Soltar lastres, sumarnos al cambio

El cambio que está atravesando el mundo, parcialmente eclipsado por los episodios que ocupan los impactantes titulares de violencia y desbordes, nos está instalando inexorablemente en una sociedad planetaria con significativas rupturas. Tal vez no se vean tan claras desde nuestra conflictiva vida cotidiana, tomada por una tensa coyuntura del cambio de ciclo, pero serán la agenda que se instalará apenas la Argentina termine de regresar a la civilización. Es ya la agenda del mundo.

Viejas prácticas, creencias y certezas son sustituidas por la aparición de nuevas tendencias crecientemente afianzadas que inician, a su vez, de nuevos caminos de convivencia. 

La evolución de la economía capitalista clásica está llegando a su fin. Sin embargo, a diferencia de los pronósticos de sus acérrimos críticos ideológicos, la visión de este fin es el de un exitoso “punto de llegada”. El éxito del capitalismo en impulsar el desarrollo, la ciencia y la técnica, “aterriza” en ramas destacadas de la economía incorporando mecanismos que recuerdan al “socialismo”. 

Importantes sectores de la producción abandonan el “mercado” para revalorar conceptos como “cooperación”, “bienes comunes” y “solidaridad”. Otros siguen utilizando el mercado, imbricado positivamente con los nuevos en un funcionamiento virtuoso. Lo sosteníamos hace unos meses, al comentar el libro de Rifkin ““The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the eclipse of Capitalism” y no es mala idea recordarlo.

Costo “cercano a cero”

Varios son los fenómenos que lo anuncian. La gigantesca acumulación de capital y la portentosa evolución tecnológica es el primero. Lleva a numerosas ramas económicas a funcionar con un costo marginal cercano a cero, haciendo accesibles sus productos a mayor cantidad de personas.

Los teléfonos celulares, la televisión por cable, los receptores de pantalla plana, las tabletas, las consolas de juegos, los equipos de audio, las cámaras fotográficas y de filmación incorporadas a los teléfonos, son apenas algunos de los difundidos artefactos que se han instalado como paradigmas de la nueva sociedad atravesando sectores sociales, ideologías, étnicas y géneros.

Este fenómeno se suma a la masiva impregnación de Internet en la vida cotidiana, que sirve de base a actividades de servicios con alto contenido virtual, de reducido consumo energético y escaso uso de materias primas. Su característica sociológica es su llegada inmediata a los estratos más humildes, tradicionalmente marginados de los avances científicos, superando antiguos marcos conceptuales sobre la riqueza, la pobreza y la división social por niveles de ingresos.

Internet de las cosas

La “Internet de las cosas” anuncia un escenario de miles de millones de artefactos de confort (televisores, heladeras, hornos, calefactores, refrigeración, etc.), de producción (máquinas de fábrica, equipamiento de oficina y hasta de transporte) y de servicios, interconectados y decidiendo en forma automática su funcionamiento más eficiente, sin necesidad de la intervención de sus dueños luego de la configuración inicial. Permite la recolección de datos para prever y anticipar tendencias (“big data”), facilita la democratización del conocimiento, ayuda a la salud pública, mejora la comunicación entre personas y sociedades y libera potencialidades. Al ubicarse como motor del desarrollo impulsa la inversión en el mejoramiento de las redes de comunicación, que necesitan ágiles, universales y accesibles.

A la “Internet de las cosas” se suma el crecimiento exponencial de la autogeneración energética.

Internet de la energía

La superación del debate entre “energías fósiles” y “renovables” se saldará por la reducción sistemática y persistente del costo de la energía solar. Los países de vanguardia en la reconversión –Alemania es el paradigmático- están incorporando esta reducción a su red. El 40 % de la generación solar (que llega ya a 33 Gvh de capacidad instalada, el 25 % del total) es producida en los hogares, que la “venden” a la red, liberándose del principal cuello de botella de esa fuente que era la necesidad de baterías. El costo de los equipos generadores hogareños ha perforado el piso de la tarifa eléctrica. Se amortizan en menos de un año por el ahorro de la factura de energía no subsidiada.

 La energía solar generada en cada hogar es volcada durante el día al sistema, que paga por ella la tarifa establecida, y le factura a su vez su consumo. El balance reduce el costo, permite ampliar el potencial generador y convierte a cada hogar en una pequeña empresa energética. El resultado es una especie de “Internet de la energía”, en la que el viejo paradigma de “usinas gigantescas-millones de consumidores” se transforma en “millones de generadores cooperativos – Consumidores inteligentes”.  Menos consumo de petróleo. Menos plantas gigantescas. El sistema avanza en Europa, se adopta en Estados Unidos. En la región, ya se ensaya en Chile.

El costo de equipos solares ha mantenido durante tres lustros la tasa de reducción del 20 % cada duplicación en la producción de equipos. Habrá “barquinazos”, como la artificial reducción del precio del petróleo debido a la lucha geopolítica, pero la tendencia de largo plazo es inexorable porque es inherente a la salud ambiental y la preservación de la propia vida humana en la tierra.

Renacimiento de los “bienes comunes”

La tecnología hace revalorar varios “bienes comunes”, propios del sistema precapitalista, abriéndoles una nueva y gigantesca perspectiva. Un ejemplo: las comunicaciones. Los métodos de compresión y paquetización de señales están convirtiendo al espectro radioeléctrico –considerado desde el surgimiento de la radiodifusión como un bien limitado y por lo tanto, sujeto a la reglamentación estatal- en un bien común.

La reciente iniciativa de la FCC norteamericana de crear un espacio del espectro sin licencia para construir una red nacional de WIFI gratuito en USA va en esa dirección. Los sistemas de distribución de datos y señales por cable y la masificación de las redes inalámbricas (WIFI) permiten imaginar en pocos años una conectividad gratuita. Hay ciudades que ya ofrecen ese servicio libremente –en zonas de la Capital Federal ya se cuenta con él-.

También de actividades como el “software libre” (Linux), educación gratuita (tipo “Coursera”), información abierta (tipo “Wikipedia”) y creación artística colectiva, o/y difundible gratuitamente (tipo “Creative Commons”), las señales de TV y radio, millones de canciones en “streaming” gratuito (Spotify), los videos “online” y la distribución audiovisual (Vimeo), todo por Internet, expanden ilimitadamente la educación en todos los niveles, lleva el entretenimiento en tiempo real y abre camino a la producción por impresoras 3D en las zonas más alejadas.

Se reduce de esta forma enormemente el abismo de diferencias entre regiones propio de las sociedades industriales y preindustriales. La política educativa no puede seguir encerrada en la educación formal e ignorar la potencialidad de las nuevas herramientas para el adiestramiento continuo de la población, emprendedores, trabajadores, productores y empresarios, de la misma forma que la convergencia tecnológica alrededor de la digitalización convierte en arcaicos tanto los marcos de análisis como las políticas públicas imaginadas hasta hace muy poco tiempo.

