Un año electoral es un año de definiciones.
Aunque todos los días los ciudadanos construyen su país con su trabajo, su opinión, sus estudios, sus investigaciones, su creación cultural e incluso su influencia en la política, es en la definición de su gobierno cuando elige el rumbo del mediano plazo, el que en última instancia enmarcará el resto del funcionamiento político y social en los años inmediatos.
En ese sentido, un año electoral debe ser por definición polémico. Debe enfrentar proyectos, opiniones y propuestas que las fuerzas políticas y los candidatos formulen los ciudadanos para su evaluación. Requiere debate, fuerte, denso, sustantivo.
Desde esta columna hemos presentado reiteradas veces nuestra visión sobre las alternativas posibles para el país, que en el fondo y como aproximación didáctica podemos definir en dos grandes opciones: un país “de retaguardia”, cerrado y mediocre, que trata de reconstruir un tiempo que pasó sin levantar la mirada, nacionalista fuera de época, aislado del mundo y coto de caza de corporaciones –sindicales, empresarias, políticas-; o un país “de vanguardia”, abierto y pujante, que decide la construcción de su futuro con vocación cosmopolita, decidido a enfrentar la agenda del siglo XXI con vocación de éxito a fin de lograr una convivencia madura y equitativa, sumado al tren del futuro en una imbricación virtuosa con el mundo.
El primer camino significa marchar a contramano, insistiendo en todos los fracasos, desde la violación de los derechos de las personas hasta la justificación seudoideológica de un Estado irracional, desde la subordinación de las “declaraciones, derechos y garantías” de los ciudadanos a un difuso “interés general” definido por una camarilla en el poder, desde la transferencia de riquezas al margen de los procedimientos democráticos y constitucionales hasta la justificación de la confiscación por cualquier causa, desde el aislamiento internacional hasta el vaciamiento del federalismo.
La consecuencia de persistir en este rumbo está a la vista: un país deformado hasta el ridículo concentrando en su área metropolitana (4000 kms 2) 14 millones de habitantes a una densidad de 3500 habitantes por km2, mientras ocupa el resto de su inmenso territorio continental (2.800.000 kms2) con apenas 10 habitantes por km2. Un país que en los mejores años de su historia económica ha reforzado su inequidad social con una pobreza que alcanza a más de un tercio de su población, que de ser señero en educación y ciencia ha pasado a revistar entre los últimos del continente en calidad educativa pública, que ha incrementado su inseguridad ciudadana al compás de la complicidad oficial con el narcotráfico y que vive de liquidar su capital –como ahorros previsionales, reservas de divisas y capacidad de endeudamiento- mientras no es capaz de formular acuerdos nacionales estratégicos de cara a sus próximos años.
El otro rumbo está disponible, pero un inexplicable bloqueo intelectual no sólo de la mayoría dirigencial sino del telón de fondo cultural de la mayoría del sistema comunicacional –aún el opositor- lo hace inabordable. Es comprensible. Todos en la Argentina nos formamos en un mapa conceptual propio del “primer camino”. En todo caso la pregunta es si eso justifica poner un pulmotor en conceptos quizás válidos para otros tiempos, con otro mundo, otra agenda y otro país, y si justifica la pereza intelectual de ignorar la agenda de hoy y de mañana, en lugar de repetir propuestas formuladas para otros problemas.
La Argentina podría convertirse en diez años en un país que hoy no nos atreveríamos a imaginar: equilibrado y plural, democrático y equitativo, abierto y solidario. Respetuoso de su inteligencia y de su creación en libertad. Descentralizado y con cada lugar de su territorio incorporado a lo mejor del confort, seguridad y avances tecnológicos. No nos llevaría más que una década volver a vernos, junto a Chile y Uruguay, y en palabras de Belisario Roldán hace un siglo, como “el contrapeso meridional del Continente”.
¿Cómo no lamentarse, entonces, que ante esa perspectiva se escuche sin embargo, en un año de definiciones estratégicas, centrar el debate en temas como la persistencia del Fútbol para Todos, en el mantenimiento de un subsidio inmoral a una línea aérea convertida en coto de caza de sindicalistas, proveedores y acreedores con fondos malversados del sistema previsional, o en la ilusoria reconstrucción de un sistema jubilatorio posible en los años de auge del industrialismo pero inconsistente con la realidad económica del nuevo paradigma económico global?
