al que hoy ejercitan que la destitución presidencial. Quien quiera eso, debe decirlo. Por lo que se conoce, no es el proyecto de ningún sector opositor institucional, al menos en estos momentos y probablemente ésto sea saludable.
Quizás muchos, en su fuero íntimo, tengan ese legítimo dilema: la evaluación sobre si los daños que los Kirchner están produciendo en el tejido social, en la economía, en la calidad institucional, en el estado de derecho, en la tranquilidad y la paz cotidiana, en derechos esenciales de muchos argentinos y hasta en el idioma y el sentido común, son imaginables por casi dos años y medio más, que parecerán siglos. Hoy por hoy, pareciera que la mayoría de los actores sociales institucionales prefiere todavía aguantarlos suponiendo que una turbulencia política de magnitud, como sería una destitución por incapacidad, no aseguraría una transición mejor.
Claro que eso es hoy, porque también ven con preocupación el crecimiento de la tensión, por la propia dinámica de las cosas y por las actitudes de la pareja presidencial. Es difícil imaginar qué ocurrirá en algún tiempo,cuando la fuga sistemática de divisas por la inseguridad jurídica que generan las ocurrencias del equipo gobernante, la caída de la producción agropecuaria e industrial por la incertidumbre producto de sus dislates, la asfixiante ralentización de los circuitos comerciales y la angustia de no saber hacia dónde quieren ir –con más pobres, más desocupados, más delitos, más droga, más inseguridad, más barbarismos institucionales cada día que pasa- alteren ese balance.
Si es que eso ocurre y los argentinos comienzan a pensar –y a pedir- que se vayan antes de culminar su período, porque es demasiado tiempo para dejar el país sometido a la discrecionalidad de sus ocurrencias, sería otro escenario. Por ahora, ello no ocurre y seguramente tanto Néstor Kirchner como la oposición siguen cotidianamente las reacciones de la sociedad y actúan en consecuencia, el primero utilizando el crecimiento de esa tensión como arma –inescrupulosa- para generar temor al presunto eventual caos y la otra monitoreando cuidadosamente las voces de la sociedad y manteniendo su red de seguridad y contactos para que si ocurre cualquier situación de emergencia, si todo se “sale de madre”, no la tome desprevenida. Obviamente ni una ni otra acción se verbaliza ni se explicita.
Lo propio ocurre con actores institucionales decisivos, como el propio peronismo. A esta altura, la tensión que lo corroe internamente se incrementa con el simple transcurso del tiempo que acerca las elecciones del 2011. Todos saben que en esa fecha se jugarán los “premios mayores” –Presidencia, Gobernaciones e Intendencias, en todo el país- y se angustian pensando que cuanto más se acerquen a ella con Kirchner mimetizado con un peronismo que le sirve de único sustento, mayores posibilidades tienen de perder todo, o, usando los propios términos de su argot, no sólo lo acompañarán hasta la puerta del cementerio sino es probable que bajen con él hasta la tumba. La estrategia kirchnerista de desgastar a cualquier candidato peronista que se ubique fuera de su influencia está esmerilando cotidianamente las posibilidades de recuperación de esa fuerza política, como está ocurriendo con Reutemann según se pudo observar con la grosera cooptación de la Senadora Latorre y las descarnadas ironías dejadas trascender por los voceros kirchneristas, al estilo de “¿y así pretende gobernar cuando no puede disciplinar ni a su compañera de bancada?”
Mientras tanto, no parece propio seguir insistiendo con lo de la falta de firmeza opositora o el presunto renacimiento de Néstor Kirchner. La oposición no peronista está haciendo lo que debe, organizando sus fuerzas para el oportuno relevo, buscando articular sus consensos y disensos, alineando sus componentes, depurando su discurso, poniendo al día sus proyectos, construyendo sus puentes plurales y esforzándose por institucionalizarse luego del ventaval destructor de la funesta acción kirchnerista. No se le pida ni se le impute que tenga ánimo destituyente y a la vez, que no lo tenga, porque sería cínico, o esquizoide.
Por lo pronto, es el peronismo -que eligió a los Kirchner y los sostiene, y en cuyo nombre gobiernan- quien debe asumir claramente su responsabilidad política. Ya no le será posible lavarse las manos, como en otros tiempos, repitiendo luego que “los K no son peronistas”, como hicieron con Isabel Martínez y con el propio Carlos Menem, según cambiaba el humor social. Los Kirchner son peronistas. Son un problema para los argentinos, pero son un problema del que el peronismo no puede desentenderse, sea para sostenerlos hasta el fin del mandato si así lo decide, sea para tomar distancia y forzarlos a cambiar de rumbo. Porque también sería cínico y esquizoide que el peronismo levante un discurso que sostenga a los Kirchner desde el Congreso, las gobernaciones y los gremios para lucrar con la chequera de sus dislates y a la vez pretenda que los argentinos crean, de cara a los años que vienen, que “el PJ nada tiene que ver con el kirchnerismo”.
Ricardo Lafferriere
queamigos
domingo, 23 de agosto de 2009
lunes, 17 de agosto de 2009
Una propuesta estratégica para las relaciones exteriores
Uno de los desafíos más importantes de la administración en los años que vienen será la integración de la Argentina en el mundo. El aislamiento de los últimos años ha sido creciente, acompañando la desarticulación de los diferentes sectores económicos y sociales vinculados con la fuerte dinámica internacional. El escenario internacional ha sufrido, mientras tanto, cambios copernicanos con el existente cuando se diseñaron los objetivos de la política exterior nacional y la herramienta de esa acción, que es el Servicio Exterior. Ha cambiado el mundo, y ha cambiado también la dimensión relativa del país en el mundo y en la región, lo que obliga a un replanteo de prioridades, desplazamiento físico, orientaciones políticas y organización del órgano del Estado especializado en el área, que es el Servicio Exterior.
Una diferencia sustancial de la actual realidad internacional con respecto a la propia del mundo bipolar es el creciente protagonismo de actores no estatales y la proliferación de organizaciones y organismos “para” estatales, “supra” estatales, privados, mixtos, e incluso ONGs. desarrollando actividades de profunda trascendencia en el nuevo escenario.
Este fenómeno se da en el plano de la policía internacional sobre espacios públicos y la coordinación de agencias estatales –funciones más tradicionales, como el derecho del mar, el aeroespacial, la coordinación postal y de las telecomunicaciones-, pero incluye nuevos espacios de acción como la política ambiental, la seguridad internacional, la lucha contra el delito global, el aseguramiento creciente de la protección a los derechos humanos, la reglamentación del comercio teniendo en cuenta la íntima imbricación productiva y el crecimiento exponencial de las cadenas productivas globales, el surgimiento de nuevos actores regionales y globales, e innumerable cantidad de espacios de construcción de una normativa internacional en construcción y reforma acelerada en la que se hace imprescindible contar con una participación alerta, coordinada, transparente y clara.
La presente propuesta sugiere la reformulación de la acción política argentina de cara al exterior superando las tradicionales compartimentalizaciones propias del anterior paradigma internacional, en el que los protagonistas excluyentes eran los “Estados”, y propone una acción global que será coordinada por el Estado a través de su organismo específico, la Cancillería, pero que tendrá en los propios actores sociales protagonistas destacados y en el que la propia Cancillería debe reorganizarse para el monitereo permanente de las diferentes dimensiones de la integración argentina al mundo, potenciando su acción, especializando cada vez más su plantel, imbricándose con los especialistas y actores de la sociedad civil y asumiéndose como la punta de lanza de la reinserción de la Argentina en los diferentes espacios y dimensiones del escenario global.
Asume la nueva realidad internacional más “horizontal” y más “plural”, tanto en los tipos de relaciones como en los actores. E indaga los caminos posibles para evitar que la política exterior quede aprisionada en alineamientos y propuestas generadas por otros actores –estatales o no estatales- del escenario global, que usualmente construyen escenarios adecuados a sus propios fines y con los que se debe convivir. Ejemplos: la OEA, tradicionalmente util a la política regional de Estados Unidos, o la actual UNASUR, util a la política regional de Brasil, o la ALBA, herramienta construida por el espacio “bolivariano”, etc. En todos ellos el interés nacional tiene puntos de contacto y puntos de divergencia. En ninguno de ellos se expresa claramente la conveniencia autónoma de la Argentina, a pesar de la pertenencia, no pertenencia y diferentes grados de relaciones que el país tenga con esos colectivos. Nuestro país, por su parte, no ha diseñado ningún espacio adecuado a sus objetivos, en gran medida porque esos objetivos no forman parte de una estrategia nacional elaborada, y ni siquiera son explicitados a fin de que los actores –funcionarios, empresarios, actores diversos- cuenten con guías de acción permanentes.
Esta propuesta explora una metodología que nos permita dilucidar los espacios prioritarios para los objetivos nacionales de integración al nuevo paradigma global y para ello utiliza el concepto de la “multi-dimensionalidad” de la política exterior, entendiendo por tal la acción en un conjunto de “redes” vinculadas por un nodo central coordinador, la Cancillería.
Las diferentes dimensiones de la política exterior se caracterizarán por la clase de relaciones que la Argentina (entendida en sentido amplio, es decir no sólo su Estado sino toda la sociedad) tiene o se propone tener con los otros actores –públicos y privados- del mundo globalizado.
La definición es flexible. La enunciación de las dimensiones más importantes no implica negar la propia existencia de otras, que requerirán nuevos diseños de actores internos y detección de actores externos, así como definición de estrategias en cada aspecto. Pero busca aclarar conceptualmente los espacios de acción y las líneas de acción que en cada uno de ellos son adecuados para la mejor participación argentina en el mundo global, potenciando sus aspectos favorables y evitando en la medida de las posibilidades las secuelas negativas de la globalización.
Las dimensiones de la política exterior
La multimensionalidad de la necesaria integración de la Argentina en el mundo ayuda a definir ejes políticos para la nueva etapa. Supone seis dimensiones principales que se agregan, como está dicho, a las políticas hacia el interior: la integración regional-territorial, la integración comercial-financiera, la integración virtual, la integración científico técnica, la integración en la defensa y la integración política-jurídica. Estas dimensiones no son ni estáticas, ni excluyentes, ni finales. Pueden surgir otras, según el denso dinamismo de la evolución económica, tecnológica, política, militar y hasta sanitaria del mundo. Deben verse, en consecuencia, como una aproximación que busca responder a los interrogantes de la situación en esta primer década del siglo XXI.
La primera integración: territorial.
La integración regional-territorial tiene, como lo dice su nombre, su espacio de acción en la región e implica el diseño de una adecuada inserción de las corrientes de comercio, inversión, migraciones, energía, transportes, comunicaciones, en el bloque más cercano. Su espacio de reflexión y praxis es la región y centralmente, la infraestructura. Traído a la Argentina, implica el diseño y la ejecución de la infraestructura regional que facilite el comercio y el desplazamiento con los países vecinos: completar los pasos trasandinos, construir la autopista mesopotámica y aún la atlántica, si el Uruguay la demandara con fuerza; integrar los sistemas eléctricos, la red de gasoductos y de oleoductos, facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones permanentemente actualizadas en la frontera del desarrollo tecnológico, realizar la canalización del Bermejo, desarrollar y mantener operativa la hidrovía, diseñar y ejecutar una red ferroviaria regional que integre la Argentina con el Brasil, Chile, Bolivia-Perú y Paraguay. Los interlocutores primarios de esta integración son, por definición, los países vecinos y cercanos y en especial Brasil, cuya condición de integrante del grupo de las grandes economías emergentes genera un interés especial para la economía argentina, tanto como destino de su producción como por su imbricación con numerosas cadenas productivas, entre las cuales se encuentra nada menos que la automotriz.
La segunda integración
La integración económica-comercial-financiera tiene como objetivo la mejor imbricación del espacio económico nacional con el espacio cosmopolita, aprovechando sus potencialidades y generando en el territorio los mejores eslabones posibles de las cadenas de valor en los que intervengan compatriotas dentro de la lógica funcional del nuevo paradigma. En el plano público, la Argentina debe participar en las negociaciones económicas globales activamente, con clara conciencia de los intereses defendidos y los propósitos buscados.
