Si por algo será recordado el período kirchnerista en la historia nacional, además de por su vocación destructora de la sociedad política, será sin dudas por su capacidad para presentar diariamente hechos que dejan estupefactos a quien desee observar el escenario con alguna vocación crítica.
La decisión de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros, de autoatribuirse el carácter de última instancia para decidir sobre la inconstitucionalidad de una norma está entre esos hechos. El sobreseimiento dictado por el Juez Oyarbide de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, es otro.
Pero si algunas superan toda capacidad de asombro de los ciudadanos, son las revelaciones que están saliendo a la luz en el caso del triple crímen de General Rodríguez.
La investigación es lenta, pero avanza. Y lo conocido ayer, con la detención de los autores materiales del horrendo hecho, establece un vínculo entre la mafia de medicamentos –que ya llevó a prisión a Juan José Zanola y puede alcanzar a muchos “sindicalistas” más- y con el lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El vínculo es Matías Lanatta, conocido por sus vinculaciones políticas con... el Sr. Jefe del Gabinete de Ministros, gestor oficioso de autorizaciones para portación de armas en el RENAR y ex funcionario de Aníbal Fernández en su paso por el gabinete de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Carlos Ruckauf.
Sebastián Forza, uno de los asesinados, había mantenido una conversación días antes de su asesinato con el periodista de investigación Christian Sanz. En ella, había confesado su vinculación con la red de comercialización de medicamentos falsificados, y la mecánica de lavado de dinero utilizado para aportar a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, relacionada con esa red. Aún se puede consultar hoy ese reportaje en la página del blog “Tribuna de Periodistas” (http://www.periodicotribuna.com.ar/5851-la-ultima-y-unica-entrevista-de-sebastian-forza.html).
El Ministro Fernández no puede continuar al frente de la Administración Nacional. Si recordamos el maremagnum generado por la designación de Ciro James en el personal del Ministerio de Educación de la Ciudad, fruto de una evidente e impiadosa operación de inteligencia para atacar el gobierno de Mauricio Macri –cuya renuncia el funcionario nacional llegó a pedir por radio y televisión-, y comparamos ese caso con el actual, parece el cuento de Blancanieves por su inocencia.
El Jefe de Gabinete, en cualquier país organizado, debería haber renunciado o sido cesanteado en el acto.
Pero ahí está. Es otro hecho que deja a los argentinos estupefactos.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 23 de diciembre de 2009
"Inusitada..."
"En mi país, un pequeño ahorrista de 16 mil dólares que los coloca en un pool de siembra obtiene una renta en 6 meses del 30 por ciento en dólares, una renta inusitada en el mundo actual", decía Cristina Fernández de Kirchner en Roma, el 3 de Junio de 2008, en oportunidad de asistir a la Cumbre de la FAO. Con esta afirmación pretendía justificar, en tono justiciero, su intento de aplicar las retenciones confisctorias al sector agrario. La información puede observarse en la edición “online” de Clarín al día siguiente en http://www.clarin.com/diario/2008/06/04/elpais/p-00601.htm. Es de suponer que los demás presidentes se habrían sorprendido de la denuncia de su colega argentina.
Esos mismos presidentes, al leer en estos días la noticia llegada desde ese lejano país –que es el nuestro-, se habrían sorprendido aún más, al observar que la funcionaria que realizara esta indignada denuncia habría obtenido una renta en su patrimonio personal del 158 % en un año, y que según la justicia argentina, ese incremento es legal...
Empresarios de todo el mundo seguramente estarán sorprendidos, buscando la forma de invertir en el mismo rubro para obtener una rentabilidad similar. Las Embajadas y Consulados debieran preparar sus carpetas y folletos, para aprovechar la extraordinaria situación comunicacional que genera esta publicidad sobre la potencialidad de una economía que permite esas tasas legales de rentabilidad.
Para cualquier duda o ampliación, puede contarse con el asesoramiento de la Consultora “El Chapel”, integrada por Máximo Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, especializada en operaciones de estas características. Y para la presentación de las declaraciones impositivas, el Contador Víctor Manzanares, asesorado por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puede completar los formularios y trámites siempre necesarios, con la seguridad del respaldo que le brindará, frente a cualquier situación inesperada, el Cuerpo de Contadores Oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los antecedentes que avalan su capacidad profesional y técnica se cuenta el de desempeñarse como Contador nada menos que de la familia que ha logrado la “pole position” en rentabilidad legal en la República Argentina.
...
Inusitada. Así es la patria de los argentinos en tiempos K.
...
¡Cómo no entender, ante semejantes éxitos, la obsesión de la familia presidencial por "profundizar el modelo"!
Ricardo Lafferriere
Esos mismos presidentes, al leer en estos días la noticia llegada desde ese lejano país –que es el nuestro-, se habrían sorprendido aún más, al observar que la funcionaria que realizara esta indignada denuncia habría obtenido una renta en su patrimonio personal del 158 % en un año, y que según la justicia argentina, ese incremento es legal...
Empresarios de todo el mundo seguramente estarán sorprendidos, buscando la forma de invertir en el mismo rubro para obtener una rentabilidad similar. Las Embajadas y Consulados debieran preparar sus carpetas y folletos, para aprovechar la extraordinaria situación comunicacional que genera esta publicidad sobre la potencialidad de una economía que permite esas tasas legales de rentabilidad.
Para cualquier duda o ampliación, puede contarse con el asesoramiento de la Consultora “El Chapel”, integrada por Máximo Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, especializada en operaciones de estas características. Y para la presentación de las declaraciones impositivas, el Contador Víctor Manzanares, asesorado por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puede completar los formularios y trámites siempre necesarios, con la seguridad del respaldo que le brindará, frente a cualquier situación inesperada, el Cuerpo de Contadores Oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los antecedentes que avalan su capacidad profesional y técnica se cuenta el de desempeñarse como Contador nada menos que de la familia que ha logrado la “pole position” en rentabilidad legal en la República Argentina.
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Inusitada. Así es la patria de los argentinos en tiempos K.
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¡Cómo no entender, ante semejantes éxitos, la obsesión de la familia presidencial por "profundizar el modelo"!
Ricardo Lafferriere
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Gobierno K: El irresistible atractivo de “transferir”
“La sedución por “transferir” del matrimonio K parece no tener límites. La lectura del artículo 7 de su proyecto (“Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias..”) deja abiertas todas las incógnitas.
Si de “transferir” se trata, mañana podríamos encontrarnos con otras leyes, que esta vez ordenaran “transferir” a la administración nacional los saldos positivos en cuenta corriente que existan en los bancos. O los saldos de depósitos a plazo fijo. O los títulos accionarios o valores depositados en bancos o Cajas de Seguridad. O –si se les despertara el atractivo por las operaciones inmobiliarias para las que al parecer son tan afectos en sus pagos- transferir al Ministerio de Infraestructura los títulos de propiedad de los edificios financiados con fideicomisos.... En realidad, no habría ninguna diferencia jurídica entre todas estas hipotéticas transferencias: son todos bienes ajenos “protegidos” por el derecho de propiedad del mismo valor legal y con la misma fuerza jurídica que los depósitos previsionales privados, que según el artículo 82, ley 24241, con la sobriedad de las leyes normales dispone que “El fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados...” En realidad, la administración K cumple el sueño de Al Capone: poder “transferir” a su patrimonio por su propia decisión, lo que se le ocurra que integre el patrimonio ajeno.”
