Ley de "lavado y humillación nacional"

Un golpe terminal al estado de derecho. Así puede calificarse la ley de lavado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Quienes la aprueben tendrán una sanción mucho más grave que la –a esta altura, simbólica- fulminación del artículo 29 de la Constitución. No estarán ya traicionando a la patria sino a la posibilidad de una convivencia decente, apoyada en bienes éticos que se remontan al origen de la civilización. Estarán traicionando al sentido moral de la propia condición humana, legitimando el robo desembozado a los ciudadanos de bien, liberando a los mega-delincuentes, aún a los más sanguinarios, de cualquier sanción y proclamando al país y al mundo que la Argentina se habrá convertido en el aguantadero mundial de los bandidos.

Describe muy bien Rogelio Alaniz en su nota semanal de “El Litoral” la situación a la que se enfrentan las personas de bien: está todo dicho. A partir de esta norma, de la misma malformación   ética que la “autoamnistía” del proceso militar en sus días finales, cualquier diálogo se vuelve inútil y todo debate se convierte en infame, porque con la delincuencia común no puede dialogarse, sino luchar.

Basten algunas pocas consecuencias inexorables de la ley de lavado y los mecanismos que implementa:

Primer caso: extraído de la sección “Carta de Lectores” de La Nación, de una remitida por el Sr. Horacio Robles: El Sr. “Testa” va al Banco y cambia dólares delictivos por CEDIN sin problema alguno. Con los bonos recibidos le compra un campo (una estancia en la Patagonia) al Sr. “Ferro”, quien cambia los CEDIN recibidos por dólares billete. Resultado, el señor Testa se queda, en la teoría, con un campo, que transferirá al delincuente que le dio las divisas –quien, a su vez, podrá disponer de él libremente- y el señor Ferro se queda con los dólares blanqueados. Testa y Ferro podrán confundirse y de hecho se confundirán en la misma persona, que al final obtendrá ambas cosas, el campo y los dólares blanqueados.

Segundo caso: éste sí, imaginado: el Sr. “Testa” tiene 1.000.000 de dólares “negros”, que le facilitó un delincuente que, a su vez, los tiene por un sobreprecio en una obra pública y necesita legalizarlos. El Sr. Testa va al Banco, los cambia por un certificado de “BADE”, y con éste, compra obligaciones negociables de YPF convirtiendo su dinero en perfectamente “blanco”. Esos títulos cotizan en bolsa local y extranjera, por lo que acto seguido, los vende, recibiendo en divisas también “blancas” el importe blanqueado. Seguidamente, las devuelve al delincuente que se los entregó, sea directamente o a través del Sr. “Ferro”, por lo cual recibe –si no hubiera recibido antes- el pago por sus servicios.

Tercer caso: también imaginado. Un narcotraficante que también se dedica al secuestro y trata de mujeres, que vive en un lujoso condominio de Pilar, tiene en su poder 10.000.000 de dólares obtenidos por su actividad delictiva. Necesita sacarlos de la clandestinidad, “blanquearlos”. Va con ese dinero al Banco, por sí o a través de los servicios del Sr. “Testa”, y obtiene títulos CEDIN o BADE del Banco Central por el mismo valor. Con esos títulos realiza inversiones inmobiliarias, convertido en un respetable empresario hotelero, o emprendedor, o en un próspero millonario petrolero. Y además, se garantiza la impunidad ante cualquier investigación por el origen de su dinero.

Todo habrá sido legal. El dinero “negro” habrá sido convertido en perfectamente blanco.

En un caso, un inmueble se habrá vendido y en los otros YPF tendrá sus dólares, contrayendo una deuda equivalente con el Banco al que le haya canjeado los CEDIN por dinero o divisas en efectivo. El Banco Central tendrá un crédito contra YPF (¡¿?!). En ambos casos, el lavador estará feliz, con su dinero en blanco por el que no ha tenido sanción ninguna, logrando, además, su impunidad por el delito del que hubiera surgido ese dinero (ya que la ley de blanqueo borra las sanciones administrativas y penales).

En los últimos lustros, la persecución internacional al lavado de dinero ha ido “in crescendo”, debido a la financiación del terrorismo para que se lo utiliza y el estímulo para los delitos por funcionarios o con complicidades públicas. Ya los bancos suizos y austríacos, los más celosos de su tradicional secreto, han adoptado la política de no acoger dinero mal habido. En consecuencia, para los dictadorzuelos y funcionarios corruptos se les hace cada vez más difícil encontrar un destino seguro para sus fondos mal habidos, ante el cerco internacional a los paraísos fiscales.

Una solución transitoria para los delincuentes fue el atesoramiento físico de divisas, joyas y barras de oro. Sin embargo, la vulnerabilidad de esos depósitos no permite garantizar su permanencia en el tiempo: ocurrido el fin del período de gobierno en el que se generaron, se pierden complicidades y se hacen totalmente vulnerables a la acción de la justicia. Es necesario “lavarlos” y borrar las culpas.

