La voltereta de Ricardo Colombi deja aún más al descubierto –si alguna duda había- las características de las verdaderas reglas de juego de la política argentina. El extorsionador serial, desde Olivos, conserva la facultad –que le ha delegado el Congreso nuevamente a su esposa, con la aprobación de la ley de presupuesto- de construir su poder sobre la baje del chantaje.
Hace pocas semanas, al discutirse la Ley de Medios, fue la Senadora Sánchez el instrumento de la perversión. Los medios y hasta los propios dirigentes políticos centraron en la persona de la Senadora su crítica despiadada, silenciando el papel del verdadero responsable de la trama y del diabólico instrumento que la forzaba a actuar como lo hacía: la discrecionalidad presidencial para la disposición de recursos públicos. Si su voto no se alineaba con el oficialismo, cuarenta mil familias correntinas dependientes del Estado no cobrarían su sueldo. Cabe pensar un instante en el significado de esta situación y compararla con la angustia que se presenta en cualquier familia argentina no ya cuando su sueldo no se paga, sino cuando es demorado unos días... desde las cuentas de los servicios con vencimiento inexorable, los alquileres, las expensas, las tarjetas, las cuotas, todo lo que implica la vida cotidiana de un argentino de carne y hueso, no la abstracción estadística, en los papeles, de los analistas económicos y políticos.
Desde la posición del observador externo –como quien esto escribe- las actitudes de Sánchez y de Colombi no tienen justificación. Pero el observador externo no es el responsable de la gestión de la que depende la cotidianeidad de miles de argentinos.
Seguramente muchos hubieran preferido renunciar a sus cargos, antes que ceder al chantaje. Otros han preferido seguir en sus responsabilidades de gestión, aún a costa de destrozar su imagen publica y su credibilidad.
Lo que sí queda claro es que hasta que el Congreso no cumpla con su obligación constitucional de sancionar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que reduzca la discrecionalidad y automatice la distribución de recursos, termine los impuestos de emergencia de libre disponibilidad por el Poder Ejecutivo y limite la capacidad extorsiva de la familia residente en Olivos, los casos de Sánchez y Colombi seguirán repitiéndose inexorablemente.
La política auténtica seguirá siendo un sainete mientras el discurso no se traduzca en la vigencia de las leyes y mientras no logremos vivir en un país “representativo, republicano y federal”.
De esto es de lo que hablamos cuando reclamamos “volver a la Constitución”. Para esto es que reclamamos construir un gran consenso democrático y republicano. Por esto es que nos molestan los “límites” que unos u otros fabrican en la tranquilidad de sus despachos y oficinas para mantener “impoluta” su imagen de impotencia y no trabajar por lo que importa.
Lo que importa ahora no es la extensión de “los límites” –se llamen Macri, Cobos, Duhalde, de Narváez o Solá-. Lo que importa es terminar con este extorsionador serial y volver a tener un marco normativo que permita a los Colombi, a los Sánchez, pero también a cada gobernador e Intendente de la Argentina, cualquiera sea su color político de origen, dedicarse a su gestión sin tener que soportar la diaria humillación del chantaje.
Ricardo Lafferriere
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