Así expresábamos, en una nota publicada el 1 de noviembre de 2008 con el mismo título que ésta, nuestra sorpresa por el texto del proyecto –luego transformado en ley- por el cual Cristina Fernández disponía la confiscación de los ahorros previsionales privados para su libre disposición, bajo su exclusiva discrecionalidad.
El proyecto se aprobó, gracias al (¿ingenuo?) apoyo de socialistas, “progresistas” y algunos socios menores, que lo hicieron luego de “imponerle” a la mayoría una comisión de control que mantendría esos fondos a buen recaudo.
Ja. Logrado el objetivo, con esos recursos se comenzaron a financiar las ocurrencias presidenciales, sin debate ni control, rematando el futuro de los ahorristas previsionales, que terminaron siendo estafados por el kirchnerismo, un sector de la “oposición” y la vista cómplice de un Poder Judicial que deshonra su función.
No fue una “transferencia” excepcional. Se suman a las de los fondos del PAMI, de los fondos fiduciarios, de la AFIP, de la Lotería, y las propias “retenciones”. Pero en ese caso abrieron una ventana delictiva que trascendía a la simple reasignación de fondos públicos para avanzar sobre fondos ajenos.
Ahora hay de nuevo una “transferencia”. Esta vez, de recursos que no son del gobierno, como lo establece la ley vigente, sino del Banco Central, cuya función no es financiar al Estado sino custodiar el valor de la moneda, y cuyos recursos no son fiscales, de libre disponibilidad por el poder, sino de los argentinos que tienen pesos en sus bolsillos. Casi Siete mil millones de dólares son “transferidos” (sic) a la discrecionalidad presidencial. Sin controles, como los recursos de la ANSES.
Es curiosa la “positiva reacción” de algunos agentes económicos por la medida. Curiosa, pero explicable. Porque para ellos significa que cobrarán, aunque sea a cambio de agregar una gigantesca incertidumbre sobre la ya endeble credibilidad del país y no tienen por qué preocuparse si para pagarles, el deudor le roba a otro. Los acreedores cobrarán e incluso hasta el posible que le presten de nuevo: no son los responsables de velar por el futuro. El país habrá avanzado hacia el precipicio que implica vivir sin leyes, con el gobierno apropiándose alegremente de fondos ajenos, destrozando instituciones y oscureciendo aún más el horizonte. El efecto en las personas comunes de arrebatarle al Central esas reservas es debilitar la moneda. Los pesos que tenemos en el bolsillo valdrán menos. O dicho más crudamente, las cosas costarán más.
De sus viejos socios de andanzas, van quedando las hilachas. Y más quedarán luego de la vigencia, lograda también con su apoyo, de la ley de “reforma política” con la que el kirchnerismo quiere –una vez más, con una ley a su medida- lograr su eternización en el poder. Perdónese esta digresión, incluida en esta nota al sólo efecto de recordar lo que conlleva asociarse con delincuentes.
La medida –y todas las que de ahora en adelante se sancionen- no tendrán control judicial, porque la decisición de Aníbal Fernández autodeclarándose intérprete final de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales está adelantando que, por más sentencias adversas que tengan, no las obedecerán si no se les antoja. Los jubilados, en este sentido, también fueron los primeros en sufrir el desconocimiento estatal de sus derechos reconocidos, sin lograr que sentencias logradas luego de años de angustiosos procedimienos judiciales sean sencillamente ignoradas, como si no existieran. Son ilusos quienes creen que se trató de una decisón aislada o que obedecía a un problema sindical: abrió un camino, que sirve como antecedente para cualquier otro caso.
El irresistible atractivo de “transferir” va despejando el camino. La asociación ilícita ha logrado el sueño de cualquier banda delictiva: asumir la suma del poder para quedarse con todo lo ajeno que se le ocurra. Sin miedo al parlamento. Sin temor a la justicia. Sin control de la prensa.
Seguir considerando a ésto un “estado de derecho” merecedor de ser sostenido aún por dos años se parece cada vez más una ironía de Elisa Carrió. O a un patológico síndrome masoquista.
Ricardo Lafferriere
domingo, 13 de diciembre de 2009
Debate ministerial
Si algo faltaba para parecernos a Macondo, esa falencia la cubrió el ministro del Interior con su nota en La Nación del sábado, en la que cuestiona el artículo que Abel Posse redactara para dicho medio sin sospechar su designación ministerial y que éste publicara, curiosamente, el día que se conoció su nombramiento.
Quien esto escribe no ve el país de la misma forma que Abel Posse. Reconoce, sin embargo, que su vertiente jerárquica, nacionalista y nostálgica es tan respetable como la de quienes sentimos al país desde su urgencia democrática, cosmopolita, transformadora e inclusiva. Las diferencias que existen no pueden llevar, de ninguna foma, a su descalificación con algunos de los agravios mayores con que se cruzan las dialécticas agonales.
Posse no es nazi, ni fascista. Anotemos, sin embargo, que tampoco pareciera existir sintonía entre su nombre y trayectoria con el anunciado propósito del PRO de desatar una nueva política, que mire al futuro e incorpore a la gestión a jóvenes generaciones. Reemplaza a Nadorovsky, uno de los ministros más progresistas del gabinete porteño que cae víctima de una impiadosa operación de inteligencia evidentemente gestada desde la fuerza policial que comanda el Jefe de Gabinete del gobierno nacional.
A pesar de su innegable prestigio literario, el nuevo funcionario no pareciera seguir la línea del ministro cesante. Es un argentino que dice su visión y que refleja una forma de pensar con un dejo autoritario propio de gran cantidad de compatriotas, la mayoría de los cuales, curiosamente, se identifican políticamente con la misma fuerza -y dentro de ella a la misma vertiente ideológica- a la que pertenece y en la que ha militado toda su vida el propio Jefe de Gabinete de Ministros, ex Ministro del Interior. Que, dicho sea de paso, nos exhibe cotidianamente una fuerte dosis de rudimentaria intolerancia.
Justamente Aníbal Fernández. El mismo que no pasa un día sin destratar en forma guaranga a los opositores. El mismo que ha insultado repetidas veces, con la mayor grosería, a Elisa Carrió. El mismo que sin respetar el cargo que ocupa, descalifica al Jefe de Gobierno de Buenos Aires con calificativos de café de barrio. El mismo que se autoatribuye la condición de suprema instancia de la justicia, al decidir él sólo, por su (¿sano?) juicio, que una sentencia judicial es inconstitucional y que en consecuencia, no la acatará, ordenando a la Policía que no obedezca la orden directa de un Juez.
