Coparticipar la emisión monetaria. ¿Un dislate?

“Si vamos a truchar, truchemos todos”, expresó hace algunos meses la señora presidenta, refiriéndose a la falsificación de números que realiza su gobierno de importantes números de la economía del país.

Comentamos en su momento la expresión, evidencia de la escasa ética pública con que se enfocan, desde el actual oficialismo, los problemas del país.

Hoy, ante la demora en comenzar sus clases de más de cuatro millones de niños argentinos, pertenecientes en su enorme mayoría a familias de compatriotas de menores recursos que no pueden evadir la trampa de la falta de educación enviando sus hijos a colegios pagos, es oportuno recordar que la situación no se produce porque “el mundo se nos vino encima”, sino que es la consecuencia inexorable del vaciamiento de las finanzas provinciales generada por la inflación.

Cierto es que hay responsabilidad directa de la administración provincial. Sin ir más lejos, su distrito vecino, la Capital Federal, no sólo tiene clases normalmente, sino que fue uno de los primeros distritos en cerrar las paritarias con los gremios docentes, pactando niveles salariales que superaron claramente la paritaria nacional y se acercaron a la inflación sufrida.

Sin embargo, no puede olvidarse que la gran inflación desatada por la emisión monetaria descontrolada tiene sobre las provincias un efecto demoníaco. No se trata, en efecto, sólo de la arbitraria distribución de recursos coparticipables. Es mucho más grave.

La inflación, como lo explican los economistas, puede tener varias causas. No son idénticas, ni de la misma magnitud. Pero en el caso argentino, un componente central del proceso inflacionario es la emisión que realiza el gobierno nacional tomando papeles impresos sin respaldo económico ni legal por parte del Banco Central para financiar sus gastos por encima de sus impuestos.

Esa emisión, que alcanza ya al 40 % del circulante, tiene los mismos efectos que una falsificación de dinero. La sobreabundancia de papel moneda, cada vez más papel y menos moneda, le hace perder su valor, lo que como contracara aparece ante los ciudadanos como un “aumento de precios”, frente al que, obviamente, tratan de defenderse. No es casual que el valor de la divisa en el mercado no oficial sea, justamente, alrededor del 40 % más que la “oficial”.

Pero este fenómeno tiene otra consecuencia fatal: cuando aumentan los precios por la emisión, el estado nacional que “administra” Cristina no tiene mayor problema en aumentar sus pagos. Recurre a la sencilla práctica de fabricar más papel moneda y con eso paga.

Las provincias no pueden hacer eso, porque no tienen Banco Central propio. Y tampoco pueden recaudar, porque sus principales ingresos son retenidos por el Estado Nacional, que los recauda en su nombre (porque son concurrentes) pero que no se los remite, y que, además, no favorece la discusión de la Ley Constitucional de Coparticipación Federal de Impuestos, que debería estar sancionada desde el  31/12/1996 –artículo transitorio 6° de la Constitución Nacional-.

Sus costos aumentan día a día –no sólo salarios, sino insumos e inversiones- afectando inexorablemente a servicios prestados a los ciudadanos –salud, educación, justicia, seguridad, vialidad- que la Nación no presta. En términos más sencillos, la inflación que genera Cristina provoca que Scioli, Macri, de la Sota, Colombi, y todos los gobernadores, no puedan mantener al día sus gobiernos. Y tampoco los Municipios, últimos eslabones de la cadena.

Es una tenaza que les aumenta costos pero que, a diferencia del gobierno nacional, les reduce ingresos. Políticamente, significa por último que vacía de auténtica vida política a las jurisdicciones locales que en lugar de debatir qué hacen con sus recursos, quedan reducidas a discutir homenajes.

La presidenta, por su parte, está en el mejor de los mundos. La inflación le hace “recaudar” más, lo que le falte lo imprime, y por último le permite utilizar las remesas nacionales, como “ayuda”, a cambio de disciplinarse a sus intenciones políticas. Diana Conti y el propio ministro De Vido lo han dicho expresamente: habrá fondos para el que se discipline. Y el presupuesto discutido en el Congreso queda también convertido en un papel intrascendente.

La situación actual es pre-constitucional. Es más: claramente es un barbarismo legal. No hay país en el mundo que no tenga reglamentada en forma clara y terminante su régimen fiscal. En el fondo, las Constituciones deben reglamentar ese tema, a la vez que las relaciones entre el poder y los ciudadanos. La metodología del sistema rentístico del país no se corresponde a un estado de derecho y está generando fuertes responsabilidades de futuro a los funcionarios que la ejecutan.

La financiación pública con emisión y sin aprobación parlamentaria previa debería ser proscripta y convertida en delito, asimilándola a la falsificación de dinero. Pero mientras ello no ocurra, y mientras no se ponga en caja la arbitraria recurrencia a esa emisión sin respaldo, ésta debería ser coparticipada.

Esta medida puede parecer alocada, pero no se ve de qué otra forma puede detenerse el ajuste sobre los argentinos que reciben los servicios brindados por las provincias, que no otra cosa es la inflación desatada.

El remedio de fondo no puede incluir este mecanismo espurio de financiamiento público. Pero mientras exista, no es posible aceptar que sea utilizado por uno de los órganos del Estado, el nacional, que poco o ningún servicio presta a los ciudadanos, mientras que aquéllos que sí lo hacen queden convertidos en la correa de transmisión de un ajuste inmisericorde que llega a todo el país, pero cuya expresión más clara la estamos viendo, hoy, en la provincia de Buenos Aires. En el mes de abril, pasando Semana Santa, los niños están aún sin clases.

Si hay perversión en un ajuste, es ésta.

Ricardo Lafferriere