“Fijense en lo que hago, y no en lo que digo”, parece ser que fue, en su momento, la frase con que el ex presidente Kirchner trató de conformar a los empresarios españoles luego de su primera visita a Madrid, al comienzo de su gestión.
Tal desafío es el que se presenta a los argentinos luego del abrupto giro que, a quince días de los comicios, estaría dando la gestión de su esposa, al convocar al diálogo e incluso tolerar condicionamientos impensables tan sólo un mes atrás impuestos por la oposición como requisitos para concurrir a una mesa de conversación.
Las dudas sobre la honestidad de la palabra oficial no son caprichosas: derivan de los contradictorios gestos y pronunciamientos –que aún continúan- de quien los argentinos consideran el verdadero titular del poder en el país, el ex presidente Kirchner. Mientras la convocatoria al diálogo parece ser amplia, el ex presidente recorre la Argentina repartiendo agravios e incoherencias y negando la estrepitosa derrota electoral que sufriera hace dos semanas, cuando votaron en su contra siete de cada diez bonaerenses.
Los argentinos, por su parte, miran la escena con alto escepticismo, pero también con temor. No les creen a la pareja presidencial, pero están también temerosos de los pasos que pudieran dar en su eventual retirada, sea repitiendo sus antecedentes cleptómanos con las reservas del Banco Central o los depósitos bancarios, sea incentivando el conflicto social con sus apuestas al odio y el conflicto. La apertura de un diálogo con la oposición que se prepara para ser relevo de gobierno, así sea plagado de desconfianzas, le trae la tranquilidad de que, por primera vez en años, puede comenzar a pensar en la existencia de límites al voluntarismo y el irresponsable capricho que ha gestionado el país desde el 2003.
La oposición, por su parte, debe vencer sus temores a no quedar entrampada en un “abrazo de oso”, que intente asociarla a las consecuencias dramáticas que el desgobierno y la inoperancia kirchnerista han provocado en la convivencia nacional. Porque la crisis que sufrimos –sea en la inseguridad, en la exclusión social, en la parálisis económica, en la proliferación del narcotráfico, en el desmantelamiento institucional, en la ruptura del diálogo social-, quede bien en claro, no tiene otra causa que la gestión de un proyecto impuesto con soberbia y desprecio hacia los argentinos por parte de la pareja patagónica.
Es entendible, en ese sentido, la prevención mayor de Elisa Carrió, quien como una gladiadora tenaz no bajó su voz en todos estos años y sufriera en carne propia las groserías de los Fernández, el destrato del ex presidente e incluso el intento de su condena judicial. Quizás no esté mal su ausencia en un diálogo que, no por necesario, sea por eso fluido para las conciencias de quienes sueñan con un país ubicado en las antípodas de esta gestión. Los legisladores de su fuerza política no han restado su hombro a la responsabilidad de trabajar por acuerdos parlamentarios, que son los que en última instancia importan.
Pero quienes fueron, hicieron bien. Interpretaron los recelos y también los temores de los argentinos, que lejos del escenario de la política nacional, viven diariamente en una realidad que le es cada vez más hostil –para vivir sin el riesgo de vida cuando sale a la calle, para conservar su trabajo con una economía en paralización creciente, para conseguirlo el que no lo tiene, para conservar en lo que se pueda el poder adquisitivo de sus salarios frente al descomunal ajuste kirchnerista consecuencia de los dislates de estos años pasados y de la gigantesca corrupción del matrimonio Kirchner y su banda-.
Frente a los restos de una administración de opereta en retirada, se sentó la imagen madura de la Argentina que viene. Ese es el hecho que importa. Se diga lo que se diga.
Ricardo Lafferriere
jueves, 16 de julio de 2009
sábado, 11 de julio de 2009
Insoportable silencio
Son ya cerca de doscientos los muertos y más de mil los heridos por la represión del gobierno chino por las protestas ocurridas en Xinjiang. Ya más de diez días de redadas sangrientas, ante una población que reclama igualdad de derechos fundamentales, negados por una estructura política dictatorial y esclerótica que algunos miran hasta con admiración, por su capacidad de hacer trabajar gratis a millones de personas y apoyar sobre esta superexplotación el resurgimiento de su país.
