“No se cambiará ni una coma”.
Tal la declaración del entonces Jefe de Gabinete de Ministros (¿recuerdan?), repitiendo la frase del ex presidente, cuando la resolución 125 que imponía las retenciones móviles fue remitida al Congreso para su ratificación.
La frase pudo ser dictada por la soberbia –como lo entendió el país- o por la sincera convicción de que, contando el oficialismo no sólo con mayoría y quórum propio de ambas Cámaras sino con casi los 2/3 del cuerpo en una de ellas, era impensable que hubiera dificultad alguna en el trámite legislativo, al que imaginaron como eso: un mero trámite.
Producida la derrota estrepitosa a raíz del desgranamiento persistente de propios y aliados y el final desempate del Vicepresidente en contra de la ratificación, los analistas políticos –y los argentinos comunes- supusieron que la gestión kirchnerista y específicamente la presidenta aprovecharían la situación para rectificar un rumbo que condujo al país a un enfrentamiento como no se veía desde hacía décadas, y además consolidaba la tendencia a la grisitud persistente, continuando la decadencia estructural que comenzó en 1930.
No era dificil el diagnóstico. A raíz de la obsesión presidencial se dividió el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, se reforzó el atractivo del rival bonaerense como catalizador de desconformidades internas en el peronismo, se desperdició en seis meses todo el entusiasmo que generan los nuevos mandatos, se provocó la mayor imagen negativa presidencial de la historia en un período inicial, se generaron los actos más importantes de la vida democrática argentina en contra de un presidente en ejercicio en toda la historia nacional con más de un cuarto de millón de personas cada uno en las ciudades más importantes del país, se estancó la economía, se paralizó la producción de la pampa húmeda, zona económica más dinámica, se perdió una votación en el Senado donde el bloque oficialista bordeaba los dos tercios de sus integrantes, se rompió la alianza de gobierno denominada “Concertación plural”, se abrió una fuerte grieta política entre la presidenta y el vicepresidente...
Quizás falten enumerar efectos negativos. Como la pérdida de confianza del consumidor, el renovado aliento inflacionario, el estancamiento de varios sectores productivos encabezados por la construcción, que por primera vez desde que comenzó la recuperación económica mostró una caída interanual. Se agravó la crisis energética, se esfumó la respetabilidad internacional... pero lo cierto es que el listado podría tranformarse en interminable.
¿Cómo no pensar que una pareja de políticos avezados no leería bien esa realidad –económica, social, política- y la aprovecharía para un relanzamiento?
¿Cómo no entender que el gigantesco apoyo al voto del vicepresidente que tranquilizó el país el día después fue multimensional y polisémico interpretando a un gigantesco abanico de argentinos con diferentes preocupaciones, a quienes se oponían a las retenciones pero también a los cansados de la soberbia, los hartos de Moreno, D’Elía y Moyano, los críticos de la chabacanería del expresidente, los hastiados de los negociados descomunales a la vista de todos ignorados por la justicia atemorizada, los molestos con el intento de revivir antinomias dolorosas de medio siglo y aún de sobreactuar los años de plomo reciclando heridas que el cuerpo social quiere terminar de cerrar? ¿Cómo no entender que la frase balbuceante del voto “no positivo” expresaba al campo y la ciudad, a la vocación cívica de los ciudadanos que valoran la libertad y respetan a las instituciones, a los jóvenes que por primera vez en su vida descubrieron la política hipnotizados frente al televisor hasta las cuatro de la mañana mirando una sesión parlamentaria? ¿Cómo no interpretar que la tranquilidad y la alegría del día siguiente era un capital gigantesco para poner en marcha la Argentina del futuro, en una etapa que cerrara el dogmatismo divisionista e intolerante y tomara el camino de una rápida imbricación con la potencialidad del mundo global?
Presidenta, ¡hasta Maradona –que no debe tener idea de que son las retenciones-felicitó eufórico a Julio Cobos por su voto!...
La mayoría de los argentinos pensó en un cambio. En un cambio, si no convencido, al menos inteligente.
Lamentablemente, pareciera que estaban en un error.
La patética conferencia de prensa plagada de mentiras, contradicciones, soberbia y groseros errores conceptuales indica que el régimen “K” prefiere continuar, sin fuerzas y sin posibilidades, tirando el país hacia su frustración permanente. No le interesa que se estanque la economía, que se amplíe la brecha social, que florezca la violencia cotidiana a niveles atroces, que perdamos (o nos “desacoplemos” de) un tren mundial al que vemos pasar nuevamente por nuestra estación por primera vez en casi ocho décadas. No le preocupa repetir sandeces, como la de que el Estado puede “redistribuir riqueza” al margen de los procedimientos constitucionales y legales que juraron respetar, o reciclar la desconfianza inversora con nuevos sofismas para defender lo indefendible de la manipulación de las estadísticas oficiales, o hipotecar la propia imagen presidencial atándola a los arranques patoteros y delictivos de uno de sus funcionarios emblemáticos. Nada de eso parece importar. Sólo la soberbia de insistir en un rumbo repudiado por el país y por su propio partido, al que sin embargo insiste en arrastrar en su derrumbe.
Ha elegido que el país siga languideciendo mientras ella lo presida. Porque a estar a lo expresado en Olivos, no hay más opciones. Si decide no cambiar el rumbo (“Volvería a hacer todas y cada una de las cosas que hice”), sólo puede profundizar el que tiene –para lo cual no cuenta ni contará con respaldos políticos suficientes, ni internos ni externos, porque es imposible retroceder décadas en la historia- o persiste en oponerse al pujante rumbo de la Argentina que renace, que se expresó masivamente en la lucha de estos meses, con lo cual seguirá luchando por frustrar el crecimiento de un país libre, optimista, integrado, democrático, con ciudadanos dueños de sí mismos, integrados a la portentosa marcha del cambio global del segundo milenio. Y entre ambas opciones, ha elegido oponerse al futuro, mientras le quede aliento. Ser intransigentemente conservadora, pero no de lo bueno que merezca ser conservado, sino de los caprichos incomprensibles de su dogmatismo. No quiere ponerse al frente de un país pujante y en crecimiento. Prefiere ser Juárez Cellman, más que Pellegrini.
Eligió languidecer.
Es una lástima, porque mientras ella sea presidenta –y lo será hasta dentro de... tres siglos y medio...- deberemos ver cómo el mundo y la region avanzan sin los argentinos. Y deberemos nosotros, mientras el pais oficial languidece, prepararnos para el gran salto adelante que deberemos protagonizar cuando, por fin, termine la pesadilla K.
Ricardo Lafferriere
sábado, 23 de agosto de 2008
Gatopardo metrosexual
Los argentinos nos autoconvencimos que era posible un cambio de rumbo en la gestión nacional luego de la derrota épica sufrida por el kircherismo en manos del campo, que aún frente a la incredulidad de muchos, le impidió convertir en un botín el fruto de su trabajo y logró evitar el gran despojo.
Era lógico. No sólo los productores sino la inmensa mayoría de la población –que apoyó eufórica el voto del Vicepresidente Cobos- no podía suponer que un gobierno nacido con respaldo popular y escasa oposición pudiera continuar en una senda que lo llevó a derrumbarse en la expectativa pública desde más del 50 % a apenas un respaldo de mísera subsistencia en apenas seis meses. Hasta quienes miran la política con ojos de aficcionado imaginaban un golpe de inteligencia que, tomando nota de la derrota, se pusiera al frente del cambio de rumbo reconstruyendo el capital político licuado. Porque el país –no sólo la presidenta- necesitaba y necesita eso.
Sin embargo, comenzó a desarrollarse no ya la sátira, sino el sainete. El discurso del Chaco, el antológico decreto que dispuso la “limitación” de la resolución 125, la infantil amenaza con la renuncia de la presidenta, los rumores de malos tratos físicos en la pareja presidencial que habrían descolocado a la propia Edecán, la convocatoria a los legisladores “del sí” –ni siquiera a todos los oficialistas- para arengarlos en la negación de la realidad (“no hemos sido derrotados”), la aparición en un acto público con su esposo a quien hizo objeto de una ponderación sobreactuada y la esotérica decisión de estatizar una empresa que la propia administración “K” forzó a la quiebra incrementando la deuda pública en 890 millones de dólares, son hitos escatológicos que ni siquiera pudieron ser tolerados por el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien sin dudas era el único integrante del microclima presidencial que podía leer correctamente la realidad.
Esa renuncia precipitó las decisiones y permitió avizorar con más claridad la reacción del kirchnerismo residual. Giuseppe Tomassi, príncipe de Lampedusa, en su inmortal y única novela “El Gatopardo” describe con genialidad esta táctica política de todas las épocas cuando llegan fuertes demandas de cambio. En la obra, el tradicional aristócrata siciliano Fabrizio Corbera recibe el ofrecimiento de ser Senador de la nueva Italia, conmovida por la gesta garibaldina que culmina con la unidad peninsular. Consciente de los nuevos aires políticos y de su fuerte vinculación con el régimen que desaparece, declina la oferta pronunciando su histórica sentencia: “Algo debe cambiar para que todo siga igual”.
Y llegó Mazza.
Flanqueado por los innombrables. Expresando que no ha tenido tiempo de analizar el proyecto de ley de radiodifusión, pero anunciando –como primer acto de su gestión- la estrambótica estatización de Aerolíneas.
Pero además, a seis meses de haber sido elegido por su pueblo para la gestión local de uno de los municipios más prósperos del conurbano –obra de la gestión de su antecesor-, en lugar de tomar la correcta decisión de renunciar y convocar a elecciones municipales por haber sido llamado a ocupar el segundo lugar en importancia en la Aministración Nacional luego del Presidente de la Nación, pide licencia y hace designar a su esposa como funcionaria ... ¡del equipo de su sucesor! Difícilmente puedan encontrarse en sólo una semana tal sucesión de dislates.
Algo debe cambiar ... Los nuevos tiempos, de argentinos hartados del conflicto, parecen reclamar un metrosexual aséptico en lugar de un gladiador acorazado. Pero hasta ahí llega.
Para que nada cambie... sino que se reafirme una concepción del poder que sigue creyendo que, por haber ganado una elección se poseen facultades para gobernar por encima de la propia Constitución Nacional. Y que desde el poder se puede mantener la actitud de desprecio a la ciudadanía olvidando que es la base y justificación última de la existencia y legitimidad del poder.
Ricardo Lafferriere
Era lógico. No sólo los productores sino la inmensa mayoría de la población –que apoyó eufórica el voto del Vicepresidente Cobos- no podía suponer que un gobierno nacido con respaldo popular y escasa oposición pudiera continuar en una senda que lo llevó a derrumbarse en la expectativa pública desde más del 50 % a apenas un respaldo de mísera subsistencia en apenas seis meses. Hasta quienes miran la política con ojos de aficcionado imaginaban un golpe de inteligencia que, tomando nota de la derrota, se pusiera al frente del cambio de rumbo reconstruyendo el capital político licuado. Porque el país –no sólo la presidenta- necesitaba y necesita eso.
Sin embargo, comenzó a desarrollarse no ya la sátira, sino el sainete. El discurso del Chaco, el antológico decreto que dispuso la “limitación” de la resolución 125, la infantil amenaza con la renuncia de la presidenta, los rumores de malos tratos físicos en la pareja presidencial que habrían descolocado a la propia Edecán, la convocatoria a los legisladores “del sí” –ni siquiera a todos los oficialistas- para arengarlos en la negación de la realidad (“no hemos sido derrotados”), la aparición en un acto público con su esposo a quien hizo objeto de una ponderación sobreactuada y la esotérica decisión de estatizar una empresa que la propia administración “K” forzó a la quiebra incrementando la deuda pública en 890 millones de dólares, son hitos escatológicos que ni siquiera pudieron ser tolerados por el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien sin dudas era el único integrante del microclima presidencial que podía leer correctamente la realidad.
Esa renuncia precipitó las decisiones y permitió avizorar con más claridad la reacción del kirchnerismo residual. Giuseppe Tomassi, príncipe de Lampedusa, en su inmortal y única novela “El Gatopardo” describe con genialidad esta táctica política de todas las épocas cuando llegan fuertes demandas de cambio. En la obra, el tradicional aristócrata siciliano Fabrizio Corbera recibe el ofrecimiento de ser Senador de la nueva Italia, conmovida por la gesta garibaldina que culmina con la unidad peninsular. Consciente de los nuevos aires políticos y de su fuerte vinculación con el régimen que desaparece, declina la oferta pronunciando su histórica sentencia: “Algo debe cambiar para que todo siga igual”.
Y llegó Mazza.
Flanqueado por los innombrables. Expresando que no ha tenido tiempo de analizar el proyecto de ley de radiodifusión, pero anunciando –como primer acto de su gestión- la estrambótica estatización de Aerolíneas.
Pero además, a seis meses de haber sido elegido por su pueblo para la gestión local de uno de los municipios más prósperos del conurbano –obra de la gestión de su antecesor-, en lugar de tomar la correcta decisión de renunciar y convocar a elecciones municipales por haber sido llamado a ocupar el segundo lugar en importancia en la Aministración Nacional luego del Presidente de la Nación, pide licencia y hace designar a su esposa como funcionaria ... ¡del equipo de su sucesor! Difícilmente puedan encontrarse en sólo una semana tal sucesión de dislates.
Algo debe cambiar ... Los nuevos tiempos, de argentinos hartados del conflicto, parecen reclamar un metrosexual aséptico en lugar de un gladiador acorazado. Pero hasta ahí llega.
Para que nada cambie... sino que se reafirme una concepción del poder que sigue creyendo que, por haber ganado una elección se poseen facultades para gobernar por encima de la propia Constitución Nacional. Y que desde el poder se puede mantener la actitud de desprecio a la ciudadanía olvidando que es la base y justificación última de la existencia y legitimidad del poder.
Ricardo Lafferriere
domingo, 20 de julio de 2008
Aerolíneas y el cinismo "K"
Novecientos millones de dólares de incremento de la deuda externa costará la re-estatización de la empresa aérea, cuyos servicios utilizan principalmente personas de buenos ingesos, de clase media alta y acomodada. Mucho más de lo costaría lograr que millones de personas que utilizan diariamente las líneas San Martín y Sarmiento viajen ... simplemente como personas, en lugar de hacerlo en condiciones peores que las vacas y novillos remitidos a Liniers para su venta.
Luego de tres meses de iracundias encendidas ante la resistencia de los productores a entregarles el botín agropecuario, los “K” se lanzan a su nueva aventura: incrementar la deuda externa en casi mil millones de dólares para mantener la ficción de una “línea de bandera” que ya no poseen ni Estados Unidos, ni Brasil, ni España, ni muchos países con menos problemas económicos y necesidades que la Argentina.
Decir falta de criterio es poco: irresponsabilidad, por la que debieran responder en el futuro con sus propios patrimonios. Seguramente invocarán los “patrióticos” designios de tener aviones pintados celeste y blanco, como si los juegos cromáticos fueran más importantes que las miserables condiciones de vida de millones de personas. Dirigencias sindicales burocratizadas y enriquecidas encontrarán otro espacio de negocios y suculentos sueldos en alguna segura “codirección” para la que no han hecho otro mérito que forzar en acción conjunta con el gobierno kirchnerista el quebranto de la empresa hasta ahora gestora, atenazándola entre la anarquía generada por los paros sorpresivos y el asfixiante congelamiento tarifario.
Los que viajan en avión tendrán pasajes subsidiados con las retenciones cobradas a los chacareros. Los trenes... seguirán igual. Como los subtes y los colectivos, mostrando el cinismo que esconde la “redistribución del ingreso” kircnerista, bandera demagógica cuya constante es castigar a los pobres y favorecer la situación de los menos necesitados. Como el precio del gas, en el que una familia obrera que usa garrafa debe abonar entre 50 y 100 pesos por mes, frente a los 16 que paga un piso en Recoleta, o Barrio Norte; o la electricidad, con la que los hogares populares apenas pueden prender un par de lamparitas y es virtualmente regalada para los sectores acomodados.
Aerolíneas antes que trenes. Desprecio a los pobres. Tren bala, antes que subtes. Esa es la línea populista del modelo kirchnerista, gritada voz en cuello por el gran charlatán por unos días silenciado en su exilio dorado del Calafate, que ahora sumará a su listado de empresas petroleras, capitalista del juego y socio oculto en obras públicas, el nuevo negocio aéreo. Por supuesto, con dinero que no pone él, sino el Estado. O sea, los chacareros y productores con las retenciones, todos los argentinos con el IVA, los jubilados con sus créditos que no se pagan, y quienes confiaron en el Estado argentino para prestarle, estafados una vez más por la manipulación del INDEC.
Cuesta admitir que esta locura -incrementar en 900 millones de dólares una deuda externa que ya llega al paroxismo- pase la aprobación del Congreso. Una vez más, deberán ser los legisladores quienes frenen la irresponsabilidad pensando en el interés general. Confiemos en que la revalorización del Congreso lograda por la masiva movilización popular traiga una vez más racionalidad a las deciciones públicas.
Ricardo Lafferriere
Luego de tres meses de iracundias encendidas ante la resistencia de los productores a entregarles el botín agropecuario, los “K” se lanzan a su nueva aventura: incrementar la deuda externa en casi mil millones de dólares para mantener la ficción de una “línea de bandera” que ya no poseen ni Estados Unidos, ni Brasil, ni España, ni muchos países con menos problemas económicos y necesidades que la Argentina.
Decir falta de criterio es poco: irresponsabilidad, por la que debieran responder en el futuro con sus propios patrimonios. Seguramente invocarán los “patrióticos” designios de tener aviones pintados celeste y blanco, como si los juegos cromáticos fueran más importantes que las miserables condiciones de vida de millones de personas. Dirigencias sindicales burocratizadas y enriquecidas encontrarán otro espacio de negocios y suculentos sueldos en alguna segura “codirección” para la que no han hecho otro mérito que forzar en acción conjunta con el gobierno kirchnerista el quebranto de la empresa hasta ahora gestora, atenazándola entre la anarquía generada por los paros sorpresivos y el asfixiante congelamiento tarifario.
Los que viajan en avión tendrán pasajes subsidiados con las retenciones cobradas a los chacareros. Los trenes... seguirán igual. Como los subtes y los colectivos, mostrando el cinismo que esconde la “redistribución del ingreso” kircnerista, bandera demagógica cuya constante es castigar a los pobres y favorecer la situación de los menos necesitados. Como el precio del gas, en el que una familia obrera que usa garrafa debe abonar entre 50 y 100 pesos por mes, frente a los 16 que paga un piso en Recoleta, o Barrio Norte; o la electricidad, con la que los hogares populares apenas pueden prender un par de lamparitas y es virtualmente regalada para los sectores acomodados.
Aerolíneas antes que trenes. Desprecio a los pobres. Tren bala, antes que subtes. Esa es la línea populista del modelo kirchnerista, gritada voz en cuello por el gran charlatán por unos días silenciado en su exilio dorado del Calafate, que ahora sumará a su listado de empresas petroleras, capitalista del juego y socio oculto en obras públicas, el nuevo negocio aéreo. Por supuesto, con dinero que no pone él, sino el Estado. O sea, los chacareros y productores con las retenciones, todos los argentinos con el IVA, los jubilados con sus créditos que no se pagan, y quienes confiaron en el Estado argentino para prestarle, estafados una vez más por la manipulación del INDEC.
Cuesta admitir que esta locura -incrementar en 900 millones de dólares una deuda externa que ya llega al paroxismo- pase la aprobación del Congreso. Una vez más, deberán ser los legisladores quienes frenen la irresponsabilidad pensando en el interés general. Confiemos en que la revalorización del Congreso lograda por la masiva movilización popular traiga una vez más racionalidad a las deciciones públicas.
Ricardo Lafferriere
viernes, 18 de julio de 2008
"lo que le dijimos a la gente, allá en octubre..."
¿Quién no recuerda el magnífico corto televisivo en el que la fórmula “Cristina-Cobos” proponía al país unir la historia de sus grandes próceres, recordar en conjunto a los de todos los partidos, incluir a todo el país con sus regiones y su gente? ¿Qué le decía al país “allá en octubre” el mensaje electoral de una fórmula integrada por la esposa del entonces presidente, con un gobernador radical de reconocida experiencia de gestión modernizadora?
La respuesta es obvia. Se le proponía superar el pasado, pasar por encima de sus divisiones y poner la mirada en lo que viene.
Muchos no adherimos a esa propuesta, quizás porque las prevenciones que generaba la constante violación constitucional del presidente de entonces no nos permitía abrir el espíritu para creer en un cambio tan rotundo. Otros sí lo creyeron, y los votaron.
¿Qué pasó, al contrario, “allá por mayo”?