Colaboración, no más “sólo competencia”

La propiedad de bienes durables como característica de la sociedad de consumo está derivando en actitudes de colaboración (“Collaborative Commons”). El propio automóvil, símbolo icónico de la civilización del siglo XX y del “status” social está siendo objeto en países industriales de iniciativas que han dejado ya de ser testimoniales para asentarse como prácticas cotidianas, como el uso compartido, la organización para el uso común de vehículos intercambiables y el uso-cuando-se-necesita, al estilo del uso compartido de bicicletas en muchas ciudades del mundo.

El intercambio y el uso común ha avanzado sobre espacios inimaginados. El tan conocido como usual alquiler de ropa de fiesta o de protocolo se ha extendido al uso intercambiable de objetos de lujo –joyas,  carteras de mujer, hasta corbatas de marca-, turismo –intercambio de casas- ¡y hasta de huertas: “yo aporto el terreno y las herramientas, usted el trabajo y vamos a medias”!-

El uso compartido abre nuevas posibilidades de ingresos a sectores medios y populares. Redes como “Airbnb”, “Homeaway” y similares permite alquilar habitaciones o casas sub-utilizadas por períodos cortos a millones de personas, reduciendo a la vez el costo del turismo, lo que amplía su alcance. 

Formas de comercio en red, al estilo de “Mercadolibre.com” y otras más diversificadas y especializadas permiten incursionar en tareas de comercialización a miles de personas que pueden poner en valor bienes en desuso o que desean cambiar.

Producción, trabajo e inclusión

La producción total  anual del mundo de hace dos siglos se realiza hoy en una semana: se multiplicó por más de cincuenta. La población, sólo lo hizo por siete. La automatización hizo la diferencia. En esa producción, que deberá adecuarse al soporte material de recursos naturales limitados, tienen un lugar destacado bienes inexistentes dos siglos años atrás. No sólo no había radio, ni televisión, ni automóviles, ni aviones, ni trenes. Tampoco había Internet, ni celulares, ni música grabada –mucho menos en la red-, ni audiovisuales, ni diseño de sistemas, ni procesamiento de datos.

Las actividades más dinámicas del mundo actual agregan valor pero requieren de suyo menos recursos naturales que el mundo industrial. Y aunque la diferencia entre los extremos de los niveles de ingreso se ha acrecentado, especialmente en las últimas décadas, las comodidades de un hogar trabajador –con agua potable, saneamiento, educación gratuita, medicamentos antes inexistentes, acceso al conocimiento sin limitaciones ni costo a través de la red, entretenimientos, juegos, música- es mayor al nivel de confort de una familia rica de hace doscientos años.

El proceso seguirá. Un mundo en el que la producción será cada vez mayor, pero el trabajo será cada vez menos al ser reemplazado por las máquinas, requerirá estudiar la redistribución de ese trabajo y las formas del apropiamiento social del avance tecnológico, que tampoco debe frenarse ni desalentarse. Entre esos extremos deben encontrarse los mecanismos adecuados.

Un mundo más rico debe incluir a más personas, no a menos. Ello abrirá nuevos capítulos en el debate político sobre los pisos de dignidad socialmente garantizados, la nivelación de las sociedades menos industrializadas con las de mayor desarrollo para evitar el dumping social que desarticule todo el sistema, el adecuado encuadre normativo del flujo financiero y, por último – pero más importante- el diseño de un nuevo sistema de poder y de gobierno, de alcance universal.

Reingresar al mundo para construir el futuro

Ese mundo está entre nosotros. Llegó ya de la mano de los jóvenes interesados por el ambiente y la defensa de los recursos, de los millones de participantes de las redes sociales, del enorme movimiento solidario de las ONGs unidas por la cooperación y no por el conflicto, por el vehículo democratizador del acceso a la información y el conocimiento que es Internet y por la natural disposición de los argentinos a adoptar rápidamente lo nuevo que surge en el mundo.

Quedan en el país coletazos del mundo viejo que debemos corregir. Una política más transparente y honesta, aislar el delito y la violencia cotidiana y decidirnos a un fuerte impulso de inclusión que termine en poco tiempo con los testimonios injustos del país antiguo.  Derechos humanos. Estado de derecho. Respeto institucional. Viviendas, salud pública, saneamiento y educación. Una sociedad libre y plural, solidaria y dinámica, sana y democrática.

El nuevo tiempo nos abre inesperadamente una oportunidad histórica para retomar la marcha. Requiere abrir la cabeza, actualizar los marcos de reflexión, reducir  la práctica confrontativa y asumir una actitud cooperativa, fijar objetivos y alinear esfuerzos para lograrlos. Tal vez, en lo profundo, esté la exigencia de una política que se referencie en el país y las personas, más que en los partidos, los candidatos, las imposturas ideológicas y las divisas. Que piense en los problemas, más que en el posicionamiento electoral.

Sobre estos pilares, la Argentina construirá su plataforma de participación en la agenda de hoy sumándose sin complejos y con madurez a los nuevos y apasionantes paradigmas globales, de los que no podremos excluirnos.

Ricardo Lafferriere

La modernidad inconclusa – Democracia, presidencialismo y DNU’s

La Argentina ha sido en las últimas décadas una especie de banco de pruebas de la historia. La densidad de los acontecimientos políticos y sociales que ha protagonizado deja el interrogante si considerarlos como los coletazos sin resolver de demandas históricas, o como la avanzada de un mundo teñido por las contradicciones y la fragmentación de la posmodernidad.

La superposición de temas correspondientes a ambos grandes capítulos de la reflexión política es uno de los grandes problemas sin resolver, que tiñen la vida política del país, produciendo efectos nada despreciables en la evolución política coyuntural. Digamos en este momento que al final, si la política no es otra cosa que la sucesión ininterrumpida de coyunturas, sin aclarar intelectualmente la agenda será difícil avanzar en la solución de los principales problemas que la integran.

Los temas “modernos” sin resolver se refieren a los diferentes capítulos de la convivencia: el sistema político, las bases económicas, los objetivos sociales, los sistemas de producción, distribución y consumo, los recursos asignados –y la forma de hacerlo- para la formación de las generaciones nuevas, la previsión para la situación de vejez y eventuales incapacidades (es decir, jubilaciones, pensiones, retiros), la organización del Estado, su sistema institucional de recaudación impositiva y de gasto público, la definición de las diferentes jurisdicciones con sus competencias y recursos, son, entre otros, los temas que configuran la agenda moderna. Es una agenda principalmente de “segundo piso”, creadora de herramientas legales e institucionales de organización y gestión.

Los cimientos de esa agenda se “escribieron” hace un siglo y medio en la Constitución que dio origen institucional al nuevo Estado, estableciendo las bases legales de la convivencia: los derechos, obligaciones y garantías de los ciudadanos, los órganos del poder, las facultades impositivas que los ciudadanos reconocen al poder, las formas de asignar estos recursos, las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales, y, en fin, los principales “issues” que conforman el edificio jurídico-político que regla la convivencia, el poder y la relación con las demás sociedades.

