“Estoy preocupada, sorprendida y dolida” por lo que le han hecho. “Realmente le brindamos todo nuestro apoyo.” Por supuesto que ésto "no significa inmiscuirse en asuntos internos españoles", declaró muy suelta de cuerpo la presidenta Fernández de Kirchner luego de entrevistarse con el Juez Garzón, sancionado por las autoridades judiciales máximas de España por intentar aplicar en ese país una ley inexistente. Cabría preguntarse qué hubiera ocurrido si Rodríguez Zapatero trajera su solidaridad con un Juez argentino sancionado por el Consejo de la Magistratura o la propia Corte Suprema.
“Einstein decía que un índicio de la locura es creer que con los mismo métodos se van a alcanzar resultados difrentes”, afirmó al ser consultada por las fuertes medidas económicas que su amigo Rodríguez Zapatero se ve obligado a tomar para compensar los serios desajustes que cometió en años anteriores, gastando por encima de las posibilidades de la economía española al punto de llevar su deuda pública a cerca de un billón de euros.
Estas dos primeras declaraciones indican la falta de percepción por parte de la presidenta argentina de los juicios críticos que ha producido su estilo confrontativo, que la lleva a sentirse en la obligación de opinar sobre cualquier cosa –incuso sobre lo que no sabe nada- en tono admonitorio. El aislamiento de la realidad le impide advertir que no está hablando en el “país Jardín de Infantes” creada por su “relato” voluntarista apoyado en las estadísticas que fabrica y las afirmaciones al vacío, sin debate ni cotejo con la prensa, sino en un país que practica la democracia con un nivel de calidad institucional alejado de los caprichos kirchneristas.
Pero eso no es todo. Luego de avalar en forma expresa las actitudes patoteriles de su Secretario de Comercio, prohibiendo por teléfono y sin ninguna resolución o norma escrita la compra de alimentos importados, declaró desahogadamente en España que “no hubo restricciones de ninguna manera” sobre esas importaciones y que no tenía conocimiento de las medidas restrictivas por las que se le preguntaba.
En este tema, las opciones son dos: o la señora presidenta vive en una burbuja y no conoce lo que pasa en su país, donde las medidas ocuparon durante la semana la tapa de todos los diarios –incluso los panfletariamente oficialistas- y noticieros de radio y televisión al punto que provocaron una presentación de todos los embajadores de la Unión Europea en el Congreso Nacional –primera vez en la historia que se da un acontecimiento de esta significación política-; o ha asumido el cinismo como conducta permanente, al negar lo evidente con plena conciencia de su falsedad.
Los argentinos hemos aprendido a no tomar en serio lo que dice, y no solemos ya escandalizarnos –y ni siquiera preocuparnos- por los inefables discursos presidenciales, que nadie escucha. Ocurre, sin embargo, que fuera de nuestras fronteras lo que dice un presidente suele ser escuchado y es percibido como medianamente serio. Quizás el Canciller debiera advertirle esto, para cuidar más su incontinencia opinadora, máxime cuando ya el mundo conoce el crecimiento de la pobreza, el desborde inflacionario, la reaparición de los déficits públicos y la renovada marcha del endeudamiento que fue la condena de Argentina en los últimos ochenta años, y es hoy impulsado a vela desplegada por la gestión de la inefable “maestra de Siruela”.
Y también comenta el inexplicable enriquecimiento de la sociedad conyugal presidencial, inversamente proporcional al crecimiento de los índices de pobreza de la población argentina.
Ricardo Lafferriere
lunes, 17 de mayo de 2010
sábado, 8 de mayo de 2010
Grecia... ¿igual a Argentina?
Como Argentina en los 90, Grecia vivió por encima de las posibilidades de su economía, financiando su gasto con una deuda a la que no podría hacer frente. Pero al igual que la Argentina actual, para atrapar acreedores incautos, se dedicó a falsificar sus estadísticas buscando mostrar que su economía es más grande de lo que efectivamente es y que sus desajustes son menores a los reales.
Lo que le pasa a Grecia, le pasó a la Argentina. Pero lo que le pasa a Grecia también le puede volver a pasar a la Argentina. En ambos casos, la obsesión de descuidar desde la inversión en infraestructura, la capacitación permanente de su gente para incrementar la productividad y la preservación de estructuras estatales incompatibles con una economía dinámica acompañados con un alegre endeudamiento público, diseñan la tormenta perfecta.
Por eso cuando la Presidenta identifica la crisis helénica con la que sufrió nuestro país a comienzos del siglo, asume un enfoque tan rudimentario como peligroso. Dice la mitad de la verdad y oculta la otra mitad, la que está dentro de su responsabilidad –ya que no puede actuarse sobre lo que pasó antes, pero sí podría sobre lo que es posible que pase-.
Pero eso no es todo. Al comparar las crisis, sólo observa las consecuencias, las que sufrió Argentina y hoy está sufriendo Grecia. Oculta que los “ajustes” son la consecuencia inexorable de los previos “desajustes”. Pronunciarse contra los “ajustes” pero, a la vez, proseguir alimentando la tensión de los “desajustes” como si éstos no existieran, es el mejor camino para reproducir la historia hacia ajustes controlados –que es lo mejor- o impuestos por la realidad –en forma cada vez más traumática-.
La Argentina en el 2001 fue golpeada por una crisis expresada a través de su deuda pública, que se hizo insostenible cuando la situación financiera internacional comenzó a mostrar escasez de crédito y los acreedores comenzaron a ser más exigentes al renovar sus activos. Pero el 2001 no salió de un repollo, sino de varios años previos de dislates hiperconsumistas a través del “súper-peso-dólar” por encima de la capacidad productiva del país, que financió esos dislates pidiendo prestado adentro y afuera. Como ahora.
Por supuesto que es políticamente muy difícil advertir esta situación a quien se encuentra en una situación económica dura y de pronto comienza a ver abundancia de créditos y plazos. Es políticamente más “correcto” dejar pasar las cosas para no aparecer malquistado con los compatriotas que sienten un alivio circunstancial a su pobreza. Pero esta corrección no inhibe la profunda inmoralidad que significa ocultar las consecuencias que acarreará el dispendio de lo que no se tiene y el creciente endeudamiento, que en algún momento mostrará su límite –como en el 2001 entre nosotros, como en Grecia hoy-.
El Euro es para Grecia lo que fue el dólar para la Argentina en nuestra crisis: un indicador del desfasaje. La ayuda de la Unión Europea a Grecia es la ayuda que la Argentina necesitó hace nueve años del FMI, y no la obtuvo –mandaba Bush...-
En ambos casos esa ayuda sólo significa un puente hacia la toma de conciencia de la propia realidad. Si llega, es una oportunidad que puede permitir pasar en limpio las posibilidades reales de la economía y dejar al descubierto las tareas necesarias para retomar el impulso al crecimiento, que en cada país tienen sus propias particularidades. Y si no llega, implica que lo que sí llegará son las fuerzas liberadas de la economía, que son lo más parecido a un fenómeno natural. Y en este sentido, la huelga general convocada por los sindicatos griegos –como el grito de guerra “que se vayan todos”, que tuvimos en el 2001- es como si los chilenos o los haitianos hicieran una huelga general para protestar por sus terremotos.
