Los episodios de Kraft son apenas la punta del iceberg. Confluyen allí las líneas de fuerza que atraviesan gran parte de la sociedad acentuando una presión social que no encuentra cauce de canalización y amenaza con desmadrarse sin control.
No sólo es la pobreza, que golpea ferozmente frente a la indiferencia estadística tras la cual se esconde el discurso oficial. Tampoco es sólo la indignación, ante la negación del claro mensaje electoral de los argentinos, que si el 28 de junio golpeaban al gobierno con el 70 % de sus voluntades, las muestras de opinión –bien guardadas- que llegan a los despachos en estos días informan una sustancial reducción del ya alicaído prestigio oficial, a niveles que se encuentran en los más bajos históricos que jamás haya tenido gestión alguna desde que se llevan estadísticas.
El mayor problema es hoy la compleja realidad de la vida cotidiana de todos los argentinos, jaqueados por una inseguridad orgiástica, por una recesión sin horizontes que ha ralentizado la economía impulsando la desocupación, la pobreza extrema, los cierres de comercios, la reducción de la producción fabril, la virtual paralización de la economía agropecuaria y las raídas finanzas públicas que ya se expresan en la falta de pago a obras públicas y proveedores y amenaza las transferencias a las provincias, para –simplemente- pagar los sueldos, para mejor carcomidos por una inflación no reconocida.
No es la oposición la que acorrala sin salida a Néstor Kirchner y su equipo de gobierno. Al contrario, la oposición ha tenido hasta ahora un comportamiento ateniense, consciente de la responsabilidad institucional que está en sus manos frente a un poder sin legitimidad popular y encerrado en su soberbia autista. Tampoco el poder sindical, que hace tiempo que dejó de transmitir el sentimiento de los trabajadores y está adormecido en el cuidado de sus relaciones con laboratorios medicinales, instrumentos de falsificación de remedios, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y crímenes mafiosos.
Ni siquiera acorrala al gobierno la Mesa de Enlace, cuyos representados más bien la acusan de no ser suficientemente enérgica en sus reclamos, tal como los empresarios hacen lo propio con sus organizaciones a las que imputan falta de resistencia ante las iniciativas confiscatorias y anti-mercado del oficialismo.
No. Néstor Kirchner está acorralado por la realidad. Acostumbrado a un sistema de razonamiento propio de las “organizaciones” de los años 70, no logra comprender que la sociedad del siglo XXI no funciona más alrededor de las corporaciones sino que genera su estado de ánimo, sus reflexiones, sus adhesiones y sus críticas, desde cada persona, desde cada ciudadano. Todos y cada uno de ellos forma una “realidad” que no atraviesa, como en otras épocas, gremios, partidos políticos, organizaciones empresarias o grupos de activismo social. Al contrario, conforman una gigantesca orquesta de voces desarticuladas que, sin embargo, están conjugando cada vez más la misma melodía: “no los aguantamos más”.
Frente a este potente grito, que no pasa por la prensa ni las organizaciones intermedias sino que subyace en lo profundo de la convivencia nacional, no habrá “ley de medios” capaz de imponer silencio. Con un adicional: si estalla –y cualquier chispa puede encenderla- el país corre el riesgo de conmoverse hasta sus cimientos.
Es esta realidad la que acorrala a Néstor Kirchner, que, incólume, prosigue su obra destructora, sin avergonzarse por su enriquecimiento ilícito, sin dolerse por el destrozo institucional, sin disculparse por los niveles de corrupción de sus funcionarios y empresarios protegidos, sin importarle los cientos de miles de compatriotas que ya duermen en las plazas, tapados por frazadas agujereadas y cartones ajados, ajenos al bienestar estadístico difundido por el INDEC y al pan a $ 2,40 que sólo deben conseguirlo en la panadería que provee a Moreno y a la residencia presidencial.
Es la realidad la que acorrala a Kirchner.
Cuidado todos, porque –como diría alguien que muchos recuerdan- “es la única verdad”. Y cuando esa verdad, cansada de ser negada, eche a andar ocupando las calles, puede ser tarde para lamentaciones.
martes, 29 de septiembre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
"...asegurar los beneficios de la libertad..."
Uno de los primeros decretos de Raúl Alfonsín apenas reinstalada la democracia fue derogar la prohibición que había impuesto el gobierno militar de recibir señales satelitales desde el exterior sin una autorización previa de la autoridad. Los argentinos festejamos entonces esa medida, que rompía un aislamiento asfixiante. La democracia abrió el país al mundo, a sus visiones y a sus diferentes opiniones, que a través de los incipientes sistemas de “cables” comenzarían a llegar libremente a los hogares argentinos sin cortapisas, filtros ni permisos.
Tendrían que pasar más de veinticinco años para que otro gobierno volviera a implantar la prohibición de la dictadura, esta vez apoyado en la fuerza de la mayoría de legisladores integrantes de un Congreso de escasa legitimidad. Nuevamente, como durante el gobierno militar, las señales audiovisuales provenientes del exterior deberán contar con una autorización previa del gobierno para poder llegar a los hogares argentinos.
Este es uno, solo uno, de los dislates antidemocráticos de la ley de medios en discusión, cuyo trámite irregular y prepotente está siendo denunciado por los legisladores que batallan para defender los espacios de libertad que los argentinos supimos ganarnos durante todos estos años, entre los que se destacan los legisladores radicales encabezados por Silvana Giúdice y otros bloques como la Coalición Cívica y el Pro, los que sin renunciar a sus legítimas visiones diferentes, comparten la búsqueda de una Argentina abierta y plural.
No sólo las señales de origen externo deberán contar con la autorización oficial: también las agencias de publicidad, las empresas productoras, y cada una de las entidades oficiales y privadas, educativas e intermedias a las que se les “garantiza” el “derecho” a condición de inscribirse en un registro estatal (art. 22). Al estilo de las reglamentaciones totalitarias, el instrumento en debate subordina el derecho constitucional a la libertad de expresión a su inscripción y autorización por el gobierno “en las condiciones que fije la reglamentación” (art. 22) pasando por encima de las claras normas del Capítulo Primero de la Constitución, justamente titulado “Declaraciones, derechos y garantías”, en el que la Carta Magna establece los derechos de las pesonas que configuran el límite que de ninguna manera puede ser atravesado por el poder. Y es además claramente inconstitucional al exigir la condición de “argentinos” para acceder a una licencia en clara contradicción con el art. 20 de la C.N. (“Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano...”); en cuanto hace depender de autorizaciones políticas decisiones claramente empresariales, como la emisión de acciones, bonos o contraer empréstitos (art. 25); en cuanto impone la registración de los productores de señales y de contenidos (arts. 58 y 59) como condición del ejercicio de su derecho de raíz constitucional, en una clara contradicción con el objetivo de promover la pluralidad, la libertad de opinión y el derecho a la información que se han invocado como fundamentos de la iniciativa.
