¿Otra vez los "límites"?

La insólita insistencia de Ricardo Alfonsín en declaraciones periodísticas la pasada semana sobre el “escenario deseado” que considera ideal para las elecciones próximas anuncia la reiteración de una lectura equivocada del principal problema argentino, que garantiza la perpetuación del kirchnerismo en el poder.

En efecto, un escenario en el que el populismo se agrupe en una opción unificada mientras la oposición se divide en dos mitades “ideológicas” cuidadosamente delimitadas es el “sueño del pibe” para la presidenta y el oficialismo. Difícilmente se hubieran podido describir con más nitidez los propósitos estratégicos más íntimos del populismo en el poder.

Lo que resulta en todo caso curioso es que la experiencia del 2011 no sea procesada adecuadamente por la dirigencia que hoy insiste en leer la realidad argentina con las anteojeras de la primera mitad del siglo pasado. No sólo eso: implica no advertir la gravedad de los hechos de mega-corrupción que están saliendo a la luz en estos días, ni la ofensiva final sobre el estado de derecho que implica la Reforma Judicial.

El principal problema argentino es hoy la carencia de reglas de juego, por el retroceso que ha sufrido el funcionamiento institucional por el que tanto luchó, precisamente, el padre del dirigente mencionado.

La reinstauración de las reglas de juego constitucionales no admite divisiones entre “izquierdas” y “derechas”, porque ambas son imprescindibles. Si el obstáculo es justamente un rival que no se define por ideología sino por su ausencia de convicciones democráticas, y hasta de un mínimo de honestidad particular y política, cualquier intento de adelantar el debate sobre temas futuros sin lograr antes el triunfo de la democracia  tendrá como resultado inexorable su impotencia.

Los partidos políticos son una cosa. Las coaliciones otra. Los partidos deben mantener claramente su identidad, para referenciar las diferentes formas de pensar que tienen los ciudadanos sobre la vida del país y sus metas de largo plazo. Las coaliciones deben acordar objetivos para una etapa, sin que nada impida que quienes piensan diferente sobre sus objetivos finales coincidan en las tareas que deben realizarse en un determinado período histórico.

Los ejemplos de la Concertación chilena que durante veinte años contuvo exitosamente en una misma propuesta a la derechista democracia cristiana con el progresista partido socialista, o el frente de gobierno que sostuvo a Lula y hoy lo hace a Dilma en Brasil incluyendo desde liberales hasta socialistas son ejemplos cercanos.

Esas tareas, en la Argentina de hoy, se centran en la reorganización y normalización institucional del país. Son, en cierta forma, de tipo "constituyente". Incluyen la separación de poderes, la reconstrucción del federalismo con la urgente sanción de la Ley Constitucional de Coparticipación Federal de Impuestos, la imparcialidad del poder en la lucha política, la independencia de la justicia, la más irrestricta libertad de prensa y el fin de la impunidad que nos ha llevado a los repugnantes episodios que han tomado estado público estas últimas semanas.

Esa confluencia puede y debe incluir nuevos temas de agenda en los que existen, además, coincidencias: la inclusión social, la preservación del ambiente, la utilización racional de recursos naturales  y la vigencia plena de los derechos humanos que conforman el piso de dignidad para todos.

Las tareas mencionadas son más que duras para un período de gobierno y requieren claramente una alianza de poder que debe incluir todo el colorido democrático y republicano, sin exclusiones.

De otra forma, no se puede ganar. Pero aunque  ganare, imaginar que una “alianza progresista” pueda gobernar resistiendo la salvaje oposición del populismo derrotado (recordemos los 14 paros con que golpearon a Alfonsín, y el mega-endeudamiento que legaron a la Alianza) excluyendo además a la “alianza moderada” es una utopía, tanto como su alternativa, que una alianza moderada pudiera hacerlo en las mismas condiciones. Si no se logra la confluencia de las convicciones democráticas y republicanas, tanto progresistas como moderadas, se estará pavimentando el camino para la continuación –o regreso- del populismo.