Esta reflexión está lejos de ser de “izquierda” o de “derecha”, como no lo es la decisión de Moreno de despedir mil empleados de la papelera Masuh como condición de su viabilidad, ni la decisión de Raúl Castro de convocar dramáticamente a un “segundo ajuste” de la economía cubana que incluye la reducción de plazas en las universidades, el cierre de comedores para los cubanos más necesitados y la eliminación de subsidios populares. O como no lo es la del parlamento griego de reformar su sistema de pensiones y reducir gastos estatales. Es que la economía, sea de izquierda o de derecha, usa las mismas matemáticas, en las que dos más dos son cuatro.
Grecia, entonces, significa por cierto un recordatorio sobre lo peligroso que es ignorar los límites, creer que se puede mentir indefinidamente, endeudarse por encima de las posibilidades –y además, para gastar en lugar de para invertir- o engañar con los números estadísticos, como el enfermo que prefiere ignorar la marca del termómetro.
Lo que está ocurriendo en Grecia, entonces, ciertamente tiene relación con lo que nos pasó en el 2001: conmociones sociales y hasta muertes por las protestas. Pero lo más grave es que lo que hizo Grecia para llegar a ésto tiene también una dramática similitud con lo que la Argentina de los Kirchner está haciendo hoy, y está anunciando lo que nos puede pasar mañana si no nos comportamos como un país con sentido común. Y en este sentido, con la experiencia a la vista, ni Cristina ni Néstor Kirchner podrán eximirse de su responsabilidad si llegara a haber de nuevo argentinos muertos en las calles.
Ricardo Lafferriere
Lo que le pasa a Grecia, le pasó a la Argentina. Pero lo que le pasa a Grecia también le puede volver a pasar a la Argentina. En ambos casos, la obsesión de descuidar desde la inversión en infraestructura, la capacitación permanente de su gente para incrementar la productividad y la preservación de estructuras estatales incompatibles con una economía dinámica acompañados con un alegre endeudamiento público, diseñan la tormenta perfecta.
Por eso cuando la Presidenta identifica la crisis helénica con la que sufrió nuestro país a comienzos del siglo, asume un enfoque tan rudimentario como peligroso. Dice la mitad de la verdad y oculta la otra mitad, la que está dentro de su responsabilidad –ya que no puede actuarse sobre lo que pasó antes, pero sí podría sobre lo que es posible que pase-.
Pero eso no es todo. Al comparar las crisis, sólo observa las consecuencias, las que sufrió Argentina y hoy está sufriendo Grecia. Oculta que los “ajustes” son la consecuencia inexorable de los previos “desajustes”. Pronunciarse contra los “ajustes” pero, a la vez, proseguir alimentando la tensión de los “desajustes” como si éstos no existieran, es el mejor camino para reproducir la historia hacia ajustes controlados –que es lo mejor- o impuestos por la realidad –en forma cada vez más traumática-.
La Argentina en el 2001 fue golpeada por una crisis expresada a través de su deuda pública, que se hizo insostenible cuando la situación financiera internacional comenzó a mostrar escasez de crédito y los acreedores comenzaron a ser más exigentes al renovar sus activos. Pero el 2001 no salió de un repollo, sino de varios años previos de dislates hiperconsumistas a través del “súper-peso-dólar” por encima de la capacidad productiva del país, que financió esos dislates pidiendo prestado adentro y afuera. Como ahora.
Por supuesto que es políticamente muy difícil advertir esta situación a quien se encuentra en una situación económica dura y de pronto comienza a ver abundancia de créditos y plazos. Es políticamente más “correcto” dejar pasar las cosas para no aparecer malquistado con los compatriotas que sienten un alivio circunstancial a su pobreza. Pero esta corrección no inhibe la profunda inmoralidad que significa ocultar las consecuencias que acarreará el dispendio de lo que no se tiene y el creciente endeudamiento, que en algún momento mostrará su límite –como en el 2001 entre nosotros, como en Grecia hoy-.
El Euro es para Grecia lo que fue el dólar para la Argentina en nuestra crisis: un indicador del desfasaje. La ayuda de la Unión Europea a Grecia es la ayuda que la Argentina necesitó hace nueve años del FMI, y no la obtuvo –mandaba Bush...-
En ambos casos esa ayuda sólo significa un puente hacia la toma de conciencia de la propia realidad. Si llega, es una oportunidad que puede permitir pasar en limpio las posibilidades reales de la economía y dejar al descubierto las tareas necesarias para retomar el impulso al crecimiento, que en cada país tienen sus propias particularidades. Y si no llega, implica que lo que sí llegará son las fuerzas liberadas de la economía, que son lo más parecido a un fenómeno natural. Y en este sentido, la huelga general convocada por los sindicatos griegos –como el grito de guerra “que se vayan todos”, que tuvimos en el 2001- es como si los chilenos o los haitianos hicieran una huelga general para protestar por sus terremotos.
Esta reflexión está lejos de ser de “izquierda” o de “derecha”, como no lo es la decisión de Moreno de despedir mil empleados de la papelera Masuh como condición de su viabilidad, ni la decisión de Raúl Castro de convocar dramáticamente a un “segundo ajuste” de la economía cubana que incluye la reducción de plazas en las universidades, el cierre de comedores para los cubanos más necesitados y la eliminación de subsidios populares. O como no lo es la del parlamento griego de reformar su sistema de pensiones y reducir gastos estatales. Es que la economía, sea de izquierda o de derecha, usa las mismas matemáticas, en las que dos más dos son cuatro.
Grecia, entonces, significa por cierto un recordatorio sobre lo peligroso que es ignorar los límites, creer que se puede mentir indefinidamente, endeudarse por encima de las posibilidades –y además, para gastar en lugar de para invertir- o engañar con los números estadísticos, como el enfermo que prefiere ignorar la marca del termómetro.
Lo que está ocurriendo en Grecia, entonces, ciertamente tiene relación con lo que nos pasó en el 2001: conmociones sociales y hasta muertes por las protestas. Pero lo más grave es que lo que hizo Grecia para llegar a ésto tiene también una dramática similitud con lo que la Argentina de los Kirchner está haciendo hoy, y está anunciando lo que nos puede pasar mañana si no nos comportamos como un país con sentido común. Y en este sentido, con la experiencia a la vista, ni Cristina ni Néstor Kirchner podrán eximirse de su responsabilidad si llegara a haber de nuevo argentinos muertos en las calles.
Ricardo Lafferriere
lunes, 3 de mayo de 2010
UNASUR
Para algunos es el “Ministerio de Colonias” de Brasil. Para otros, un foro más –de los tantos- que justifican el turismo político y las burocracias inútiles. Para los más optimistas, es una instancia de integración sudamericana. De ese organismo Néstor Kirchner acaba de ser designado Secretario General.