El texto de la ley que se pretende imponer destila desconfianza en la libertad de las personas, somete a sospecha cualquier opinión que no haya sido previamente autorizada, mantiene en control oficial constante los contenidos de los medios, invade jurisdicciones provinciales –que tampoco pueden ser alcanzadas por normas federales, art. 32 C.N.- y desborda autoritarismo al invadir actividades libres de los ciudadanos sin justificación técnica alguna. La única justificación de la intervención reglamentaria y ordenatoria por parte del Estado Nacional, que es la limitación física de la cantidad de radiofrecuencias, no justifica la pretensión de subordinar los sistemas de cable, que se encuentran en el campo típico de la actividad particular, y no tienen limitación técnica alguna. Es curioso que una ley que busca la pluralidad, ponga límites a la cantidad de señales en un sistema que no tiene limitaciones técnicas y cada vez tendrá menos.
¿Quién es el Estado para obligar a los titulares de cable a pasar gratuita y obligatoriamente el pasquín chavista Telesur en sus sistemas (art. 65)? ¿En ejercicio de qué facultad constitucional puede atribuirse el derecho de reglamentar la onerosidad de la televisión por redes fijas (art. 8)? ¿Qué norma de la Carta Magna autoriza al Estado a limitar la comunicación audiovisual realizada a través de vínculos físicos, que por definición no son limitados –como las frecuencias radioeléctricas- sino tan extensos como lo permita la iniciativa de las personas o empresas, su viabilidad económica y su receptividad por las personas?
No existe ni un solo artículo de la Constitución Nacional del que pueda deducirse que los ciudadanos han delegado en el poder la facultad de reglamentar lo que pueden escuchar o mirar por radio o televisión. Ni siquiera pueden establecerse “delitos de imprenta”, cuya definción queda expresamente vedado por el art. 32 de la C.N.
No dice la verdad el Sr. Binner cuando expresa que “esta ley es mejor que la que había” `para justificar el sospechoso apoyo de su partido a la iniciativa oficial. Ni la dictadura se animó a tanto. Este engendro fascio-estalinista, sostenido por una pareja de autócratas y una claque de legisladores peronistas, retroprogresistas y “socialistas” de legitimidad menguada, quedará en la historia como el intento de regresar la comunicación del país a los tiempos oscuros de la dictadura.
Deja en solitario una voz poderosa, la que surja del poder nacional manejando de manera discrecional el sistema de medios públicos –los únicos autorizados a una red de alcance nacional-, sometiendo las pequeñas empresas privadas al disciplinamiento directo de la discrecionalidad, o a la más disimulada de la también discrecional distribución de la publicidad oficial para la que no se establece pauta ni criterio, impidiendo el surgimiento de cualquier contrapeso comunicacional de importancia. Fragmenta la opinión pública en infinidad de pequeñas voces desarticuladas, y ahoga la capacidad nacional de producción, limitándola técnicamente mediante la forzosa reducción de su escala. Como en otros campos, la Argentina se aislará aún más del mundo, en uno de los campos en que más logros y reconocimiento internacionales ha logrado –por su publicidad, sus unitarios, sus telenovelas-. Volver a las tolderías, no otra cosa significará el obligatorio deshuase de los grandes medios...
La estrategia de esconder los reales propósitos de la ley en una pretendida lucha “antimonopólica” montada en el fastidio de la opinión pública con las veleidades de un multimedio caprichoso puede ser exitosa en el corto plazo. Pero en lo que importa, los argentinos tendremos menos pluralidad, más autoritarismo, más dedito levantado y cadenas nacionales, más publicidad oficial apabullante –como en el “fútbol gratis”-, menos acceso a las fuentes oficiales, más ocultamiento de la corrupción, menos riqueza de debate, más dogmatismo esclerosado. Nunca una invocación libertaria ha contenido tantas prohibiciones y tantos límites.
Con esta norma muere una parte importante de la democracia argentina. Lo que no significa otra cosa, para quienes creíamos ya instalada en el país la vigencia democática, que una convocatoria a no bajar los brazos, a renovar la lucha con más fuerza que nunca.
El proyecto oficial, por debajo de su verborragia engañosa, pretende volver a las prohibiciones de la dictadura. Quienes creemos en la democracia y la sociedad abierta deberemos seguir luchando para volver al 83 y recuperar el estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
sólo
Tendrían que pasar más de veinticinco años para que otro gobierno volviera a implantar la prohibición de la dictadura, esta vez apoyado en la fuerza de la mayoría de legisladores integrantes de un Congreso de escasa legitimidad. Nuevamente, como durante el gobierno militar, las señales audiovisuales provenientes del exterior deberán contar con una autorización previa del gobierno para poder llegar a los hogares argentinos.
Este es uno, solo uno, de los dislates antidemocráticos de la ley de medios en discusión, cuyo trámite irregular y prepotente está siendo denunciado por los legisladores que batallan para defender los espacios de libertad que los argentinos supimos ganarnos durante todos estos años, entre los que se destacan los legisladores radicales encabezados por Silvana Giúdice y otros bloques como la Coalición Cívica y el Pro, los que sin renunciar a sus legítimas visiones diferentes, comparten la búsqueda de una Argentina abierta y plural.
No sólo las señales de origen externo deberán contar con la autorización oficial: también las agencias de publicidad, las empresas productoras, y cada una de las entidades oficiales y privadas, educativas e intermedias a las que se les “garantiza” el “derecho” a condición de inscribirse en un registro estatal (art. 22). Al estilo de las reglamentaciones totalitarias, el instrumento en debate subordina el derecho constitucional a la libertad de expresión a su inscripción y autorización por el gobierno “en las condiciones que fije la reglamentación” (art. 22) pasando por encima de las claras normas del Capítulo Primero de la Constitución, justamente titulado “Declaraciones, derechos y garantías”, en el que la Carta Magna establece los derechos de las pesonas que configuran el límite que de ninguna manera puede ser atravesado por el poder. Y es además claramente inconstitucional al exigir la condición de “argentinos” para acceder a una licencia en clara contradicción con el art. 20 de la C.N. (“Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano...”); en cuanto hace depender de autorizaciones políticas decisiones claramente empresariales, como la emisión de acciones, bonos o contraer empréstitos (art. 25); en cuanto impone la registración de los productores de señales y de contenidos (arts. 58 y 59) como condición del ejercicio de su derecho de raíz constitucional, en una clara contradicción con el objetivo de promover la pluralidad, la libertad de opinión y el derecho a la información que se han invocado como fundamentos de la iniciativa.