El dilema no es de “izquierdas o derechas”. Lo prueban Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ricardo Lagos, Bachelet, Tabaré Vázquez, Mujica, Dilma Ruseff, salvo que alcancemos con el apelativo de “neoliberales” a estos dirigentes que han sido capaces de conducir sus países atravesando la crisis del cambio de siglo y el auge de los años siguientes con vocación democrática con una solidez institucional creciente y sin “estados de excepción”, “facultades extraordinarias” ni medidas especiales que ignoren el debate parlamentario o los derechos políticos, económicos o sociales de sus ciudadanos.
Y el propio Alfonsín. ¿O es que acaso olvidamos las críticas salvajes al Plan Houston, a las propuestas de incorporación de capital privado a la ex ENTEL, a la asociación de Aerolíneas con SAS y otras sensatas propuestas modernizadoras saboteadas en el Congreso y en la calle por las mismas voces trogloditas que luego apoyaron el remate indiscriminado del capital público en los 90?
Los partidos y los candidatos, para recuperar credibilidad y respetabilidad ciudadana, deberían hoy hablar claro en sus propuestas, con nitidez y honestidad intelectual y política. Nuestro pueblo, que no es necio, elegirá lo que le parezca más adecuado. No es una buena práctica construir los discursos sobre las presiones corporativas o apelando a sentidas emotividades. Los argentinos quieren –queremos- escuchar ideas sobre nuestros problemas de hoy y los años que vienen. Es el requisito ineludible de una democracia exitosa.
Ricardo Lafferriere
lunes, 24 de enero de 2011
El año del gran debate
El proceso electoral parece estar lanzándose, con sus protagonistas elevando la exposición de sus mensajes y comenzando a definir sus propuestas básicas para los años próximos.
Lamentablemente, las primeras voces no parecen prometedoras. La invocación a la nostalgia o la corrección de la megacorrupción como nodos centrales, aún con sus valías, son insuficientes para crear en la imaginación de la Nación una imagen más o menos clara sobre el puerto de destino que se le ofrece. Las opciones parecen más bien grises, sin atreverse soltar amarras ni siquiera en lo propositivo, de la esperpéntica agenda impulsada desde el poder en estos años.
No se construirá una alternativa entusiasmante pasando a un segundo plano las definiciones programáticas, ni organizando internas de juguete, ni ofreciendo a la sociedad un camino que, aunque emprolije los métodos, no alterará sustancialmente el rumbo kirchnerista.
La Argentina necesita sentirse convocada a un esfuerzo creíble, atractivo, motivador. Debe incluir a todos los compatriotas recuperando la autoestima nacional luego de este nuevo amague frustrado que significó la propuesta K, pero ello no significa que los argentinos aceptarán cualquier retorno a visiones que ignoren su agenda de hoy e insistan en soluciones a problemas que no son los actuales. Y debe sentir que el respeto a las reglas de juego será un piso tan sólido que habrá de someter a su vigencia a cualquier tipo de poder corporativo, social o extrainstitucional que lo desafíe.
Las sociedades exitosas, en el mundo y en el plano regional, por encima de contar con el difuso telón de fondo de la ideología de sus dirigencias, han encarado la articulación de sus esfuerzos con la marcha de la nueva etapa global, caracterizada por el exponencial avance científico técnico, la utilización de la dimensión gigantesca del mercado mundial y la creciente adopción del estado de derecho con la viga maestra de los derechos humanos, los que hasta China se ve obligada a reconocer como un objetivo legítimo.
Para lograrlo, han sido capaces de concertar acuerdos estratégicos que incluyen el amplio consenso de sus élites, desterrando la intolerancia recíproca y sabiendo priorizar aquellos puntos que concitan coincidencias. No ha cambiado mucho el rumbo de Brasil desde Fernando Henrique Cardoso hasta Lula o Russef, ni tampoco Chile desde la Concertación a Piñera y me atrevería a decir que tampoco cambió el Uruguay en forma rotunda desde Jorge Batlle hasta Mujica. Por supuesto que varía el acento en determinadas miradas y que no puede decirse que sean exactamente lo mismo, pero es indiscutible que lo que sí es igual es la forma de imaginar el aprovechamiento en sus respectivos países de la nueva etapa global, apoyada en un “ethos” político maduro, tolerante y reflexivo.
