Sobre comienzos de la década del 80 del siglo XX, el “Proceso” había comenzado a aterrizar en la normalidad. Las bandas armadas que asolaron la convivencia argentina no golpeaban con la dureza de años atrás y hasta se conocían los contactos que uno de los sectores del gobierno militar de entonces, el liderado por el Almirante Massera, tenía en el exterior con dirigentes montoneros para la organización de un partido continuista.
La población argentina, mientras tanto, sufría la ausencia de sus derechos políticos elementales y escuchaba de boca del presidente de entonces, General Galtieri, su histórica sentencia: “Las urnas están bien guardadas”. No se sentía representada por ninguno de los bandos en lucha, ya que en eso se había convertido el gobierno del “proceso” equiparándose a las bandas guerrilleras por su anomia ética en la represión.
Ese escenario fue en el que jóvenes radicales y de otras fuerzas políticas desarrollaban su actividad, clandestina por necesidad, para responder a los gigantescos desafíos que implicaba la reconstrucción del Estado de Derecho, frente al cúmulo de agravios cruzados, crímenes sin sentido, ataques llenos de inmoralidad originados en ambos protagonistas, desapariciones de personas, robos de niños, atentados terroristas con muerte de inocentes, torturas medioevales, traiciones y delaciones de compañeros, destrucción del discurso público, complicidades cruzadas en la defensa de la violencia –como el apoyo recíproco que habían exhibido Videla y Fidel Castro para cubrirse recíprocamente sus crímenes tras el escudo de la “soberanía nacional”, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-.
En ese escenario se definieron los objetivos: unir a los argentinos tras un gigantesco torrente democrático; organizar las fuerzas partidarias; recuperar un piso de legalidad para comenzar de nuevo el camino de reconstrucción institucional. Esos objetivos tenían un problema central: debía incluir a todos los argentinos que desearan adoptarlo, civiles y militares “sin ánimo de revancha” ; pero a la vez, debía encontrar un camino que no implicara una “claudicación ética” –palabras de Alfonsín en sus discursos en todo el país-.
Sobre esa propuesta, comenzó la prédica que se hizo imparable luego del fracaso de la dictadura en la guerra de Malvinas. Destaco lo de la “dictadura”, porque fue ella, la conducción política, y no los oficiales, suboficiales y soldados -que lucharon en las islas, sin medios, sin logística, sin adecuada planificación ni coordinación estratégica y operativa- la que llevó al país a la derrota al abandonar el camino del reclamo pacífico y frustrar el único conflicto internacional que llevábamos ganando, aislando al país de cualquier alianza estratégica seria y provocando la muerte de centenares de heroicos compatriotas en desiguales enfrentamientos bélicos.
El país aceptó la propuesta. “Tres niveles de responsabilidad”, repetía Alfonsín siendo candidato hasta el cansancio en cada tribuna, cada reportaje, cada conversación personal. “Los que dieron las órdenes, máximos responsables sobre los que se concentrará la responsabilidad. Los que obedecieron órdenes, que hicieron lo que debían hacer según las normas militares, seguirán sus carreras. Y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, tendrán que responder por sus delitos”. Los argentinos de ese momento decidieron cómo seguirían la marcha de reconstrucción y apoyaron esa propuesta con el 52 % de las opiniones nacionales. Quizás valga recordar que los que no la apoyaron y obtuvieron el 40 % siguiente, propusieron avalar la amnistía amplia que había dictado el propio gobierno militar en sus postrimerías. La mayoría del pueblo argentino quería, con sus matices, dar vuelta la página, y empezar de nuevo.
Alfonsín, ya presidente, cumplió con lo que propuso en la campaña. La ley de “obediencia debida” dio forma legal a su propuesta, votada expresamente y a conciencia por los argentinos, que él como presidente había intentado infructuosamente por repetidas vías incorporar a la normativa vigente frente a la incomprensión y tenaz oposición de diversos actores, en las Fuerzas y en el propio Congreso Nacional. Los cuatro levantamientos militares mostraron a los argentinos que el tema no podía quedar abierto eternamente por el peligro que significaba para la nueva marcha. Uno de ellos, el de Semana Santa, terminó con la frase interpretada desde entonces con injustificable mala fe de los indiferentes ante el destino de una democracia en paz: “Argentinos, Felices Pascuas. La casa está en orden, y no hay sangre en la Argentina”. La casa en orden significó que sin disparar un solo tiro las unidades sublevadas volvieron a sus cuarteles, los cabecillas procesados –y luego retirados- y la democracia garantizada. Como protagonista de esas épocas e incluso como interlocutor circunstancial con los sublevados, el autor puede testimoniar que el final hubiera podido ser otro, con miles de muertos en las calles y el drama de la violencia nuevamente desatarse en la convivencia argentina. Ese baño de sangre evitó el presidente de entonces, frente a la hipócrita “incomprensión” de muchos.