El texto de la ley que se pretende imponer destila desconfianza en la libertad de las personas, somete a sospecha cualquier opinión que no haya sido previamente autorizada, mantiene en control oficial constante los contenidos de los medios, invade jurisdicciones provinciales –que tampoco pueden ser alcanzadas por normas federales, art. 32 C.N.- y desborda autoritarismo al invadir actividades libres de los ciudadanos sin justificación técnica alguna. La única justificación de la intervención reglamentaria y ordenatoria por parte del Estado Nacional, que es la limitación física de la cantidad de radiofrecuencias, no justifica la pretensión de subordinar los sistemas de cable, que se encuentran en el campo típico de la actividad particular, y no tienen limitación técnica alguna. Es curioso que una ley que busca la pluralidad, ponga límites a la cantidad de señales en un sistema que no tiene limitaciones técnicas y cada vez tendrá menos.
¿Quién es el Estado para obligar a los titulares de cable a pasar gratuita y obligatoriamente el pasquín chavista Telesur en sus sistemas (art. 65)? ¿En ejercicio de qué facultad constitucional puede atribuirse el derecho de reglamentar la onerosidad de la televisión por redes fijas (art. 8)? ¿Qué norma de la Carta Magna autoriza al Estado a limitar la comunicación audiovisual realizada a través de vínculos físicos, que por definición no son limitados –como las frecuencias radioeléctricas- sino tan extensos como lo permita la iniciativa de las personas o empresas, su viabilidad económica y su receptividad por las personas?
No existe ni un solo artículo de la Constitución Nacional del que pueda deducirse que los ciudadanos han delegado en el poder la facultad de reglamentar lo que pueden escuchar o mirar por radio o televisión. Ni siquiera pueden establecerse “delitos de imprenta”, cuya definción queda expresamente vedado por el art. 32 de la C.N.
No dice la verdad el Sr. Binner cuando expresa que “esta ley es mejor que la que había” `para justificar el sospechoso apoyo de su partido a la iniciativa oficial. Ni la dictadura se animó a tanto. Este engendro fascio-estalinista, sostenido por una pareja de autócratas y una claque de legisladores peronistas, retroprogresistas y “socialistas” de legitimidad menguada, quedará en la historia como el intento de regresar la comunicación del país a los tiempos oscuros de la dictadura.
Deja en solitario una voz poderosa, la que surja del poder nacional manejando de manera discrecional el sistema de medios públicos –los únicos autorizados a una red de alcance nacional-, sometiendo las pequeñas empresas privadas al disciplinamiento directo de la discrecionalidad, o a la más disimulada de la también discrecional distribución de la publicidad oficial para la que no se establece pauta ni criterio, impidiendo el surgimiento de cualquier contrapeso comunicacional de importancia. Fragmenta la opinión pública en infinidad de pequeñas voces desarticuladas, y ahoga la capacidad nacional de producción, limitándola técnicamente mediante la forzosa reducción de su escala. Como en otros campos, la Argentina se aislará aún más del mundo, en uno de los campos en que más logros y reconocimiento internacionales ha logrado –por su publicidad, sus unitarios, sus telenovelas-. Volver a las tolderías, no otra cosa significará el obligatorio deshuase de los grandes medios...
La estrategia de esconder los reales propósitos de la ley en una pretendida lucha “antimonopólica” montada en el fastidio de la opinión pública con las veleidades de un multimedio caprichoso puede ser exitosa en el corto plazo. Pero en lo que importa, los argentinos tendremos menos pluralidad, más autoritarismo, más dedito levantado y cadenas nacionales, más publicidad oficial apabullante –como en el “fútbol gratis”-, menos acceso a las fuentes oficiales, más ocultamiento de la corrupción, menos riqueza de debate, más dogmatismo esclerosado. Nunca una invocación libertaria ha contenido tantas prohibiciones y tantos límites.
Con esta norma muere una parte importante de la democracia argentina. Lo que no significa otra cosa, para quienes creíamos ya instalada en el país la vigencia democática, que una convocatoria a no bajar los brazos, a renovar la lucha con más fuerza que nunca.
El proyecto oficial, por debajo de su verborragia engañosa, pretende volver a las prohibiciones de la dictadura. Quienes creemos en la democracia y la sociedad abierta deberemos seguir luchando para volver al 83 y recuperar el estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
sólo
viernes, 18 de septiembre de 2009
Cuando mueren las palabras
Los parlamentos y la democracia se inventaron para que en lugar de pelear con armas y matarse, las personas utilizaran las palabras, máxima creación de la evolución humana, para articular conceptos, juicios y valoraciones, intercambiarlas e intentar acordar decisiones conjuntas en temas que afectarán la vida de todos.
Para usar las palabras hay que saber hablar –obviamente-. Y cuanto más sofisticado sea el tema en cuestión, cuanto más complejos sus matices y más denso el entrelazado de incidencias, mayor capacidad de abstracción demanda en los protagonistas para conseguir el fin buscado.
Las palabras conllevan una definición y un compromiso. Definen el concepto que se expresa y arrastran el compromiso, por parte de quien las emite, de mantener su coherencia temporal –no cambiarles el significado- y su coherencia lógica –cuando construye con ellas juicios, silogismos y discursos-. Las palabras sin definición y sin compromiso inhiben su papel de reemplazo de la lucha. Se convierten en algo así como armas vacías de la lucha primitiva, e incorporan la mentira en su propia enunciación, ya que al no implicar compromiso de su identidad semántica transtemporal se vacían de su búsqueda de conceptos superadores en el debate para reducirse a la primaria portación de algún disvalor que se supone descalificante para el adversario, o coartada justificatoria de borocotizaciones vergonzantes.
Libertad sin libertad, justicia sin justicia, desarrollo sin desarrollo, equidad sin equidad, progreso sin progreso, tolerancia sin tolerancia, estabilidad sin estabilidad, superávit sin superávit, leyes sin leyes... y a la inversa, la corrupción se combate pero se defiende, el crimen se persigue pero se encubre, la pobreza se condena pero se impone, el estancamiento se niega pero se refuerza, el aislamiento se promueve pero se evita...
Algo así se siente al leer los discursos de ofialistas y aliados –estables y “ad-hoc”- en los debates del Congreso Nacional; algunos de ellos, más conscientes que otros de las contradicciones intrínsecas y escasamente éticas del falsamiento porque leen y escriben, intentan escudarse en interesadas citas académicas invocadas fuera de contexto, como barniz disimulante, al estilo de los albañiles despreocupados de las paredes torcidas que levantan, porque "total, el revoque tapa todo"...
¿Qué hacer cuando mueren las palabras?
La ciencia política respondería: sólo la lucha. No la “lucha democrática”, por definición asentada en el intercambio maduro de palabras sustantivas, sino la lucha primitiva y visceral por el triunfo a cualquier precio, convertido en la única posibilidad de sobrevivencia.
Nada bueno sale de esto. Un gigantesco vacío en el alma democrática de quienes sienten –sentían...- el orgullo de vivir en un país que en tiempos respetados marcó rumbos, y hoy se notan empujados a los escalones más rudimentarios del espacio público.
Cuando mueren las palabras vuelven tiempos oscuros. Los que la humanidad conoció antes del ágora. Los que los argentinos conocimos antes de 1853. Y antes de 1983.