El nuevo período seguramente tomará algunos saldos exitosos aún del propio kirchnerismo. Parece sensato reconocer que su gestión en el área de la ciencia y la tecnología ha sido de lo mejor en las últimas décadas. Sin embargo, el resultado global es fuertemente negativo. Lo peor no es eso, sino que es de varios de estos aspectos negativos que parecen heredar su discurso algunos relatos opositores.
El tema de las retenciones agropecuarias es un ejemplo. La afirmación de la “inexorabilidad” de las retenciones esconde en el mejor de los casos, una ingenuidad peligrosa y en el peor, un cinismo inaceptable. Sin respetar los derechos de las personas –entre las cuales, la de disponer del producido de su trabajo o inversión tiene una protección constitucional central- será imposible relanzar el proceso de inversión.
La continuidad de las retenciones implica la continuación de la concentración macrocefálica, de la explotación de los esfuerzos productivos de las provincias para financiar redes clientelistas – mafiosas del conurbano y el reconocimiento de la impotencia nacional para financiar su propio desarrollo. Es más: significa que continuará la invocación del fantasmagórico “interés general” como justificación del avasallamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Las retenciones, que son un robo convertido “de facto” en institución del Estado, deben ser reemplazadas –aunque sea en forma progresiva pero inexorable- por un moderno y elaborado impuesto a las ganancias, progresivo, coparticipable y enmarcado en el sistema impositivo nacional.
Pero lo peor es que tras ese discurso aparentemente progresista (justificando las retenciones por la necesidad del gasto social) se esconde la impotencia para proponer un camino de desarrollo apoyado en la educación, la reconversión productiva de los compatriotas marginados y la reforma del Estado terminando con los innumerables mecanismos de apropiación de ingresos y de transferencia a empresarios amigos a cambio de migajas dejadas en el camino a quienes desde el poder les abren esas posibilidades.
Ignorar el problema de los servicios públicos escudándolo en visiones ideológicas es una falencia parecida. La falta de agua potable y cloacas, el infierno del transporte público, la obsolescencia energética y el mantenimiento de subsidios esquizofrénicos –como el de la línea aérea estatal, y las transmisiones de partidos de fútbol por TV- atacan el sentido común, al coexistir con el mayor índice de pobreza y polarización social en muchas décadas, salvo el pico coyuntural de la crisis del 2002.
Escuchar a los candidatos justificar la dilapidación de más de dos millones de dólares por día (doscientas viviendas por día, o comida diaria para doscientas mil personas...) por no animarse a enfrentar a los intereses corporativos de gremios y proveedores, o el mantenimiento de los 50.000 millones de pesos anuales de subsidios a empresas de servicios, claramente significa la resignación del crecimiento al anular toda capacidad de inversión reproductiva.
Ello no significa olvidar el problema social, sino incluirlo en un abanico de desafíos que, sin dogmatismos ni ideologismos, articule el crecimiento pujante y vigoroso, con la participación de todos en ese proceso mediante adecuadas políticas públicas de respeto a los derechos inversores, la estricta fiscalización impositiva debatida previamente en el Congreso, la distribución de los recursos públicos entre las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales y el respeto impecable a la independencia de la justicia y el estado de derecho.
Eso están esperando los ciudadanos, para volver a sentirse integrantes de una Nación y no simples objetos de discursos de marketing. Esa es, por otra parte, la tarea y la justificación de la actividad política, cuya legitimidad se funda en el reconocimiento de la soberanía de los ciudadanos –no de los partidos, ni de los sindicatos, ni siquiera del Estado- como últimos depositarios de su libertad y titulares finales de cualquier acción pública.
Ricardo Lafferriere
Lamentablemente, las primeras voces no parecen prometedoras. La invocación a la nostalgia o la corrección de la megacorrupción como nodos centrales, aún con sus valías, son insuficientes para crear en la imaginación de la Nación una imagen más o menos clara sobre el puerto de destino que se le ofrece. Las opciones parecen más bien grises, sin atreverse soltar amarras ni siquiera en lo propositivo, de la esperpéntica agenda impulsada desde el poder en estos años.
No se construirá una alternativa entusiasmante pasando a un segundo plano las definiciones programáticas, ni organizando internas de juguete, ni ofreciendo a la sociedad un camino que, aunque emprolije los métodos, no alterará sustancialmente el rumbo kirchnerista.