Luego llegó el presidente Menem y guardando la coherencia con lo propuesto por aquel 40 % de compatriotas (transformado ya en mayoría) que había apoyado a Luder en 1983 –entre los que estaban, bueno es destacarlo, quienes serían años después integrantes del elenco de gobierno del matrimonio Kirchner, y ellos mismos- dictó los indultos, quedando sin embargo abiertos los caminos indemnizatorios para las víctimas y las causas por hechos aberrantes como el robo de bebés. El país parecia encarrilarse en su reencuentro, sin satisfacciones plenas –como nunca ocurre en estos casos- pero con cimientos aceptables para su nuevo comienzo.
Hasta que llegó, desde el sur, el otro demonio renacido, para el que la historia no había transcurrido. Cargado de todos sus odios, retrocedió en la historia casi un cuarto de siglo y las débiles suturas de la antigua herida, trabajosamente tejidas por el esfuerzo de todos durante veinticinco años, fueron sometidas a una presión destructiva. Escudado tras el hipócrita slogan de “derechos humanos”, se reabrió el juzgamiento de la etapa de terror, aunque sólo para uno de los protagonistas mientras se absolvía groseramente al otro. El Congreso ofreció el triste espectáculo de la escatológica “anulación” de sus propias leyes, mientras la Justicia fue utilizada como cínica arma de venganza, sembrando nuevamente el conflicto con detenciones convertidas en vergonzantes armas de política cotidiana.
Las cárceles están hoy pobladas con centenares de oficiales que, en aquellos tiempos, iniciaban su carrera militar y detentaban sus grados iniciales. Hombres que habían decidido en su juventud servir a su país con la profesión de las armas, a los que el torbellino de la violencia irracional encontró comenzando sus carreras, al terminar su vida activa se encuentran sometidos al capricho de un sicópata decidido en convertirlos en ariete argumental que oculte un proyecto de mega corrupción, aunque para ello deba convertir al estado de derecho en una caricatura.
Un cuarto de siglo de construcción institucional desemboca así en el cínico escenario de jóvenes destrozados por el paco, el dengue, la inseguridad, la extrema pobreza, el deterioro terminal de la educación pública, el narcotráfico, viviendas hacinadas, carecias de servicios mínimos, renacimiento de las enfermedades de la pobreza... mientras se proclama la vigencia de los “derechos humanos” sólo porque son humillados respetados oficiales y viejos generales al fin de sus vidas –y sus familiares, sometidos a humillantes limitaciones de visita y requisas que no aplicaban ni los nazis a sus presos políticos- con métodos incompatibles con cualquier sociedad civilizada.
El autor de estas líneas puede asegurar que tiene algún pergamino para escribir como escribe, aunque no le guste exhibirlo. No se escondió bajo la cama ni se fue al sur a “hacer dinero” cuando era necesario defender la democracia y la libertad, en tiempos duros. No esquivó el bulto a la prédica por las instituciones y la vida, cuando era peligroso. Tiene la conciencia tranquila de haber aportado a la paz y la convivencia de los argentinos, cuando le tocó actuar. Pero se siente en la obligación de decir, en testimonio del esfuerzo realizado por muchos en aquellos años de reconstrucción, que con este rumbo no llegaremos a buen puerto.
Ricardo Lafferriere
Videla Videla
lunes, 25 de mayo de 2009
lunes, 18 de mayo de 2009
Rebotar bien
La recesión está instalada. El ajuste también. Algunos efectos se sienten directamente, y otros llegarán inexorablemente como consecuencia de la evolución de la propia crisis. Que, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la “internacional”, sino que la trabajamos nosotros solos, solitos, los argentinos.
Poco servirá ahora llorar sobre la “leche derramada”. La economía se está ralentizando aceleradamente. Alcanza con mirar los pueblos del interior –los primeros en sufrir sus alcances, por la perversidad diabólica del gobierno-. Paralizados los cultivos, paralizados los comercios, paralizadas las industrias, paralizados los transportes.