Los escenarios globales –como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- y regionales –como la ALADI y su propio derivado, el Mercosur, así como los organismos financieros regionales- deben ser espacios de praxis prioritarios, pero sin descuidar las negociaciones bilaterales con las economías con las que el espacio nacional pueda imbricarse en forma virtuosa. No sólo los grandes mercados emergentes –como China, India, Malasia, Vietnam y otras naciones del SE asiático, sino los países africanos más avanzados, a punto de iniciar su ingreso al mundo global, como Sudáfrica-.
En el plano privado, explorar la mejor participación en las cadenas productivas globales, el relacionamiento con los flujos de comercio e inversión, la localización de etapas generadoras de valor lo más cercanas posibles a los eslabones más rentables, el aprovechamiento y la optimización de los espacios de mercado más accesibles y la modernización tecnológica constante con los estándares que se encuentren en la línea de frontera de avance de la economía mundial.
La tercera integración
La integración virtual ofrece un espacio singular para la potenciar la creatividad nacional con un mercado en expansión: el mundo hispanohablante.
Más de 400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se encuentra en nuestro sub-continente latinoamericano, pero extendido a los dos mercados desarrollados más importantes (Estados Unidos y Europa, a través de los hispanohablantes norteamericanos y los españoles) son un espacio ideal de proyección de nuestras industrias culturales.
En América Latina aún resuenan, como improntas lejanas, ecos diluidos de nuestras glorias pasadas en el plano cinematográfico, bibliográfico, académico. El prestigio argentino es quizás donde menos daño ha sufrido –ante el deterioro que los arrebatos populistas han provocado en la imagen del país en el resto del mundo-. Es el espacio natural de ubicación de nuestra pujante producción audiovisual, para integrar redes editoriales, desarrollar mercados para nuestros escritores, vincular nuestros centros académicos con los similares de la región, haciendo interfase con el mundo. La propia “puesta en valor” del idioma español debiera tener en la Argentina un protagonista central.
Los interlocutores naturales de esta integración son los países hispanohablantes latinoamericanos, las comunidades hipanohablantes norteamericanas y los españoles, que han mantenido una política de estado que ha atravesado gobiernos de diferente signo, hundiendo sus raíces en el propio franquismo. Las características de la nueva sociedad planetaria hace que a raíz del desarrollo de los medios interactivos, la necesidad de contenidos para diferentes plataformas –desde redes de televisión en nuevos soportes técnicos hasta computadoras, desde artefactos portátiles de reproducción tipo MP3, MP4 o MP5 hasta celulares crecientemente integrados- tal demanda se pronostique como estable o creciente, con puestos de trabajo de buen nivel retributivo y participación en la frontera del desarrollo económico tecnológico.
Esta “tercera integración” ofrece un espacio vírgen para el impulso y creación de un espacio internacional con un decidido liderazgo nacional, en el que puede surgir naturalmente por su identidad idiomática, su ubicación geográfica y su potencial económico-cultural.
La cuarta integración
La integración científico técnica apuntará a vincular estrechamente la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico con los centros de investigación científica de frontera, así como con los espacios de desarrollo tecnológico en los que sea posible imbricar la tecnología producida en el país con las redes globales.
El impulso a la participación en las redes científicas, en proyectos cooperativos de alto nivel, en desarrollos tecnológicos multilaterales de avanzada, en las redes universitarias más reconocidas, el intercambio con los centros académicos de la región y del mundo, el relacionamiento de los proyectos desarrollados en el país con similares realizados en otros espacios geográficos, debe formar parte de una política fuertemente proactiva, cuyos objetivos deben surgir de la participación de los actores del sector que desarrollan su actividad en el país.
La realización de iniciativas de análisis de prospectivas por el método “Delphi”, de excelentes resultados en otros países como Alemania, Japón o el propio Brasil y que cuenta con un intento lamentablemente interrumpido realizado en la Argentina en el 2001, permitirá contar con la información cercana al sector y el marco de reflexión plural necesarios para definir las políticas públicas en el área científico técnica para los próximos lustros. Esos resultados serán un aporte invalorable para la fijación de prioridades y cursos de acción hacia el plano global, concentrando esfuerzos tras definiciones de objetivos compartidas entre los sectores público y privado, superador de las interrupciones cíclicas que implican los cambios de administración. Esa integración contará con interlocutores diferentes a los campos anteriores y trascenderá a los Estados nacionales para alcanzar a instituciones, organismos e iniciativas supraestatales, multilaterales, de la sociedad civil e incluso empresariales e individuales.
La quinta integración
La quinta integración es la relacionada con la defensa y la seguridad. Aunque ambos campos fueron cuidadosamente separados en los albores de la recuperación democrática por los funestos efectos del poder militar ejerciendo de policía política interna como política de estado durante el gobierno justicialista 1973-76 y la dictadura de 1976-83, la situación internacional obliga a una nueva reflexión sobre el tema que incluya a las nuevas amenazas, difícilmente vinculables a las tradicionales “hipótesis de conflicto” de la primera modernidad y los Estados Soberanos.
En la situación actual, justamente el gran peligro es confundir los términos y convertir en peligro “militar” la acción terrorista a fin de arribar a la sensación de seguridad que implica enfrentarse a algo conocido. La acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak, dirigidas a limitar el accionar del “terrorismo” que atacó las torres gemelas –pero también en Bali, Indonesia; en Londres; en Madrid; y en la propia Buenos Aires con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA- son la demostración cabal de la insuficiencia de la tradicional diferencia de enfoques y su peligro, al querer atacar un problema de la “segunda modernidad” con las herramientas conceptuales de la primera.
El terrorismo, al igual que las redes delictivas globales, es un fenómeno que se apoya en actores de la sociedad civil, jugando en el borde mismo de la legalidad. Cuando es interno, debe ser combatido por la policía y la justicia. Al ser global, requiere la conformación de nuevas respuestas que organicen las acciones de los gobiernos para erradicarlo. Ante el peligro de que lleguen a sus manos armas militares de alto poder y generar peligros de dimensión inconmensurable –proliferación nuclear, terrorismo biológico, equipamiento militar asentado en territorios sin Estado, etc- es imposible abordarlo sin contemplar el componente militar, en el marco reflexivo integral que lo absorba de la dinámica inter-estatal de las tradicionales hipótesis de conflicto del viejo mundo “moderno”.
Los problemas tradicionales de defensa han cedido su prioridad a estas nuevas amenazas que se traducen en riesgos globales –armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, deterioro ambiental, guerra biológica, peligros de sabotajes- con formas de acción totalmente novedosas. La actitud de ignorarlos y descuidar el mantenimiento y desarrollo de una herramienta militar de la defensa nacional puede, eventualmente, ser sumamente costoso para el país.
El mundo está delineando en forma plural organismos que incluyen a los países responsables, en los que es necesario participar integrándose a la red de seguridad internacional de los espacios democráticos, que a la vez que organizar un sistema eficaz de prevención y defensa frente a las nuevas amenazas, actúe como límite a las iniciativas de autodefensa de las naciones que se sientan con poder como para actuar en forma unilateral. Lo segundo es imposible sin lo primero, por la misma razón ya expresada por Hobbes al analizar la autolimitación de los fuertes cuando delegan el ejercicio de la violencia en el gobierno: sólo la sensación y la convicción de estar mejor defendidos por una acción colectiva que por su propia capacidad disuasiva, persuadirá a los más fuertes de limitar su poder delegándolo en un organismo superior.
Las otras opciones en este campo son seguir en el camino actual, declamatorio e impotente –lo que hará persistir las iniciativas de autodefensa de quien tenga fuerza para hacerlo, sea en Afganistán o en Georgia, en el Líbano, en Gaza o en Asia Central, a la vez que derivará inexorablemente en la inducción de una carrera armamentista global por parte de los Estados nacionales-; o en actuar decididamente entre quienes tienen confianza política recíproca y homologables sistemas políticos democráticos, quienes están más cerca de arribar a la meta kantiana de la república federal democrática global, para conformar espacios e instrumentos de prevención y acción multilaterales contra esas nuevas amenazas, con los naturales recaudos procedimentales y normativos.
En la opción pareciera claro que el camino adecuado es el segundo y pareciera también conveniente formar parte de ese espacio de Defensa, más que ser un extraño a él. Los interlocutores serán quienes tengan la vanguardia en la reflexión y organización sobre el mismo, sea en el marco de las Naciones Unidas, en el de organizaciones regionales o en el de coaliciones regionales o globales de objetivos específicos –al estilo del tratado de no proliferación misilística-.
Bueno es recordar que la pertenencia a ese grupo de élite que integran fundamentalmente las democracias maduras no será el resultado de una simple decisión unilateral del gobierno de turno, como pudo comprobarlo el gobierno de Carlos Menem cuando solicitó la incorporación de la Argentina a la OTAN, sino de un comportamiento interno y externo homologable, proyectado en el tiempo, serio y previsible, asentado en una opinión pública madura, que genere la confianza necesaria en las democracias desarrolladas como para interesarlas en convocar al país a participar de ese espacio. Y tanto esa madurez como ese reconocimiento debe construirse con una acción permanente y prolongada tanto de las autoridades como del conjunto nacional.
La sexta integración
La última integración es la política-jurídica.
En el mundo se van gestando dos grandes espacios: quienes con diferencias de grado y de compromiso pretenden conformar un espacio normatizado de gestión global multilateral y aceptan la necesidad de crear el entramado normativo de la globalización, por una parte; y quienes prefieren autoexcluirse del esfuerzo y conservar la prédica “soberanista” a ultranza, con su correlato belicista, su generación de desconfianza e inseguridad y sus vínculos con países y organizaciones que se mueven al margen de la legalidad global en formación, por la otra.
En esta última integración debe asumirse en forma clara la responsabilidad de participar en el diseño del mundo global. No sólo es funcional con el proyecto modernizador que nos fundó como Nación. El propio San Martín, al declarar en Lima que “nuestra causa es la causa del género humano”, señaló el contenido político modernizador y cosmopolita de la gesta libertadora continental. Es el contenido de los documentos fundacionales: las definiciones de la GAZETA, las resoluciones de la Asamblea de 1813, el contenido de la Declaración de la Independencia de 1816, la elaboración intelectual de la Generación del 37, el programa de la Constitución Nacional definido en el Preámbulo, las medidas de construcción del país tomadas por los primeros gobiernos del país organizado y culminadas con la sanción de la Ley del Sufragio Libre, en 1916.
La Argentina no se entiende sin ese proyecto, que fuera luego adjetivado –en ocasiones positivamente, en ocasiones no tanto- por políticas que durante el siglo XX provocaron el creciente aislamiento de un país que nació cosmopolita y que al adoptar la moda circunstancial de la primera mitad del siglo XX perdió el rumbo al inicio de la cuarta década del siglo pasado. La propia base normativa formal del país –la Constitución Nacional y provinciales, el entramado normativo, el derecho penal positivo, la legislación civil, comercial, procesal, etc- continúan siendo en esencia cosmopolitas y homologables con las democracias exitosas, a pesar de la praxis crecientemente autoritaria del poder frente a los ciudadanos, considerada por la mayoría como una circunstancia excepcional –a pesar de su extensión temporal-.
No debieran existir dudas sobre la ubicación internacional argentina, sobre la necesidad de trabajar en una normativa multilateral, en el apoyo irrestricto y supranacional de los derechos humanos sin limitaciones aceptables en razón de “soberanía” nacional alguna y sobre la adscripción al trabajo por extender la normativa planetaria a otros ámbitos.
La reorganización de la herramienta política, el Ministerio de RREE
Esas seis integraciones son los caminos para una imbricación exitosa de la Argentina en el mundo cosmopolita. La conciencia de su importancia ayudará a evitar embarcar a la República Argentina en iniciativas de otros países disonantes con sus objetivos, desperdiciando prestigio y recursos en iniciativas inconducentes para su reintegración al mundo o trasladando al debate nacional polarizaciones o enfrentamientos internos alejados de los intereses de los argentinos. Para avanzar en todas ellas, un piso nacional es imprescindible: la vigencia sólida e irrestricta del estado de derecho, cuestión que no depende del mundo, sino de la propia decisión nacional.