La Argentina necesita sentirse convocada a un esfuerzo creíble, atractivo, motivador. Debe incluir a todos los compatriotas recuperando la autoestima nacional luego de este nuevo amague frustrado que significó la propuesta K, pero ello no significa que los argentinos aceptarán cualquier retorno a visiones que ignoren su agenda de hoy e insistan en soluciones a problemas que no son los actuales. Y debe sentir que el respeto a las reglas de juego será un piso tan sólido que habrá de someter a su vigencia a cualquier tipo de poder corporativo, social o extrainstitucional que lo desafíe.
Las sociedades exitosas, en el mundo y en el plano regional, por encima de contar con el difuso telón de fondo de la ideología de sus dirigencias, han encarado la articulación de sus esfuerzos con la marcha de la nueva etapa global, caracterizada por el exponencial avance científico técnico, la utilización de la dimensión gigantesca del mercado mundial y la creciente adopción del estado de derecho con la viga maestra de los derechos humanos, los que hasta China se ve obligada a reconocer como un objetivo legítimo.
Para lograrlo, han sido capaces de concertar acuerdos estratégicos que incluyen el amplio consenso de sus élites, desterrando la intolerancia recíproca y sabiendo priorizar aquellos puntos que concitan coincidencias. No ha cambiado mucho el rumbo de Brasil desde Fernando Henrique Cardoso hasta Lula o Russef, ni tampoco Chile desde la Concertación a Piñera y me atrevería a decir que tampoco cambió el Uruguay en forma rotunda desde Jorge Batlle hasta Mujica. Por supuesto que varía el acento en determinadas miradas y que no puede decirse que sean exactamente lo mismo, pero es indiscutible que lo que sí es igual es la forma de imaginar el aprovechamiento en sus respectivos países de la nueva etapa global, apoyada en un “ethos” político maduro, tolerante y reflexivo.
El nuevo período seguramente tomará algunos saldos exitosos aún del propio kirchnerismo. Parece sensato reconocer que su gestión en el área de la ciencia y la tecnología ha sido de lo mejor en las últimas décadas. Sin embargo, el resultado global es fuertemente negativo. Lo peor no es eso, sino que es de varios de estos aspectos negativos que parecen heredar su discurso algunos relatos opositores.
El tema de las retenciones agropecuarias es un ejemplo. La afirmación de la “inexorabilidad” de las retenciones esconde en el mejor de los casos, una ingenuidad peligrosa y en el peor, un cinismo inaceptable. Sin respetar los derechos de las personas –entre las cuales, la de disponer del producido de su trabajo o inversión tiene una protección constitucional central- será imposible relanzar el proceso de inversión.
La continuidad de las retenciones implica la continuación de la concentración macrocefálica, de la explotación de los esfuerzos productivos de las provincias para financiar redes clientelistas – mafiosas del conurbano y el reconocimiento de la impotencia nacional para financiar su propio desarrollo. Es más: significa que continuará la invocación del fantasmagórico “interés general” como justificación del avasallamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Las retenciones, que son un robo convertido “de facto” en institución del Estado, deben ser reemplazadas –aunque sea en forma progresiva pero inexorable- por un moderno y elaborado impuesto a las ganancias, progresivo, coparticipable y enmarcado en el sistema impositivo nacional.
Pero lo peor es que tras ese discurso aparentemente progresista (justificando las retenciones por la necesidad del gasto social) se esconde la impotencia para proponer un camino de desarrollo apoyado en la educación, la reconversión productiva de los compatriotas marginados y la reforma del Estado terminando con los innumerables mecanismos de apropiación de ingresos y de transferencia a empresarios amigos a cambio de migajas dejadas en el camino a quienes desde el poder les abren esas posibilidades.
Ignorar el problema de los servicios públicos escudándolo en visiones ideológicas es una falencia parecida. La falta de agua potable y cloacas, el infierno del transporte público, la obsolescencia energética y el mantenimiento de subsidios esquizofrénicos –como el de la línea aérea estatal, y las transmisiones de partidos de fútbol por TV- atacan el sentido común, al coexistir con el mayor índice de pobreza y polarización social en muchas décadas, salvo el pico coyuntural de la crisis del 2002.