Ricardo Lafferriere
Para usar las palabras hay que saber hablar –obviamente-. Y cuanto más sofisticado sea el tema en cuestión, cuanto más complejos sus matices y más denso el entrelazado de incidencias, mayor capacidad de abstracción demanda en los protagonistas para conseguir el fin buscado.
Las palabras conllevan una definición y un compromiso. Definen el concepto que se expresa y arrastran el compromiso, por parte de quien las emite, de mantener su coherencia temporal –no cambiarles el significado- y su coherencia lógica –cuando construye con ellas juicios, silogismos y discursos-. Las palabras sin definición y sin compromiso inhiben su papel de reemplazo de la lucha. Se convierten en algo así como armas vacías de la lucha primitiva, e incorporan la mentira en su propia enunciación, ya que al no implicar compromiso de su identidad semántica transtemporal se vacían de su búsqueda de conceptos superadores en el debate para reducirse a la primaria portación de algún disvalor que se supone descalificante para el adversario, o coartada justificatoria de borocotizaciones vergonzantes.
Libertad sin libertad, justicia sin justicia, desarrollo sin desarrollo, equidad sin equidad, progreso sin progreso, tolerancia sin tolerancia, estabilidad sin estabilidad, superávit sin superávit, leyes sin leyes... y a la inversa, la corrupción se combate pero se defiende, el crimen se persigue pero se encubre, la pobreza se condena pero se impone, el estancamiento se niega pero se refuerza, el aislamiento se promueve pero se evita...
Algo así se siente al leer los discursos de ofialistas y aliados –estables y “ad-hoc”- en los debates del Congreso Nacional; algunos de ellos, más conscientes que otros de las contradicciones intrínsecas y escasamente éticas del falsamiento porque leen y escriben, intentan escudarse en interesadas citas académicas invocadas fuera de contexto, como barniz disimulante, al estilo de los albañiles despreocupados de las paredes torcidas que levantan, porque "total, el revoque tapa todo"...
¿Qué hacer cuando mueren las palabras?
La ciencia política respondería: sólo la lucha. No la “lucha democrática”, por definición asentada en el intercambio maduro de palabras sustantivas, sino la lucha primitiva y visceral por el triunfo a cualquier precio, convertido en la única posibilidad de sobrevivencia.
Nada bueno sale de esto. Un gigantesco vacío en el alma democrática de quienes sienten –sentían...- el orgullo de vivir en un país que en tiempos respetados marcó rumbos, y hoy se notan empujados a los escalones más rudimentarios del espacio público.
Cuando mueren las palabras vuelven tiempos oscuros. Los que la humanidad conoció antes del ágora. Los que los argentinos conocimos antes de 1853. Y antes de 1983.
Ricardo Lafferriere
martes, 15 de septiembre de 2009
Podredumbre
Quizás haya que remontarse a tiempos oscuros para encontrar un acontecimiento que evidencie una descomposición moral, una indolencia político administrativa y una indiferencia tan atroz hacia la vida humana y la dignidad de las personas como los hechos que están saliendo a la luz sobre los medicamentos falsificados y la red de corrupción que alcanza a sindicalistas, políticos y empresarios de medicamentos.
Quizás tampoco nunca alcancemos a conocer totalmente la cantidad de damnificados que han muerto creyendo recibir las medicaciones recetadas y en su lugar fueron tratados con medicamentos vencidos, cuando no contaminantes, y la multitud de pacientes a los que, aún sin haber fallecido, han recibido medicación inoperante.
Los hechos son de una magnitud tan atroz que dejan sin habla.
Los “empresarios” de los laboratorios proveedores de estas drogas han gozado de la impunidad que les brinda su pertenencia al círculo más íntimo de la política oficial. Han sido aportantes de la campaña electoral de la actual presidenta, y el sindicalista hoy complicado forma parte de los apoyos gremiales más firmes del kirchnerismo.
El funcionario –hoy desplazado- encargado de su control pertenecía, a su vez, al nivel más cercano de relaciones con el otrora poderoso Jefe de Gabinete de Ministros, o sea el cargo de la más estrecha e íntima vinculación política con el presidente y luego de la presidenta de la Nación, para cuya campaña electoral recaudó cerca del 50 % del total. Y las investigaciones han llegado a descubrir su relación con homicidios atroces, obviamente impunes.
Pero el sistema de corrupción y horror que está saliendo a la luz difícilmente pueda imaginarse reducido a la Asociación Bancaria: como lo ha reiterado hasta el cansancio la propia ex Ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, virtualmente toda la estructura sindical y de obras sociales sindicales tiene idénticas prácticas.
El Juez actuante ha requerido al gobierno la urgente intervención de la obra social investigada, y el decreto se ha anunciado. Hay que poner mucho esfuerzo para abrir un espacio de confianza al funcionario designado y que no aparezca, obsesiva, en la prevención de los ciudadanos la imagen del zorro cuidando el gallinero, que no otra cosa implica que el kirchnerismo esté a cargo de controlar la corrupción.
Mientras, en lugar de hacerse cargo del escandaloso episodio que tiene sobre ascuas a millones de argentinos –que aportan a alguna obra social sindical y deben recibir o están recibiendo atención médica en estos días- y en una demostración patética de la burbuja de aislamiento de la realidad, la presidenta de la Nación convoca a una conferencia de prensa para hablar... ¡sobre la ley de medios audiovisuales!
Una moraleja se va abriendo paso en este “affaire”: la salud de los argentinos no tolera más el sistema de las “obras sociales sindicales”. El paso hacia un seguro de salud integral, que cubra a todos por igual, con funcionamiento autónomo y profesional, totalmente alejado de las corporaciones empresariales, políticas y gremiales, es el camino que muestran los países que han logrado establecer un sistema de salud pública del mejor nivel posible al alcance de todos los ciudadanos.
Y una limpieza total, profunda, de raíz, debe realizarse mientras tanto en los organismos públicos del Ministerio de Salud que tienen a su cargo el control normativo, recordando que su función no es repartir dinero entre sindicatos adictos, conseguir fondos para las campañas electorales o abrir paso a laboratorios inescrupulosos sino, sencillamente, proteger la salud de los ciudadadanos.
La podredumbre debe terminar. Los que gobiernan no pueden seguir matando argentinos impunemente.
Ricardo Lafferriere
Quizás tampoco nunca alcancemos a conocer totalmente la cantidad de damnificados que han muerto creyendo recibir las medicaciones recetadas y en su lugar fueron tratados con medicamentos vencidos, cuando no contaminantes, y la multitud de pacientes a los que, aún sin haber fallecido, han recibido medicación inoperante.
Los hechos son de una magnitud tan atroz que dejan sin habla.
Los “empresarios” de los laboratorios proveedores de estas drogas han gozado de la impunidad que les brinda su pertenencia al círculo más íntimo de la política oficial. Han sido aportantes de la campaña electoral de la actual presidenta, y el sindicalista hoy complicado forma parte de los apoyos gremiales más firmes del kirchnerismo.