Esa agenda, sin embargo, no rigió en forma pacífica en el último siglo y medio. Valga recordar que recién en 1983 la Constitución fue reconocida plenamente por todos los actores como la base fundamental de convivencia, y que en 1994 esa Constitución fue reformada con la incorporación de nuevos derechos sociales y una reforma en el funcionamiento del Estado que buscaba desconcentrar el poder presidencial, reforzar el federalismo y abrir el poder a la influencia de los ciudadanos.

Aún a comienzos de la segunda década del siglo XXI, las normas constitucionales están lejos de ser la base de convivencia. Hay normas orgánicas decisivas –como la ley de Coparticipación Federal de Impuestos- que no ha logrado sanción pasados varios lustros, dejando una gigantesca laguna de incertidumbre y discrecionalidad, y otras mediatizadas por el desuetudo según las conveniencias de la correlación social y política de fuerza de los actores en pugna. La Argentina sigue siendo aún, en pleno siglo XXI, un país fuertemente preconstitucional. Sin un sistema económico-rentístico claro, no es posible hablar de la existencia de una organización constitucional moderna.

La agenda moderna tiene como característica temprana la utilización de la “razón” como argamasa de coherencia, desplazando los arcaísmos que daban al poder una justificación ajena a la delegación ciudadana o “soberanía popular” y ratificaban en forma terminante la igualdad jurídica de las personas desechando expresamente la división en castas,  estamentos o categorías humanas presuntamente naturales originadas en el nacimiento, la religión, el género, la ideología política o la nacionalidad. La razón supera así a la delegación divina o la propia costumbre como fuentes legitimantes de la “verdad”.

El mundo occidental desarrollado avanzó en la agenda moderna hasta estadios impensados a comienzos de la revolución que terminó con el “viejo régimen”. En los países desarrollados, aun conservando en ciertos casos arcaísmos simbólicos como las monarquías constitucionales, en los últimos dos siglos y especialmente luego de la segunda gran guerra, en sociedades en que los ciudadanos son efectivamente la base del poder del Estado se organizaron sistemas de seguridad social que fijaron pisos de dignidad en la distribución de la riqueza social, se generalizó la instrucción pública, la asistencia médica y la ayuda a quienes se encontraran en el último escalón de pobreza. Estas sociedades no consideran tolerable, en general, que una persona pueda fallecer por falta de alimentos, que no tenga asistencia médica en casos extremos o que, por una u otra vía, no pueda acceder a un techo para su familia.

Los debates que culminaron en la construcción de la sociedad moderna fueron animados por alineamientos políticos que, a grandes rasgos y con infinidad de matices, giraban alrededor de dos grandes bloques: “moderados” y “progresistas”, o “derechas” e “izquierdas”. Priorizando el orden y el crecimiento económico los primeros, reclamando ampliación de los espacios de libertad y de equidad los segundos, su dialéctica de lucha y compromiso estableció sociedades que, en definitiva, incorporaron en forma virtuosa elementos de ambas visiones en articulaciones siempre cambiantes pero asentadas en la aceptación de su contrario como norma fundamental de convivencia. 

Como consecuencia de esos permanentes intercambios, la impregnación recíproca fue inexorable: las izquierdas incorporaron a su arsenal intelectual herramientas de mercado, y las derechas hicieron lo propio con las políticas de inclusión y equidad social. El debate se inclinó hacia el centro.

Políticamente, la democracia. Económicamente, la industria y los mercados . Socialmente, los regímenes de previsión y solidaridad social. Sociológicamente, el protagonismo del “estado-nación” como marco de debate, realización, legislación, acumulación, crecimiento, distribución, legislación. Los límites del territorio, el Estado, la cultura, el derecho y la economía coincidían.

Pero la modernidad, con todos sus avances, no llegó al “fin de la historia”. Más bien su éxito abrió paso a la nueva etapa, que algunos denominan posmodernidad, otros prefieren denominar “modernidad reflexiva” y otros “etapa líquida” de la modernidad. El cambio desatado en las últimas décadas del siglo XX de la mano de la revolución científico-técnica puso en jaque sus logros y abrió camino a otra agenda.

Una agenda fragmentada, aparentemente caótica, fue impulsada por los éxitos de la modernidad –no por su fracaso- y para cuyo abordaje no son ya funcionales los viejos alineamientos político-conceptuales de la “sociedad sólida”.  La industrialización exitosa instaló la ilusión del pleno empleo, pero también el deterioro ambiental, que hizo tomar conciencia de los límites de los recursos naturales. 

La democracia de los ciudadanos limitó los viejos poderes corporativos, pero llegó a cuestionar las estructuras institucionales de representación, considerándolas disfuncionales con la gobernabilidad de un sistema cuyas bases dejaron de ser las Constituciones y pasó a ser un mundo global fuertemente a-jurídico, en el que las concentraciones de poder abiertos u ocultos definen con más entidad temas anteriormente competencia de los parlamentos y de la “opinión pública” de los países.

Los Estados dejaron de estar apoyados en las exitosas “economías nacionales cerradas” y en consecuencia, perdieron su capacidad de responder a las expectativas que lo legitimaban, mientras que formaciones de capital asentadas en el mundo global adquirieron una fuerte capacidad de evasión, resistencia y bloqueo a las normas políticas.

La agenda “posmoderna” tiene, entonces, demandas novedosas, en las que los alineamientos anteriores no definen claramente respuestas racionales de validez indiscutida. Cada uno, por decirlo de algún modo, “razona” según su interés, y todos los razonamientos tienen algo de validez, que no se limita, como en la agenda moderna, a arbitrar entre crecimiento y distribución, entre ganancia y salario o entre autoridad y libertad.

La agenda posmoderna argentina lleva a la virtual totalidad del arco político a coincidir, por ejemplo, en la acentuada priorización que el gobierno kirchnerista realizó del sector científico-técnico. Sin embargo, la agenda moderna impide aceptar que esa priorización se decida por la voluntad exclusiva de la discrecionalidad presidencial, sin un debate parlamentario que discuta prioridades, defina condiciones y asegure la eficacia en el gasto. Y lo mismo ocurre con el Ingreso Universal a la niñez, que se instalara como iniciativa de Elisa Carrió y Elisa Carca en tiempos en que ambas militaban en el bloque de la UCR, partido que sostuvo políticamente el reclamo. La iniciativa, sin embargo, aunque con falencias graves fue incluida como medida de gobierno –por decisión ejecutiva mediante decreto- durante la gestión kirchnerista. No hubo sino hasta mucho tiempo después una ley creando una institución sustentable que previera su financiamiento, su inserción en el sistema económico-social, sus objetivos y sus condiciones. A pesar de ser un reclamo de la totalidad del arco político se prefirió la decisión populista en lugar de la elaboración institucional.

Similar actitud fue adoptada en oportunidad de discutir la normatización del sistema de comunicación audiovisual. En lugar de elaborarse una norma de consenso, se prefirió presentarla en el marco de otra construcción populista, el presunto “combate a la corporación mediática”, lo que sobre la base de una afirmación desmatizada, o al menos discutible, se elaboró una concentración de los medios en el dominio oficial. Se hubiera podido elaborar una institución reglamentaria moderna, adecuada a las tecnologías de vanguardia, que potenciara el debate creador. Se prefirió una norma amañada, al servicio de la construcción populista, que condenaba a la esclerosis -y al atraso del país- justamente al sector más dinámico en la incorporación tecnológica del mundo global, las telecomunicaciones.