El ex presidente decidió volver a lo peor del peronismo. Refugiarse en sus burocracias patoteriles. Olvidar el mensaje electoral. Reproducir el enfrentamiento de seis décadas anteriores. Recrear la violencia verbal y hasta físico. La presidenta siguió esa línea, con varios discursos sucesivos, contradictorios pero intolerantes. El “acuerdo transversal” a que había convocado, indudablemente se rompió. Y no fue precisamente Cobos el que tomó esa decisión. Por el contrario, no sólo los opositores sino los peronistas más modernos, con experiencia de gobierno, lo habían precedido en esa distancia. ¿Cómo podía coincidir Cobos con una propuesta política exactamente inversa a la que había expresado en las elecciones en la que consiguió el triunfo?
Presidenta: le guste o no, el Vicepresidente ha sido más leal al mensaje electoral que llevó al triunfo a su fórmula, que usted. No ha sido Cobos el que cambió. Fue la otra parte del “acuerdo”. La sensación de paz que transmitió su decisión a millones de argentinos, transformando milagrosamente la angustia en esperanza, merece destacarse como uno de los grandes gestos políticos de la historia democrática.
Y para los que no los votamos, ha tenido la virtud de reforzarnos en nuestra convicción en las virtudes de la democracia.
Ricardo Lafferriere
La respuesta es obvia. Se le proponía superar el pasado, pasar por encima de sus divisiones y poner la mirada en lo que viene.
Muchos no adherimos a esa propuesta, quizás porque las prevenciones que generaba la constante violación constitucional del presidente de entonces no nos permitía abrir el espíritu para creer en un cambio tan rotundo. Otros sí lo creyeron, y los votaron.
¿Qué pasó, al contrario, “allá por mayo”?
El ex presidente decidió volver a lo peor del peronismo. Refugiarse en sus burocracias patoteriles. Olvidar el mensaje electoral. Reproducir el enfrentamiento de seis décadas anteriores. Recrear la violencia verbal y hasta físico. La presidenta siguió esa línea, con varios discursos sucesivos, contradictorios pero intolerantes. El “acuerdo transversal” a que había convocado, indudablemente se rompió. Y no fue precisamente Cobos el que tomó esa decisión. Por el contrario, no sólo los opositores sino los peronistas más modernos, con experiencia de gobierno, lo habían precedido en esa distancia. ¿Cómo podía coincidir Cobos con una propuesta política exactamente inversa a la que había expresado en las elecciones en la que consiguió el triunfo?
Presidenta: le guste o no, el Vicepresidente ha sido más leal al mensaje electoral que llevó al triunfo a su fórmula, que usted. No ha sido Cobos el que cambió. Fue la otra parte del “acuerdo”. La sensación de paz que transmitió su decisión a millones de argentinos, transformando milagrosamente la angustia en esperanza, merece destacarse como uno de los grandes gestos políticos de la historia democrática.
Y para los que no los votamos, ha tenido la virtud de reforzarnos en nuestra convicción en las virtudes de la democracia.
Ricardo Lafferriere
No, Jorge. No es así
A Jorge Lanata
En tu columna de Crítica de hoy miercoles 16 de julio de 2008, en una nota titulada “El país de Bombita Rodríguez”, reclamás con insistencia sobre la escasa importancia del debate sobre el campo, que en forma simpática, quizás para distender su dramatismo, caracterizaron en tu diario, desde que comenzó, como “La guerra gaucha”.
En la nota mencionada, palabras más palabras menos, afirmás que no se puede convertir la discusión por una alícuota en una guerra a muerte. Y ponés varios ejemplos –sería redundante repetirlos- sobre lo que, a tu juicio, serían verdaderos temas importantes. Adelanto que coincido con toda la línea argumental de la nota, que muestra la irracionalidad del discurso oficial en estos meses.
Sin embargo, el “issue” de la guerra gaucha no es un tema menor, sino que, por primera vez en décadas –o al menos, por primera vez desde la democracia- implica cuestionar quién tiene el derecho de disponer del fruto de su trabajo, si su dueño o el sistema político.
Nada me gustaría más que coincidir con restarle dramatismo al tema, pero es imposible. La decisión del gobierno y de la mayoría parlamentaria de aplicar un impuesto que equivale en algunos casos a más del 100 % de la ganancia de una explotación rural –vale decir, para pagarlo no alcanza con la totalidad de la cosecha, sino que hay que vender capital- coloca a la decisión en un guiness internacional (en Estados Unidos e Italia, los países con mayores tasas de imposición a las ganancias, el límite es el 40 %).
La decisión no es una simple fijación de alícuota: es cambiar el sistema legal y económico que constitucionalmente rige en el país, pasando por encima de normas constitucionales a las que todos, gobierno y gobernados, deben atarse.
No es válido reclamar respeto al gobierno representativo porque fue elegido en elecciones –cuyo valor constitucional es implícito- y a la vez reconocerle a ese gobierno la facultad de pasar por encima de los derechos constitucionales de las personas.
A partir de esta decisión política del Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, en el país han comenzado los saqueos. En este caso, los comenzó el gobierno. Las consecuencias, como en todos los casos históricos de rebeliones fiscales, se prolongarán en el tiempo por encima de los razonamientos e invocaciones ideológicas. Y las sufriremos todos.
No se trata de una simple abstracción, una elaboración intelectual más o menos progresista, o una inocua medida de gobierno. Reconocer pacíficamente que el poder del Estado tiene facultades para disponer de los recursos de las personas en una extensión mayor que lo permitido en la Constitución implica terminar con todos los límites a ese poder. Más allá de que para algunos esté éticamente justificado o no, lo cierto es que no está jurídicamente justificado. Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la Constitución. O resignarse a que sea definitivamente una letra muerta, que si lo es en esto puede serlo luego en cualquier otro campo, como desgraciadamente lo está siendo en la independencia de la justicia, en la absoluta y limpia libertad de prensa y en la distribución de las rentas públicas entre la Nación y las provincias.
El gobierno puede ganar o perder en el Senado. Para la estabilidad de la democracia y del propio gobierno, quizás el mejor resultado sea perder, y que en veinte días nadie se acuerde del tema. Con el “triunfo” abriría una herida que lo desangraría hasta el fin de su mandato. Y al país, con ellos. Ya han provocado que se pierda este año –que promedia su almanaque-, con una reducción sustancial de la siembra de trigo. Es posible que el desaliento a la siembra que conlleva la medida conduzca a que se reduzca también la siembra de soja. Ya no hay rentabilidad en carne, ni en aves, ni en leche. Está bien: son apenas chacareros. Te recuerdo, sin embargo, que todo lo que está “arriba” de esa producción primaria, en este original modelo “productivo”, necesita una fuerte producción agraria para subsidiar las ineficiencias y retrasos del resto. Además de su esencial ilegalidad, la consecuencia de esta batalla de “la guerra gaucha” puede dejar a toda la economía nacional nada menos que sin sus cimientos. No será nada gracioso, ni menor.
En fin. El gobierno ha resuelto que no sigamos el camino no ya de Australia y Canadá, sino ni siquiera de Brasil, en el que el único gobierno de un partido obrero en el continente está a punto de lograr su incorporación en la alta gerencia mundial, con una política exactamente inversa a la nuestra. No sólo será el inalcanzable quíntuple campeón mundial: ahora será también el granero del mundo.
Una última enmienda: el hotel de Calafate no cuesta quinientos dólares la noche sino mil trescientos la doble. Para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación del hotel de Cristina en seis meses, un chacarero debería obtener una cosecha exitosa, con los rindes promedios de Entre Rios, de Ciento veinte hectáreas de soja. Con una diferencia: a ella le quedarán en la mano los Trescientos sesenta mil pesos obtenidos por rentar esa habitación. El chacarero, por el contrario, tendrá que entregar toda su cosecha, y quizás vender la camioneta o el arado para abonar la deuda que le quedó con el Banco, la Cooperativa o el contratista.
No es un tema menor.
Ricardo Lafferriere
En tu columna de Crítica de hoy miercoles 16 de julio de 2008, en una nota titulada “El país de Bombita Rodríguez”, reclamás con insistencia sobre la escasa importancia del debate sobre el campo, que en forma simpática, quizás para distender su dramatismo, caracterizaron en tu diario, desde que comenzó, como “La guerra gaucha”.
En la nota mencionada, palabras más palabras menos, afirmás que no se puede convertir la discusión por una alícuota en una guerra a muerte. Y ponés varios ejemplos –sería redundante repetirlos- sobre lo que, a tu juicio, serían verdaderos temas importantes. Adelanto que coincido con toda la línea argumental de la nota, que muestra la irracionalidad del discurso oficial en estos meses.
Sin embargo, el “issue” de la guerra gaucha no es un tema menor, sino que, por primera vez en décadas –o al menos, por primera vez desde la democracia- implica cuestionar quién tiene el derecho de disponer del fruto de su trabajo, si su dueño o el sistema político.
Nada me gustaría más que coincidir con restarle dramatismo al tema, pero es imposible. La decisión del gobierno y de la mayoría parlamentaria de aplicar un impuesto que equivale en algunos casos a más del 100 % de la ganancia de una explotación rural –vale decir, para pagarlo no alcanza con la totalidad de la cosecha, sino que hay que vender capital- coloca a la decisión en un guiness internacional (en Estados Unidos e Italia, los países con mayores tasas de imposición a las ganancias, el límite es el 40 %).
La decisión no es una simple fijación de alícuota: es cambiar el sistema legal y económico que constitucionalmente rige en el país, pasando por encima de normas constitucionales a las que todos, gobierno y gobernados, deben atarse.
No es válido reclamar respeto al gobierno representativo porque fue elegido en elecciones –cuyo valor constitucional es implícito- y a la vez reconocerle a ese gobierno la facultad de pasar por encima de los derechos constitucionales de las personas.
A partir de esta decisión política del Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, en el país han comenzado los saqueos. En este caso, los comenzó el gobierno. Las consecuencias, como en todos los casos históricos de rebeliones fiscales, se prolongarán en el tiempo por encima de los razonamientos e invocaciones ideológicas. Y las sufriremos todos.
No se trata de una simple abstracción, una elaboración intelectual más o menos progresista, o una inocua medida de gobierno. Reconocer pacíficamente que el poder del Estado tiene facultades para disponer de los recursos de las personas en una extensión mayor que lo permitido en la Constitución implica terminar con todos los límites a ese poder. Más allá de que para algunos esté éticamente justificado o no, lo cierto es que no está jurídicamente justificado. Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la Constitución. O resignarse a que sea definitivamente una letra muerta, que si lo es en esto puede serlo luego en cualquier otro campo, como desgraciadamente lo está siendo en la independencia de la justicia, en la absoluta y limpia libertad de prensa y en la distribución de las rentas públicas entre la Nación y las provincias.
El gobierno puede ganar o perder en el Senado. Para la estabilidad de la democracia y del propio gobierno, quizás el mejor resultado sea perder, y que en veinte días nadie se acuerde del tema. Con el “triunfo” abriría una herida que lo desangraría hasta el fin de su mandato. Y al país, con ellos. Ya han provocado que se pierda este año –que promedia su almanaque-, con una reducción sustancial de la siembra de trigo. Es posible que el desaliento a la siembra que conlleva la medida conduzca a que se reduzca también la siembra de soja. Ya no hay rentabilidad en carne, ni en aves, ni en leche. Está bien: son apenas chacareros. Te recuerdo, sin embargo, que todo lo que está “arriba” de esa producción primaria, en este original modelo “productivo”, necesita una fuerte producción agraria para subsidiar las ineficiencias y retrasos del resto. Además de su esencial ilegalidad, la consecuencia de esta batalla de “la guerra gaucha” puede dejar a toda la economía nacional nada menos que sin sus cimientos. No será nada gracioso, ni menor.
En fin. El gobierno ha resuelto que no sigamos el camino no ya de Australia y Canadá, sino ni siquiera de Brasil, en el que el único gobierno de un partido obrero en el continente está a punto de lograr su incorporación en la alta gerencia mundial, con una política exactamente inversa a la nuestra. No sólo será el inalcanzable quíntuple campeón mundial: ahora será también el granero del mundo.
Una última enmienda: el hotel de Calafate no cuesta quinientos dólares la noche sino mil trescientos la doble. Para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación del hotel de Cristina en seis meses, un chacarero debería obtener una cosecha exitosa, con los rindes promedios de Entre Rios, de Ciento veinte hectáreas de soja. Con una diferencia: a ella le quedarán en la mano los Trescientos sesenta mil pesos obtenidos por rentar esa habitación. El chacarero, por el contrario, tendrá que entregar toda su cosecha, y quizás vender la camioneta o el arado para abonar la deuda que le quedó con el Banco, la Cooperativa o el contratista.
No es un tema menor.
Ricardo Lafferriere
"Igualdad no es igualitarismo..."
“Igualdad no es igualitarismo. Éste, en última instancia, es también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o pero aún, por el vago”.
¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿algún dirigente ruralista cercano a la “oligarquía”? ¿algún político “neoliberal”, alejado de los intereses “nacionales y populares”? ¿algún “ricachón” al que no le interesa la “redistribución del ingreso”?
Sorpréndase: lo acaba de proclamar Raúl Castro, presidente de Cuba, al anunciar el incremento de la edad de jubilación en cinco años (a los 65 años, en lugar de 60) y el comienzo de una etapa “realista” que elimine los subsidios excesivos y sea económicamente sostenible.
De ahí a caer en la excomunión por el santuario progresista hay apenas un paso. No sería de sorprender que en pocos días más, la inefable Hebe –la de las docenas de cheques sin fondos que no investiga ningún fiscal- nos sorprenda con su descalificación total al líder cubano, que se ha atrevido a tener un intervalo lúcido de sentido común. Es probable que lo acuse de “vendido al oro del imperio”.
Desde estas columnas, hace un par de meses, expresábamos un concepto similar, al separar claramente al socialismo del populismo. Y es oportuno, ante la violenta intención de apropiación del trabajo y la propiedad ajena en la que está empeñado el kirchnerismo, volver sobre el tema.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso y mientras ello no ocurra, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes comerciales, sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular por los procedimientos y límites acordados en la Constitución. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso que, por encima de las sofistificaciones ideológicas, han adoptado las sociedades democráticas, y más profundamente las capitalistas exitosas, generando un entramado de formas mixtas de propiedad que incluyen en muchos casos la copropiedad accionaria por los propios trabajadores.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana de la riqueza ajena. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los generados por otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces (algunos dirían directamente ladrones) y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas. O –como lo sugiere Raúl Castro- en explotar a los que efectivamente trabajan.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios, siempre dinámicos. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente. Por eso los socialistas más lúcidos apoyan la lucha del campo, generador de riqueza social, de fuentes de trabajo y de progreso económico que beneficia a todos, mientras que los populistas adoptan la rapaz intención kirchnerista de manotear groseramente los ingresos ajenos sin importarle las consecuencias. No existe ninguna contradicción en el apoyo de Castells y Toti Flores al reclamo del campo, y en el alineamiento desmatizado de los funcionarios D’Elía, Pérsico y Cevallos con la rapiña “K”.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Por eso la mayoría “ciudadana” apoya al campo, y la minoría populista se indigna con su resistencia a entregarles tranquilament el “botín”.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, aunque no sean los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
Sin embargo, estos meses han hecho avanzar la conciencia de la sociedad sobre sus derechos, los límites del poder, la autonomía de los ciudadanos y la defensa de sus libertades más que cualquier otro momento desde la recuperación democrática. Por eso cabe el optimismo.
La Argentina que viene, terminada la pesadilla “K”, será –en gran medida, gracias al campo-, democrática y solidaria, respetuosa de la ley y homologable ante el mundo, preocupada de sus problemas e inequidades y alejada de los discursos grandilocuentes –pero vacíos- pronunciados en tono admonitorio con el dedito levantado. Será la Argentina moderna del crecimiento económico, la integración al mundo, el progreso social y el avance tecnológico. Pero por sobre todo, será la Argentina que habrá retomado la base moral de su ley fundamental: la igualdad ante la ley, para la que nadie vale más que nadie.
Aunque grite fuerte, amenace periodistas, siembre miedo o convoque a la violencia.
Ricardo Lafferriere
¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿algún dirigente ruralista cercano a la “oligarquía”? ¿algún político “neoliberal”, alejado de los intereses “nacionales y populares”? ¿algún “ricachón” al que no le interesa la “redistribución del ingreso”?
Sorpréndase: lo acaba de proclamar Raúl Castro, presidente de Cuba, al anunciar el incremento de la edad de jubilación en cinco años (a los 65 años, en lugar de 60) y el comienzo de una etapa “realista” que elimine los subsidios excesivos y sea económicamente sostenible.
De ahí a caer en la excomunión por el santuario progresista hay apenas un paso. No sería de sorprender que en pocos días más, la inefable Hebe –la de las docenas de cheques sin fondos que no investiga ningún fiscal- nos sorprenda con su descalificación total al líder cubano, que se ha atrevido a tener un intervalo lúcido de sentido común. Es probable que lo acuse de “vendido al oro del imperio”.
Desde estas columnas, hace un par de meses, expresábamos un concepto similar, al separar claramente al socialismo del populismo. Y es oportuno, ante la violenta intención de apropiación del trabajo y la propiedad ajena en la que está empeñado el kirchnerismo, volver sobre el tema.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso y mientras ello no ocurra, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes comerciales, sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular por los procedimientos y límites acordados en la Constitución. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso que, por encima de las sofistificaciones ideológicas, han adoptado las sociedades democráticas, y más profundamente las capitalistas exitosas, generando un entramado de formas mixtas de propiedad que incluyen en muchos casos la copropiedad accionaria por los propios trabajadores.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana de la riqueza ajena. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los generados por otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces (algunos dirían directamente ladrones) y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas. O –como lo sugiere Raúl Castro- en explotar a los que efectivamente trabajan.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios, siempre dinámicos. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente. Por eso los socialistas más lúcidos apoyan la lucha del campo, generador de riqueza social, de fuentes de trabajo y de progreso económico que beneficia a todos, mientras que los populistas adoptan la rapaz intención kirchnerista de manotear groseramente los ingresos ajenos sin importarle las consecuencias. No existe ninguna contradicción en el apoyo de Castells y Toti Flores al reclamo del campo, y en el alineamiento desmatizado de los funcionarios D’Elía, Pérsico y Cevallos con la rapiña “K”.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Por eso la mayoría “ciudadana” apoya al campo, y la minoría populista se indigna con su resistencia a entregarles tranquilament el “botín”.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, aunque no sean los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
Sin embargo, estos meses han hecho avanzar la conciencia de la sociedad sobre sus derechos, los límites del poder, la autonomía de los ciudadanos y la defensa de sus libertades más que cualquier otro momento desde la recuperación democrática. Por eso cabe el optimismo.
La Argentina que viene, terminada la pesadilla “K”, será –en gran medida, gracias al campo-, democrática y solidaria, respetuosa de la ley y homologable ante el mundo, preocupada de sus problemas e inequidades y alejada de los discursos grandilocuentes –pero vacíos- pronunciados en tono admonitorio con el dedito levantado. Será la Argentina moderna del crecimiento económico, la integración al mundo, el progreso social y el avance tecnológico. Pero por sobre todo, será la Argentina que habrá retomado la base moral de su ley fundamental: la igualdad ante la ley, para la que nadie vale más que nadie.
Aunque grite fuerte, amenace periodistas, siembre miedo o convoque a la violencia.
Ricardo Lafferriere
lunes, 7 de julio de 2008
Desacoplados
Desacoplados...
Quienes llevamos a cuestas varias décadas de vida hemos escuchado reiteradamente la añoranza de los tiempos en los que el mundo necesitaba un granero que le diera alimentos y la Argentina lo tenía, las buenas épocas de la ocupación del territorio, la llegada de los inmigrantes y el gran salto de nuestro país desde ser poco más que un desierto despoblado, a uno de los de mayor crecimiento en el planeta.
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI, a tal punto nos golpeó que “el mundo” dejara de necesitarnos. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata. Ahí volvimos a las andanzas, hasta que se cerró el círculo con la crisis de cambio de siglo, en que volvimos a la riqueza del comienzo.
Mientras tanto, en estas siete décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo” duhalde-kirchnerista. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas kirchneristas del conurbano o la propia Capital Federal, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo ha resuelto cometer contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor.
Mientras tanto, es importante que mantengan en un rinconcito de su corazón, la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañe la mayoría del peronismo. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo, con las patotas de D’Elía y los gritos destemplados del Nerón criollo, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de cerca de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, militares y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo sigue levantando barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
Quienes llevamos a cuestas varias décadas de vida hemos escuchado reiteradamente la añoranza de los tiempos en los que el mundo necesitaba un granero que le diera alimentos y la Argentina lo tenía, las buenas épocas de la ocupación del territorio, la llegada de los inmigrantes y el gran salto de nuestro país desde ser poco más que un desierto despoblado, a uno de los de mayor crecimiento en el planeta.