Impulsada por la diplomacia brasileña, la “Unión de Naciones Sudamericanas” tuvo desde el comienzo el objetivo de conformar un espacio de poder en el que el Brasil pudiera respaldarse para su ambición de convertirse en potencia global. En las reglas de juego de la política internacional, no está mal. Todos los países que se precien tienen su “espacio” de influencia destacada: los Estados Unidos tienen la OEA, España la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y en algún momento hasta nuestro país soñó con que ese espacio podría ser el desarrollo de la “Cuenca del Plata” o del propio Mercosur. Los demás convocados, un poco por cortesía y otro poco porque son espacios en los que pueden obtener alguna ventaja de la aspiración ajena, suelen concurrir. Siempre son fuentes de trabajo adicionales para la diplomacia y lugares en los que el entramado de las relaciones permite el intercambio de bienes, favores, apoyos o alineamientos en el múltiple colorido del escenario mundial actual.
En el caso del UNASUR, su inutilidad queda patentizado en disposiciones funcionales. Sus resoluciones deben ser tomadas “por consenso”(art. 13, párrafo 3) –para lo cual no se requiere contar con un organismo especial-. Es más: aún lograndose consenso sobre una medida o política, “los Estados miembros pueden eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, por tiempo definido o indefinido” (art. 13, párrafo 5), lo que hace inutil cualquier decisión. El financiamiento del organismo estará a cargo de los Estados parte, según su capacidad económica (art. 16). Al contar Brasil hoy con un PBI equivalente al doble de la totalidad de los demás países sudamericanos sumados, será el principal soporte, o sea, el principal decisor sobre la efectividad y vigencia de las medidas que se decidan. En otras palabras, será “el que mande”.
En caso de controversia entre los Estados Miembros, éstas deberán resolverse por “negociaciones directas” (art. 21) y si éstas no fueran resueltas, se elevarán al Consejo de “Delegados y Delegadas” (sic, ésta es la parte que le dejaron escribir a Cristina). Si las diferencias persistieren, se elevarán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración (art. 21). O sea: igual que si el organismo no existiera.
De acuerdo al articulado del Tratado, difícilmente podría imaginarse un organismo con menor ejecutividad, imperio legal u obligaciones contractuales para la decisión e impulso de políticas concretas. El simbolismo será su única virtualidad, y éste será dado por la respetabilidad de los funcionarios permanentes designados y el uso que decidan darle los países firmantes al “sello” del organismo.
En fin. La Argentina ha sido llevada por Kirchner y su esposa a un grado tal de aislamiento e insignificancia internacional que cualquier espacio que la tenga en cuenta debe ser ocupado, aunque no sirva para nada. Por supuesto, a condición de que ese espacio no conspire para incrementar su aislamiento, por falencias de fondo o forma en el desempeño del compatriota convocado.
Puede ser que el ex presidente aporte a la integración sudamericana. Sin embargo, los intereses argentinos sobre el tema no pasan por priorizar el alineamiento pro-brasileño, sino apuntar a un espacio mayor en el que participe México –cuya dimensión, trayectoria política y puerta de entrada al mayor mercado mundial son claves-; que esté firmemente alineado con los países responsables en incrementar la seguridad internacional y la paz –lo que no coincide con los lazos de Bolivia, ni con las fintas de Chavez y el propio Lula con el Irán nuclear y terrorista-; que refuerce la construcción de una comunidad mundial con mayores cuotas de democracia y normativas económicas homologables –objetivo al que la presidenta adhirió firmando el acuerdo de Londres del G-20, pero se niega a aceptar porque descubriría sus falsedades estadísticas- y en lo más cercano, priorice la región, habida cuenta de que los desafíos mayores pasan por la integración física con todos los países del entorno (el corte del Puente San Martín va para tres años...) y consiga de Brasil una apertura más franca de su mercado para las exportaciones nacionales.
La Argentina, mientras tanto, deberá reescribir su historia oficial de relación con nuestro gran vecino del que, como lo afirmara días atrás el inefable Franco Macri, -aunque “con tristeza” según sus palabras en la Revista La Nación del 2 de mayo- hoy por hoy, apenas somos “una provincia”. Quienes criticaron durante décadas la poco feliz frase del vicepresidente Roca en oportunidad de firmar el tratado con Gran Bretaña en 1933, cuando sostuvo que “desde el punto de vista económico, la Argentina debe ser considerada parte integrante del imperio británico” deberán rever sus lapidarios juicios, claro que esta vez cambiando “Roca” por “Kirchner”, “Runciman” por “Lula” e “Imperio Británico” por “Brasil”. Kirchner es ahora un nuevo funcionario de Lula, quién –como se deduce de su novedoso romance con Pepe Mujica y trascendió en los diferentes medios de prensa- fue el encargado de “destrabar” el veto oriental, a cambio de pasos menos simbólicos que un cargo inservible: la terminación de la interconexión eléctrica brasileño-uruguaya, la reconstrucción de la red ferroviaria de su país, la participación de Brasil en la construcción del puerto de aguas profundas de La Paloma, y el apoyo brasileño para la exlporación del subsuelo marino uruguayo en la búsqueda de hidrocarburos...
Por lo demás, todos contentos...
Como suele ocurrir en las aventuras kirchneristas, poco importan las formas. Entre ellas, una no menor es –como se ha dicho- que la Argentina no ha ratificado el tratado fundacional del UNASUR, por lo que no es socia de pleno derecho del organismo. Un ex presidente argentino está en la nebulosa situación de ocupar un puesto internacional de un organismo semiinexistente, cuyo ejercicio impone la obligación de tener “dedicación exclusiva” (art. 10), de residir en la sede del organismo, fijada en Quito y de ser financiado casi totalmente por Brasil. Cabía preguntarse si el Dr. Kirchner renunciaría a su función como presidente del Partido Justicialista, renunciaría a su banca testimonial de Diputado y se iría a vivir a Ecuador. En realidad, nadie podría imaginar al Secretario General de la ONU o de la OEA ocupando una banca legislativa en su país de origen, o presidiendo un partido político en disputa por el poder en uno de los países miembros...
Pero no. Ya consiguió que Ecuador le “ceda” la sede, no quiere abandonar su banca que le garantiza impunidad, y de dejar la presidencia del PJ, ni hablar. Como es su estilo, comienza su función burlando el tratado que no lo es sin que a nadie le preocupe. Mucho menos a su nuevo empleador, para el que las funciones internas de su novel empleado hasta pueden resultarle de utilidad. Vaya a saber...