Esta lectura es tan válida para criticar a Alfonsín, como al propio Macri, quien insinuó días atrás una lectura parecida a la de Alfonsín, volviendo sobre los pasos que había mantenido con coherencia en los últimos años.

Desde esta perspectiva, la sugerencia de Juan José Sebrelli en el suplemento “Enfoques” del diario La Nación, el domingo 21/4, de pensar en una gran “coalición de coaliciones” que articule al “centroizquierda” con la “centroderecha”  parece ser un camino a explorar. La sugerencia guarda gran similitud con la reflexión de Roman Letjman en “El Cronista Comercial”, quien con el título “Estrategias para defender la democracia” indica la urgencia de un diálogo similar.

Hay otra mirada, por supuesto. Es la que cree que no está mal ser “un poco populistas”  y en consecuencia piensa en una alianza marginal con el populismo para facilitarle un barniz “un poco democrático”. 

Claramente, esa mirada no interpreta el principal problema argentino y es suicida para su democracia. Conduce a la tolerancia frente a la corrupción, al clientelismo, a la negación de las libertades y derechos ciudadanos y a la licuación de la democracia.

Desde esta columna insistimos en el diagnóstico: el objetivo principal de la Argentina es hoy la articulación de una propuesta política nítida alternativa al populismo autoritario, que persiga el clientelismo y lo reemplace por la construcción de ciudadanía, que abandone la humillante subordinación en la ayuda social reemplazándola por los derechos que surjan de la ley, que establezca reglas de juego estables para la economía erradicando la discrecionalidad del poder, que termine con la vergonzosa impunidad reinante y que devuelva a los ciudadanos la titularidad de los derechos y obligaciones propios de una sociedad democrática.

Una vez que logremos ese escalón, pero no antes, habrá tiempo y mejores condiciones para “afinar la punta del lápiz” y redefinir los límites de las respectivas afinidades.

Hacerlo antes es ingenuo. O no…

Ricardo Lafferriere

Venezuela marca el camino

                Puede haber existido fraude, como creemos muchos. Puede ser que no, como afirma Maduro. En uno u otro caso, el camino mostrado por la oposición en Venezuela es el camino indicado para avanzar en la recuperación de la democracia para nuestros países.

                Allí no hubo sectarismos en la construcción alternativa. Fuerzas disímiles en su origen e ideología comprendieron cuál es el desafío principal en estos casos: recuperar las reglas de juego. Es el primer escalón. Ya habrá tiempo para afinar los objetivos finales, cada uno ofreciendo a una sociedad libre sus opciones.

                Ese segundo paso es imposible sin dar antes el primero: conseguir que la democracia funcione. Esto no significa sólo una jornada electoral. Implica elecciones, sí, pero también un parlamento plural debatiendo sin cortapisas, una justicia independiente, una prensa libre, y fundamentalmente ciudadanos ejercitando su ciudadanía plenamente.

                El populismo, gran rival de la democracia, tiene dos características centrales. Es esencialmente parasitario, sin otro programa económico-social que la rapiña. Y es antidemocrático, por lo que no le interesa construir ciudadanía sino clientelismo.

                La democracia es su opuesto. Se propone la creciente inclusión social en el marco de una economía de bases sólidas creciendo en armonía, y una construcción ciudadana en la que cada persona sea a la vez la célula básica del sistema y su centro de atención, garantizándole sus derechos plenamente y tendiéndole la mano cuando la necesite con políticas sociales alejadas de cualquier contraprestación servil.

                Para estos fines confluyeron en Venezuela las más diversas fuerzas opositoras, conformando una alternativa de gobierno que cubrió todo el arco democrático, desde viejos rivales como Acción Democrática y COPEI hasta partidos tan disímiles como el marxista-leninista Bandera Roja y el centro-derechista UNIR, todos acordando un programa de gobierno que reflejó lo mejor de la democracia venezolana.

