Si algo faltaba para confundir más las cosas en la crisis de Honduras, es Raúl Castro pidiendo que se respete la democracia...
De cualquier forma, la sensación que deja esta crisis para observadores imparciales es el juego de hipocresías cruzadas, con jugadores a los que lo que menos les interesa es Honduras y los hondureños.
A estar a lo informado por la prensa de ese país, luego de una crisis de poderes que tensionó el sistema político en las últimas semanas, el Congreso formó una Comisión Investigadora que detectó la intención de Zelaya de provocar un “autogolpe” el domingo al mediodía, con la mecánica de apoyarse en resultados “boca de urna” de la consulta prohibida, con el apoyo de formaciones armadas venezolanas que habían arribado al país en forma clandestina días antes y la organización de tumultos que darían la impresión de apoyo popular. El autogolpe consistiría en disolver el Congreso y remover los miembros de la Corte Suprema, designando nuevos jueces que permitirían avanzar en lo que la Constitución de Honduras prohibe en forma más enfática que ningúna otra constitución americana: la reelección presidencial.
Ante esa perspectiva, el Congreso, anticipándose a los hechos, dispone –a las seis de la mañana- la destitución de Zelaya y la designación del sucesor constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, al desconocerse por parte de Zelaya su prohibición de realizar el plebiscito, había ordenado al Ejército detenerlo y sacarlo del país, lo que se produjo una hora antes de la destitución parlamentaria.
Cabe destacar, a este respecto, que la Carta Magna hondureña no prevé la institución del Juicio Político y que por el contrario cuenta con un artículo, el 239, que expresamente dispone que el sólo hecho de proponer la modificación de la cláusula que prohibe la reelección conlleva para cualquier funcionario público su inmediato cese y su inhabilitación por diez años.
El proceso institucional de destitución ha sido avalado, además, no sólo por la virtual unanimidad del Congreso (122 diputados que corresponden al oficialista partido Liberal (62), el opositor Partido Nacional (55), la Democracia Cristiana (3) y el Partido Innovación y Unidad (2) frente a 6 ausencias correspondientes al partido Unificación Democrática (5) y una disidente demócrata cristiana), sino también por la Corte, la Iglesia y los dos principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre, el Sr. Elvin Santos, del partido liberal –el mismo de Zelaya- y el Sr. Porfirio Lobo, del Partido Nacional –opositor-.
Ahora bien: si esto es así, ¿por qué el alineamiento internacional ha sido automático en la defensa de Zelaya?
El juego de hipocresías llega aquí al máximo.
Por un lado, el espacio “bolivariano” –al que el viaje de Cristina para actuar en conjunto con Lugo, Correa y Chávez parece haber adscripto definitivamente a la Argentina-, no se resigna a que el Congreso y la Corte hondureñas se le hayan adelantado al autogolpe tan cuidadosamente preparado por Chávez y Zelaya durante varios meses, con la provisión de petróleo gratuito, armamento y hasta personal armado.
Por el otro lado, Estados Unidos encuentra una oportunidad excepcional para sobreactuar su distancia de los actores (con los que, efectivamente, nada tuvo que ver) para borrar su tradicional imagen de impulsor de golpes de Estado y rupturas institucionales en el Continente. El “reacomodamiento” de la imagen americana es una prioridad en la política exterior de Obama, que actuará con ese objetivo como lo ha mostrado en sus iniciativas en el Medio Oriente y Rusia, cualquiera sea su consecuencia para terceros. Un intrascendente escarceo de un pequeño país –indiferente para sus intereses globales- no sólo no lo moverá de su objetivo, sino que le ofrece esa oportunidad excepcional para aparecer alineado con la “opinión democrática” de toda América Latina y el mundo, a la que la sola mención de la palabra “golpe de estado” hace ubicar instintivamente en la vereda opuesta. Si este alineamiento, además, coincide con el posicionamiento tanto de los bolivarianos como del propio Raúl Castro, nadie buscará matices.
Honduras queda así convertido el en pato de la boda de un ajedrez geopolítico de influencias cruzadas del que es una víctima cuya suerte a nadie interesa seriamente. Sólo queda desear que la amenaza de intervención militar que están realizando los bolivarianos de la región (verbalizada por Daniel Ortega) no convierta al país en un baño de sangre, con la indiferencia de Washington y del resto del mundo. Baño de sangre del que Cristina tendrá su cuota de culpa, al adherir sin matices a un juego al que la Argentina debiera concurrir con prudencia, diplomacia y vocación de dialogo.
