Las candidaturas engañosas

No es novedad afirmar que a partir del 2002, el sistema institucional argentino ha entrado en un tobogán que se acerca a su punto terminal. La decisión que en aquel momento tomaron importantes protagonistas del escenario público de aprovechar una dramática dificultad nacional para usarla como un atajo de llegada al poder fue el inicio de un acelerado desmantelamiento del delicado engranaje de funcionamiento legal del propio poder para retroceder a las épocas anteriores a la organización nacional.
El cambio abrupto del contexto económico internacional que benefició al país a pocos meses de aquel condenable contubernio, con base en empresarios protegidos y políticas clientelares centradas en el cinturón bonaerense, permitió disimular el deguase. A pesar de pasar inadvertida para el gran público, la peligrosa tendencia fue acompañada por una creciente preocupación por los ciudadanos que con más interés observaban el proceso político, alertando reiteradas veces sobre su inexorable final.
Puede discutirse si todo comenzó con la negativa a la formación de un gobierno de unión nacional en el 2001, con la manipulación del proceso electoral del 2003 o con la remoción autoritaria de la desprestigiada Suprema Corte de Justicia anunciada por cadena nacional por el recien elegido Presidente Kirchner. Sea como sea, fueron los hitos iniciales que abarcaron el olvido del “país normal” y la “Reforma Política” reclamada y anunciada con bombos y platillos por Néstor Kirchner en su campaña electoral, siguieron con la subordinación de la Justicia a través de la modificación del Consejo de la Magistratura, se consolidaron con la renuncia de las facultades del Congreso a través de las sucesivas reiteraciones de las “delegaciones de facultades” y “poderes extraordinarios” en el Poder Ejecutivo, la discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos por parte del Presidente de la Nación –y, últimamente, por el cónyuge de la presidenta de la Nación- y la intervención discrecional del gobierno en los patrimonios privados, la utilización de la AFIP como organismo de persecusión y disciplinamiento empresarial y la manipulación del INDEC como mecanismo de incautación y transferencia de riqueza.
El deguace institucional no es gratuito. Ha sido el que permitió, entre otras cosas, la incautación ilegal del patrimonio que diez millones de argentinos atesoraban para enfrentar su vejez, la escatológica decisión de asignar Un millón de dólares por día a fondo perdido a una empresa aérea que no presta ningún servicio a la nivelación social de los argentinos en un momento de crecimiento de la pobreza y la miseria a niveles inéditos, o la prohibición de exportar carne llevando a un sector generador de divisas, trabajo y riqueza al borde de su desaparición. Es el que ha sumergido a los argentinos en la orgía de violencia, redes de narcotráfico e inseguridad cotidiana y ha convertido a nuestro país en hazmerreír de todo el mundo condenándolo a su intrascendencia, ha llevado a la educación popular a un estadio terminal, al desmantelamiento de la defensa nacional y al resurgimiento de enfermedades de la pobreza que habían sido erradicadas hace décadas, como la tuberculosis y el dengue en barriadas hacinadas, olvidadas de todos los servicios pero ferreamente subordinadas a los caudillejos territoriales que lucran con las urgencias de los compatriotas sin recursos.
Pero ese deguace se acerca a su límite con la manipulación actual del único elemento de legitimidad que podía invocar el gobierno: su respaldo electoral. Estas elecciones se acercan peligrosamente a las parodias de los regímenes antidemocráticos, los que había y los que aún hay, manipuladas en su gestión, en sus fechas, en sus normas, en sus candidaturas, en sus reglamentos y hasta en sus resultados.
A partir de este proceso, nada será igual en la Argentina. Aceptadas hoy las candidaturas engañosas, de aquí en más todas podrán serlo. No habrá límites a los malabarismos de los detentadores del poder, que se sentirán con derecho a pasar por encima de las leyes fundamentales no ya del ejercicio del mando –sobre las que están pasando diariamente- sino de su propia conformación.
Son días tristes para la democracia, que con tanta ilusión comenzamos a construir hace un cuarto de siglo. No interesa tanto el resultado electoral. En todo caso, ilusiona el surgimiento de dirigentes nuevos en todas las fuerzas alternativas, aún en aquella tradicional fuerza popular que dio origen y aún sostiene a este disparatado equipo de gobierno. Pero esa ilusión no alcanza a mitigar el desasosiego de muchos argentinos que creyeron que su querido país había comenzado a recuperarse, desde 1983, de sus andanzas del medio siglo anterior, pero observan que, entrando el siglo XXI todavía deben seguir la lucha por las mismas banderas por las que se luchaba hace un siglo: la horadez administrativa, la pureza del sufragio y la propia vigencia de la Constitución Nacional.


Ricardo Lafferriere