La afectación por el articulo de Posse, en boca del funcionario mencionado, suena justamente como lo que le achaca: el oportunismo más crudo. Busca la forma de quedar alineado con los sindicatos docentes, disimulando su pertenecia al gobierno que peor ha tratado a la educación desde que se recuperó la democracia, menemismo incluido. Los jóvenes argentinos, a seis años de gestión kirchnerista, han descendido a los escalones más bajos en el cotejo internacional y regional. La educación ha sido marginada de la agenda pública y sufre en forma directa el ahogo financiero extorsivo a que son sometidos los gobernadores para lograr su alineamiento con el poder central.
Los colegios públicos de excelencia han dejado de serlo, y hogares humildes recurren a los pocos ingresos que les quedan para conseguir una plaza en las instituciones privadas, ante el deterioro a que ha sido sometido el sistema educativo estatal. No es aventurado sostener que el crecimiento exponencial de la violencia cotidiana tiene sus raíces en la política educativa iniciada hace tres lustros, que se desentendió de las escuelas y colegios condenando a la exclusión a los niños de entonces, que hoy son los jóvenes sin futuro, horizontes ni valores. Gobierno al que pertenecía, en niveles inferiores, el funcionario que hoy dice horrorizarse por el diagnóstico de su compañero. Funcionario que, en todo caso, es el responsable de que los niños excluidos de hoy inexorablemente estén prefigurando la sociedad cada vez más violenta de los tiempos que vienen.
De eso debiera preocuparse el Jefe del Gabinete de Ministros, responsable de la administración del país, en lugar de dedicar su tiempo a frases que cree ingeniosas con las que piensa que deteriora a las oposiciones que, desde todos los ángulos de la amplia opinión nacional, reclaman o esperan que la democracia vuelva a regir en el país. También de eso deberá ocuparse el nuevo Ministro de Educación porteño.
La educación argentina no merece este nivel de debate. Ni los niños, ni los jóvenes, ni los docentes, ni los académicos. Ni los argentinos, que a diferencia de sus funcionarios, observan el despegue del mundo asentado en la incorporación al conocimiento de enormes contingentes de jóvenes de toda la geografía planetaria con los que tendrán que competir quienes quieran ser exitosos, o resignarse a ser el último vagón –en el mejor de los casos- o a la exclusión del futuro –si no reaccionamos a tiempo-.
Los argentinos que sufren estas peleas de “boliche” no piensan en los debates del siglo pasado a los que los convocan funcionarios sin noción de futuro: miran el rumbo del mundo en el siglo que vivimos, cuyas demandas tienen una densidad, una complejidad, una exigencia de tolerancia, respeto, excelencia y frescura intelectual que está –y eso les preocupa- en las antipodas de los toscos debates ministeriales.
Ricardo Lafferriere
Quien esto escribe no ve el país de la misma forma que Abel Posse. Reconoce, sin embargo, que su vertiente jerárquica, nacionalista y nostálgica es tan respetable como la de quienes sentimos al país desde su urgencia democrática, cosmopolita, transformadora e inclusiva. Las diferencias que existen no pueden llevar, de ninguna foma, a su descalificación con algunos de los agravios mayores con que se cruzan las dialécticas agonales.
Posse no es nazi, ni fascista. Anotemos, sin embargo, que tampoco pareciera existir sintonía entre su nombre y trayectoria con el anunciado propósito del PRO de desatar una nueva política, que mire al futuro e incorpore a la gestión a jóvenes generaciones. Reemplaza a Nadorovsky, uno de los ministros más progresistas del gabinete porteño que cae víctima de una impiadosa operación de inteligencia evidentemente gestada desde la fuerza policial que comanda el Jefe de Gabinete del gobierno nacional.
A pesar de su innegable prestigio literario, el nuevo funcionario no pareciera seguir la línea del ministro cesante. Es un argentino que dice su visión y que refleja una forma de pensar con un dejo autoritario propio de gran cantidad de compatriotas, la mayoría de los cuales, curiosamente, se identifican políticamente con la misma fuerza -y dentro de ella a la misma vertiente ideológica- a la que pertenece y en la que ha militado toda su vida el propio Jefe de Gabinete de Ministros, ex Ministro del Interior. Que, dicho sea de paso, nos exhibe cotidianamente una fuerte dosis de rudimentaria intolerancia.
Justamente Aníbal Fernández. El mismo que no pasa un día sin destratar en forma guaranga a los opositores. El mismo que ha insultado repetidas veces, con la mayor grosería, a Elisa Carrió. El mismo que sin respetar el cargo que ocupa, descalifica al Jefe de Gobierno de Buenos Aires con calificativos de café de barrio. El mismo que se autoatribuye la condición de suprema instancia de la justicia, al decidir él sólo, por su (¿sano?) juicio, que una sentencia judicial es inconstitucional y que en consecuencia, no la acatará, ordenando a la Policía que no obedezca la orden directa de un Juez.
La afectación por el articulo de Posse, en boca del funcionario mencionado, suena justamente como lo que le achaca: el oportunismo más crudo. Busca la forma de quedar alineado con los sindicatos docentes, disimulando su pertenecia al gobierno que peor ha tratado a la educación desde que se recuperó la democracia, menemismo incluido. Los jóvenes argentinos, a seis años de gestión kirchnerista, han descendido a los escalones más bajos en el cotejo internacional y regional. La educación ha sido marginada de la agenda pública y sufre en forma directa el ahogo financiero extorsivo a que son sometidos los gobernadores para lograr su alineamiento con el poder central.
Los colegios públicos de excelencia han dejado de serlo, y hogares humildes recurren a los pocos ingresos que les quedan para conseguir una plaza en las instituciones privadas, ante el deterioro a que ha sido sometido el sistema educativo estatal. No es aventurado sostener que el crecimiento exponencial de la violencia cotidiana tiene sus raíces en la política educativa iniciada hace tres lustros, que se desentendió de las escuelas y colegios condenando a la exclusión a los niños de entonces, que hoy son los jóvenes sin futuro, horizontes ni valores. Gobierno al que pertenecía, en niveles inferiores, el funcionario que hoy dice horrorizarse por el diagnóstico de su compañero. Funcionario que, en todo caso, es el responsable de que los niños excluidos de hoy inexorablemente estén prefigurando la sociedad cada vez más violenta de los tiempos que vienen.
De eso debiera preocuparse el Jefe del Gabinete de Ministros, responsable de la administración del país, en lugar de dedicar su tiempo a frases que cree ingeniosas con las que piensa que deteriora a las oposiciones que, desde todos los ángulos de la amplia opinión nacional, reclaman o esperan que la democracia vuelva a regir en el país. También de eso deberá ocuparse el nuevo Ministro de Educación porteño.
La educación argentina no merece este nivel de debate. Ni los niños, ni los jóvenes, ni los docentes, ni los académicos. Ni los argentinos, que a diferencia de sus funcionarios, observan el despegue del mundo asentado en la incorporación al conocimiento de enormes contingentes de jóvenes de toda la geografía planetaria con los que tendrán que competir quienes quieran ser exitosos, o resignarse a ser el último vagón –en el mejor de los casos- o a la exclusión del futuro –si no reaccionamos a tiempo-.