Pero no sólo allí. Ahora las ciudades están sintiendo las consecuencias de destrozar a la locomotora de la economía nacional, que es el sector agropecuario. Entran menos divisas, y las que hay dentro se van. Quienes tienen pesos los liquidan y fugan hacia cualquier otra moneda que no sea la argentina. En consecuencia, la paralización comercial es significativa. Una recorrida por las arterias y zonas comerciales nos muestra la proliferación de carteles “liquidación por cierre”, “se alquila”, “oportunidades” y similares, que tras la aséptica publicidad de venta terminal esconden el drama de familias que allí trabajaban y de ellos vivían, desde sus dueños hasta los empleados y familiares, que deberán afrontar la pérdida de sus ingresos vitales. Los negocios que quedan, salvo los que puntualmente responden a los consumos de alto nivel, están vacíos.
La disminución del comercio golpea a las fábricas, y con ello hay más compatriotas que pierden su empleo. Y golpea a la importación, que ha sufrido la caída más abrupta de su historia, configurando quizás el indicador más grave de todos: la paralización de las etapas económicas de la cadena productiva global de la que empresarios argentinos habían logrado formar parte, a pesar del gobierno.
La paralización, a su vez, genera menos ingresos fiscales. Ya incautaron ilegalmente los ahorros previsionales, que están dilapidando provocando el desfinanciamiento estructural del sistema. Y no existirán fondos para mantener los subsidios transferidos a las empresas públicas –entre las cuales destaca como barril sin fondo, la escatológica estatización de Aerolíneas Argentinas, que sostiene entre otras cosas un vuelo diario de un Jumbo a Calafate, con el 25 % de su capacidad ocupada y gran cantidad de pasajes de “cortesía”, con dinero estatal, por supuesto-. Pero también a los colectivos urbanos, a los ferrocarriles y a otros servicios públicos, con la finalidad de mantenerlos funcionando ante la imposibilidad de autofinanciación con los precios de los servicios, mantenidos demagógicamente congelados cuando la situación era buena, y hoy asfixiados por la escasez.
La tensión está cantada: si el gobierno nacional prefiere seguir el jubileo de subsidios, no habrá dinero para las provincias, que deberán financiarse con cuasi monedas, nuevamente. Y si las provincias logran, por el contrario, recuperar sus recursos confiscados por el gobierno nacional, éste deberá subir drásticamente todas las tarifas, con el impulso inflacionario que esto genera, y el drama social de golpear sobre una población asalariada desocupada o con salarios retrasados.
Nuevamente: nada tiene que ver con esto la crisis internacional, que en realidad aún no ha llegado al país. Alcanza con ver la cotización de los productos agropecuarios, en un nivel que está en el promedio de su mejor momento, pero que no se puede aprovechar por la asfixia a que sometió el gobierno al sector agropecuario confiscándole su rentabilidad e impidiendo el financiamiento de nuevas campañas.
En síntesis: los momentos que vienen no serán buenos.
Pero lo importante es saber que siempre la vida sigue y de ello tenemos experiencias repetidas los argentinos. Hemos tenidos crisis gigantescas y al final hemos arrancado, no precisamente por las genialidades de los gobiernos sino por la tenacidad optimista de la gente que trabaja y produce, a pesar de ser golpeada por la incautación de sus recursos por parte de quienes han vivido durante décadas de aprovechar el esfuerzo ajeno. Y mirando hacia adelante, lo importante será que “rebotemos bien”. Porque del ajuste se saldrá. El punto es que acertemos en la dirección del renacimiento.
Como siempre, existirán presiones para repetir la salida conocida, alimentando las corporaciones sindicales, empresarios protegidos y malas prácticas políticas. Esa salida nos llevará, como en el ciclo que estamos terminando, a repetir los dramas corregidos y aumentados. Ni siquiera con el “mejor período económico en nuestra historia independiente” (Cristina “dixit”) ha podido reducirse la pobreza, terminar con la inseguridad, mejorar la educación, desarrollar la infraestructura, modernizar el Estado, dejar de robar a los jubilados y ahorristas... ergo: es “el rumbo” lo que falla, como ha fallado tantas veces.
Dependerá de los argentinos y sus fuerzas políticas y sociales representativas la decisión de romper ese círculo vicioso y tomar esta vez, otro camino. No son necesarias elucubraciones muy novedosas. Es el que siguen pueblos de gobiernos tan diferentes como Brasil y China, como Chile e India, como Australia y México, como Uruguay y España. Un camino que no requiere “inventar la pólvora” sino que se basa en principios que los argentinos adoptamos cuando, hace casi dos siglos, comenzamos el camino independiente: vigencia de la ley, independencia de poderes, respeto a los derechos de los ciudadanos, seguridad para los que invierten y trabajan, limitación clara a las decisiones del poder, justicia auténticamente independiente, libertad de prensa, partidos políticos serios. Y, como colofón, asumir la realidad cosmopolita del encadenamiento productivo mundial, del que la Argentina forma parte, terminando con las ocurrencias del dedito levantado y la voz impostada, recursos dialécticos para disimular la ignorancia, que traducidos en decisiones de gobierno han llevado a desperdiciar las mejores condiciones externas que hayan existido jamás para el país en una orgía de corrupción, latrocinios y fraudes pocas veces visto –y hemos conocido muchos...- en la historia argentina.