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI, a tal punto nos golpeó que “el mundo” dejara de necesitarnos. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata. Ahí volvimos a las andanzas, hasta que se cerró el círculo con la crisis de cambio de siglo, en que volvimos a la riqueza del comienzo.
Mientras tanto, en estas siete décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo” duhalde-kirchnerista. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas kirchneristas del conurbano o la propia Capital Federal, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo ha resuelto cometer contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor.
Mientras tanto, es importante que mantengan en un rinconcito de su corazón, la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañe la mayoría del peronismo. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo, con las patotas de D’Elía y los gritos destemplados del Nerón criollo, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de cerca de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, militares y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo sigue levantando barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
jueves, 26 de junio de 2008
Mercado persa
Así se conoce, en nuestro argot criollo, el cambalache en el que nada tiene precio y todo se regatea. Mecanismo comercial previo a la irrupción de la modernidad, lo único que lo sostiene es el interés recíproco de los contendientes, cada uno sabiendo lo que quiere defender y llegando –cuando se llega- a un acuerdo cuando las concesiones recíprocas alcanzan su límite.
“Móviles, hasta el 50 %”... “fijas, al 35”... “móviles, con un tope del 39...” o “35 fijas, y hasta el 39 imputables a ganancias”
¿La ley?, ¿la Constitución? ... pues, bien, gracias.
Ese mercado persa tiene un gran causante: la ausencia de un relato opositor coherente, con la coherencia y la convicción con que expresan el suyo los trasnochados –pero convencidos- voceros del gobierno (Pérsico, Ceballos, D’Elía, alguna diputada cuyo único mérito no es hablar de corrido sino ser “hija de desaparecidos” y puesta en una banca como tardía indemnización a su identidad robada y afortunadamente recobrada).
Incoherencia y pequeños cálculos es lo que muestra el fragmentado discurso político opositor, cada uno expresado con el temor de no quedar pescado “infragranti” en alguna contradicción histórica. Y es que, quizás, la mayoría, en el fondo, no tiene en este aspecto tanta diferencia con la propuesta del gobierno, salvo en el decisivo asunto de no quedar pegado con el oficialismo frente a la sana rebelión popular.
Es que el contradictorio no está bien planteado si se lo ubica en el escenario. El verdadero conflicto está en la violación del contrato constitucional por un escalón dirigencial histórico fiel a una ideología en la que muchos abrevaron, que justifica la transgresión a los límites constitucionales frente a lo que cada uno considere o haya considerado una “situación de excepción”.
Eso no sería censurable, a condición de saber analizar la realidad con la mente abierta y la disposición a la comprensión del error. Quien esto escribe, alguna vez, hace muchos años, desde la política, sostuvo con honestidad la conveniencia de las retenciones. Aunque entonces fueran por corto lapso y bucaran neutralizar el efecto directo de una devaluación en el poder adquisito del salario, confiesa hoy su error, y sostiene que un análisis profundo indica la sustancial inequidad de semejante tributo. Esa inequidad se transforma en iniquidad en estos momentos, en el que el país podría dar un gran salto adelante incentivando su producción de alimentos, y se persiste en una gabela que aplasta la producción, a tono con una política fuera de época cuyo “mérito” (¡expresado con orgullo!...) es producir el “desacople” de nuestro sector más competitivo de una economía mundial en expansión, justamente traccionada por ese sector...
Cálculos robustos indican que la retención actual, con los valores internacionales actuales de la soja y los actuales costos de producción implican una tasa implícita de impuesto a las ganancias del... ¡85,7 % para un pequeño productor que obtenga un “rinde” de 30 quintales por ha, y del 78 % para un productor grande que obtenga uno de 50!
La tasa sigue siendo enorme (supera el 70 % en ambos casos) si al cálculo le reducimos el impuesto a las ganancias a un nivel 0. Es decir: aunque el productor no pagara impuesto a las ganancias, las retenciones le están confiscando más del doble de lo aceptado por la Corte como límite para no convertir una gabela en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución Nacional. En el marco legal argentino, con el actual nivel de costos de producción y de precios internacionales, la única “retención” que no superaría ese límite sería una de aproximadamente 15 %, imputable a ganancias y en cuanto esas ganancias realmente existieran. Seguiría siendo inconstitucional, sin embargo, por su origen –delegación de facultes impositivas en el Ejecutivo- y por afectar las finanzas provinciales al reducir la masa coparticipable.
Si esta tasa es pasmosa en cualquier economía –Chile tiene un impuesto a ganancias del 16%, Uruguay del 30, Estados Unidos e Italia, los más altos del mundo, 40 %-, se hace patética si vemos que en nuestro entorno regional Brasil acaba de aprobar fondos subsidiados por CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES para incentivar su producción de alimentos, y Uruguay nos ha sobrepasado ya en exportación de carnes, sin tener retenciones y, por el contrario, promoviendo especialmente los insumos –fertilizantes, semillas y maquinarias- a los productores agropecuarios, a fin de impulsar su producción exportable. Y –contradiciendo el argumento oficial- sin que el precio de la carne para consumo interno se haya elevado, sino mantenido por el mercado en los mismos niveles que en Argentina.
Son, además, regresivas (golpean más a los pequeños que a los grandes en cerca de un 10 %), impulsan por ello la concentración de la producción en grandes capitales, y desestimulan cultivos alternativos.
¿Por qué estos argumentos no forman parte del discurso opositor? ¿Por qué no vemos masivamente a dirigentes del PRO, de la UCR o de la CC sosteniendo con claridad esa ilegalidad esencial de las retenciones, que destrozan el capital de trabajo, violan derechos de los ciudadanos, niegan las facultades constitucionales del Congreso y se apropian, también contra las normas expresas de la Constitución Nacional de recursos provinciales?
Es entendible que la dirigencia del sector agropecuario acepte el debate del “mercado persa”. En última instancia, lo que le interesa en forma directa es defender a sus representados y eso no está mal. No es entendible, sin embargo, que las principales figuras opositoras no agreguen luz a este debate escapando del “corralito” de las transacciones, y reclamen, con claridad y transparencia, la vigencia integral de la Constitución Nacional, y en lugar de ese discurso cristalino se dediquen a inventar nuevas alquimias con que diferenciarse del gobierno, pero sin llegar al “extremo” de reconocer su ilegalidad.
Claramente, no hay “retenciones” malas o buenas, según su nivel. Las retenciones son inconstitucionales. Aunque antes las hubiera aplicado Frondizi, Onganía, Perón, Alfonsín o Duhalde. Como no hay “inflación” buena, cuando es poquita, y “mala” cuando es grande. No se puede ser “un poquito” ladrón y en consecuencia, estar éticamente “más” justificado o “menos” condenado. Así como la inflación implica apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de la manipulación de la moneda y de los precios relativos, las retenciones implican apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de un impuesto que el Estado no está facultado a aplicar, en el marco de esta Constitución Nacional. Aunque antes todos lo hubieramos hecho y casi todos lo hubieran aceptado. Simplemente, porque afectan derechos de los ciudadanos que éstos no han delegado en el Estado.
Hoy estamos pasando en limpio el país del futuro y empezando una nueva construcción nacional. Arreglemos los cimientos del edificio, según las normas, las buenas normas. Entremos al mundo sin intentar inventar la pólvora. Aprovechemos una situación internacional que nos permite crecer sin hacer trampas a los demás, y tampoco a nosotros mismos. En muy pocos años podríamos volver a estar entre los primeros, en lugar de seguir decayendo y neutralizándonos en discusiones sobre el pasado, o en el mercado persa del momento.
Ricardo Lafferriere
http://www.ricardolafferriere.com.ar/
ricardo.lafferriere@gmail.com
“Móviles, hasta el 50 %”... “fijas, al 35”... “móviles, con un tope del 39...” o “35 fijas, y hasta el 39 imputables a ganancias”
¿La ley?, ¿la Constitución? ... pues, bien, gracias.
Ese mercado persa tiene un gran causante: la ausencia de un relato opositor coherente, con la coherencia y la convicción con que expresan el suyo los trasnochados –pero convencidos- voceros del gobierno (Pérsico, Ceballos, D’Elía, alguna diputada cuyo único mérito no es hablar de corrido sino ser “hija de desaparecidos” y puesta en una banca como tardía indemnización a su identidad robada y afortunadamente recobrada).
Incoherencia y pequeños cálculos es lo que muestra el fragmentado discurso político opositor, cada uno expresado con el temor de no quedar pescado “infragranti” en alguna contradicción histórica. Y es que, quizás, la mayoría, en el fondo, no tiene en este aspecto tanta diferencia con la propuesta del gobierno, salvo en el decisivo asunto de no quedar pegado con el oficialismo frente a la sana rebelión popular.
Es que el contradictorio no está bien planteado si se lo ubica en el escenario. El verdadero conflicto está en la violación del contrato constitucional por un escalón dirigencial histórico fiel a una ideología en la que muchos abrevaron, que justifica la transgresión a los límites constitucionales frente a lo que cada uno considere o haya considerado una “situación de excepción”.
Eso no sería censurable, a condición de saber analizar la realidad con la mente abierta y la disposición a la comprensión del error. Quien esto escribe, alguna vez, hace muchos años, desde la política, sostuvo con honestidad la conveniencia de las retenciones. Aunque entonces fueran por corto lapso y bucaran neutralizar el efecto directo de una devaluación en el poder adquisito del salario, confiesa hoy su error, y sostiene que un análisis profundo indica la sustancial inequidad de semejante tributo. Esa inequidad se transforma en iniquidad en estos momentos, en el que el país podría dar un gran salto adelante incentivando su producción de alimentos, y se persiste en una gabela que aplasta la producción, a tono con una política fuera de época cuyo “mérito” (¡expresado con orgullo!...) es producir el “desacople” de nuestro sector más competitivo de una economía mundial en expansión, justamente traccionada por ese sector...
Cálculos robustos indican que la retención actual, con los valores internacionales actuales de la soja y los actuales costos de producción implican una tasa implícita de impuesto a las ganancias del... ¡85,7 % para un pequeño productor que obtenga un “rinde” de 30 quintales por ha, y del 78 % para un productor grande que obtenga uno de 50!
La tasa sigue siendo enorme (supera el 70 % en ambos casos) si al cálculo le reducimos el impuesto a las ganancias a un nivel 0. Es decir: aunque el productor no pagara impuesto a las ganancias, las retenciones le están confiscando más del doble de lo aceptado por la Corte como límite para no convertir una gabela en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución Nacional. En el marco legal argentino, con el actual nivel de costos de producción y de precios internacionales, la única “retención” que no superaría ese límite sería una de aproximadamente 15 %, imputable a ganancias y en cuanto esas ganancias realmente existieran. Seguiría siendo inconstitucional, sin embargo, por su origen –delegación de facultes impositivas en el Ejecutivo- y por afectar las finanzas provinciales al reducir la masa coparticipable.
Si esta tasa es pasmosa en cualquier economía –Chile tiene un impuesto a ganancias del 16%, Uruguay del 30, Estados Unidos e Italia, los más altos del mundo, 40 %-, se hace patética si vemos que en nuestro entorno regional Brasil acaba de aprobar fondos subsidiados por CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES para incentivar su producción de alimentos, y Uruguay nos ha sobrepasado ya en exportación de carnes, sin tener retenciones y, por el contrario, promoviendo especialmente los insumos –fertilizantes, semillas y maquinarias- a los productores agropecuarios, a fin de impulsar su producción exportable. Y –contradiciendo el argumento oficial- sin que el precio de la carne para consumo interno se haya elevado, sino mantenido por el mercado en los mismos niveles que en Argentina.
Son, además, regresivas (golpean más a los pequeños que a los grandes en cerca de un 10 %), impulsan por ello la concentración de la producción en grandes capitales, y desestimulan cultivos alternativos.
¿Por qué estos argumentos no forman parte del discurso opositor? ¿Por qué no vemos masivamente a dirigentes del PRO, de la UCR o de la CC sosteniendo con claridad esa ilegalidad esencial de las retenciones, que destrozan el capital de trabajo, violan derechos de los ciudadanos, niegan las facultades constitucionales del Congreso y se apropian, también contra las normas expresas de la Constitución Nacional de recursos provinciales?
Es entendible que la dirigencia del sector agropecuario acepte el debate del “mercado persa”. En última instancia, lo que le interesa en forma directa es defender a sus representados y eso no está mal. No es entendible, sin embargo, que las principales figuras opositoras no agreguen luz a este debate escapando del “corralito” de las transacciones, y reclamen, con claridad y transparencia, la vigencia integral de la Constitución Nacional, y en lugar de ese discurso cristalino se dediquen a inventar nuevas alquimias con que diferenciarse del gobierno, pero sin llegar al “extremo” de reconocer su ilegalidad.
Claramente, no hay “retenciones” malas o buenas, según su nivel. Las retenciones son inconstitucionales. Aunque antes las hubiera aplicado Frondizi, Onganía, Perón, Alfonsín o Duhalde. Como no hay “inflación” buena, cuando es poquita, y “mala” cuando es grande. No se puede ser “un poquito” ladrón y en consecuencia, estar éticamente “más” justificado o “menos” condenado. Así como la inflación implica apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de la manipulación de la moneda y de los precios relativos, las retenciones implican apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de un impuesto que el Estado no está facultado a aplicar, en el marco de esta Constitución Nacional. Aunque antes todos lo hubieramos hecho y casi todos lo hubieran aceptado. Simplemente, porque afectan derechos de los ciudadanos que éstos no han delegado en el Estado.
Hoy estamos pasando en limpio el país del futuro y empezando una nueva construcción nacional. Arreglemos los cimientos del edificio, según las normas, las buenas normas. Entremos al mundo sin intentar inventar la pólvora. Aprovechemos una situación internacional que nos permite crecer sin hacer trampas a los demás, y tampoco a nosotros mismos. En muy pocos años podríamos volver a estar entre los primeros, en lugar de seguir decayendo y neutralizándonos en discusiones sobre el pasado, o en el mercado persa del momento.
Ricardo Lafferriere
http://www.ricardolafferriere.com.ar/
ricardo.lafferriere@gmail.com
Un partido para el cambio de modelo
Las repetidas alusiones de la presidenta sobre las diferencias entre su “modelo” y el que presumiblemente defendería el campo la han llevado a insistir, en los últimos tiempos, en una nueva cantinela que comienza a ser reiterativa: la de instarlos a formar un partido político con ese fin.
El razonamiento de la señora presidenta, sin embargo, enfoca la cuestión en forma equivocada. No se ha leído en ningún reclamo del campo un pedido de “cambio de modelo”, si por tal entendemos el establecido por las normas constitucionales que nos rigen. Y por el contrario, la sospecha más grande es que, quien quiere un cambio de “modelo” sin tener legitimidad para hacerlo, es la propia presidenta.
“¿Cómo es eso?!, increparía seguramente ella de inmediato. “¡si nosotros ganamos las elecciones!...”
Exacto. Ganaron las elecciones. Eso significa que compitieron por la administración del país en el marco establecido por la Constitución y las leyes. En su propuesta electoral en ningún momento reclamaron un “cambio de modelo”, y al asumir, juró “por Dios, la Patria y ante los Santos Evangelios” respetar y hacer respetar sus normas.
Entre esas normas, existe una que establece el procedimiento para su propia reforma: ella debe conocerlas, no sólo porque es abogada sino porque fue integrante de la Convención Reformadora de 1994.
Volvamos al razonamiento: la resolución de las retenciones, que tanto ruido ha hecho en los últimos tiempos, no tiene fundamento constitucional, es decir, fue dictada al margen del “modelo”. Esto, al parecer, no le interesa demasiado a muchos legisladores, ni siquiera a muchos gobernadores. Sin embargo, no forma parte de un acuerdo que deba gestarse entre los funcionarios, cualquiera sea su lugar en el organigrama público, porque no se trata de distribución de competencias entre ellos: afecta al contrato fundamental entre el poder y los ciudadanos.
En nuestro sistema político, la base del poder es cada ciudadano. Todos los argentinos que ostenten esta categoría, en conjunto, forman “el pueblo”. Ese “pueblo”, por su ley fundamental, delega parcelas de su libertad originaria –“todos los hombres nacen libres e iguales...”- en el poder, bajo las condiciones que se establecen en la Constitución. Todas sus demás potestades y derechos quedan reservados por sus titulares originarios –los ciudadanos, como células básicas, y el “pueblo”, como entidad política que los abarca a todos-, por el artículo 32 de la Constitución.
Si el poder avanza sobre los derechos de los ciudadanos, se rompe el contrato constitucional, se rompe el “modelo”, como le gustaría decir a la señora presidenta.
Los hombres de campo –y quienes los han acompañado en sus reclamos en estos meses- no están pidiendo que se cambie ese modelo. Por el contrario, su reclamo ha sido muy claro: quieren que se lo respete.
Y, al contrario, quien ha pretendido cambiar el “modelo” sin tener facultades legítimas para hacerlo, es la propia señora presidenta, a quien cabría reclamarle que, si realmente quiere cambiar el modelo vigente, que presente el proyecto de reforma constitucional estableciendo otras bases, las que integran su propuesta.
Podrá así, por ejemplo, proponer reformas que anulen la prohibición de la confiscatoriedad, pongan mayores límites al derecho de propiedad, reduzcan las facultades del Congreso y las transfirieran al Ejecutivo, dispongan que los Jueces no tienen independencia ni estabilidad cuando pierden la confianza del poder, limiten la libertad de prensa, concentren la capacidad de disposición de recursos en el poder ejecutivo nacional con el correlativo vaciamiento del federalismo, y hasta deroguen la imputabilidad de los funcionarios en casos corrupción, entre otras cosas.
Si los ciudadanos –y el “pueblo”- votan esas reformas, la señora presidenta tendrá legitimidad para seguir haciendo lo que hace, y –entonces sí- los hombres del campo y quienes los acompañan deberían formar una fuerza política para volver al “modelo” cuya vigencia efectiva hoy reclaman. Porque el que está vigente por la Constitución, no es el que se está aplicando por la presidenta.
No es, entonces, el campo, el que tiene hoy que formar un partido para cambiar un modelo con el que está conforme. Es la presidenta, que pretende cambiar ese “modelo” sin tener facultades para hacerlo, la que en todo caso debe hacerlo.
Entonces, señora presidenta: si quiere cambiar su modelo, pues forme usted un partido político, o utilice el que ya tiene, proponga su proyecto al Congreso, y si obtiene los 2/3 de cada Cámara, convoque a una Convención Constituyente para hacerlo.
Si no, limítese a lo que son sus facultades. Gobierne según las normas de la ley. Y respete a los ciudadanos, que son sus mandantes y no sus súbditos, cuando éstos, en legítima defensa de sus derechos, le piden –aún teniendo derecho a exigirlo- que cumpla usted con la Constitución que juró respetar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
El razonamiento de la señora presidenta, sin embargo, enfoca la cuestión en forma equivocada. No se ha leído en ningún reclamo del campo un pedido de “cambio de modelo”, si por tal entendemos el establecido por las normas constitucionales que nos rigen. Y por el contrario, la sospecha más grande es que, quien quiere un cambio de “modelo” sin tener legitimidad para hacerlo, es la propia presidenta.
“¿Cómo es eso?!, increparía seguramente ella de inmediato. “¡si nosotros ganamos las elecciones!...”
Exacto. Ganaron las elecciones. Eso significa que compitieron por la administración del país en el marco establecido por la Constitución y las leyes. En su propuesta electoral en ningún momento reclamaron un “cambio de modelo”, y al asumir, juró “por Dios, la Patria y ante los Santos Evangelios” respetar y hacer respetar sus normas.
Entre esas normas, existe una que establece el procedimiento para su propia reforma: ella debe conocerlas, no sólo porque es abogada sino porque fue integrante de la Convención Reformadora de 1994.
Volvamos al razonamiento: la resolución de las retenciones, que tanto ruido ha hecho en los últimos tiempos, no tiene fundamento constitucional, es decir, fue dictada al margen del “modelo”. Esto, al parecer, no le interesa demasiado a muchos legisladores, ni siquiera a muchos gobernadores. Sin embargo, no forma parte de un acuerdo que deba gestarse entre los funcionarios, cualquiera sea su lugar en el organigrama público, porque no se trata de distribución de competencias entre ellos: afecta al contrato fundamental entre el poder y los ciudadanos.