Debido a esta situación es que la comunidad internacional perfecciona permanentemente sus procedimientos para evitar el lavado. Nuestro país ha firmado la convención respectiva y está comprometido a dar una batalla contra el lavado fronteras adentro, sancionando las medidas legales y decisiones administrativas necesarias. Esos compromisos contienen medidas que pueden consultarse en el documento respectivo, que es accesible en Internet en el propio sitio nacional de la unidad “antilavado”: “http://www.uif.gov.ar/uif/images/40rec_es.pdf”

Frente esas medidas, la ley kirchnerista de lavado está situado en las antípodas porque abre una puerta de legalización a lo que ha tenido un origen delictivo. Fraudes, secuestros, coimas, robos, trata de personas, contrabando de armas, narcotráfico y el sinfín de defraudaciones al dinero público tendrán una pista de aterrizaje en el mundo legal, abriendo incluso la posibilidad de que delincuentes internacionales –no sólo los locales- puedan usarla para blanquear sus fondos. Sólo necesitarán un testaferro, que no son tan caros, como se ha mostrado en la televisión en estas últimas semanas, para hacerse dueños legales en la Argentina de campos, hoteles, empresas, casinos.

Esta ley es una inmoralidad, mayor a cualquier “blanqueo” anterior, porque ha perfeccionado el mecanismo. Convierte a la Argentina en el paraíso del lavado y consolida la imbricación del país con el crimen internacional. Nos humilla, como país y como ciudadanos de una sociedad civilizada. Es una auténtica ley de lavado y humillación.

Leer la disposición del Banco Central persiguiendo a honestos ciudadanos que han obtenido en algún cajero en el exterior los pocos dólares de su propiedad que pueden conseguir de esta forma, mientras se abre en el mismo momento esta gigantesca puerta a los fondos de origen delictivo, a los que además se les abonará una tasa de interés, supera los límites imaginados.

Tanto como escuchar al Viceministro de Economía afirmar, totalmente suelto de cuerpo y por Cadena Nacional de Radio y Televisión, que “cualquiera podrá traer desde un paraíso fiscal, o desde una caja de seguridad, los dólares que tenga. Nadie les preguntará de dónde vienen ni ninguna explicación sobre su origen”, a la vez que se les garantiza que “Quienes accedan al blanqueo también quedarán liberados de sanciones por la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria y de toda otra acción civil, penal o administrativa”.

Seguramente se seguirán rompiendo esos propios límites, al compás de la descomposición final del Régimen, su toma de conciencia de la imposibilidad de garantizar la impunidad manejando la justicia y  el acercamiento de su fin, inexorable como todo paso del tiempo.

Esta inexorabilidad es lo que desespera a los delincuentes, pero es a la vez la última barrera de los honestos. Ningún mausoleo fúnebre podrá hacer disfrutar a los que allí descansen de los fondos conseguidos en vida. “Sic transit gloria”, decían los antiguos romanos, para señalar lo efímero de la gloria del mundo.

En momentos en que “está todo dicho”, sin embargo, cabe una última invocación a los legisladores peronistas y afines que deben votar esta iniciativa: compatriotas, es un límite. Luego de levantar su mano para sancionar estas leyes, habrán perdido para siempre el derecho de mirar de frente a cualquier argentino. Nos  costará, incluso, volver a considerarlos “compatriotas”.

Recuerden que el tiempo pasa. Hoy o mañana, más temprano que tarde, todo llega a su fin. El horizonte de la justicia se hace cada vez más tangible. Tal vez esa sea la mejor explicación que da coherencia a las dos iniciativas más notables de Cristina  Kirchner en estos días: la colonización de la justicia para hacerla depender definitivamente de su voluntad y la ley de lavado de fondos delictivos. 

Reaccionen. No sean cómplices.

Ricardo Lafferriere

¿A quién le importa el dólar?

"Históricamente, han existido brechas del 100 % y del 200 %" (Aldo Abraham) Su opinión coincide con la de otros economistas, que rastrean en el pasado -no menor a dos décadas- situaciones similares de descalce cambiario entre el valor de la divisa administrada por el Estado, y la que la gente y las empresas están dispuestos a pagar fuera del sistema oficial.

De todas maneras, “¿a quién le importa el dólar?”

Sin embargo, estas miradas son válidas sólo parcialmente. La economía del mundo y del país han sufrido en estas dos últimas décadas cambios sustanciales y no sólo por el desborde financiero.

El salto tecnológico, que alcanza a todos los rubros de la producción, y la globalización de los mercados, oficializada por la Organización Mundial de Comercio, llevan a que en la actualidad el valor de la divisa -o, con más precisión semántica, la pérdida de valor de la moneda nacional- no sea sólo un dato exótico para la economía, sólo preocupante para quienes especulan. Por el contrario, golpea gravemente a todo el sistema económico.