Rebotar bien de esta crisis. Ese es el secreto. Entender el rumbo del mundo hoy, para una imbricación virtuosa. Fuerte apuesta a la capacitación, para poder montarnos en la revolución científico técnica. Sólido piso de ciudadanía, para entusiasmar a todos en el nuevo desafío. Respeto a la ley y a la palabra con reglas de juego claras y respetadas, para recuperar confianza, capital social y atracción a la inversión que genera empleos. Prudencia en la gestión económica, para alejarnos de la imagen de aprendices de brujos que nos han convertido en el hazmerreír del mundo. Y sobre todo, humildad en nuestros comportamientos, ya que está visto que no tenemos mucho que enseñarle a nadie, como no sea el nada reconfortante récord de ser el país de peores logros en el mundo en los últimos cincuenta años.
Rebotar bien. Nunca se podrá hacer con el populismo guiando el Estado, ignorando la realidad, olvidándose de los ciudadanos –desde los más pobres, sometidos a una humillante pobreza reciclada, hasta los más encumbrados, sometidos a la humillante pérdida de su capital de trabajo por los caprichos de un mafioso-. Rebotar bien es salir de la crisis apostando a la modernización productiva tanto de la industria como del sector agropecuario, al turismo, a los emprendedores, al mercado global, a la reconversión energética huyendo de los hidrocarburos fósiles y respaldando las nuevas fuentes renovables, las redes inteligentes de distribución, el consumo racional. Rebotar bien es terminar con el desprecio al medio ambiente, la preservación del entorno, el hacinamiento en villas olvidadas de todos los servicios. Rebotar bien es reiniciar la marcha con un objetivo: ser un país exitoso en el mundo global, orgulloso de su convivencia interna y cooperativo en la construcción de la “ciudad del futuro”.
Rebotar bien requiere un país democrático y republicano que retome el rumbo de sus principios fundacionales. Por eso, aunque de nada sirva a esta altura llorar sobre lo perdido, es imprescindible asumir que difícilmente nos lleven a “rebotar bien” quienes aún hoy, con las consecuencias a la vista, insisten en que se ha hecho lo correcto, que lo que está pasando es positivo, y que con el abismo enfrente todavía sostienen, sin ruborizarse, que el riesgo sería “cambiar de rumbo”.
Ricardo Lafferriere
consumos consumos
Poco servirá ahora llorar sobre la “leche derramada”. La economía se está ralentizando aceleradamente. Alcanza con mirar los pueblos del interior –los primeros en sufrir sus alcances, por la perversidad diabólica del gobierno-. Paralizados los cultivos, paralizados los comercios, paralizadas las industrias, paralizados los transportes.
Pero no sólo allí. Ahora las ciudades están sintiendo las consecuencias de destrozar a la locomotora de la economía nacional, que es el sector agropecuario. Entran menos divisas, y las que hay dentro se van. Quienes tienen pesos los liquidan y fugan hacia cualquier otra moneda que no sea la argentina. En consecuencia, la paralización comercial es significativa. Una recorrida por las arterias y zonas comerciales nos muestra la proliferación de carteles “liquidación por cierre”, “se alquila”, “oportunidades” y similares, que tras la aséptica publicidad de venta terminal esconden el drama de familias que allí trabajaban y de ellos vivían, desde sus dueños hasta los empleados y familiares, que deberán afrontar la pérdida de sus ingresos vitales. Los negocios que quedan, salvo los que puntualmente responden a los consumos de alto nivel, están vacíos.
La disminución del comercio golpea a las fábricas, y con ello hay más compatriotas que pierden su empleo. Y golpea a la importación, que ha sufrido la caída más abrupta de su historia, configurando quizás el indicador más grave de todos: la paralización de las etapas económicas de la cadena productiva global de la que empresarios argentinos habían logrado formar parte, a pesar del gobierno.