Los argentinos que sufren estas peleas de “boliche” no piensan en los debates del siglo pasado a los que los convocan funcionarios sin noción de futuro: miran el rumbo del mundo en el siglo que vivimos, cuyas demandas tienen una densidad, una complejidad, una exigencia de tolerancia, respeto, excelencia y frescura intelectual que está –y eso les preocupa- en las antipodas de los toscos debates ministeriales.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 9 de diciembre de 2009
10 de diciembre, al Rosedal
La reunión convocada por la Mesa de Enlace en el Rosedal debe ser la culminación de la fuerte expresión popular del 28 de junio.
Cierto: para mi gusto, hubiera sido lindo que las fuerzas políticas opositoras confluyeran orgánicamente allí. Pero de todos modos, estarán. En los corazones, la conciencia y la razón de quienes llegan de todo el país para renovar su decisión de sostener un país democrático y vivir en un estado de derecho.
Los miles de compatriotas que se reunirán el 10 de diciembre votaron todos, en su respectivo distrito, alguna expresión de resistencia, repudio, rechazo o diferencia con el régimen K. Pero también, de reafirmación democrática, de defensa de sus derechos ciudadanos, de reescribir los grandes equilibrios constitucionales entre los ciudadanos, las provincias y el Estado.
Los millones de argentinos que pusieron con su voto una barrera a la prepotencia, la soberbia y la anomia dirán que la calle no tiene dueño, sino que es de todos los argentinos.
La fecha está ya marcada a fuego en el sentimiento colectivo. El 10 de diciembre no es una fiesta partidaria. Le tocó a Alfonsín ser quien puso el hito iniciador, pero pertenece a todos.
Por supuesto que sería bueno que alguna vez los festejos del 10 de diciembre formaran parte oficialmente del calendario de las grandes fechas patrias, y fueran encabezados por la “plana mayor” del país, con sus máximas autoridades del gobierno, el parlamento y hasta la justicia, rodeadas de sus opositores, de los parlamentarios de todos los colores, de las fuerzas sociales y políticas, en fin, de la Nación entera. Desde todo el colorido de las diferencias, unidos férreamente en el marco de la Constitución y el estado de derecho.
Soñando con que ese momento alguna vez llegará, seguiremos festejándola quienes entendemos que la democracia es una lucha inacabada.
Este año, en el Rosedal.
Ricardo Lafferriere
Cierto: para mi gusto, hubiera sido lindo que las fuerzas políticas opositoras confluyeran orgánicamente allí. Pero de todos modos, estarán. En los corazones, la conciencia y la razón de quienes llegan de todo el país para renovar su decisión de sostener un país democrático y vivir en un estado de derecho.
Los miles de compatriotas que se reunirán el 10 de diciembre votaron todos, en su respectivo distrito, alguna expresión de resistencia, repudio, rechazo o diferencia con el régimen K. Pero también, de reafirmación democrática, de defensa de sus derechos ciudadanos, de reescribir los grandes equilibrios constitucionales entre los ciudadanos, las provincias y el Estado.
Los millones de argentinos que pusieron con su voto una barrera a la prepotencia, la soberbia y la anomia dirán que la calle no tiene dueño, sino que es de todos los argentinos.
La fecha está ya marcada a fuego en el sentimiento colectivo. El 10 de diciembre no es una fiesta partidaria. Le tocó a Alfonsín ser quien puso el hito iniciador, pero pertenece a todos.
Por supuesto que sería bueno que alguna vez los festejos del 10 de diciembre formaran parte oficialmente del calendario de las grandes fechas patrias, y fueran encabezados por la “plana mayor” del país, con sus máximas autoridades del gobierno, el parlamento y hasta la justicia, rodeadas de sus opositores, de los parlamentarios de todos los colores, de las fuerzas sociales y políticas, en fin, de la Nación entera. Desde todo el colorido de las diferencias, unidos férreamente en el marco de la Constitución y el estado de derecho.
Soñando con que ese momento alguna vez llegará, seguiremos festejándola quienes entendemos que la democracia es una lucha inacabada.
Este año, en el Rosedal.
Ricardo Lafferriere
lunes, 7 de diciembre de 2009
Circunstancial...
En un tono despectivo, cual si se refiriera al viejo apelativo de “gorilas” con que supieron alguna vez definir a sus opositores de mediados del siglo XX, el Ministro del Interior y el propio jefe de la bancada oficialista han descalificado a la mayoría de la Cámara de Diputados con el mote de “circunstancial”. No advirtieron, sin embargo, que las propias mayorías con que lograron en los últimos años la aprobación de leyes esotéricas acaban de mostrar, luego del recambio legislativo, su propio carácter de “circunstanciales”, frente a una realidad que ya cambió por decisión de los argentinos.
Pero por encima de la anécdota, no está de más focalizar la mirada en el episodio del 4 de diciembre para comprender lo que significa la discusión parlamentaria.
El parlamento debe reflejar –y de hecho refleja- el amplio colorido de las visiones existentes entre los argentinos sobre su vida en común. Refleja las prioridades que unos y otros dan a diferentes temas, las soluciones distintas que proponen, las aspiraciones que los mueven, los temores que los alertan y hasta los sueños que los ilusionan.
Las mayorías se forman cuando existen comunes denominadores que son capaces de unir, en una determinada coyuntura, a toda esa diversidad. Que es, justamente, lo que ocurrió.
¿Qué unió a los representantes del pueblo argentino en la histórica sesión del 3 de diciembre? ¿Qué logró vincular por un instante a los valores, las utopías, los sueños, los temores, las prioridades, de personas con visiones aparentemente tan disímiles?
La respuesta es clara: la decisión de civilizar la convivencia, de “meter la política en la Constitución”, de dialogar las diferencias, de superar el grito destemplado y la violencia.
Quienes votaron ejerciendo su mayoría no se abalanzaron tras el poder, con intenciones patrimonialistas o autoritarias. Por el contrario, reflejaron por un instante lo mejor de la Argentina histórica, probando que es posible unir esfuerzos sin renunciar a sus diferencias.
La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados mostró un Parlamento funcionando y marcó un viraje hacia el cambio del “ethos” político en el sentido reclamado por los argentinos: un país dialoguista, tolerante, plural, abierto, moderno.
Un país -quizás por eso- tan incomprensible para el Ministro del Interior, para el Jefe de la bancada oficialista, o para el propio jefe de ambos, que necesitan obsesivamente ver en esa imagen, soñada para todos los argentinos de bien, una mera situación circunstancial.
Ricardo Lafferriere
Pero por encima de la anécdota, no está de más focalizar la mirada en el episodio del 4 de diciembre para comprender lo que significa la discusión parlamentaria.