En nuestro sistema político, la base del poder es cada ciudadano. Todos los argentinos que ostenten esta categoría, en conjunto, forman “el pueblo”. Ese “pueblo”, por su ley fundamental, delega parcelas de su libertad originaria –“todos los hombres nacen libres e iguales...”- en el poder, bajo las condiciones que se establecen en la Constitución. Todas sus demás potestades y derechos quedan reservados por sus titulares originarios –los ciudadanos, como células básicas, y el “pueblo”, como entidad política que los abarca a todos-, por el artículo 32 de la Constitución.
Si el poder avanza sobre los derechos de los ciudadanos, se rompe el contrato constitucional, se rompe el “modelo”, como le gustaría decir a la señora presidenta.
Los hombres de campo –y quienes los han acompañado en sus reclamos en estos meses- no están pidiendo que se cambie ese modelo. Por el contrario, su reclamo ha sido muy claro: quieren que se lo respete.
Y, al contrario, quien ha pretendido cambiar el “modelo” sin tener facultades legítimas para hacerlo, es la propia señora presidenta, a quien cabría reclamarle que, si realmente quiere cambiar el modelo vigente, que presente el proyecto de reforma constitucional estableciendo otras bases, las que integran su propuesta.
Podrá así, por ejemplo, proponer reformas que anulen la prohibición de la confiscatoriedad, pongan mayores límites al derecho de propiedad, reduzcan las facultades del Congreso y las transfirieran al Ejecutivo, dispongan que los Jueces no tienen independencia ni estabilidad cuando pierden la confianza del poder, limiten la libertad de prensa, concentren la capacidad de disposición de recursos en el poder ejecutivo nacional con el correlativo vaciamiento del federalismo, y hasta deroguen la imputabilidad de los funcionarios en casos corrupción, entre otras cosas.
Si los ciudadanos –y el “pueblo”- votan esas reformas, la señora presidenta tendrá legitimidad para seguir haciendo lo que hace, y –entonces sí- los hombres del campo y quienes los acompañan deberían formar una fuerza política para volver al “modelo” cuya vigencia efectiva hoy reclaman. Porque el que está vigente por la Constitución, no es el que se está aplicando por la presidenta.
No es, entonces, el campo, el que tiene hoy que formar un partido para cambiar un modelo con el que está conforme. Es la presidenta, que pretende cambiar ese “modelo” sin tener facultades para hacerlo, la que en todo caso debe hacerlo.
Entonces, señora presidenta: si quiere cambiar su modelo, pues forme usted un partido político, o utilice el que ya tiene, proponga su proyecto al Congreso, y si obtiene los 2/3 de cada Cámara, convoque a una Convención Constituyente para hacerlo.
Si no, limítese a lo que son sus facultades. Gobierne según las normas de la ley. Y respete a los ciudadanos, que son sus mandantes y no sus súbditos, cuando éstos, en legítima defensa de sus derechos, le piden –aún teniendo derecho a exigirlo- que cumpla usted con la Constitución que juró respetar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
domingo, 22 de junio de 2008
¿Nuevamente América?
Habrá que mirar nuevamente a América.
Nuestros pueblos sudamericanos, que recibieron de los viejos países colonialistas una savia fundadora sobre la que edificaron sus valores, su cultura y su imaginario, hace doscientos años comenzaban la aventura de sus independencias.
Sufrieron mucho, como en todas las luchas. Ejércitos imponentes y disciplinados, como el de José de la Serna, último virrey del Perú, fueron enfrentados por legiones de militares criollos al frente de millares de gauchos, hasta culminar en Ayacucho con la ruptura del último eslabón de la cadena. Y comenzaron a edificar sus países.
En esta construcción también sufrieron. El roto cordón umbilical fue reemplazado en las ideas por un faro brillante que inspiró todas las Constituciones de los nuevos países: los Estados Unidos, la única República existente en el mundo a comienzos del siglo XIX. En ella se inspiraron nuestros próceres y su Ley Fundamental impregnó de los nuevos valores revolucionarios las bases fundacionales de América: los derechos y libertades, la soberanía del pueblo, el Congreso como poder fundamental, y en algunos casos como el argentino, hasta el diseño del federalismo. Alberdi y Sarmiento, dos de nuestros próceres intelectuales, vieron en las leyes y en la educación de los juveniles “Estados Unidos” un paradigma a emular.
El fulgurante asceso norteamericano, sin embargo, desbordó hacia los vecinos con actitudes imperiales que lo alejaron del sentimiento criollo. Acciones traumáticas, como las intervenciones armadas, la guerra de Cuba o la apropiación de casi la mitad del territorio mexicano, fueron creando e incentivando una distancia que se proyectó durante años. Mientras, Europa volvía a inyectar savia trabajadora a través de millones de inmigrantes que llegaron con sus habilidades y su cultura, impregnando las viejas sociedades coloniales-revolucionarias. Y surgió esa sociedad pujante de comienzos del siglo XX, que en algunos países –como el nuestro, como el Uruguay, como Chile- recrearon su simpatía por sus “madres patrias”, alejándose espiritualmente del hermano mayor, cuyo liderazgo se había convertido en una esperanza frustrada.
Así recorrimos el siglo XX. Una recelosa mirada que en ocasiones expresaba simpatía y en otras, molestia y hasta odio, fue oscilando entre nuestros países y los dos grandes espacios de occidente. De uno, recibimos su cultura. Del otro, sus instituciones. El violento siglo XX también nos enredó a los latinoamericanos y pasó como un vendaval cuyos coletazos nos golpearon y aún nos dividieron –desde las dos grandes guerras, hasta el mundo bipolar; desde las “guerras revolucionarias” hasta la “doctrina de la seguridad nacional”; desde los modelos autárquicos, hasta la globalización-.
Pero quedaron los valores. Entre ellos, uno pasó a la cabeza: la lucha por los derechos humanos. Y otro lo siguió de cerca: la solidaridad.
Las decisiones que tomó el Parlamento Europeo la semana pasada golpean en el corazón de ambos. El reclamo –ya que la “lucha por” desapareció hace rato- de respeto por derechos humanos en Cuba, que había llevado a una actitud saludada y respetada por los demócratas latinoamericanos, acaba de sufrir un golpe abrumador con el levantamiento de las sanciones, motivada por razones de almacén y despreciada hasta por sus supuestos beneficiarios. Y la solidaridad recibió el mazazo de la “directiva de retorno”, mejor definida como ley de expulsiones, sancionada por el Parlamento Europeo, que encuadra en la condena ética más enérgica desde Kant a Bauman –ambos europeos, ambos luminosos, ambos respetados-, no sólo desde la igualdad formal en busca de la utopía de la “ciudadanía universal” sino desde la propia filosofía humanista de la posmodernidad. Europa se ha encerrado en sus vicios, desechando sus virtudes. Y ver a un socialista como Rodríguez Zapatero esforzándose en construir sofismas justificatorios no hace más que profundizar la tristeza de nuestra perspectiva americana y, estoy seguro, también de la de millones de europeos que aún creen en la modernidad y en la igualdad esencial de todos los seres humanos.
Quizás tengamos, una vez más, que volver nuestra mirada a nuestra América. A nosotros mismos, que todavía debemos aprender mucho. Y a nuestros antiguos hermanos mayores, que también deben aprender especialmente en su humildad, para matizar su convicción de ser los depositarios de la marcha de la historia hacia la democracia universal y terminar con actitudes que los degradan, como la prisión de Guantánano, pero que se han convertido en el país del mundo que, aún con sus espasmos excluyentes, más cantidad de inmigrantes recibe anualmente y mejor ejemplo democrático nos está mostrando con su proceso de selección de nuevo presidente.
Desde nuestra lejanía geográfica del Occidente del Sur, que es Europa y también es América, no podemos dejar de admirar a una sociedad abierta que ha llegado en su evolución a abrir la posibilidad de que un negro descendiente de esclavos esté en la puerta de ser elegido su Presidente (¿sería esto posible en algún país europeo?). Quienes transitamos los cincuenta o sesenta años de edad, aún recordamos la dureza de las luchas por los derechos civiles, las muertes de Kennedy y Luther King, la persecusión de las acciones aberrantes del KKK y la admirable resistencia de millones de jóvenes norteamericanos a la política de su gobierno en Viet Nam, bastante más claras que las de los jóvenes franceses durante la batalla de Argel. En momentos de balances, no podemos dejar de pensar en sus aportes a la formación de una conciencia universal sobre los derechos humanos.
Pero principalmente, debemos recordar las responsabilidades propias, las que se asientan en los valores en los que se apoyó la fundación de nuestras sociedades, y que se extienden desde producir alimentos para un mundo hambriento, hasta abrir nuestras puertas a todos los hombres de buena voluntad; desde defender sin anteojeras los derechos de las personas de cualquier ataque –de “izquierda” o de “derecha”- hasta trabajar con todos los pueblos del mundo que lo deseen para la construcción de una globalización con ley, con justicia, con equidad, con derecho y con respeto al planeta, convertido en el hogar común, más allá de las pequeñas ranchadas nacionales, de todos los seres humanos que lo poblamos.
No hay ya en el mundo personas aisladas. Se está conformando el gigantesco entramado del mundo global de las personas, que se agrega a la vieja globalización de los Estados y la no tan vieja de las empresas. Todos somos hoy responsables de todo. Cada ser humano sobre la tierra va en camino de convertirse en una célula –libre e igual- a las otras 6.700 millones que conforman la humanidad, con su responsabilidad indelegable en la construcción del mundo que viene. Trae de arrastre sus viejas épicas, sus antiguas afinidades, sus recelos y miedos. Debe sacar lo mejor de ese pasado, inspirarse en los ejemplos más sentidos y, en nuestros pagos, parafraseando a Heidegger cuando definía al ser humano como un “proyecto lanzado”, pensar en América, toda ella, como lo señaló Juan Pablo II en su viaje a Brasil, como el Continente de la Esperanza para aportar, desde acá, al “proyecto lanzado” de una sociedad planetaria mejor.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
Nuestros pueblos sudamericanos, que recibieron de los viejos países colonialistas una savia fundadora sobre la que edificaron sus valores, su cultura y su imaginario, hace doscientos años comenzaban la aventura de sus independencias.
Sufrieron mucho, como en todas las luchas. Ejércitos imponentes y disciplinados, como el de José de la Serna, último virrey del Perú, fueron enfrentados por legiones de militares criollos al frente de millares de gauchos, hasta culminar en Ayacucho con la ruptura del último eslabón de la cadena. Y comenzaron a edificar sus países.
En esta construcción también sufrieron. El roto cordón umbilical fue reemplazado en las ideas por un faro brillante que inspiró todas las Constituciones de los nuevos países: los Estados Unidos, la única República existente en el mundo a comienzos del siglo XIX. En ella se inspiraron nuestros próceres y su Ley Fundamental impregnó de los nuevos valores revolucionarios las bases fundacionales de América: los derechos y libertades, la soberanía del pueblo, el Congreso como poder fundamental, y en algunos casos como el argentino, hasta el diseño del federalismo. Alberdi y Sarmiento, dos de nuestros próceres intelectuales, vieron en las leyes y en la educación de los juveniles “Estados Unidos” un paradigma a emular.
El fulgurante asceso norteamericano, sin embargo, desbordó hacia los vecinos con actitudes imperiales que lo alejaron del sentimiento criollo. Acciones traumáticas, como las intervenciones armadas, la guerra de Cuba o la apropiación de casi la mitad del territorio mexicano, fueron creando e incentivando una distancia que se proyectó durante años. Mientras, Europa volvía a inyectar savia trabajadora a través de millones de inmigrantes que llegaron con sus habilidades y su cultura, impregnando las viejas sociedades coloniales-revolucionarias. Y surgió esa sociedad pujante de comienzos del siglo XX, que en algunos países –como el nuestro, como el Uruguay, como Chile- recrearon su simpatía por sus “madres patrias”, alejándose espiritualmente del hermano mayor, cuyo liderazgo se había convertido en una esperanza frustrada.
Así recorrimos el siglo XX. Una recelosa mirada que en ocasiones expresaba simpatía y en otras, molestia y hasta odio, fue oscilando entre nuestros países y los dos grandes espacios de occidente. De uno, recibimos su cultura. Del otro, sus instituciones. El violento siglo XX también nos enredó a los latinoamericanos y pasó como un vendaval cuyos coletazos nos golpearon y aún nos dividieron –desde las dos grandes guerras, hasta el mundo bipolar; desde las “guerras revolucionarias” hasta la “doctrina de la seguridad nacional”; desde los modelos autárquicos, hasta la globalización-.
Pero quedaron los valores. Entre ellos, uno pasó a la cabeza: la lucha por los derechos humanos. Y otro lo siguió de cerca: la solidaridad.
Las decisiones que tomó el Parlamento Europeo la semana pasada golpean en el corazón de ambos. El reclamo –ya que la “lucha por” desapareció hace rato- de respeto por derechos humanos en Cuba, que había llevado a una actitud saludada y respetada por los demócratas latinoamericanos, acaba de sufrir un golpe abrumador con el levantamiento de las sanciones, motivada por razones de almacén y despreciada hasta por sus supuestos beneficiarios. Y la solidaridad recibió el mazazo de la “directiva de retorno”, mejor definida como ley de expulsiones, sancionada por el Parlamento Europeo, que encuadra en la condena ética más enérgica desde Kant a Bauman –ambos europeos, ambos luminosos, ambos respetados-, no sólo desde la igualdad formal en busca de la utopía de la “ciudadanía universal” sino desde la propia filosofía humanista de la posmodernidad. Europa se ha encerrado en sus vicios, desechando sus virtudes. Y ver a un socialista como Rodríguez Zapatero esforzándose en construir sofismas justificatorios no hace más que profundizar la tristeza de nuestra perspectiva americana y, estoy seguro, también de la de millones de europeos que aún creen en la modernidad y en la igualdad esencial de todos los seres humanos.
Quizás tengamos, una vez más, que volver nuestra mirada a nuestra América. A nosotros mismos, que todavía debemos aprender mucho. Y a nuestros antiguos hermanos mayores, que también deben aprender especialmente en su humildad, para matizar su convicción de ser los depositarios de la marcha de la historia hacia la democracia universal y terminar con actitudes que los degradan, como la prisión de Guantánano, pero que se han convertido en el país del mundo que, aún con sus espasmos excluyentes, más cantidad de inmigrantes recibe anualmente y mejor ejemplo democrático nos está mostrando con su proceso de selección de nuevo presidente.
Desde nuestra lejanía geográfica del Occidente del Sur, que es Europa y también es América, no podemos dejar de admirar a una sociedad abierta que ha llegado en su evolución a abrir la posibilidad de que un negro descendiente de esclavos esté en la puerta de ser elegido su Presidente (¿sería esto posible en algún país europeo?). Quienes transitamos los cincuenta o sesenta años de edad, aún recordamos la dureza de las luchas por los derechos civiles, las muertes de Kennedy y Luther King, la persecusión de las acciones aberrantes del KKK y la admirable resistencia de millones de jóvenes norteamericanos a la política de su gobierno en Viet Nam, bastante más claras que las de los jóvenes franceses durante la batalla de Argel. En momentos de balances, no podemos dejar de pensar en sus aportes a la formación de una conciencia universal sobre los derechos humanos.
Pero principalmente, debemos recordar las responsabilidades propias, las que se asientan en los valores en los que se apoyó la fundación de nuestras sociedades, y que se extienden desde producir alimentos para un mundo hambriento, hasta abrir nuestras puertas a todos los hombres de buena voluntad; desde defender sin anteojeras los derechos de las personas de cualquier ataque –de “izquierda” o de “derecha”- hasta trabajar con todos los pueblos del mundo que lo deseen para la construcción de una globalización con ley, con justicia, con equidad, con derecho y con respeto al planeta, convertido en el hogar común, más allá de las pequeñas ranchadas nacionales, de todos los seres humanos que lo poblamos.
No hay ya en el mundo personas aisladas. Se está conformando el gigantesco entramado del mundo global de las personas, que se agrega a la vieja globalización de los Estados y la no tan vieja de las empresas. Todos somos hoy responsables de todo. Cada ser humano sobre la tierra va en camino de convertirse en una célula –libre e igual- a las otras 6.700 millones que conforman la humanidad, con su responsabilidad indelegable en la construcción del mundo que viene. Trae de arrastre sus viejas épicas, sus antiguas afinidades, sus recelos y miedos. Debe sacar lo mejor de ese pasado, inspirarse en los ejemplos más sentidos y, en nuestros pagos, parafraseando a Heidegger cuando definía al ser humano como un “proyecto lanzado”, pensar en América, toda ella, como lo señaló Juan Pablo II en su viaje a Brasil, como el Continente de la Esperanza para aportar, desde acá, al “proyecto lanzado” de una sociedad planetaria mejor.
Ricardo Lafferriere
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La renta de la tierra
La actualización del debate sobre los aranceles de exportación sobre algunos productos primarios ha vuelto a instalar el tradicional debate sobre la “renta de la tierra”.
Su estudio fue encarado por los clásicos, desde Adam Smith y David Ricado, hasta Carlos Marx, y aunque sus conclusiones no son exactamente iguales, se refieren en todos los casos a un supuesto de origen diferente al de la Argentina de hoy: la presencia del “terrateniente”, dueño de la tierra por herencia feudal o propiedad originaria, que recibía un monto del ingreso por facilitar la disposición de ese bien para la producción aplicando en él el trabajo y la tecnología necesarias para la producción, esta última ínfima en relación a la requerida en la explotación agropecuaria moderna.
Al precio final de la producción, entonces, deducidos el costo del trabajo, de la tecnología y de la ganancia capitalista, le quedaría un “excedente”, que recibiría el terrateniente como compensación por el uso de una propiedad privada, normalmente preexistente y no adquirida según las reglas de mercado, no incorporadas a la cuenta del “capital” -y por lo tanto, no sujeto al mecanismo capitalista la de tasa de interés- para la puesta en marcha de un emprendimiento productivo.
El valor de esa renta difería para los distintos autores. Para Adam Smith, estaba determinada por la porción de la rentabilidad que debía entregarse al terrateniente como condición de su disponibilidad. David Ricardo cuestionaba este concepto, sosteniendo que se confundía con el alquiler del bien y proponía un método basado en el diferente nivel de productividad de los diferentes tipos de suelo. En su razonamiento, el precio de producción agropecuario estaba fijado por el costo de producción más la ganancia de un producto generado en las tierras menos productivas, y la diferencia de ganancia entre este precio –al que correspondía un determinado mayor nivel de costos- y el surgido de las tierras más productivas era la “renta” abonada al terrateniente. De este razonamiento se deduce que la renta no existiría siempre, ya que en el supuesto de un territorio con igual productividad, ese diferencial no existiría.
Marx, en un análisis que diferenciaba entre renta “absoluta” y renta “diferencial”, y a la vez subdividía a ésta en “clase 1” y “clase 2”, sintetizaba su concepto en la afirmación de que “renta es todo aquello que se le paga al terrateniente por explotar su tierra”. No existiría sólo en el caso de la propiedad colectiva de la tierra, o sea, de su libre disposición por cualquiera y se fundaba en el carácter “limitado” de la tierra, a diferencia de los bienes de producción “producidos”. En una economía de propiedad privada, la renta sería, en su concepto, el equivalente de una ganancia extraordinaria en una sociedad colectivizada. Su concepto tenía que ver con la demanda –que fija el precio- y con la oferta –que determina el costo de producción- y hoy está fuertemente matizado por el cambio sustancial en el proceso productivo agropecuario
¿Cómo hace una economía moderna para evitar que la “renta” o “ganancia extraordinaria” beneficie injustamente a pocos? A través del sistema impositivo, y específicamente, del impuesto a las ganancias, cuya elaborada sofistificación permite contemplar todos los aspectos necesarios para discriminar situaciones diferentes.
La tierra, hoy, es un componente de la explotación agropecuaria, pero con las siguientes características:
Es un bien de mercado, para acceder al cual es necesario realizar una determinada inversión que no puede obviarse en las cuentas de capital. Al igual que cualquier otro bien, su costo está determinado por su productividad intrínseca, y por la tecnología y la capacidad del trabajo humano que requiere se le incorporen. El precio de disposición de la tierra para una campaña agrícola no tiene una característica económica muy diferente de alquilar una grúa para la construcción para un edificio, o un generador eléctrico para una planta industrial, o del escenario para un festival audiovisual.
En la ecuación de costos, la tierra ha dejado de tener la importancia fundamental que tenía en épocas de escaso desarrollo tecnológico y trabajo humano sin calificar. La explotación agropecuaria marcha hoy a la vanguardia del desarrollo tecnológico y requiere no sólo un equipamiento que suele ser comparable o superior al valor de la tierra –y que, al igual que ésta, tiene un costo de mercado- sino que necesita inversiones cuantiosas en semillas, fertilizantes, plaguicidas y otros complementos que acrecientan la demanda de inversión. O sea: requiere contar con un capital operativo que hace un siglo era ínfimo.