Tres virtudes que no son, precisamente, atributos kirchneristas.
Ricardo Lafferriere
antesdefensa
martes, 7 de julio de 2009
domingo, 5 de julio de 2009
Estatal, privado, izquierda, derecha
Es curioso observar el renacimiento que parece insinuarse en el debate político argentino de conceptos propios de la primer modernidad, escasamente utilizados en el debate político contemporáneo –por su polisemia- pero que son utilizados entre nosotros como etiquetas sentenciosas y admonitorias –cuando no como gritos de guerra-, aturdiendo a ciudadanos que han demostrado su indiferencia ante ellos una y otra vez en los últimos veinte años.
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
miércoles, 1 de julio de 2009
La fuga de Kirchner
Como una ironía del destino, el presidente que bastardeó la dignidad del rol presidencial burlándose groseramente de la suerte de su antecesor, ha terminado su vida política en un papel tan triste que hasta generaría lástima destacarlo, si no recordáramos el enorme daño que su gestión produjo en el sistema institucional argentino.
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
Un voto republicano
Una sensación de tranquilidad inundó el espíritu de los argentinos en las últimas horas del domingo. No respondía a entusiasmos ideológicos, ni a pasiones desatadas que hubieren logrado concretarse. La sensación era de desahogo, distensión, liberación.
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
lunes, 22 de junio de 2009
Una Constitución para Carlotto....
En una nota anterior destacamos la templanza y valentía de la Dra. Hilda Molina, que se encuentra afortunadamente en nuestro país disfrutando de su familia y el afecto de los argentinos luego de más de una década y media de sufrir la separación por la violación de su derecho humano elemental de salir de su país libremente, a raíz de la obstinada prohibición del gobierno cubano que hasta llegó a fundamentar esta virtual prisión en la presunta “titularidad” que el Estado tendría sobre el cerebro de la ilustre visitante.
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
que
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
que
sábado, 20 de junio de 2009
Dos cifras que golpean
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma, acaba de informar que las personas que sufren hambre en todo el mundo superan las mil millones. La cifra precisa dada a conocer por el organismo asciende a 1.020 millones de seres humanos.
En el mismo informe, aparecido en los medios de esta semana, la organización destaca que la causa principal de esta situación es la pobreza extrema, lo que concentra los daños en los seres humanos de menores recursos. Consecuentemente, llama a los gobiernos a proteger las inversiones en la producción de alimentos, especialmente la de los pequeños y medianos productores en los que la relación entre su actividad y la posibilidad de su alimentación es más directa.
La otra cifra fue dada a conocer en nuestro país: destaca nuestra contribución a la primera. Ciento veintitres millones de personas, el 12,3 % de los hambrientos del mundo, lo serán por la reducción de producción de alimentos acaecida en la Argentina. El dato fue proporcionado por la Sociedad Rural Argentina, al igual que la causa –que es conocida por todos-: el ataque desmatizado del gobierno kircherista a los productores agropecuarios, considerados y tratados como enemigos a partir de la exitosa resistencia a ser saqueados que exhibieron en el primer semestre del año 2008.
No existe otro país en el que se apliquen medidas antiproductivas como las ejecutadas por el Secretario Guillermo Moreno, por instrucciones directas del ex presidente Kirchner. El resultado a la vista: casi el 40 % de reducción de la producción agraria, y la liquidación acelerada de la producción cárnica, en la que la matanza de vacas (que equivale a la “venta de las máquinas”, en las fábricas) alcanza un nivel cercano a un ritmo terminal.
Dos récords como los que le agradan a la señora presidenta son testimonio del derrumbe: la siembra de trigo es la menor en un siglo y la Argentina es el único país del mundo que ha reducido su existencia de ganado, en una etapa de florecimiento del comercio cárnico por la fuerte presión de la demanda de los últimos años que llevó, entre otras cosas, al Uruguay, Brasil y Paraguay a ocupar los mercados que nuestros productores cárnicos –y el esfuerzo de gobiernos sucesivos- había logrado conquistar.
Un mundo hambriento y la Argentina kirchnerista contribuyendo al hambre.