Y cerca de un mes lleva ya la represión, también sangrienta, del fundamentalismo religioso iraní sobre una población –fundamentalmente, jóvenes- que reclaman cuotas de libertad y limpieza en los procedimientos electorales, en el último de los cuáles han “sobrado” –literalmente- más de dos millones de votos con respecto al total del padrón de votantes, para respaldar la reelección del nazi Amahdinejah, amigo de Chávez y nuevo habitué por nuestra región latinoamericana.
En el caso de Irán, el heroísmo de las luchas juveniles por la libertad ha quedado patentizado por la represión sangrienta de miles de universitarios, entre los cuales se destaca el fusilamiento a sangre fría de la joven Neda, realizado por los matones de la banda fascista “Guardia Revolucionaria de Irán”, que fuera observado por cientos de millones de personas gracias a la poderosa herramienta comunicacional que Internet y Youtube ponen al servicio de la transparencia de la información.
En ambos casos, la República Argentina ha mantenido un silencio que se hace ya insoportable.
Lejos está este reclamo de adherir a un idealismo sin responsabilidad en temas que puedan analizarse a la luz de las conveniencias comerciales o dinerarias. Pero en estos casos no se trata de comercio ni aranceles, sino de seres humanos violados en sus derechos esenciales de igualdad, libertad y justicia.
Los reclamos de chinos e iraníes están amparados por la legislación internacional: tanto China como Irán forman parte de las Naciones Unidas, y aunque sólo sea por este hecho están obligados a hacer respetar en su territorio la vigencia de los derechos humanos que fueron fundamento originario de la entidad internacional, cristalizados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El propio silencio de las Naciones Unidas habla pobremente del prestigio que le queda a esta institución ante la comunidad internacional.
Pero si no lo hacen esos gobiernos, es intolerable que nada diga al respecto el gobierno de la Nación Argentina. Un país que desde 1983 ha incluido la defensa de los derechos humanos como constante de su política exterior, con alcance universal, merece que sus autoridades se pronuncien al respecto, en las formas diplomáticas que sean convenientes, pero expresando su condena más enérgica a hechos realizados por gobiernos que no lo son de países-fallidos, “no-Estados” o dominados por mafias de delincuentes, sino por dos naciones milenarias que han dado mucho de sí al avance de la civilización y a la construcción de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
La Nación Argentina –lo hemos repetido muchas veces- es un país joven, pero nació como tal invocando que su causa “es la causa del género humano”. Lo expresaron los documentos fundacionales de la propia Primera Junta al sancionar el Decreto de Suspensión de Honores y la Asamblea de 1813 al abolir las formas coloniales de explotación indígena, sancionar la libertad de vientres y quemar los instrumentos de tortura. Lo ratificó el Libertador al proclamar la independencia del Perú. Lo estampamos en nuestra Constitución, garantizando en nuestro territorio esos derechos a “todos los hombres del mundo” que quieran habitar en nuestro suelo. Y lo transformó en política de Estado desde la recuperación de la democracia, cuando Raúl Alfonsín inauguró el diálogo entre los poderes constitucionales recién conformados remitiendo, en su primer acto de gobierno, el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación parlamentaria, y luego cuando Carlos Menem incorporó a la Argentina como uno de los países promotores de la creación de la Corte Penal Internacional.
La defensa de los derechos humanos no puede sufrir el reduccionismo de discutibles mascaradas realizadas por nuestra presidenta por instrucciones del autócrata caribeño. Mucho más importante que pasar la tarde con las segundas líneas bolivarianas en el aeropuerto de San Salvador –sin siquiera ser recibidos por el presidente del país local- interviniendo en un problema interno de Honduras y poniendo en riesgo en forma irresponsable la producción de un baño de sangre en dicho país, es advertir dónde se están violando hoy con más claridad los derechos humanos, y decir en alta voz la condena de la Nación Argentina.