El parlamento debe reflejar –y de hecho refleja- el amplio colorido de las visiones existentes entre los argentinos sobre su vida en común. Refleja las prioridades que unos y otros dan a diferentes temas, las soluciones distintas que proponen, las aspiraciones que los mueven, los temores que los alertan y hasta los sueños que los ilusionan.
Las mayorías se forman cuando existen comunes denominadores que son capaces de unir, en una determinada coyuntura, a toda esa diversidad. Que es, justamente, lo que ocurrió.
¿Qué unió a los representantes del pueblo argentino en la histórica sesión del 3 de diciembre? ¿Qué logró vincular por un instante a los valores, las utopías, los sueños, los temores, las prioridades, de personas con visiones aparentemente tan disímiles?
La respuesta es clara: la decisión de civilizar la convivencia, de “meter la política en la Constitución”, de dialogar las diferencias, de superar el grito destemplado y la violencia.
Quienes votaron ejerciendo su mayoría no se abalanzaron tras el poder, con intenciones patrimonialistas o autoritarias. Por el contrario, reflejaron por un instante lo mejor de la Argentina histórica, probando que es posible unir esfuerzos sin renunciar a sus diferencias.
La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados mostró un Parlamento funcionando y marcó un viraje hacia el cambio del “ethos” político en el sentido reclamado por los argentinos: un país dialoguista, tolerante, plural, abierto, moderno.
Un país -quizás por eso- tan incomprensible para el Ministro del Interior, para el Jefe de la bancada oficialista, o para el propio jefe de ambos, que necesitan obsesivamente ver en esa imagen, soñada para todos los argentinos de bien, una mera situación circunstancial.
Ricardo Lafferriere
viernes, 4 de diciembre de 2009
Cómo empezar - Ejes para una estrategia de relanzamiento nacional
¿Qué es primero? ¿Cambiar el “ethos” político gestando un acuerdo amplio o recuperar un funcionamiento democrático? ¿Lograr el relanzamiento de la economía, o luchar contra la pobreza? ¿Priorizar la inversión pública en modernizar la infraestructura económica-productiva, o desatar una gigantesca movilización educativa?
“Primero, vivir. Después, filosofar”, dice el viejo aforismo aristotélico.
Está claro que quien se encuentra al borde de la propia subsistencia –como de hecho lo están miles de personas abandonadas de la preocupación pública- no puede abrir su reflexión a otra cosa que conseguir un plato de comida. Esa dramática realidad condiciona todas las decisiones públicas con un dejo de urgencia que, sin embargo, no puede abordarse sin enmarcarla en la reconstrucción del sistema de decisiones nacionales.
Los que siguen son una aproximación a la agenda urgente, que, sin embargo, sentaría las bases para el lanzamiento estratégico de la próxima etapa nacional.
1. Reconstruir la institución fundamental: la vigencia constitucional.
El país tiene experiencias, y las tiene el mundo: sólo la construcción de instituciones es compatible con la marcha exitosa de sociedades complejas, como es la nuestra. La existencia de instituciones permite asegurar en forma objetiva el entramado de las diferentes relaciones e intereses, liberando la potencialidad creadora para destinarla no ya a la defensa de la propia vida, libertad o propiedades, sino a gestar su superación, a resguardo de la discrecionalidad del poder.
La principal institución, que constituye el cimiento para todas las demás, es el orden constitucional y la reconstrucción de los equilibrios básicos previstos para los tres actores fundamentales de la vida política: los ciudadanos, las provincias y el Estado Nacional.
Los ciudadanos deben volver a constituirse en la base del sistema y su voluntad debe ser respetada en su pluralidad. No existe “gobernabilidad” virtuosa enfrentando la decisión de las mayorías. Si un gobierno legal pierde su mayoría propia, su obligación es reconstruirla en base a acuerdos políticos, tomando conciencia de los límites legales de su poder. Y cualquiera sea esa mayoría, no puede avanzar sobre los derechos ciudadanos, cuya vigencia es ajena a cualquier decisión del poder.
La ruptura de ese primer gran equilibrio se da por varias vías: la negación de las “libertades negativas” –las que protegen a las personas y a la sociedad frente a la discrecionalidad del poder-; la negación de las “libertades positivas” –las que obligan al Estado a construir el piso de ciudadanía garantizando la subsistencia y los bienes básicos, sin los cuales se somete a las personas a la pérdida total de su autonomía, base de la construcción ciudadana-; la pretensión de supremacía del poder por sobre las personas con el argumento de la “gobernabilidad” que invierte la pirámide del poder al concebir a las personas no ya como la base del sistema político, sino como simples objetos manipulables. El primer equilibrio, entre la sociedad y el Estado, debe entonces constituirse en el cimiento fundamental del relanzamiento argentino.
La ruptura del segundo equilibrio constitucional, entre las provincias y el estado central, provocó el país deformado. Su reconstrucción será el camino para invertir la concentración macrocefálica, base de gran parte de los males que azotan la convivencia actual. Los recursos nacionales absorbidos de todo el territorio, concentrados y asignados sin responder a normas, debates ni equilibrios objetivos, han sido otra gran columna del estancamiento y la decadencia. La reconstrucción del segundo gran equilibrio debe integrar el pacto básico de “renovación constituyente”.
Y el desconocimiento del tercer gran equilibrio, el de los poderes del Estado entre sí, que ha desaparecido en beneficio del poder administrador mediante el vaciamiento del Congreso y la subordinación de la justicia, ha terminado de romper las bases institucionales fundamentales, al incorporar la tremenda incertidumbre jurídica que es una valla decisiva contra cualquier decisión de inversión y, en consecuencia, contra la posibilidad de crecimiento.
Pero no sólo eso: al no contar con instituciones que garanticen sus derechos reconocidos legalmente, o sea al romperse el vínculo constitucional por negación de derechos, las personas quedan legitimadas para actuar por fuera de dicho orden. Un ejemplo claro es la libertad sindical, reconocida por la Constitución Nacional, reclamada por la Organización Internacional del Trabajo y reconocida por la Suprema Corte de Justicia, pero sin embargo, negada por la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo. Otra es la creciente autodefensa frente al delito, por parte de ciudadanos pacíficos que, sin embargo, son acorralados por una delincuencia que cuenta con la cómplice pasividad del poder. Otra es la aberrante situación de “limbo legal” a que son sometidos ciudadanos tomados como rehenes por una justicia adocenada, con el argumento de ser imputados de delitos de “lesa humanidad”, como si esa invocación autorizara a negarles sus derechos. Otra es la pobreza extrema que lleva a movilizarse en la calle, violando derechos de otros, o incluso hasta a delinquir para sobrevivir, por falta de cumplimiento por parte del poder de la obligación constitucional impuesta por el art. 14 bis de la Constitución. Los ciudadanos no sienten la obligación de un comportamiento acorde con las leyes, si por parte del poder no cuentan con el resguardo de sus derechos, al que los funcionarios están obligados por las mismas leyes.