El Servicio Exterior de la Nación es, quizás, la organización del Estado que –junto a las Fuerzas Armadas- cuenta con el personal más especializado en la función para la que está destinado. Sin embargo, la deficiente fijación de objetivos ha subutilizado su capacitación, sumiendo a la carrera diplomática a una lucha por traslados, ascensos y destinos en muchos cados desvinculados de la tarea profesional, que carece de cartabones con los cuales cotejar éxitos, fracasos, compromisos y desinterés.
Esta propuesta sugiere reconvertir al Servicio Exterior en el organismo especializado de pensamiento estratégico de la Nación en su conjunto, fuertemente imbricado con la sociedad civil y sus actores sectoriales –económico, político, gremial, cultural, científico- y en el órgano articulador de los esfuerzos nacionales para su integración al mundo en las diferentes redes públicas y privadas que puedan potenciar el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.
A tal fin, el Ministerio deberá reorganizarse en base a áreas responsables del seguimiento, gestión y coordinación de las diferentes áreas o dimensiones de la integración, cuyos responsables conformarán una mesa de elaboracion estratégica de asesoramiento permanente a la conducción política del Ministerio.
Esta organización no es funcional con la tradicional diferenciación tajante entre las áreas políticas y las económicas. Todas deberán interactuar, aún a conciencia de que sus interlocutores externos no serán necesariamente los mismos, aunque pueda haber superposiciones. Los interlocutores de la primera integración –territorial e infraestructura- serán centralmente los países límítrofes y cercanos. Los de la segunda integración –comercial financiera- serán los mercados y actores con que nuestra economía requiera mejorar el relacionamiento. Los de la tercera integración –virtual- serán centralmente los países hispanohablantes, entre los cuales no sólo se cuentan los hispanoamericanos sino España y los Estados Unidos, que cuentan con un potencial de producción audiovisual necesariamente “partners” de los esfuerzos nacionales. Los de la cuarta integración –científica y técnica- serán los países, centros de investigación, universidades y empresas con los que nos interese vincular a los actores del sistema científico técnico nacional. Los de la quinta integración –defensa y seguridad- serán los organismos internacionales, regionales y “ad hoc” que están trabajando en el mundo por el mejoramiento de la seguridad global, la persecusión de los delitos globales y la acción contra el terrorismo internacional. La sexta integración, por último –política y jurídica- se encargará de la mejor inserción de la Argentina en las iniciativas globales, regionales y locales destinadas a mejorar la gobernabilidad del mundo (tipo “G-20” y similares), así como a la articulación del país con las iniciativas jurídicas que buscan normatizar los espacios actualmente anómicos del mundo globalizado. Sus interlocutores principales serán los países que ya integran el núcleo de la gobernabilidad planetaria, pero también los asociados en la búsqueda de una ampliación de ese núcleo, entre los cuales Brasil es un protagonista singularmente trascendente por las diversas razones que son conocidas –vecindad, dimensión, estabilidad política y visibilidad internacional-.
Esta reorganización debe, por último, realizarse con una participación activa de los profesionales del Servicio Exterior, a los que debe asegurar el desarrollo de una carrera diplomática que a la vez de exigir niveles de excelencia y capacitación constante, asegure a los protagonistas la seguridad de un trato despolitizado e imparcial en el avance de su carrera, con el máximo nivel de transparencia y respeto a sus derechos.
Ricardo Lafferriere
Una diferencia sustancial de la actual realidad internacional con respecto a la propia del mundo bipolar es el creciente protagonismo de actores no estatales y la proliferación de organizaciones y organismos “para” estatales, “supra” estatales, privados, mixtos, e incluso ONGs. desarrollando actividades de profunda trascendencia en el nuevo escenario.
Este fenómeno se da en el plano de la policía internacional sobre espacios públicos y la coordinación de agencias estatales –funciones más tradicionales, como el derecho del mar, el aeroespacial, la coordinación postal y de las telecomunicaciones-, pero incluye nuevos espacios de acción como la política ambiental, la seguridad internacional, la lucha contra el delito global, el aseguramiento creciente de la protección a los derechos humanos, la reglamentación del comercio teniendo en cuenta la íntima imbricación productiva y el crecimiento exponencial de las cadenas productivas globales, el surgimiento de nuevos actores regionales y globales, e innumerable cantidad de espacios de construcción de una normativa internacional en construcción y reforma acelerada en la que se hace imprescindible contar con una participación alerta, coordinada, transparente y clara.
La presente propuesta sugiere la reformulación de la acción política argentina de cara al exterior superando las tradicionales compartimentalizaciones propias del anterior paradigma internacional, en el que los protagonistas excluyentes eran los “Estados”, y propone una acción global que será coordinada por el Estado a través de su organismo específico, la Cancillería, pero que tendrá en los propios actores sociales protagonistas destacados y en el que la propia Cancillería debe reorganizarse para el monitereo permanente de las diferentes dimensiones de la integración argentina al mundo, potenciando su acción, especializando cada vez más su plantel, imbricándose con los especialistas y actores de la sociedad civil y asumiéndose como la punta de lanza de la reinserción de la Argentina en los diferentes espacios y dimensiones del escenario global.
Asume la nueva realidad internacional más “horizontal” y más “plural”, tanto en los tipos de relaciones como en los actores. E indaga los caminos posibles para evitar que la política exterior quede aprisionada en alineamientos y propuestas generadas por otros actores –estatales o no estatales- del escenario global, que usualmente construyen escenarios adecuados a sus propios fines y con los que se debe convivir. Ejemplos: la OEA, tradicionalmente util a la política regional de Estados Unidos, o la actual UNASUR, util a la política regional de Brasil, o la ALBA, herramienta construida por el espacio “bolivariano”, etc. En todos ellos el interés nacional tiene puntos de contacto y puntos de divergencia. En ninguno de ellos se expresa claramente la conveniencia autónoma de la Argentina, a pesar de la pertenencia, no pertenencia y diferentes grados de relaciones que el país tenga con esos colectivos. Nuestro país, por su parte, no ha diseñado ningún espacio adecuado a sus objetivos, en gran medida porque esos objetivos no forman parte de una estrategia nacional elaborada, y ni siquiera son explicitados a fin de que los actores –funcionarios, empresarios, actores diversos- cuenten con guías de acción permanentes.
Esta propuesta explora una metodología que nos permita dilucidar los espacios prioritarios para los objetivos nacionales de integración al nuevo paradigma global y para ello utiliza el concepto de la “multi-dimensionalidad” de la política exterior, entendiendo por tal la acción en un conjunto de “redes” vinculadas por un nodo central coordinador, la Cancillería.
Las diferentes dimensiones de la política exterior se caracterizarán por la clase de relaciones que la Argentina (entendida en sentido amplio, es decir no sólo su Estado sino toda la sociedad) tiene o se propone tener con los otros actores –públicos y privados- del mundo globalizado.
La definición es flexible. La enunciación de las dimensiones más importantes no implica negar la propia existencia de otras, que requerirán nuevos diseños de actores internos y detección de actores externos, así como definición de estrategias en cada aspecto. Pero busca aclarar conceptualmente los espacios de acción y las líneas de acción que en cada uno de ellos son adecuados para la mejor participación argentina en el mundo global, potenciando sus aspectos favorables y evitando en la medida de las posibilidades las secuelas negativas de la globalización.
Las dimensiones de la política exterior
La multimensionalidad de la necesaria integración de la Argentina en el mundo ayuda a definir ejes políticos para la nueva etapa. Supone seis dimensiones principales que se agregan, como está dicho, a las políticas hacia el interior: la integración regional-territorial, la integración comercial-financiera, la integración virtual, la integración científico técnica, la integración en la defensa y la integración política-jurídica. Estas dimensiones no son ni estáticas, ni excluyentes, ni finales. Pueden surgir otras, según el denso dinamismo de la evolución económica, tecnológica, política, militar y hasta sanitaria del mundo. Deben verse, en consecuencia, como una aproximación que busca responder a los interrogantes de la situación en esta primer década del siglo XXI.
La primera integración: territorial.
La integración regional-territorial tiene, como lo dice su nombre, su espacio de acción en la región e implica el diseño de una adecuada inserción de las corrientes de comercio, inversión, migraciones, energía, transportes, comunicaciones, en el bloque más cercano. Su espacio de reflexión y praxis es la región y centralmente, la infraestructura. Traído a la Argentina, implica el diseño y la ejecución de la infraestructura regional que facilite el comercio y el desplazamiento con los países vecinos: completar los pasos trasandinos, construir la autopista mesopotámica y aún la atlántica, si el Uruguay la demandara con fuerza; integrar los sistemas eléctricos, la red de gasoductos y de oleoductos, facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones permanentemente actualizadas en la frontera del desarrollo tecnológico, realizar la canalización del Bermejo, desarrollar y mantener operativa la hidrovía, diseñar y ejecutar una red ferroviaria regional que integre la Argentina con el Brasil, Chile, Bolivia-Perú y Paraguay. Los interlocutores primarios de esta integración son, por definición, los países vecinos y cercanos y en especial Brasil, cuya condición de integrante del grupo de las grandes economías emergentes genera un interés especial para la economía argentina, tanto como destino de su producción como por su imbricación con numerosas cadenas productivas, entre las cuales se encuentra nada menos que la automotriz.
La segunda integración
La integración económica-comercial-financiera tiene como objetivo la mejor imbricación del espacio económico nacional con el espacio cosmopolita, aprovechando sus potencialidades y generando en el territorio los mejores eslabones posibles de las cadenas de valor en los que intervengan compatriotas dentro de la lógica funcional del nuevo paradigma. En el plano público, la Argentina debe participar en las negociaciones económicas globales activamente, con clara conciencia de los intereses defendidos y los propósitos buscados.
Los escenarios globales –como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- y regionales –como la ALADI y su propio derivado, el Mercosur, así como los organismos financieros regionales- deben ser espacios de praxis prioritarios, pero sin descuidar las negociaciones bilaterales con las economías con las que el espacio nacional pueda imbricarse en forma virtuosa. No sólo los grandes mercados emergentes –como China, India, Malasia, Vietnam y otras naciones del SE asiático, sino los países africanos más avanzados, a punto de iniciar su ingreso al mundo global, como Sudáfrica-.
En el plano privado, explorar la mejor participación en las cadenas productivas globales, el relacionamiento con los flujos de comercio e inversión, la localización de etapas generadoras de valor lo más cercanas posibles a los eslabones más rentables, el aprovechamiento y la optimización de los espacios de mercado más accesibles y la modernización tecnológica constante con los estándares que se encuentren en la línea de frontera de avance de la economía mundial.
La tercera integración
La integración virtual ofrece un espacio singular para la potenciar la creatividad nacional con un mercado en expansión: el mundo hispanohablante.
Más de 400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se encuentra en nuestro sub-continente latinoamericano, pero extendido a los dos mercados desarrollados más importantes (Estados Unidos y Europa, a través de los hispanohablantes norteamericanos y los españoles) son un espacio ideal de proyección de nuestras industrias culturales.
En América Latina aún resuenan, como improntas lejanas, ecos diluidos de nuestras glorias pasadas en el plano cinematográfico, bibliográfico, académico. El prestigio argentino es quizás donde menos daño ha sufrido –ante el deterioro que los arrebatos populistas han provocado en la imagen del país en el resto del mundo-. Es el espacio natural de ubicación de nuestra pujante producción audiovisual, para integrar redes editoriales, desarrollar mercados para nuestros escritores, vincular nuestros centros académicos con los similares de la región, haciendo interfase con el mundo. La propia “puesta en valor” del idioma español debiera tener en la Argentina un protagonista central.
Los interlocutores naturales de esta integración son los países hispanohablantes latinoamericanos, las comunidades hipanohablantes norteamericanas y los españoles, que han mantenido una política de estado que ha atravesado gobiernos de diferente signo, hundiendo sus raíces en el propio franquismo. Las características de la nueva sociedad planetaria hace que a raíz del desarrollo de los medios interactivos, la necesidad de contenidos para diferentes plataformas –desde redes de televisión en nuevos soportes técnicos hasta computadoras, desde artefactos portátiles de reproducción tipo MP3, MP4 o MP5 hasta celulares crecientemente integrados- tal demanda se pronostique como estable o creciente, con puestos de trabajo de buen nivel retributivo y participación en la frontera del desarrollo económico tecnológico.
