Una nueva presión del gobierno nacional sobre los sindicatos busca poner un “techo” del 20 % sobre los aumentos salariales que comenzarán a discutirse en paritarias. La medida genera obvias resistencias, no sólo en los sindicalistas más directamente relacionados con sus bases, sino por parte de la misma burocracia gremial que ha sido la socia íntima de la pareja gobernante desde 2003, personificada en la figura de Hugo Moyano. Es natural: todos saben que, aunque la tolerancia de las bases es amplia respecto a los negocios y negociados, corrupción y corruptelas que les permite un nivel de vida exponencialmente más alto del de sus representados, ello es a condición de respetar una máxima: “Con el salario no se juega”.
Hace algunas semanas analizábamos en esta columna cómo se gesta el proceso inflacionario, que siempre y en todos casos se expresa en última instancia por el aumento de la cantidad de moneda con respecto a lo que la economía requiere para funcionar. Y decíamos que, además, en el caso argentino, ese crecimiento monetario tiene una causa fundamental: la dilapidación de recursos públicos por parte de una administración que no pone límites a su dispendio, sin preocuparse de recaudarlos antes. Cierra el circuito sea sacando divisas de las reservas del BCRA debilitando el respaldo de los pesos –y en consecuencia, disminuyendo su valor-, sea apropiándose de las “ganancias cambiarias” ficticias, tautológico reflejo de la misma pérdida de valor de la moneda o directamente emitiendo, ahora parece que en Brasil porque las máquinas nacionales no alcanzan. En una punta de la cadena de la inflacion, en consecuencia, está el gobierno gastando dinero que no tiene, sin autorización del Congreso y saqueando el “tesoro” de los argentinos, que son sus reservas. En la otra, quienes la sufren que son los más débiles para defenderse.
Al caer el valor del dinero producto de este saqueo, todos los actores económicos deben defenderse. Quien tenga más espaldas, lo hace con más éxito. Así ocurre con las empresas, que además deben hacerlo para no entrar en quebranto, porque si no lo hicieran no podrían siquiera reponer. Las empresas no “suben los precios” para ganar más, sino para defender su patrimonio y con él, la posibilidad de seguir funcionando, generando bienes y manteniendo el empleo.
Luego, los trabajadores, que ante los precios más altos reclaman –con justicia- no ser los damnificados. Y piden aumentos. Aquí aparece la hipocresía del discurso oficial, que confluye con el de empresarios y sindicalistas cercanos al gobierno: “hay que poner techo a los salarios para no reciclar la inflación”. Argumento hipócrita, porque unos y otros saben que la inflación no es provocada por los aumentos salariales, que están siempre a la cola tratando de recuperar posiciones, sino por el desfalco originario del gobierno, que ni uno ni otro se atreve a condenar para no resultar políticamente incorrectos.
Siguen en la cola los empleados públicos, los jubilados y los pensionados. Y terminan los más débiles de todos, los cuentapropistas y desocupados, que no tienen siquiera a quién reclamarle.
El “paradigma oficial” del pensamiento económico no sólo del gobierno sino de muchos dirigentes políticos encuentra más simpático defender el gasto público sin respaldo que denunciar su profunda esencia reaccionaria, patrimonialista, antidemocrática y antiobrera. A algunos les resulta más cómodo atacar a los empresarios porque “suben los precios” y a otros, a los sindicatos porque “no limitan los pedidos salariales”. Ambos, liderados por el populismo gobernante, conforman la corporación de la decadencia, que ha logrado el milagro de haber convertido a la Argentina, país prometedor como pocos al iniciarse el siglo XX, en el ejemplo de todo lo que no hay que hacer para ser exitoso. Y a exhibir la dudosa cocarda de ser el país de peor desempeño económico social durante los últimos 100 años en todo el mundo, medido por la evolución de su PBI “per capita”.
La causa última de la inflación suele ser denunciada sólo por economistas más ortodoxos. Los demás también la conocen, pero no suelen hablar para no caer en la demonización cuyo alcance es potenciado por la mayoría del periodismo. Porque para esta última batalla, hay siempre una descalificación lista: “Son neoliberales, noventistas...”.
Los argentinos, entre tanto, mientras miran esta lucha de conceptos vacíos entre nuevos ecolásticos y gladiadores de la palabra, sufren el aumento de sus alimentos, su indumentaria, sus remedios, sus útiles escolares, sus tarifas de servicios privados y públicos... en la eterna ilusión de que el escenario, por un momento, se acuerde de sus dramas.
Ricardo Lafferriere
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