Un golpe terminal al estado de derecho. Así puede
calificarse la ley de lavado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso
Nacional.
Quienes la aprueben tendrán una sanción mucho más grave que
la –a esta altura, simbólica- fulminación del artículo 29 de la Constitución.
No estarán ya traicionando a la patria sino a la posibilidad de una convivencia
decente, apoyada en bienes éticos que se remontan al origen de la civilización.
Estarán traicionando al sentido moral de la propia condición humana,
legitimando el robo desembozado a los ciudadanos de bien, liberando a los
mega-delincuentes, aún a los más sanguinarios, de cualquier sanción y
proclamando al país y al mundo que la Argentina se habrá convertido en el aguantadero
mundial de los bandidos.
Describe muy bien Rogelio Alaniz en su nota semanal de “El
Litoral” la situación a la que se enfrentan las personas de bien: está
todo dicho. A partir de esta norma, de la misma malformación ética
que la “autoamnistía” del proceso militar en sus días finales, cualquier
diálogo se vuelve inútil y todo debate se convierte en infame, porque con la
delincuencia común no puede dialogarse, sino luchar.
Basten algunas pocas consecuencias inexorables de la ley de
lavado y los mecanismos que implementa:
Primer caso: extraído de la sección “Carta de Lectores” de
La Nación, de una remitida por el Sr. Horacio Robles: El Sr. “Testa” va al
Banco y cambia dólares delictivos por CEDIN sin problema alguno. Con los bonos
recibidos le compra un campo (una estancia en la Patagonia) al Sr. “Ferro”,
quien cambia los CEDIN recibidos por dólares billete. Resultado, el señor Testa
se queda, en la teoría, con un campo, que transferirá al delincuente que le dio
las divisas –quien, a su vez, podrá disponer de él libremente- y el señor Ferro
se queda con los dólares blanqueados. Testa y Ferro podrán confundirse y de
hecho se confundirán en la misma persona, que al final obtendrá ambas cosas, el
campo y los dólares blanqueados.
Segundo caso: éste sí, imaginado: el Sr. “Testa” tiene
1.000.000 de dólares “negros”, que le facilitó un delincuente que, a su vez,
los tiene por un sobreprecio en una obra pública y necesita legalizarlos. El
Sr. Testa va al Banco, los cambia por un certificado de “BADE”, y con éste,
compra obligaciones negociables de YPF convirtiendo su dinero en perfectamente
“blanco”. Esos títulos cotizan en bolsa local y extranjera, por lo que acto
seguido, los vende, recibiendo en divisas también “blancas” el
importe blanqueado. Seguidamente, las devuelve al delincuente que se los
entregó, sea directamente o a través del Sr. “Ferro”, por lo cual recibe –si no
hubiera recibido antes- el pago por sus servicios.
Tercer caso: también imaginado. Un narcotraficante que
también se dedica al secuestro y trata de mujeres, que vive en un lujoso
condominio de Pilar, tiene en su poder 10.000.000 de dólares obtenidos por su
actividad delictiva. Necesita sacarlos de la clandestinidad, “blanquearlos”. Va
con ese dinero al Banco, por sí o a través de los servicios del Sr. “Testa”, y
obtiene títulos CEDIN o BADE del Banco Central por el mismo valor. Con esos
títulos realiza inversiones inmobiliarias, convertido en un respetable
empresario hotelero, o emprendedor, o en un próspero millonario petrolero. Y
además, se garantiza la impunidad ante cualquier investigación por el origen de
su dinero.
Todo habrá sido legal. El dinero “negro” habrá sido
convertido en perfectamente blanco.
En un caso, un inmueble se habrá vendido y en los otros YPF
tendrá sus dólares, contrayendo una deuda equivalente con el Banco al que le
haya canjeado los CEDIN por dinero o divisas en efectivo. El Banco Central tendrá
un crédito contra YPF (¡¿?!). En ambos casos, el lavador estará feliz, con su
dinero en blanco por el que no ha tenido sanción ninguna, logrando, además, su
impunidad por el delito del que hubiera surgido ese dinero (ya que la ley de
blanqueo borra las sanciones administrativas y penales).
En los últimos lustros, la persecución internacional al
lavado de dinero ha ido “in crescendo”, debido a la financiación del terrorismo
para que se lo utiliza y el estímulo para los delitos por funcionarios o con
complicidades públicas. Ya los bancos suizos y austríacos, los más celosos de
su tradicional secreto, han adoptado la política de no acoger dinero mal
habido. En consecuencia, para los dictadorzuelos y funcionarios corruptos se
les hace cada vez más difícil encontrar un destino seguro para sus fondos mal
habidos, ante el cerco internacional a los paraísos fiscales.