                Ese camino debemos recorrer también en la Argentina. Las impactantes denuncias periodísticas de estos días mostrando la profundidad de la corrupción del régimen, las desesperadas iniciativas buscando impunidad mediante la subordinación de la Justicia, las criminales consecuencias del desinterés del populismo por la suerte de miles de compatriotas que vimos en La Plata -como el año pasado en la tragedia ferroviaria de Once y cotidianamente en la extensión de las redes de narcotráfico e inseguridad-, nos recuerdan que el principal problema argentino sigue siendo la debilidad de su democracia, su vulnerabilidad a gobiernos populistas – autoritarios y la necesidad de recuperar plenamente su funcionamiento institucional para asentar en él la construcción de una sociedad avanzada.

                Para eso se ha convocado la ciudadanía el 18. En eso estamos.

Ricardo Lafferriere

                

Los muertos de Néstor y Cristina

“Los muertos están muertos…”

Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, luego de la tragedia ferroviaria de la Estación Once.

“Un muerto más o uno menos no modifica nada…”

Gabriel Mariotto, Vicegobernador de Buenos Aires, luego de la tragedia de La Plata.

                Sería, tal vez, injusto poner en la cuenta del matrimonio presidencial la totalidad de los muertos producidos en los últimos diez años –los que ellos llevan gobernando- por la ineficiencia del Estado, la incapacidad de gestión, la indolencia o simplemente el desinterés por la suerte de la vida de los argentinos.

                No resulta sencillo, sin embargo, discriminar los que responden a esa causa y los que simplemente obedecen a estadísticas imposibles de reducir. Algunas cuentas hacen ascender la contabilidad de los muertos del kirchnerismo a alrededor de 30.000, número artero si los hay para referirse a esta contabilidad.

                Llegan a este número sumando los muertos por accidentes viales debido al mal estado de las rutas -29.183-, los producidos por hechos de inseguridad debido al desmantelamiento de las fuerzas policiales y la instalación del narcotráfico -9.125-, los que sumaron la tragedia de Cromagnón por ineficiencia de los organismos de control -195-, el accidente ferroviario de Once debido a la corrupción kirchnerista en el sector Transporte -52- y los muertos en las inundaciones de La Plata por ineficacia y nuevamente corrupción en la gestión kirchnerista platense –el número oscila entre 51 y 127, depende qué informe escuchemos-.

                En esta cuenta no se agregan los “puchitos”: los muertos en los enfrentamientos internos con grupos opositores –Mariano Ferreyra-, los que resultaron de los hechos represivos frente a protestas gremiales –Carlos Fuentealba-, o los de desapariciones, como la de Julio Jorge López. Y varios más.

                Si estos números fueran colocados en su totalidad en la cuenta kirchnerista, éste habría sido hasta ahora el gobierno más sangriento de la historia argentina, superando incluso al del “proceso”.

                Convengamos, sin embargo, que no todas son responsabilidad exclusiva del kirchnerismo.

                En los accidentes de tránsito, la evolución en la última década parece dar la razón, si no en todo, al menos en la mitad de estas cifras. En el 2002, las muertes por accidentes en la Argentina fueron 3200. En 2008, la cifra anual había crecido a 4315, y en el 2012 ya alcanzó las 7485. El pocentaje de incremento de muertes en accidentes durante el kirchnerismo ascendió casi un 150 %. El retraso de la infraestructura, el descuido del estado de las rutas, la falta de señalización, el desmantelamiento de las policías de tránsito, en síntesis, la desidia y la inoperancia de la gestión “K” fueron las responsables directas o indirectas de más de 10.000 muertos.

Una contabilidad adecuada de las víctimas de la inseguridad, por su parte, debiera comparar el promedio de muertes “antes de K” y el mismo “durante K”. Aquí la sorpresa sería “contraintuitiva”, dando parcialmente la razón al argumento cristinista de la “sensión térmica de inseguridad”.

En efecto, el crecimiento de los números nominales al igual que los porcentajes mostraría un nivel estadístico de muertes violentas más o menos estable (entre 5 y 6 cada 100.000 habitantes, el doble de Europa pero la mitad de USA y la décima parte que Brasil, por ejemplo) por lo que eximiría a Néstor y Cristina de este rubro, donde lo que sí se nota es un incremento de la violencia en los robos, hurtos y delitos contra la propiedad, así como el salvajismo de algunos asesinatos que reflejan la instalación en el país de las redes de narcotráfico –con sus métodos característicos-.