Triste record de nuestra democracia, que conmemora su primera cuarto de siglo traicionando de esta forma sus anhelos fundacionales. El sueño de Alfonsín de una democracia eficiente y de contenido social (con la que “se coma, se cure y se eduque”) ha mutado, por obra y gracia del populismo irracional, en un sistema elitista que a la vez que enriquecer groseramente a los amigos del poder, no sólo hambrea a los argentinos sino que contribuye en forma importante al hambre en el mundo.
Sólo faltaría, para cerrar el círculo, que el “ex presidente en funciones” declare que ellos no tienen nada que ver, sino que lo que ocurre es el efecto ... del “neoliberalismo” y de “las políticas de los 90”.
Ricardo Lafferriere
En el mismo informe, aparecido en los medios de esta semana, la organización destaca que la causa principal de esta situación es la pobreza extrema, lo que concentra los daños en los seres humanos de menores recursos. Consecuentemente, llama a los gobiernos a proteger las inversiones en la producción de alimentos, especialmente la de los pequeños y medianos productores en los que la relación entre su actividad y la posibilidad de su alimentación es más directa.
La otra cifra fue dada a conocer en nuestro país: destaca nuestra contribución a la primera. Ciento veintitres millones de personas, el 12,3 % de los hambrientos del mundo, lo serán por la reducción de producción de alimentos acaecida en la Argentina. El dato fue proporcionado por la Sociedad Rural Argentina, al igual que la causa –que es conocida por todos-: el ataque desmatizado del gobierno kircherista a los productores agropecuarios, considerados y tratados como enemigos a partir de la exitosa resistencia a ser saqueados que exhibieron en el primer semestre del año 2008.
No existe otro país en el que se apliquen medidas antiproductivas como las ejecutadas por el Secretario Guillermo Moreno, por instrucciones directas del ex presidente Kirchner. El resultado a la vista: casi el 40 % de reducción de la producción agraria, y la liquidación acelerada de la producción cárnica, en la que la matanza de vacas (que equivale a la “venta de las máquinas”, en las fábricas) alcanza un nivel cercano a un ritmo terminal.
Dos récords como los que le agradan a la señora presidenta son testimonio del derrumbe: la siembra de trigo es la menor en un siglo y la Argentina es el único país del mundo que ha reducido su existencia de ganado, en una etapa de florecimiento del comercio cárnico por la fuerte presión de la demanda de los últimos años que llevó, entre otras cosas, al Uruguay, Brasil y Paraguay a ocupar los mercados que nuestros productores cárnicos –y el esfuerzo de gobiernos sucesivos- había logrado conquistar.
Un mundo hambriento y la Argentina kirchnerista contribuyendo al hambre.
Triste record de nuestra democracia, que conmemora su primera cuarto de siglo traicionando de esta forma sus anhelos fundacionales. El sueño de Alfonsín de una democracia eficiente y de contenido social (con la que “se coma, se cure y se eduque”) ha mutado, por obra y gracia del populismo irracional, en un sistema elitista que a la vez que enriquecer groseramente a los amigos del poder, no sólo hambrea a los argentinos sino que contribuye en forma importante al hambre en el mundo.
Sólo faltaría, para cerrar el círculo, que el “ex presidente en funciones” declare que ellos no tienen nada que ver, sino que lo que ocurre es el efecto ... del “neoliberalismo” y de “las políticas de los 90”.
Ricardo Lafferriere
jueves, 11 de junio de 2009
La dignidad de los países
¿Tienen dignidad los países?
Dice el diccionario que “dignidad” es la cualidad de “digno”. Y “digno”, por su parte, se relaciona con “merecimiento” y está vinculado con alguna aptitud, pertenencia o respetabilidad.
La reflexión viene a cuento de las consideraciones con que el Banco Mundial acompañó su decisión, conocida en estos días, de otorgar a la Argentina créditos por U$ 1290 millones y la apertura de otra línea por UD$ 3300 millones, que se extenderá hasta el año 2012. Buena cosa que la administración kirchnerista haya vuelto a los organismos internacionales de crédito, terminando con sus reiteradas demonizaciones –que hace rato no se escuchan, a voz impostada y dedito levantado...- sobre las maldades intrínsecas de las finanzas internacionales.
Sin embargo, el “caballo cansado...” no les ha permitido esta vez hacerse cargo de las inusuales admoniciones con que llegan estos fondos. La Argentina, según el Banco Mundial, adolece, entre otras cosas, de:
- Incapacidad de atraer inversiones privadas.
- Recrudecimiento del proceso inflacionario.
- Alto endeudamiento.
- Fuga de capitales.