El camino del relanzamiento necesita, en consecuencia, volver a encarrilar la convivencia en el marco constitucional. Para hacerlo, la confluencia de voluntades debe ser ampliamente mayoritaria y no bastará con un triunfo electoral o la invocación de una mayoría circunstancial. Ese paso es una especie de “renovación de compromiso constituyente” del que se desprenderá la decisión consciente de los argentinos de formar parte de una comunidad que convive en un territorio sobre la base de determinadas normas. La vigencia de todas esas normas no puede depender de la mayor simpatía o antipatía, afinidad o recelo que se sienta por cualquiera de ellas.
2. Ninguna corporación, grupo de interés o “estado de excepción” puede estar por encima de las normas legales.
Como se ha visto, la instalación de justificaciones excepcionales para violar los derechos de las personas, absorber o redistribuir fondos públicos o romper el equilibrio de los poderes del Estado, han marcado las ocho décadas de estancamiento y decadencia inciadas en 1930. El relanzamiento argentino requerirá proscribir definitivamente las argumentaciones basadas en “estados excepcionales” para tomar actitudes o asumir postestades que no sean las previstas en el pacto constituyente, o para invocar primacías de triste experiencia histórica (militares, sindicales, empresariales, partidarias).
3. Crear instituciones para la construcción del “piso de ciudadanía”.
La pérdida de la autonomía es la pérdida de la condición ciudadana, y la extrema pobreza es la mayor de las vulnerabilidades de la autonomía. El relanzamiento argentino requiere coincidir en el diseño y ejecución de instituciones que construyan ese piso, en forma normada, a fin de que la relación entre personas necesitadas y el ejercicio de sus derechos no requiera de mediaciones que tengan como contrapartida relaciones de subordinación o la pérdida de autonomía personal.
Esas instituciones deben comprender el piso de alimentación, de vivienda, de educación, de salud y de servicios públicos que sea compatible con su condición humana y la situación de la economía nacional.
4. Culminar la modernización constitucional de 1994 mediante la sanción de su norma más trascendente: la coparticipación federal de impuestos.
No existe país organizado contitucionalmente sin un régimen de finanzas públicas claro, objetivo, imparcial e independiente de la discrecionalidad de los funcionarios. La vigencia del federalismo, imprescindible para el relanzamiento argentino, está suspendida mientras esa ley no exista. Y sin federalismo no hay posibilidad de maximizar las potencialidades de un “país-continente” como lo es, por sus dimensiones, su historia, sus diferencias y su diversidad, la República Argentina. A su vez, la inexistencia de esa ley vacía los poderes locales delegando en la administración residente en la Capital –y en última instancia, en la decisión de una persona- obras que debieran ser decididas por los Municipios o las provincias, luego del correspondiente debate en los Concejos Municipales o en las Legislaturas.
El relanzamiento argentino sin ley de Coparticipación será un oximoron: es imposible.
5. Profesionalizar el Estado a fin de diseñar objetivos de mediano plazo en las áreas que lo requieran, especialmente en la preservación del ambiente, la matriz energética en todas sus etapas (desde generación hasta consumo), la vinculación de todas las regiones del país con comunicaciones y transporte y la provisión de servicios básicos a todos los ciudadanos cualquiera sea su lugar de residencia.
Los objetivos pautados deberían ser aprobados por amplio consenso, a fin de garantizar su continuidad aún frente a los cambios de administración. Esos planes deberán ser la guía para la implementación de las obras públicas nacionales, sea cual fuera el mecanismo de ejecución (privado, mixto o estatal), y esa ejecución debe ser trasparente con información accesible a todos los ciudadanos.
6. Superar definitivamente las heridas aún abiertas en la convivencia nacional por los enfrentamientos del siglo XX.
El relanzamiento argentino requiere cerrar definitivamente el procesamiento de nuestro pasado reciente –que ya no lo es tanto, a treinta años de los “años de plomo”-
Esa culminación definitiva debe realizarse sobre la base de la verdad, el carácter ecuánime de las responsabilidades por las lascerantes heridas del pasado, el perdón recíproco y el público compromiso de respeto a la normativa constitucional.
No pueden olvidarse actos que fueron conmocionantes, pero tampoco insistir en reabrir cotidianamente la persecusión a hechos que se ubicaron en otro contexto ni juzgar con los estándares actuales a autores de acciones que hoy serían repugnantes. En el siglo XXI los argentinos no estarían dispuestos a poner un manto de tolerancia a quien realice antentados terroristas provocando la muerte de inocentes o asesine a sangre fría a rivales sindicales o políticos, ni mucho menos a aceptar el remedio de los golpes contra un gobierno constitucional, el terrorismo de estado o la masacre de detenidos. Pero no era esa la situación cuando los hechos se produjeron.
El análisis crítico y la sanción de esos hechos fue votada en 1983 y fue impulsada por el primer turno democrático de acuerdo a esa voluntad política nacional, con el estado de opinión pública existente en esa etapa. Los argentinos optaron entonces entre la propuesta de separar las responsabilidades en tres niveles (“quienes planearon los hechos, quienes los ejecutaron y quienes se excedieron”), sostenida por Alfonsín y el radicalismo, por un lado; y quienes sostenían la vuelta de página aceptando la amplia “autoamnistía” dictada por el gobierno militar antes de su retiro, sostenida por Luder y todo el peronismo, por el otro. La primera alternativa obtuvo el respaldo del 52 % del electorado, la segunda el 40%. El 92 % de los argentinos decidieron, por una u otra vía, dar vuelta la página y empezar otra etapa. Y Alfonsín actuó así, disponiendo el envío a la justicia tanto a las cúpulas guerrilleras como a las Juntas Militares.
Mantener abierto y realimentado aquel enfrentamiento, utilizando el lascerante sufrimiento de la época con fines políticos aviesos agravados por la manipulación de la justicia penal y la sesgada atribución de culpas impide la confluencia de todos los argentinos en el desafío de emprender con el país una nueva etapa plenamente pacificados y liberados de lastres históricos.
7. Asumir la dimensión cosmopolita de la nueva agenda.
Hemos visto que pueden discutirse los grados o regularse el ritmo. Sin embargo, es imposible desarrollar una política exitosa negando la imbricación cosmopolita del nuevo momento mundial y de la Argentina en ese mundo.
Los argentinos deben “acoplarse” estrechamente al desarrollo global, aferrando firmemente el vagón nacional al tren del pujante y formidable desarrollo tecnológico, productivo, financiero, cultural y político del mundo global.
El “país aldea” terminó en 1853. El destino de la Argentina exitosa está unido a su vinculación exitosa con el mundo.
Esa vinculación no puede ser acrítica y neutra. Debe estar apoyada en una política consciente que potencie los vínculos positivos, la participación en los espacios de los que surge la normativa de la globalización, la extensión de la protección universal a los derechos humanos en todo el planeta con prioridad al principio de la “soberanía nacional”, la participación en cadenas productivas globales en los eslabones más rentables, la defensa del ambiente, el diseño de normas laborales universales que contengan la tendencia super-explotadora del capital, el disciplinamiento de los flujos financieros a organismos de gobernanza global que preserven la estabilidad y contengan la tendencia a la especulación desenfrenada, se integre a las iniciativas científico-técnicas internacionales (como el ITER) y vincule el sistema científico nacional con el sistema universal de generación de ciencia y tecnología.