Ricardo Lafferriere
Impulsada por la diplomacia brasileña, la “Unión de Naciones Sudamericanas” tuvo desde el comienzo el objetivo de conformar un espacio de poder en el que el Brasil pudiera respaldarse para su ambición de convertirse en potencia global. En las reglas de juego de la política internacional, no está mal. Todos los países que se precien tienen su “espacio” de influencia destacada: los Estados Unidos tienen la OEA, España la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y en algún momento hasta nuestro país soñó con que ese espacio podría ser el desarrollo de la “Cuenca del Plata” o del propio Mercosur. Los demás convocados, un poco por cortesía y otro poco porque son espacios en los que pueden obtener alguna ventaja de la aspiración ajena, suelen concurrir. Siempre son fuentes de trabajo adicionales para la diplomacia y lugares en los que el entramado de las relaciones permite el intercambio de bienes, favores, apoyos o alineamientos en el múltiple colorido del escenario mundial actual.
En el caso del UNASUR, su inutilidad queda patentizado en disposiciones funcionales. Sus resoluciones deben ser tomadas “por consenso”(art. 13, párrafo 3) –para lo cual no se requiere contar con un organismo especial-. Es más: aún lograndose consenso sobre una medida o política, “los Estados miembros pueden eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, por tiempo definido o indefinido” (art. 13, párrafo 5), lo que hace inutil cualquier decisión. El financiamiento del organismo estará a cargo de los Estados parte, según su capacidad económica (art. 16). Al contar Brasil hoy con un PBI equivalente al doble de la totalidad de los demás países sudamericanos sumados, será el principal soporte, o sea, el principal decisor sobre la efectividad y vigencia de las medidas que se decidan. En otras palabras, será “el que mande”.
En caso de controversia entre los Estados Miembros, éstas deberán resolverse por “negociaciones directas” (art. 21) y si éstas no fueran resueltas, se elevarán al Consejo de “Delegados y Delegadas” (sic, ésta es la parte que le dejaron escribir a Cristina). Si las diferencias persistieren, se elevarán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración (art. 21). O sea: igual que si el organismo no existiera.
De acuerdo al articulado del Tratado, difícilmente podría imaginarse un organismo con menor ejecutividad, imperio legal u obligaciones contractuales para la decisión e impulso de políticas concretas. El simbolismo será su única virtualidad, y éste será dado por la respetabilidad de los funcionarios permanentes designados y el uso que decidan darle los países firmantes al “sello” del organismo.
En fin. La Argentina ha sido llevada por Kirchner y su esposa a un grado tal de aislamiento e insignificancia internacional que cualquier espacio que la tenga en cuenta debe ser ocupado, aunque no sirva para nada. Por supuesto, a condición de que ese espacio no conspire para incrementar su aislamiento, por falencias de fondo o forma en el desempeño del compatriota convocado.
Puede ser que el ex presidente aporte a la integración sudamericana. Sin embargo, los intereses argentinos sobre el tema no pasan por priorizar el alineamiento pro-brasileño, sino apuntar a un espacio mayor en el que participe México –cuya dimensión, trayectoria política y puerta de entrada al mayor mercado mundial son claves-; que esté firmemente alineado con los países responsables en incrementar la seguridad internacional y la paz –lo que no coincide con los lazos de Bolivia, ni con las fintas de Chavez y el propio Lula con el Irán nuclear y terrorista-; que refuerce la construcción de una comunidad mundial con mayores cuotas de democracia y normativas económicas homologables –objetivo al que la presidenta adhirió firmando el acuerdo de Londres del G-20, pero se niega a aceptar porque descubriría sus falsedades estadísticas- y en lo más cercano, priorice la región, habida cuenta de que los desafíos mayores pasan por la integración física con todos los países del entorno (el corte del Puente San Martín va para tres años...) y consiga de Brasil una apertura más franca de su mercado para las exportaciones nacionales.
La Argentina, mientras tanto, deberá reescribir su historia oficial de relación con nuestro gran vecino del que, como lo afirmara días atrás el inefable Franco Macri, -aunque “con tristeza” según sus palabras en la Revista La Nación del 2 de mayo- hoy por hoy, apenas somos “una provincia”. Quienes criticaron durante décadas la poco feliz frase del vicepresidente Roca en oportunidad de firmar el tratado con Gran Bretaña en 1933, cuando sostuvo que “desde el punto de vista económico, la Argentina debe ser considerada parte integrante del imperio británico” deberán rever sus lapidarios juicios, claro que esta vez cambiando “Roca” por “Kirchner”, “Runciman” por “Lula” e “Imperio Británico” por “Brasil”. Kirchner es ahora un nuevo funcionario de Lula, quién –como se deduce de su novedoso romance con Pepe Mujica y trascendió en los diferentes medios de prensa- fue el encargado de “destrabar” el veto oriental, a cambio de pasos menos simbólicos que un cargo inservible: la terminación de la interconexión eléctrica brasileño-uruguaya, la reconstrucción de la red ferroviaria de su país, la participación de Brasil en la construcción del puerto de aguas profundas de La Paloma, y el apoyo brasileño para la exlporación del subsuelo marino uruguayo en la búsqueda de hidrocarburos...
Por lo demás, todos contentos...
Como suele ocurrir en las aventuras kirchneristas, poco importan las formas. Entre ellas, una no menor es –como se ha dicho- que la Argentina no ha ratificado el tratado fundacional del UNASUR, por lo que no es socia de pleno derecho del organismo. Un ex presidente argentino está en la nebulosa situación de ocupar un puesto internacional de un organismo semiinexistente, cuyo ejercicio impone la obligación de tener “dedicación exclusiva” (art. 10), de residir en la sede del organismo, fijada en Quito y de ser financiado casi totalmente por Brasil. Cabía preguntarse si el Dr. Kirchner renunciaría a su función como presidente del Partido Justicialista, renunciaría a su banca testimonial de Diputado y se iría a vivir a Ecuador. En realidad, nadie podría imaginar al Secretario General de la ONU o de la OEA ocupando una banca legislativa en su país de origen, o presidiendo un partido político en disputa por el poder en uno de los países miembros...
Pero no. Ya consiguió que Ecuador le “ceda” la sede, no quiere abandonar su banca que le garantiza impunidad, y de dejar la presidencia del PJ, ni hablar. Como es su estilo, comienza su función burlando el tratado que no lo es sin que a nadie le preocupe. Mucho menos a su nuevo empleador, para el que las funciones internas de su novel empleado hasta pueden resultarle de utilidad. Vaya a saber...
Ricardo Lafferriere
viernes, 30 de abril de 2010
El juicio de Bonafini
“Culpables de traición al pueblo de la Nación Argentina”, sentenció la jueza Bonafini al culminar la parodia realizada el jueves 29 de abril, casualmente “día del animal”, en la Plaza de Mayo.
La traición no es un delito menor. Nuestro Código Penal lo sanciona con una pena de prisión perpetua (artículo 215), la máxima establecida por la ley argentina luego de la derogación de la pena de muerte.
El grotesco de Bonafini no es inocente. Aunque para algunos no signifique mucho más que otro dislate de un grupo de desequilibrados, no es posible olvidar que con un hecho como éste, hace cuarenta años, se inició el período más sangriento de la Argentina, que culminaía con los años de plomo cuyos coletazos aún condicionan la convivencia nacional.