Escuchar a los candidatos justificar la dilapidación de más de dos millones de dólares por día (doscientas viviendas por día, o comida diaria para doscientas mil personas...) por no animarse a enfrentar a los intereses corporativos de gremios y proveedores, o el mantenimiento de los 50.000 millones de pesos anuales de subsidios a empresas de servicios, claramente significa la resignación del crecimiento al anular toda capacidad de inversión reproductiva.
Ello no significa olvidar el problema social, sino incluirlo en un abanico de desafíos que, sin dogmatismos ni ideologismos, articule el crecimiento pujante y vigoroso, con la participación de todos en ese proceso mediante adecuadas políticas públicas de respeto a los derechos inversores, la estricta fiscalización impositiva debatida previamente en el Congreso, la distribución de los recursos públicos entre las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales y el respeto impecable a la independencia de la justicia y el estado de derecho.
Eso están esperando los ciudadanos, para volver a sentirse integrantes de una Nación y no simples objetos de discursos de marketing. Esa es, por otra parte, la tarea y la justificación de la actividad política, cuya legitimidad se funda en el reconocimiento de la soberanía de los ciudadanos –no de los partidos, ni de los sindicatos, ni siquiera del Estado- como últimos depositarios de su libertad y titulares finales de cualquier acción pública.
Ricardo Lafferriere
lunes, 20 de diciembre de 2010
Aviso a los narcos: la policía está desarmada...
En un país en el que existen más de dos millones de armas en poder de los particulares, la mayoría de ellas sin registrar, el poder político ha dado a conocer la disposición más extraña que pueda imaginarse en la guerra que las organizaciones de narcotráfico han comenzado contra la sociedad: la policía concurrirá desarmada cuando existan conflictos en la calle.
El motivo que acompañó la información sobre la insólita decisión no puede dejar de causar similar extrañeza: es para saber que los disparos que eventualmente dejaran heridos o muertos en tales circunstancias, no habrían partido de la policía.
Es difícil imaginar un abandono más patente de las responsabilidades estatales de ejercer el monopolio de la fuerza en defensa de los ciudadanos desarmados. Y a la vez, de no tomar esta decisión como una instigación a armarse en defensa propia, sabiendo de antemano que no podrá contarse con el apoyo ni la ayuda de una eficaz acción pública para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos comunes.
Estudiantina, en el caso de suponer que existe en el gobierno buena fé. Pero no se trata de funcionarios ingenuos. Aún suponiendo que la presidenta viva en una burbuja, la Ministra de Seguridad es una persona de experiencia en las luchas políticas y sociales y conoce la realidad. No es entonces creíble suponer tal actitud, lo que lleva a concluir en que a sabiendas se ha dejado la calle en manos de los civiles armados no pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Aunque sea un milagro que nuestro país aún subsista como tal con el grado de desarticulación estatal a que lo ha conducido el peronismo gobernante –desmantelando la seguridad, la justicia, la educación, la defensa, la salud pública, las fronteras, el orden jurídico y el propio estado de derecho-, es tentar mucho al destino una medida como la comentada, en una realidad tan conflictiva y atravesada por bandas de narcotraficantes, crimen organizado, necesidades sociales acuciantes, inmigración descontrolada que convierte a los inmigrantes en carne de cañon de la inescrupulosidad de las bandas y grupos facciosos internos del propio oficialismo que se tienen tanto afecto recíproco como, en su momento, lo tenían los Montoneros con la Triple A.
Ahora la carne de cañón serán los propios agentes del orden, cuyo tributo a la violencia se cuenta en varias décadas por año. No hay semana que no se produzca un hecho fatal que tiene por víctima algún funcionario policial en cumplimiento de su deber. La medida probablemente incrementará esa cuota, en beneficio de los enemigos del orden público, que no son los pobres sino los mafiosos. A quienes se les da la buena nueva que, enfrente, no habrá policías armados sino muñecos para practicar el tiro al blanco.
Los tiempos que vienen serán, para la seguridad ciudadana, tan patéticos como el espectáculo de una patrulla del ejército boliviano entrando al territorio nacional, saqueando una propiedad y argumentando que lo hacía porque ese sector del territorio había sido boliviano y la Argentina se había apropiado de él. El comandante del grupo, Coronel Willy Gareca, no sólo permanece en su puesto sino que hasta recibe atención médica en centros de salud salteños. El gobierno argentino ni siquiera presentó una protesta.