El funcionario –hoy desplazado- encargado de su control pertenecía, a su vez, al nivel más cercano de relaciones con el otrora poderoso Jefe de Gabinete de Ministros, o sea el cargo de la más estrecha e íntima vinculación política con el presidente y luego de la presidenta de la Nación, para cuya campaña electoral recaudó cerca del 50 % del total. Y las investigaciones han llegado a descubrir su relación con homicidios atroces, obviamente impunes.
Pero el sistema de corrupción y horror que está saliendo a la luz difícilmente pueda imaginarse reducido a la Asociación Bancaria: como lo ha reiterado hasta el cansancio la propia ex Ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, virtualmente toda la estructura sindical y de obras sociales sindicales tiene idénticas prácticas.
El Juez actuante ha requerido al gobierno la urgente intervención de la obra social investigada, y el decreto se ha anunciado. Hay que poner mucho esfuerzo para abrir un espacio de confianza al funcionario designado y que no aparezca, obsesiva, en la prevención de los ciudadanos la imagen del zorro cuidando el gallinero, que no otra cosa implica que el kirchnerismo esté a cargo de controlar la corrupción.
Mientras, en lugar de hacerse cargo del escandaloso episodio que tiene sobre ascuas a millones de argentinos –que aportan a alguna obra social sindical y deben recibir o están recibiendo atención médica en estos días- y en una demostración patética de la burbuja de aislamiento de la realidad, la presidenta de la Nación convoca a una conferencia de prensa para hablar... ¡sobre la ley de medios audiovisuales!
Una moraleja se va abriendo paso en este “affaire”: la salud de los argentinos no tolera más el sistema de las “obras sociales sindicales”. El paso hacia un seguro de salud integral, que cubra a todos por igual, con funcionamiento autónomo y profesional, totalmente alejado de las corporaciones empresariales, políticas y gremiales, es el camino que muestran los países que han logrado establecer un sistema de salud pública del mejor nivel posible al alcance de todos los ciudadanos.
Y una limpieza total, profunda, de raíz, debe realizarse mientras tanto en los organismos públicos del Ministerio de Salud que tienen a su cargo el control normativo, recordando que su función no es repartir dinero entre sindicatos adictos, conseguir fondos para las campañas electorales o abrir paso a laboratorios inescrupulosos sino, sencillamente, proteger la salud de los ciudadadanos.
La podredumbre debe terminar. Los que gobiernan no pueden seguir matando argentinos impunemente.
Ricardo Lafferriere
viernes, 11 de septiembre de 2009
Espanto
"Es un espanto que, en un país, el que fuera compañero de fórmula del presidente de la Nación esté jugando en contra".
En otros tiempos, postrimerías del “proceso”, era el general Nicolaides el encargado de expresar las genialidades del gobierno. Hoy, es el Ministro del Interior, aunque al menos, por ahora no producen muertos –y es de esperar que no lleguemos a eso-. Genialidades que apenas motivan ya respuestas opositoras, resignadas a hablar con la pared, esperando que el tiempo pase rápido para que esta pesadilla se convierta en historia y que, en el tiempo que les queda, hagan el menor daño posible.
En gobiernos serios, un pronunciamiento de esa magnitud nada menos que del responsable de la cartera del interior también hubiera producido una conmoción o una crisis política. Las callosidades que han producido en la opinión pública los dislates reiterados de la pareja gobernante hacen que hoy por hoy, ni siquiera llamen la atención.
Un gobierno que mueve doscientos inspectores de la AFIP al estilo de los sueños de estudiantina, o que convierte en un tema épico el debate por el ordenamiento de las comunicaciones que –cualquiera sea el resultado- no tendrá posibilidades de aplicar, no produce ya escozor con declaraciones, cadenas nacionales cotidianas o pedidos de renuncia que sólo causan risa.
El gobierno está solo, apoyado sólo en su residual manejo de los fondos públicos utilizados en forma de chantaje. No lo siguen los trabajadores, ni los industriales, ni los hombres de campo, ni los financistas, ni los pasivos, ni los profesionales, ni los sectores medios, ni los desocupados, ni los militares, ni los intelectuales. No tiene diálogo con la oposición y está aislado de las bases peronistas, que no atinan a hacer propio un discurso que sienten visceralmente ajeno. Sólo los alineados por la chequera que defienden posiciones de gobierno en administraciones locales –por un lado- y el esqueleto del retro-progresismo –por el otro- con esfuerzos sobrehumanos para elaborar frases coherentes con barniz seudointelectual, sostienen un esquema de poder que –también como en sus sueños de estudiantina- le brindan la ilusión de sobremesa de estar transformando el país, al que alegremente conducen al desastre.
Algunos compatriotas, que insisten en tomar en serio las amenazas kirchneristas, se preocupan por lo que pudiera venir. Sin embargo, la mimetización “morales-chavista” de la patota K no pasa, hoy por hoy, más que como una comedia de actores en decadencia, que nadie toma en serio. Su inexorable deterioro muestra la triste imagen de la descomposición, con síntomas fatales como no tener ya el respeto ni de los subordinados, ni la disciplina de los cuadros de la administración. La imagen de los otrora “sabuesos” de la AFIP, sentados en la vereda de Clarín en un operativo que no tenía siquiera directivas que no fueran la de estar allí pensando infantilmente que con eso intimidaban a un medio de prensa, expresa el patetismo de un país sin gobierno, que si sigue funcionando en clave de convivencia es por la madurez profunda de su gente decidida a impedir que el infantilismo de sus gobernantes afecte más aún la vida cotidiana.
Frente a todo este marchito escenario, surge la imagen potente de la Argentina que viene. Plural, pero dialoguista. Diversa, pero madura. Clara en sus disensos y en sus consensos, expresados en clave de unidad de una Nación que busca su futuro.
El “espanto” no es el Vicepresidente conversando con madurez con todo el abanico político y con cualquier compatriota quiera dialogar. Más bien está en el otro extremo de la Avenida de Mayo, diciendo diariamente imbecilidades por la cadena nacional y produciendo el derrumbe del “share” radial y televisivo a mínimos históricos. Lo que no sería más que una anécdota, si no llevara consigo el signo grotesco del desgobierno.
Ricardo Lafferriere
En otros tiempos, postrimerías del “proceso”, era el general Nicolaides el encargado de expresar las genialidades del gobierno. Hoy, es el Ministro del Interior, aunque al menos, por ahora no producen muertos –y es de esperar que no lleguemos a eso-. Genialidades que apenas motivan ya respuestas opositoras, resignadas a hablar con la pared, esperando que el tiempo pase rápido para que esta pesadilla se convierta en historia y que, en el tiempo que les queda, hagan el menor daño posible.