Esta “tercera integración” ofrece un espacio vírgen para el impulso y creación de un espacio internacional con un decidido liderazgo nacional, en el que puede surgir naturalmente por su identidad idiomática, su ubicación geográfica y su potencial económico-cultural.
La cuarta integración
La integración científico técnica apuntará a vincular estrechamente la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico con los centros de investigación científica de frontera, así como con los espacios de desarrollo tecnológico en los que sea posible imbricar la tecnología producida en el país con las redes globales.
El impulso a la participación en las redes científicas, en proyectos cooperativos de alto nivel, en desarrollos tecnológicos multilaterales de avanzada, en las redes universitarias más reconocidas, el intercambio con los centros académicos de la región y del mundo, el relacionamiento de los proyectos desarrollados en el país con similares realizados en otros espacios geográficos, debe formar parte de una política fuertemente proactiva, cuyos objetivos deben surgir de la participación de los actores del sector que desarrollan su actividad en el país.
La realización de iniciativas de análisis de prospectivas por el método “Delphi”, de excelentes resultados en otros países como Alemania, Japón o el propio Brasil y que cuenta con un intento lamentablemente interrumpido realizado en la Argentina en el 2001, permitirá contar con la información cercana al sector y el marco de reflexión plural necesarios para definir las políticas públicas en el área científico técnica para los próximos lustros. Esos resultados serán un aporte invalorable para la fijación de prioridades y cursos de acción hacia el plano global, concentrando esfuerzos tras definiciones de objetivos compartidas entre los sectores público y privado, superador de las interrupciones cíclicas que implican los cambios de administración. Esa integración contará con interlocutores diferentes a los campos anteriores y trascenderá a los Estados nacionales para alcanzar a instituciones, organismos e iniciativas supraestatales, multilaterales, de la sociedad civil e incluso empresariales e individuales.
La quinta integración
La quinta integración es la relacionada con la defensa y la seguridad. Aunque ambos campos fueron cuidadosamente separados en los albores de la recuperación democrática por los funestos efectos del poder militar ejerciendo de policía política interna como política de estado durante el gobierno justicialista 1973-76 y la dictadura de 1976-83, la situación internacional obliga a una nueva reflexión sobre el tema que incluya a las nuevas amenazas, difícilmente vinculables a las tradicionales “hipótesis de conflicto” de la primera modernidad y los Estados Soberanos.
En la situación actual, justamente el gran peligro es confundir los términos y convertir en peligro “militar” la acción terrorista a fin de arribar a la sensación de seguridad que implica enfrentarse a algo conocido. La acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak, dirigidas a limitar el accionar del “terrorismo” que atacó las torres gemelas –pero también en Bali, Indonesia; en Londres; en Madrid; y en la propia Buenos Aires con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA- son la demostración cabal de la insuficiencia de la tradicional diferencia de enfoques y su peligro, al querer atacar un problema de la “segunda modernidad” con las herramientas conceptuales de la primera.
El terrorismo, al igual que las redes delictivas globales, es un fenómeno que se apoya en actores de la sociedad civil, jugando en el borde mismo de la legalidad. Cuando es interno, debe ser combatido por la policía y la justicia. Al ser global, requiere la conformación de nuevas respuestas que organicen las acciones de los gobiernos para erradicarlo. Ante el peligro de que lleguen a sus manos armas militares de alto poder y generar peligros de dimensión inconmensurable –proliferación nuclear, terrorismo biológico, equipamiento militar asentado en territorios sin Estado, etc- es imposible abordarlo sin contemplar el componente militar, en el marco reflexivo integral que lo absorba de la dinámica inter-estatal de las tradicionales hipótesis de conflicto del viejo mundo “moderno”.
Los problemas tradicionales de defensa han cedido su prioridad a estas nuevas amenazas que se traducen en riesgos globales –armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, deterioro ambiental, guerra biológica, peligros de sabotajes- con formas de acción totalmente novedosas. La actitud de ignorarlos y descuidar el mantenimiento y desarrollo de una herramienta militar de la defensa nacional puede, eventualmente, ser sumamente costoso para el país.
El mundo está delineando en forma plural organismos que incluyen a los países responsables, en los que es necesario participar integrándose a la red de seguridad internacional de los espacios democráticos, que a la vez que organizar un sistema eficaz de prevención y defensa frente a las nuevas amenazas, actúe como límite a las iniciativas de autodefensa de las naciones que se sientan con poder como para actuar en forma unilateral. Lo segundo es imposible sin lo primero, por la misma razón ya expresada por Hobbes al analizar la autolimitación de los fuertes cuando delegan el ejercicio de la violencia en el gobierno: sólo la sensación y la convicción de estar mejor defendidos por una acción colectiva que por su propia capacidad disuasiva, persuadirá a los más fuertes de limitar su poder delegándolo en un organismo superior.
Las otras opciones en este campo son seguir en el camino actual, declamatorio e impotente –lo que hará persistir las iniciativas de autodefensa de quien tenga fuerza para hacerlo, sea en Afganistán o en Georgia, en el Líbano, en Gaza o en Asia Central, a la vez que derivará inexorablemente en la inducción de una carrera armamentista global por parte de los Estados nacionales-; o en actuar decididamente entre quienes tienen confianza política recíproca y homologables sistemas políticos democráticos, quienes están más cerca de arribar a la meta kantiana de la república federal democrática global, para conformar espacios e instrumentos de prevención y acción multilaterales contra esas nuevas amenazas, con los naturales recaudos procedimentales y normativos.
En la opción pareciera claro que el camino adecuado es el segundo y pareciera también conveniente formar parte de ese espacio de Defensa, más que ser un extraño a él. Los interlocutores serán quienes tengan la vanguardia en la reflexión y organización sobre el mismo, sea en el marco de las Naciones Unidas, en el de organizaciones regionales o en el de coaliciones regionales o globales de objetivos específicos –al estilo del tratado de no proliferación misilística-.
Bueno es recordar que la pertenencia a ese grupo de élite que integran fundamentalmente las democracias maduras no será el resultado de una simple decisión unilateral del gobierno de turno, como pudo comprobarlo el gobierno de Carlos Menem cuando solicitó la incorporación de la Argentina a la OTAN, sino de un comportamiento interno y externo homologable, proyectado en el tiempo, serio y previsible, asentado en una opinión pública madura, que genere la confianza necesaria en las democracias desarrolladas como para interesarlas en convocar al país a participar de ese espacio. Y tanto esa madurez como ese reconocimiento debe construirse con una acción permanente y prolongada tanto de las autoridades como del conjunto nacional.
La sexta integración
La última integración es la política-jurídica.
En el mundo se van gestando dos grandes espacios: quienes con diferencias de grado y de compromiso pretenden conformar un espacio normatizado de gestión global multilateral y aceptan la necesidad de crear el entramado normativo de la globalización, por una parte; y quienes prefieren autoexcluirse del esfuerzo y conservar la prédica “soberanista” a ultranza, con su correlato belicista, su generación de desconfianza e inseguridad y sus vínculos con países y organizaciones que se mueven al margen de la legalidad global en formación, por la otra.
En esta última integración debe asumirse en forma clara la responsabilidad de participar en el diseño del mundo global. No sólo es funcional con el proyecto modernizador que nos fundó como Nación. El propio San Martín, al declarar en Lima que “nuestra causa es la causa del género humano”, señaló el contenido político modernizador y cosmopolita de la gesta libertadora continental. Es el contenido de los documentos fundacionales: las definiciones de la GAZETA, las resoluciones de la Asamblea de 1813, el contenido de la Declaración de la Independencia de 1816, la elaboración intelectual de la Generación del 37, el programa de la Constitución Nacional definido en el Preámbulo, las medidas de construcción del país tomadas por los primeros gobiernos del país organizado y culminadas con la sanción de la Ley del Sufragio Libre, en 1916.
La Argentina no se entiende sin ese proyecto, que fuera luego adjetivado –en ocasiones positivamente, en ocasiones no tanto- por políticas que durante el siglo XX provocaron el creciente aislamiento de un país que nació cosmopolita y que al adoptar la moda circunstancial de la primera mitad del siglo XX perdió el rumbo al inicio de la cuarta década del siglo pasado. La propia base normativa formal del país –la Constitución Nacional y provinciales, el entramado normativo, el derecho penal positivo, la legislación civil, comercial, procesal, etc- continúan siendo en esencia cosmopolitas y homologables con las democracias exitosas, a pesar de la praxis crecientemente autoritaria del poder frente a los ciudadanos, considerada por la mayoría como una circunstancia excepcional –a pesar de su extensión temporal-.
No debieran existir dudas sobre la ubicación internacional argentina, sobre la necesidad de trabajar en una normativa multilateral, en el apoyo irrestricto y supranacional de los derechos humanos sin limitaciones aceptables en razón de “soberanía” nacional alguna y sobre la adscripción al trabajo por extender la normativa planetaria a otros ámbitos.
La reorganización de la herramienta política, el Ministerio de RREE
Esas seis integraciones son los caminos para una imbricación exitosa de la Argentina en el mundo cosmopolita. La conciencia de su importancia ayudará a evitar embarcar a la República Argentina en iniciativas de otros países disonantes con sus objetivos, desperdiciando prestigio y recursos en iniciativas inconducentes para su reintegración al mundo o trasladando al debate nacional polarizaciones o enfrentamientos internos alejados de los intereses de los argentinos. Para avanzar en todas ellas, un piso nacional es imprescindible: la vigencia sólida e irrestricta del estado de derecho, cuestión que no depende del mundo, sino de la propia decisión nacional.
El Servicio Exterior de la Nación es, quizás, la organización del Estado que –junto a las Fuerzas Armadas- cuenta con el personal más especializado en la función para la que está destinado. Sin embargo, la deficiente fijación de objetivos ha subutilizado su capacitación, sumiendo a la carrera diplomática a una lucha por traslados, ascensos y destinos en muchos cados desvinculados de la tarea profesional, que carece de cartabones con los cuales cotejar éxitos, fracasos, compromisos y desinterés.
Esta propuesta sugiere reconvertir al Servicio Exterior en el organismo especializado de pensamiento estratégico de la Nación en su conjunto, fuertemente imbricado con la sociedad civil y sus actores sectoriales –económico, político, gremial, cultural, científico- y en el órgano articulador de los esfuerzos nacionales para su integración al mundo en las diferentes redes públicas y privadas que puedan potenciar el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.
A tal fin, el Ministerio deberá reorganizarse en base a áreas responsables del seguimiento, gestión y coordinación de las diferentes áreas o dimensiones de la integración, cuyos responsables conformarán una mesa de elaboracion estratégica de asesoramiento permanente a la conducción política del Ministerio.
Esta organización no es funcional con la tradicional diferenciación tajante entre las áreas políticas y las económicas. Todas deberán interactuar, aún a conciencia de que sus interlocutores externos no serán necesariamente los mismos, aunque pueda haber superposiciones. Los interlocutores de la primera integración –territorial e infraestructura- serán centralmente los países límítrofes y cercanos. Los de la segunda integración –comercial financiera- serán los mercados y actores con que nuestra economía requiera mejorar el relacionamiento. Los de la tercera integración –virtual- serán centralmente los países hispanohablantes, entre los cuales no sólo se cuentan los hispanoamericanos sino España y los Estados Unidos, que cuentan con un potencial de producción audiovisual necesariamente “partners” de los esfuerzos nacionales. Los de la cuarta integración –científica y técnica- serán los países, centros de investigación, universidades y empresas con los que nos interese vincular a los actores del sistema científico técnico nacional. Los de la quinta integración –defensa y seguridad- serán los organismos internacionales, regionales y “ad hoc” que están trabajando en el mundo por el mejoramiento de la seguridad global, la persecusión de los delitos globales y la acción contra el terrorismo internacional. La sexta integración, por último –política y jurídica- se encargará de la mejor inserción de la Argentina en las iniciativas globales, regionales y locales destinadas a mejorar la gobernabilidad del mundo (tipo “G-20” y similares), así como a la articulación del país con las iniciativas jurídicas que buscan normatizar los espacios actualmente anómicos del mundo globalizado. Sus interlocutores principales serán los países que ya integran el núcleo de la gobernabilidad planetaria, pero también los asociados en la búsqueda de una ampliación de ese núcleo, entre los cuales Brasil es un protagonista singularmente trascendente por las diversas razones que son conocidas –vecindad, dimensión, estabilidad política y visibilidad internacional-.
