¿Es justo vincular al gobierno con la ola de violencia que se está instalando en la Argentina?
Desde esta columna, hace ya varios años venimos alertando sobre el avance de la intolerancia en la convivencia. También advertimos sobre el peligro que el contra-ejemplo del relato oficialista trascendiera hacia la sociedad, que fuera otrora modelo de convivencia en América Latina.
La Argentina era caracterizada por su apertura a aceptar lo diferente, tal vez como efecto beneficioso de la recepción de tantas corrientes migratorias que llegaron buscando nuevos horizontes, ante la crisis y violencia en sus países de origen. En este aspecto, alguna lejana similitud con Australia, Canadá o Estados Unidos parecía ubicar a Argentina como el país de los “pioneros” en el sur de América.
Así lo describen las crónicas de viajeros en tiempos del Centenario, cuando uno de cada cuatro pobladores del país había nacido en el exterior, porcentaje que en la ciudad de Buenos Aires alcanzaba a las dos terceras partes de la población. Hasta mitad del siglo XX, nuestro país recibió a los emigrados judíos perseguidos por los nazis, a los nazis perseguidos por los aliados, a los republicanos perseguidos por los franquistas y a todos corridos por la guerra y el hambre.
Por supuesto que siempre existieron reflejos intolerantes, porque las unanimidades no se llevan bien con las sociedades humanas. El espíritu predominante, sin embargo, seguía el paradigma de la tolerancia y la integración.
En algún momento de comienzos de la segunda mitad del siglo XX el virus de la intolerancia fue sembrado nuevamente. Había comenzado su desborde en 1930, con el golpe que derrocó a Yrigoyen, pero la polarización extrema comenzó en tiempos del segundo gobierno peronista, tal vez como coletazo de la impronta seudofascista de algunos de sus componentes y se profundizó con la Revolución Libertadora con los fusilamientos políticos que habían sido superados con la organización institucional del país, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, aún en esos tiempos, la violencia sería la excepción, indudablemente condenada por la opinión mayoritaria. Se daba en el “escenario”, pero no era aceptada por la sociedad. La represión antiperonista en el “escenario” no fue acompañada por la polarización en el cuerpo social, que mostró innumerables hechos de solidaridad con los perseguidos protagonizados por sus antiguos rivales en el seno del pueblo.
La segunda mitad del siglo XX fue el contra-modelo. La creciente intolerancia interna fue acompañada por las proyecciones locales de la Guerra Fría. Insurgencia y Contrainsurgencia terminaron conjugándose con violencia guerrillera y violencia estatal. Inundaron de sangre las calles, sin que ninguno de los protagonistas pudiera reclamar inocencia. La violencia dejó de ser condenada y pasó a ser venerada. Matar dejó de ser pecado y se convirtió en una técnica de lucha. La sublimación llegó con la dictadura, cercana al “mal absoluto”. Sin embargo, la sociedad no expresaba esta polarización. La violencia era un fenómeno, una vez más, del “escenario”.
1983 implicó por eso un hito. Fue la sociedad volviendo por sus fueros, ante ese escenario público que había perdido los valores. Lo lideró una convicción de convivencia expresada en la Constitución, corporizada en el liderazgo de Alfonsín y la propuesta política del radicalismo. La convivencia sería el nuevo “ethos”, con grandes esfuerzos del presidente de entonces para responder con gestos de concordia a las constantes convocatorias a una nueva polarización.
En un hecho sin precedentes dos ex presidentes constitucionales fueron los invitados de honor a la asunción del nuevo gobierno. Viejos rivales del nuevo mandatario, Arturo Frondizi e Isabel Perón, izaron la bandera nacional en la Asamblea Legislativa que le tomó juramento. El candidato derrotado fue invitado por el victorioso a ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ofrecimiento que declinó. La pluralidad de propia Corte fue un ejemplo, con uno solo de sus miembros políticamente cercano a la fuerza de gobierno.
El país comenzó a edificar su democracia y debe reconocerse que hasta la crisis del 2001 la convivencia se impuso sobre la polarización. No hubo en ninguno de los presidentes entre 1983 y 2002 invocaciones a la violencia, la intolerancia o el desconocimiento del adversario.
Hasta 2003. Ahí cambió el papel modélico del poder. La convocatoria a la división, la polarización y la intolerancia se hizo una constante. El “Nosotros” contra “Ellos” reemplazó al “todos juntos”. El relato público perdió mesura, expresándose en alaridos simbólicos y literales. Terminó proyectándose hacia la propia sociedad. No eclosionó allí hasta que las dificultades económicas le dejaron el campo abonado. Pero cuando esas dificultades se mostraron, también lo hizo el espíritu de intolerancia facciosa y personal sostenido en lo intelectual por la construcción teórica del conflicto, actualización de Schmidtt recreada por Laclau y reproducida por Carta Abierta. La visión confrontativa, polarizante y totalitaria que convertía en enemigo a quien pensara diferente volvía a instalarse en la Argentina y hoy vemos sus consecuencias.
Abuelos asesinados, niños abusados y atacados con violencia por sus propios compañeros, peleas sindicales que terminan a los tiros, relato presidencial estimulando la violencia de los barras bravas, devaluación de las buenas conductas y justificación grotesca de los actos delictuales, tolerancia y hasta imbricación con las redes de narcotráfico y de delitos aberrantes, demérito de actitudes valiosas y exaltación del cinismo, la mentira y la violencia, han sumido al país en un grado de tensión en su vida cotidiana que hace décadas no sufría.
Desde la humildad de esta columna apoyamos el espíritu del llamado episcopal. Lo hacemos como laicos, entendiendo que la dignidad del ser humano no puede fragmentarse en religiones, ideologías o identidad de pensamiento. Pero reconocemos que esa convocatoria a una convivencia decente traduce lo mejor de la historia de este pueblo.
Todo lo que refleje, estimule o incite a resolver diferencias a los gritos, a los golpes o a los tiros, es lo peor del país. Sea el discurso presidencial, el exabrupto de un dirigente, la violencia seudo graciosa en algún programa masivo de entretenimientos, la discusión crispada en paneles de la TV, la tolerancia frente al “bullying" o la reacción exasperada en un incidente de tránsito.
Debemos aislar esas conductas, marcarlas y erradicarlas. Es responsabilidad, como en 1983, de todos y de cada uno. La violencia, en la política o en la sociedad, degrada la convivencia porque en el fondo, se apoya en el desprecio a la dignidad intrínseca de los seres humanos. Nada estable ni valioso puede construirse sobre ella. Esta responsabilidad de todos no oculta, sin embargo, la primaria responsabilidad del poder. Éste, con su ejemplo, instala paradigmas que acaban siendo seguidos, para bien o para mal, por la mayoría de la sociedad.
Ricardo Lafferriere
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