“Culpable” fue, en efecto, la “sentencia” que recibió de un tribunal como el de Bonafini el Gral. Pedro E. Aramburu, secuestrado por los Montoneros el 20 de mayo de 1970. Fernando Abal Medina asume el rol de verdugo y ejecuta vilmente al militar secuestrado, sembrando con este hecho la semilla que acompañaría la intolerancia y los enfrentamientos durante más de dos décadas.
Luego “ejecutarían” al Dr. Arturo Mor Roig, dirigente radical de origen balbinista que se había incorporado a la etapa de retirada del gobierno militar de entonces con el acuerdo de todo el arco político democrático para garantizar la limpieza del proceso electoral. Y luego a José Ignacio Rucci, dirigente gremial peronista acusado de ser el brazo gremial del propio Perón.
Quienes fuimos protagonistas de entonces en las filas radicales luchamos duramente contra estas actitudes criminales, deformaciones inmorales de la lucha política. Debimos enfrentar la incomprensión del gobierno militar, obsesionado contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular, y de los Montoneros, curiosamente también obsesionados contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular. De los primeros sufrimos los crímenes alevosos de Sergio Karacachoff, Mario Amaya, Rodríguez Araya, el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen y muchos más, exilados y detenidos sin juicio ni derechos. De los segundos, los cadenazos en las Facultades y la acusación de hacer causa común con sus “enemigos”, con todo lo que implicaba en esos momentos para la seguridad personal.
La bandera de las “elecciones libres” fueron abriéndose paso y creando un espacio que arrinconó a ambas posiciones intolerantes. El primer turno democrático (1973) no nos había sido exitoso, y terminó con el baño de sangre escalado en 1974 por la batalla campal entre la triple A de López Rega, Isabel y algunos dicen que el propio Perón frente a los Montoneros y otros grupos armados, convertidos en un verdadero ejército insurgente.
Pero el segundo turno el pueblo argentino ya había encarnado su visceral rechazo a las formas violentas y abrió el camino en 1983, masivamente, a la propuesta de la vida y la paz, convertido en el gigantesco torrente democrático liderado por Raúl Alfonsín. El decreto ordenando a los fiscales la instrucción de causa a las Juntas Militares y a las conducciones montoneras fue el testimonio de esa orientación. Hacia atrás, la justicia. Hacia adelante, la política. Y en la práctica de ésta, el diálogo para construir consensos nacionales, de cara al futuro. La renovación peronista acompañó este proceso y estuvimos cerca de lograr el éxito, frustrado finalmente por las presiones corporativas de formaciones gremiales, empresariales y hasta políticas que no imaginaban un país sin populismo.
Mucho agua corrió bajo el puente. El proceso argentino, que tuviera similitudes con el chileno y el uruguayo, abrió el camino de la restauración democrática en forma ejemplar. A pesar de conmociones que pusieron en vilo esta reconstrucción, fue imponiéndose la idea de dar vuelta la página en términos políticos para discutir el futuro, dejando el procesamiento el pasado en manos de la justicia y de la historia, como hicieron todos los países del mundo que atravesaron períodos parecidos, entendiendo que la verdad y la reconciliación eran las únicas bases posibles para reiniciar la marcha y no repetir la historia. Nuestros vecinos siguieron ese camino, y muestran sus éxitos. Nosotros nos empantanamos en el cambio de siglo, incitando irresponsablemente a revivir el pasado.
Nuevamente, como hace cuatro décadas, comenzamos a asistir a hechos grotescos de intolerancia y violencia, que no son aislados.
Los ataques mediante afiches anónimos al Vicepresidente de la Nación y a prestigiosos periodistas, las agresiones en la Feria del Libro a quienes ejercen su derecho nada menos que de “publicar sus ideas sin censura previa” y esta parodia grotesca que contó con el beneplácito del gobierno nacional y hasta la participación de uno de sus funcionarios pretenden reiniciar un proceso como el que ya vivimos y que no queremos que vuelva “Nunca más”.
Hay que destacar, sin embargo, una diferencia que no es menor. En 1970, los criminales que comenzaron el proceso sangriento pudieron generar una expectativa tras la que arrastraron gran parte de la juventud argentina. En 2010, los argentinos ya hemos experimentado cómo termina esto. Y la bufona disfrazada de jueza no genera adhesiones sino apenas más vergüenza ajena, deja en ridículo a quienes la rodean y se aisla cada vez más de una sociedad harta de conflictos, enfrentamientos e intolerancia.
Ricardo Lafferriere
La traición no es un delito menor. Nuestro Código Penal lo sanciona con una pena de prisión perpetua (artículo 215), la máxima establecida por la ley argentina luego de la derogación de la pena de muerte.
El grotesco de Bonafini no es inocente. Aunque para algunos no signifique mucho más que otro dislate de un grupo de desequilibrados, no es posible olvidar que con un hecho como éste, hace cuarenta años, se inició el período más sangriento de la Argentina, que culminaía con los años de plomo cuyos coletazos aún condicionan la convivencia nacional.
“Culpable” fue, en efecto, la “sentencia” que recibió de un tribunal como el de Bonafini el Gral. Pedro E. Aramburu, secuestrado por los Montoneros el 20 de mayo de 1970. Fernando Abal Medina asume el rol de verdugo y ejecuta vilmente al militar secuestrado, sembrando con este hecho la semilla que acompañaría la intolerancia y los enfrentamientos durante más de dos décadas.
Luego “ejecutarían” al Dr. Arturo Mor Roig, dirigente radical de origen balbinista que se había incorporado a la etapa de retirada del gobierno militar de entonces con el acuerdo de todo el arco político democrático para garantizar la limpieza del proceso electoral. Y luego a José Ignacio Rucci, dirigente gremial peronista acusado de ser el brazo gremial del propio Perón.
Quienes fuimos protagonistas de entonces en las filas radicales luchamos duramente contra estas actitudes criminales, deformaciones inmorales de la lucha política. Debimos enfrentar la incomprensión del gobierno militar, obsesionado contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular, y de los Montoneros, curiosamente también obsesionados contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular. De los primeros sufrimos los crímenes alevosos de Sergio Karacachoff, Mario Amaya, Rodríguez Araya, el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen y muchos más, exilados y detenidos sin juicio ni derechos. De los segundos, los cadenazos en las Facultades y la acusación de hacer causa común con sus “enemigos”, con todo lo que implicaba en esos momentos para la seguridad personal.
La bandera de las “elecciones libres” fueron abriéndose paso y creando un espacio que arrinconó a ambas posiciones intolerantes. El primer turno democrático (1973) no nos había sido exitoso, y terminó con el baño de sangre escalado en 1974 por la batalla campal entre la triple A de López Rega, Isabel y algunos dicen que el propio Perón frente a los Montoneros y otros grupos armados, convertidos en un verdadero ejército insurgente.