Esta reorganización debe, por último, realizarse con una participación activa de los profesionales del Servicio Exterior, a los que debe asegurar el desarrollo de una carrera diplomática que a la vez de exigir niveles de excelencia y capacitación constante, asegure a los protagonistas la seguridad de un trato despolitizado e imparcial en el avance de su carrera, con el máximo nivel de transparencia y respeto a sus derechos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 16 de agosto de 2009
Autoritarios, sectarios, ladrones
La explosión desbordada de Ernesto Tennembaum por Radio Mitre –seguramente, contenida por largo tiempo- sobre la pareja presidencial en oportunidad del reportaje realizado a Agustín Rossi interpretó a muchos –quizás el 70 %- de los argentinos. El autor coincide con ella, y le agrega además, la de peligrosos provocadores.
Mucho tiempo, esfuerzo y sangre costó a los argentinos lograr la democracia que comenzamos a construir en 1983. Liderazgos de alta calidad moral, como la del recientemente desaparecido Raúl Alfonsín, pagaron el precio de su desprestigio y su ocaso político sin dudar un instante, cuando la tentación de caer en la política partidista abría la opción de poner en riesgo el edificio aún fragil de la democracia argentina.
Esta pareja, por el contrario, renueva cada día su indiferencia ante la suerte de la democracia. Está fabricando un polvorín de compatriotas empujados hacia la más dura de las miserias, a pesar de haber contado con los mejores años económicos de la historia gracias a la conjunción de la situación internacional y la capacidad de trabajo de nuestra gente –a la que no ayudaron ni siquiera “dejando de robar por dos años”-.
Destrozan lo que tocan, sin asumir que están ya en zona de desastre. Han llevado a dieciseis millones de compatriotas a la situación de no comer todos los días, mientras siguen dilapidando los recursos incautados a la economía de producción en destinos que, si no estuvieran cargados del dramatismo que muestran, serían circenses. Esos compatriotas no tendrán para comer un plato de sopa cada día, pero podrán ver fútbol los domingos detrás de las vidrieras de los bares, ya que es difícil que puedan hacerlo en las improvisadas carpas construidas con cartones viejos y frazadas agujereadas en las plazas y calles del país.
Con los diez millones de pesos por día que caen en el agujero negro de Aerolíneas se podría dar al menos un plato de comida diario a más de dos millones de argentinos, de esos dieciséis. Prefieren utilizarlos para mantener alineadas las redes clientelistas de pilotos, sindicalistas corruptos, proveedores, amigos que viajan gratis y pasajeros para sus hoteles sureños, diseñados con buen gusto internacional en el centro de la villa miseria en que se va convirtiendo no sólo Buenos Aires, sino también, el Calafate. Con los seiscientos millones que se destinarán al circo de la corrupción futbolera podrían, al menos, reducir en algunos puntos el robo que hacen a los hombres de campo, dándoles siquiera un pequeño aliciente para que vuelvan a sembrar con menos pérdidas. Pero ni para los pobres ni para los productores alcanza la caja. Tiene otros destinos, más miserables, más inmorales, más corruptos.
El desparpajo con que actúan no merece otra descripción que el de provocadores. Es una provocación la inmoral exhibición de su riqueza personal mal habida. Es una provocación la continuada apropiación de recursos ajenos. Es una provocación la violación constante de las leyes del país. Es una provocación fomentar desde la tribuna presidencial el odio y la división entre los argentinos. Nada tiene que ver con su juramento de respetar y hacer respetar una Constitución que los obliga a “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.
Dividen al país –no lo unen-. Avasallan la justicia –no la afianzan-. Promueven la violencia social –y no la paz-. Desmantelan la defensa nacional –no la proveen-. Deterioran el bienestar general –no lo promueven-. Y cada día más, por último, niegan los beneficios de la libertad a mayor cantidad de compatriotas, pobres y ricos. Humillados por el clientelismo, si son pobres, amenazados por la arbitrariedad, si no lo son, y atemorizados por la violencia desbordada en la vida cotidiana, a la que parecieran incentivar con su desinterés por cualquier política destinada a combatir la inseguridad.
Pero son nada más y nada menos que lo que son y cuando más rápido sean historia, será mejor para todos. Una historia que será recordada como pesadilla en los libros que en futuro estudien esta dramática etapa de la democracia argentina.
En todo caso, lo más triste pero también preocupante para esa democracia es que uno de los partidos políticos más importantes del país esté jugando su prestigio histórico, su perdurabilidad futura, sus principios justicieros y su moral política sosteniendo –porque así lo hacen con sus votaciones amañadas en el Congreso y su vergonzante respaldo por parte de sindicalistas y gobernadores- a quienes un periodista, representando seguramente la convicción del setenta por ciento de los argentinos, ha definido –no calificado- como lo ha hecho, con las palabras del título de esta nota.
Ricardo Lafferriere
Mucho tiempo, esfuerzo y sangre costó a los argentinos lograr la democracia que comenzamos a construir en 1983. Liderazgos de alta calidad moral, como la del recientemente desaparecido Raúl Alfonsín, pagaron el precio de su desprestigio y su ocaso político sin dudar un instante, cuando la tentación de caer en la política partidista abría la opción de poner en riesgo el edificio aún fragil de la democracia argentina.
Esta pareja, por el contrario, renueva cada día su indiferencia ante la suerte de la democracia. Está fabricando un polvorín de compatriotas empujados hacia la más dura de las miserias, a pesar de haber contado con los mejores años económicos de la historia gracias a la conjunción de la situación internacional y la capacidad de trabajo de nuestra gente –a la que no ayudaron ni siquiera “dejando de robar por dos años”-.
Destrozan lo que tocan, sin asumir que están ya en zona de desastre. Han llevado a dieciseis millones de compatriotas a la situación de no comer todos los días, mientras siguen dilapidando los recursos incautados a la economía de producción en destinos que, si no estuvieran cargados del dramatismo que muestran, serían circenses. Esos compatriotas no tendrán para comer un plato de sopa cada día, pero podrán ver fútbol los domingos detrás de las vidrieras de los bares, ya que es difícil que puedan hacerlo en las improvisadas carpas construidas con cartones viejos y frazadas agujereadas en las plazas y calles del país.
Con los diez millones de pesos por día que caen en el agujero negro de Aerolíneas se podría dar al menos un plato de comida diario a más de dos millones de argentinos, de esos dieciséis. Prefieren utilizarlos para mantener alineadas las redes clientelistas de pilotos, sindicalistas corruptos, proveedores, amigos que viajan gratis y pasajeros para sus hoteles sureños, diseñados con buen gusto internacional en el centro de la villa miseria en que se va convirtiendo no sólo Buenos Aires, sino también, el Calafate. Con los seiscientos millones que se destinarán al circo de la corrupción futbolera podrían, al menos, reducir en algunos puntos el robo que hacen a los hombres de campo, dándoles siquiera un pequeño aliciente para que vuelvan a sembrar con menos pérdidas. Pero ni para los pobres ni para los productores alcanza la caja. Tiene otros destinos, más miserables, más inmorales, más corruptos.
El desparpajo con que actúan no merece otra descripción que el de provocadores. Es una provocación la inmoral exhibición de su riqueza personal mal habida. Es una provocación la continuada apropiación de recursos ajenos. Es una provocación la violación constante de las leyes del país. Es una provocación fomentar desde la tribuna presidencial el odio y la división entre los argentinos. Nada tiene que ver con su juramento de respetar y hacer respetar una Constitución que los obliga a “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.
Dividen al país –no lo unen-. Avasallan la justicia –no la afianzan-. Promueven la violencia social –y no la paz-. Desmantelan la defensa nacional –no la proveen-. Deterioran el bienestar general –no lo promueven-. Y cada día más, por último, niegan los beneficios de la libertad a mayor cantidad de compatriotas, pobres y ricos. Humillados por el clientelismo, si son pobres, amenazados por la arbitrariedad, si no lo son, y atemorizados por la violencia desbordada en la vida cotidiana, a la que parecieran incentivar con su desinterés por cualquier política destinada a combatir la inseguridad.
Pero son nada más y nada menos que lo que son y cuando más rápido sean historia, será mejor para todos. Una historia que será recordada como pesadilla en los libros que en futuro estudien esta dramática etapa de la democracia argentina.
En todo caso, lo más triste pero también preocupante para esa democracia es que uno de los partidos políticos más importantes del país esté jugando su prestigio histórico, su perdurabilidad futura, sus principios justicieros y su moral política sosteniendo –porque así lo hacen con sus votaciones amañadas en el Congreso y su vergonzante respaldo por parte de sindicalistas y gobernadores- a quienes un periodista, representando seguramente la convicción del setenta por ciento de los argentinos, ha definido –no calificado- como lo ha hecho, con las palabras del título de esta nota.
Ricardo Lafferriere
Legalidad e ilegitimidad
Diputados legales, pero ilegítimos, le han conferido al gobierno, también legal pero ilegítimo, potestades legislativas enfrentadas con la letra y el espíritu de la Constitución de la Nación.
La afirmación que antecede no es caprichosa. La base del edificio institucional del país, lo que da “legitimidad” al poder, es la voluntad popular. Así lo establece el artículo 1 de la Carta Magna, al establecer el sistema “representativo, republicano y federal” como base de la organización política.
Pero así también figura en los pronunciamientos liminares de la formación del país. Cuando Cornelio Saavedra contesta al entonces Virrey Cisneros que “es el pueblo el único que confiere autoridad y mando”, abriendo las puertas para la formación de la Primera Junta de gobierno patrio, estaba enunciando una consigna que sería fundamental para el nuevo país y que navegaría a través de nuestra historia hasta que logró estamparase en las normas de la Constitución.
Fue este propio gobierno y este propio congreso los que decidieron, enfrentando las voces maduras y sensatas de la oposición, someter su legitimidad a un proceso electoral adelantado. Convocaron al pronunciamiento del pueblo varios meses antes de lo previsto por las leyes vigentes, maquinando maquiavélicas composiciones de “candidaturas testimoniales”, indiferencia a la representación territorial, desprecio por los mecanismos de relojería con que los partidos políticos deben funcionar y seleccionar sus candidatos y grosero desborde clientelista cuyas consecuencias económicas estamos pagando.
Y el pueblo habló, deslegitimando al gobierno y a la mayoría del congreso.
Ambos siguen siendo legales, porque sus plazos de gestión no se han cumplido, pero ambos han perdido la legitimidad que responde a la consigna fundacional. El primero, por haber perdido el apoyo del 70 % de quienes confieren con exclusividad “autoridad o mando”. El segundo, porque está integrado por legisladores que responden al estado de la opinión política, a la “voluntad popular” vigente hace dos años, no a la actual. Mientras no lo haga, representa a una voluntad popular que no existe, ya que la vigente cuando fueron electos ha cambiado, en forma rotunda, a partir de la gesta de 2008, desatada por la resistencia ciudadana a los intentos del poder de avanzar sobre los derechos de las personas. El 28 de junio pasado se pronunció con una claridad meridiana.
La propia Constitución prevé la forma de recuperar la legitimidad. El art. 101, incorporado por la reforma de 1994, permite al gobierno rearmar su gabinete representando la nueva mayoría. Y el propio antecedente de 1989, cuando se adelantó el recambio presidencial, mostró que cuando existe buena fé republicana la mayoría ficticia puede y debe ponerse al servicio de la nueva mayoría real. Los diputados radicales, que conservaban mayoría en la Cámara de Diputados, facilitaron la sanción de todas las leyes remitidas al Congreso por el nuevo presidente, conscientes de que a pesar de conservar sus bancas legalmente, no tenían ya la legitimidad de origen, el respaldo de “quien confiere autoridad o mando”. Y no fue necesario para eso distribuir canonjías, promesas de cargos futuros o premios inconfesables.