El precio de los productos agropecuarios de exportación está determinado por el mercado mundial, haciendo imposible aplicar un criterio homogéneo de cuál es la “renta” diferencial con respecto al costo de la producción realizada en otros países. La aplicación de subsidios en numerosos países agrega un componente adicional de distorsión del mercado, reduciendo artificialmente el precio de competencia. Los insumos agropecuarios, el gran componente de la producción agropecuaria moderna, tienen, por su parte, un mercado internacional con precios globalizados.
La novedosa ganancia que produce el incremento de los precios internacionales no es atribuible a la propiedad de tierra o la “renta agraria”, sino al crecimiento estructural (y no meramente circunstancial) de la demanda frente a una oferta que no ha reaccionado a la misma velocidad, pero que la seguirá hasta alcanzarla, mediante la incorporación tecnológica, biotecnológica y de producción. Para mantener el nivel de rentabilidad será necesario volcar crecientes ingresos a ambos frentes de investigación, desarrollo tecnológico e incorporación productiva. Y confiscar la rentabilidad no sólo conspira contra ese objetivo, sino que anula el excedente con el que puede financiarse la ampliación productiva para responder a la demanda creciente.
Estas circunstancias marcan la esencial similitud entre la explotación agropecuaria y cualquier otra explotación económica. Las leyes de la economía –oferta, demanda, rentabilidad, inversión, ahorro, tasas de interés, tecnología, precios, riesgos, seguros- no tienen diferencias fundamentales –aunque sí especificidades- con otras actividades que ameriten un trato distinto en razón de la justicia distributiva.
Lo antedicho no implica negar la posibilidad –e incluso, la necesidad- del arbitraje público en algunos aspectos sensibles relacionados con la disponibilidad de alimentos para el país y el mundo, de la misma forma que otros mercados –como el de medicamentos, por ejemplo- o incluso el arraigo de la población, la preservación del ambiente, los bosques y la propia diversidad biológica. Ese saludable y necesario arbitraje debe ejercitarse, cuando sea necesario, contemplando el interés general, con las herramientas impositivas y de asignación de recursos fijados por el orden legal, con sus límites, condiciones y controles, y debe ser adecuadamente fundado, producto de un debate transparente y abierto como el que requiere la modernidad reflexiva.
Pero también implica tomar conciencia de que tratar a la tierra como en los tiempos de la economía feudal o inmediatamente post-feudal o con criterios similares a los de la minería extractiva de recursos no renovables –como el petróleo, por ejemplo- puede generar el desestímulo a la actividad agropecuaria, provocando en definitiva el incremento de los precios al golpear sobre la oferta reduciéndola, fenómeno que se insinuó ya a nivel internacional a raíz de la crisis argentina en estos últimos tres meses, que incrementó el precio internacional de la soja. De esta forma, no sólo se afecta a los productores, a los que se agrede con la incertidumbre sobre sus condiciones de trabajo e inversión, sino se genera un daño de alcance universal: el encarecimiento de los alimentos a una humanidad hambrienta.
De cara a la justicia impositiva, la conclusión es nítida: el impuesto a las ganancias –aún con la discutible incorporación de un impuesto especial a la ganancia extraordinaria- sigue siendo la mejor respuesta, en razón de que grava la ganancia realmente producida en cabeza de los productores que la tengan, y admite suficiente sofistificación como para poder contemplar las deducciones por zonas, por cargas familiares, por reinversión de utilidades y demás rubros que ha estudiado suficientemente la ciencia impositiva y que integren la decisión política debatida y expresada en el Congreso, como representación de la pluralidad social.
Aún así, la prudencia debe guiar la excepcionalidad. Los hechos concretos marcan los previsibles destinos –y desatinos- de esos ingresos extraordinarios en la Argentina de hoy. En manos públicas, es altamente probable la irresponsabilidad (tren “bala”, caso Skaska, empresas públicas fantasmas, festival de subsidios cruzados, corrupción ramplante, falta de control y transparencia). En manos de los productores se canaliza hacia la industria de maquinarias agrícolas, la inversiones en biotecnología, la ampliación de la producción, el comercio y los impuestos locales, la dinamización de los pueblos rurales, la ampliación del stock ganadero, y en ocasiones, alguna inversión inmobiliaria en departamentos en la ciudad para alojar a los jóvenes de familias agropecuarias que estudian. Difícilmente haya un ejemplo más claro del rol económicamente virtuoso de la libertad de mercado que éste, eximiendo al Estado de su necesaria intervención ante la inexistencia de distorsiones. Ni la posición más extremadamente marxista podría hoy ignorar la diferente consecuencia que tiene una renta apropiada por un Estado autoritario y sin “accountability” de uno democrático, transparente y moderno, o su libre disposición por ciudadanos libres.
Las “retenciones móviles”, como se ha dado en llamar a los aranceles variables de exportación de soja, al no discriminar diferentes situaciones, además de violar la Constitución, conllevan una confiscación tosca y rudimentaria, propia de un sistema fiscal primitivo, generan injusticias y provocan desestímulos a la producción sin ningún beneficio en el precio de los productos que gravan –sino que, por el contrario, encarecen el alimento en el plano internacional sin abaratarlos en el plano interno, ya que dichos productos no forman parte de la canasta alimentaria argentina-. Y conspiran contra el desarrollo integral del territorio reforzando la concentración macrocefálica, la industria ineficiente subsidiada por el campo y la construcción política clientelar, en los que tributaría injustamente el esfuerzo productivo agropecuario. Un buen impuesto a las ganancias, transparente, sofisticado y coparticipable, es infinitamente superior a cualquier retención.
La “renta agraria” es un concepto interesante para el análisis académico de otras épocas y otros países que, aunque usado ligeramente en el debate político argentino para “vestirlo” semánticamente, no tiene relación alguna con la fijación de aranceles móviles sobre la exportación de soja, los que en esencia implican la intervención directa sobre el precio de mercado de un producto (y sobre los derechos de sus dueños productores) sin respaldo constitucional, y sin ventajas sociales o económicas verificables.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferiere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
Su estudio fue encarado por los clásicos, desde Adam Smith y David Ricado, hasta Carlos Marx, y aunque sus conclusiones no son exactamente iguales, se refieren en todos los casos a un supuesto de origen diferente al de la Argentina de hoy: la presencia del “terrateniente”, dueño de la tierra por herencia feudal o propiedad originaria, que recibía un monto del ingreso por facilitar la disposición de ese bien para la producción aplicando en él el trabajo y la tecnología necesarias para la producción, esta última ínfima en relación a la requerida en la explotación agropecuaria moderna.
Al precio final de la producción, entonces, deducidos el costo del trabajo, de la tecnología y de la ganancia capitalista, le quedaría un “excedente”, que recibiría el terrateniente como compensación por el uso de una propiedad privada, normalmente preexistente y no adquirida según las reglas de mercado, no incorporadas a la cuenta del “capital” -y por lo tanto, no sujeto al mecanismo capitalista la de tasa de interés- para la puesta en marcha de un emprendimiento productivo.
El valor de esa renta difería para los distintos autores. Para Adam Smith, estaba determinada por la porción de la rentabilidad que debía entregarse al terrateniente como condición de su disponibilidad. David Ricardo cuestionaba este concepto, sosteniendo que se confundía con el alquiler del bien y proponía un método basado en el diferente nivel de productividad de los diferentes tipos de suelo. En su razonamiento, el precio de producción agropecuario estaba fijado por el costo de producción más la ganancia de un producto generado en las tierras menos productivas, y la diferencia de ganancia entre este precio –al que correspondía un determinado mayor nivel de costos- y el surgido de las tierras más productivas era la “renta” abonada al terrateniente. De este razonamiento se deduce que la renta no existiría siempre, ya que en el supuesto de un territorio con igual productividad, ese diferencial no existiría.
Marx, en un análisis que diferenciaba entre renta “absoluta” y renta “diferencial”, y a la vez subdividía a ésta en “clase 1” y “clase 2”, sintetizaba su concepto en la afirmación de que “renta es todo aquello que se le paga al terrateniente por explotar su tierra”. No existiría sólo en el caso de la propiedad colectiva de la tierra, o sea, de su libre disposición por cualquiera y se fundaba en el carácter “limitado” de la tierra, a diferencia de los bienes de producción “producidos”. En una economía de propiedad privada, la renta sería, en su concepto, el equivalente de una ganancia extraordinaria en una sociedad colectivizada. Su concepto tenía que ver con la demanda –que fija el precio- y con la oferta –que determina el costo de producción- y hoy está fuertemente matizado por el cambio sustancial en el proceso productivo agropecuario
¿Cómo hace una economía moderna para evitar que la “renta” o “ganancia extraordinaria” beneficie injustamente a pocos? A través del sistema impositivo, y específicamente, del impuesto a las ganancias, cuya elaborada sofistificación permite contemplar todos los aspectos necesarios para discriminar situaciones diferentes.
La tierra, hoy, es un componente de la explotación agropecuaria, pero con las siguientes características:
Es un bien de mercado, para acceder al cual es necesario realizar una determinada inversión que no puede obviarse en las cuentas de capital. Al igual que cualquier otro bien, su costo está determinado por su productividad intrínseca, y por la tecnología y la capacidad del trabajo humano que requiere se le incorporen. El precio de disposición de la tierra para una campaña agrícola no tiene una característica económica muy diferente de alquilar una grúa para la construcción para un edificio, o un generador eléctrico para una planta industrial, o del escenario para un festival audiovisual.
En la ecuación de costos, la tierra ha dejado de tener la importancia fundamental que tenía en épocas de escaso desarrollo tecnológico y trabajo humano sin calificar. La explotación agropecuaria marcha hoy a la vanguardia del desarrollo tecnológico y requiere no sólo un equipamiento que suele ser comparable o superior al valor de la tierra –y que, al igual que ésta, tiene un costo de mercado- sino que necesita inversiones cuantiosas en semillas, fertilizantes, plaguicidas y otros complementos que acrecientan la demanda de inversión. O sea: requiere contar con un capital operativo que hace un siglo era ínfimo.
El precio de los productos agropecuarios de exportación está determinado por el mercado mundial, haciendo imposible aplicar un criterio homogéneo de cuál es la “renta” diferencial con respecto al costo de la producción realizada en otros países. La aplicación de subsidios en numerosos países agrega un componente adicional de distorsión del mercado, reduciendo artificialmente el precio de competencia. Los insumos agropecuarios, el gran componente de la producción agropecuaria moderna, tienen, por su parte, un mercado internacional con precios globalizados.
La novedosa ganancia que produce el incremento de los precios internacionales no es atribuible a la propiedad de tierra o la “renta agraria”, sino al crecimiento estructural (y no meramente circunstancial) de la demanda frente a una oferta que no ha reaccionado a la misma velocidad, pero que la seguirá hasta alcanzarla, mediante la incorporación tecnológica, biotecnológica y de producción. Para mantener el nivel de rentabilidad será necesario volcar crecientes ingresos a ambos frentes de investigación, desarrollo tecnológico e incorporación productiva. Y confiscar la rentabilidad no sólo conspira contra ese objetivo, sino que anula el excedente con el que puede financiarse la ampliación productiva para responder a la demanda creciente.
Estas circunstancias marcan la esencial similitud entre la explotación agropecuaria y cualquier otra explotación económica. Las leyes de la economía –oferta, demanda, rentabilidad, inversión, ahorro, tasas de interés, tecnología, precios, riesgos, seguros- no tienen diferencias fundamentales –aunque sí especificidades- con otras actividades que ameriten un trato distinto en razón de la justicia distributiva.
Lo antedicho no implica negar la posibilidad –e incluso, la necesidad- del arbitraje público en algunos aspectos sensibles relacionados con la disponibilidad de alimentos para el país y el mundo, de la misma forma que otros mercados –como el de medicamentos, por ejemplo- o incluso el arraigo de la población, la preservación del ambiente, los bosques y la propia diversidad biológica. Ese saludable y necesario arbitraje debe ejercitarse, cuando sea necesario, contemplando el interés general, con las herramientas impositivas y de asignación de recursos fijados por el orden legal, con sus límites, condiciones y controles, y debe ser adecuadamente fundado, producto de un debate transparente y abierto como el que requiere la modernidad reflexiva.
Pero también implica tomar conciencia de que tratar a la tierra como en los tiempos de la economía feudal o inmediatamente post-feudal o con criterios similares a los de la minería extractiva de recursos no renovables –como el petróleo, por ejemplo- puede generar el desestímulo a la actividad agropecuaria, provocando en definitiva el incremento de los precios al golpear sobre la oferta reduciéndola, fenómeno que se insinuó ya a nivel internacional a raíz de la crisis argentina en estos últimos tres meses, que incrementó el precio internacional de la soja. De esta forma, no sólo se afecta a los productores, a los que se agrede con la incertidumbre sobre sus condiciones de trabajo e inversión, sino se genera un daño de alcance universal: el encarecimiento de los alimentos a una humanidad hambrienta.
De cara a la justicia impositiva, la conclusión es nítida: el impuesto a las ganancias –aún con la discutible incorporación de un impuesto especial a la ganancia extraordinaria- sigue siendo la mejor respuesta, en razón de que grava la ganancia realmente producida en cabeza de los productores que la tengan, y admite suficiente sofistificación como para poder contemplar las deducciones por zonas, por cargas familiares, por reinversión de utilidades y demás rubros que ha estudiado suficientemente la ciencia impositiva y que integren la decisión política debatida y expresada en el Congreso, como representación de la pluralidad social.
Aún así, la prudencia debe guiar la excepcionalidad. Los hechos concretos marcan los previsibles destinos –y desatinos- de esos ingresos extraordinarios en la Argentina de hoy. En manos públicas, es altamente probable la irresponsabilidad (tren “bala”, caso Skaska, empresas públicas fantasmas, festival de subsidios cruzados, corrupción ramplante, falta de control y transparencia). En manos de los productores se canaliza hacia la industria de maquinarias agrícolas, la inversiones en biotecnología, la ampliación de la producción, el comercio y los impuestos locales, la dinamización de los pueblos rurales, la ampliación del stock ganadero, y en ocasiones, alguna inversión inmobiliaria en departamentos en la ciudad para alojar a los jóvenes de familias agropecuarias que estudian. Difícilmente haya un ejemplo más claro del rol económicamente virtuoso de la libertad de mercado que éste, eximiendo al Estado de su necesaria intervención ante la inexistencia de distorsiones. Ni la posición más extremadamente marxista podría hoy ignorar la diferente consecuencia que tiene una renta apropiada por un Estado autoritario y sin “accountability” de uno democrático, transparente y moderno, o su libre disposición por ciudadanos libres.
Las “retenciones móviles”, como se ha dado en llamar a los aranceles variables de exportación de soja, al no discriminar diferentes situaciones, además de violar la Constitución, conllevan una confiscación tosca y rudimentaria, propia de un sistema fiscal primitivo, generan injusticias y provocan desestímulos a la producción sin ningún beneficio en el precio de los productos que gravan –sino que, por el contrario, encarecen el alimento en el plano internacional sin abaratarlos en el plano interno, ya que dichos productos no forman parte de la canasta alimentaria argentina-. Y conspiran contra el desarrollo integral del territorio reforzando la concentración macrocefálica, la industria ineficiente subsidiada por el campo y la construcción política clientelar, en los que tributaría injustamente el esfuerzo productivo agropecuario. Un buen impuesto a las ganancias, transparente, sofisticado y coparticipable, es infinitamente superior a cualquier retención.
La “renta agraria” es un concepto interesante para el análisis académico de otras épocas y otros países que, aunque usado ligeramente en el debate político argentino para “vestirlo” semánticamente, no tiene relación alguna con la fijación de aranceles móviles sobre la exportación de soja, los que en esencia implican la intervención directa sobre el precio de mercado de un producto (y sobre los derechos de sus dueños productores) sin respaldo constitucional, y sin ventajas sociales o económicas verificables.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferiere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
lunes, 16 de junio de 2008
¿Horas finales?
¿Es que han perdido toda noción de prudencia? ¿Es que no les interesa ya atravesar cualquier límite? ¿Es que la paz entre los argentinos dejó de ser para el gobierno un valor apreciable?
Que tengamos que vivir esta situación bordeando el abismo en el momento internacional más promisorio de la historia argentina es sólo imputable a una causa: el deterioro del marco institucional por la obsesión autoritaria de una persona.
Cualquier país democrático, ante un conflicto de la magnitud del que existe con el campo, hubiera buscado su solución a través de su sistema de mediación institucional. Para eso está el Congreso, sus comisiones específicas, sus espacios de diálogo y generación de consensos... incluso su justicia, si así fuera el caso.
Todo está parado, por decisión del jefe del partido oficialista. El Congreso no se reúne desde hace semanas, a pesar de los reiterados esfuerzos de los legisladores opositores. La Justicia sigue con su marcha parsimoniosa, como si estuviera juzgando una tranquila causa particular en la pacífica Suiza. Y mientras eso sucede, el jefe del peronismo llama a sus partidarios, a través de su vocero, a “armarse”, no se sabe para qué, porque nadie ha impedido a la administración el uso de las fuerzas regulares de orden público –policía, gendarmería, prefectura- si fuera necesario su uso para mantener el orden jurídico y social del país.
La amenaza de repartir armas entre quienes, en el acto de portarlas, se transformarán en delincuentes, lleva al país ya al límite absoluto de la tolerancia. Indica que el régimen de gobierno transcurre sus horas finales.
El país maduro, por el momento, mira azorado. Las inversiones hace rato que se paralizaron. Los pequeños ahorros fugan rápidamente hacia la divisa, previendo el caos que se avecina. La marcha de la economía, cada vez más ralentizada, está al borde de detenerse. Los productos desaparecen de las góndolas, en parte porque faltan debido al caos generado por el gobierno, y en parte por temor ante los saqueos que son usuales en esta clase de procesos.
El clima de “cambio de tiempo” está claro, y lo único que sigue incierto es el momento final. Nadie puede ya, con esta situación y este desborde emocional y político del jefe del partido oficial, pensar que el país podrá atravesar con tranquilidad los tres años y medio que faltan hasta el 2011.
Salvo que la presidenta reaccione. Es la última esperanza.
¿Todos se volvieron locos?
Presidenta, ¿está su marido en sus cabales? ¿Lo está usted?
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
Que tengamos que vivir esta situación bordeando el abismo en el momento internacional más promisorio de la historia argentina es sólo imputable a una causa: el deterioro del marco institucional por la obsesión autoritaria de una persona.
Cualquier país democrático, ante un conflicto de la magnitud del que existe con el campo, hubiera buscado su solución a través de su sistema de mediación institucional. Para eso está el Congreso, sus comisiones específicas, sus espacios de diálogo y generación de consensos... incluso su justicia, si así fuera el caso.
Todo está parado, por decisión del jefe del partido oficialista. El Congreso no se reúne desde hace semanas, a pesar de los reiterados esfuerzos de los legisladores opositores. La Justicia sigue con su marcha parsimoniosa, como si estuviera juzgando una tranquila causa particular en la pacífica Suiza. Y mientras eso sucede, el jefe del peronismo llama a sus partidarios, a través de su vocero, a “armarse”, no se sabe para qué, porque nadie ha impedido a la administración el uso de las fuerzas regulares de orden público –policía, gendarmería, prefectura- si fuera necesario su uso para mantener el orden jurídico y social del país.
La amenaza de repartir armas entre quienes, en el acto de portarlas, se transformarán en delincuentes, lleva al país ya al límite absoluto de la tolerancia. Indica que el régimen de gobierno transcurre sus horas finales.
El país maduro, por el momento, mira azorado. Las inversiones hace rato que se paralizaron. Los pequeños ahorros fugan rápidamente hacia la divisa, previendo el caos que se avecina. La marcha de la economía, cada vez más ralentizada, está al borde de detenerse. Los productos desaparecen de las góndolas, en parte porque faltan debido al caos generado por el gobierno, y en parte por temor ante los saqueos que son usuales en esta clase de procesos.
El clima de “cambio de tiempo” está claro, y lo único que sigue incierto es el momento final. Nadie puede ya, con esta situación y este desborde emocional y político del jefe del partido oficial, pensar que el país podrá atravesar con tranquilidad los tres años y medio que faltan hasta el 2011.
Salvo que la presidenta reaccione. Es la última esperanza.
¿Todos se volvieron locos?
Presidenta, ¿está su marido en sus cabales? ¿Lo está usted?
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
viernes, 6 de junio de 2008
Por favor, señora presidenta, ¡reaccione!