El desmantelamiento del Ejército, que no tiene capacidad ni siquiera para defender la frontera de una incursión del Ejército de Bolivia, comienza a trasladarse a la policía, con la particularidad de que el enemigo en este plano no es otro país, sino las bandas del crimen organizado utilizando como mascarón de proa a la estructura clientelista del kirchnerismo.
Es de esperar una firme reacción, no sólo del peronismo –en cuyo nombre y con cuyo soporte están gobernando- sino de toda la sociedad política para detener esta locura. Avanzar en esa línea puede llevar la desarticulación definitiva del estado argentino y del régimen democrático y su reemplazo por la ley de la selva.
Ricardo Lafferriere
El motivo que acompañó la información sobre la insólita decisión no puede dejar de causar similar extrañeza: es para saber que los disparos que eventualmente dejaran heridos o muertos en tales circunstancias, no habrían partido de la policía.
Es difícil imaginar un abandono más patente de las responsabilidades estatales de ejercer el monopolio de la fuerza en defensa de los ciudadanos desarmados. Y a la vez, de no tomar esta decisión como una instigación a armarse en defensa propia, sabiendo de antemano que no podrá contarse con el apoyo ni la ayuda de una eficaz acción pública para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos comunes.
Estudiantina, en el caso de suponer que existe en el gobierno buena fé. Pero no se trata de funcionarios ingenuos. Aún suponiendo que la presidenta viva en una burbuja, la Ministra de Seguridad es una persona de experiencia en las luchas políticas y sociales y conoce la realidad. No es entonces creíble suponer tal actitud, lo que lleva a concluir en que a sabiendas se ha dejado la calle en manos de los civiles armados no pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Aunque sea un milagro que nuestro país aún subsista como tal con el grado de desarticulación estatal a que lo ha conducido el peronismo gobernante –desmantelando la seguridad, la justicia, la educación, la defensa, la salud pública, las fronteras, el orden jurídico y el propio estado de derecho-, es tentar mucho al destino una medida como la comentada, en una realidad tan conflictiva y atravesada por bandas de narcotraficantes, crimen organizado, necesidades sociales acuciantes, inmigración descontrolada que convierte a los inmigrantes en carne de cañon de la inescrupulosidad de las bandas y grupos facciosos internos del propio oficialismo que se tienen tanto afecto recíproco como, en su momento, lo tenían los Montoneros con la Triple A.
Ahora la carne de cañón serán los propios agentes del orden, cuyo tributo a la violencia se cuenta en varias décadas por año. No hay semana que no se produzca un hecho fatal que tiene por víctima algún funcionario policial en cumplimiento de su deber. La medida probablemente incrementará esa cuota, en beneficio de los enemigos del orden público, que no son los pobres sino los mafiosos. A quienes se les da la buena nueva que, enfrente, no habrá policías armados sino muñecos para practicar el tiro al blanco.
Los tiempos que vienen serán, para la seguridad ciudadana, tan patéticos como el espectáculo de una patrulla del ejército boliviano entrando al territorio nacional, saqueando una propiedad y argumentando que lo hacía porque ese sector del territorio había sido boliviano y la Argentina se había apropiado de él. El comandante del grupo, Coronel Willy Gareca, no sólo permanece en su puesto sino que hasta recibe atención médica en centros de salud salteños. El gobierno argentino ni siquiera presentó una protesta.
El desmantelamiento del Ejército, que no tiene capacidad ni siquiera para defender la frontera de una incursión del Ejército de Bolivia, comienza a trasladarse a la policía, con la particularidad de que el enemigo en este plano no es otro país, sino las bandas del crimen organizado utilizando como mascarón de proa a la estructura clientelista del kirchnerismo.
Es de esperar una firme reacción, no sólo del peronismo –en cuyo nombre y con cuyo soporte están gobernando- sino de toda la sociedad política para detener esta locura. Avanzar en esa línea puede llevar la desarticulación definitiva del estado argentino y del régimen democrático y su reemplazo por la ley de la selva.
