Las declaraciones presidenciales denunciando la existencia de un plan desestabilizador no caen sobre cualquier escenario, sino sobre una compleja situación social plagada de incertidumbres, rumores, hastío y miedo de los argentinos que ya alcanza al temor de la propia supervivencia.
Quien esto escribe, señora, no la soporta a usted desde hace tiempo. Mejor dicho: no a usted –tiene derecho a ser como quiera-, sino a su forma de gobierno –o desgobierno-. Pero a pesar de eso, no dudaría un instante en defender el sistema constitucional, aunque el precio fuera tener que soportarla hasta el 2011. La Constitución establece los mecanismos de cambio de autoridades y mientras usted no renuncie o sea removida por juicio político, nadie puede “desestabilizarla” de su cargo.
No pretenda utilizar esa amenaza velada para exculparse de su incapacidad de gobierno, demostrada día a día con una gestión inexistente, anuncios rimbombantes inconsistentes y ataques a quien no coincida con su singular forma de ver el mundo y entender la política.
Si tiene usted información sobre un complot contra la Constitución, es su obligación denunciarlo con detalles y en todo caso, presentarlo a la justicia. Pero si no tiene esa información, no tiene usted derecho a agrandar la angustia ciudadana con frases soltadas al voleo, de las que se desprenden la sensación de la existencia de conspiraciones en marcha destinadas a interrumpir su mandato al margen de los procedimientos constitucionales.
Si conoce usted un delito en curso de ejecución, como funcionaria pública que es, su obligación legal es denunciarlo. Y si no es así, su obligación es no repartir sospechas con veladas imputaciones delictivas.
Ricardo Lafferriere
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