Cromagnon fue una transición en la que se conjugaron vicios del pasado con los que comenzaron a profundizarse con los tiempos K. La irresponsabilidad estatal, la indiferencia ante la vida, la frivolidad en el tratamiento de cuestiones de seguridad, la indiferencia por el dolor de las víctimas. Tal vez no debieran imputarse en forma directa al kirchnerismo –quien gobernaba la ciudad era su aliado Néstor Ibarra- pero también fue una clara corresponsabilidad de los artistas, del propietario del local y –por qué no decirlo- de algunos concurrentes. Pero fue también la primera demostración de la indiferencia del matrimonio ante la tragedia ajena: no interrumpieron ni por un instante su “descanso” en Calafate para acercarse a las víctimas y compartir su dolor.

Pero donde sí el régimen “K” vuelve por sus fueros son las tragedias de la Estación Once y las inundaciones de La Plata. No existe justificación alguna para el deterioro en que circulaban –y aún circulan- los ferrocarriles, que cuanto más pobre es el nivel de sus usuarios más descuidados e inseguros son. Un accidente con una formación que circulaba a menos de 25 kms/hora produjo más de medio centenar de muertos y centenares de heridos –algunos, con secuelas de por vida- cuando vemos accidentes en Europa con trenes de alta velocidad con saldos de muy pocas vidas y algunos heridos.

En La Plata, la responsabilidad por la tragedia es inexcusable. Los avisos previos de alerta fueron reiterados por organismos técnicos y universitarios desde, al menos, una década antes. La desidia aquí fue claramente responsabilidad de las administraciones locales de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades de Hidráulica han desaparecido de la escena con el argumento que habían “delegado” esas tareas en los Municipios. Tal vez habría que recordarles que la “delegación” puede realizarse sobre la ejecución de las obras, pero no de la responsabilidad que les toca. Tanto la gestión de Bruera como la de Scioli –y la anterior de Solá- comparten esos muertos con los Kirchner. Pero, en nuestra cuenta, son claramente muertos de Néstor y Cristina.

Como lo son los rápidamente ocultos casos de Julio Jorge López, de Mariano Ferreyra, de Carlos Fuentealba –compartido con la gestión local-, y de otros varios cuya lista abriría la ventana del recuerdo sobre casos que tuvieron su presencia periodística y fueron rápidamente tapados por el devenir denso y complicado de la vida nacional.

No hemos hablado sobre las víctimas de la trata, de la persecución policial por razones de intolerancia sexual, y de otras lacras similares. Concedemos que esta situación golpearía las conciencias hasta de Néstor y Cristina. Aunque recordemos que son, también, muchos, entre los que destacan Fernanda Aguirre y Marita Verón.

                En síntesis: sería injusto decir que Néstor y Cristina han sido los presidentes más sanguinarios de la historia. No sólo injusto: estaríamos lejos de la verdad. Pero no lo estamos si decimos que gracias a las falencias injustificadas de sus gestiones que administraron el mejor ciclo económico de las últimas décadas, a su desinterés por la seguridad y la vida de las personas comunes patentizada en las frases de Abal Medina y de Mariotto que encabezan esta nota, a su indiferencia tristemente modélica con el dolor ajeno, a su actitud tolerante con la corrupción y a la permisividad de la imbricación del narcotráfico con importantes escalones del poder el Estado, son responsables no de decenas de miles, pero sí de muchos centenares de muertes de compatriotas inocentes.

Ricardo Lafferriere

Reforma Judicial

Quien con este escenario no se dé cuenta, es cómplice o quinta columna. Muy bueno el trabajo opositor conjunto. Los ciudadanos esperan que se profundice.

En el 2011 había quienes impostaban los "límites" posibilitando la reelección de Cristina Kirchner. Y todavía se recuerda la nota de Beatriz Sarlo en La Nación diciendo que no se veían tropas extranjeras en el país que justificaran juntarse, como si ése fuera el único peligro que amenaza a una democracia. Ahora vemos las consecuencias.