Pocas veces ha quedado tan clara como en estos días la manipulación discursiva de un tema mayor y universal, en el que lo mejor de la historia patria tiene mucho por decir, para esconder propósitos menores de política corta. Y pocas veces a la vez, como en estos días el silencio de la Argentina sobre dos injustificables masacres ha sido tan insoportable para el honor de su propio pueblo y de quienes en el mundo trabajan para construir una humanidad basada en el derecho, la libertad y la justicia.
Ricardo Lafferriere
insoportable
Y cerca de un mes lleva ya la represión, también sangrienta, del fundamentalismo religioso iraní sobre una población –fundamentalmente, jóvenes- que reclaman cuotas de libertad y limpieza en los procedimientos electorales, en el último de los cuáles han “sobrado” –literalmente- más de dos millones de votos con respecto al total del padrón de votantes, para respaldar la reelección del nazi Amahdinejah, amigo de Chávez y nuevo habitué por nuestra región latinoamericana.
En el caso de Irán, el heroísmo de las luchas juveniles por la libertad ha quedado patentizado por la represión sangrienta de miles de universitarios, entre los cuales se destaca el fusilamiento a sangre fría de la joven Neda, realizado por los matones de la banda fascista “Guardia Revolucionaria de Irán”, que fuera observado por cientos de millones de personas gracias a la poderosa herramienta comunicacional que Internet y Youtube ponen al servicio de la transparencia de la información.
En ambos casos, la República Argentina ha mantenido un silencio que se hace ya insoportable.
Lejos está este reclamo de adherir a un idealismo sin responsabilidad en temas que puedan analizarse a la luz de las conveniencias comerciales o dinerarias. Pero en estos casos no se trata de comercio ni aranceles, sino de seres humanos violados en sus derechos esenciales de igualdad, libertad y justicia.
Los reclamos de chinos e iraníes están amparados por la legislación internacional: tanto China como Irán forman parte de las Naciones Unidas, y aunque sólo sea por este hecho están obligados a hacer respetar en su territorio la vigencia de los derechos humanos que fueron fundamento originario de la entidad internacional, cristalizados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El propio silencio de las Naciones Unidas habla pobremente del prestigio que le queda a esta institución ante la comunidad internacional.
Pero si no lo hacen esos gobiernos, es intolerable que nada diga al respecto el gobierno de la Nación Argentina. Un país que desde 1983 ha incluido la defensa de los derechos humanos como constante de su política exterior, con alcance universal, merece que sus autoridades se pronuncien al respecto, en las formas diplomáticas que sean convenientes, pero expresando su condena más enérgica a hechos realizados por gobiernos que no lo son de países-fallidos, “no-Estados” o dominados por mafias de delincuentes, sino por dos naciones milenarias que han dado mucho de sí al avance de la civilización y a la construcción de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
La Nación Argentina –lo hemos repetido muchas veces- es un país joven, pero nació como tal invocando que su causa “es la causa del género humano”. Lo expresaron los documentos fundacionales de la propia Primera Junta al sancionar el Decreto de Suspensión de Honores y la Asamblea de 1813 al abolir las formas coloniales de explotación indígena, sancionar la libertad de vientres y quemar los instrumentos de tortura. Lo ratificó el Libertador al proclamar la independencia del Perú. Lo estampamos en nuestra Constitución, garantizando en nuestro territorio esos derechos a “todos los hombres del mundo” que quieran habitar en nuestro suelo. Y lo transformó en política de Estado desde la recuperación de la democracia, cuando Raúl Alfonsín inauguró el diálogo entre los poderes constitucionales recién conformados remitiendo, en su primer acto de gobierno, el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación parlamentaria, y luego cuando Carlos Menem incorporó a la Argentina como uno de los países promotores de la creación de la Corte Penal Internacional.
