Nuestra patria comienza en estos días a transitar ya su tercer centuria, y es oportuno aprovechar el aniversario para la tradicional revista y reflexión sobre lo andado y el rumbo que viene.
En estos doscientos años hemos sufrido momentos gloriosos y agónicas coyunturas de decadencia y enfrentamiento. Los turbulentos días iniciales adelantaban algo de esta historia, por la desmesura de la empresa que se fue configurando luego de su impulso autonómico inicial.
Ese pequeño poblado de 40.000 habitantes que era entonces Buenos Aires –contando su campaña- no sólo barrió con las estructuras coloniales, la sociedad estratificada y jerárquica, la dependencia externa y los “mandones”, sino que organizó Ejércitos que difundieron por el Continente su voz libertaria, con la causa republicana rápidamente abrazada por todo el pueblo.
En esa ciudad de 40.000 habitantes, el 20 % de su población (alrededor de ocho mil personas) formaban parte de una fuerza armada, prioritariamente miliciana. Para tener una idea cabal de lo que significaba, es pertinente imaginar que el 20 % de la población del núcleo urbano de la Capital y aledaños en la actualidad, de alrededor de 13.000.000 de habitantes, significaría que Dos millones seiscientas mil personas formaran parte de un cuerpo militarizado, en la mayoría de los casos eligiendo sus propios Jefes. No fue, entonces, un capricho de un grupo de intelectuales. La Revolución fue, efectivamente y a pesar de la conflictiva densidad de los hechos en los que se expresó, la decisión de un pueblo.
Ese pueblo no tenía absoluta precisión en sus metas. Sí sabía que pretendía autogobierno, que no toleraba más los privilegios por lugar de nacimiento, que sentía que todos eran iguales ante la ley y aún que los integrantes de la “plebe” debían ser respetados. En pocos años la Asamblea de 1813, el Congreso de Tucumán, la Ley electoral de Rivadavia, pero principalmente la práctica política de la primer década revolucionaria fueron marcando a fuego lo que serían los principios sobre los que se asentaría la construcción del nuevo país.
Esos principios se trasladarían a las provincias, y serían llevados a Chile y el Perú. Terminadas las últimas dudas sobre el sistema político luego de la declaración de la Independencia, en 1816, jamás hubo dudas de la vocación republicana de esa construcción. República federal, significando la soberanía de los ciudadanos, la división de poderes, la autonomía de los gobiernos locales, la independencia de la justicia, la igualdad ante la ley.
A doscientos años del comienzo de la marcha, esos principios siguen siendo aún una lucha inacabada. Sin embargo, la aproximación a la agenda del siglo XXI los necesita vigentes, más que nunca.
El mundo de aquellos tiempos sólo mostraba una sociedad más adelantada que la nuestra: la norteamericana. En Asia regían las teocracias autoritarias, y en Europa la restauración monárquica había ya derrotado las aventuras democráticas. Entre nosotros, las tensiones del parto, que demorarían cuatro décadas hasta expresar en un papel jurado las normas precisas de convivencia, no alterarían sin embargo la convicción en los principios básicos.
El mundo de hoy no discute ya la vigencia de aquellos ejes sobre los que organizar la convivencia. Curiosamente, es por nuestros pagos que aparecen nubarrones de restauración, que en todo caso convocan a renovar la lucha bicentenaria frente a las visiones de castas, indigenismos pre-feudales, autoritarismos personalistas, anomia y negación de la ley, que son simplemente circunstancias del cambio de época.
El mundo que viene ofrece nuevos peligros, como el calentamiento global, la violencia cotidiana, las redes delictivas, el lavado de dinero, las mafias internacionales, el terrorismo fundamentalista, la nueva polarización social. Pero a la vez, muestra avances portentosos en la historia humana, como haber sacado de la pobreza a miles de millones de personas, haber puesto en cadena el sistema productivo, protagonizando un salto económico como el que jamás ha tenido la humanidad en su historia.
Entre esos marcos, debemos pensar lo que haremos en las décadas que vienen. Y para hacerlo, las viejas divisas y las épicas de los tiempos viejos no agregarán más que un difuso telón de fondo. Hoy es necesario un nuevo “ethos” político, una conducta en la que los gritos destemplados sean reemplazados por un debate creador, participativo e inclusivo. “Dialogando más, los argentinos”, como dijera el mandato postrero del primer presidente de la democracia recuperada, el inolvidable Raúl Alfonsín.
Los escandalosos episodios de estos días, donde la vocación de saqueo no tiene límites y el poder se asemeja a una vulgar banda de salteadores, es más necesario que nunca recordar las causas que dieron origen a "una nueva y gloriosa Nación". Honrar nuestra historia es traer a nuestro presente la lucha por la organización del país como un estado de derecho, el tesonero esfuerzo por lograr que la ley sea más que la voluntad de cualquier gobierno y de cualquier individuo, los duros enfrentamientos que llevaron a la construcción de los grandes equilibrios constitucionales y el trabajoso esfuerzo para terminar el siglo XX y comenzar el XXI con una democracia respetada.
Aprovechemos, pues, esta fecha simbólica, para pensar en el país que queremos. Y luego que nos pongamos de acuerdo, simplemente, hagámoslo, cooperando todos, como en 1810, para terminar con el autoritarismo y el "mandonaje" enfrentando los verdaderos problemas que los argentinos sentimos como los más urgentes e importantes: la exclusión social, la pobreza, el estancamiento, la inseguridad jurídica, personal y económica, y esa decadencia que nos acompaña desde hace décadas recordándonos la inutilidad de los enfrentamientos entre nosotros y los resultados a que nos conduce la impotencia para generar acuerdos estables y estratégicos.
Ricardo Lafferriere
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