Ley de "lavado y humillación nacional"

Un golpe terminal al estado de derecho. Así puede calificarse la ley de lavado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Quienes la aprueben tendrán una sanción mucho más grave que la –a esta altura, simbólica- fulminación del artículo 29 de la Constitución. No estarán ya traicionando a la patria sino a la posibilidad de una convivencia decente, apoyada en bienes éticos que se remontan al origen de la civilización. Estarán traicionando al sentido moral de la propia condición humana, legitimando el robo desembozado a los ciudadanos de bien, liberando a los mega-delincuentes, aún a los más sanguinarios, de cualquier sanción y proclamando al país y al mundo que la Argentina se habrá convertido en el aguantadero mundial de los bandidos.

Describe muy bien Rogelio Alaniz en su nota semanal de “El Litoral” la situación a la que se enfrentan las personas de bien: está todo dicho. A partir de esta norma, de la misma malformación   ética que la “autoamnistía” del proceso militar en sus días finales, cualquier diálogo se vuelve inútil y todo debate se convierte en infame, porque con la delincuencia común no puede dialogarse, sino luchar.

Basten algunas pocas consecuencias inexorables de la ley de lavado y los mecanismos que implementa:

Primer caso: extraído de la sección “Carta de Lectores” de La Nación, de una remitida por el Sr. Horacio Robles: El Sr. “Testa” va al Banco y cambia dólares delictivos por CEDIN sin problema alguno. Con los bonos recibidos le compra un campo (una estancia en la Patagonia) al Sr. “Ferro”, quien cambia los CEDIN recibidos por dólares billete. Resultado, el señor Testa se queda, en la teoría, con un campo, que transferirá al delincuente que le dio las divisas –quien, a su vez, podrá disponer de él libremente- y el señor Ferro se queda con los dólares blanqueados. Testa y Ferro podrán confundirse y de hecho se confundirán en la misma persona, que al final obtendrá ambas cosas, el campo y los dólares blanqueados.

Segundo caso: éste sí, imaginado: el Sr. “Testa” tiene 1.000.000 de dólares “negros”, que le facilitó un delincuente que, a su vez, los tiene por un sobreprecio en una obra pública y necesita legalizarlos. El Sr. Testa va al Banco, los cambia por un certificado de “BADE”, y con éste, compra obligaciones negociables de YPF convirtiendo su dinero en perfectamente “blanco”. Esos títulos cotizan en bolsa local y extranjera, por lo que acto seguido, los vende, recibiendo en divisas también “blancas” el importe blanqueado. Seguidamente, las devuelve al delincuente que se los entregó, sea directamente o a través del Sr. “Ferro”, por lo cual recibe –si no hubiera recibido antes- el pago por sus servicios.

Tercer caso: también imaginado. Un narcotraficante que también se dedica al secuestro y trata de mujeres, que vive en un lujoso condominio de Pilar, tiene en su poder 10.000.000 de dólares obtenidos por su actividad delictiva. Necesita sacarlos de la clandestinidad, “blanquearlos”. Va con ese dinero al Banco, por sí o a través de los servicios del Sr. “Testa”, y obtiene títulos CEDIN o BADE del Banco Central por el mismo valor. Con esos títulos realiza inversiones inmobiliarias, convertido en un respetable empresario hotelero, o emprendedor, o en un próspero millonario petrolero. Y además, se garantiza la impunidad ante cualquier investigación por el origen de su dinero.

Todo habrá sido legal. El dinero “negro” habrá sido convertido en perfectamente blanco.

En un caso, un inmueble se habrá vendido y en los otros YPF tendrá sus dólares, contrayendo una deuda equivalente con el Banco al que le haya canjeado los CEDIN por dinero o divisas en efectivo. El Banco Central tendrá un crédito contra YPF (¡¿?!). En ambos casos, el lavador estará feliz, con su dinero en blanco por el que no ha tenido sanción ninguna, logrando, además, su impunidad por el delito del que hubiera surgido ese dinero (ya que la ley de blanqueo borra las sanciones administrativas y penales).

En los últimos lustros, la persecución internacional al lavado de dinero ha ido “in crescendo”, debido a la financiación del terrorismo para que se lo utiliza y el estímulo para los delitos por funcionarios o con complicidades públicas. Ya los bancos suizos y austríacos, los más celosos de su tradicional secreto, han adoptado la política de no acoger dinero mal habido. En consecuencia, para los dictadorzuelos y funcionarios corruptos se les hace cada vez más difícil encontrar un destino seguro para sus fondos mal habidos, ante el cerco internacional a los paraísos fiscales.