La paralización, a su vez, genera menos ingresos fiscales. Ya incautaron ilegalmente los ahorros previsionales, que están dilapidando provocando el desfinanciamiento estructural del sistema. Y no existirán fondos para mantener los subsidios transferidos a las empresas públicas –entre las cuales destaca como barril sin fondo, la escatológica estatización de Aerolíneas Argentinas, que sostiene entre otras cosas un vuelo diario de un Jumbo a Calafate, con el 25 % de su capacidad ocupada y gran cantidad de pasajes de “cortesía”, con dinero estatal, por supuesto-. Pero también a los colectivos urbanos, a los ferrocarriles y a otros servicios públicos, con la finalidad de mantenerlos funcionando ante la imposibilidad de autofinanciación con los precios de los servicios, mantenidos demagógicamente congelados cuando la situación era buena, y hoy asfixiados por la escasez.
La tensión está cantada: si el gobierno nacional prefiere seguir el jubileo de subsidios, no habrá dinero para las provincias, que deberán financiarse con cuasi monedas, nuevamente. Y si las provincias logran, por el contrario, recuperar sus recursos confiscados por el gobierno nacional, éste deberá subir drásticamente todas las tarifas, con el impulso inflacionario que esto genera, y el drama social de golpear sobre una población asalariada desocupada o con salarios retrasados.
Nuevamente: nada tiene que ver con esto la crisis internacional, que en realidad aún no ha llegado al país. Alcanza con ver la cotización de los productos agropecuarios, en un nivel que está en el promedio de su mejor momento, pero que no se puede aprovechar por la asfixia a que sometió el gobierno al sector agropecuario confiscándole su rentabilidad e impidiendo el financiamiento de nuevas campañas.
En síntesis: los momentos que vienen no serán buenos.
Pero lo importante es saber que siempre la vida sigue y de ello tenemos experiencias repetidas los argentinos. Hemos tenidos crisis gigantescas y al final hemos arrancado, no precisamente por las genialidades de los gobiernos sino por la tenacidad optimista de la gente que trabaja y produce, a pesar de ser golpeada por la incautación de sus recursos por parte de quienes han vivido durante décadas de aprovechar el esfuerzo ajeno. Y mirando hacia adelante, lo importante será que “rebotemos bien”. Porque del ajuste se saldrá. El punto es que acertemos en la dirección del renacimiento.
Como siempre, existirán presiones para repetir la salida conocida, alimentando las corporaciones sindicales, empresarios protegidos y malas prácticas políticas. Esa salida nos llevará, como en el ciclo que estamos terminando, a repetir los dramas corregidos y aumentados. Ni siquiera con el “mejor período económico en nuestra historia independiente” (Cristina “dixit”) ha podido reducirse la pobreza, terminar con la inseguridad, mejorar la educación, desarrollar la infraestructura, modernizar el Estado, dejar de robar a los jubilados y ahorristas... ergo: es “el rumbo” lo que falla, como ha fallado tantas veces.
Dependerá de los argentinos y sus fuerzas políticas y sociales representativas la decisión de romper ese círculo vicioso y tomar esta vez, otro camino. No son necesarias elucubraciones muy novedosas. Es el que siguen pueblos de gobiernos tan diferentes como Brasil y China, como Chile e India, como Australia y México, como Uruguay y España. Un camino que no requiere “inventar la pólvora” sino que se basa en principios que los argentinos adoptamos cuando, hace casi dos siglos, comenzamos el camino independiente: vigencia de la ley, independencia de poderes, respeto a los derechos de los ciudadanos, seguridad para los que invierten y trabajan, limitación clara a las decisiones del poder, justicia auténticamente independiente, libertad de prensa, partidos políticos serios. Y, como colofón, asumir la realidad cosmopolita del encadenamiento productivo mundial, del que la Argentina forma parte, terminando con las ocurrencias del dedito levantado y la voz impostada, recursos dialécticos para disimular la ignorancia, que traducidos en decisiones de gobierno han llevado a desperdiciar las mejores condiciones externas que hayan existido jamás para el país en una orgía de corrupción, latrocinios y fraudes pocas veces visto –y hemos conocido muchos...- en la historia argentina.
Rebotar bien de esta crisis. Ese es el secreto. Entender el rumbo del mundo hoy, para una imbricación virtuosa. Fuerte apuesta a la capacitación, para poder montarnos en la revolución científico técnica. Sólido piso de ciudadanía, para entusiasmar a todos en el nuevo desafío. Respeto a la ley y a la palabra con reglas de juego claras y respetadas, para recuperar confianza, capital social y atracción a la inversión que genera empleos. Prudencia en la gestión económica, para alejarnos de la imagen de aprendices de brujos que nos han convertido en el hazmerreír del mundo. Y sobre todo, humildad en nuestros comportamientos, ya que está visto que no tenemos mucho que enseñarle a nadie, como no sea el nada reconfortante récord de ser el país de peores logros en el mundo en los últimos cincuenta años.