Cuando un productor rural tiene que comprar semillas, fertilizantes, plaguicidas, herramientas agrícolas o, sencillamente, combustibles, se encuentra con que la mayoría de estos insumos cotizan sus precios a una relación implícita con el tipo de cambio que sigue más al "blue" que al oficial. Y es obvio, porque es el único que se consigue en el mercado para pagar esos productos.

Cuando un industrial debe adquirir insumos para su producción o, nuevamente, combustibles para hacer andar las máquinas de sus fábricas, el precio tiende a seguir también al "blue".

Cuando ese mismo industrial debe ahorrar para prever cambiar un equipo importado -ante las dificultades de acceso al crédito internacional- no tiene otra forma de hacerlo que recurrir al "blue": el oficial es inaccesible para el ahorro, la tasa de interés es sustancialmente menor que la tasa de crecimiento del "blue" y los bancos, además, no le generan ninguna confianza en la intangibilidad de su dinero.

Para todos estos sectores la devaluación ya está efectuada y ya la sufren, porque sus cuentas deben abonarse en el valor del dólar “blue”. Cuando el Viceministro Kicilloff emite su pregón antidevaluatorio con argumentos de aquéllas que se hicieron décadas atrás, omite que hoy su dólar oficial a la mitad del “blue” se financia reconociendo a los productores agropecuarios que venden su cosecha, un dólar de sólo $ 3,50.

Es bueno seguir esta relación: los productores deben comprar sus insumos a un dólar de $ 10, pero se les paga su producción con un dólar de $ 3,50. La distorsión es gigantesca y el beneficiario sólo uno: el gobierno kirchnerista.

Los argentinos que tienen ingresos fijos, por su parte, tienen salarios equivalentes al dólar de $ 5. La última vez que se fijaron, hace un año, no había un “paralelo” que se notara. Pero deben lidiar con muchos precios que se acercan al dólar de 10, sea porque son importados o porque tienen componentes importados.

Los precios vinculados estrictamente con el dólar “oficial”, también aumentaron en un abanico que va del 20 al 50 %. El propio dólar oficial aumentó de 4,20 a 5,40, es decir el peso oficial sufrió una devaluación de un 20 %.

No se trata entonces de medir con las toscas varas del pasado, a esta altura inaplicables por ideologizadas, la tolerancia económica de la brecha.

Como lo han advertido repetidas veces los economistas de todo el arco político, el problema no es el “blue”, sino la inflación. Y el problema de la inflación es el capricho oficial en seguir gozando de la discrecionalidad, expresada en la fabricación de dinero sin respaldo legal ni económico y en su caprichosa transferencia de ingresos, también si base legal ni discusión parlamentaria.

Tal práctica le permite extraer un impuesto que es ya el más importante de la recaudación nacional, porque no se controla, no se coparticipa y no requiere asignación presupuestaria previa. Es, por decirlo de alguna forma, una conducta bárbara, más propia de las sociedades pre-estatales que de una economía sofisticada.

Los argentinos, que no son tontos, apenas tienen un peso que puedan guardar, corren a hacerlo de la única forma que les queda: comprando divisas.

"El dólar no le importa a nadie", expresión del inefable Ministro de Economía que no suele hacer lo que quiere, afecta sustancialmente la vida de muchos. Días atrás, el Vicepresidente había sido menos terminante: "Sólo le importa a un pequeño grupo de 200.000 personas" (?)

Desde este lugar nos atrevemos a afirmar que la caída del peso -y con él jubilaciones, sueldos, rentabilidad empresaria, distorsión de precios relativos, empobrecimiento general del país- generado por el oficialismo interesa grandemente a numerosos argentinos. Y los atemoriza. Por eso también compran divisas.

Y que el destrozo de la institucionalidad fiscal que está en la raíz de esta distorsión tiene una magnitud tal que está llevando al límite la capacidad de gestión de todo el aparato estatal que no tiene la capacidad de emisión: provincias y municipios.

Pensar que, luego de tantas mentiras, corrupción, latrocinio y negaciones, habrá argentinos que lograron acceder a dólares como refugio de ahorros que opten por prestárselos al oficialismo con la promesa que se los devolverán, es ingenuo. Tan ingenuo que no puede imaginarse ni siquiera de los improvisados gestores kirchneristas.

La mayoría de la población cree –y tal vez tenga razón- que en realidad lo que esconden las medidas anunciadas es un blanqueo de fondos mal habidos. Los hechos dirán si es así. Y además, si es cierta la rotunda afirmación del Ministro de Economía: “El dólar no le importa a nadie”

Ricardo Lafferriere

“Cristina atrasa”

Así se titulaba el artículo con el que el 29/1/2008 calificábamos el desacertado diagnóstico de la recién electa presidenta, al referirse a la economía argentina.