¿Cómo organizar el debate político con ejemplos como éstos atravesando el maremágnum diario del escenario público? ¿Cómo hacerlo, además, en el marco de un sistema fuertemente presidencialista, deformado en su potenciación al punto de asimilarse al borbónico “despotismo ilustrado” siempre bordeando el riesgo de perder la ilustración y reducirse al descarnado despotismo pre-revolucionario, pre-moderno, de base irracional?

Y ¿cómo encontrar la política en este escenario, con el virtuosismo necesario para discriminar con madurez los diferentes puntos de agenda, en una sociedad con tendencias al maniqueísmo por la simplificación rudimentaria del debate televisivo animando el cambio de ideas con sus métodos desmatizados y polarizantes, que le son esenciales?

En este punto es bueno reflexionar sobre las características de la acción política –la acción conjunta, por definición- del mundo moderno con respecto al mundo posmoderno. En el primer caso, su ubicación en la “modernidad sólida” –Bauman- conduce a alineamientos estables, normalmente en partidos políticos o gremios, que definen un capítulo de objetivos movilizantes de la totalidad o la gran mayoría de sus simpatizantes, y forman normalmente un tema programático caracterizador de su identidad, la mayoría de las veces permanente. Su lógica es “uno” u “otro”. “Derecha” o “izquierda”, “radical” o “peronista”, “moderado” o “progresista”. El alineamiento con ambos polos a la vez sería una especie de oxímoron, y en todo caso una “rara avis” cuya conducta sería incomprensible.

Pero en el segundo caso, propio de la “modernidad líquida”, como lo vimos en la primera parte, la adhesión es coyuntural, compatible con el alineamiento distinto en otro tema de agenda. Una persona puede coincidir con la campaña coyuntural de un partido por el matrimonio igualitario, y a la vez coincidir con el partido contrario en la posición sobre el aborto. Y con un tercero que está a favor de la minería a cielo abierto, mientras los otros dos apoyan la prohibición de esta explotación.

Para agravar la situación, es probable que ninguno de los tres haya fijado su posición previa sobre estos temas al momento de la campaña electoral, por lo que los ciudadanos interesados en estos temas tampoco sabrían muy bien qué votan. Esta fragmentación no es excepcional sino que será permanente, como resultado inexorable de la superación de los relatos totalizadores y el rescate de la autonomía ciudadana y la búsqueda de “soluciones biográficas a las contradicciones sistémicas”.

¿Cómo conformar, entonces, una fuerza partidaria convocante que sea eficaz en canalizar los intereses ciudadanos y evite la simplificación bonapartista –o el autoritarismo borbónico- de delegar en un liderazgo personal la conformación de la agenda y la posición del agrupamiento sobre uno u otro tema?

La modernidad inconclusa dificulta, por su parte, el abordaje consciente de la agenda posmoderna, porque la ausencia de marcos sólidos de debate y resolución de temas públicos –reclamos de la modernidad temprana- deja sin ámbitos donde procesar la infinidad de matices de la nueva agenda. 

La fragmentación posmoderna agrava el problema con la debilidad de los partidos políticos, desplazados como eventuales protagonistas exclusivos de debates y acuerdos, con la racionalidad que ello conlleva.

Una secuencia lógica indicaría la conveniencia de priorizar en consecuencia el agotamiento de los temas modernos irresueltos, como paso necesario para avanzar en la resolución de los nuevos. Sin embargo, la sociedad no admite postergar los “issues” que considera urgentes –la mayoría de ellos, propios de la agenda posmoderna- y pareciera decantarse por la exigencia de su tratamiento aún por las formas irregulares o insuficientes, cuando considera que éstos son ya urgentes y su solución no puede esperar o están maduros para hacerlo.

El ejemplo mencionado de la sanción por decreto presidencial del Ingreso Universal a la Niñez, que conlleva irregularidades tales como la disposición de fondos de fines específicos (el sistema previsional) sin debate parlamentario, la discrecional designación de las categorías de personas que lo recibirán y en qué condiciones, y las incompatibilidades, es muestra de un tema “posmoderno” resuelto según procedimientos premodernos, propios del mundo de los soberanos absolutos, pero que soluciona –aunque en forma limitada o deformada- un problema real y, como tal, es aceptado por la sociedad y por la propia oposición política.

La modernidad inconclusa tiende, entonces, al retroceso institucional permanente, porque los problemas sociales –viejos y nuevos, modernos y posmodernos- deben resolverse. Es ésta la justificación última del poder y el reclamo final de los ciudadanos. Éstos exigen que las urgencias sean resueltas por la vía que sea, dejando las cuestiones metodológicas en la agenda de “segundo piso”, como una especie de problemas de los dirigentes, que eclosiona hacia fuera del escenario sólo cuando algún tema se instala en el sistema mediático, lo que puede ocurrir por su repercusión intrínseca, o por la astuta operatoria de algún grupo de interés que con esa instalación persigue algún propósito que puede hasta no estar vinculado con el debate en cuestión y sólo busque desviar la agenda comunicacional de otros temas sensibles. O puede, en el peor de los casos, ser instalado por la eclosión de una crisis, que desnude la irracionalidad de un poder funcionando al margen, sea de las normas o de la voluntad de la mayoría, y coloque en la escena –y en la agenda coyuntural- la necesidad de su normalización.

La síntesis puede asentarse en dos grandes pilares conceptuales: la conciencia sobre la dinámica del mundo de hoy, y los datos históricos y sociológicos del comportamiento de las personas en su relación con el fenómeno del poder en la Argentina, la manera en que lo perciben y lo conciben, y la vigencia de las formaciones históricas vis a vis con las nuevas emergentes.

Ciertamente ambos pilares son el soporte sobre el que la novedad de la coalición CAMBIEMOS está ensayando sus respuestas. Consciente de la dinámica del mundo actual –o, al menos, lo más consciente que es imaginable en el escenario de la cultura política argentina-, asume la reformulación de una figura enraizada en la historia a la que el pensamiento democrático-republicano se acerca tradicionalmente con prevención: la concepción presidencialista que domina la imagen que los argentinos tienen en su relación con el poder.

Esa prevención ha llevado históricamente al bloque democrático-republicano, en función de gobierno, a autolimitaciones en su ejercicio que a la postre resultaron incompatibles con la propia idea de poder tal como lo entienden los argentinos, no ya en la Constitución escrita, sino en la práctica que esperan de su ejercicio, conduciéndolo a fracasos estrepitosos.

La novedad es la mayor audacia en ese ejercicio, sorprendiendo a sus tradicionales adversarios populistas, especializados en estas transgresiones a la letra y al espíritu de la Constitución escrita. La decisión con que el presidente Macri ha abordado la utilización de las herramientas de los Decretos de Necesidad y Urgencia, aún con un contenido muy reducido en alcance con respecto al ejercicio abusivo que del mismo hicieron Menem, Nestor Kirchner y Cristina Kirchner, marca este cambio, conformando a la vez una rareza política y un shock para el populismo autoritario.