Rebotar bien. Nunca se podrá hacer con el populismo guiando el Estado, ignorando la realidad, olvidándose de los ciudadanos –desde los más pobres, sometidos a una humillante pobreza reciclada, hasta los más encumbrados, sometidos a la humillante pérdida de su capital de trabajo por los caprichos de un mafioso-. Rebotar bien es salir de la crisis apostando a la modernización productiva tanto de la industria como del sector agropecuario, al turismo, a los emprendedores, al mercado global, a la reconversión energética huyendo de los hidrocarburos fósiles y respaldando las nuevas fuentes renovables, las redes inteligentes de distribución, el consumo racional. Rebotar bien es terminar con el desprecio al medio ambiente, la preservación del entorno, el hacinamiento en villas olvidadas de todos los servicios. Rebotar bien es reiniciar la marcha con un objetivo: ser un país exitoso en el mundo global, orgulloso de su convivencia interna y cooperativo en la construcción de la “ciudad del futuro”.
Rebotar bien requiere un país democrático y republicano que retome el rumbo de sus principios fundacionales. Por eso, aunque de nada sirva a esta altura llorar sobre lo perdido, es imprescindible asumir que difícilmente nos lleven a “rebotar bien” quienes aún hoy, con las consecuencias a la vista, insisten en que se ha hecho lo correcto, que lo que está pasando es positivo, y que con el abismo enfrente todavía sostienen, sin ruborizarse, que el riesgo sería “cambiar de rumbo”.
Ricardo Lafferriere
consumos consumos
sábado, 16 de mayo de 2009
"De la Contradicción Fundamental al cosmopolitismo consciente"
Un nuevo trabajo ha sido incorporado a la "librería virtual" de Ricardo Lafferriere. Se trata de la actualización y ampliación del que fuera publicado el año 2008 con el título "Los argentinos y la globalización - Hacia una política cosmopolita". En la nueva obra, el autor realiza una revalorización del documento que convocara a la acción política a miles de jóvenes argentinos que se sumaron a la Juventud Radical en los años 70 y 80 del siglo pasado, "La Contradicción Fundamental", proponiendo su crítica, autocrítica y reelaboración para adecuar las propuestas de unidad a los problemas que sufren los argentinos del siglo XXI.
La obra puede ser bajada libremente en "http://stores.lulu.com/lafferriere", donde se encuentran también otros trabajos del autor.
La obra puede ser bajada libremente en "http://stores.lulu.com/lafferriere", donde se encuentran también otros trabajos del autor.
martes, 12 de mayo de 2009
Ahora, con Mexico...
Las medidas decididas por el “ex presidente en funciones” –como ha caracterizado un destacado periodista de opinión al esposo de la presidenta de la Nación- que han prohibido el arribo al país de los vuelos que tengan por origen a México provocaron, como no podía ser de otra forma, una protesta del gobierno azteca afectado por la sobreactuación de la administración argentina que genera un daño innecesario a la imagen y a la economía de ese país.
La Organización Mundial de la Salud tiene elaborado, en forma permanente y revisión constante, protocolos de actuación que contienen las medidas necesarias ante la aparición de brotes de enfermedades contagiosas peligrosas. Esos protocolos se han ido perfeccionando justamente para evitar que el pánico, la improvisación o la manipulación política derive en decisiones desvinculadas de cualquier efectividad previsible.
Los protocolos comenzaron a elaborarse luego de 1970, cuando un brote de peste bubónica se desató en cinco estado de la India, generando una sobrereacción motivada por el pánico que provocó pérdidas económicas enormes (1.700 millones de dólares de esa época), sin efecto alguno sobre el desarrollo de la epidemia. Desde esa fecha, el perfeccionamiento ha sido constante con la doble finalidad de la efectividad en el control de los brotes y la reducción de los efectos colaterales sobre la economía. Cabe recordar que éstos no son inocuos: se traducen en pérdida de actividad económica, con la consecuente reducción de empleos, que sufren principalmente los sectores más pobres.
El brote de “vibrión colérico”, en Perú; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (“SARS”, en inglés), y posteriormente el de la gripe aviar, fueron contenidos con esas medidas, monitoreadas por especialistas de todo el mundo que integran los equipos técnicos de la OMS.