 Refiriéndose al “crecimiento” que formaba parte del relato kirchnerista, la presidenta sostenía entonces que “logramos quebrar esa lógica estructural que tenía el país, que cuando comenzaba a crecer y subían las importaciones terminábamos en un cuello de botella por extrangulamiento del sector externo” (La Nación Económica, Sábado 19 de enero).

Decíamos que “Tal diagnóstico, propio de la Argentina de los años 70, no sólo ignora el cambio que se produjo en la economía argentina y en el mundo en el último cuarto de siglo, sino que marca en todo caso el límite de su propia concepción “mercadointernista” y dependiente, en boga cuando la hoy pareja reinante se fue a vivir a Santa Cruz allá en sus años mozos. 

Sin embargo es a la inversa. Los datos están demostrando –según propias informaciones oficiales- que a medida que la reactivación de la vieja estructura industrial bonaerense movió las máquinas de hace medio siglo, el superávit comercial, en lugar de subir, ha comenzado a reducirse en forma acelerada.”

Decíamos, ya entonces, algo que ratificamos hoy y que los hechos han confirmado: la presidenta “atrasa”. Su mirada  es obsoleta y su información económica es rudimentaria. Alertábamos sobre el agotamiento de la capacidad instalada ante la ausencia de inversiones, la característica reactivante –pero no desarrollista- de la política expansiva realizada forzando la demanda sobre una capacidad instalada generada antes de la llegada del kirchnerismo, la limitación de la capacidad energética –ya entonces al borde de su límite técnico- y la dependencia a la que conducía ese “modelo” con respecto a los precios internacionales primarios, que el país no maneja y sólo toma como dato.

En esos momentos, la soja se cotizaba a USD 350 la tonelada. Los años siguientes fueron benévolos con el país y con la supervivencia del relato kirchnerista. El piso del “yuyo” superó los USD 500, con picos de USD 650. En lugar de aprovechar esta nueva ventaja del destino, “profundizó el modelo”. Hoy, el superávit comercial prácticamente desapareció. Y no precisamente porque se hayan caído los precios. Y la economía no crece desde hace dos años.

Desperdició el siguiente lustro, mandando al consumo la totalidad de los excedentes extraordinarios que generó la productividad del campo, sin pensar que no serían eternos y que, aunque lo fueran, era más inteligente destinar siquiera parte de ellos a la inversión para modernizar la infraestructura, reconvertir el sistema energético, potenciar la inversión y sentar las bases de un crecimiento sólido, menos dependiente de la soja. Pero perdimos otros cinco años.

Hoy la infraestructura se cae de a pedazos, la energía nos demanda importaciones por 12.000 millones de dólares al año, nos hemos consumido todas las reservas estratégicas –el stock ganadero, los ahorros previsionales, las reservas en divisas, la capacidad de endeudamiento interno, también girados todos al consumo- y por último, la fabricación de dinero sin respaldo nos coloca, una vez más, al borde de una nueva crisis sistémica atenazados entre la inflación y la recesión.

Afortunadamente el ciclo K, que se agotó en lo discursivo e intelectual hace, al menos, un lustro, parece estar agotándose también en el plano político. A esta altura no caben muchas esperanzas en un despertar de la conciencia presidencial. Sólo cabe esperar que las opciones de relevo no sigan mirando la economía con las mismas anteojeras del kirchnerismo, como si la economía y el mundo fueran los mismos que a mediados del siglo XX.

La Argentina tiene aún posibilidades favorables. Queda aprovecharlas, con una mentalidad abierta y cosmopolita, flexible, sin dogmatismos que aten la capacidad creadora de los argentinos sino apoyando su notable creatividad.

Conspiran contra esta posibilidad las ideologías cerradas. La favorece la convicción que un gran salto adelante es posible. Requiere una fina ingeniería que articule positivamente la potencialidad de los agentes económicos, la fuerza de la sociedad civil y un Estado inteligente, actuando en el marco de un sólido estado de derecho y el respeto irrestricto e integral a la Constitución Nacional.

Todo ello tiene un primer paso: la disposición a los acuerdos estratégicos nacionales, en los que todos son necesarios. Que el gobierno que venga, sea cuando sea, no se enamore de su visión parcializada sino que adopte la conducta que la nueva democracia demanda en el mundo: participación, diálogos, reglas de juego, inclusión social, desarrollo tecnológico, compromiso con el ambiente, convivencia en libertad.

Ricardo Lafferriere

Represión salvaje

Represión salvaje

Era difícil no indignarse al observar los hechos de violencia ocurridos en el Borda el viernes pasado.

Mientras intentaba racionalizar el enfrentamiento para poder comprender el por qué antes de escribir sobre él, se me ocurrió pensar -siempre lo hago, como una especie de "filtro" previo a emitir una opinión- cómo habrían actuado protagonistas -en casos similares- en otros países, tanto democráticos como autoritarios.