En gobiernos serios, un pronunciamiento de esa magnitud nada menos que del responsable de la cartera del interior también hubiera producido una conmoción o una crisis política. Las callosidades que han producido en la opinión pública los dislates reiterados de la pareja gobernante hacen que hoy por hoy, ni siquiera llamen la atención.
Un gobierno que mueve doscientos inspectores de la AFIP al estilo de los sueños de estudiantina, o que convierte en un tema épico el debate por el ordenamiento de las comunicaciones que –cualquiera sea el resultado- no tendrá posibilidades de aplicar, no produce ya escozor con declaraciones, cadenas nacionales cotidianas o pedidos de renuncia que sólo causan risa.
El gobierno está solo, apoyado sólo en su residual manejo de los fondos públicos utilizados en forma de chantaje. No lo siguen los trabajadores, ni los industriales, ni los hombres de campo, ni los financistas, ni los pasivos, ni los profesionales, ni los sectores medios, ni los desocupados, ni los militares, ni los intelectuales. No tiene diálogo con la oposición y está aislado de las bases peronistas, que no atinan a hacer propio un discurso que sienten visceralmente ajeno. Sólo los alineados por la chequera que defienden posiciones de gobierno en administraciones locales –por un lado- y el esqueleto del retro-progresismo –por el otro- con esfuerzos sobrehumanos para elaborar frases coherentes con barniz seudointelectual, sostienen un esquema de poder que –también como en sus sueños de estudiantina- le brindan la ilusión de sobremesa de estar transformando el país, al que alegremente conducen al desastre.
Algunos compatriotas, que insisten en tomar en serio las amenazas kirchneristas, se preocupan por lo que pudiera venir. Sin embargo, la mimetización “morales-chavista” de la patota K no pasa, hoy por hoy, más que como una comedia de actores en decadencia, que nadie toma en serio. Su inexorable deterioro muestra la triste imagen de la descomposición, con síntomas fatales como no tener ya el respeto ni de los subordinados, ni la disciplina de los cuadros de la administración. La imagen de los otrora “sabuesos” de la AFIP, sentados en la vereda de Clarín en un operativo que no tenía siquiera directivas que no fueran la de estar allí pensando infantilmente que con eso intimidaban a un medio de prensa, expresa el patetismo de un país sin gobierno, que si sigue funcionando en clave de convivencia es por la madurez profunda de su gente decidida a impedir que el infantilismo de sus gobernantes afecte más aún la vida cotidiana.
Frente a todo este marchito escenario, surge la imagen potente de la Argentina que viene. Plural, pero dialoguista. Diversa, pero madura. Clara en sus disensos y en sus consensos, expresados en clave de unidad de una Nación que busca su futuro.
El “espanto” no es el Vicepresidente conversando con madurez con todo el abanico político y con cualquier compatriota quiera dialogar. Más bien está en el otro extremo de la Avenida de Mayo, diciendo diariamente imbecilidades por la cadena nacional y produciendo el derrumbe del “share” radial y televisivo a mínimos históricos. Lo que no sería más que una anécdota, si no llevara consigo el signo grotesco del desgobierno.
Ricardo Lafferriere
viernes, 4 de septiembre de 2009
Volver a las tolderías
Gane quien gane en la pulseada, ni los argentinos ni la Argentina tendrán un servicio de comunicaciones audiovisuales mejor.
Si gana K, el país avanzará más en su estancamiento y además los tribunales se llenarán de juicios, como ocurre con el tema previsional, los reclamos por las retenciones, las arbitrariedades impositivas y la fijación de tarifas de servicios públicos. Juicios que, al final, deberemos pagar los argentinos, cuando K sea tan sólo un negro recuerdo.
Si gana Clarín, todo seguirá como hasta ahora, con lo bueno y lo malo de un sistema creado sin normas y en el que cada uno ha logrado el lugar que su iniciativa –y su complicidad con K, Clarín incluido- le ha permitido.
En cualquier caso, y como es ya una constante durante el kirchnerismo, terminaremos perdiendo otra oportunidad para insertarnos en el avance del mundo y mejorar nuestras condiciones de convivencia. Otro salto hacia atrás.
El proyecto y el debate están reproduciendo argumentos de una realidad que ya no existe. Y de la realidad que existe sólo se asume el conflicto entre Kirchner y Clarín, sin que importe la construcción de un sistema de medios virtuoso. En lugar de una ley “arquitectónica” que diseñe el sistema comunicacional mejor, se da un debate “agónico” en el que lo que importa es quién gana, aunque quede tierra arrasada.
La virtud está en el equilibrio, que el proyecto descarta.
El sistema a construir debería garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, proteger a los medios chicos y regionales del poder monopólico, y a la vez respaldar a los grandes grupos audiovisuales argentinos –y Clarín es el mayor- para salir a competir en el mundo con el apoyo de su gobierno y de su sociedad.
El proyecto K desmantelará todo lo bueno que ha conseguido la comunicación argentina en avance tecnológico, en fuerza económica y en potencial artístico. Los cables de pueblo no pueden tomar la tarea de llevar producción audiovisual argentina al mundo, disputar el mercado de contenidos y volver a insertar el país en la red global de comunicaciones. Tampoco tienen el poder económico necesario para dar un servicio de excelencia en los lugares que sirven, sin articularse en forma virtuosa con proveedores de contenidos externos.
Y Clarín no puede garantizar el adecuado servicio de comunicaciones locales y regionales, por la flexibilidad imprescindible en la prestación de servicios en mercados pequeños, lo que –como se ha visto- ha terminado concentrando la comunicación local en pocas manos y dificultando la producción audiovisual en ciudades y regiones.
La ley debiera garantizar ambas cosas, pero el proyecto oficial hará exactamente lo inverso en ambos casos.
Le quitará a los grupos económicos fuertes el respaldo interno necesario para salir a competir al exterior y potenciar su incorporación tecnológica, someterá a los cables chicos a la asfixia burocrática y reducirá la calidad de los servicios que se podrán prestar a los ciudadanos de todo el país, por unos y otros.
Y además agregará un sinnúmero de ventanillas de corrupción, al hacer depender de la discrecionalidad estatal la renovación bianual de licencias, a lo que se agrega una especie de CONFER paralelo, que en lugar de garantizar libertad de expresión amenaza con convertirse en un poderoso espacio de censura.
El nuestro no es el Estado suizo. Es el que es. El secreto de una ley inteligente debiera ser diseñar mecanismos automáticos, con la menor necesidad de intervención posible de la autoridad de aplicación, que defienda y potencie la iniciativa de los chicos y de los grandes, cada uno en su espacio, ambos imprescindibles para un país pujante.
Y además, los negociados que ya asoman: el fútbol “estatal”, el juego en línea, el financiamiento de las barras bravas con dinero público, la manipulación comunicacional de los deportes por la tosca discrecionalidad del ex presidente y sus cómplices...