No se vea en estas reflexiones una vocación destituyente. Lejos está de quién esto escribe postular un regreso a las manipulaciones vergonzosas con que se digitó el destino de los argentinos en la dramática sucesión de presidentes cambiados como calesita hasta que decantó la lucha interna del peronismo y los factores golpistas de entonces. Es, sencillamente, un recordatorio o si se quiere, una advertencia, a quienes tienen en sus manos los resortes del gobierno: su gestión tiene el sello de la provisoriedad. No están gobernando en nombre del pueblo, que les volvió la espalda. Están gestionando el Estado hasta que la legitimidad vuelva a coincidir con la legalidad.
La sanción delegatoria es lo “destituyente” de la legitimidad popular, acercando peligrosamente la estabilidad política al borde de la tolerancia. Porque una cosa es administrar el Estado hasta que la nueva realidad política se exprese en el poder, y otra cosa es pretender gobernar directamente contra el pueblo que lo ha repudiado en forma expresa.
Ricardo Lafferriere
La afirmación que antecede no es caprichosa. La base del edificio institucional del país, lo que da “legitimidad” al poder, es la voluntad popular. Así lo establece el artículo 1 de la Carta Magna, al establecer el sistema “representativo, republicano y federal” como base de la organización política.
Pero así también figura en los pronunciamientos liminares de la formación del país. Cuando Cornelio Saavedra contesta al entonces Virrey Cisneros que “es el pueblo el único que confiere autoridad y mando”, abriendo las puertas para la formación de la Primera Junta de gobierno patrio, estaba enunciando una consigna que sería fundamental para el nuevo país y que navegaría a través de nuestra historia hasta que logró estamparase en las normas de la Constitución.
Fue este propio gobierno y este propio congreso los que decidieron, enfrentando las voces maduras y sensatas de la oposición, someter su legitimidad a un proceso electoral adelantado. Convocaron al pronunciamiento del pueblo varios meses antes de lo previsto por las leyes vigentes, maquinando maquiavélicas composiciones de “candidaturas testimoniales”, indiferencia a la representación territorial, desprecio por los mecanismos de relojería con que los partidos políticos deben funcionar y seleccionar sus candidatos y grosero desborde clientelista cuyas consecuencias económicas estamos pagando.
Y el pueblo habló, deslegitimando al gobierno y a la mayoría del congreso.
Ambos siguen siendo legales, porque sus plazos de gestión no se han cumplido, pero ambos han perdido la legitimidad que responde a la consigna fundacional. El primero, por haber perdido el apoyo del 70 % de quienes confieren con exclusividad “autoridad o mando”. El segundo, porque está integrado por legisladores que responden al estado de la opinión política, a la “voluntad popular” vigente hace dos años, no a la actual. Mientras no lo haga, representa a una voluntad popular que no existe, ya que la vigente cuando fueron electos ha cambiado, en forma rotunda, a partir de la gesta de 2008, desatada por la resistencia ciudadana a los intentos del poder de avanzar sobre los derechos de las personas. El 28 de junio pasado se pronunció con una claridad meridiana.
La propia Constitución prevé la forma de recuperar la legitimidad. El art. 101, incorporado por la reforma de 1994, permite al gobierno rearmar su gabinete representando la nueva mayoría. Y el propio antecedente de 1989, cuando se adelantó el recambio presidencial, mostró que cuando existe buena fé republicana la mayoría ficticia puede y debe ponerse al servicio de la nueva mayoría real. Los diputados radicales, que conservaban mayoría en la Cámara de Diputados, facilitaron la sanción de todas las leyes remitidas al Congreso por el nuevo presidente, conscientes de que a pesar de conservar sus bancas legalmente, no tenían ya la legitimidad de origen, el respaldo de “quien confiere autoridad o mando”. Y no fue necesario para eso distribuir canonjías, promesas de cargos futuros o premios inconfesables.
No se vea en estas reflexiones una vocación destituyente. Lejos está de quién esto escribe postular un regreso a las manipulaciones vergonzosas con que se digitó el destino de los argentinos en la dramática sucesión de presidentes cambiados como calesita hasta que decantó la lucha interna del peronismo y los factores golpistas de entonces. Es, sencillamente, un recordatorio o si se quiere, una advertencia, a quienes tienen en sus manos los resortes del gobierno: su gestión tiene el sello de la provisoriedad. No están gobernando en nombre del pueblo, que les volvió la espalda. Están gestionando el Estado hasta que la legitimidad vuelva a coincidir con la legalidad.
La sanción delegatoria es lo “destituyente” de la legitimidad popular, acercando peligrosamente la estabilidad política al borde de la tolerancia. Porque una cosa es administrar el Estado hasta que la nueva realidad política se exprese en el poder, y otra cosa es pretender gobernar directamente contra el pueblo que lo ha repudiado en forma expresa.
Ricardo Lafferriere
viernes, 7 de agosto de 2009
El impuesto a los electrónicos
Los tiempos que vienen marcarán el cambio desde una economía cerrada, estancada y utópicamente autárquica, hacia un país abierto y pujante, inserto en las corrientes mundiales de producción, inversiones, tecnología y comercio.
La “protección” votada en la Cámara de Diputados no logrará otra cosa que dificultar el paso de los argentinos al nuevo paradigma, a cambio de nada, ya que justamente las industrias tecnológicas no funcionan en base a los viejos criterios de la industria del siglo pasado, que iban donde estaban las prebendas. No buscan mejor trato fiscal, sino seguridad jurídica y un entorno de infraestructura moderna, trabajadores altamente calificados y servicios de excelencia.
Los argentinos con actividades vinculadas a las redes –que hoy por hoy, lo son casi todas- verán encaracer sus costos y dificultar su competitividad internacional. Para favorecer a armadoras que virtualmente no agregan valor a la producción, se afectará a industrias ya instaladas, que necesitan importar partes electrónicas porque forman parte de cadenas de valor de diseño global. En lugar de fortalecer los eslabones argentinos de las cadenas globales de valor, se apunta a una industria dirigida exclusivamente al mercado interno, al que se condenará a alejarse de los productos de punta para conformarse con otros que acarrean dos o más generaciones tecnológicas de retraso.
Los argentinos del campo y la ciudad, a partir de la gesta del 2008, están crecientemente decididos a orientar su rumbo en la misma dirección que Brasil, Chile y Uruguay: incorporar tecnología, apostar a invertir en modernización y cambio tecnológico, incorporarse a las cadenas globales, reconstruir y reforzar su capacidad de competencia en el mundo. Si algo señalaron con su pronunciamiento electoral del 28 de junio es su hartazgo del “modelo” cerrado y asfixiante, convertido en una fábrica de miseria que nos ha llevado a tener el 40 % de argentinos bajo la línea de pobreza, al deterioro educativo, al desastre sanitario, a la destrucción de la infraestructura y a la quiebra del sistema productivo.
El bicentenario debe ser el hito de cambio. Hacia una sociedad integrada y segura. Hacia una producción vinculada al nuevo paradigma. Hacia la creciente libertad de los ciudadanos, que se logrará con planes universales de inclusión que erradiquen de cuajo el humillante clientelismo, hacia el respeto a las leyes. Y hacia la libre transferencia tecnológica, que en lugar de ser frenada debiera ser potenciada.
Por encima de los chisporroteos de la coyuntura, el futuro será de las fuerzas políticas que entiendan la esencia de la nueva etapa y tengan la inteligencia necesaria para pautar el cambio en forma inteligente, tanto en cuanto al rumbo como en el ritmo.
Esta sanción, inspirada en un mundo que no existe, se dirige hacia el rumbo equivocado, con un ritmo de colisión. O sea, exactamente a la inversa de lo que aconseja una sana política.
En cuanto al radicalismo, siempre es mejor abstenerse que votar mal. Pero mejor hubiera sido compromerse votando bien.
Debiera tomar nota de que está siendo objeto de una mirada más atenta por parte de los ciudadanos, al haberse convertido en una real opción de relevo a la gestión kirchnerista. No bastará con omitir decisiones o en aislarse de los temas en debate. Cada vez deberá profundizar más sus análisis, identificar sus objetivos y jugarse por el futuro. El riesgo de no hacerlo es que la historia pase nuevamente por el costado, y que otras opciones políticas, sin la historia republicana ni la vocación democrática de la UCR, asuman con claridad el liderazgo del cambio.
Ricardo Lafferriere
La “protección” votada en la Cámara de Diputados no logrará otra cosa que dificultar el paso de los argentinos al nuevo paradigma, a cambio de nada, ya que justamente las industrias tecnológicas no funcionan en base a los viejos criterios de la industria del siglo pasado, que iban donde estaban las prebendas. No buscan mejor trato fiscal, sino seguridad jurídica y un entorno de infraestructura moderna, trabajadores altamente calificados y servicios de excelencia.
Los argentinos con actividades vinculadas a las redes –que hoy por hoy, lo son casi todas- verán encaracer sus costos y dificultar su competitividad internacional. Para favorecer a armadoras que virtualmente no agregan valor a la producción, se afectará a industrias ya instaladas, que necesitan importar partes electrónicas porque forman parte de cadenas de valor de diseño global. En lugar de fortalecer los eslabones argentinos de las cadenas globales de valor, se apunta a una industria dirigida exclusivamente al mercado interno, al que se condenará a alejarse de los productos de punta para conformarse con otros que acarrean dos o más generaciones tecnológicas de retraso.
Los argentinos del campo y la ciudad, a partir de la gesta del 2008, están crecientemente decididos a orientar su rumbo en la misma dirección que Brasil, Chile y Uruguay: incorporar tecnología, apostar a invertir en modernización y cambio tecnológico, incorporarse a las cadenas globales, reconstruir y reforzar su capacidad de competencia en el mundo. Si algo señalaron con su pronunciamiento electoral del 28 de junio es su hartazgo del “modelo” cerrado y asfixiante, convertido en una fábrica de miseria que nos ha llevado a tener el 40 % de argentinos bajo la línea de pobreza, al deterioro educativo, al desastre sanitario, a la destrucción de la infraestructura y a la quiebra del sistema productivo.
El bicentenario debe ser el hito de cambio. Hacia una sociedad integrada y segura. Hacia una producción vinculada al nuevo paradigma. Hacia la creciente libertad de los ciudadanos, que se logrará con planes universales de inclusión que erradiquen de cuajo el humillante clientelismo, hacia el respeto a las leyes. Y hacia la libre transferencia tecnológica, que en lugar de ser frenada debiera ser potenciada.
Por encima de los chisporroteos de la coyuntura, el futuro será de las fuerzas políticas que entiendan la esencia de la nueva etapa y tengan la inteligencia necesaria para pautar el cambio en forma inteligente, tanto en cuanto al rumbo como en el ritmo.
Esta sanción, inspirada en un mundo que no existe, se dirige hacia el rumbo equivocado, con un ritmo de colisión. O sea, exactamente a la inversa de lo que aconseja una sana política.
En cuanto al radicalismo, siempre es mejor abstenerse que votar mal. Pero mejor hubiera sido compromerse votando bien.
Debiera tomar nota de que está siendo objeto de una mirada más atenta por parte de los ciudadanos, al haberse convertido en una real opción de relevo a la gestión kirchnerista. No bastará con omitir decisiones o en aislarse de los temas en debate. Cada vez deberá profundizar más sus análisis, identificar sus objetivos y jugarse por el futuro. El riesgo de no hacerlo es que la historia pase nuevamente por el costado, y que otras opciones políticas, sin la historia republicana ni la vocación democrática de la UCR, asuman con claridad el liderazgo del cambio.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 29 de julio de 2009
Una fábula que costó cara
Por fin comienzan a reconocerse las cifras.
146.000 millones de pesos reconoció la presidenta que, con la herramienta de los superpoderes, ha dilapidado su administración y la de su marido durante la gestión kirchnerista. Dinero que ha sido incautado a argentinos que producen, trabajando y arriesgando su capital para generar riqueza, que sería alegremente incautada y “redistribuida” para alinear voluntades, distribuir entre amigos y construir clientelismo.
Pero no ha sido el único costo.