Si estamos llegando a ésto, es en gran medida por la supina torpeza y egoísmos de importantes dirigentes opositores en el 2011, peleando para sacarse medio punto de ventaja uno a otro aunque le regalaran 30 puntos de diferencia al oficialismo. Y por la soberbia intelectual de algunos "pensadores progresistas", privilegiando viejos odios en lugar de la defensa de la democracia y el estado de derecho. Debieran reconocer su error con humildad.

Ahora no quedan muchas más opciones que retomar las marchas, empezando con la del 18. Es de esperar que ningún iluminado dirá, como en setiembre del año pasado, que "hay que tener cuidado, porque va Cecilia Pando"... como si marchar por la defensa de las libertades tuviera algo que ver con el proceso o la reivindicación de la violencia de estado. Escuchamos entonces esa “advertencia” de varios que, por cierto, se apresuraron a sumarse cuando advirtieron la dimensión del movimiento ciudadano.

Ésta –como las marchas del año pasado- indican, además, la ceguera de aquellos que sostenían que los ciudadanos no se movilizan por banderas institucionales, sino sólo por carencias económicas. Las dos manifestaciones autoconvocadas más grandes de la historia argentina se hicieron con banderas que nada tenían de “económicas”. Los millones de compatriotas movilizados en setiembre y noviembre del 2011 reclamaron estado de derecho, fin de la corrupción, respeto a la constitución, libertad de prensa, independencia de la justicia. Lo mismo que reclamarán los que se movilicen el 18 de abril.

Debemos comenzar a marchar nuevamente los ciudadanos, para defender, movidos sólo por nuestra conciencia, la posibilidad de convivir en un estado de derecho. El 18 será el comienzo.

Pero seguirán muchas más. No por un golpe. Mucho menos tolerando un autogolpe. Deben ponerse en marcha los remedios previstos por la propia Constitución Nacional para quienes se alcen contra ella, en este caso su artículo 53, por todas las causales que configuran el mal desempeño del cargo de Presidenta de la Nación: el Juicio Político.

Los Diputados reflejarán así la demanda de millones de compatriotas de todas las fuerzas políticas, peronistas, radicales, PROs, Cívicos, Socialistas, Liberales e independientes, que han sostenido durante tres décadas esta democracia y no quieren perderla.

Ricardo Lafferriere

Bastardeando buenas causas

                No hay gobierno que “todo lo haga mal”. Como lo hemos repetido hasta el cansancio, hasta Hitler hizo en su país autopistas que aún hoy se usan y Mussolini un Código del Trabajo que incorporaba derechos obreros en ese tiempo aún cuestionados.

                Ello no significaba que las iniciativas debieran apoyarse. Las primeras, porque tenían como objetivo contar con pistas de aviación desde las que lanzar sus “blitzkriegs” aéreos que asolaron Gran Bretaña, Francia, y antes Polonia y Checoslovaquia. El segundo, porque lo que buscaba era disimular su ataque y desmantelamiento de los sindicatos opositores.

                Pero no es necesario irnos tan lejos en la geografía y en la historia. Tenemos ejemplos más cercanos.

                La “reforma previsional” se justificó en la necesidad de limitar las usurarias comisiones de las AFJP. Tras ese justo objetivo, se produjo la confiscación grosera de todos los ahorros previsionales que los ciudadanos habían realizado durante años, protegidos por la ley argentina, para prever su futuro. Fueron despojados de esos ahorros y enviados al “fuentón de la mínima”, en el que comparten la suerte con quienes reciben el haber de subsistencia por no haber aportado nunca al sistema.  Pero el objetivo, lo sabemos ahora y algunos lo denunciamos entonces, era engrosar la caja discrecional del oficialismo con esos fondos mal habidos, que hoy se han dilapidado en las aventuras de corrupción y dispendio clientelar, sin decisión parlamentaria ni control alguno.