La defensa de los derechos humanos no puede sufrir el reduccionismo de discutibles mascaradas realizadas por nuestra presidenta por instrucciones del autócrata caribeño. Mucho más importante que pasar la tarde con las segundas líneas bolivarianas en el aeropuerto de San Salvador –sin siquiera ser recibidos por el presidente del país local- interviniendo en un problema interno de Honduras y poniendo en riesgo en forma irresponsable la producción de un baño de sangre en dicho país, es advertir dónde se están violando hoy con más claridad los derechos humanos, y decir en alta voz la condena de la Nación Argentina.
Pocas veces ha quedado tan clara como en estos días la manipulación discursiva de un tema mayor y universal, en el que lo mejor de la historia patria tiene mucho por decir, para esconder propósitos menores de política corta. Y pocas veces a la vez, como en estos días el silencio de la Argentina sobre dos injustificables masacres ha sido tan insoportable para el honor de su propio pueblo y de quienes en el mundo trabajan para construir una humanidad basada en el derecho, la libertad y la justicia.
Ricardo Lafferriere
insoportable
martes, 7 de julio de 2009
Honduras: golpe, democracia y un pato para la boda...
Si algo faltaba para confundir más las cosas en la crisis de Honduras, es Raúl Castro pidiendo que se respete la democracia...
De cualquier forma, la sensación que deja esta crisis para observadores imparciales es el juego de hipocresías cruzadas, con jugadores a los que lo que menos les interesa es Honduras y los hondureños.
A estar a lo informado por la prensa de ese país, luego de una crisis de poderes que tensionó el sistema político en las últimas semanas, el Congreso formó una Comisión Investigadora que detectó la intención de Zelaya de provocar un “autogolpe” el domingo al mediodía, con la mecánica de apoyarse en resultados “boca de urna” de la consulta prohibida, con el apoyo de formaciones armadas venezolanas que habían arribado al país en forma clandestina días antes y la organización de tumultos que darían la impresión de apoyo popular. El autogolpe consistiría en disolver el Congreso y remover los miembros de la Corte Suprema, designando nuevos jueces que permitirían avanzar en lo que la Constitución de Honduras prohibe en forma más enfática que ningúna otra constitución americana: la reelección presidencial.
Ante esa perspectiva, el Congreso, anticipándose a los hechos, dispone –a las seis de la mañana- la destitución de Zelaya y la designación del sucesor constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, al desconocerse por parte de Zelaya su prohibición de realizar el plebiscito, había ordenado al Ejército detenerlo y sacarlo del país, lo que se produjo una hora antes de la destitución parlamentaria.
Cabe destacar, a este respecto, que la Carta Magna hondureña no prevé la institución del Juicio Político y que por el contrario cuenta con un artículo, el 239, que expresamente dispone que el sólo hecho de proponer la modificación de la cláusula que prohibe la reelección conlleva para cualquier funcionario público su inmediato cese y su inhabilitación por diez años.
El proceso institucional de destitución ha sido avalado, además, no sólo por la virtual unanimidad del Congreso (122 diputados que corresponden al oficialista partido Liberal (62), el opositor Partido Nacional (55), la Democracia Cristiana (3) y el Partido Innovación y Unidad (2) frente a 6 ausencias correspondientes al partido Unificación Democrática (5) y una disidente demócrata cristiana), sino también por la Corte, la Iglesia y los dos principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre, el Sr. Elvin Santos, del partido liberal –el mismo de Zelaya- y el Sr. Porfirio Lobo, del Partido Nacional –opositor-.
Ahora bien: si esto es así, ¿por qué el alineamiento internacional ha sido automático en la defensa de Zelaya?
El juego de hipocresías llega aquí al máximo.
Por un lado, el espacio “bolivariano” –al que el viaje de Cristina para actuar en conjunto con Lugo, Correa y Chávez parece haber adscripto definitivamente a la Argentina-, no se resigna a que el Congreso y la Corte hondureñas se le hayan adelantado al autogolpe tan cuidadosamente preparado por Chávez y Zelaya durante varios meses, con la provisión de petróleo gratuito, armamento y hasta personal armado.