- Debilitamiento de la seguridad jurídica y el estado de derecho.
- Violaciones contractuales por parte del Estado que incrementa la inseguridad y la litigiosidad.
- Elevado nivel de corrupción.
- Necesidad de mejorar la gestión pública.
- Efectos negativos que el reciente blanqueo de capitales puede tener en el crecimiento del narcotráfico.
- Posibilidad de que la mencionada ley favorezca el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.
Si los países tienen dignidad, es difícil no advertir el ataque que estos conceptos collevan a un valor del que sus primeros custodios deben las autoridades y en segundo lugar sus ciudadanos.
Que las autoridades nacionales hayan resuelto –como afirma el el Clarín del Jueves 11- dejar pasar “por alto” estas observaciones –como si fueran pequeñeces- y destacar el hecho en sí del otorgamiento del crédito y su dimensión, está evidenciando la escasa importancia que nuestro gobierno le da a la dignidad del país que administra. Pocas veces en la historia argentina debe haber existido un rosario de agravios a la dignidad nacional como las expresadas en forma directa e indirecta en los considerandos que acompañan la decisión del organismo financiero internacional. La Argentina sería algo así como un territorio sin ley, abierto a las lacras del narcotráfico y el terorrismo, tramposo crónico que lleva al exterior el producido de su corrupción, que no respeta su palabra y que disfruta de su condición de deudor pertinaz en lugar de pagar lo que debe.
Quizás sea mejor pensar que la dignidad es una cualidad de las personas, no extensible a los países. Porque aunque miles de argentinos consideramos que el rosario de insultos del Banco Mundial reflejan lo que nosotros mismos pensamos sobre la realidad nacional, la indignación por tener que formar pasivamente parte, por generalización, de un colectivo que nos incluye (la Argentina), no puede ocultar que desde hace años venimos denunciando y alertando sobre estos hechos, realizados exclusivamente por quienes ocupan el aparato estatal y sus allegados.
Y debe llevarnos a reflexionar sobre el papel de la mayoría de los ciudadanos, al elegir y tolerar que una banda como ésta nos gobierne y defina en el mundo, en nuestro nombre, la imagen del país de todos. Un país que comenzó su camino con Saavedra, Moreno, Belgrano, San Martín y Castelli. Que definió su rumbo con hombres de la talla de Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Que organizó su convivencia con la acción de Urquiza, de Mitre, de Avellaneda. Que se convirtió en un país moderno de la mano de Roca, Pellegrini, Alem y Joaquín V. González. Que completó la inclusión política en el modelo republicano con Alvear, Juan B. Justo, Sáenz Peña e Yrigoyen. Que avanzó en su desarrollo industrial con Justo, Pinedo, Savio, Perón y Frondizi. Que luchó para recuperar la senda democrática con Illia, Balbín y Alfonsín.
Es el nuestro un país que incluye en su historia, compleja y contradictoria pero vital y patriótica, a muchos más que los nombrados muertos ilustres, cuyo sólo e incompleto listado seguramente mueve la conciencia de miles de quienes vivimos hoy, condenados por la escatológica pareja gobernante al “ninguneo” de cualquiera que en el mundo se le ocurra denostarlo, eso sí, a cambio de algunos dólares, que faciliten las cuentas de la banda que gobierna, dispuesta a dejar “pasar por alto” los insultos a la Nación, si vienen adecuadamente lubricados.
Pero si las naciones tienen dignidad por su historia y su destino, sería hora de que los argentinos de hoy decidiéramos recuperar la nuestra, sacándonos de encima a quienes poco les interesa el esfuerzo común y los valores morales por los que este país nació hace casi dos siglos comenzando la construcción de la que somos beneficiarios y deudores.
Entonces sí... bienvenidos serán los recursos, si llegan acompañados del respeto a nuestra dignidad recuperada. Caso contrario...
Ricardo Lafferriere
Dice el diccionario que “dignidad” es la cualidad de “digno”. Y “digno”, por su parte, se relaciona con “merecimiento” y está vinculado con alguna aptitud, pertenencia o respetabilidad.
La reflexión viene a cuento de las consideraciones con que el Banco Mundial acompañó su decisión, conocida en estos días, de otorgar a la Argentina créditos por U$ 1290 millones y la apertura de otra línea por UD$ 3300 millones, que se extenderá hasta el año 2012. Buena cosa que la administración kirchnerista haya vuelto a los organismos internacionales de crédito, terminando con sus reiteradas demonizaciones –que hace rato no se escuchan, a voz impostada y dedito levantado...- sobre las maldades intrínsecas de las finanzas internacionales.