Para encontrar un antecedente emparentado en un gobierno democrático-republicano tal vez habría que remontarse a Hipólito Yrigoyen con sus “Intervenciones Reparadoras”, con las que buscaba garantizar la limpieza del voto a los pueblos de las provincias sometidos a oligarquías fraudulentas autoreproducidas. Eran medidas que llevaban la orgánica constitucional a su borde, en la convicción de que la tensión entre la formalidad –cuando lleva a la impotencia o vacía el contenido de la política- debe ceder ante el compromiso del poder con la mayoría, que es lo que legitima en última instancia al poder democrático.

El tema no es menor ni de respuesta sencilla y exige una mirada más profunda, porque las formas no son solo medios, sino también fines. Una democracia sin formas puede transformarse en autoritarismo populista, o en simple autoritarismo. Su consecuencia es debilitar el sistema de mediaciones entre los ciudadanos y el poder reemplazándolo por un vínculo directo entre ambos, vía el presidencialismo desbordado. Sin mediaciones el riesgo es que las tensiones no encuentren puentes de procesamiento sensato y alcancen niveles que afecten la paz social.

La contrapartida, sin embargo, está a flor de labios: el respeto escrupuloso de las formas, cuando éstas han sido colonizadas por parcialidades que las deforman, tampoco tiene el valor de la democracia pura cuando no se referencian en la voluntad popular. Parlamentos convertidos en escribanías automáticas o en su opuesto, en conspiradores permanentes del ejercicio del poder democrático, o jueces colonizados por parcialidades políticas tampoco integran una democracia sana y también pueden eclosionar en alteraciones de la paz social y la convivencia.

Son los problemas heredados por la modernidad inconclusa. La Constitución de 1994 los asumió parcialmente con el atajo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, creando una ventana de control de legalidad para decisiones que pudieran sortear el hiato entre la formalidad y la voluntad mayoritaria que expresa el poder presidencial elegido por el sistema de doble vuelta. Fue un paso resignado a una realidad que un siglo y medio de ficción constitucional no pudo cambiar: la vigencia del presidencialismo en la cultura política de la mayoría. Buscó un camino que solucionara la tensión con un marco normativo, previéndolos para casos de emergencia y vedando su uso en determinadas materias.

Ni una ni otra condición fueron respetadas. Recién a más de una década de vigencia del sistema se sancionó la ley que los reglamentaba, luego de su uso constante y abusivo para barbaridades y para banalidades. La ley, sancionada curiosamente por la mayoría automática de turno, ignoró en pocos artículos el delicado sistema constitucional de equilibrios y contrapesos previstos para la sanción normativa del Congreso –equilibrio entre las Cámaras, entre éstas y las provincias, entre las mayorías y las minorías-. Y aun así el sistema no termina de encajar en el virtuosismo de la democracia republicana pura. Sigue siendo un parche.

Sin embargo, es el parche que la modernidad inconclusa en la práctica político-social ha debido aceptar para garantizar la gobernabilidad en una sociedad que reclama reglas, pero que una vez que las tiene prefiere seguir referenciando sus aspiraciones, sus reclamos y sus sueños con el liderazgo presidencial, al que le exige “soluciones”. Su consecuencia es convertir a esta figura, que los constituyentes imaginaron como la encarnación de toda la Nación, en un protagonista permanente de los contenciosos agonales que atraviesan el cuerpo social, contenciosos de los que no puede evadirse, porque esa misma mirada presidencialista lo responsabilizará inexorablemente y de cualquier forma de los éxitos o fracasos de la gestión de su gobierno.

Ricardo Lafferriere

DNU, decretos y sentencias

¿Si quienes nos hemos formado en las filas del viejo partido nos sentimos cómodos con los tironeos institucionales?

Es obvio que no.

¿Hay otra forma de desarmar el andamiaje jurídico-legal que convirtió al Estado en un apéndice de una banda de delincuentes y colonizó la justicia buscando una protección que pretendían eterna?

Parece obvio que tampoco. Lo están mostrando los hechos. Lo que está claro que no es posible llegar al gobierno apoyado por la mayoría ciudadana con el mandato de recuperar la democracia republicana y aceptar resignados el chantaje. Si el pueblo quisiera eso, hubiera votado diferente y lo hubiéramos aceptado, continuando nuestra prédica desde el espacio opositor. Pero no fue así.

Son tiempos raros. Tan raros como los DNU, que inventó el peronismo con Menem y profundizó con los Kirchner para saltear el debate en el Congreso, y que fueran incorporados a la Reforma Constitucional de 1994 como parte del “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado entre peronistas y radicales, liderados entonces por Menem y Alfonsín.

Los DNU no son buenos, pero son absolutamente legales. Y es obvio que su función es reformar leyes, ya que si no carecerían de razón de ser.

El peronismo, que gobernó gran parte del lapso que va de 1994 a 2015, los utilizó a destajo para barbaridades y para banalidades. Cambiemos los está utilizando para volver las cosas a la normalidad –salvo que pensemos que la colonización del Estado por la camarilla delictiva es una buena cosa-. Fue votado para eso, y ha decidido cumplir con su promesa ciudadana.

Obviamente, los que ayer se bañaron en las orgías de la autocracia, rezongan. Buscan acogida en los bolsones de la justicia colonizada, la que costará un tiempo lograr que retorne a la majestad de su independencia. Asistiremos a sus coletazos agónicos con discursos que olvidaron durante muchos años, hasta hace apenas pocos días, cuando el funcionamiento institucional fuera desplazado por el “relato” hegemónico al que todo debía subordinarse. Porque “iban por todo”, hasta por fiscales indomables a los que no tuvieron empacho en ponerles fin. Y no precisamente por procedimientos institucionales...

El presidente fue votado para gobernar y sería bueno que lo dejaran. Bastante daño hicieron y bastante tolerancia está teniendo un pueblo que confió en ellos y al que le devolvieron un país hecho hilachas.

Para corregir el rumbo el Presidente debe utilizar sus facultades constitucionales libremente. No más, pero no menos. Debe tener prudencia al ingresar en un terreno originario del Congreso –como los DNU, a los que lo habilita la Constitución- pero no puede resignar la facultad que le es propia, la de la administración del país, designando con libertad sus colaboradores y funcionarios de gobierno. El turno del gobierno anterior terminó y con él, el de sus funcionarios políticos. Es de una grosera vileza personal y política pretender usurpar funciones de gobierno sin representar a nadie.

La Justicia no puede, porque no tiene facultades constitucionales para ello, condicionar al presidente nada menos que en la decisión de los funcionarios con los que gobernará. Si intentara hacerlo, sus pronunciamientos carecerían por completo de valor, como no lo tendría una Sentencia dictada por el Presidente, o por el Congreso. Es la norma de oro de la democracia republicana. Cada uno debe actuar en sus competencias constitucionales. De hecho, tal vez sea bueno recordar que el propio DNU que modificó la Ley de Medios respeta escrupulosamente su parte dogmática, es decir sus objetivos y principios, y se reduce a cambiar lo que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo: su aplicación (art. 99, incs. 2 y 7 de la Constitución Nacional).