Por el otro lado, Estados Unidos encuentra una oportunidad excepcional para sobreactuar su distancia de los actores (con los que, efectivamente, nada tuvo que ver) para borrar su tradicional imagen de impulsor de golpes de Estado y rupturas institucionales en el Continente. El “reacomodamiento” de la imagen americana es una prioridad en la política exterior de Obama, que actuará con ese objetivo como lo ha mostrado en sus iniciativas en el Medio Oriente y Rusia, cualquiera sea su consecuencia para terceros. Un intrascendente escarceo de un pequeño país –indiferente para sus intereses globales- no sólo no lo moverá de su objetivo, sino que le ofrece esa oportunidad excepcional para aparecer alineado con la “opinión democrática” de toda América Latina y el mundo, a la que la sola mención de la palabra “golpe de estado” hace ubicar instintivamente en la vereda opuesta. Si este alineamiento, además, coincide con el posicionamiento tanto de los bolivarianos como del propio Raúl Castro, nadie buscará matices.
Honduras queda así convertido el en pato de la boda de un ajedrez geopolítico de influencias cruzadas del que es una víctima cuya suerte a nadie interesa seriamente. Sólo queda desear que la amenaza de intervención militar que están realizando los bolivarianos de la región (verbalizada por Daniel Ortega) no convierta al país en un baño de sangre, con la indiferencia de Washington y del resto del mundo. Baño de sangre del que Cristina tendrá su cuota de culpa, al adherir sin matices a un juego al que la Argentina debiera concurrir con prudencia, diplomacia y vocación de dialogo.
Tres virtudes que no son, precisamente, atributos kirchneristas.
Ricardo Lafferriere
antesdefensa
De cualquier forma, la sensación que deja esta crisis para observadores imparciales es el juego de hipocresías cruzadas, con jugadores a los que lo que menos les interesa es Honduras y los hondureños.
A estar a lo informado por la prensa de ese país, luego de una crisis de poderes que tensionó el sistema político en las últimas semanas, el Congreso formó una Comisión Investigadora que detectó la intención de Zelaya de provocar un “autogolpe” el domingo al mediodía, con la mecánica de apoyarse en resultados “boca de urna” de la consulta prohibida, con el apoyo de formaciones armadas venezolanas que habían arribado al país en forma clandestina días antes y la organización de tumultos que darían la impresión de apoyo popular. El autogolpe consistiría en disolver el Congreso y remover los miembros de la Corte Suprema, designando nuevos jueces que permitirían avanzar en lo que la Constitución de Honduras prohibe en forma más enfática que ningúna otra constitución americana: la reelección presidencial.
Ante esa perspectiva, el Congreso, anticipándose a los hechos, dispone –a las seis de la mañana- la destitución de Zelaya y la designación del sucesor constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, al desconocerse por parte de Zelaya su prohibición de realizar el plebiscito, había ordenado al Ejército detenerlo y sacarlo del país, lo que se produjo una hora antes de la destitución parlamentaria.
Cabe destacar, a este respecto, que la Carta Magna hondureña no prevé la institución del Juicio Político y que por el contrario cuenta con un artículo, el 239, que expresamente dispone que el sólo hecho de proponer la modificación de la cláusula que prohibe la reelección conlleva para cualquier funcionario público su inmediato cese y su inhabilitación por diez años.
El proceso institucional de destitución ha sido avalado, además, no sólo por la virtual unanimidad del Congreso (122 diputados que corresponden al oficialista partido Liberal (62), el opositor Partido Nacional (55), la Democracia Cristiana (3) y el Partido Innovación y Unidad (2) frente a 6 ausencias correspondientes al partido Unificación Democrática (5) y una disidente demócrata cristiana), sino también por la Corte, la Iglesia y los dos principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre, el Sr. Elvin Santos, del partido liberal –el mismo de Zelaya- y el Sr. Porfirio Lobo, del Partido Nacional –opositor-.