En 2005, luego de una renegociación de deuda que muchos criticamos en aquel momento, la administración justicialista “K” resolvió ofrecer a los acreedores un arreglo de la deuda realizándoles una “quita” de alrededor de Sesenta mil millones de dólares. Gran parte de esos acreedores eran ahorros previsionales de argentinos, que forzosamente habían sido canjeados por títulos públicos, a los que la operación les licuó su valor en una vergonzosa acción aplaudida por gran parte de la “claque” de entonces –no eran muchos los opositores-, que presentó el hecho poco menos que como una gesta épica, a pesar de que se trataba de una virtual confiscación de fondos de argentinos que habían confiado en las leyes de su país, ahorraban para su futuro y fueron trampeados una vez más por las decisiones púbicas. Años después se completaría el robo con la confiscación de lo que quedaba en las cuentas, pero es otro cantar. Alrededor de veinte mil millones de dólares de acreencias externas –las que podían elegir aceptar o no la incautación- no la aceptaron, y son aún una materia pendiente que, con intereses llega ya a los treinta mil millones que, en algún momento, los argentinos deberemos enfrentar para conseguir reingresar al mundo.
La deuda “bajó” en sesenta mil millones de dólares en el 2005, y hoy, sin embargo, está nuevamente en el mismo nivel que antes de la renegociación.
Por otra parte, setenta y cinco mil millones de dólares “extra” son los que ingresaron al país por la bonanza internacional de los precios agropecuarios durante la administración kirchnerista. De ellos, en grandes agregados, la mitad la recibieron los productores, y la otra mitad la incautó el Estado vía retenciones. La parte de los productores la podemos ver en el gigantesco avance tecnológico, las supercosechadoras con control satelital, las sembradoras con métodos optimizados de siembra directa con control informático, la genética mejorada, los pueblos del interior renacidos y hasta en el auge de la construcción en las ciudades.
Pero si realizáramos similar emercicio con los fondos que incautó la gestión peronista “K” por retenciones y nuevo endeudamiento y pretendiéramos juzgar sus resultados, debiéramos buscar dónde se gastaron los casi cien mil millones de dólares adicionales que, entre retenciones confiscadas y nueva deuda pública, le ha costado al país la alegre fábula de los superpoderes.
Porque es mucho dinero. Algunos ejemplos: construir treinta mil kilómetros de autopistas, por ejemplo, modernizaría todo el transporte del país y costaría Treinta mil millones de dólares (hoy contamos con menos de mil kilómetros y récord mundial de muertos en accidentes). Recuperar la red ferroviaria demandaría otros diez mil, electrificando los principales ramales. Modernizar la infraestructura portuaria con equipamiento de última tecnología, costaría Dos mil quinientos millones de dólares. Construir cuatro centrales nucleares nuevas demandaría aproximadamente diez mil millones de dólares, terminando con nuestro problema energético por tres décadas.
Desarrollar cuatro centros de investigación de alta tecnología en las ciencias de vanguardia –nanotecnología, nuevos materiales, biotecnología y tecnología de comunicación e información- costaría, con el equipamiento más avanzado existente en el mundo, alrededor de quinientos millones de dólares cada uno, permitiendo a nuestros científicos y técnicos imbricar fuertemente a la Argentina en la red mundial científico-técnica, dar un impulso gigantesco a la investigación de base y ponerla a la vanguardia de la región. Proveer con una computadora a cada alumno argentino, desde el jardín de infantes hasta todo el sistema universitario de grado y de posgrado, y a la totalidad de sus docentes, costaría alrededor de dos mil millones de dólares. Con cinco mil millones de dólares serían suficientes para reparar, recuperar y poner en condiciones la totalidad de las deficiencias edilícias de las Escuelas, Colegios y Universidades de todo el país.
Terminar con el déficit de viviendas en la Argentina construyendo dos millones de viviendas nuevas, costaría Veinte mil millones de dólares. Y proveer de agua potable y cloacas a todas las localidades del país que aún no cuentan con ellas supondría una inversión de Diez mil millones de dólares. Cinco mil millones de dólares serían suficientes para recuperar hospitales y centros de salud que, en algunos casos, parecieran no haber sido mantenidos durante décadas.
Y reequipar a las Fuerzas Armadas para reconstruir la capacidad de defensa con la finalidad de contar con fuerzas altamente profesionales, pequeñas y con alta capacidad de combate, demandaría dos mil quinientos millones de dólares.
Sumando todas estas inversiones, nos restarían aún diez mil millones para proyectos de energías renovables, limpiar las cuencas del Riachuelo y el Reconquista, activar los pasos cordilleranos ferroviarios y carreteros, y algún otro gasto menor.
Pasaron seis años. Se acabó lo que se daba. No hay más precios internacionales de excelencia, porque el auge pasó y ahora parece que el mundo volvió a la normalidad. Nadie le presta al país ni un centavo, porque seguimos sin arreglar nuestras trampas a los acreedores. La Argentina no tiene autopistas nuevas, ni trenes, ni centros de investigación, ni viviendas, ni cloacas, ni agua potable, ni alumnos con computadoras, ni centrales nucleares, ni puertos con alta tecnología, ni sus cuencas hídricas recuperadas, ni inversión en nuevas fuentes energéticas, ni pasos cordilleranos adecuados que faciliten nuestra inserción internacional.
Tiene, sí, largas colas de compatriotas clientelizados –cada vez más, por la crisis productiva lograda por la asfixia kirchnerista-, colectivos que se caen de a pedazos y polucionan agresivamente el ambiente, trenes que avergüenzan, gobernadores que no pueden pagar sueldos y están al borde de reemitir las cuasi monedas de triste recuerdo, una empresa aérea que absorbe por día el equivalente de Un millón doscientas mil raciones de alimentos que podrían llegar a compatriotas que no llegan a comer una vez por día.... y gente viviendo en la calle que se ha duplicado en un año. ¡El cuarenta por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza, ha dicho la Iglesia!
Es la herencia que está dejando la administración kirchnerista. Herencia demasiado seria como para tener que aceptar que la vocesita impostada, una vez más asumiendo actitudes de soberbia, venga a decirnos a los argentinos que los superpoderes fueron una fábula.
En todo caso, fueron una fábula demasiado cara, de la que debiéramos tomar debida nota y estamparla en nuestro recuerdo compartido para nunca más recaer en ella. Pero, además, para exigir que el daño ocasionado al país y a su futuro no quede impune o sobreviva en los indecentes incrementos patrimoniales de la pareja presidencial y su banda que, esos sí, han sido fabulosos.
Ricardo Lafferriere
146.000 millones de pesos reconoció la presidenta que, con la herramienta de los superpoderes, ha dilapidado su administración y la de su marido durante la gestión kirchnerista. Dinero que ha sido incautado a argentinos que producen, trabajando y arriesgando su capital para generar riqueza, que sería alegremente incautada y “redistribuida” para alinear voluntades, distribuir entre amigos y construir clientelismo.
Pero no ha sido el único costo.
En 2005, luego de una renegociación de deuda que muchos criticamos en aquel momento, la administración justicialista “K” resolvió ofrecer a los acreedores un arreglo de la deuda realizándoles una “quita” de alrededor de Sesenta mil millones de dólares. Gran parte de esos acreedores eran ahorros previsionales de argentinos, que forzosamente habían sido canjeados por títulos públicos, a los que la operación les licuó su valor en una vergonzosa acción aplaudida por gran parte de la “claque” de entonces –no eran muchos los opositores-, que presentó el hecho poco menos que como una gesta épica, a pesar de que se trataba de una virtual confiscación de fondos de argentinos que habían confiado en las leyes de su país, ahorraban para su futuro y fueron trampeados una vez más por las decisiones púbicas. Años después se completaría el robo con la confiscación de lo que quedaba en las cuentas, pero es otro cantar. Alrededor de veinte mil millones de dólares de acreencias externas –las que podían elegir aceptar o no la incautación- no la aceptaron, y son aún una materia pendiente que, con intereses llega ya a los treinta mil millones que, en algún momento, los argentinos deberemos enfrentar para conseguir reingresar al mundo.
La deuda “bajó” en sesenta mil millones de dólares en el 2005, y hoy, sin embargo, está nuevamente en el mismo nivel que antes de la renegociación.
Por otra parte, setenta y cinco mil millones de dólares “extra” son los que ingresaron al país por la bonanza internacional de los precios agropecuarios durante la administración kirchnerista. De ellos, en grandes agregados, la mitad la recibieron los productores, y la otra mitad la incautó el Estado vía retenciones. La parte de los productores la podemos ver en el gigantesco avance tecnológico, las supercosechadoras con control satelital, las sembradoras con métodos optimizados de siembra directa con control informático, la genética mejorada, los pueblos del interior renacidos y hasta en el auge de la construcción en las ciudades.
Pero si realizáramos similar emercicio con los fondos que incautó la gestión peronista “K” por retenciones y nuevo endeudamiento y pretendiéramos juzgar sus resultados, debiéramos buscar dónde se gastaron los casi cien mil millones de dólares adicionales que, entre retenciones confiscadas y nueva deuda pública, le ha costado al país la alegre fábula de los superpoderes.
Porque es mucho dinero. Algunos ejemplos: construir treinta mil kilómetros de autopistas, por ejemplo, modernizaría todo el transporte del país y costaría Treinta mil millones de dólares (hoy contamos con menos de mil kilómetros y récord mundial de muertos en accidentes). Recuperar la red ferroviaria demandaría otros diez mil, electrificando los principales ramales. Modernizar la infraestructura portuaria con equipamiento de última tecnología, costaría Dos mil quinientos millones de dólares. Construir cuatro centrales nucleares nuevas demandaría aproximadamente diez mil millones de dólares, terminando con nuestro problema energético por tres décadas.
Desarrollar cuatro centros de investigación de alta tecnología en las ciencias de vanguardia –nanotecnología, nuevos materiales, biotecnología y tecnología de comunicación e información- costaría, con el equipamiento más avanzado existente en el mundo, alrededor de quinientos millones de dólares cada uno, permitiendo a nuestros científicos y técnicos imbricar fuertemente a la Argentina en la red mundial científico-técnica, dar un impulso gigantesco a la investigación de base y ponerla a la vanguardia de la región. Proveer con una computadora a cada alumno argentino, desde el jardín de infantes hasta todo el sistema universitario de grado y de posgrado, y a la totalidad de sus docentes, costaría alrededor de dos mil millones de dólares. Con cinco mil millones de dólares serían suficientes para reparar, recuperar y poner en condiciones la totalidad de las deficiencias edilícias de las Escuelas, Colegios y Universidades de todo el país.
Terminar con el déficit de viviendas en la Argentina construyendo dos millones de viviendas nuevas, costaría Veinte mil millones de dólares. Y proveer de agua potable y cloacas a todas las localidades del país que aún no cuentan con ellas supondría una inversión de Diez mil millones de dólares. Cinco mil millones de dólares serían suficientes para recuperar hospitales y centros de salud que, en algunos casos, parecieran no haber sido mantenidos durante décadas.
Y reequipar a las Fuerzas Armadas para reconstruir la capacidad de defensa con la finalidad de contar con fuerzas altamente profesionales, pequeñas y con alta capacidad de combate, demandaría dos mil quinientos millones de dólares.
Sumando todas estas inversiones, nos restarían aún diez mil millones para proyectos de energías renovables, limpiar las cuencas del Riachuelo y el Reconquista, activar los pasos cordilleranos ferroviarios y carreteros, y algún otro gasto menor.
Pasaron seis años. Se acabó lo que se daba. No hay más precios internacionales de excelencia, porque el auge pasó y ahora parece que el mundo volvió a la normalidad. Nadie le presta al país ni un centavo, porque seguimos sin arreglar nuestras trampas a los acreedores. La Argentina no tiene autopistas nuevas, ni trenes, ni centros de investigación, ni viviendas, ni cloacas, ni agua potable, ni alumnos con computadoras, ni centrales nucleares, ni puertos con alta tecnología, ni sus cuencas hídricas recuperadas, ni inversión en nuevas fuentes energéticas, ni pasos cordilleranos adecuados que faciliten nuestra inserción internacional.