Como en otros ámbitos de la realidad nacional, el “modelo K” no va más allá de romper lo que existe, desvincular el país del mundo, vaciar el interior, y abrir muchas, muchas posibilidades para negociados desde el poder. Desde la que harán con las empresas telefónicas –especialistas en “mercados regulados”, con su “embajador estrella” aplaudiendo ferviente e indisimuladamente en primera fila la presentación del proyecto por la presidenta en la Casa Rosada- hasta con los interesados en tener una modesta señal en un cable, que tendrán que hacerse cargo del pago de los “peajes” a funcionarios de menor nivel. Negociados que hoy harán ellos, pero que quedarán abiertos para cualquiera que venga. No olvidemos: K destroza todo lo que toca.
Pagarán esa fiesta los argentinos con el deterioro en la calidad de los productos audiovisuales a su alcance, y la Argentina con su declinación secular, que en ocasiones parece que nunca tendrá fin.
El “modelo K” se asemeja cada vez más al regreso a las tolderías, como si el objetivo fuera convertir paulatinamente a la Argentina en una gigantesca villa miseria. Donde –eso sí- el fútbol se vea gratis.
Ricardo Lafferriere
Si gana K, el país avanzará más en su estancamiento y además los tribunales se llenarán de juicios, como ocurre con el tema previsional, los reclamos por las retenciones, las arbitrariedades impositivas y la fijación de tarifas de servicios públicos. Juicios que, al final, deberemos pagar los argentinos, cuando K sea tan sólo un negro recuerdo.
Si gana Clarín, todo seguirá como hasta ahora, con lo bueno y lo malo de un sistema creado sin normas y en el que cada uno ha logrado el lugar que su iniciativa –y su complicidad con K, Clarín incluido- le ha permitido.
En cualquier caso, y como es ya una constante durante el kirchnerismo, terminaremos perdiendo otra oportunidad para insertarnos en el avance del mundo y mejorar nuestras condiciones de convivencia. Otro salto hacia atrás.
El proyecto y el debate están reproduciendo argumentos de una realidad que ya no existe. Y de la realidad que existe sólo se asume el conflicto entre Kirchner y Clarín, sin que importe la construcción de un sistema de medios virtuoso. En lugar de una ley “arquitectónica” que diseñe el sistema comunicacional mejor, se da un debate “agónico” en el que lo que importa es quién gana, aunque quede tierra arrasada.
La virtud está en el equilibrio, que el proyecto descarta.
El sistema a construir debería garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, proteger a los medios chicos y regionales del poder monopólico, y a la vez respaldar a los grandes grupos audiovisuales argentinos –y Clarín es el mayor- para salir a competir en el mundo con el apoyo de su gobierno y de su sociedad.
El proyecto K desmantelará todo lo bueno que ha conseguido la comunicación argentina en avance tecnológico, en fuerza económica y en potencial artístico. Los cables de pueblo no pueden tomar la tarea de llevar producción audiovisual argentina al mundo, disputar el mercado de contenidos y volver a insertar el país en la red global de comunicaciones. Tampoco tienen el poder económico necesario para dar un servicio de excelencia en los lugares que sirven, sin articularse en forma virtuosa con proveedores de contenidos externos.
Y Clarín no puede garantizar el adecuado servicio de comunicaciones locales y regionales, por la flexibilidad imprescindible en la prestación de servicios en mercados pequeños, lo que –como se ha visto- ha terminado concentrando la comunicación local en pocas manos y dificultando la producción audiovisual en ciudades y regiones.
La ley debiera garantizar ambas cosas, pero el proyecto oficial hará exactamente lo inverso en ambos casos.
Le quitará a los grupos económicos fuertes el respaldo interno necesario para salir a competir al exterior y potenciar su incorporación tecnológica, someterá a los cables chicos a la asfixia burocrática y reducirá la calidad de los servicios que se podrán prestar a los ciudadanos de todo el país, por unos y otros.
Y además agregará un sinnúmero de ventanillas de corrupción, al hacer depender de la discrecionalidad estatal la renovación bianual de licencias, a lo que se agrega una especie de CONFER paralelo, que en lugar de garantizar libertad de expresión amenaza con convertirse en un poderoso espacio de censura.
El nuestro no es el Estado suizo. Es el que es. El secreto de una ley inteligente debiera ser diseñar mecanismos automáticos, con la menor necesidad de intervención posible de la autoridad de aplicación, que defienda y potencie la iniciativa de los chicos y de los grandes, cada uno en su espacio, ambos imprescindibles para un país pujante.
Y además, los negociados que ya asoman: el fútbol “estatal”, el juego en línea, el financiamiento de las barras bravas con dinero público, la manipulación comunicacional de los deportes por la tosca discrecionalidad del ex presidente y sus cómplices...
Como en otros ámbitos de la realidad nacional, el “modelo K” no va más allá de romper lo que existe, desvincular el país del mundo, vaciar el interior, y abrir muchas, muchas posibilidades para negociados desde el poder. Desde la que harán con las empresas telefónicas –especialistas en “mercados regulados”, con su “embajador estrella” aplaudiendo ferviente e indisimuladamente en primera fila la presentación del proyecto por la presidenta en la Casa Rosada- hasta con los interesados en tener una modesta señal en un cable, que tendrán que hacerse cargo del pago de los “peajes” a funcionarios de menor nivel. Negociados que hoy harán ellos, pero que quedarán abiertos para cualquiera que venga. No olvidemos: K destroza todo lo que toca.
Pagarán esa fiesta los argentinos con el deterioro en la calidad de los productos audiovisuales a su alcance, y la Argentina con su declinación secular, que en ocasiones parece que nunca tendrá fin.
El “modelo K” se asemeja cada vez más al regreso a las tolderías, como si el objetivo fuera convertir paulatinamente a la Argentina en una gigantesca villa miseria. Donde –eso sí- el fútbol se vea gratis.
Ricardo Lafferriere
lunes, 31 de agosto de 2009
Los próximos meses
La ventaja que le da a Kirchner jugar al límite, sin preocupación alguna por el país ni por los argentinos, nos golpea a todos quienes tenemos cariño por nuestra patria y honramos honestamente la lucha de tantas generaciones por la construcción de un sistema institucional maduro que enmarque la convivencia y libere la potencialidad creadora de nuestra gente.
Los ataques irresponsables y la provocación extorsiva que cotidianamente los argentinos debemos recibir del matrimonio presidencial ha traspasado todos los ejemplos históricos. Habría que remontarse mucho hacia atrás, y quizás ni así encontremos, un período de gobierno que haya exhibido tal grado de desprecio por el país y su gente.
El problema es qué hacer, porque aunque existen motivos objetivos más que suficientes para iniciar juicio político por la manifiesta incapacidad de la presidenta para el ejercicio de su cargo, no pareciera que aún existan las condiciones políticas institucionales para hacerlo.