Y a la vez, que también prevenga en la medida de lo posible los riesgos que se han instalado con la globalización: la proliferación de las redes de narcotráfico, el lavado de dinero, la violencia en la vida cotidiana, las complicidades locales con las redes delictivas globales, las carreras armamentistas especialmente en el plano regional y la inseguridad internacional.
...
Estas bases nos abrirían la puerta de una nueva etapa, así como el primer lanzamiento necesitó la sanción de la Constitución Nacional, dando origen a ocho décadas de éxito. Si la Argentina logra traspasar esa puerta, estará construyendo un nuevo ciclo de prosperidad. Podrá aspirar, en una generación, a encontrarse de nuevo en el grupo de los países exitosos. Será tema de otra nota.
Ricardo Lafferriere
“Primero, vivir. Después, filosofar”, dice el viejo aforismo aristotélico.
Está claro que quien se encuentra al borde de la propia subsistencia –como de hecho lo están miles de personas abandonadas de la preocupación pública- no puede abrir su reflexión a otra cosa que conseguir un plato de comida. Esa dramática realidad condiciona todas las decisiones públicas con un dejo de urgencia que, sin embargo, no puede abordarse sin enmarcarla en la reconstrucción del sistema de decisiones nacionales.
Los que siguen son una aproximación a la agenda urgente, que, sin embargo, sentaría las bases para el lanzamiento estratégico de la próxima etapa nacional.
1. Reconstruir la institución fundamental: la vigencia constitucional.
El país tiene experiencias, y las tiene el mundo: sólo la construcción de instituciones es compatible con la marcha exitosa de sociedades complejas, como es la nuestra. La existencia de instituciones permite asegurar en forma objetiva el entramado de las diferentes relaciones e intereses, liberando la potencialidad creadora para destinarla no ya a la defensa de la propia vida, libertad o propiedades, sino a gestar su superación, a resguardo de la discrecionalidad del poder.
La principal institución, que constituye el cimiento para todas las demás, es el orden constitucional y la reconstrucción de los equilibrios básicos previstos para los tres actores fundamentales de la vida política: los ciudadanos, las provincias y el Estado Nacional.
Los ciudadanos deben volver a constituirse en la base del sistema y su voluntad debe ser respetada en su pluralidad. No existe “gobernabilidad” virtuosa enfrentando la decisión de las mayorías. Si un gobierno legal pierde su mayoría propia, su obligación es reconstruirla en base a acuerdos políticos, tomando conciencia de los límites legales de su poder. Y cualquiera sea esa mayoría, no puede avanzar sobre los derechos ciudadanos, cuya vigencia es ajena a cualquier decisión del poder.
La ruptura de ese primer gran equilibrio se da por varias vías: la negación de las “libertades negativas” –las que protegen a las personas y a la sociedad frente a la discrecionalidad del poder-; la negación de las “libertades positivas” –las que obligan al Estado a construir el piso de ciudadanía garantizando la subsistencia y los bienes básicos, sin los cuales se somete a las personas a la pérdida total de su autonomía, base de la construcción ciudadana-; la pretensión de supremacía del poder por sobre las personas con el argumento de la “gobernabilidad” que invierte la pirámide del poder al concebir a las personas no ya como la base del sistema político, sino como simples objetos manipulables. El primer equilibrio, entre la sociedad y el Estado, debe entonces constituirse en el cimiento fundamental del relanzamiento argentino.
La ruptura del segundo equilibrio constitucional, entre las provincias y el estado central, provocó el país deformado. Su reconstrucción será el camino para invertir la concentración macrocefálica, base de gran parte de los males que azotan la convivencia actual. Los recursos nacionales absorbidos de todo el territorio, concentrados y asignados sin responder a normas, debates ni equilibrios objetivos, han sido otra gran columna del estancamiento y la decadencia. La reconstrucción del segundo gran equilibrio debe integrar el pacto básico de “renovación constituyente”.
Y el desconocimiento del tercer gran equilibrio, el de los poderes del Estado entre sí, que ha desaparecido en beneficio del poder administrador mediante el vaciamiento del Congreso y la subordinación de la justicia, ha terminado de romper las bases institucionales fundamentales, al incorporar la tremenda incertidumbre jurídica que es una valla decisiva contra cualquier decisión de inversión y, en consecuencia, contra la posibilidad de crecimiento.
Pero no sólo eso: al no contar con instituciones que garanticen sus derechos reconocidos legalmente, o sea al romperse el vínculo constitucional por negación de derechos, las personas quedan legitimadas para actuar por fuera de dicho orden. Un ejemplo claro es la libertad sindical, reconocida por la Constitución Nacional, reclamada por la Organización Internacional del Trabajo y reconocida por la Suprema Corte de Justicia, pero sin embargo, negada por la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo. Otra es la creciente autodefensa frente al delito, por parte de ciudadanos pacíficos que, sin embargo, son acorralados por una delincuencia que cuenta con la cómplice pasividad del poder. Otra es la aberrante situación de “limbo legal” a que son sometidos ciudadanos tomados como rehenes por una justicia adocenada, con el argumento de ser imputados de delitos de “lesa humanidad”, como si esa invocación autorizara a negarles sus derechos. Otra es la pobreza extrema que lleva a movilizarse en la calle, violando derechos de otros, o incluso hasta a delinquir para sobrevivir, por falta de cumplimiento por parte del poder de la obligación constitucional impuesta por el art. 14 bis de la Constitución. Los ciudadanos no sienten la obligación de un comportamiento acorde con las leyes, si por parte del poder no cuentan con el resguardo de sus derechos, al que los funcionarios están obligados por las mismas leyes.
El camino del relanzamiento necesita, en consecuencia, volver a encarrilar la convivencia en el marco constitucional. Para hacerlo, la confluencia de voluntades debe ser ampliamente mayoritaria y no bastará con un triunfo electoral o la invocación de una mayoría circunstancial. Ese paso es una especie de “renovación de compromiso constituyente” del que se desprenderá la decisión consciente de los argentinos de formar parte de una comunidad que convive en un territorio sobre la base de determinadas normas. La vigencia de todas esas normas no puede depender de la mayor simpatía o antipatía, afinidad o recelo que se sienta por cualquiera de ellas.
2. Ninguna corporación, grupo de interés o “estado de excepción” puede estar por encima de las normas legales.
Como se ha visto, la instalación de justificaciones excepcionales para violar los derechos de las personas, absorber o redistribuir fondos públicos o romper el equilibrio de los poderes del Estado, han marcado las ocho décadas de estancamiento y decadencia inciadas en 1930. El relanzamiento argentino requerirá proscribir definitivamente las argumentaciones basadas en “estados excepcionales” para tomar actitudes o asumir postestades que no sean las previstas en el pacto constituyente, o para invocar primacías de triste experiencia histórica (militares, sindicales, empresariales, partidarias).