En todo caso, serán los ciudadanos los únicos que realizarán la valoración política de la gestión, al ser convocados nuevamente al comicio.

Ricardo Lafferriere

La política económica: Interrogantes con reflexiones

¿Cómo es el saldo aproximado de la transferencia de ingresos que se producen con el nuevo sistema? 

¿Cuál es el horizonte económico que se abre?

1.       La primera y más importante es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y específicamente hacia los productores agropecuarios en especial. En los productos que no se exportaban por las retenciones o lo hacían en ínfima medida –regionales como frutas y vinos, trigo, maíz, carne, etc.-, al desaparecer las retenciones no existe pérdida de ingresos del sector público –porque no se percibían-, y al contrario, comenzará a percibir los que se generen por las transacciones que giran alrededor de la dinamización de esas producciones: nuevos empleos, nuevos impuestos de Ingresos Brutos, IVA, Ganancias, sellos, nuevas ventas de insumos –combustibles, cubiertas, repuestos, maquinarias agrícolas, etc.-

2.       La segunda, originada en las exportaciones que sí se realizaban –soja, cuyas retenciones son reducidas en un 14 % (o sea, 5 puntos, reducidas del 35 % preexistente a la nueva tasa del 30 %)- es una transferencia desde el Estado (o sea de toda la comunidad) hacia los productores agropecuarios, sólo en la medida de la reducción del impuesto, ya que la soja no incide en precio de alimentos en forma perceptible.

3.       La tercera es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y hacia la industria en especial en los sectores industriales que adquieren competitividad exportadora por la devaluación y puedan comenzar a exportar y desde el Estado hacia esos mismos sectores al reducir las retenciones en los casos –muy pocos- en que existían exportaciones.

4.       La cuarta es desde los consumidores hacia el sector agropecuario, en la medida en que suba el precio de los alimentos y no sea compensado con un aumento salarial o medidas públicas adicionales que incidan en los precios internos.

5.       La quinta es desde el Estado –o sea, desde la comunidad en su conjunto- hacia los consumidores en los casos en que se neutralice el anterior con medidas fiscales –como reducción del IVA para alimentos, planes especiales de precios cuidados, etc.- Si ello ocurriera, el resultado sería neutro: se sacaría de un bolsillo para poner en el otro.

6.       Es también virtualmente neutro o mínimo en el flujo del turismo al exterior. El dólar “turista” sube un 5 %, aunque esa transferencia se incrementa en los casos en que existía devolución efectiva del 35 % de la retención de la AFIP. Si se tiene en cuenta ese 35 %, habría una transferencia desde los viajeros al exterior hacia la comunidad general por el equivalente a ese adelanto de impuesto a las ganancias que deja de existir.

7.       Hay una transferencia desde el resto del mundo hacia el país por la competitividad adicional de la economía interna de cara al turismo receptivo que se redireccione hacia el país, si se produce un incremento de la actividad sectorial por esta razón.

8.       En el caso de incidir en el precio de los combustibles –tema aparentemente en discusión-, existirá una transferencia real de ingresos desde los consumidores hacia el sector energético hidrocarburífero, cuya dimensión puede ser importante, tanto por su incidencia directa como por su eventual influencia en la suba de precios y alimentación del proceso inflacionario. Sería el mayor golpe a los consumidores por el nuevo régimen.

En síntesis: la principal transferencia se dará desde el resto del mundo hacia el país. En el plano interno, la transferencia que más puede preverse será la sufrida por los consumidores de alimentos, en caso de no neutralizarse con medidas adicionales, y por el efecto inflacionario del incremento de combustibles.

El objetivo perseguido por el nuevo régimen es, claramente, dinamizar rápidamente el sector con mayor capacidad de generación de divisas por aumento de volumen exportado –agropecuario- a fin de aliviar el ahogo del sector externo que actúa como un lastre a la reactivación industrial –por insuficiencia de divisas- y acentuar el perfil exportador de la economía argentina.

Debido al punto de partida –paralización de importaciones industriales y de exportaciones agropecuarias e industriales en los últimos meses- y a la consiguiente inexistencia de operaciones con divisas al cambio oficial anterior, es incorrecto afirmar que existió una devaluación al estilo de las tradicionales, que se producían con la economía funcionando. El dólar a $ 9,70 prácticamente no existía, las importaciones estaban paralizadas desde hacía varios meses por falta de divisas y de hecho, el nivel de reservas disponibles era cercano a cero. Más que una "devaluación", se trata de un cambio en el patrón de flujos económicos de una economía cerrada y estancada, hacia  una economía imbricada con las corrientes globales de comercio, finanzas e inversión, que busca desatar nuevos flujos de ingresos hacia el país que hasta ahora eran inexistentes.

Decir, por ejemplo, que lo que se mejora al sector agropecuario se le saca al salario no tiene en cuenta que el mayor incremento del sector agropecuario no tendrá fuentes internas sino externas, ya que devendrá de un incremento -que se espera sea sustancial- del volumen exportado. En la ecuación perseguida, el porcentaje de producción de alimentos destinada al consumo interno será muy reducido en comparación con el destinado a la exportación, y una política de compensaciones inteligente puede neutralizar ese efecto. Estrictamente hablando, la transferencia de ingresos en este caso será de competidores internacionales eventualmente desplazados por los productos argentinos reingresando al mercado mundial.

En este nuevo diseño, se estimulan las actividades productivas –primaria, secundaria y de servicios- que busquen la realización de la ganancia en el mercado global. Es claro que la inversión –y el crecimiento de la oferta, especialmente la dirigida a la demanda externa- son considerados en la etapa por el nuevo equipo de gobierno los disparadores de la reactivación económica, luego de cuatro años sin crecer al haberse agotado las posibilidades beneficiosas del estímulo de la demanda en una economía cerrada.

El aspecto siempre sensible es la incidencia en el salario. Habrá que seguir con atención las políticas de precios en los alimentos, combustibles, salarios públicos, pasividades y paritarias.

Observando el rumbo adoptado, es posible imaginar que el próximo paso sea un avance en la sustentabilidad de las finanzas públicas. Será en este capítulo –más que en el del régimen cambiario- donde pueden producirse transferencias de ingresos más marcadas pero es prematuro, al no conocer las medidas, hacer un juicio sobre su efecto aunque la lógica indica que la administración económica buscará evitar efectos recesivos que agraven la situación fiscal al reducir los ingresos públicos por menor actividad. Cuidar el salario resulta central para la estrategia impulsada.

Es previsible pensar que las medidas próximas se agrupen en tres grandes campos: 1) la inversión pública, que debería buscarse financiar con crédito externo público y privado a fin de que no golpee en el “flujo” de la caja del Estado; 2) la deuda anterior existente –externa e interna-, que posiblemente se busque normalizar refinanciándola con instrumentos de deuda institucionalizados y confiables para reducir su costo; y 3) el flujo de caja –sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros, proveedores, subsidios, transferencias, etc.- que deberán financiarse con los ingresos corrientes. Pero esta suposiciones, realizadas sin información sino como meras reflexiones derivadas de lo realizado en los primeros pasos, deberán ser evaluadas cuando se conozcan. Hablarán los hechos.