Tiene, sí, largas colas de compatriotas clientelizados –cada vez más, por la crisis productiva lograda por la asfixia kirchnerista-, colectivos que se caen de a pedazos y polucionan agresivamente el ambiente, trenes que avergüenzan, gobernadores que no pueden pagar sueldos y están al borde de reemitir las cuasi monedas de triste recuerdo, una empresa aérea que absorbe por día el equivalente de Un millón doscientas mil raciones de alimentos que podrían llegar a compatriotas que no llegan a comer una vez por día.... y gente viviendo en la calle que se ha duplicado en un año. ¡El cuarenta por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza, ha dicho la Iglesia!
Es la herencia que está dejando la administración kirchnerista. Herencia demasiado seria como para tener que aceptar que la vocesita impostada, una vez más asumiendo actitudes de soberbia, venga a decirnos a los argentinos que los superpoderes fueron una fábula.
En todo caso, fueron una fábula demasiado cara, de la que debiéramos tomar debida nota y estamparla en nuestro recuerdo compartido para nunca más recaer en ella. Pero, además, para exigir que el daño ocasionado al país y a su futuro no quede impune o sobreviva en los indecentes incrementos patrimoniales de la pareja presidencial y su banda que, esos sí, han sido fabulosos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 26 de julio de 2009
Equilibrio inestable
A pesar del acelerado retroceso ordenado que intenta gestionar el oficialismo con pasos políticos impensables hace apenas poco más de un mes, la pendiente por la que se desliza el país está lejos de ser lineal y tranquila. Por el contrario, el equilibrio social pende de un hilo y alcanzaría que uno sólo de los sectores que están sufriendo el salvaje ajuste kirchnerista se “desmadre” para que el país entero se convierta en un maremagnum de consecuencias insospechadas.
Paulatinamente la presidenta va tomando conciencia del pedestal de barro en el que se encuentra, pero en lugar de asumirlo insiste en su rumbo. El empresariado de amigos, otrora calificado con un dejo intelectualoide como “burguesía nacional”, se aleja al mismo ritmo que la terminación de la caja. El “movimiento obrero”, como ampulosamente se autocalifica el conjunto de burocracias sindicales de diverso pelaje, cobra cada vez más caro mantener adormecidas a sus bases. Los “movimientos sociales”, como se calificaba a varias patotas financiadas ilícitamente con dineros públicos, no toleran el raquitismo implacable de los subsidios. Los “jefes distritales y provinciales” del peronismo entran en estado de asamblea para buscar sucesor en el liderazgo, sin que a nadie se le pase por la cabeza ni remotamente consultar al otrora “capomafia” indiscutido de la banda gobernante.
Hasta el jefe mayor de la patota “bolivariana”, único sostén internacional del régimen kirchnerista, ha entrado en una declinación tal que tiene que pedir al “imperio” que intervenga en un pobre país centroamericano que se atrevió a birlarle el golpe de Estado trabajosamente preparado durante meses por su delegado local, y manda a sus segundas líneas –incluyendo a nuestra presidenta- a cometer papelón tras papelón olvidando sus verdaderas obligaciones como mandataria del país, con problemas infinitamente más graves que servir de vocera de las obsesiones de Chávez. A tal punto llega su aislamiento y desprestigio internacional que, a seis meses de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, no ha logrado siquiera una entrevista o una foto con el nuevo mandatario, a pesar de sus repetidos intentos.
El poder se diluye. El dinero se acaba. La gente sin recursos se acerca a los límites de su desesperación. La gente con recursos aprendió por experiencia la vocación cleptómana del régimen y los ha puesto a buen reguardo, fuera o dentro del país. Cada vez más argentinos se dan cuenta del desnudo presidencial, instalando crudamente una realidad crecientemente advertida: no hay salida con los Kirchner gobernando, porque el motivo fundamental de la crisis es de credibilidad. La del régimen se ha derrumbado y no hay forma de recuperarla, mucho menos con la obsesión enfermiza por la mentira que implica insistir en la falsificación de las estadísticas, fraguar las verdaderas reservas del Banco Central, negar cualquier autocrítica que al menos abra una esperanza de un cambio de rumbo e insistir en la soberbia autosuficiencia del “maestro de Siruela” –“que no sabía leer, y puso escuela”-.
Sin embargo, hay que soportarla aún dos años y medio. Cómo hacerlo, tal es la cuestión.
En situaciones como las presentes, los países serios conforman gobiernos responsables de amplia coalición. Nuestra Constitución, fuertemente presidencialista, deja en manos del Jefe del Estado demasiadas facultades como para pensar que sin abrir el poder, el país no estalle.
Hoy la Argentina circula por un estrecho desfiladero. De un lado, el autismo oficial. Del otro, el país acercándose al límite de la tolerancia. En el medio, la oposición, que ha recibido la mayoría abrumadora de la representación política del país y que debe asumir el desafío de encontrar un camino para ejercer esa representación sin alterar el juego institucional, pero sin desligarse de la responsabilidad que le ha sido atribuida. Si lo logra, puede construir un pedestal sólido para décadas de renacimiento argentino. Pero si no lo logra, el riesgo –más cerca, cada día que pasa...- es que el torrente de desesperación de gente al borde de la sobrevivencia puede generar que vuelvan los reclamos de “que se vayan todos”. Unos y otros. Y eso puede ser fatal, como ya lo sabemos.
Es cierto que el 2011 es apetecible y que no pueden reclamarse actitudes que olviden ese gran desafío a partidos y dirigentes que tienen su razón de ser en la lucha por el poder. Pero también lo es que si se comienza gestando crecientes políticas de consenso en el arco opositor –donde hay radicales y peronistas, Cívicos y Pros, “neo-peronistas”, provinciales y progresistas-, al que le toque en el 2011 no se verá obligado a asumir una brasa ardiendo, sino un país en marcha. Porque de cara al país y a los ciudadanos, la razón de ser de la política no es el poder sino la adecuada gestión de los problemas de todos.
La Constitución permite ese camino, vía la potestad parlamentaria de remoción del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 101) que abre la posibilidad de un gabinete de base parlamentaria, conviviendo con una presidencia que deberá acostumbrarse a ser cada vez más protocolar –aunque para ello deba aprender puntualidad...-. Alguna vez le tocó tal situación a políticos tan prestigiosos como Mitterrand y el propio Chirac, a quienes no se les cayeron los anillos cogobernando con sus opositores que habían recibido de los ciudadanos la mayoría electoral, en el medio de su mandato presidencial. Y es sencillo: la democracia no permite gobernar en nombre del pueblo sin tener su respaldo.
La gravedad de la situación indicaría la conveniencia que, tanto gobierno como oposición, se preparen para ese camino, el único que podría recuperar la confianza perdida, comenzar a reconstruir el pedestal del futuro y sentar las bases de un relanzamiento nacional. De lo contrario, las alternativas no parecieran ser halagüeñas, ya que quedarían reducidas a´la apertura de Juicio Político a la señora presidenta por incapacidad manifiesta de gobierno, lo que culminaría con su destitución, o el peligro de una conmoción social general de resultados insospechados y final aún más incierto.
Ricardo Lafferriere
Paulatinamente la presidenta va tomando conciencia del pedestal de barro en el que se encuentra, pero en lugar de asumirlo insiste en su rumbo. El empresariado de amigos, otrora calificado con un dejo intelectualoide como “burguesía nacional”, se aleja al mismo ritmo que la terminación de la caja. El “movimiento obrero”, como ampulosamente se autocalifica el conjunto de burocracias sindicales de diverso pelaje, cobra cada vez más caro mantener adormecidas a sus bases. Los “movimientos sociales”, como se calificaba a varias patotas financiadas ilícitamente con dineros públicos, no toleran el raquitismo implacable de los subsidios. Los “jefes distritales y provinciales” del peronismo entran en estado de asamblea para buscar sucesor en el liderazgo, sin que a nadie se le pase por la cabeza ni remotamente consultar al otrora “capomafia” indiscutido de la banda gobernante.
Hasta el jefe mayor de la patota “bolivariana”, único sostén internacional del régimen kirchnerista, ha entrado en una declinación tal que tiene que pedir al “imperio” que intervenga en un pobre país centroamericano que se atrevió a birlarle el golpe de Estado trabajosamente preparado durante meses por su delegado local, y manda a sus segundas líneas –incluyendo a nuestra presidenta- a cometer papelón tras papelón olvidando sus verdaderas obligaciones como mandataria del país, con problemas infinitamente más graves que servir de vocera de las obsesiones de Chávez. A tal punto llega su aislamiento y desprestigio internacional que, a seis meses de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, no ha logrado siquiera una entrevista o una foto con el nuevo mandatario, a pesar de sus repetidos intentos.
El poder se diluye. El dinero se acaba. La gente sin recursos se acerca a los límites de su desesperación. La gente con recursos aprendió por experiencia la vocación cleptómana del régimen y los ha puesto a buen reguardo, fuera o dentro del país. Cada vez más argentinos se dan cuenta del desnudo presidencial, instalando crudamente una realidad crecientemente advertida: no hay salida con los Kirchner gobernando, porque el motivo fundamental de la crisis es de credibilidad. La del régimen se ha derrumbado y no hay forma de recuperarla, mucho menos con la obsesión enfermiza por la mentira que implica insistir en la falsificación de las estadísticas, fraguar las verdaderas reservas del Banco Central, negar cualquier autocrítica que al menos abra una esperanza de un cambio de rumbo e insistir en la soberbia autosuficiencia del “maestro de Siruela” –“que no sabía leer, y puso escuela”-.
Sin embargo, hay que soportarla aún dos años y medio. Cómo hacerlo, tal es la cuestión.
En situaciones como las presentes, los países serios conforman gobiernos responsables de amplia coalición. Nuestra Constitución, fuertemente presidencialista, deja en manos del Jefe del Estado demasiadas facultades como para pensar que sin abrir el poder, el país no estalle.
Hoy la Argentina circula por un estrecho desfiladero. De un lado, el autismo oficial. Del otro, el país acercándose al límite de la tolerancia. En el medio, la oposición, que ha recibido la mayoría abrumadora de la representación política del país y que debe asumir el desafío de encontrar un camino para ejercer esa representación sin alterar el juego institucional, pero sin desligarse de la responsabilidad que le ha sido atribuida. Si lo logra, puede construir un pedestal sólido para décadas de renacimiento argentino. Pero si no lo logra, el riesgo –más cerca, cada día que pasa...- es que el torrente de desesperación de gente al borde de la sobrevivencia puede generar que vuelvan los reclamos de “que se vayan todos”. Unos y otros. Y eso puede ser fatal, como ya lo sabemos.
Es cierto que el 2011 es apetecible y que no pueden reclamarse actitudes que olviden ese gran desafío a partidos y dirigentes que tienen su razón de ser en la lucha por el poder. Pero también lo es que si se comienza gestando crecientes políticas de consenso en el arco opositor –donde hay radicales y peronistas, Cívicos y Pros, “neo-peronistas”, provinciales y progresistas-, al que le toque en el 2011 no se verá obligado a asumir una brasa ardiendo, sino un país en marcha. Porque de cara al país y a los ciudadanos, la razón de ser de la política no es el poder sino la adecuada gestión de los problemas de todos.
La Constitución permite ese camino, vía la potestad parlamentaria de remoción del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 101) que abre la posibilidad de un gabinete de base parlamentaria, conviviendo con una presidencia que deberá acostumbrarse a ser cada vez más protocolar –aunque para ello deba aprender puntualidad...-. Alguna vez le tocó tal situación a políticos tan prestigiosos como Mitterrand y el propio Chirac, a quienes no se les cayeron los anillos cogobernando con sus opositores que habían recibido de los ciudadanos la mayoría electoral, en el medio de su mandato presidencial. Y es sencillo: la democracia no permite gobernar en nombre del pueblo sin tener su respaldo.
La gravedad de la situación indicaría la conveniencia que, tanto gobierno como oposición, se preparen para ese camino, el único que podría recuperar la confianza perdida, comenzar a reconstruir el pedestal del futuro y sentar las bases de un relanzamiento nacional. De lo contrario, las alternativas no parecieran ser halagüeñas, ya que quedarían reducidas a´la apertura de Juicio Político a la señora presidenta por incapacidad manifiesta de gobierno, lo que culminaría con su destitución, o el peligro de una conmoción social general de resultados insospechados y final aún más incierto.
Ricardo Lafferriere
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