Tomando un título prestado del Buenos Aires Herald, la Sra.
Presidenta lo ha relacionado con una afirmación, reiterada luego por todo su
equipo de funcionarios, aludiendo al “desplome” de la denuncia realizada hace
poco más de una semana por el Fiscal Nisman.
Curiosamente, coincidimos con la primera parte: la denuncia
no dice nada nuevo, ni expone hechos que la opinión pública no conociera. Todo
el debate sobre el vergonzoso acuerdo con Irán que desembocara en el “Memorando
de entendimiento” es el objeto central de esta denuncia, y fue desmenuzado en
oportunidad de su debate parlamentario.
¿Qué agrega la denuncia a estos viejos hechos? Pues nada más
y nada menos que desnudar su proceso de gestación y los verdaderos motivos que
lo impulsaron.
“Una novela”, dicen a coro los voceros del partido oficial,
alineado verticalmente tras el relato exculpatorio. Y exactamente eso es lo que
parece, aunque superándola. Ni el mejor de los novelistas hubiera podido
imaginar la atrocidad que significa planificar y ejecutar un proceso en el que
las autoridades democráticas de un país renuncien a investigar un crimen
colectivo declarado ya “de lesa humanidad”, a cambio de abrir la puerta a
beneficios materiales. Y a culminar con la muerte violenta del investigador que
descubre la cadena de hechos delictivos.
Sin embargo, no es nada nuevo. Todos los argentinos de buena
–y de mala- fe, saben que eso es lo que ocurrió. A tal punto que el Convenio, a
pesar de haber recibido el apoyo desmatizado de una mayoría oficialista
acrítica, ha sido declarado inconstitucional y no ha logrado ser puesto en vigencia,
a más de un año de su aprobación.
Ni siquiera ha sido ratificado por la contraparte iraní, que
una vez que comprobó su inoperancia para levantar las “circulares rojas” para
sus funcionarios, se desinteresó de tal engendro y siguió haciendo negocios con
privados, sin alterarse demasiado.
La denuncia de Nisman es completa, exhaustiva, medulosa.
Acredita hechos que en cualquier país serio del mundo hubieran provocado el
derrumbe del gobierno. ¿Alguien puede imaginar cómo hubiera reaccionado la
opinión pública y la política norteamericana, por ejemplo, si advirtiera que su
presidente renuncia a la persecución penal de los autores del atentado a las
Torres a cambio del petróleo de Afganistán o de Irak? ¿Alguien imagina a
legisladores republicanos sosteniendo a Bush o demócratas haciendo lo mismo con
Obama si se comprobara un extremo tan siniestro?
Hay, sin embargo, una diferencia sustancial. Aún en la
capital del “imperio”, con todos sus vicios y deformaciones, corruptelas y
maniobras, la defensa del interés de su país sigue siendo exigida por la opinión
pública y observada como un valor irrenunciable por la totalidad de la
dirigencia política y legisladores electos.
En pocos países del mundo –tal vez, en la Venezuela chavista, y algún
otro país con sistemas políticos marginales- la dirigencia política puede expresar
el respaldo acrítico a medidas que bastardean la dignidad internacional de su
país, la renuncia a valores básicos de su honor nacional, o sostener una
mentira develada con la obsesión del marido infiel que enfrenta las pruebas
evidentes.
Eso es lo que vimos acá en el Congreso, cuando la mayoría
oficialista aprobó el engendro, y ayer mismo cuando la dirigencia justicialista
en pleno se exhibió bailando sin ninguna vergüenza -ni propia, ni ajena- al ritmo de los chiflados vaivenes interpretativos
de una cuenta de Facebook.
La denuncia del fiscal Nisman no es una sentencia. Es,
justamente, una denuncia. Una abogada, exitosa o no, debiera conocer las
diferencias. Se estudian en Derecho Procesal Penal.
Las apabullantes
pruebas en la que se funda la denuncia del Fiscal –coherente, sistematizada,
cronológicamente hilvanada, articuladora de hechos ocultos con actos públicos
que forman parte del conocimiento general- no sólo ameritan sino que obligan a
una investigación imparcial. Si el Fiscal suicidado-asesinado no la hubiera
realizado, habría incurrido en violación de su deber como funcionario judicial.
Cumplir con su deber le costó la vida. En “democracia”…
Dependerá ahora de la justicia seguir las líneas de investigación
y ratificar –o no- las pruebas que a él lo llevaron a esa convicción. Y a las
partes –acusatoria y acusadas- intervenir en el juego de la ley procesal,
impugnando lo que crean, ofreciendo pruebas y tratando de demostrar su
inocencia o culpabilidad. Por mi parte, con esas pruebas mencionadas y la experiencia política de haber vivido en
este país nuestro en las últimas décadas, me alcanza para convencerme de su
veracidad.
Nada nuevo. Pero claramente veraz y verosímil. No lo oculta
ni siquiera el inefable esfuerzo dialéctico de un prestigioso ex Juez de la
Corte buscando la forma de “hacer zafar” a la presidenta y demás denunciados con
argumentos leguleyos de grosera factura, como si se tratara de una asociación para
robar tres gallinas y no para encubrir un delito de homicidio en el que
perdieron la vida ochenta y cinco personas, declarado “de lesa humanidad” por
la justicia de su país. No discutiendo si los hechos existieron o no, sino “su
encuadramiento como figura penal típica”.
Todos sabemos que los hechos existieron. El esfuerzo –y el
mérito del Fiscal, que le costó la vida- es hacer lo que pocos hacemos: el
trabajo sistemático, jurídicamente persistente, en el marco de la ley procesal,
de encontrar suficientes fundamentos para la verdad que trasciendan la
intuición.
Justamente si de algo está en las antípodas es de la ligera
afirmación “no tengo pruebas, pero tengo certezas”, que con liviandad incluyera
la primera magistrada en uno de sus posts en Facebook.
La denuncia de Nisman, apoyada sólidamente en pruebas
difícilmente rebatibles, avanza gravemente hacia la certeza. Deberá ser la
justicia la que, de una vez por todas y en forma ejemplar, demuestre a los
argentinos que a pesar de no haber “nada nuevo”, esta vez algo termine
distinto.
Ricardo Lafferriere