Pero el segundo turno el pueblo argentino ya había encarnado su visceral rechazo a las formas violentas y abrió el camino en 1983, masivamente, a la propuesta de la vida y la paz, convertido en el gigantesco torrente democrático liderado por Raúl Alfonsín. El decreto ordenando a los fiscales la instrucción de causa a las Juntas Militares y a las conducciones montoneras fue el testimonio de esa orientación. Hacia atrás, la justicia. Hacia adelante, la política. Y en la práctica de ésta, el diálogo para construir consensos nacionales, de cara al futuro. La renovación peronista acompañó este proceso y estuvimos cerca de lograr el éxito, frustrado finalmente por las presiones corporativas de formaciones gremiales, empresariales y hasta políticas que no imaginaban un país sin populismo.
Mucho agua corrió bajo el puente. El proceso argentino, que tuviera similitudes con el chileno y el uruguayo, abrió el camino de la restauración democrática en forma ejemplar. A pesar de conmociones que pusieron en vilo esta reconstrucción, fue imponiéndose la idea de dar vuelta la página en términos políticos para discutir el futuro, dejando el procesamiento el pasado en manos de la justicia y de la historia, como hicieron todos los países del mundo que atravesaron períodos parecidos, entendiendo que la verdad y la reconciliación eran las únicas bases posibles para reiniciar la marcha y no repetir la historia. Nuestros vecinos siguieron ese camino, y muestran sus éxitos. Nosotros nos empantanamos en el cambio de siglo, incitando irresponsablemente a revivir el pasado.
Nuevamente, como hace cuatro décadas, comenzamos a asistir a hechos grotescos de intolerancia y violencia, que no son aislados.
Los ataques mediante afiches anónimos al Vicepresidente de la Nación y a prestigiosos periodistas, las agresiones en la Feria del Libro a quienes ejercen su derecho nada menos que de “publicar sus ideas sin censura previa” y esta parodia grotesca que contó con el beneplácito del gobierno nacional y hasta la participación de uno de sus funcionarios pretenden reiniciar un proceso como el que ya vivimos y que no queremos que vuelva “Nunca más”.
Hay que destacar, sin embargo, una diferencia que no es menor. En 1970, los criminales que comenzaron el proceso sangriento pudieron generar una expectativa tras la que arrastraron gran parte de la juventud argentina. En 2010, los argentinos ya hemos experimentado cómo termina esto. Y la bufona disfrazada de jueza no genera adhesiones sino apenas más vergüenza ajena, deja en ridículo a quienes la rodean y se aisla cada vez más de una sociedad harta de conflictos, enfrentamientos e intolerancia.
Ricardo Lafferriere
jueves, 22 de abril de 2010
Frente a la ofensiva golpista, templanza y justicia
En forma abierta y desembozada, con la tolerancia –y complicidad- del gobierno, se está destando una ofensiva golpista contra el orden institucional argentino persiguiendo la destitución del Vicepresidente de la Nación.
Desde la recuperación democrática el país vivió varios momentos duros. Sin embargo, nunca había atravesado hasta hoy una situación que transita por el borde de la ruptura institucional, mediante la presión por parte de uno de los poderes del Estado contra uno de los funcionarios constitucionales electos de mayor jerarquía.
Quienes impulsan esta ofensiva se colocan al margen del orden institucional y violan expresas normas legales. No lo pueden hacer siquiera en nombre de la mayoría, ya que tanto el pronunciamiento electoral último como las muestras de opinión imparciales muestran que las tres cuartas partes de los argentinos desaprueban la gestión del equipo gobernante, que motoriza la convocatoria golpista. Sin embargo, ese 75 % de argentinos jamás impulsaría la destitución de la presidenta, a pesar de su evidente incapacidad de gobierno. Y gran parte del otro 25 % que respalda al gobierno, seguramente tampoco avalan un dislate que nos coloca al borde del caos.
La democracia está hoy siendo puesta a prueba Las minorías violentas que desatan esta ofensiva marchan a contramano de la vocación democrática de los argentinos, de su decisión de convivir en paz, de su reclamo de vigencia de la ley, de su aspiración de justicia independiente e imparcial que alcance a todos.
El Vicepresidente de la Nación no sólo tiene legitimidad de origen, al haber sido electo por la misma cantidad de argentinos que la presidenta, sino que tiene hoy un respaldo de los ciudadanos abrumadoramente superior al de la propia jefa de gobierno. Quienes piden su remoción no tienen autoridad legal, justificaciones éticas ni condiciones políticas de solicitarlo.
El orden constitucional ofrece una vía para cualquier ciudadano que considere que se cumplen las condiciones para su remoción: el pedido de juicio político. Ni los actos amañados, ni los gritos desaforados, ni las presiones mafiosas al funcionario y sus familiares, ni los libelos fraguados deben afectar la templanza y la entereza política de un hombre que los argentinos han elegido para cumplir una función constitucional, en cuyo correcto ejercicio se ven reflejados.
La permanencia de Julio Cobos en el cargo que inviste es una decisión que ni siquiera le compete a él, sino al pueblo al que se debe y a la Constitución que juró cumplir. El gobierno nacional debe cesar de inmediato su incitación golpista y la justicia debe proceder aplicando la ley de defensa de la democracia a quien convoque a la violación de sus normas o exalte la presión a los funcionarios para forzarlos a tomar decisiones sin libertad de conciencia.
Ricardo Lafferriere
Desde la recuperación democrática el país vivió varios momentos duros. Sin embargo, nunca había atravesado hasta hoy una situación que transita por el borde de la ruptura institucional, mediante la presión por parte de uno de los poderes del Estado contra uno de los funcionarios constitucionales electos de mayor jerarquía.
Quienes impulsan esta ofensiva se colocan al margen del orden institucional y violan expresas normas legales. No lo pueden hacer siquiera en nombre de la mayoría, ya que tanto el pronunciamiento electoral último como las muestras de opinión imparciales muestran que las tres cuartas partes de los argentinos desaprueban la gestión del equipo gobernante, que motoriza la convocatoria golpista. Sin embargo, ese 75 % de argentinos jamás impulsaría la destitución de la presidenta, a pesar de su evidente incapacidad de gobierno. Y gran parte del otro 25 % que respalda al gobierno, seguramente tampoco avalan un dislate que nos coloca al borde del caos.
La democracia está hoy siendo puesta a prueba Las minorías violentas que desatan esta ofensiva marchan a contramano de la vocación democrática de los argentinos, de su decisión de convivir en paz, de su reclamo de vigencia de la ley, de su aspiración de justicia independiente e imparcial que alcance a todos.
El Vicepresidente de la Nación no sólo tiene legitimidad de origen, al haber sido electo por la misma cantidad de argentinos que la presidenta, sino que tiene hoy un respaldo de los ciudadanos abrumadoramente superior al de la propia jefa de gobierno. Quienes piden su remoción no tienen autoridad legal, justificaciones éticas ni condiciones políticas de solicitarlo.