Los argentinos enfrentan un auténtico dilema. La oposición no peronista no está en condiciones de hacerse cargo aún. No será ella la que le dé un empujón, por varios motivos pero principalmente porque tiene legítimas expectativas para el 2011 que ve injusto tener que frustrar con una gestión anticipada en un turno incierto, que además no es el suyo. Y la alternativa peronista interna que eventualmente pudiera construirse está siendo demolida por la inescrupulosa acción kirchnerista y por la extorsiva utilización de los fondos públicos para disciplinar gobernadores e intendentes.
¿Quién, entonces, puede frenar la destrucción nacional sistemática, que si no se detiene nos dejará un país en ruinas?
Institucionalmente, no se puede hacer mucho más que oponerse a los dislates. Y en este aspecto, el trabajo parlamentario conjunto de la oposición es inédito. Ver trabajando –y votando- juntos a Pinedo con Aguad, De Narváez, Solá, Katz y hasta algún socialista, es un hecho que no tiene antecedentes. Constituyen lo mejor de la Argentina histórica, con todo el colorido de la pluralidad nacional. Es lo bueno, lo positivo, aunque parezca menor frente a los dislates kirchneristas. Ilusiona con la potencialidad de la Argentina que viene, cuando termine esta pesadilla.
Seguramente en algún tiempo -quizás a partir de fin de año, cuando esté consolidado el cambio en el Congreso- serán las propias fuerzas políticas opositoras las que comiencen a conducir gente en la calle. Una gran movilización, que sea la culminación de muchas otras, pero que en lugar de tener al frente a la "Mesa de Enlace" del campo, sea conducida por una "Mesa de Enlace" política, será cuál una nueva multipartidaria para terminar con la nueva autocracia modelo siglo XXI., volviendo el país a la senda democrática.
Ello culminará el renacimiento de los partidos con carnadura popular, no sólo simbólica. Será la forma real de unir el esfuerzo institucional -del que K se ríe, por su alma autoritaria, pero nosotros no debiéramos- con la gente en la calle -a la que K teme, como todo dictadorzuelo bananero-. Esa revitalización de los partidos reconstruirá el lazo político sólido entre la sociedad y sus instituciones con fuerza renovada.
La tarea debe comenzar con un paso urgente: apresurar la reconstrucción de los partidos en clave de diálogo nacional. El peronismo deberá avanzar en reorganizarse y esa será una columna decisiva. El espacio radical debe hacer lo propio aglutinando a las fuerzas más afines, y será otra. Seguramente el Pro y sus aliados, en el medio de ambos y con sucesivas inclinaciones para uno u otro lado, será la tercera. Las tres grandes "patas" de la reconstrucción futura.
Frente a esas columnas, el autoritarismo K no tendrá salida. Hasta ese momento, veremos diariamente escaramuzas en las que se irán desgastando las chances de recuperación nacional, costosas para muchos, al ritmo de las escatológicas ocurrencias del ex presidente y su señora. Pero en ese proceso de resurgimiento del espíritu público, de reorganización de las expresiones políticas de los argentinos para el nuevo tiempo y de preocupación y compromiso ciudadano con el país, estaremos edificando los cimientos de varias décadas de prosperidad iniciado tal vez con el hiato simbólico del Bicentenario.
Ricardo Lafferriere
Los ataques irresponsables y la provocación extorsiva que cotidianamente los argentinos debemos recibir del matrimonio presidencial ha traspasado todos los ejemplos históricos. Habría que remontarse mucho hacia atrás, y quizás ni así encontremos, un período de gobierno que haya exhibido tal grado de desprecio por el país y su gente.
El problema es qué hacer, porque aunque existen motivos objetivos más que suficientes para iniciar juicio político por la manifiesta incapacidad de la presidenta para el ejercicio de su cargo, no pareciera que aún existan las condiciones políticas institucionales para hacerlo.
Los argentinos enfrentan un auténtico dilema. La oposición no peronista no está en condiciones de hacerse cargo aún. No será ella la que le dé un empujón, por varios motivos pero principalmente porque tiene legítimas expectativas para el 2011 que ve injusto tener que frustrar con una gestión anticipada en un turno incierto, que además no es el suyo. Y la alternativa peronista interna que eventualmente pudiera construirse está siendo demolida por la inescrupulosa acción kirchnerista y por la extorsiva utilización de los fondos públicos para disciplinar gobernadores e intendentes.
¿Quién, entonces, puede frenar la destrucción nacional sistemática, que si no se detiene nos dejará un país en ruinas?
Institucionalmente, no se puede hacer mucho más que oponerse a los dislates. Y en este aspecto, el trabajo parlamentario conjunto de la oposición es inédito. Ver trabajando –y votando- juntos a Pinedo con Aguad, De Narváez, Solá, Katz y hasta algún socialista, es un hecho que no tiene antecedentes. Constituyen lo mejor de la Argentina histórica, con todo el colorido de la pluralidad nacional. Es lo bueno, lo positivo, aunque parezca menor frente a los dislates kirchneristas. Ilusiona con la potencialidad de la Argentina que viene, cuando termine esta pesadilla.
Seguramente en algún tiempo -quizás a partir de fin de año, cuando esté consolidado el cambio en el Congreso- serán las propias fuerzas políticas opositoras las que comiencen a conducir gente en la calle. Una gran movilización, que sea la culminación de muchas otras, pero que en lugar de tener al frente a la "Mesa de Enlace" del campo, sea conducida por una "Mesa de Enlace" política, será cuál una nueva multipartidaria para terminar con la nueva autocracia modelo siglo XXI., volviendo el país a la senda democrática.
Ello culminará el renacimiento de los partidos con carnadura popular, no sólo simbólica. Será la forma real de unir el esfuerzo institucional -del que K se ríe, por su alma autoritaria, pero nosotros no debiéramos- con la gente en la calle -a la que K teme, como todo dictadorzuelo bananero-. Esa revitalización de los partidos reconstruirá el lazo político sólido entre la sociedad y sus instituciones con fuerza renovada.
La tarea debe comenzar con un paso urgente: apresurar la reconstrucción de los partidos en clave de diálogo nacional. El peronismo deberá avanzar en reorganizarse y esa será una columna decisiva. El espacio radical debe hacer lo propio aglutinando a las fuerzas más afines, y será otra. Seguramente el Pro y sus aliados, en el medio de ambos y con sucesivas inclinaciones para uno u otro lado, será la tercera. Las tres grandes "patas" de la reconstrucción futura.
Frente a esas columnas, el autoritarismo K no tendrá salida. Hasta ese momento, veremos diariamente escaramuzas en las que se irán desgastando las chances de recuperación nacional, costosas para muchos, al ritmo de las escatológicas ocurrencias del ex presidente y su señora. Pero en ese proceso de resurgimiento del espíritu público, de reorganización de las expresiones políticas de los argentinos para el nuevo tiempo y de preocupación y compromiso ciudadano con el país, estaremos edificando los cimientos de varias décadas de prosperidad iniciado tal vez con el hiato simbólico del Bicentenario.
Ricardo Lafferriere
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