Si se logra, el resultado debiera ser el equilibrio fiscal y la consiguiente desaparición de la presión inflacionaria de la emisión sin respaldo. Podría iniciarse un círculo virtuoso con una etapa de crecimiento cuya locomotora sea la imbricación de la economía nacional con las corrientes globales de comercio, inversión, finanzas y tecnologías de la economía mundial. Pero mejor no adelantarse: será otra historia.

Ricardo Lafferriere

La estremecedora dimensión del desastre

No fue en vano la reticencia mostrada por la ex presidenta Cristina Kirchner en “abrir los números” para una transición ordenada. Esos números muestran la magnitud descomunal de la deuda ocultada, del quebranto generalizado y del desequilibrio gigantesco del aparato estatal.

Se intuía, pero nunca en esa dimensión. El déficit fiscal con respecto al PBI se acerca al 10 %, uno de los más grandes –si no el más grande- del mundo. La economía no ha estallado por el ancla del sector agrario, que ha sido expoliado al límite de su quiebra, y por la expectativa abierta por el fin del infierno y el cambio de gobierno. Esa expoliación, sin embargo, apenas alcanza para eso: para que todo no estalle. Se acabó el tiempo en que “una buena cosecha” nos salvaba. Y el nuevo gobierno ya llegó.

Ahí tenemos el problema heredado en toda su magnitud, rodeado de las miserias del fin de ciclo. Los negociados de “guante blanco” que se defienden sin rubor –como el de la venta de dólares a futuro con megananancias de 15.000 millones de dólares que deberá soportar el BCRA, o sea, cada compatriota so pena de entrar en un nuevo “default”- han sido adornados con la nueva maniobra de vulgares rateros que se descubrió en la AFIP, que levantó el cepo del dólar ahorro por un par de horas con aviso previo a los amigos del kirchnerismo y que costó en ese par de horas 35 millones de dólares. Todo da asco. Asco que se sublima al escuchar el cinismo con que se repiten consignas pretendidamente progresistas para ocultar tras ellas los delitos más guarangos.

Simplemente, ladrones.

Pero, bueno. Así están las cosas. Hay que enfrentar esa situación y seguramente el nuevo gobierno lo hará. Ante un desequilibrio de esa dimensión, la matemática indica dos caminos teóricos (achicar el gasto o aumentar el producto) pero la política sólo uno posible. Intuyo que el rumbo que adoptará el nuevo presidente no será recortar ingresos, sino inducir a los argentinos a una reorientación de sus ingresos hacia la inversión en lugar de hacia el puro consumo.

El precio será demorar la reducción de la inflación más de lo pensado porque financiar un déficit de la magnitud del heredado es imposible en forma de shock y será necesario nivelar las finanzas públicas en forma progresiva. Pero se necesita la cooperación de la sociedad, con un cambio de hábitos desde el puro consumo hacia el ahorro y su movilización hacia la inversión.

El estímulo a la inversión deberá sostenerse en la vocación pionera de los argentinos. Miles, decenas de miles de emprendimientos pequeños y medianos que tomen al mundo como desafío, inversión que amplíe la capacidad instalada de las fábricas con incorporación tecnológica, estímulo a la multiplicación de las áreas sembradas con incorporación de tecnología que aumente las cosechas e infraestructuras que permitan movilizar el sector privado de la economía para lograr el sueño de volver a crecer mientras se “doma” la deuda y el gasto.

Será necesaria una agenda de masiva inversión para el crecimiento, en la que deberán diseñarse herramientas adecuadas en el plano financiero, crediticio, aduanero y fiscal, articulada en forma virtuosa con un manejo prudente de la deuda, con la que deberá convivirse buscando las modalidades menos costosas y más blandas, en una relación con el mundo financiero que se base en reglas claras, respeto recíproco y cumplimiento escrupuloso de las normas y contratos, para reducir el costo del riesgo.

Y mientras tanto, sin perder el talante del diálogo, encontrar en la verdad el punto de encuentro. Una verdad que no puede ocultar a dónde llevaron al país y que debe tener como instrumentos la libre actuación de la prensa, el debate político maduro y la justicia actuando sin cortapisas para atrás y para adelante.

Ricardo Lafferriere

Una ley no puede limitar las facultades constitucionales del Presidente

Ni del Congreso. Ni de la Corte.

El diseño institucional es un mecanismo de relojería que asigna potestades –delegadas por el pueblo, a través de la Constitución- a órganos de gestión recíprocamente controlados por los procedimientos que sólo ella establece.

El jubileo de la banalidad jurídica kirchnerista en su ninguneo institucional -acompañado, es bueno reconocerlo, por una oposición en muchas ocasiones demasiado dócil, y jueces en demasiados casos lentos o complacientes- avanzó en una proliferación de normas en las que el delicado equilibrio constitucional fue llevado a sus límites y hasta ampliamente sobrepasado.

El caso de algunos organismos –como el AFSCA- es un ejemplo. Puede hasta ser discutible que en campos como el de las comunicaciones se constituya un organismo de seguimiento, con facultades consultivas, de conformación plural. Sin embargo, es claramente inconstitucional asignarle a ese organismo atribuciones que corresponden en exclusiva al Poder Ejecutivo.

Es el Poder Ejecutivo, en efecto, (y no el Congreso) el que tiene como responsabilidad constitucional esencial la de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” –art. 99, inc. 2-. Para eso está y ésa es su función primaria.

Es más: la atribución de designación de los funcionarios políticos del Estado es también suya, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, al que “le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que les delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente. …” –art. 100-.

Negar esas facultades al Presidente y al Jefe de Gabinete es claramente inconstitucional, y cualquier aceptación del Poder Ejecutivo de esas limitaciones sólo puede entenderse como una autolimitación, que se extiende hasta que cambie de idea o agote su mandato. De ninguna manera puede extenderse al presidente que lo suceda.

¿Qué ocurre si el Poder Ejecutivo sobrepasa sus facultades, por ejemplo avasallando derechos de terceros –como la estabilidad de los docentes, o los empleados públicos escalafonados, también de origen constitucional?- Pues es la Corte Suprema la que debe tomar cartas, previo debido proceso. Lo que enfrenta en forma flagrante a la Constitución es la pretensión de vaciar por ley las facultades que ésta asigna en forma clara y expresa al Poder Ejecutivo y asignarlas a otro u otros funcionarios.

Entenderlo de otra forma llevaría al absurdo aceptar que aprovechando una mayoría política circunstancial se sancionen, por ejemplo, leyes que le otorguen estabilidad a los Ministros, o transfieran potestades ejecutivas a organismos de creación legal a los que se dote de autonomía y estabilidad, pretendiendo que los presidentes deban gobernar con el gabinete o los funcionarios heredados. En realidad, no otra cosa es lo que conforman estos organismos de base híbrida y clara inconstitucionalidad con pretensiones de permanencia por encima de las normas constitucionales.