Una solución transitoria para los delincuentes fue el atesoramiento físico de divisas, joyas y barras de oro. Sin embargo, la vulnerabilidad de esos depósitos no permite garantizar su permanencia en el tiempo: ocurrido el fin del período de gobierno en el que se generaron, se pierden complicidades y se hacen totalmente vulnerables a la acción de la justicia. Es necesario “lavarlos” y borrar las culpas.

Debido a esta situación es que la comunidad internacional perfecciona permanentemente sus procedimientos para evitar el lavado. Nuestro país ha firmado la convención respectiva y está comprometido a dar una batalla contra el lavado fronteras adentro, sancionando las medidas legales y decisiones administrativas necesarias. Esos compromisos contienen medidas que pueden consultarse en el documento respectivo, que es accesible en Internet en el propio sitio nacional de la unidad “antilavado”: “http://www.uif.gov.ar/uif/images/40rec_es.pdf”

Frente esas medidas, la ley kirchnerista de lavado está situado en las antípodas porque abre una puerta de legalización a lo que ha tenido un origen delictivo. Fraudes, secuestros, coimas, robos, trata de personas, contrabando de armas, narcotráfico y el sinfín de defraudaciones al dinero público tendrán una pista de aterrizaje en el mundo legal, abriendo incluso la posibilidad de que delincuentes internacionales –no sólo los locales- puedan usarla para blanquear sus fondos. Sólo necesitarán un testaferro, que no son tan caros, como se ha mostrado en la televisión en estas últimas semanas, para hacerse dueños legales en la Argentina de campos, hoteles, empresas, casinos.

Esta ley es una inmoralidad, mayor a cualquier “blanqueo” anterior, porque ha perfeccionado el mecanismo. Convierte a la Argentina en el paraíso del lavado y consolida la imbricación del país con el crimen internacional. Nos humilla, como país y como ciudadanos de una sociedad civilizada. Es una auténtica ley de lavado y humillación.

Leer la disposición del Banco Central persiguiendo a honestos ciudadanos que han obtenido en algún cajero en el exterior los pocos dólares de su propiedad que pueden conseguir de esta forma, mientras se abre en el mismo momento esta gigantesca puerta a los fondos de origen delictivo, a los que además se les abonará una tasa de interés, supera los límites imaginados.

Tanto como escuchar al Viceministro de Economía afirmar, totalmente suelto de cuerpo y por Cadena Nacional de Radio y Televisión, que “cualquiera podrá traer desde un paraíso fiscal, o desde una caja de seguridad, los dólares que tenga. Nadie les preguntará de dónde vienen ni ninguna explicación sobre su origen”, a la vez que se les garantiza que “Quienes accedan al blanqueo también quedarán liberados de sanciones por la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria y de toda otra acción civil, penal o administrativa”.

Seguramente se seguirán rompiendo esos propios límites, al compás de la descomposición final del Régimen, su toma de conciencia de la imposibilidad de garantizar la impunidad manejando la justicia y  el acercamiento de su fin, inexorable como todo paso del tiempo.

Esta inexorabilidad es lo que desespera a los delincuentes, pero es a la vez la última barrera de los honestos. Ningún mausoleo fúnebre podrá hacer disfrutar a los que allí descansen de los fondos conseguidos en vida. “Sic transit gloria”, decían los antiguos romanos, para señalar lo efímero de la gloria del mundo.

En momentos en que “está todo dicho”, sin embargo, cabe una última invocación a los legisladores peronistas y afines que deben votar esta iniciativa: compatriotas, es un límite. Luego de levantar su mano para sancionar estas leyes, habrán perdido para siempre el derecho de mirar de frente a cualquier argentino. Nos  costará, incluso, volver a considerarlos “compatriotas”.

Recuerden que el tiempo pasa. Hoy o mañana, más temprano que tarde, todo llega a su fin. El horizonte de la justicia se hace cada vez más tangible. Tal vez esa sea la mejor explicación que da coherencia a las dos iniciativas más notables de Cristina  Kirchner en estos días: la colonización de la justicia para hacerla depender definitivamente de su voluntad y la ley de lavado de fondos delictivos. 

Reaccionen. No sean cómplices.

Ricardo Lafferriere