                ¿Qué no decir de otra “reforma” aparentemente justa, la del espacio audiovisual? Despertaron la ilusión de miles de bien intencionados que creyeron en las banderas de la pluralidad informativa, el florecimiento de productoras, la multiplicación de canales alternativos, las voces para las minorías… y terminan viendo, pocos años después, el verdadero objetivo: alinear, disciplinar y conformar un gigantesco monopolio corporativo oficial que ahoga cualquier voz disidente del relato hegemónico, al punto de insistir en su lucha despiadada frente a los poquísimos medios que aún no controla.

                ¿No son suficientes ejemplos? Hay muchos más. Lo que no hay es tanto espacio. Así que vayamos al grano: la reforma judicial.

                Siguiendo el manual “K”, se señalan las falencias de la justicia. Y con la misma práctica perversa, se pretende el apoyo de las víctimas, para concentrar más poder y disciplinar el único espacio público que no le responde en forma automática: la justicia.

                Como toda la sociedad, la justicia está llena de luces y sombras. La pretensión oficial es terminar con las luces y mandarla toda a la sombra. Obtener el pase libre para su pretensión hegemónica definitivamente convertida en dictatorial, “totalitaria” en el sentido de dominar todo.

                Por supuesto que hay “cosas buenas” en la reforma propuesta, como las había en la reforma previsional, o en la de medios. En las autopistas de Hitler y en el Código del Trabajo del fascismo. Pero la experiencia nos dice que esas cosas buenas esconden las macabras.

                Dominar el Consejo de la Magistratura por encima de la manda constitucional, limitar la aplicación de las medidas cautelares –que existen así desde el derecho romano…- porque no le permite a los caprichos presidenciales avanzar sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos, manipular la designación y cesantía de jueces como hemos visto que ha sido la norma en estos años…y así hasta el cansancio.

                  No hay "buena fe" en esta propuesta. Si no fuera así, carecería de justificación la expresión del Senador Fernández en el sentido de que "no se admitirán cambios". Una reforma que afecta al poder cuya función es, por definición, resguardar los derechos de todos los ciudadanos frente al poder político y económico, dejará afuera del debate, al menos, a la mitad del país. Así se ha anunciado.

                Por eso fue una buena noticia no ver entre los aplaudidores a los representantes legislativos opositores. Tal vez sea una imagen que, comenzando por la negativa, pueda pavimentar el camino de lo positivo, un gran acuerdo patriótico que termine de una vez con esta pesadilla que nos ha tocado soportar durante la primer década de la actual centuria.

                Y que entre todos los compatriotas con vocación democrática y republicana, entre los cuales hay muchos que creyeron de buena fe –y aún creen- en las buenas intenciones del kirchnerismo, podamos retomar el rumbo de la construcción democrática, iniciada en 1983 y detenida hasta hoy por los traumáticos acontecimientos del cambio de siglo.

Ricardo Lafferriere

"Ocupate vos, Cuervo..."

                Ni siquiera George W. Bush al visitar el sitio de las torres gemelas derrumbadas dio un espectáculo tan rudimentario, decadente, triste… en suma, indignante.

                Tal vez pretendió ser una reacción intimista. Lo que trascendió es improvisación, intento de utilización política, y una demostración descarnada del funcionamiento del poder en el país.

http://www.clarin.com/sociedad/inundaciones-La_Plata-reclamos-tormenta-Cristina-Tolosa_3_894540555.h...

                

                 Ver a la señora presidenta de la Nación buscando entre el público al vicepresidente de un club deportivo del barrio para encargarle que reciba los colchones que la gente donaría y escucharla manifestar que “hablaría con el Intendente, con el Gobernador”, para “ver qué se puede hacer” simboliza la degradación de la política mostrando cabalmente su portentosa inutilidad.

                No se trata de un simple accidente automovilístico, sino de la mayor catástrofe de la historia, causa de muerte de decenas de personas y la pérdida de bienes de hogares de todo nivel social que han visto desaparecer ante sus ojos el fruto del esfuerzo de toda su vida.