Ahora bien: si esto es así, ¿por qué el alineamiento internacional ha sido automático en la defensa de Zelaya?
El juego de hipocresías llega aquí al máximo.
Por un lado, el espacio “bolivariano” –al que el viaje de Cristina para actuar en conjunto con Lugo, Correa y Chávez parece haber adscripto definitivamente a la Argentina-, no se resigna a que el Congreso y la Corte hondureñas se le hayan adelantado al autogolpe tan cuidadosamente preparado por Chávez y Zelaya durante varios meses, con la provisión de petróleo gratuito, armamento y hasta personal armado.
Por el otro lado, Estados Unidos encuentra una oportunidad excepcional para sobreactuar su distancia de los actores (con los que, efectivamente, nada tuvo que ver) para borrar su tradicional imagen de impulsor de golpes de Estado y rupturas institucionales en el Continente. El “reacomodamiento” de la imagen americana es una prioridad en la política exterior de Obama, que actuará con ese objetivo como lo ha mostrado en sus iniciativas en el Medio Oriente y Rusia, cualquiera sea su consecuencia para terceros. Un intrascendente escarceo de un pequeño país –indiferente para sus intereses globales- no sólo no lo moverá de su objetivo, sino que le ofrece esa oportunidad excepcional para aparecer alineado con la “opinión democrática” de toda América Latina y el mundo, a la que la sola mención de la palabra “golpe de estado” hace ubicar instintivamente en la vereda opuesta. Si este alineamiento, además, coincide con el posicionamiento tanto de los bolivarianos como del propio Raúl Castro, nadie buscará matices.
Honduras queda así convertido el en pato de la boda de un ajedrez geopolítico de influencias cruzadas del que es una víctima cuya suerte a nadie interesa seriamente. Sólo queda desear que la amenaza de intervención militar que están realizando los bolivarianos de la región (verbalizada por Daniel Ortega) no convierta al país en un baño de sangre, con la indiferencia de Washington y del resto del mundo. Baño de sangre del que Cristina tendrá su cuota de culpa, al adherir sin matices a un juego al que la Argentina debiera concurrir con prudencia, diplomacia y vocación de dialogo.
Tres virtudes que no son, precisamente, atributos kirchneristas.
Ricardo Lafferriere
antesdefensa
domingo, 5 de julio de 2009
Estatal, privado, izquierda, derecha
Es curioso observar el renacimiento que parece insinuarse en el debate político argentino de conceptos propios de la primer modernidad, escasamente utilizados en el debate político contemporáneo –por su polisemia- pero que son utilizados entre nosotros como etiquetas sentenciosas y admonitorias –cuando no como gritos de guerra-, aturdiendo a ciudadanos que han demostrado su indiferencia ante ellos una y otra vez en los últimos veinte años.
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
miércoles, 1 de julio de 2009
La fuga de Kirchner
Como una ironía del destino, el presidente que bastardeó la dignidad del rol presidencial burlándose groseramente de la suerte de su antecesor, ha terminado su vida política en un papel tan triste que hasta generaría lástima destacarlo, si no recordáramos el enorme daño que su gestión produjo en el sistema institucional argentino.
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
Un voto republicano
Una sensación de tranquilidad inundó el espíritu de los argentinos en las últimas horas del domingo. No respondía a entusiasmos ideológicos, ni a pasiones desatadas que hubieren logrado concretarse. La sensación era de desahogo, distensión, liberación.
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
lunes, 22 de junio de 2009
Una Constitución para Carlotto....
En una nota anterior destacamos la templanza y valentía de la Dra. Hilda Molina, que se encuentra afortunadamente en nuestro país disfrutando de su familia y el afecto de los argentinos luego de más de una década y media de sufrir la separación por la violación de su derecho humano elemental de salir de su país libremente, a raíz de la obstinada prohibición del gobierno cubano que hasta llegó a fundamentar esta virtual prisión en la presunta “titularidad” que el Estado tendría sobre el cerebro de la ilustre visitante.
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
que
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
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