3. Crear instituciones para la construcción del “piso de ciudadanía”.
La pérdida de la autonomía es la pérdida de la condición ciudadana, y la extrema pobreza es la mayor de las vulnerabilidades de la autonomía. El relanzamiento argentino requiere coincidir en el diseño y ejecución de instituciones que construyan ese piso, en forma normada, a fin de que la relación entre personas necesitadas y el ejercicio de sus derechos no requiera de mediaciones que tengan como contrapartida relaciones de subordinación o la pérdida de autonomía personal.
Esas instituciones deben comprender el piso de alimentación, de vivienda, de educación, de salud y de servicios públicos que sea compatible con su condición humana y la situación de la economía nacional.
4. Culminar la modernización constitucional de 1994 mediante la sanción de su norma más trascendente: la coparticipación federal de impuestos.
No existe país organizado contitucionalmente sin un régimen de finanzas públicas claro, objetivo, imparcial e independiente de la discrecionalidad de los funcionarios. La vigencia del federalismo, imprescindible para el relanzamiento argentino, está suspendida mientras esa ley no exista. Y sin federalismo no hay posibilidad de maximizar las potencialidades de un “país-continente” como lo es, por sus dimensiones, su historia, sus diferencias y su diversidad, la República Argentina. A su vez, la inexistencia de esa ley vacía los poderes locales delegando en la administración residente en la Capital –y en última instancia, en la decisión de una persona- obras que debieran ser decididas por los Municipios o las provincias, luego del correspondiente debate en los Concejos Municipales o en las Legislaturas.
El relanzamiento argentino sin ley de Coparticipación será un oximoron: es imposible.
5. Profesionalizar el Estado a fin de diseñar objetivos de mediano plazo en las áreas que lo requieran, especialmente en la preservación del ambiente, la matriz energética en todas sus etapas (desde generación hasta consumo), la vinculación de todas las regiones del país con comunicaciones y transporte y la provisión de servicios básicos a todos los ciudadanos cualquiera sea su lugar de residencia.
Los objetivos pautados deberían ser aprobados por amplio consenso, a fin de garantizar su continuidad aún frente a los cambios de administración. Esos planes deberán ser la guía para la implementación de las obras públicas nacionales, sea cual fuera el mecanismo de ejecución (privado, mixto o estatal), y esa ejecución debe ser trasparente con información accesible a todos los ciudadanos.
6. Superar definitivamente las heridas aún abiertas en la convivencia nacional por los enfrentamientos del siglo XX.
El relanzamiento argentino requiere cerrar definitivamente el procesamiento de nuestro pasado reciente –que ya no lo es tanto, a treinta años de los “años de plomo”-
Esa culminación definitiva debe realizarse sobre la base de la verdad, el carácter ecuánime de las responsabilidades por las lascerantes heridas del pasado, el perdón recíproco y el público compromiso de respeto a la normativa constitucional.
No pueden olvidarse actos que fueron conmocionantes, pero tampoco insistir en reabrir cotidianamente la persecusión a hechos que se ubicaron en otro contexto ni juzgar con los estándares actuales a autores de acciones que hoy serían repugnantes. En el siglo XXI los argentinos no estarían dispuestos a poner un manto de tolerancia a quien realice antentados terroristas provocando la muerte de inocentes o asesine a sangre fría a rivales sindicales o políticos, ni mucho menos a aceptar el remedio de los golpes contra un gobierno constitucional, el terrorismo de estado o la masacre de detenidos. Pero no era esa la situación cuando los hechos se produjeron.
El análisis crítico y la sanción de esos hechos fue votada en 1983 y fue impulsada por el primer turno democrático de acuerdo a esa voluntad política nacional, con el estado de opinión pública existente en esa etapa. Los argentinos optaron entonces entre la propuesta de separar las responsabilidades en tres niveles (“quienes planearon los hechos, quienes los ejecutaron y quienes se excedieron”), sostenida por Alfonsín y el radicalismo, por un lado; y quienes sostenían la vuelta de página aceptando la amplia “autoamnistía” dictada por el gobierno militar antes de su retiro, sostenida por Luder y todo el peronismo, por el otro. La primera alternativa obtuvo el respaldo del 52 % del electorado, la segunda el 40%. El 92 % de los argentinos decidieron, por una u otra vía, dar vuelta la página y empezar otra etapa. Y Alfonsín actuó así, disponiendo el envío a la justicia tanto a las cúpulas guerrilleras como a las Juntas Militares.
Mantener abierto y realimentado aquel enfrentamiento, utilizando el lascerante sufrimiento de la época con fines políticos aviesos agravados por la manipulación de la justicia penal y la sesgada atribución de culpas impide la confluencia de todos los argentinos en el desafío de emprender con el país una nueva etapa plenamente pacificados y liberados de lastres históricos.
7. Asumir la dimensión cosmopolita de la nueva agenda.
Hemos visto que pueden discutirse los grados o regularse el ritmo. Sin embargo, es imposible desarrollar una política exitosa negando la imbricación cosmopolita del nuevo momento mundial y de la Argentina en ese mundo.
Los argentinos deben “acoplarse” estrechamente al desarrollo global, aferrando firmemente el vagón nacional al tren del pujante y formidable desarrollo tecnológico, productivo, financiero, cultural y político del mundo global.
El “país aldea” terminó en 1853. El destino de la Argentina exitosa está unido a su vinculación exitosa con el mundo.
Esa vinculación no puede ser acrítica y neutra. Debe estar apoyada en una política consciente que potencie los vínculos positivos, la participación en los espacios de los que surge la normativa de la globalización, la extensión de la protección universal a los derechos humanos en todo el planeta con prioridad al principio de la “soberanía nacional”, la participación en cadenas productivas globales en los eslabones más rentables, la defensa del ambiente, el diseño de normas laborales universales que contengan la tendencia super-explotadora del capital, el disciplinamiento de los flujos financieros a organismos de gobernanza global que preserven la estabilidad y contengan la tendencia a la especulación desenfrenada, se integre a las iniciativas científico-técnicas internacionales (como el ITER) y vincule el sistema científico nacional con el sistema universal de generación de ciencia y tecnología.
Y a la vez, que también prevenga en la medida de lo posible los riesgos que se han instalado con la globalización: la proliferación de las redes de narcotráfico, el lavado de dinero, la violencia en la vida cotidiana, las complicidades locales con las redes delictivas globales, las carreras armamentistas especialmente en el plano regional y la inseguridad internacional.
...
Estas bases nos abrirían la puerta de una nueva etapa, así como el primer lanzamiento necesitó la sanción de la Constitución Nacional, dando origen a ocho décadas de éxito. Si la Argentina logra traspasar esa puerta, estará construyendo un nuevo ciclo de prosperidad. Podrá aspirar, en una generación, a encontrarse de nuevo en el grupo de los países exitosos. Será tema de otra nota.
Ricardo Lafferriere
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