Ese protocolo de acciones es el que desconoció la rudimentaria respuesta del ex presidente en funciones, colocando a la Argentina en otra situación más de las tantas en que ha despreciado a otros países del mundo, en un rosario de agravios que deberemos revertir cuando termine la “pesadilla K” y, por fin, la Argentina recupere algo de sentido común y madurez. Muchas disculpas deberemos pedir a muchos para volver a ser tenidos en cuenta o respetados como una nación seria. Será otro de los desastres que legará el régimen a gobiernos que lo sucedan.
Con el inocultable motivo de “tapar” el brote de Dengue que azota a miles de compatriotas por la grosera inoperancia oficial, no dudó en poner en riesgo la excelente relación que tenemos con un país que ha mostrado su solidaridad con la Argentina en muchos momentos de su historia, entre los que no podemos olvidar el asilo dado en momentos difíciles a muchos compatriotas perseguidos por la intolerancia.
El listado de países es cada vez más largo, como símbolos de la soledad de la Argentina que el régimen “K” ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos fueron destratados antes que México. Desde Uruguay y Finlandia (naciones con las que ni el más ingenioso previsor de futuro hubiera pensado que nuestro país pudiera tener un entredicho), hasta los agravios protocolares cometidos contra el presidente de Rusia –varias horas de plantón en el Aeropuerto de Moscú, esperando al visitante que se demoró para hacer algunas compras de camino-; la reina de Holanda –a quién dejó esperando en un banquete protocolar ofrecido por él mismo, al que no asistió-; el presidente de Estados Unidos –al que destrató, siendo anfitrión, en la Cumbre de las América realizada en Mar del Plata; a los ahorristas italianos, ridiculizados repetidas veces por creer en nuestro país; a las empresas españolas, agraviadas por sus groseros desplantes con medidas populistas; a la República de Chile, incumpliéndole los contratos de provisión de gas; a Estados Unidos, a quien reprochó no haber presionado a su sistema de justicia para hacer “zafar” a su esposa de la vergonzosa operación de contrabando de dólares en el “affaire” de la valija de Antonini Wilson; al presidente de Guinea Ecuatorial, a quien el cupo femenino de la dinastía presidencial increpó en una reunión protocolar luego de haberle cursado una invitación oficial para visitar al país; y así podríamos continuar hasta el infinito.
Ese desconocimiento de las más elementales reglas de la buena educación y la convivencia –que en el plano diplomático se denominan “reglas de protocolo”- hasta la soberbia desdeñosa con la que se dirige a otros mandatarios y países han sido una constante dañina para la Argentina, cada vez más aislada en un momento en que el mundo construye la ciudad del futuro, con su economía eslabonada, su desarrollo científico técnico cada vez más interelacionado, sus pueblos cada vez más interconectados y sus sistemas políticos cada vez más compenetrados en acciones conjuntas, como la propia presidenta de comprometió a actuar en el G-20 realizado semanas atrás, en Londres.
Pero no hay nada que hacer. Nos tocó este azote. La buena noticia, en todo caso, es que no será eterno.
Tendremos mucho que reparar del prestigio y la buena educación de la Argentina en el mundo cuando el país vuelva a la normalidad democrática.
Ricardo Lafferriere
La Organización Mundial de la Salud tiene elaborado, en forma permanente y revisión constante, protocolos de actuación que contienen las medidas necesarias ante la aparición de brotes de enfermedades contagiosas peligrosas. Esos protocolos se han ido perfeccionando justamente para evitar que el pánico, la improvisación o la manipulación política derive en decisiones desvinculadas de cualquier efectividad previsible.
Los protocolos comenzaron a elaborarse luego de 1970, cuando un brote de peste bubónica se desató en cinco estado de la India, generando una sobrereacción motivada por el pánico que provocó pérdidas económicas enormes (1.700 millones de dólares de esa época), sin efecto alguno sobre el desarrollo de la epidemia. Desde esa fecha, el perfeccionamiento ha sido constante con la doble finalidad de la efectividad en el control de los brotes y la reducción de los efectos colaterales sobre la economía. Cabe recordar que éstos no son inocuos: se traducen en pérdida de actividad económica, con la consecuente reducción de empleos, que sufren principalmente los sectores más pobres.
El brote de “vibrión colérico”, en Perú; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (“SARS”, en inglés), y posteriormente el de la gripe aviar, fueron contenidos con esas medidas, monitoreadas por especialistas de todo el mundo que integran los equipos técnicos de la OMS.