Pensé cómo habría actuado la policía de Francia, la inglesa, la sueca, alemana, española, italiana. O rusa. O norteamericana, canadiense, mexicana. O china, india o pakistaní. O chilena, brasileña o paraguaya...¡o cubana!

Confieso que a medida que revisaba en Internet -en algunos casos-, en mi memoria en otros, la indignación se me iba convirtiendo en una necesidad hambrienta de entender el por qué de la "originalidad argentina". Porque quedaba claro que a pesar de la firmeza y hasta algunos excesos de la actuación de la metropolitana, comparada con cualquier policía del mundo en situaciones equivalentes sus procedimientos estaban a años luz de poder ser calificados de "brutales". Sin embargo, así fueron leídos por muchos ciudadanos y la prensa.

En mi recorrida observé imágenes que muchos tenemos grabados en nuestra memoria -y en mi caso, coinciden on experiencias observadas en directo personalmente- a los suecos disolviendo manifestaciones ambientalistas, a los ingleses reprimiendo salvajemente a "wooligans", a los franceses deteniendo sin ningún miramiento estudiantes que protestan, a los alemanes cargando violentamente contra reclamos antinucleares, a los españoles reprimiendo "indignados" desesperados o a los chinos atacando con tanques a quienes reclaman derechos humanos. O a los norteamericanos reprimiendo con saña en Los Ángeles a personas de color, por no recordar a los rusos, cuya policía política poco deja que envidiar a la vieja KGB, con detenciones arbitrarias y muertes misteriosas. ¿Qué no decir de la policía brasileña protegiendo a sangre y fuego a quienes arrasan la amazonia aplastando con violencia la resistencia de los pueblos originarios a los que se les destruye su mundo, o a la chilena reprimiendo a los mapuches que defienden sus tierras?

Como se observa de este paseo imaginario, no hay filtros políticos o ideológicos. Tampoco concesiones. La fuerza pública es la fuerza del Estado. Por eso mismo sus integrantes están protegidos legalmente con figuras penales en todos los países. Resistirse a la policía, en cualquier país, es un delito grave en sí mismo. También acá, aunque no se aplique a pesar de ser ley vigente. Ni hablar si más allá de resistirla, se la agrede. Es sólo entre nosotros que se acepta el peligroso juego de considerar al orden público un elemento secundario o hasta ilegítimo, y agredir a la policía como una suerte de deporte en el que todo vale.

Es obvio que no me gusta la represión. A lo largo de mi vida política me ha tocado sufrir desde varias detenciones policiales simples en tiempos de la "Revolución Argentina" de Onganía, hasta las menos simples condiciones, en tiempos del "proceso", de "detenido-desaparecido" -afortunadamente, sobreviviendo gracias a la solidaridad de los jóvenes radicales cuya organización integraba, y a los grandes viejos que se movieron de inmediato reclamando mi aparición: Alfonsín, Balbín, Contín, Perette y el inolvidable don Arturo-. También la de "detenido a disposición del PEN" por ser considerado un peligro potencial para la sociedad, y la de detenido político en la Unidad Penal 1 en Paraná, y luego en mi propia casa. Con estos recuerdos, es muy difícil ser concesivo a actitudes represivas.

Pero ahora no se trata de eso. Mirando una y otra vez las filmaciones, está claro que la represión tuvo poco de "salvaje". También es evidente que existieron integrantes de la metropolitana que se desbordaron (en especial, uno de ellos que aparecía tirando balas de goma sin apuntar, con riesgo de sacarle un ojo a algún manifestante). Todo eso debe ser auditado, no sólo por las responsabilidades que correspondan sino para aprender a corregir las falencias que existieren, profesionalizar más la fuerza y soldarla con la ley y los vecinos -que, no olvidemos, son los que votan las leyes a través de sus representantes, y eligen a las autoridades que deben aplicarlas-.

Lo demás entra dentro de la triste "picardía política". No debe ser sencillo construir una fuerza policial nueva en el medio del enrarecido clima político argentino. Pero el esfuerzo vale la pena. La metropolitana es la respuesta del pueblo de la Capital ante la obsesiva actitud de la administración central de no transferir parte de la Federal. Esto implicará aprendizaje y una buena oportunidad para contar con una policía especializada en defender la ley y los derechos de los ciudadanos.

Dirigentes que no dijeron ni una palabra, entre otros hechos, ante la acción parapolicial que mató a Mariano Ferreyra, la matanza inmisericorde de los Quom en Formosa y su represión parapolical en Buenos Aires, la muerte del maestro Fuentealba, el crimen de Candela, la complicidad policial con las redes de trata de mujeres, la represión de los docentes y petroleros en Santa Cruz y mucho más que aparecen apenas revolvemos un poco la memoria, parecen solazarse ante un enfrentamiento tan absurdo como el de la Sala Alberdi o del propio Parque Indoamericano, que les permita interpretar los hechos como una decisión política represiva del Jefe de Gobierno.

