El gran robo

Artículo 17, Constitución Nacional: “La propiedad es inviolable, y ningun habitante de la Nacion puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiacion por causa de utilidad publica, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada....”

 

Artículo 82, ley 24241: “El fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados...”

 

            Ni la ley ni la Constitución dejan dudas: las cuotas partes de cada afiliado a una AFJP no es del gobierno, ni de las administradoras: es un derecho de propiedad de los aportantes, que han decidido confiarlo a instituciones especializadas a fin de preservarlos del saqueo de administraciones públicas inescrupulosas. Están respaldadas por la Constitución Nacional, la que sólo permite privar de la propiedad luego de una declaración de utilidad pública, y a cambio de una indemnización que debe ser previa al desapoderamiento, y por una ley de la Nación.

            Por supuesto, la confiscación –la apropiación sin indemnización, como sería el caso actual- no está prevista en la Constitución. En todo caso, está expresamente prohibida en el artículo 17 de la carta magna.

            El intento de confiscación expresada por la presidenta Cristina Kirchner y el Admnistrador de la ANSES, Sr. Amado Bidou, enfrenta en forma clara, sin duda alguna, una manda constitucional, al apropiarse en forma ilegal de una propiedad que no les pertenece. Y si se diera el caso de que los legisladores sancionaran la ley como lo reclama el Poder Ejecutivo, serían autores, junto a los dos primeros y los ministros que firmen tal proyecto, de varios delitos: contra la propiedad –artículo 173, incs. 2 y 7 - y violación de deberes –artículo 248-, del Código Penal. Ello sin contar que, según lo estipula el Código Civil –artículo 1112- serán también civilmente responsables, con sus patrimonios, del daño que cause su acción u omisión-

            El intento de saqueo del ahorro privado jubilatorio no tiene parangón en la historia económica argentina, ni siquiera el congelamiento de los depósitos o su transformación forzada en una conversión artificial ocurrida en el 2002, luego fuertemente atenuada por las decisiones judiciales. Se trata del mayor robo de la historia, en el que el aparato del Estado despoja a sus legítimos propietarios de una suma global o “botín” de Cien mil millones de pesos, de los que podrá disoner a su total discrecionalidad mediante el diseño de una normativa de gasto público que, también en forma ilegal, ignora las formas y controles establecidos por la propia Constitución.

            Podrán posiblemente concretarla: han construido un esquema de poder al margen de las normas que, con las debidas complicidades, lo hará posible. Lo que está claro es que el delito no quedará impune, porque son demasiados los damnificados –más de tres millones- que mantendrán estampada en su memoria el recuerdo del saqueo, para insistir una y otra vez en los próximos años, cuando la justicia haya recuperado su independencia, la sanción civil y penal de los culpables –funcionarios y legisladores que apoyen la medida-, que deberán responder con su patrimonio personal y con su responsabilidad penal el daño causado.

            El argumento para justificar el saqueo es infantil: la necesidad de intervencíon estatal ante la pérdida del 2,5 % que ha sufrido el patrimonio administrado por las AFJP. Se oculta que un componente fundamental de esa pérdida ha sido la inversión forzada a la que fueron obligadas por sucesivos gobiernos en bonos públicos inexorablemente devaluados y la quita de más del 65 % que sufrieron al ser identificados con los “acreedores externos” del país, a pesar de tratarse del ahorro jubilatorio de millones de argentinos. La comparación con la caída de valor de los bonos públicos, por su parte –se cotizan hoy a apenas el 60 % de su valor- recuerda, a su vez, que no sólo las compras forzadas de esos bonos por el monto de la deuda “reducida”, sino que además la pérdida de valor de esos bonos golpeó en forma decisiva la propia rentabilidad de los ahorros previsionales, por causa de decisiones públicas.

            Pretender que el Estado, cuyos títulos han perdido casi el 50 % de su valor, será mejor custodio de esos ahorros previsionales que las AFJP, es otra burla a la inteligencia y al sentido común de los argentinos. La obvia consecuencia será el incremento de la evasión, ya que obviamente luego de este nuevo ejemplo de vocación cleptómana, quedó claro que la perspectiva jubilatoria es tan virtual y difusa como los argumentos presidenciales.

            El propio “lapsus linguae” de la presidenta Kirchner en Formosa, cuando invocó motivos de “solidaridad”, indica que en realidad no se piensa en los aportantes, sino en el botín que se les confiscará para utilizar en el jubileo electoral del año próximo y en el festival de subsidios a empresarios, socios y amigos. A esos aportantes se les pide “solidaridad” para que se dejen robar sin protestar.

Los voceros a sueldo, economistas abonados a las burocracias sindicales y socios del saqueo seguramente saldrán a respaldar el cambio, sin importarle los derechos que afecta. Total, son fondos que no son suyos. Son aquellos para los cuales el marco legal no es más que un componente fungible de sus devaneos intelectuales y de ninguna manera el sólido soporte de la convivencia. Avalarán el dislate, y luego, cuando cambien los patrones, cambiarán de opinión.

Para quienes soñamos con una Argentina exitosa en el mundo global, libre y abierta, solidaria sobre la base de su propio esfuerzo, será un golpe duro que nos obligará a renovar esfuerzos para la recuperación del estado de derecho, la vigencia de la Constitución Nacional y los derechos de los ciudadanos.

 Ricardo Lafferriere