Hace algún tiempo y por diversos medios, se transmitió la sospecha sobre su título de abogada, de las que el autor no se hizo eco en las diversas columnas publicadas. Sin embargo, insistió en repetidas ocasiones en reclamarle más apego a la letra de la Constitución y alertó sobre la dudosa coherencia de manifestarse “kelseniana” –en ocasión de dirigirse al Congreso- y la asunción de potestades que ni la Constitución ni la Ley le otorgan.
Ahora ha vuelto usted a repetir el error, magnificado luego por su Jefe de Gabinete. En Roma, le pareció mal que “capitales financieros” obtuvieran una rentabilidad “del 35 % en seis meses”, dijo usted en una reunión mundial por la crisis de alimentos, achacando la actual suba de precios a la “especulación financiera” antes la atónita mirada de quienes la escuchaban. Y al día siguiente, su Jefe de Gabinete alegó la imposibilidad de análisis judicial de la resolución que aplica las retenciones, porque se trataría de una “medida de gobierno”, que no podría ser “judiciable”. En su último discurso, vuelve usted a referirse a “los que han ganado mucho” y por eso pueden vivir “tres meses sin trabajar”. Su marido, por su parte, insistió en Chubut en insultar a una enorme cantidad de compatriotas que la votaron en la última elección. Les pide que se arrodillen ante él, pidiéndole perdón. Según él, son “oligarcas” y “extorsionadores”, que “ganan mucho”.
Vamos por parte.
Ha dicho usted hace un tiempo que la “redistribución del ingreso” –a la que estaría obligada por sus principios- no podría hacerse “sin sacarle a los que tienen”. Afirmación aceptable. ¿Dónde está el problema? Pues, en las facultades y límites que le da la Constitución y la ley para hacerlo. Éstas surgen del artículo 99 de la Constitución, y las del Congreso en el artículo 75. Del juego de esas dos normas surgen las potestades políticas del Estado sobre los derechos de los ciudadanos, definidos antes, mucho antes, en los artículos 14 a 32 de la misma Constitución.
Con un agregado: cualquier poder residual corresponde a los ciudadanos –y no al Estado- según la letra terminante del artículo 33: “Las declaraciones, derechos y garantias que enumera la Constitucion, no seran entendidos como negacion de otros derechos y garantias no enumerados; pero que nacen del principio de la soberania del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Del juego de estas normas surge claramente que sus facultades no son omnímodas, sino sólo las que el pueblo ha delegado en usted, como titular de una función política. “Redistribuir el ingreso” está bien. Es más: la obliga a ello el artículo 14 bis, que determina las prioridades. Y el resto del articulado le fija las herramientas impositivas (los impuestos directos e indirectos), el procedimiento para aplicarlos (la ley de presupuesto) y los límites a su accionar.
¿Cuáles son esos límites? Pues la misma Constitución los establece. El artículo 14, que define y garantiza el derecho de propiedad, sus alcances y sus límites. El artículo 75, incs. 1 y 2, que establecen las facultades impositivas del Congreso. El artículo 76, que prohibe la delegación legislativa. El artículo 8º transitorio, que hace caducar a los cinco años desde 1994 toda las delegaciones anteriores. La jurisprudencia pacífica de la Corte, que establece en el 33 % de la base imponible el máximo permitido para la carga impositiva, bajo sanción de convertirse en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución. Y en la igualdad, “base de los impuestos y las cargas públicas” –art. 16 CN-, que no se respeta si se concentra en un sector una carga que no tienen los demás –como el sector financiero, o el sector rentista u el hotelero, como lo puede observar con los ingresos de su propio emprendimiento en El Calafate-.
Imagine por un momento cómo se sentíra usted misma si a la tarifa de USD 4.958 por dos personas–seis días de su Hotel “Casa los Sauces” (www.casalossauces.com), o sea alrededor de $ 15.000 por semana, o sea $ 60.000 por mes, o sea $ 360.000 por semestre por UNA HABITACIÓN, el Estado decidiera “retenerle” el 44 % de la tarifa bruta (o sea $ 158.400) además de ganancias, ingresos brutos, y todos los impuestos y aportes previsionales porque decide que está ganando demasiado con el turismo internacional, obteniendo una “renta” exagerada de acuerdo a su inversión al aprovechar los beneficios de la pesificación y de los escenarios naturales, cobrando en dólares. Sería escandaloso y seguramente como abogada sabría defender la causa ante los tribunales, alegando la inconstitucionalidad. Y tendría razón.
A propósito: quizás debiera usted saber que para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación de su hotel en seis meses, un productor debe obtener, en los promedios de rendimiento de Entre Ríos, por ejemplo, una cosecha exitosa de no menos de Ciento veinte hectáreas.
Destaco: Una habitación de su hotel, Ciento veinte hectáreas de soja.
Si a usted le molestaría que el gobierno le “retuviera” el 44 % de su ingreso bruto, imagínese si además de tender las camas y limpiar el piso hubiera tenido que arar, sembrar, fertilizar, cuidar, cosechar, comprar semillas, comprar gasoil, y luego, vender a un precio que es incierto, por la acción del gobierno y del propio mercado. Y luego de todo, pagar impuestos y aportes...
No se trata entonces, señora, de que un sector no obedece una legítima decisión suya. Es usted la que pretende hacer pasar por legítima una decisión ilegal, y pretende que se la obedezca, como si fuera Luis XIV. Señora, por favor, ¡reaccione!...
No es usted como presidenta, –mucho menos su marido- la “propietaria” del país, como los “gobernadores-propietarios” de los tiempos oscuros de la Colonia, con potestad para decidir según su discrecionalidad cuánto puede ganar una persona en una actividad lícita. Es una funcionaria de una Nación que ha elegido vivir en un sistema “representativo, republicano y federal” sobre la base de una Ley Fundamental que usted ha jurado respetar.
Esta definición, que apoya en los ciudadanos todas las facultades del Estado, cuenta con una última garantía, presente en forma continua: la independencia total de la justicia y la garantía que la justicia brinda a todos y cada uno de los argentinos de que sus derechos no serán violados por el poder. La pretensión del Jefe de Gabinete de que la sola autocalificación de una medida de gobierno como una decisión “política, que no puede –por ello- ser judiciable”, es tan absurda como pretender que la Justicia no pueda valorar cuándo han sido afectados derechos de las personas que están encima, muy por encima, de cualquier decisión, voluntad, intención o pretensión de los funcionarios. Con ese razonamiento, podría detener personas, confiscar bienes, apropiarse de fondos públicos... diciendo que son “medidas políticas” y pretendiendo indemnidad. Y la justicia, señora, hasta ahora y en los casos en que han sido sometidos a su decisión ha declarado ya la insconstitucionalidad de la resolución de su ex ministro que impuso las “retenciones moviles”.
Entonces, señora, ¿no sería bueno que releyera los viejos libros de Derecho Constitucional de sus épocas de alumna de la Facultad de Derecho en La Plata? Y de paso, ¿no le parece que sería bueno, también, releer a su admirado Kelsen, repasar la “pirámide”, recordar la fulminante ilegalidad que conllevan las decisiones políticas que son tomadas por funcionarios u órganos sin facultad para hacerlo? ¿No recuerda la definición de las condiciones que requieren las decisiones –individuales o colectivas- de un sujeto público para ser productor de normas jurídicas válidas? ¿No resuenan en su memoria las advertencias de que, por fuera del orden jurídico de la “Teoría Pura del Derecho”, el peligro es que las referencias de valor de las normas se atribuyan, como en épocas inquisitoriales o premodernas, a los valores religiosos, a la pura violencia, a los caprichos o a la ideología, en desmedro del derecho y de las personas?
La hemos escuchado, señora, referirse en distintas ocasiones a la necesidad de ingresar definitivamente en la modernidad. Es imposible no coincidir con este propósito. La modernidad conlleva el respeto a la ley, la ausencia de atajos institucionales, la valoración igualitaria ante la ley del individuo –que la democracia convierte en “ciudadano”-. A partir de allí, todo es posible.
Cierto es que la modernidad genera sus propios conflictos, otras desigualdades y nuevas injusticias. Ulrich Beck advierte sobre estos problemas, los “dilemas” de la modernidad y alerta sobre la tentación de atacarlos retrocediendo. Las nuevas injusticias requieren profundizar los principios modernos, con una actitud reflexiva. Eso hace una mirada progresista. Una mirada reaccionaria, por el contrario, en lugar de profundizarlos hace causa común con la irracionalidad previa, ataca los principios modernos –igualdad ante la ley, ciudadanos como base del orden jurídico y político, poder limitado, libertad de expresión y de acción política- y cree, ingenuamente, que volviendo al pasado –totalitario, absorbente, del poder sin límites apoyado en la fuerza o el puro voluntarismo- puede superar los nuevos problemas. No advierte que en ese intento recrea los antiguos conflictos y que ello equivale a despertar también las viejas luchas.
Este no es un reclamo “juridicista”. Es el angustioso recordatorio del abismo que se abre cuando la ley desaparece, situación que, entre otras cosas, abre a los ciudadanos el derecho a la resistencia. Derecho que muchos, en el país, han comenzado a ejercitar, legítimamente.
Vuelva, señora presidenta, al ejercicio del poder como lo construye la Constitución y las leyes. No preste oídos a improvisados constructores del poder por la pura fuerza, que la llevarán a ser un triste recuerdo en la historia. Retome su discurso electoral de unidad, de apertura al mundo, de rescate de los principios fundacionales del país, de respeto a los próceres de todos los partidos. ¿O en serio piensa que encontrará una salida recreando la polarización de 1945? Usted, que ha viajado, que ha visto cómo se está construyendo el mundo del futuro, que ha podido observar el formidable impulso del mundo global y la arrasadora irrupción de las nuevas naciones emergentes –una de ellas, o más bien varias, en nuestras propias fronteras- ¿no se siente fuera de época con ese discurso y esas consignas?
Millones de argentinos de buena voluntad están esperando que reaccione, los del campo antes que nadie. Sacúdase el pasado. Mire hacia adelante. Una a los argentinos. No conduzca al país a un nuevo abismo, que la arrastrará a usted. Levante la mirada, por un momento.
Convoque a la oposición, donde encontrará más deprendimiento –y afecto- que el que tiene a su lado. Abra el diálogo con quienes no tienen su misma visión, pero sí un gran patriotismo.
Por favor, señora, ¡reaccione! No queda mucho tiempo...
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
Ahora ha vuelto usted a repetir el error, magnificado luego por su Jefe de Gabinete. En Roma, le pareció mal que “capitales financieros” obtuvieran una rentabilidad “del 35 % en seis meses”, dijo usted en una reunión mundial por la crisis de alimentos, achacando la actual suba de precios a la “especulación financiera” antes la atónita mirada de quienes la escuchaban. Y al día siguiente, su Jefe de Gabinete alegó la imposibilidad de análisis judicial de la resolución que aplica las retenciones, porque se trataría de una “medida de gobierno”, que no podría ser “judiciable”. En su último discurso, vuelve usted a referirse a “los que han ganado mucho” y por eso pueden vivir “tres meses sin trabajar”. Su marido, por su parte, insistió en Chubut en insultar a una enorme cantidad de compatriotas que la votaron en la última elección. Les pide que se arrodillen ante él, pidiéndole perdón. Según él, son “oligarcas” y “extorsionadores”, que “ganan mucho”.
Vamos por parte.
Ha dicho usted hace un tiempo que la “redistribución del ingreso” –a la que estaría obligada por sus principios- no podría hacerse “sin sacarle a los que tienen”. Afirmación aceptable. ¿Dónde está el problema? Pues, en las facultades y límites que le da la Constitución y la ley para hacerlo. Éstas surgen del artículo 99 de la Constitución, y las del Congreso en el artículo 75. Del juego de esas dos normas surgen las potestades políticas del Estado sobre los derechos de los ciudadanos, definidos antes, mucho antes, en los artículos 14 a 32 de la misma Constitución.
Con un agregado: cualquier poder residual corresponde a los ciudadanos –y no al Estado- según la letra terminante del artículo 33: “Las declaraciones, derechos y garantias que enumera la Constitucion, no seran entendidos como negacion de otros derechos y garantias no enumerados; pero que nacen del principio de la soberania del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Del juego de estas normas surge claramente que sus facultades no son omnímodas, sino sólo las que el pueblo ha delegado en usted, como titular de una función política. “Redistribuir el ingreso” está bien. Es más: la obliga a ello el artículo 14 bis, que determina las prioridades. Y el resto del articulado le fija las herramientas impositivas (los impuestos directos e indirectos), el procedimiento para aplicarlos (la ley de presupuesto) y los límites a su accionar.
¿Cuáles son esos límites? Pues la misma Constitución los establece. El artículo 14, que define y garantiza el derecho de propiedad, sus alcances y sus límites. El artículo 75, incs. 1 y 2, que establecen las facultades impositivas del Congreso. El artículo 76, que prohibe la delegación legislativa. El artículo 8º transitorio, que hace caducar a los cinco años desde 1994 toda las delegaciones anteriores. La jurisprudencia pacífica de la Corte, que establece en el 33 % de la base imponible el máximo permitido para la carga impositiva, bajo sanción de convertirse en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución. Y en la igualdad, “base de los impuestos y las cargas públicas” –art. 16 CN-, que no se respeta si se concentra en un sector una carga que no tienen los demás –como el sector financiero, o el sector rentista u el hotelero, como lo puede observar con los ingresos de su propio emprendimiento en El Calafate-.
Imagine por un momento cómo se sentíra usted misma si a la tarifa de USD 4.958 por dos personas–seis días de su Hotel “Casa los Sauces” (www.casalossauces.com), o sea alrededor de $ 15.000 por semana, o sea $ 60.000 por mes, o sea $ 360.000 por semestre por UNA HABITACIÓN, el Estado decidiera “retenerle” el 44 % de la tarifa bruta (o sea $ 158.400) además de ganancias, ingresos brutos, y todos los impuestos y aportes previsionales porque decide que está ganando demasiado con el turismo internacional, obteniendo una “renta” exagerada de acuerdo a su inversión al aprovechar los beneficios de la pesificación y de los escenarios naturales, cobrando en dólares. Sería escandaloso y seguramente como abogada sabría defender la causa ante los tribunales, alegando la inconstitucionalidad. Y tendría razón.
A propósito: quizás debiera usted saber que para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación de su hotel en seis meses, un productor debe obtener, en los promedios de rendimiento de Entre Ríos, por ejemplo, una cosecha exitosa de no menos de Ciento veinte hectáreas.
Destaco: Una habitación de su hotel, Ciento veinte hectáreas de soja.
Si a usted le molestaría que el gobierno le “retuviera” el 44 % de su ingreso bruto, imagínese si además de tender las camas y limpiar el piso hubiera tenido que arar, sembrar, fertilizar, cuidar, cosechar, comprar semillas, comprar gasoil, y luego, vender a un precio que es incierto, por la acción del gobierno y del propio mercado. Y luego de todo, pagar impuestos y aportes...
No se trata entonces, señora, de que un sector no obedece una legítima decisión suya. Es usted la que pretende hacer pasar por legítima una decisión ilegal, y pretende que se la obedezca, como si fuera Luis XIV. Señora, por favor, ¡reaccione!...
No es usted como presidenta, –mucho menos su marido- la “propietaria” del país, como los “gobernadores-propietarios” de los tiempos oscuros de la Colonia, con potestad para decidir según su discrecionalidad cuánto puede ganar una persona en una actividad lícita. Es una funcionaria de una Nación que ha elegido vivir en un sistema “representativo, republicano y federal” sobre la base de una Ley Fundamental que usted ha jurado respetar.
Esta definición, que apoya en los ciudadanos todas las facultades del Estado, cuenta con una última garantía, presente en forma continua: la independencia total de la justicia y la garantía que la justicia brinda a todos y cada uno de los argentinos de que sus derechos no serán violados por el poder. La pretensión del Jefe de Gabinete de que la sola autocalificación de una medida de gobierno como una decisión “política, que no puede –por ello- ser judiciable”, es tan absurda como pretender que la Justicia no pueda valorar cuándo han sido afectados derechos de las personas que están encima, muy por encima, de cualquier decisión, voluntad, intención o pretensión de los funcionarios. Con ese razonamiento, podría detener personas, confiscar bienes, apropiarse de fondos públicos... diciendo que son “medidas políticas” y pretendiendo indemnidad. Y la justicia, señora, hasta ahora y en los casos en que han sido sometidos a su decisión ha declarado ya la insconstitucionalidad de la resolución de su ex ministro que impuso las “retenciones moviles”.
Entonces, señora, ¿no sería bueno que releyera los viejos libros de Derecho Constitucional de sus épocas de alumna de la Facultad de Derecho en La Plata? Y de paso, ¿no le parece que sería bueno, también, releer a su admirado Kelsen, repasar la “pirámide”, recordar la fulminante ilegalidad que conllevan las decisiones políticas que son tomadas por funcionarios u órganos sin facultad para hacerlo? ¿No recuerda la definición de las condiciones que requieren las decisiones –individuales o colectivas- de un sujeto público para ser productor de normas jurídicas válidas? ¿No resuenan en su memoria las advertencias de que, por fuera del orden jurídico de la “Teoría Pura del Derecho”, el peligro es que las referencias de valor de las normas se atribuyan, como en épocas inquisitoriales o premodernas, a los valores religiosos, a la pura violencia, a los caprichos o a la ideología, en desmedro del derecho y de las personas?
La hemos escuchado, señora, referirse en distintas ocasiones a la necesidad de ingresar definitivamente en la modernidad. Es imposible no coincidir con este propósito. La modernidad conlleva el respeto a la ley, la ausencia de atajos institucionales, la valoración igualitaria ante la ley del individuo –que la democracia convierte en “ciudadano”-. A partir de allí, todo es posible.
Cierto es que la modernidad genera sus propios conflictos, otras desigualdades y nuevas injusticias. Ulrich Beck advierte sobre estos problemas, los “dilemas” de la modernidad y alerta sobre la tentación de atacarlos retrocediendo. Las nuevas injusticias requieren profundizar los principios modernos, con una actitud reflexiva. Eso hace una mirada progresista. Una mirada reaccionaria, por el contrario, en lugar de profundizarlos hace causa común con la irracionalidad previa, ataca los principios modernos –igualdad ante la ley, ciudadanos como base del orden jurídico y político, poder limitado, libertad de expresión y de acción política- y cree, ingenuamente, que volviendo al pasado –totalitario, absorbente, del poder sin límites apoyado en la fuerza o el puro voluntarismo- puede superar los nuevos problemas. No advierte que en ese intento recrea los antiguos conflictos y que ello equivale a despertar también las viejas luchas.
Este no es un reclamo “juridicista”. Es el angustioso recordatorio del abismo que se abre cuando la ley desaparece, situación que, entre otras cosas, abre a los ciudadanos el derecho a la resistencia. Derecho que muchos, en el país, han comenzado a ejercitar, legítimamente.
Vuelva, señora presidenta, al ejercicio del poder como lo construye la Constitución y las leyes. No preste oídos a improvisados constructores del poder por la pura fuerza, que la llevarán a ser un triste recuerdo en la historia. Retome su discurso electoral de unidad, de apertura al mundo, de rescate de los principios fundacionales del país, de respeto a los próceres de todos los partidos. ¿O en serio piensa que encontrará una salida recreando la polarización de 1945? Usted, que ha viajado, que ha visto cómo se está construyendo el mundo del futuro, que ha podido observar el formidable impulso del mundo global y la arrasadora irrupción de las nuevas naciones emergentes –una de ellas, o más bien varias, en nuestras propias fronteras- ¿no se siente fuera de época con ese discurso y esas consignas?
Millones de argentinos de buena voluntad están esperando que reaccione, los del campo antes que nadie. Sacúdase el pasado. Mire hacia adelante. Una a los argentinos. No conduzca al país a un nuevo abismo, que la arrastrará a usted. Levante la mirada, por un momento.
Convoque a la oposición, donde encontrará más deprendimiento –y afecto- que el que tiene a su lado. Abra el diálogo con quienes no tienen su misma visión, pero sí un gran patriotismo.
Por favor, señora, ¡reaccione! No queda mucho tiempo...
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
domingo, 1 de junio de 2008
Imagen, rumores y crisis
La esclerosis neuronal en que se ha sumido el peronismo presidido por Kirchner frente a la situación nacional y los reclamos del campo no sólo produce preocupaciones en toda la sociedad –que siente que no existe gobierno- sino en escalones cada vez más grandes del peronismo, consciente de que una falta de reacción de sus dirigencias sensatas lo arrastrará junto con el propio matrimonio presidencial.