Sin conocer la intimidad de las decisiones, el análisis de los hechos más bien parece compatible con un escarceo de violencia callejera motorizado por militantes político-gremiales de experiencia que, con picardía indisimulable, superaron la capacidad de tolerancia de la fuerza policial provocando su desborde.

Y en realidad, ganaron. No queda ningún "salvajemente reprimido" en ningún hospital. En el otro lado, un policía se debate con la posibilidad de perder un ojo, y otro con una conmoción cerebral producida por una piedra de gran tamaño. Más dos ministros interpelados, la "reforma judicial" abandonando la primera plana por un par de días, y la corrupción de nuevo desplazada a un segundo plano...

Si de algo puede acusarse al macrismo -y a gran parte de la oposición- en todo caso, es de ingenuidad.

Ricardo Lafferriere

¿Brujería?

Corría octubre de 2010.

El dólar oficial se cotizaba a cuatro pesos y no había ninguna diferencia significativa con el precio de la divisa “blue” que, para el gran público, no existía.

Sin embargo, el gobierno ya había comenzado su política de forzar la demanda por encima de la capacidad de la economía, por medios artificiales.

Durante 2010, más de 30.000 millones de pesos fueron el equivalente del “impuesto inflacionario”, original pero descriptiva denominación de los recursos retraídos a la economía por el Estado, debido a la caída del valor de la moneda nacional que él mismo produce.

El gobierno decidió gastar sin recaudar previamente, sino fabricando papel moneda. Hoy, ante los casi 100.000 millones anuales de emisión sin respaldo, parecería poco. Sin embargo, marcaba la tendencia, ante la concesiva parsimonia de gran parte del “establishment” bancario, pero también académico y político.

El problema con ese mecanismo es que el “papel moneda” emitido es cada vez más papel y menos moneda. Cada día que pasa vale menos y aunque los precios internos son un buen indicador de este deterioro, la comparación con las divisas lo muestra con más claridad. La forma más directa y llana, aunque no sea del todo perfecta, es seguir la evolución del “valor del dólar” en el mercado libre.

Pues bien. En aquel momento una nota de esta columna, publicada en NOTIAR el 5 de octubre del 2010 y titulada “los ceros de la moneda”, se atrevía a un pronóstico: que tres años después, el valor del dólar llegaría a los diez pesos. O, para ser más exactos, que el peso argentino sólo valdría diez centavos de dólar.

El párrafo decía simplemente: “Con las perspectivas de inflación –o sea, de deterioro de valor del peso- en la que coinciden los economistas privados, en un momento entre mediados del 2012 y mediados del 2013, el valor del dólar llegará a los diez pesos. O sea, el peso argentino valdrá la décima parte de lo que valía en el 2001, equivaldría a lo que en ese tiempo valía una moneda de diez centavos. Los años "K" le habrán agregado otro cero, en la mejor demostración de haber regresado a las andanzas que comenzaron cuando comenzó el estancamiento y la decadencia, por 1930. Ya no serán trece ceros, sino catorce.”

Muchos precios ya alcanzaron ese nivel equivalente, hace meses. Muchos otros –entre ellos, los salarios- se mantienen atados al valor decidido por la presidenta, de algunos centavos más de cinco pesos. El dólar no controlado “araña” ya los diez pesos. El peso valdrá en poco tiempo apenas diez centavos de dólar. La diferencia refleja la percepción que tienen las personas sobre la dimensión del desequilibrio de los precios relativos y genera actitudes que aceleran el abismo.

La contracara del capricho presidencial es la liquidación de los activos del país, sus ahorros previsionales de largo plazo, sus reservas en divisas, su descomunal endeudamiento interno –que se saldará con inflación-, el retraso en el pago de la deuda externa –que nos aísla del mundo- y la distorsión de las estadísticas, que cuando se normalicen dejarán a la luz deudas descomunales, de diverso tipo, que tendremos que enfrentar al llegar la crisis. Todo esto para fogonear artificialmente el consumo provocando la sensación de prosperidad que acompañó al kirchnerismo durante gran parte de su gestión, que alguna vez calificamos como “la gran mentira”.

¿Cómo pudimos prever, hace tres años, que la divisa llegaría a este nivel? ¿Brujería?

Nada de eso. Simplemente observamos el comportamiento irresponsable y corrupto del poder, lo proyectamos en el tiempo e imaginamos sus consecuencias en la economía real. No es tan difícil. Más bien, es fácil. Alcanza con no comprarse los dislates, escaparle a las afirmaciones voluntaristas y mirar la economía con un mínimo siquiera de sentido común.