Ese protocolo de acciones es el que desconoció la rudimentaria respuesta del ex presidente en funciones, colocando a la Argentina en otra situación más de las tantas en que ha despreciado a otros países del mundo, en un rosario de agravios que deberemos revertir cuando termine la “pesadilla K” y, por fin, la Argentina recupere algo de sentido común y madurez. Muchas disculpas deberemos pedir a muchos para volver a ser tenidos en cuenta o respetados como una nación seria. Será otro de los desastres que legará el régimen a gobiernos que lo sucedan.
Con el inocultable motivo de “tapar” el brote de Dengue que azota a miles de compatriotas por la grosera inoperancia oficial, no dudó en poner en riesgo la excelente relación que tenemos con un país que ha mostrado su solidaridad con la Argentina en muchos momentos de su historia, entre los que no podemos olvidar el asilo dado en momentos difíciles a muchos compatriotas perseguidos por la intolerancia.
El listado de países es cada vez más largo, como símbolos de la soledad de la Argentina que el régimen “K” ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos fueron destratados antes que México. Desde Uruguay y Finlandia (naciones con las que ni el más ingenioso previsor de futuro hubiera pensado que nuestro país pudiera tener un entredicho), hasta los agravios protocolares cometidos contra el presidente de Rusia –varias horas de plantón en el Aeropuerto de Moscú, esperando al visitante que se demoró para hacer algunas compras de camino-; la reina de Holanda –a quién dejó esperando en un banquete protocolar ofrecido por él mismo, al que no asistió-; el presidente de Estados Unidos –al que destrató, siendo anfitrión, en la Cumbre de las América realizada en Mar del Plata; a los ahorristas italianos, ridiculizados repetidas veces por creer en nuestro país; a las empresas españolas, agraviadas por sus groseros desplantes con medidas populistas; a la República de Chile, incumpliéndole los contratos de provisión de gas; a Estados Unidos, a quien reprochó no haber presionado a su sistema de justicia para hacer “zafar” a su esposa de la vergonzosa operación de contrabando de dólares en el “affaire” de la valija de Antonini Wilson; al presidente de Guinea Ecuatorial, a quien el cupo femenino de la dinastía presidencial increpó en una reunión protocolar luego de haberle cursado una invitación oficial para visitar al país; y así podríamos continuar hasta el infinito.
Ese desconocimiento de las más elementales reglas de la buena educación y la convivencia –que en el plano diplomático se denominan “reglas de protocolo”- hasta la soberbia desdeñosa con la que se dirige a otros mandatarios y países han sido una constante dañina para la Argentina, cada vez más aislada en un momento en que el mundo construye la ciudad del futuro, con su economía eslabonada, su desarrollo científico técnico cada vez más interelacionado, sus pueblos cada vez más interconectados y sus sistemas políticos cada vez más compenetrados en acciones conjuntas, como la propia presidenta de comprometió a actuar en el G-20 realizado semanas atrás, en Londres.
Pero no hay nada que hacer. Nos tocó este azote. La buena noticia, en todo caso, es que no será eterno.
Tendremos mucho que reparar del prestigio y la buena educación de la Argentina en el mundo cuando el país vuelva a la normalidad democrática.
Ricardo Lafferriere
martes, 5 de mayo de 2009
Tensando al máximo el estado de derecho
168.000 juicios esperando sentencia en diez juzgados de la Seguridad Social de la Capital, y decenas de miles en los Juzgados Federales del interior. Cientos de miles de juicios en trámite por incumplimiento por parte de la ANSES de sus obligaciones legales para con los jubilados. Alrededor de medio millón de jubilados reclamantes en la justicia con trámites en marcha. Estos –patéticos- datos han llevado a uno de los fueros de la Justicia Federal, quizás el de más sentido social por el tipo de causas que trata, a una situación de colapso.
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
jueves, 30 de abril de 2009
El país normal y la Argentina posible
“Producto potencial”, llaman los economistas a la producción que podría llegar a tener un país en un escenario de pleno empleo de sus fuerzas productivas, para compararlo con el “producto real”, o sea el que efectivamente genera. La diferencia entre ambos marca es el desafío de las políticas económicas para liberarlo de los obstáculos que impiden su confluencia aprovechando toda la capacidad existente en un determinado momento
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
martes, 21 de abril de 2009
Primeras consecuencias del “gran robo”
El fallo de la Jueza Federal Dra. Elvira Muleiro, decretando la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 26425 y sus posteriores decretos de ejecución Nº 2103 y 2104/08 comienzan a mostrar las primeras consecuencias de la aberrante decisión jurídica tomada por el kirchnerismo y sus socios (socialistas, SI, y varios bloques menores) en el mes de noviembre incautando el ahorro previsional de las cuentas de capitalización, propiedad de los aportantes del mencionado sub-sistema.
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
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