Cada vez son más los dirigente peronistas que, cansados de esperar un cambio, van reagrupándose según sus afinidades y ubicación política al margen del oficialismo y tomando prudente distancia de su política. No sólo uno de los más prestigiosos peronistas del interior, el Senador Nacional Reutemann, sino el ex gobernador cordobés de la Sota –quien imputó a la conducción presidida por Kirchner de tener rasgos stalinistas-, el ex gobernador entrerriano Busti –quien renunció a la presidencia del peronismo de su provincia, luego de sostener que no acepta integrar un partido con “pensamiento único”-, el gobernador Rodríguez Saá de San Luis, varios ex legisladores nacionales y figuras de prestigio han marcado su fuerte discrepancia con el matrimonio presidencial. “Si el peronismo no reacciona –ha expresado un importante dirigente del interior- corremos el riesgo que este torrente nos arrastre a todos, incluyendo al Congreso. En dos o tres meses veremos a la gente reclamando “el poder a la Corte”.
Puede ser. Es evidente que la coalición social que se ha conformado alrededor del reclamo del campo ha superado totalmente la protesta agropecuaria. Ya no se limita al tema de las retenciones y se extiende a la calidad institucional, a las formas de gobierno, al fin de la corrupción desenfrenada, a la arbitrariedad del poder, al federalismo, a la sensatez en la economía y a la exigencia de un auténtico estado de derecho, que ha ido desapareciendo paulatina y sistemáticamente en los años “K-K”. A esta altura, quizás no sea aventurado suponer que el reclamo del campo hasta sea una molestia que impide que esa coalición social se exprese en su totalidad, con una fuerza irreversible. La imagen positiva de la presidenta, según últimas encuestas del propio oficialismo guardadas bajo siete llaves, marcan un nuevo descenso, a un escalón del 15 % (con un 40 % de imagen negativa) y un retroceso fuerte en la imagen del ex presidente y de Daniel Scioli, a esta altura superados ambos ampliamente por el líder agropecuario Alfredo De Angelis. Por encima de todos ellos se ubican Elisa Carrió y Mauricio Macri.
¿Cuál será el devenir de los hechos?
En estos tiempos, parecieran haber proliferado los diseñadores de escenarios. Dicho sea de paso, muy pocos de esos escenarios imaginan al kircherismo en el poder dentro de un año. No faltan los rumores con las nuevas y tenebrosas “listas” –como en las últimas épocas de Isabel Perón-, que enumeran a quienes serían detenidos luego de declarado por los “K-K” un presunto Estado de Sitio, en el estertor final de su gobierno y –desde el otro lado- las que incluyen como futuros habitantes de “Comodoro Py” no sólo al matrimonio presidencial, sus ministros y funcionarios emblemáticos, sino a los legisladores que hayan votado los superpoderes, a los empresarios protegidos por el régimen con negocios oscuros (juegos de azar, petróleo, obras públicas) y a los jueces alineados con el actual gobierno. Se justifican en la necesidad de “marcar bien la distancia y ganar rápida credibilidad social”.
Por el momento, estas hipótesis se escuchan dentro del peronismo y no han desbordado hacia otros actores de la política. Sin embargo, la oposición ha acelerado sus contactos, preparándose para enfrentar cualquier situación traumática. Desde la Coalición Cívica, la UCR y el PRO han surgido acciones comunes y sintomáticos respaldos cruzados, como el de Federico Pinedo (PRO) solidarizándose con Margarita Stolbizer (CC) por su citación judicial por haber participado en un acto agropecuario, e iniciativas legislativas conjuntas, como el reclamo de la reforma política y la propuesta de llevar al Congreso el conflicto con el sector agropecuario, bloqueada por la mayoría kirchnerista.
La manipulación de la justicia en el problema con el campo ha hecho ascender un escalón de tensión al conflicto. Frente a la posibilidad de una saludable modificación del rumbo (o, al menos, de un intervalo lúcido que calme las aguas), el gobierno ha preferido apostar al escenario de profundizar la crisis, confiado en que su manejo del aparato superestructural del Partido Justicialista será suficiente para disciplinar la historia, ingenuidad que los hechos se están encargando de demostrar como ilusoria.
¿Era necesario llevar a la Argentina a estos límites, en una de las etapas internacionales históricamente más favorables para el país? Indudablemente, sólo el autismo inconsciente o un ideologismo cerril pueden explicar una actitud que, a la inversa de cualquier gobierno del mundo, frente a un problema solucionable con el diálogo ha preferido profundizar el enfrentamiento para convertirlo en un problema político que amenaza su supervivencia.
La crisis, mientras tanto, avanza. La inflación se profundiza, carcomiendo los ingresos de los sectores de menor poder adquisitivo e incrementando su descontento. Los vencimientos de deuda pública se acercan, mientras el país sólo cuenta con el favor chavista para obtener fondos, por su cerril ataque al sistema financiero internacional y su ruptura con el FMI; y el Banco Central ha perdido en lo que va del conflicto, más de 1500 millones de dólares de reservas –más del monto que está en discusión por la diferencia en la tasa de retenciones- para mantener el valor de la divisa. El crecimiento de la inflación ha licuado la ventajas seudocompetitivas de la industria protegida, que ya pide otra devaluación. Los gremios han desbordado el límite del 20 % de aumento salarial, y están ubicándose en el escalón superior al 30 % (como ha sucedido con el último convenio metalúrgico presentado por la propia presidenta en la Casa Rosada, con el 32 % de aumento promedio). Y el gobierno, para el que no hay inflación, ni deterioro social, ni problema con el campo, ni crisis energética, ni retroceso de la competitividad industrial, ni obligaciones finanieras, ni aumento de la pobreza, sigue vaciando el poder presidencial transfiriéndolo al ex presidente, un “don nadie” institucional que, sin embargo, desde Puerto Madero maneja a su antojo la administración, el parlamento y la justicia mientras la presidenta formal, vaciada de todo poder, como lo fuera Isabel en otras épocas, es usada sólo para los actos protocolares, convencida que está gobernando la Argentina feliz, en “tren bala” hacia la “modernidad”.
Aunque, en realidad, lo esté haciendo hacia el estadio terminal de su gobierno.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
Cada vez son más los dirigente peronistas que, cansados de esperar un cambio, van reagrupándose según sus afinidades y ubicación política al margen del oficialismo y tomando prudente distancia de su política. No sólo uno de los más prestigiosos peronistas del interior, el Senador Nacional Reutemann, sino el ex gobernador cordobés de la Sota –quien imputó a la conducción presidida por Kirchner de tener rasgos stalinistas-, el ex gobernador entrerriano Busti –quien renunció a la presidencia del peronismo de su provincia, luego de sostener que no acepta integrar un partido con “pensamiento único”-, el gobernador Rodríguez Saá de San Luis, varios ex legisladores nacionales y figuras de prestigio han marcado su fuerte discrepancia con el matrimonio presidencial. “Si el peronismo no reacciona –ha expresado un importante dirigente del interior- corremos el riesgo que este torrente nos arrastre a todos, incluyendo al Congreso. En dos o tres meses veremos a la gente reclamando “el poder a la Corte”.
Puede ser. Es evidente que la coalición social que se ha conformado alrededor del reclamo del campo ha superado totalmente la protesta agropecuaria. Ya no se limita al tema de las retenciones y se extiende a la calidad institucional, a las formas de gobierno, al fin de la corrupción desenfrenada, a la arbitrariedad del poder, al federalismo, a la sensatez en la economía y a la exigencia de un auténtico estado de derecho, que ha ido desapareciendo paulatina y sistemáticamente en los años “K-K”. A esta altura, quizás no sea aventurado suponer que el reclamo del campo hasta sea una molestia que impide que esa coalición social se exprese en su totalidad, con una fuerza irreversible. La imagen positiva de la presidenta, según últimas encuestas del propio oficialismo guardadas bajo siete llaves, marcan un nuevo descenso, a un escalón del 15 % (con un 40 % de imagen negativa) y un retroceso fuerte en la imagen del ex presidente y de Daniel Scioli, a esta altura superados ambos ampliamente por el líder agropecuario Alfredo De Angelis. Por encima de todos ellos se ubican Elisa Carrió y Mauricio Macri.
¿Cuál será el devenir de los hechos?
En estos tiempos, parecieran haber proliferado los diseñadores de escenarios. Dicho sea de paso, muy pocos de esos escenarios imaginan al kircherismo en el poder dentro de un año. No faltan los rumores con las nuevas y tenebrosas “listas” –como en las últimas épocas de Isabel Perón-, que enumeran a quienes serían detenidos luego de declarado por los “K-K” un presunto Estado de Sitio, en el estertor final de su gobierno y –desde el otro lado- las que incluyen como futuros habitantes de “Comodoro Py” no sólo al matrimonio presidencial, sus ministros y funcionarios emblemáticos, sino a los legisladores que hayan votado los superpoderes, a los empresarios protegidos por el régimen con negocios oscuros (juegos de azar, petróleo, obras públicas) y a los jueces alineados con el actual gobierno. Se justifican en la necesidad de “marcar bien la distancia y ganar rápida credibilidad social”.
Por el momento, estas hipótesis se escuchan dentro del peronismo y no han desbordado hacia otros actores de la política. Sin embargo, la oposición ha acelerado sus contactos, preparándose para enfrentar cualquier situación traumática. Desde la Coalición Cívica, la UCR y el PRO han surgido acciones comunes y sintomáticos respaldos cruzados, como el de Federico Pinedo (PRO) solidarizándose con Margarita Stolbizer (CC) por su citación judicial por haber participado en un acto agropecuario, e iniciativas legislativas conjuntas, como el reclamo de la reforma política y la propuesta de llevar al Congreso el conflicto con el sector agropecuario, bloqueada por la mayoría kirchnerista.
La manipulación de la justicia en el problema con el campo ha hecho ascender un escalón de tensión al conflicto. Frente a la posibilidad de una saludable modificación del rumbo (o, al menos, de un intervalo lúcido que calme las aguas), el gobierno ha preferido apostar al escenario de profundizar la crisis, confiado en que su manejo del aparato superestructural del Partido Justicialista será suficiente para disciplinar la historia, ingenuidad que los hechos se están encargando de demostrar como ilusoria.
¿Era necesario llevar a la Argentina a estos límites, en una de las etapas internacionales históricamente más favorables para el país? Indudablemente, sólo el autismo inconsciente o un ideologismo cerril pueden explicar una actitud que, a la inversa de cualquier gobierno del mundo, frente a un problema solucionable con el diálogo ha preferido profundizar el enfrentamiento para convertirlo en un problema político que amenaza su supervivencia.
La crisis, mientras tanto, avanza. La inflación se profundiza, carcomiendo los ingresos de los sectores de menor poder adquisitivo e incrementando su descontento. Los vencimientos de deuda pública se acercan, mientras el país sólo cuenta con el favor chavista para obtener fondos, por su cerril ataque al sistema financiero internacional y su ruptura con el FMI; y el Banco Central ha perdido en lo que va del conflicto, más de 1500 millones de dólares de reservas –más del monto que está en discusión por la diferencia en la tasa de retenciones- para mantener el valor de la divisa. El crecimiento de la inflación ha licuado la ventajas seudocompetitivas de la industria protegida, que ya pide otra devaluación. Los gremios han desbordado el límite del 20 % de aumento salarial, y están ubicándose en el escalón superior al 30 % (como ha sucedido con el último convenio metalúrgico presentado por la propia presidenta en la Casa Rosada, con el 32 % de aumento promedio). Y el gobierno, para el que no hay inflación, ni deterioro social, ni problema con el campo, ni crisis energética, ni retroceso de la competitividad industrial, ni obligaciones finanieras, ni aumento de la pobreza, sigue vaciando el poder presidencial transfiriéndolo al ex presidente, un “don nadie” institucional que, sin embargo, desde Puerto Madero maneja a su antojo la administración, el parlamento y la justicia mientras la presidenta formal, vaciada de todo poder, como lo fuera Isabel en otras épocas, es usada sólo para los actos protocolares, convencida que está gobernando la Argentina feliz, en “tren bala” hacia la “modernidad”.
Aunque, en realidad, lo esté haciendo hacia el estadio terminal de su gobierno.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
martes, 27 de mayo de 2008
Se agota el proyecto "K-K" ¿Se viene el peronismo?
Pero... ¿cómo? ¿Los Kirchner no son peronistas? Podría preguntarse cualquier argentino que todavía interpretara a la política como un contencioso eterno entre el peronismo y los “gorilas”. Curiosamente, tendría razón.
Tanta razón como la reflexión que titula esta nota. Porque, en realidad, los Kirchner son tan peronistas como lo fueron Perón y Gelbard, Isabel, López Rega y Celestino Rodrigo, Duhalde y Ruckauf, como lo son Barrionuevo, Moyano, Balestrini o Scioli.
Ciertamente hay también peronistas democráticos y republicanos, del “último Perón”, raras avis que existen, pero que son cuidadosamente evitados por el reagrupamiento ortodoxo. Para el sectarismo oficial “no son confiables” hombres como Reutemann, Schiaretti, Rodríguez Saá y el propio de la Sota, que acaba de denunciar prácticas “stalinistas” en la conducción organizada por Kirchner.
El ex presidente ha decidido, por fin, mostrarse sin disimulo y sacar a relucir lo más sectario del discurso populista: la división del país entre “la Unión Democrática” y el presunto modelo “nacional y popular”. La novedad, en este caso, es que se omitió el agregado del “progresismo” y apareció, sin cobertura alguna, el más ortodoxo de los mensajes.
Semanas atrás, en ocasión de oficializarse la “lista única” –otro signo del peronismo ortodoxo- para la renovación de autoridades del Justicialismo, obviando cualquier competencia democrática interna, expresaba que de ahora en adelante no habría más excusas. Han reducido a la “izquierda entrista” a espacios marginales confinando sus berrinches infantiles en la política exterior –que no se nota tanto dentro del país, aunque nos haya convertido en el hazmerreír de la región y del mundo-, y han ocupado con el populismo autoritario todos los espacios reales de poder, desde el descarnado manejo de los recursos públicos confiscados a los ciudadanos que trabajan, hasta el refuerzo del clientelismo más aberrante adornado con grupos de choque estilo “camisas negras”, con dirigencias parasitarias que no hacen precisamente gala de una historia de trabajo. Desde el Congreso monocolor, hasta una justicia atemorizada y una prensa amenazada.
El proyecto “K-K”, entendido como la confluencia de la izquierda entrista en el “movimiento popular”, se agotó como modelo de gobierno. Su descomposición muestra quién es quién y cuánto había de cada componente. Y avanza ahora lo peor del peronismo, el más alejado de la tolerancia y el diálogo, el de la patota y la soberbia, el del gremialismo corrupto, la dirigencia ladrona, el puño crispado y el tono de combate.
Nadie puede saber –porque el vaciamiento del Congreso es total, otro signo del peronismo autoritario- hacia dónde decidirán orientar al país. Puede ser hacia otro “rodrigazo”. O puede ser hacia otra “devaluación pesificadora”, que acelere el vórtice hacia un nuevo derrumbe. Están exaltados, han perdido toda noción de cordura y cualquiera puede ser el rumbo. Hasta la violencia. Ese es el mensaje de la conducción peronista encabezada por Kirchner referido al conflicto del campo.
Están lejos de la Argentina democrática y republicana.
Lejos del campo, de la producción y de los ciudadanos conscientes.
Lejos de los emprendedores y exportadores.
Lejos de la inteligencia, el arte y la cultura.
Lejos de los docentes e investigadores.
Lejos de los trabajadores que se esfuerzan en capacitarse para mejorar su ingreso.
Lejos de los argentinos que, en todos los sectores sociales, luchan por una vida mejor.
Desde los empresarios con vocación de riesgo hasta los chacareros. Desde los cartoneros que prefieren recoger basura antes que humillarse ante un “plan social” clientelizado, hasta los jóvenes que quieren pensar solos, libremente, sin el alineamiento servil filofascista. Lejos de los intelectuales más lúcidos y reconocidos.
Lejos del mundo, que nos mira con curiosidad y recelo –hace dos años que no nos visita ningún líder importante, político o empresarial-.
Lejos, cada vez más lejos, de lo mejor del país.
El proyecto “K-K”, a pesar de sus aires de modernidad, nos está regresando en la historia al funesto enfrentamiento que comenzó en 1945, como coletazo de la Segunda Guerra. Y otra vez, se ubica mal.
Regresión de más de medio siglo. Eso es lo que intentan instalar, olvidando las promesas de campaña –hace apenas seis meses...- de una mejor calidad institucional, tolerancia, respeto a los próceres de todos, pluralismo, progreso, mirada al futuro. Y olvidando, también, el último mensaje de unidad nacional de su propio líder, que terminó su vida abrazándose con su “viejo adversario” y expulsando a los violentos del peronismo.
Quizás esta vez podamos elegir mejor y recomenzar nuestra historia para terminar con la decadencia. Reingresar en la modernidad de un mundo democrático, republicano, plural y transformador que está protagonizando un gigantesco proceso de cambio.
Como lo está haciendo Brasil, con un éxito que entusiasma. Y a la inversa que el camino de Venezuela, vendiendo petróleo cada vez más caro pero cada vez con mayor cantidad de pobres. O la isla-cárcel que en más de medio siglo de revolución, no ha logrado alcanzar el PBI por habitante de la época de la dictadura que derrocó.
Quizás no esté tan mal entonces que vuelva el peronismo cavernícola, para terminar de una vez por todas con la comedia. Y los argentinos podamos ver, también de una vez por todas, cómo termina la historia con todos ellos manteniendo bajo su exclusiva responsabilidad el timón hasta el final.
Tanta razón como la reflexión que titula esta nota. Porque, en realidad, los Kirchner son tan peronistas como lo fueron Perón y Gelbard, Isabel, López Rega y Celestino Rodrigo, Duhalde y Ruckauf, como lo son Barrionuevo, Moyano, Balestrini o Scioli.
Ciertamente hay también peronistas democráticos y republicanos, del “último Perón”, raras avis que existen, pero que son cuidadosamente evitados por el reagrupamiento ortodoxo. Para el sectarismo oficial “no son confiables” hombres como Reutemann, Schiaretti, Rodríguez Saá y el propio de la Sota, que acaba de denunciar prácticas “stalinistas” en la conducción organizada por Kirchner.
El ex presidente ha decidido, por fin, mostrarse sin disimulo y sacar a relucir lo más sectario del discurso populista: la división del país entre “la Unión Democrática” y el presunto modelo “nacional y popular”. La novedad, en este caso, es que se omitió el agregado del “progresismo” y apareció, sin cobertura alguna, el más ortodoxo de los mensajes.
Semanas atrás, en ocasión de oficializarse la “lista única” –otro signo del peronismo ortodoxo- para la renovación de autoridades del Justicialismo, obviando cualquier competencia democrática interna, expresaba que de ahora en adelante no habría más excusas. Han reducido a la “izquierda entrista” a espacios marginales confinando sus berrinches infantiles en la política exterior –que no se nota tanto dentro del país, aunque nos haya convertido en el hazmerreír de la región y del mundo-, y han ocupado con el populismo autoritario todos los espacios reales de poder, desde el descarnado manejo de los recursos públicos confiscados a los ciudadanos que trabajan, hasta el refuerzo del clientelismo más aberrante adornado con grupos de choque estilo “camisas negras”, con dirigencias parasitarias que no hacen precisamente gala de una historia de trabajo. Desde el Congreso monocolor, hasta una justicia atemorizada y una prensa amenazada.
El proyecto “K-K”, entendido como la confluencia de la izquierda entrista en el “movimiento popular”, se agotó como modelo de gobierno. Su descomposición muestra quién es quién y cuánto había de cada componente. Y avanza ahora lo peor del peronismo, el más alejado de la tolerancia y el diálogo, el de la patota y la soberbia, el del gremialismo corrupto, la dirigencia ladrona, el puño crispado y el tono de combate.
Nadie puede saber –porque el vaciamiento del Congreso es total, otro signo del peronismo autoritario- hacia dónde decidirán orientar al país. Puede ser hacia otro “rodrigazo”. O puede ser hacia otra “devaluación pesificadora”, que acelere el vórtice hacia un nuevo derrumbe. Están exaltados, han perdido toda noción de cordura y cualquiera puede ser el rumbo. Hasta la violencia. Ese es el mensaje de la conducción peronista encabezada por Kirchner referido al conflicto del campo.
Están lejos de la Argentina democrática y republicana.
Lejos del campo, de la producción y de los ciudadanos conscientes.
Lejos de los emprendedores y exportadores.
Lejos de la inteligencia, el arte y la cultura.
Lejos de los docentes e investigadores.
Lejos de los trabajadores que se esfuerzan en capacitarse para mejorar su ingreso.
Lejos de los argentinos que, en todos los sectores sociales, luchan por una vida mejor.
Desde los empresarios con vocación de riesgo hasta los chacareros. Desde los cartoneros que prefieren recoger basura antes que humillarse ante un “plan social” clientelizado, hasta los jóvenes que quieren pensar solos, libremente, sin el alineamiento servil filofascista. Lejos de los intelectuales más lúcidos y reconocidos.