Dijimos además que una vez que se agotaran los recursos fáciles –retenciones, ANSES, ahorristas previsionales, BCRA, emisión de papel moneda sin respaldo- avanzarían sobre el estado de derecho. También lo están haciendo. Si no hay nada enfrente, seguirán avanzando.

A pesar del acierto, no nos alegramos. No podríamos, porque sentimos el país en las entrañas y nos entristece ver que fueron demasiados los que siguieron el cínico consejo de “Las cuarenta”, el recordado tango de Andrés Cepeda: “Cuando la murga se ríe, uno se debe reír”.

No nos reímos entonces. Tampoco lo hacemos ahora. Seguimos predicando la necesidad de una confluencia del sentido común democrático y republicano que ponga fin a estos dislates y a este ciclo que será considerado en la historia como uno de los más negativos y retardatarios de la historia nacional. Por culpa del kirchnerismo, por cierto. Pero también de aquellos que prefirieron seguirle el juego a la murga, por no animarse a hablar con la verdad.

Ricardo Lafferriere

¿Otra vez los "límites"?

La insólita insistencia de Ricardo Alfonsín en declaraciones periodísticas la pasada semana sobre el “escenario deseado” que considera ideal para las elecciones próximas anuncia la reiteración de una lectura equivocada del principal problema argentino, que garantiza la perpetuación del kirchnerismo en el poder.

En efecto, un escenario en el que el populismo se agrupe en una opción unificada mientras la oposición se divide en dos mitades “ideológicas” cuidadosamente delimitadas es el “sueño del pibe” para la presidenta y el oficialismo. Difícilmente se hubieran podido describir con más nitidez los propósitos estratégicos más íntimos del populismo en el poder.

Lo que resulta en todo caso curioso es que la experiencia del 2011 no sea procesada adecuadamente por la dirigencia que hoy insiste en leer la realidad argentina con las anteojeras de la primera mitad del siglo pasado. No sólo eso: implica no advertir la gravedad de los hechos de mega-corrupción que están saliendo a la luz en estos días, ni la ofensiva final sobre el estado de derecho que implica la Reforma Judicial.

El principal problema argentino es hoy la carencia de reglas de juego, por el retroceso que ha sufrido el funcionamiento institucional por el que tanto luchó, precisamente, el padre del dirigente mencionado.

La reinstauración de las reglas de juego constitucionales no admite divisiones entre “izquierdas” y “derechas”, porque ambas son imprescindibles. Si el obstáculo es justamente un rival que no se define por ideología sino por su ausencia de convicciones democráticas, y hasta de un mínimo de honestidad particular y política, cualquier intento de adelantar el debate sobre temas futuros sin lograr antes el triunfo de la democracia  tendrá como resultado inexorable su impotencia.

Los partidos políticos son una cosa. Las coaliciones otra. Los partidos deben mantener claramente su identidad, para referenciar las diferentes formas de pensar que tienen los ciudadanos sobre la vida del país y sus metas de largo plazo. Las coaliciones deben acordar objetivos para una etapa, sin que nada impida que quienes piensan diferente sobre sus objetivos finales coincidan en las tareas que deben realizarse en un determinado período histórico.

Los ejemplos de la Concertación chilena que durante veinte años contuvo exitosamente en una misma propuesta a la derechista democracia cristiana con el progresista partido socialista, o el frente de gobierno que sostuvo a Lula y hoy lo hace a Dilma en Brasil incluyendo desde liberales hasta socialistas son ejemplos cercanos.

Esas tareas, en la Argentina de hoy, se centran en la reorganización y normalización institucional del país. Son, en cierta forma, de tipo "constituyente". Incluyen la separación de poderes, la reconstrucción del federalismo con la urgente sanción de la Ley Constitucional de Coparticipación Federal de Impuestos, la imparcialidad del poder en la lucha política, la independencia de la justicia, la más irrestricta libertad de prensa y el fin de la impunidad que nos ha llevado a los repugnantes episodios que han tomado estado público estas últimas semanas.

Esa confluencia puede y debe incluir nuevos temas de agenda en los que existen, además, coincidencias: la inclusión social, la preservación del ambiente, la utilización racional de recursos naturales  y la vigencia plena de los derechos humanos que conforman el piso de dignidad para todos.

Las tareas mencionadas son más que duras para un período de gobierno y requieren claramente una alianza de poder que debe incluir todo el colorido democrático y republicano, sin exclusiones.

De otra forma, no se puede ganar. Pero aunque  ganare, imaginar que una “alianza progresista” pueda gobernar resistiendo la salvaje oposición del populismo derrotado (recordemos los 14 paros con que golpearon a Alfonsín, y el mega-endeudamiento que legaron a la Alianza) excluyendo además a la “alianza moderada” es una utopía, tanto como su alternativa, que una alianza moderada pudiera hacerlo en las mismas condiciones. Si no se logra la confluencia de las convicciones democráticas y republicanas, tanto progresistas como moderadas, se estará pavimentando el camino para la continuación –o regreso- del populismo.