Sin embargo, el “caballo cansado...” no les ha permitido esta vez hacerse cargo de las inusuales admoniciones con que llegan estos fondos. La Argentina, según el Banco Mundial, adolece, entre otras cosas, de:
- Incapacidad de atraer inversiones privadas.
- Recrudecimiento del proceso inflacionario.
- Alto endeudamiento.
- Fuga de capitales.
- Debilitamiento de la seguridad jurídica y el estado de derecho.
- Violaciones contractuales por parte del Estado que incrementa la inseguridad y la litigiosidad.
- Elevado nivel de corrupción.
- Necesidad de mejorar la gestión pública.
- Efectos negativos que el reciente blanqueo de capitales puede tener en el crecimiento del narcotráfico.
- Posibilidad de que la mencionada ley favorezca el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.
Si los países tienen dignidad, es difícil no advertir el ataque que estos conceptos collevan a un valor del que sus primeros custodios deben las autoridades y en segundo lugar sus ciudadanos.
Que las autoridades nacionales hayan resuelto –como afirma el el Clarín del Jueves 11- dejar pasar “por alto” estas observaciones –como si fueran pequeñeces- y destacar el hecho en sí del otorgamiento del crédito y su dimensión, está evidenciando la escasa importancia que nuestro gobierno le da a la dignidad del país que administra. Pocas veces en la historia argentina debe haber existido un rosario de agravios a la dignidad nacional como las expresadas en forma directa e indirecta en los considerandos que acompañan la decisión del organismo financiero internacional. La Argentina sería algo así como un territorio sin ley, abierto a las lacras del narcotráfico y el terorrismo, tramposo crónico que lleva al exterior el producido de su corrupción, que no respeta su palabra y que disfruta de su condición de deudor pertinaz en lugar de pagar lo que debe.
Quizás sea mejor pensar que la dignidad es una cualidad de las personas, no extensible a los países. Porque aunque miles de argentinos consideramos que el rosario de insultos del Banco Mundial reflejan lo que nosotros mismos pensamos sobre la realidad nacional, la indignación por tener que formar pasivamente parte, por generalización, de un colectivo que nos incluye (la Argentina), no puede ocultar que desde hace años venimos denunciando y alertando sobre estos hechos, realizados exclusivamente por quienes ocupan el aparato estatal y sus allegados.
Y debe llevarnos a reflexionar sobre el papel de la mayoría de los ciudadanos, al elegir y tolerar que una banda como ésta nos gobierne y defina en el mundo, en nuestro nombre, la imagen del país de todos. Un país que comenzó su camino con Saavedra, Moreno, Belgrano, San Martín y Castelli. Que definió su rumbo con hombres de la talla de Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Que organizó su convivencia con la acción de Urquiza, de Mitre, de Avellaneda. Que se convirtió en un país moderno de la mano de Roca, Pellegrini, Alem y Joaquín V. González. Que completó la inclusión política en el modelo republicano con Alvear, Juan B. Justo, Sáenz Peña e Yrigoyen. Que avanzó en su desarrollo industrial con Justo, Pinedo, Savio, Perón y Frondizi. Que luchó para recuperar la senda democrática con Illia, Balbín y Alfonsín.
Es el nuestro un país que incluye en su historia, compleja y contradictoria pero vital y patriótica, a muchos más que los nombrados muertos ilustres, cuyo sólo e incompleto listado seguramente mueve la conciencia de miles de quienes vivimos hoy, condenados por la escatológica pareja gobernante al “ninguneo” de cualquiera que en el mundo se le ocurra denostarlo, eso sí, a cambio de algunos dólares, que faciliten las cuentas de la banda que gobierna, dispuesta a dejar “pasar por alto” los insultos a la Nación, si vienen adecuadamente lubricados.
Pero si las naciones tienen dignidad por su historia y su destino, sería hora de que los argentinos de hoy decidiéramos recuperar la nuestra, sacándonos de encima a quienes poco les interesa el esfuerzo común y los valores morales por los que este país nació hace casi dos siglos comenzando la construcción de la que somos beneficiarios y deudores.
Entonces sí... bienvenidos serán los recursos, si llegan acompañados del respeto a nuestra dignidad recuperada. Caso contrario...
Ricardo Lafferriere
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