El dislate es tan incoherente como si se dictara una ley ordenando a la Corte a fallar de determinada manera en una causa sometida a su jurisdicción, o como si el Poder Ejecutivo dictara un decreto ordenando al Parlamento a sancionar determinadas leyes, por fuera del mecanismo de los DNU previsto en la Constitución Nacional.

Pero si esto ya de por sí es un absurdo, la pretensión de permanencia en esos organismos de los funcionarios asignados (¿?) a la representación del Poder Ejecutivo más allá del mandato de quién los designó supera la más alucinante de las falacias políticas. Podría hasta defenderse la continuación de los “delegados” del Congreso –organismo plural y permanente, en constante modificación en sus mayorías-, pero que la ley termine obligando al Poder Ejecutivo a que sus propios representantes sean quienes designó un Presidente que no existe, rompe las barreras del absurdo y se tranforma en un dislate. ¿A quién reportarán? ¿Al presidente que los designó (a quien, sea dicho de paso, los funcionarios renuentes expresan haber consultado sobre la actitud a seguir?) ¿A nadie? ¿Serán “funcionarios de gobierno no electos”, con estabilidad y sin responsabilidad?

El entuerto tiene dos salidas –y sólo dos-. La que mejor respondería a la Constitución y a la dignidad de los involucrados sería su renuncia, como cualquier funcionario político al terminar el mandato del presidente que los designó, como ocurre con los Embajadores políticos y como ha ocurrido con el jefe de la Unidad Anti-lavado o los integrantes de RTA designados por el Ejecutivo. O como el propio Presidente y Directores del Banco Central, que –ellos sí- en rigor no tendrían una obligación jurídica de hacerlo –aunque sí política, por la obvia mala praxis desarrollada en su gestión-, ya que cuenta entre sus funciones defender el valor de la moneda, atribución que la Constitución asigna al Congreso Nacional y que la complejidad y dinamismo de la economía moderna obliga a realizar en conjunto con el Poder Ejecutivo, a través del BCRA y su Carta Orgánica.

La otra es su remoción por un simple decreto del Poder Ejecutivo, que en ejercicio de facultades constitucionales directas puede nombrar y remover a los funcionarios de su gestión, lo que cada día que pase será más exigible como una demostración de ejercicio real del poder recibido de los ciudadanos. Tendría menos “estilo” pero tal vez sería mejor, al dar oportunidad al Poder Ejecutivo de ejercer un acto de autoridad institucional y claridad política.

Uno u otro camino sería bueno que ocurriera más temprano que tarde para que la nueva administración pueda comenzar a andar y cumplir en la respectiva área su programa de gobierno propuesto y elegido por el pueblo en comicios transparentes.

Ricardo Lafferriere

Estímulo para pensar el futuro

Un gran cambio en el lenguaje del escenario. Ese es el principal emergente de la primera jornada del nuevo período.

Mirado cuando ya es pasado, la duda que hubiera existido sobre la decisión final de Mauricio Macri en el sentido de solicitar la certeza judicial sobre el inicio de su mandato ha sido un paso más que acertado. La reacción de la ex presidenta y su equipo al conocer la resolución judicial desnudaron sus frustradas intenciones: convertir la ceremonia de traspaso –y las propias horas previas- en un infierno de decisiones irracionales y conflictivas, con el ritmo que ya habían adoptado en los últimos días, algunas de las cuales llegaron a concretarse en el propio Boletín Oficial publicado el propio día 9.

De la forma que ocurrieron, el cambio de tiempo fue más nítido, tal vez gracias a la separación temporal de la simpática “presidencia Pinedo”, que interpuso un período neutral de transición entre el cese y el comienzo.

Las “cara y ceca” fueron el último discurso de CK y el inicial de MM.

El 9, en la Plaza de Mayo, fue claro en su agenda de pasado. Representó los últimos estertores de un tiempo agotado, reproduciendo el debate circular del siglo XX que la realidad del mundo abandonó definitivamente hace ya un par de décadas. El escenario de la confrontación entre sistemas enfrentados, entre visiones ideológicas, entre formas autoritarias de imaginar la relación del poder con los ciudadanos. Un escenario indiferente ante la destrucción del planeta –el discurso presidencial se pronunciaba mientras en París la Argentina recibía el premio a la hipocresía ambiental, y en el país CK presionaba al Senado para que aprobara su última ley, ¡impulsando una empresa carbonífera!...; aislacionista, intolerante, faccioso, despreciativo de la pluralidad de visiones y del sano intercambio de ideas diferentes; agresivo con las instituciones, descalificador de la independencia judicial, ignorante de las normas, silencioso con el narcotráfico y la corrupción.

El 10, en el Congreso, la agenda del siglo brilló en plenitud. No más “unos contra otros” sino “unos con otros”. Intolerancia contra la corrupción, lucha sin cuartel contra el narcotráfico, trabajo incansable para terminar con la pobreza. Recreación de la educación apoyado en la recuperación de la excelencia, universalización de la protección social a aquellos despreciados por el populismo, o sea los que se animan a forjar su propio camino en forma de pioneros a los que, por su audacia y valentía, se les priva de derechos concedidos a los demás. Una agenda abierta a la región y al mundo sin temores ni prevenciones, defendiendo el trabajo argentino pero sabiendo que el crecimiento sólo llegará si también llegamos a los mercados globales con productos y servicios de calidad, ejecutados por compatriotas capacitados y en consecuencia, bien pagados. Una agenda en la que las energías renovables vayan reemplazando a las fósiles, donde la infraestructura ponga los bienes públicos al alcance de todos –y no sólo de los que viajan en avión-, y en el que las oportunidades sean iguales para todos, cualquiera sea el sector social o la región geográfica a la que pertenezcan.

La agenda del país viejo, que es también la del mundo viejo, sólo convoca al enfrentamiento y la violencia, verbal y física. La agenda del país y del mundo nuevo convoca a la reflexión creativa y el trabajo conjunto. La primera, lleva a la lucha esterizadora. La segunda, a la solidaridad en el esfuerzo.

Es difícil no entusiasmarse, aun sabiendo que existirán tropiezos y equivocaciones como en cualquier camino novedoso. El propio reconocimiento de su falibilidad por parte del nuevo presidente, constructor de equipos plurales a los que ha convocado a compatriotas de diferentes vertientes, marca también una diferencia terminante con las viejas prácticas de la convivencia del escenario político. Basta, al fin, de “caudillos sabelotodo” a los que es necesario justificarle la ignorancia con aplausos de ocasión. Bienvenidos aquellos que en lugar de hablar, escuchen, dispuestos a aprender todos los días algo novedoso sin pretender ser los especialistas en todo.

El liderazgo de la nueva etapa deberá mantener la humildad, especializarse en la construcción de consensos, no caer en la tentación de demonizar al adversario de buena fe y mantener la templanza ante aquellos que no la tengan, para que sean los propios ciudadanos quienes observen la esterilidad de los discursos impostados.

La Argentina parece estar llegando, al fin, al siglo XXI. Y eso estimula, entusiasma, alegra.

Ricardo Lafferriere