Una solución transitoria para los delincuentes fue el
atesoramiento físico de divisas, joyas y barras de oro. Sin embargo, la
vulnerabilidad de esos depósitos no permite garantizar su permanencia en el
tiempo: ocurrido el fin del período de gobierno en el que se generaron, se
pierden complicidades y se hacen totalmente vulnerables a la acción de la
justicia. Es necesario “lavarlos” y borrar las culpas.
Debido a esta situación es que la comunidad internacional
perfecciona permanentemente sus procedimientos para evitar el lavado. Nuestro
país ha firmado la convención respectiva y está comprometido a dar una batalla
contra el lavado fronteras adentro, sancionando las medidas legales y
decisiones administrativas necesarias. Esos compromisos contienen medidas que
pueden consultarse en el documento respectivo, que es accesible en Internet en
el propio sitio nacional de la unidad “antilavado”: “http://www.uif.gov.ar/uif/images/40rec_es.pdf”
Frente esas medidas, la ley kirchnerista de lavado está
situado en las antípodas porque abre una puerta de legalización a lo que ha
tenido un origen delictivo. Fraudes, secuestros, coimas, robos, trata de
personas, contrabando de armas, narcotráfico y el sinfín de defraudaciones al
dinero público tendrán una pista de aterrizaje en el mundo legal, abriendo
incluso la posibilidad de que delincuentes internacionales –no sólo los
locales- puedan usarla para blanquear sus fondos. Sólo necesitarán un
testaferro, que no son tan caros, como se ha mostrado en la televisión en estas
últimas semanas, para hacerse dueños legales en la Argentina de campos,
hoteles, empresas, casinos.
Esta ley es una inmoralidad, mayor a cualquier “blanqueo”
anterior, porque ha perfeccionado el mecanismo. Convierte a la Argentina en el
paraíso del lavado y consolida la imbricación del país con el crimen
internacional. Nos humilla, como país y como ciudadanos de una sociedad
civilizada. Es una auténtica ley de lavado y humillación.
Leer la disposición del Banco Central persiguiendo a honestos
ciudadanos que han obtenido en algún cajero en el exterior los pocos dólares de
su propiedad que pueden conseguir de esta forma, mientras se abre en el mismo
momento esta gigantesca puerta a los fondos de origen delictivo, a los que
además se les abonará una tasa de interés, supera los límites imaginados.
Tanto como escuchar al Viceministro de Economía afirmar,
totalmente suelto de cuerpo y por Cadena Nacional de Radio y Televisión, que
“cualquiera podrá traer desde un paraíso fiscal, o desde una caja de seguridad,
los dólares que tenga. Nadie les preguntará de dónde vienen ni ninguna
explicación sobre su origen”, a la vez que se les garantiza que “Quienes
accedan al blanqueo también quedarán liberados de sanciones por la ley penal
tributaria y la ley penal cambiaria y de toda otra acción civil, penal o
administrativa”.
Seguramente se seguirán rompiendo esos propios límites, al
compás de la descomposición final del Régimen, su toma de conciencia de la
imposibilidad de garantizar la impunidad manejando la justicia y el acercamiento de su fin, inexorable como
todo paso del tiempo.
Esta inexorabilidad es lo que desespera a los delincuentes,
pero es a la vez la última barrera de los honestos. Ningún mausoleo fúnebre
podrá hacer disfrutar a los que allí descansen de los fondos conseguidos en
vida. “Sic transit gloria”, decían los antiguos romanos, para señalar
lo efímero de la gloria del mundo.
En momentos en que “está todo dicho”, sin embargo, cabe una
última invocación a los legisladores peronistas y afines que deben votar esta
iniciativa: compatriotas, es un límite. Luego de levantar su mano para
sancionar estas leyes, habrán perdido para siempre el derecho de mirar de
frente a cualquier argentino. Nos
costará, incluso, volver a considerarlos “compatriotas”.
Recuerden que el tiempo pasa. Hoy o mañana, más temprano que
tarde, todo llega a su fin. El horizonte de la justicia se hace cada vez más
tangible. Tal vez esa sea la mejor explicación que da coherencia a las dos
iniciativas más notables de Cristina
Kirchner en estos días: la colonización de la justicia para hacerla
depender definitivamente de su voluntad y la ley de lavado de fondos
delictivos.
Reaccionen. No sean cómplices.
Ricardo Lafferriere