                Una visita presidencial a los damnificados no puede demostrar tal nivel de improvisación y desconocimiento. Ni un anuncio de paliativo o de ayuda, ni un ofrecimiento de ambulancias nacionales, ni un apoyo de fuerzas de seguridad y de salud pública, ni una medida de defensa civil que haya puesto en marcha en razón del gigantesco poder que concentra, dueña absoluta y excluyente de los recursos públicos nacionales que, por otra parte, son los únicos que existen.

                ¿Cómo no van a estar enojados los vecinos? ¿Qué pretendía, que la aplaudan, porque “cuando tenía 15 años sufrió una inundación en la que el agua le llegó a la rodilla”? ¿No fue informada que hay compatriotas que murieron ahogados porque sus casas fueron inundadas con dos y tres metros de agua? ¿no le dijeron que se están encontrando cadáveres en las casas inundadas, de personas que murieron porque no pudieron subir al techo, por edad, discapacidad o simplemente carecer de una escalera?

                Señora, no alcanza con decirle al tal “Cuervo” que se ocupe. No puede ser que no haya observado usted la dimensión de la catástrofe, y que crea que pueda enfrentarla como si se tratara de un ciudadano que le pide un puesto público.

                No, señora. No está bien lo que hace. No está bien desaparecer cuando hay problemas, y tratar de usar los problemas para promover su imagen, despreocupándose de su solución real. No está bien que haya desaparecido cuando Cromagnon, cuando Once y en la propia inundación de la Capital. Y no está bien que decida aparecer para tratar de cosechar algún apoyo populista en un distrito al que ha condenado, entre otras cosas, a que sus niños no tengan clase y a los hospitales bonaerenses a que no puedan sacar de la Aduana las ambulancias que han comprado, nada menos que en este momento y nada más que por el capricho de una disputa interna partidaria de su fuerza.

                Esa fuerza que, por otra parte, se dedicó durante toda la terrible noche del lunes-martes en la Capital a sabotear el trabajo de las fuerzas de Bomberos, del SAME y de la propia policía metropolitana, agregando a la angustia de los damnificados la prepotencia punteril de grupos armados que tomaron viviendas apunta de pistola y atacaban hasta físicamente a los funcionarios y empleados de los organos pertinentes del gobierno de la ciudad que llegaban con su ayuda.

                Es cierto que muchos compatriotas la votaron. Lo que también es cierto es que, aunque hayan hecho eso, no se merecen esto. Porque no fue para ésto que la votaron.

Ricardo Lafferriere

Coparticipar la emisión monetaria. ¿Un dislate?

“Si vamos a truchar, truchemos todos”, expresó hace algunos meses la señora presidenta, refiriéndose a la falsificación de números que realiza su gobierno de importantes números de la economía del país.

Comentamos en su momento la expresión, evidencia de la escasa ética pública con que se enfocan, desde el actual oficialismo, los problemas del país.

Hoy, ante la demora en comenzar sus clases de más de cuatro millones de niños argentinos, pertenecientes en su enorme mayoría a familias de compatriotas de menores recursos que no pueden evadir la trampa de la falta de educación enviando sus hijos a colegios pagos, es oportuno recordar que la situación no se produce porque “el mundo se nos vino encima”, sino que es la consecuencia inexorable del vaciamiento de las finanzas provinciales generada por la inflación.

Cierto es que hay responsabilidad directa de la administración provincial. Sin ir más lejos, su distrito vecino, la Capital Federal, no sólo tiene clases normalmente, sino que fue uno de los primeros distritos en cerrar las paritarias con los gremios docentes, pactando niveles salariales que superaron claramente la paritaria nacional y se acercaron a la inflación sufrida.

Sin embargo, no puede olvidarse que la gran inflación desatada por la emisión monetaria descontrolada tiene sobre las provincias un efecto demoníaco. No se trata, en efecto, sólo de la arbitraria distribución de recursos coparticipables. Es mucho más grave.

La inflación, como lo explican los economistas, puede tener varias causas. No son idénticas, ni de la misma magnitud. Pero en el caso argentino, un componente central del proceso inflacionario es la emisión que realiza el gobierno nacional tomando papeles impresos sin respaldo económico ni legal por parte del Banco Central para financiar sus gastos por encima de sus impuestos.