El orden constitucional ofrece una vía para cualquier ciudadano que considere que se cumplen las condiciones para su remoción: el pedido de juicio político. Ni los actos amañados, ni los gritos desaforados, ni las presiones mafiosas al funcionario y sus familiares, ni los libelos fraguados deben afectar la templanza y la entereza política de un hombre que los argentinos han elegido para cumplir una función constitucional, en cuyo correcto ejercicio se ven reflejados.
La permanencia de Julio Cobos en el cargo que inviste es una decisión que ni siquiera le compete a él, sino al pueblo al que se debe y a la Constitución que juró cumplir. El gobierno nacional debe cesar de inmediato su incitación golpista y la justicia debe proceder aplicando la ley de defensa de la democracia a quien convoque a la violación de sus normas o exalte la presión a los funcionarios para forzarlos a tomar decisiones sin libertad de conciencia.
Ricardo Lafferriere
lunes, 19 de abril de 2010
Bicentenario diferente
La presidenta ha viajado a Caracas, para participar de los festejos del Bicentenario de la independencia venezolana. Será la única oradora ante la Asamblea Nacional, además del presidente Chavez.
Se encontrará allí con un bicentenario diferente. No verá “madres de Plaza de Mayo” reclamando por los crímenes ocuridos décadas atrás ni grupos piqueteros anarquizados protestando por la –descomunal- inflación venezolana. No escuchará el eco de las políticas de género ni reivindicaciones de casamientos entre personas del mismo sexo. No se encontrará con debates sobre el aborto, o los derechos de los homosexuales. En la militarizada sociedad venezolana no florecen las preocupaciones de la posmodernidad, como –a pesar de todo- sí lo hacen en la Argentina.
Un desfile militar gigantesco, al que se suman las milicias bolivarianas con jóvenes armados, será el marco monumental de la recordación, en una sociedad crispada hasta el límite en la que su presidente ha llamado a sus milicias a “tomar todo el poder”.
Curiosamente, el 19 de abril de 1810 –fecha en la que se conmemora en Venezuela el inicio del proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811-, la gesta fue civil, sin ninguna participación militar. El Cabildo destituyó al Capital General Vicente Emparan, designado por las autoridades napoleónicas que habían tomado España como “Capitán General de Venezuela”. Antes de viajar, retornando a su lealtad hispánica, había jurado fidelidad al rey cautivo Fernando VII y sido ratificado por la Junta Suprema Central a pesar del origen de su nombramiento. Al hacerse cargo, reprimió varios intentos de sublevación hasta que, al conocerse en Venezuela la caída de la Junta Central, fue detenido por la población y conducido al Cabildo, donde presentó su renuncia.
La diferencia con la Revolución en Buenos Aires fue absoluta. En esos tiempos, Buenos Aires, con alrededor de 40.000 habitantes, tenía más de 8.000 milicianos armados (el 20 % de su población), en cuerpos organizados a raíz de las invasiones inglesas y que, en muchos casos, elegían sus propios Jefes. El proceso rioplatense fue claramente “cívico-militar”, a diferencia del caraqueño, esencialmente ciudadano.
Esa diferencia se traslada al bicentenario, aunque invertida. A pesar de la fuerte impronta autoritaria del kirchnerismo y sus esfuerzos polarizantes, la Argentina es hoy una sociedad abierta, tolerante y dinámica. La violencia o la amenaza de tal genera el inmediato rechazo, virtualmente unánime, de la población y sólo es receptada verbalmente por grupos residuales –pequeños, aunque ruidosos- de ambos bandos de los años de plomo. Ha dejado atrás las veleidades “armadas”, luego de una experiencia que la marcó a fuego por los desbordes de la insurgencia y la contrainsurgencia. Las convocatorias a la intolerancia rebotan en una sociedad reclamante y practicante de la convivencia.
Venezuela, por su parte, está siendo conducida al pasado violento de la ausencia de acuerdos, la inexistencia de diálogos, la polarización donde la palabra “muerte” forma parte semántica de las dicotomías políticas y donde el maravilloso florecer de los matices y del colorido democrático está siendo ahogado por los gritos estentóreos.
Quizás sea un buen momento para que la presidenta, que pareciera querer estar de vuelta de sus pasionales arrebatos de hace algunos meses, reflexione ante el espectáculo sepia de su amigo caribeño, valore la lección que le están dando sus compatriotas y aproveche el tiempo que le queda de mandato para sumarse plenamente a la marcha modernizadora que, sin esperarla, toman los sectores más dinámicos del pueblo argentino en el Congreso, en el campo, en las fábricas, en la creación artística, intelectual y científica, en la solidaridad social, en los caminos abiertos por el propio esfuerzo ejerciendo la libertad –personal y nacional- comenzado a edificar hace dos siglos.
Ricardo Lafferriere
Se encontrará allí con un bicentenario diferente. No verá “madres de Plaza de Mayo” reclamando por los crímenes ocuridos décadas atrás ni grupos piqueteros anarquizados protestando por la –descomunal- inflación venezolana. No escuchará el eco de las políticas de género ni reivindicaciones de casamientos entre personas del mismo sexo. No se encontrará con debates sobre el aborto, o los derechos de los homosexuales. En la militarizada sociedad venezolana no florecen las preocupaciones de la posmodernidad, como –a pesar de todo- sí lo hacen en la Argentina.
Un desfile militar gigantesco, al que se suman las milicias bolivarianas con jóvenes armados, será el marco monumental de la recordación, en una sociedad crispada hasta el límite en la que su presidente ha llamado a sus milicias a “tomar todo el poder”.
Curiosamente, el 19 de abril de 1810 –fecha en la que se conmemora en Venezuela el inicio del proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811-, la gesta fue civil, sin ninguna participación militar. El Cabildo destituyó al Capital General Vicente Emparan, designado por las autoridades napoleónicas que habían tomado España como “Capitán General de Venezuela”. Antes de viajar, retornando a su lealtad hispánica, había jurado fidelidad al rey cautivo Fernando VII y sido ratificado por la Junta Suprema Central a pesar del origen de su nombramiento. Al hacerse cargo, reprimió varios intentos de sublevación hasta que, al conocerse en Venezuela la caída de la Junta Central, fue detenido por la población y conducido al Cabildo, donde presentó su renuncia.
La diferencia con la Revolución en Buenos Aires fue absoluta. En esos tiempos, Buenos Aires, con alrededor de 40.000 habitantes, tenía más de 8.000 milicianos armados (el 20 % de su población), en cuerpos organizados a raíz de las invasiones inglesas y que, en muchos casos, elegían sus propios Jefes. El proceso rioplatense fue claramente “cívico-militar”, a diferencia del caraqueño, esencialmente ciudadano.