Lejos del mundo, que nos mira con curiosidad y recelo –hace dos años que no nos visita ningún líder importante, político o empresarial-.
Lejos, cada vez más lejos, de lo mejor del país.
El proyecto “K-K”, a pesar de sus aires de modernidad, nos está regresando en la historia al funesto enfrentamiento que comenzó en 1945, como coletazo de la Segunda Guerra. Y otra vez, se ubica mal.
Regresión de más de medio siglo. Eso es lo que intentan instalar, olvidando las promesas de campaña –hace apenas seis meses...- de una mejor calidad institucional, tolerancia, respeto a los próceres de todos, pluralismo, progreso, mirada al futuro. Y olvidando, también, el último mensaje de unidad nacional de su propio líder, que terminó su vida abrazándose con su “viejo adversario” y expulsando a los violentos del peronismo.
Quizás esta vez podamos elegir mejor y recomenzar nuestra historia para terminar con la decadencia. Reingresar en la modernidad de un mundo democrático, republicano, plural y transformador que está protagonizando un gigantesco proceso de cambio.
Como lo está haciendo Brasil, con un éxito que entusiasma. Y a la inversa que el camino de Venezuela, vendiendo petróleo cada vez más caro pero cada vez con mayor cantidad de pobres. O la isla-cárcel que en más de medio siglo de revolución, no ha logrado alcanzar el PBI por habitante de la época de la dictadura que derrocó.
Quizás no esté tan mal entonces que vuelva el peronismo cavernícola, para terminar de una vez por todas con la comedia. Y los argentinos podamos ver, también de una vez por todas, cómo termina la historia con todos ellos manteniendo bajo su exclusiva responsabilidad el timón hasta el final.
domingo, 25 de mayo de 2008
Un auténtico récord de Cristina
A la señora presidenta le gusta abrir caminos. “Por primera vez en la historia” tendremos un ”tren bala. “Es la primera vez en la historia que crecemos por seis años”. “Nunca en la historia se había hecho tanto por los derechos humanos”. “Jamás en la historia argentina un gobierno ha sido atacado tanto como éste”. De éstas y otras afirmaciones los argentinos no sólo hemos sido oyentes, sino inundados por la duda.
Es obvio que concedemos la primacía del “Tren Bala”. Es cierto que nunca se ha hecho, y es cierto que sólo a ella puede ocurrírsele que ese tren será el “acceso a la modernidad”, como expresó en su discurso al firmar la concesión con el país como está y con el transporte público como está. Por lo demás, está por verse si se hará.
Pero lo del crecimiento....La Argentina creció entre 1880 hasta 1930 en forma sostenida al punto de convertir un país desierto y atrasado en uno de los más prósperos de comienzos del siglo XX. Esa afirmación debe, entonces mediatizarse, mucho más si tenemos en cuenta que para contar aquel período el punto de inicio era virtualmente “la nada”, mientras que mantener el rebote desde el 2003 en adelante no implicaba mucho más que imprimir dinero, ya que el país tenía su infraestructura intacta y su equipamiento pleno. Al contrario: cuando fue necesario marcar un rumbo para dar el salto incremental hacia el desarrollo, su “proyecto” se quedó sin combustible. Y así estamos.
En cuanto a los ataques sufridos por gobiernos anteriores, bueno. Podemos nombrar a Yrigoyen, a quién derrocaron. O a Perón, que tuvo una muy fuerte oposición democrática, bastante mayor que la actual a su gobierno. O a Frondizi, a quién también lo derrocaron –al igual que a Illia, con la complicidad de muchos dirigentes del partido de la pareja gobernante-.
Oposición –y fuerte...- tuvo Isabel Perón –derrocada-, y luego Alfonsín (¿recuerda los 14 paros generales que le hizo su partido, haciendo causa común con el golpismo carapintada?); y de la Rúa, que debió enfrentar la herencia de endeudamiento y diabólica trampa cambiaria que –nuevamente- le hizo el anterior gobierno de su partido, ese conducido por quien su esposo, entonces Gobernador disciplinado, calificara de “el mejor presidente argentino, desde Magallanes en adelante”.
Lo de los derechos humanos es curioso. Al contrario de la afirmación de la señora presidenta, no es posible recordar un gobierno que haya hecho menos que éste por los derechos humanos. La pobreza ha llegado a niveles atroces en un momento de prosperidad económica inédita. La educación se ha derrumbado y su calidad está entre las peores del Continente. La cantidad de argentinos sin vivienda es la más alta de la historia. Los niños por debajo de la línea de pobreza supera el 50 % entre los menores de 10 años. Salvo que el gobierno kirchnerista –la señora, y el señor- crean que la pobreza extrema, la carencia de educación, la falta de vivienda y los niños desnutridos no son violaciones flagrantes a los derechos humanos, hablar de su respeto en estos tiempos deviene en una ironía trágica. O diabólica.
Sin embargo, hay un récord que puede agregar a su historial, que le reconoceremos –hasta hoy- y que, si lo incorpora a su repertorio no habrá forma de cuestionar: no ha existido presidente democrático, en toda la historia argentina, que haya provocado y conseguido un acto público en su contra más grande que el realizado en Rosario, el 25 de mayo. Ni Yrigoyen, ni Perón, ni Frondizi, ni Illia, ni Isabel, ni Alfonsín, ni de la Rúa.
Ha sido un verdadero récord, jamás visto antes, que quizás sirva para hacerla reflexionar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
Es obvio que concedemos la primacía del “Tren Bala”. Es cierto que nunca se ha hecho, y es cierto que sólo a ella puede ocurrírsele que ese tren será el “acceso a la modernidad”, como expresó en su discurso al firmar la concesión con el país como está y con el transporte público como está. Por lo demás, está por verse si se hará.
Pero lo del crecimiento....La Argentina creció entre 1880 hasta 1930 en forma sostenida al punto de convertir un país desierto y atrasado en uno de los más prósperos de comienzos del siglo XX. Esa afirmación debe, entonces mediatizarse, mucho más si tenemos en cuenta que para contar aquel período el punto de inicio era virtualmente “la nada”, mientras que mantener el rebote desde el 2003 en adelante no implicaba mucho más que imprimir dinero, ya que el país tenía su infraestructura intacta y su equipamiento pleno. Al contrario: cuando fue necesario marcar un rumbo para dar el salto incremental hacia el desarrollo, su “proyecto” se quedó sin combustible. Y así estamos.
En cuanto a los ataques sufridos por gobiernos anteriores, bueno. Podemos nombrar a Yrigoyen, a quién derrocaron. O a Perón, que tuvo una muy fuerte oposición democrática, bastante mayor que la actual a su gobierno. O a Frondizi, a quién también lo derrocaron –al igual que a Illia, con la complicidad de muchos dirigentes del partido de la pareja gobernante-.
Oposición –y fuerte...- tuvo Isabel Perón –derrocada-, y luego Alfonsín (¿recuerda los 14 paros generales que le hizo su partido, haciendo causa común con el golpismo carapintada?); y de la Rúa, que debió enfrentar la herencia de endeudamiento y diabólica trampa cambiaria que –nuevamente- le hizo el anterior gobierno de su partido, ese conducido por quien su esposo, entonces Gobernador disciplinado, calificara de “el mejor presidente argentino, desde Magallanes en adelante”.
Lo de los derechos humanos es curioso. Al contrario de la afirmación de la señora presidenta, no es posible recordar un gobierno que haya hecho menos que éste por los derechos humanos. La pobreza ha llegado a niveles atroces en un momento de prosperidad económica inédita. La educación se ha derrumbado y su calidad está entre las peores del Continente. La cantidad de argentinos sin vivienda es la más alta de la historia. Los niños por debajo de la línea de pobreza supera el 50 % entre los menores de 10 años. Salvo que el gobierno kirchnerista –la señora, y el señor- crean que la pobreza extrema, la carencia de educación, la falta de vivienda y los niños desnutridos no son violaciones flagrantes a los derechos humanos, hablar de su respeto en estos tiempos deviene en una ironía trágica. O diabólica.
Sin embargo, hay un récord que puede agregar a su historial, que le reconoceremos –hasta hoy- y que, si lo incorpora a su repertorio no habrá forma de cuestionar: no ha existido presidente democrático, en toda la historia argentina, que haya provocado y conseguido un acto público en su contra más grande que el realizado en Rosario, el 25 de mayo. Ni Yrigoyen, ni Perón, ni Frondizi, ni Illia, ni Isabel, ni Alfonsín, ni de la Rúa.
Ha sido un verdadero récord, jamás visto antes, que quizás sirva para hacerla reflexionar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
domingo, 18 de mayo de 2008
Cristina se sacó el gusto
Cumbre de Lima
Cristina se sacó el gusto
“Tensa polémica entre Cristina y la Unión Europea”, tituló La Nación al informar sobre el discurso de la presidenta Kirchner en Lima reclamando a voz alzada contra el proteccionismo europeo en el comercio agropecuario.
Claro. En el país ya no puede impostar la voz, levantar su dedito admonitorio y recitar sus consignas de memoria. Pero llevó su gesto a Lima, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina fueron de pronto transportados en el túnel del tiempo... y no precisamente hacia el futuro.
CK, seguramente, debe haberse sentido una heroína de la Independencia, refregado en la cara a los imperios coloniales la vocación libérrima de estos pueblos. Olvidó, sin embargo, que en estas épocas de ciudadanos conscientes y posmodernidad globalizada lo que interesa es solucionar los problemas, no amplificarlos.
El mundo es cada vez más uno solo, integrado pero complicado, y el desafío para las gestiones públicas es contar con la frescura intelectual y la claridad de miras necesarias para ofrecer a los ciudadanos respuestas tranquilizadoras, eficaces y respetuosas. Mente abierta, respeto a los demás, capacidad de escuchar y entender.
El camino que adoptó Cristina Kirchner lo conocemos. Es el que nos ha llevado, por un lado a nosotros, latinoamericanos, a “sacarnos el gusto” de “decirles las cosas en la cara”, y por el otro a ellos, los países desarrollados, a ignorar el reclamo manteniendo el “statu quo” favoreciéndose del proteccionismo que le significa una ventaja adicional de entre cincuenta y cien mil millones de dólares al año. No ha descubierto la pólvora. La publicitada fotografía que su equipo de prensa distribuyó en Argentina, que la muestra reunida con el presidente del gobieno español mientras Zapatero estalla en una estentórea carcajada es la respuesta gráfica a su discurso y su dedito.
Más allá de los problemas, –por los que han reclamado Alfonsín, Menem, de la Rúa y Duhalde, e incluso antes de la democracia-, lo realmente importante no es reiterarlos una vez más en tono de combate, sino encontrar con inteligencia la estrategia para solucionarlos. Mirarlos con las anteojeras desenfocadas de los años setenta simplemente los congela, prolongando sus negativos efectos en el tiempo, y no toma en cuenta el cambio acelerado de la matriz económica global que incluye nuevos mercados –inmensos- para los alimentos, y nuevos desafíos. Lo que necesitamos en la Argentina urgentemente no es tanto que los europeos nos dejen entrar en sus fronteras, sino que el gobierno kirchnerista nos deje salir de las nuestras, levantando las esotéricas prohibiciones a la exportación que impiden a nuestros exportadores cumplir con sus compromisos y disputar esos promisorios nuevos mercados.
Esto es lo que le reclama la opinión pública argentina a CK en el conflicto con el campo, en el que su esclerosis ideológica –o su capricho- ha prolongando por meses un diferendo que ha provocado la caída de las reservas internacionales, la suba de la tasa de interés, la reducción de la producción agropecuaria –que en Lima reclamaba a los otros aumentar, para combatir el hambre...-, desatado una creciente tensión social y desalentado a los empresarios del campo a los que amenaza con sus hordas mercenarias filofascistas convirtiendo un problema sectorial en una conmoción generalizada de la convivencia argentina.
Es una incapacidad de gobierno que va, incluso, contra ella misma, que en apenas cuatro meses ha visto reducir su apoyo a un nivel inferior al que tenía el gobierno de Fernando de la Rúa a un año de gobierno (25 %). Dicho sea de paso, gobierno que no disfrutaba de la Soja a quinientos dólares la tonelada, ni del petróleo a ciento veinte, sino que debía enfrentar, con precios internacionales misérrimos, la deuda descomunal que le dejó el gobierno del partido cuya posta acaba de tomar el marido de la señora presidenta, en un raquítico acto que ella –no ha explicado aún en qué carácter, porque no se ve su nombre entre sus nuevas autoridades- cerró con un discurso apenas escuchado, rodeado de violencia desatada entre sus huestes.
“Necesitamos su tecnología para integrar nuestro proceso productivo de alimentos” les dijo a los europeos. Sin embargo, en su país confisca la riqueza con la que el sector de alimentos puede incorporar tecnología –que aquí se produce, y de la mejor del mundo, sin necesidad de mendigarla en ningún foro de presidentes-, para repartirla entre sus patotas mercenarias, su construcción clientelista, su cortedad de visión.
La imagen de CK dando lecciones de comercio libre a los países europeos sería potente, si los medios no hubieran internacionalizado la imagen de su Secretario de Comercio fijando precios pistola en mano, apropiándose impúdicamente de una cosecha para la que no hizo ningún esfuerzo, o prohibiendo exportar carne a productores que se encuentran entre los más eficientes del mundo.
Quizás piense la señora presidenta que con su discurso lideró la batalla del Mercosur -que le toca presidir por unos meses- y disfrute soñando con su imagen combativa acompañando a Bolívar en la iconografía continental del futuro junto a su cofrade venezolano, que a pocos días de apostrofar a Angela Merkel con el epíteto de “sucesora de Hitler” y mostrando el escaso valor que le da a sus propias palabras, le tendió su mano ante la condescendiente sonrisa de la líder germana, que cualquier cosa hará en el futuro menos tomarlos en serio, o dejar de considerar a los “bolivarianos” y sus amigos sureños poco más que como divertidas curiosidades étnicas.
Mientras tanto, el Brasil avanza con Estados Unidos en su alianza estratégica para la producción de biocombustibles, consigue el grado de inversión que le permitirá acceder a créditos virtualmente sin “riesgo país”, acumula reservas en divisas en un monto que supera su deuda externa, alcanza récord en la exportación de soja, de carnes bovinas y porcinas, coloca su PBI entre los más altos del planeta, recibe la mayor inversión externa de su historia y trabaja en silencio para su incorporación a la “alta gerencia” del mundo para la que ya ha sido propuesto por Francia y Alemania. En la opción “ruidos” o “nueces”, está claro cuál es la opción estratégica de Lula, y cual la “K-K”.
Y está claro también –lamentablemente para nosotros- el camino que está recorriendo la República Argentina.
Cristina se sacó el gusto
“Tensa polémica entre Cristina y la Unión Europea”, tituló La Nación al informar sobre el discurso de la presidenta Kirchner en Lima reclamando a voz alzada contra el proteccionismo europeo en el comercio agropecuario.
Claro. En el país ya no puede impostar la voz, levantar su dedito admonitorio y recitar sus consignas de memoria. Pero llevó su gesto a Lima, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina fueron de pronto transportados en el túnel del tiempo... y no precisamente hacia el futuro.
CK, seguramente, debe haberse sentido una heroína de la Independencia, refregado en la cara a los imperios coloniales la vocación libérrima de estos pueblos. Olvidó, sin embargo, que en estas épocas de ciudadanos conscientes y posmodernidad globalizada lo que interesa es solucionar los problemas, no amplificarlos.
El mundo es cada vez más uno solo, integrado pero complicado, y el desafío para las gestiones públicas es contar con la frescura intelectual y la claridad de miras necesarias para ofrecer a los ciudadanos respuestas tranquilizadoras, eficaces y respetuosas. Mente abierta, respeto a los demás, capacidad de escuchar y entender.
El camino que adoptó Cristina Kirchner lo conocemos. Es el que nos ha llevado, por un lado a nosotros, latinoamericanos, a “sacarnos el gusto” de “decirles las cosas en la cara”, y por el otro a ellos, los países desarrollados, a ignorar el reclamo manteniendo el “statu quo” favoreciéndose del proteccionismo que le significa una ventaja adicional de entre cincuenta y cien mil millones de dólares al año. No ha descubierto la pólvora. La publicitada fotografía que su equipo de prensa distribuyó en Argentina, que la muestra reunida con el presidente del gobieno español mientras Zapatero estalla en una estentórea carcajada es la respuesta gráfica a su discurso y su dedito.
Más allá de los problemas, –por los que han reclamado Alfonsín, Menem, de la Rúa y Duhalde, e incluso antes de la democracia-, lo realmente importante no es reiterarlos una vez más en tono de combate, sino encontrar con inteligencia la estrategia para solucionarlos. Mirarlos con las anteojeras desenfocadas de los años setenta simplemente los congela, prolongando sus negativos efectos en el tiempo, y no toma en cuenta el cambio acelerado de la matriz económica global que incluye nuevos mercados –inmensos- para los alimentos, y nuevos desafíos. Lo que necesitamos en la Argentina urgentemente no es tanto que los europeos nos dejen entrar en sus fronteras, sino que el gobierno kirchnerista nos deje salir de las nuestras, levantando las esotéricas prohibiciones a la exportación que impiden a nuestros exportadores cumplir con sus compromisos y disputar esos promisorios nuevos mercados.
Esto es lo que le reclama la opinión pública argentina a CK en el conflicto con el campo, en el que su esclerosis ideológica –o su capricho- ha prolongando por meses un diferendo que ha provocado la caída de las reservas internacionales, la suba de la tasa de interés, la reducción de la producción agropecuaria –que en Lima reclamaba a los otros aumentar, para combatir el hambre...-, desatado una creciente tensión social y desalentado a los empresarios del campo a los que amenaza con sus hordas mercenarias filofascistas convirtiendo un problema sectorial en una conmoción generalizada de la convivencia argentina.
Es una incapacidad de gobierno que va, incluso, contra ella misma, que en apenas cuatro meses ha visto reducir su apoyo a un nivel inferior al que tenía el gobierno de Fernando de la Rúa a un año de gobierno (25 %). Dicho sea de paso, gobierno que no disfrutaba de la Soja a quinientos dólares la tonelada, ni del petróleo a ciento veinte, sino que debía enfrentar, con precios internacionales misérrimos, la deuda descomunal que le dejó el gobierno del partido cuya posta acaba de tomar el marido de la señora presidenta, en un raquítico acto que ella –no ha explicado aún en qué carácter, porque no se ve su nombre entre sus nuevas autoridades- cerró con un discurso apenas escuchado, rodeado de violencia desatada entre sus huestes.
“Necesitamos su tecnología para integrar nuestro proceso productivo de alimentos” les dijo a los europeos. Sin embargo, en su país confisca la riqueza con la que el sector de alimentos puede incorporar tecnología –que aquí se produce, y de la mejor del mundo, sin necesidad de mendigarla en ningún foro de presidentes-, para repartirla entre sus patotas mercenarias, su construcción clientelista, su cortedad de visión.
La imagen de CK dando lecciones de comercio libre a los países europeos sería potente, si los medios no hubieran internacionalizado la imagen de su Secretario de Comercio fijando precios pistola en mano, apropiándose impúdicamente de una cosecha para la que no hizo ningún esfuerzo, o prohibiendo exportar carne a productores que se encuentran entre los más eficientes del mundo.
Quizás piense la señora presidenta que con su discurso lideró la batalla del Mercosur -que le toca presidir por unos meses- y disfrute soñando con su imagen combativa acompañando a Bolívar en la iconografía continental del futuro junto a su cofrade venezolano, que a pocos días de apostrofar a Angela Merkel con el epíteto de “sucesora de Hitler” y mostrando el escaso valor que le da a sus propias palabras, le tendió su mano ante la condescendiente sonrisa de la líder germana, que cualquier cosa hará en el futuro menos tomarlos en serio, o dejar de considerar a los “bolivarianos” y sus amigos sureños poco más que como divertidas curiosidades étnicas.
Mientras tanto, el Brasil avanza con Estados Unidos en su alianza estratégica para la producción de biocombustibles, consigue el grado de inversión que le permitirá acceder a créditos virtualmente sin “riesgo país”, acumula reservas en divisas en un monto que supera su deuda externa, alcanza récord en la exportación de soja, de carnes bovinas y porcinas, coloca su PBI entre los más altos del planeta, recibe la mayor inversión externa de su historia y trabaja en silencio para su incorporación a la “alta gerencia” del mundo para la que ya ha sido propuesto por Francia y Alemania. En la opción “ruidos” o “nueces”, está claro cuál es la opción estratégica de Lula, y cual la “K-K”.
Y está claro también –lamentablemente para nosotros- el camino que está recorriendo la República Argentina.
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