Esa emisión, que alcanza ya al 40 % del circulante, tiene los mismos efectos que una falsificación de dinero. La sobreabundancia de papel moneda, cada vez más papel y menos moneda, le hace perder su valor, lo que como contracara aparece ante los ciudadanos como un “aumento de precios”, frente al que, obviamente, tratan de defenderse. No es casual que el valor de la divisa en el mercado no oficial sea, justamente, alrededor del 40 % más que la “oficial”.

Pero este fenómeno tiene otra consecuencia fatal: cuando aumentan los precios por la emisión, el estado nacional que “administra” Cristina no tiene mayor problema en aumentar sus pagos. Recurre a la sencilla práctica de fabricar más papel moneda y con eso paga.

Las provincias no pueden hacer eso, porque no tienen Banco Central propio. Y tampoco pueden recaudar, porque sus principales ingresos son retenidos por el Estado Nacional, que los recauda en su nombre (porque son concurrentes) pero que no se los remite, y que, además, no favorece la discusión de la Ley Constitucional de Coparticipación Federal de Impuestos, que debería estar sancionada desde el  31/12/1996 –artículo transitorio 6° de la Constitución Nacional-.

Sus costos aumentan día a día –no sólo salarios, sino insumos e inversiones- afectando inexorablemente a servicios prestados a los ciudadanos –salud, educación, justicia, seguridad, vialidad- que la Nación no presta. En términos más sencillos, la inflación que genera Cristina provoca que Scioli, Macri, de la Sota, Colombi, y todos los gobernadores, no puedan mantener al día sus gobiernos. Y tampoco los Municipios, últimos eslabones de la cadena.

Es una tenaza que les aumenta costos pero que, a diferencia del gobierno nacional, les reduce ingresos. Políticamente, significa por último que vacía de auténtica vida política a las jurisdicciones locales que en lugar de debatir qué hacen con sus recursos, quedan reducidas a discutir homenajes.

La presidenta, por su parte, está en el mejor de los mundos. La inflación le hace “recaudar” más, lo que le falte lo imprime, y por último le permite utilizar las remesas nacionales, como “ayuda”, a cambio de disciplinarse a sus intenciones políticas. Diana Conti y el propio ministro De Vido lo han dicho expresamente: habrá fondos para el que se discipline. Y el presupuesto discutido en el Congreso queda también convertido en un papel intrascendente.

La situación actual es pre-constitucional. Es más: claramente es un barbarismo legal. No hay país en el mundo que no tenga reglamentada en forma clara y terminante su régimen fiscal. En el fondo, las Constituciones deben reglamentar ese tema, a la vez que las relaciones entre el poder y los ciudadanos. La metodología del sistema rentístico del país no se corresponde a un estado de derecho y está generando fuertes responsabilidades de futuro a los funcionarios que la ejecutan.

La financiación pública con emisión y sin aprobación parlamentaria previa debería ser proscripta y convertida en delito, asimilándola a la falsificación de dinero. Pero mientras ello no ocurra, y mientras no se ponga en caja la arbitraria recurrencia a esa emisión sin respaldo, ésta debería ser coparticipada.

Esta medida puede parecer alocada, pero no se ve de qué otra forma puede detenerse el ajuste sobre los argentinos que reciben los servicios brindados por las provincias, que no otra cosa es la inflación desatada.

El remedio de fondo no puede incluir este mecanismo espurio de financiamiento público. Pero mientras exista, no es posible aceptar que sea utilizado por uno de los órganos del Estado, el nacional, que poco o ningún servicio presta a los ciudadanos, mientras que aquéllos que sí lo hacen queden convertidos en la correa de transmisión de un ajuste inmisericorde que llega a todo el país, pero cuya expresión más clara la estamos viendo, hoy, en la provincia de Buenos Aires. En el mes de abril, pasando Semana Santa, los niños están aún sin clases.

Si hay perversión en un ajuste, es ésta.

Ricardo Lafferriere