Esa diferencia se traslada al bicentenario, aunque invertida. A pesar de la fuerte impronta autoritaria del kirchnerismo y sus esfuerzos polarizantes, la Argentina es hoy una sociedad abierta, tolerante y dinámica. La violencia o la amenaza de tal genera el inmediato rechazo, virtualmente unánime, de la población y sólo es receptada verbalmente por grupos residuales –pequeños, aunque ruidosos- de ambos bandos de los años de plomo. Ha dejado atrás las veleidades “armadas”, luego de una experiencia que la marcó a fuego por los desbordes de la insurgencia y la contrainsurgencia. Las convocatorias a la intolerancia rebotan en una sociedad reclamante y practicante de la convivencia.
Venezuela, por su parte, está siendo conducida al pasado violento de la ausencia de acuerdos, la inexistencia de diálogos, la polarización donde la palabra “muerte” forma parte semántica de las dicotomías políticas y donde el maravilloso florecer de los matices y del colorido democrático está siendo ahogado por los gritos estentóreos.
Quizás sea un buen momento para que la presidenta, que pareciera querer estar de vuelta de sus pasionales arrebatos de hace algunos meses, reflexione ante el espectáculo sepia de su amigo caribeño, valore la lección que le están dando sus compatriotas y aproveche el tiempo que le queda de mandato para sumarse plenamente a la marcha modernizadora que, sin esperarla, toman los sectores más dinámicos del pueblo argentino en el Congreso, en el campo, en las fábricas, en la creación artística, intelectual y científica, en la solidaridad social, en los caminos abiertos por el propio esfuerzo ejerciendo la libertad –personal y nacional- comenzado a edificar hace dos siglos.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 7 de abril de 2010
Representación
"Penélope Glamour”, “Keops”, “Sarmiento”... papeles interpretados por quien, si debiera ser clasificada por Mallea en su recordada caracterización de los dos “tipos” de argentinos, claramente no estaría entre los “argentinos invisibles”, aquellos que con su trabajo tesonero, su humildad, su sabiduría y sus valores construyen el presente y el futuro del país. Por el contrario, pareciera cumplir con precisión los requisitos del típico “argentino de la representación”, el que “siempre aparenta, pero nunca es”.
El tema no pasaría a mayores si quien dice sentirse esas figuras no fuera, justamente, la “primera representante” de los argentinos, quien ocupa nada menos que la “jefatura suprema de la Nación”, como pomposamente define la Constitución Nacional a la función presidencial.
Puede ser que tenga vocación de actriz. No estaría mal, si se dedicara a su vocación. Representar un personaje de dibujos animados televisivos, sentirse el faraón más reputado de Egipto antiguo o actuar pensándose a sí misma como una especie de Sarmiento del siglo XXI la convertirían en una gran profesional, con versatilidad y frescura seguramente admiradas por la crítica.
El problema surge cuando los personajes son contradictorios, pero la función representada es única. El grito “Socorro, socorro” que caracterizaba al personaje del “comic” por su torpe impotencia ante situaciones inesperadas poco tiene que ver con la solemne y fría utilización del poder despótico de uno de los reyes más autócratas de la antigüedad egipcia, como lo fue Keops –recordado, además de por la Gran Pirámide, por su concentración del poder dando origen al primer estado absolutista de la historia- y ambos están en las antípodas de la vocación democrática, la austeridad republicana y el serio compromiso con la vigencia de la ley y la capacitación popular del gran sanjuanino.
La presidencia de una República democrática tiene algo de la “representación”, pero no de la misma que hablaba Mallea. La “representación” política conlleva siempre una tarea de interpretación de los ciudadanos, porque supone que el poder que se ejerce radica en la voluntad de ese mandante a quien se le reconoce soberanía. La representación de Mallea, por el contrario, alude a la permanente actitud de mostrarse como lo que no se es para aparentar ser más, o diferente. La picaresca popular le daría a esta clase de representación un nominativo más pedestre: el conocido “chanta” de nuestro lunfardo rioplatense, que lamentablemente tiene entre nosotros una presencia más que peligrosa cuando su titular tiene poder...
La sana cultura política en una democracia consiste entonces en representar a los ciudadanos en las decisiones que deben tomarse –para lo cual el requisito fundamental no es tanto hablar como saber escuchar-, pero a la vez, representarse a sí mismo –si hubiera algo que mostrar- cuando se trata del estilo, la personalidad y los valores.
Los argentinos, en este sentido, respetarían más a una “primer ciudadana” que fuera lo que es, aunque no fuera tanto, que a quien diga sentirse –sucesivamente- Penélope Glamour, el faraón Keops o Domingo Faustino Sarmiento, sin “ser” ninguno de los tres.
Ricardo Lafferriere
El tema no pasaría a mayores si quien dice sentirse esas figuras no fuera, justamente, la “primera representante” de los argentinos, quien ocupa nada menos que la “jefatura suprema de la Nación”, como pomposamente define la Constitución Nacional a la función presidencial.
Puede ser que tenga vocación de actriz. No estaría mal, si se dedicara a su vocación. Representar un personaje de dibujos animados televisivos, sentirse el faraón más reputado de Egipto antiguo o actuar pensándose a sí misma como una especie de Sarmiento del siglo XXI la convertirían en una gran profesional, con versatilidad y frescura seguramente admiradas por la crítica.
El problema surge cuando los personajes son contradictorios, pero la función representada es única. El grito “Socorro, socorro” que caracterizaba al personaje del “comic” por su torpe impotencia ante situaciones inesperadas poco tiene que ver con la solemne y fría utilización del poder despótico de uno de los reyes más autócratas de la antigüedad egipcia, como lo fue Keops –recordado, además de por la Gran Pirámide, por su concentración del poder dando origen al primer estado absolutista de la historia- y ambos están en las antípodas de la vocación democrática, la austeridad republicana y el serio compromiso con la vigencia de la ley y la capacitación popular del gran sanjuanino.
La presidencia de una República democrática tiene algo de la “representación”, pero no de la misma que hablaba Mallea. La “representación” política conlleva siempre una tarea de interpretación de los ciudadanos, porque supone que el poder que se ejerce radica en la voluntad de ese mandante a quien se le reconoce soberanía. La representación de Mallea, por el contrario, alude a la permanente actitud de mostrarse como lo que no se es para aparentar ser más, o diferente. La picaresca popular le daría a esta clase de representación un nominativo más pedestre: el conocido “chanta” de nuestro lunfardo rioplatense, que lamentablemente tiene entre nosotros una presencia más que peligrosa cuando su titular tiene poder...
La sana cultura política en una democracia consiste entonces en representar a los ciudadanos en las decisiones que deben tomarse –para lo cual el requisito fundamental no es tanto hablar como saber escuchar-, pero a la vez, representarse a sí mismo –si hubiera algo que mostrar- cuando se trata del estilo, la personalidad y los valores.
Los argentinos, en este sentido, respetarían más a una “primer ciudadana” que fuera lo que es, aunque no fuera tanto, que a quien diga sentirse –sucesivamente- Penélope Glamour, el faraón Keops o Domingo Faustino Sarmiento, sin “ser” ninguno de los tres.
Ricardo Lafferriere
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