Esta lectura es tan válida para criticar a Alfonsín, como al propio Macri, quien insinuó días atrás una lectura parecida a la de Alfonsín, volviendo sobre los pasos que había mantenido con coherencia en los últimos años.

Desde esta perspectiva, la sugerencia de Juan José Sebrelli en el suplemento “Enfoques” del diario La Nación, el domingo 21/4, de pensar en una gran “coalición de coaliciones” que articule al “centroizquierda” con la “centroderecha”  parece ser un camino a explorar. La sugerencia guarda gran similitud con la reflexión de Roman Letjman en “El Cronista Comercial”, quien con el título “Estrategias para defender la democracia” indica la urgencia de un diálogo similar.

Hay otra mirada, por supuesto. Es la que cree que no está mal ser “un poco populistas”  y en consecuencia piensa en una alianza marginal con el populismo para facilitarle un barniz “un poco democrático”. 

Claramente, esa mirada no interpreta el principal problema argentino y es suicida para su democracia. Conduce a la tolerancia frente a la corrupción, al clientelismo, a la negación de las libertades y derechos ciudadanos y a la licuación de la democracia.

Desde esta columna insistimos en el diagnóstico: el objetivo principal de la Argentina es hoy la articulación de una propuesta política nítida alternativa al populismo autoritario, que persiga el clientelismo y lo reemplace por la construcción de ciudadanía, que abandone la humillante subordinación en la ayuda social reemplazándola por los derechos que surjan de la ley, que establezca reglas de juego estables para la economía erradicando la discrecionalidad del poder, que termine con la vergonzosa impunidad reinante y que devuelva a los ciudadanos la titularidad de los derechos y obligaciones propios de una sociedad democrática.

Una vez que logremos ese escalón, pero no antes, habrá tiempo y mejores condiciones para “afinar la punta del lápiz” y redefinir los límites de las respectivas afinidades.

Hacerlo antes es ingenuo. O no…

Ricardo Lafferriere

Venezuela marca el camino

                Puede haber existido fraude, como creemos muchos. Puede ser que no, como afirma Maduro. En uno u otro caso, el camino mostrado por la oposición en Venezuela es el camino indicado para avanzar en la recuperación de la democracia para nuestros países.

                Allí no hubo sectarismos en la construcción alternativa. Fuerzas disímiles en su origen e ideología comprendieron cuál es el desafío principal en estos casos: recuperar las reglas de juego. Es el primer escalón. Ya habrá tiempo para afinar los objetivos finales, cada uno ofreciendo a una sociedad libre sus opciones.

                Ese segundo paso es imposible sin dar antes el primero: conseguir que la democracia funcione. Esto no significa sólo una jornada electoral. Implica elecciones, sí, pero también un parlamento plural debatiendo sin cortapisas, una justicia independiente, una prensa libre, y fundamentalmente ciudadanos ejercitando su ciudadanía plenamente.

                El populismo, gran rival de la democracia, tiene dos características centrales. Es esencialmente parasitario, sin otro programa económico-social que la rapiña. Y es antidemocrático, por lo que no le interesa construir ciudadanía sino clientelismo.

                La democracia es su opuesto. Se propone la creciente inclusión social en el marco de una economía de bases sólidas creciendo en armonía, y una construcción ciudadana en la que cada persona sea a la vez la célula básica del sistema y su centro de atención, garantizándole sus derechos plenamente y tendiéndole la mano cuando la necesite con políticas sociales alejadas de cualquier contraprestación servil.

                Para estos fines confluyeron en Venezuela las más diversas fuerzas opositoras, conformando una alternativa de gobierno que cubrió todo el arco democrático, desde viejos rivales como Acción Democrática y COPEI hasta partidos tan disímiles como el marxista-leninista Bandera Roja y el centro-derechista UNIR, todos acordando un programa de gobierno que reflejó lo mejor de la democracia venezolana.

                Ese camino debemos recorrer también en la Argentina. Las impactantes denuncias periodísticas de estos días mostrando la profundidad de la corrupción del régimen, las desesperadas iniciativas buscando impunidad mediante la subordinación de la Justicia, las criminales consecuencias del desinterés del populismo por la suerte de miles de compatriotas que vimos en La Plata -como el año pasado en la tragedia ferroviaria de Once y cotidianamente en la extensión de las redes de narcotráfico e inseguridad-, nos recuerdan que el principal problema argentino sigue siendo la debilidad de su democracia, su vulnerabilidad a gobiernos populistas – autoritarios y la necesidad de recuperar plenamente su funcionamiento institucional para asentar en él la construcción de una sociedad avanzada.

                Para eso se ha convocado la ciudadanía el 18. En eso estamos.

Ricardo Lafferriere