Ricardo Lafferriere
lunes, 13 de diciembre de 2010
Indoamericano: algunos números
Una vivienda modesta pero adecuada a las necesidades de las personas que ocupan el Parque Indoamericano tiene en el mercado un valor inferior a los USD 20.000. En una construcción industrializada, además, pueden fabricarse por poco más de $ 30.000, a lo que debe agregarse el terreno. Sin que implique publicidad, alcanza con visitar un sitio cualquiera (por ejemplo, http://www.micassa.com.ar/oferta.html) para comprobar la cifra.
Partiendo de esa suma (en la realidad barrial, no llegaría a los USD 20.000, o sea $ 80.000 por vivienda) y teniendo en cuenta los censados (5.000), puede estimarse una necesidad de 1250 viviendas, aproximadamente, a razón de una cada cuatro personas. Eso daría un monto requerido de 25.000.000 dólares. ¿Es esa una suma inaccesible?
Como siempre en estos casos, lo que vale para dimensionar una cifra son las comparaciones.
El monto significa que con 13 días de subsidios de Aerolíneas –que recibe dos millones de dólares por día-, tendríamos viviendas para todos los reclamantes en el parque Indoamericano.
Y además se habrían salvado cuatro vidas humanas, decenas de heridos y una grieta en el cuerpo social que tardará tiempo en cicatrizar.
¿Es necesario entonces desarrollar todo este arsenal de masturbación intelectual e ideológica que surge de las usinas oficiales, buscando descalificaciones a “la derecha”, al “neolibealismo”, al “macrismo” o a la “xenofobia”, instalando un debate poco menos que fundacional donde sólo alcanzaría con aplicar el “apotegma Barrionuevo”, de dejar de robar tan sólo por una quincena y sólo en Aerolíneas, para solucionar un problema puntual en fase crítica?
Un gobierno de opereta sigue acumulando muertos por infantilismo. Mientras tanto, las bandas de narcotráfico con algunas complicidades oficiales siguen y seguirán en los próximos días adueñándose del uso de la fuerza, que en otros tiempos solíamos decir que debe ser monopolio del Estado en cualquier sociedad civilizada.
El daño que el peronismo en el poder está haciendo al país en estos días no tiene precio. Y nos está conduciendo, además, por un camino por el que después será muy difícil retroceder, por los odios que va generando y los sentimientos de revancha que dejará sembrados.
No se anuncian días sencillos. Por el contrario, perdidas las esperanzas de gestos maduros desde el escenario, serán tiempos de prueba para la templanza, la sensatez y el sentido común de la mayoría de los hombres y mujeres de buena voluntad.
Mientras, sería bueno pasar en limpio el problema despojándolo de sus adornos intelectualoides y pasar a su solución. Que sólo requiere buena voluntad y buena conciencia.
Ricardo Lafferriere
Partiendo de esa suma (en la realidad barrial, no llegaría a los USD 20.000, o sea $ 80.000 por vivienda) y teniendo en cuenta los censados (5.000), puede estimarse una necesidad de 1250 viviendas, aproximadamente, a razón de una cada cuatro personas. Eso daría un monto requerido de 25.000.000 dólares. ¿Es esa una suma inaccesible?
Como siempre en estos casos, lo que vale para dimensionar una cifra son las comparaciones.
El monto significa que con 13 días de subsidios de Aerolíneas –que recibe dos millones de dólares por día-, tendríamos viviendas para todos los reclamantes en el parque Indoamericano.
Y además se habrían salvado cuatro vidas humanas, decenas de heridos y una grieta en el cuerpo social que tardará tiempo en cicatrizar.
¿Es necesario entonces desarrollar todo este arsenal de masturbación intelectual e ideológica que surge de las usinas oficiales, buscando descalificaciones a “la derecha”, al “neolibealismo”, al “macrismo” o a la “xenofobia”, instalando un debate poco menos que fundacional donde sólo alcanzaría con aplicar el “apotegma Barrionuevo”, de dejar de robar tan sólo por una quincena y sólo en Aerolíneas, para solucionar un problema puntual en fase crítica?
Un gobierno de opereta sigue acumulando muertos por infantilismo. Mientras tanto, las bandas de narcotráfico con algunas complicidades oficiales siguen y seguirán en los próximos días adueñándose del uso de la fuerza, que en otros tiempos solíamos decir que debe ser monopolio del Estado en cualquier sociedad civilizada.
El daño que el peronismo en el poder está haciendo al país en estos días no tiene precio. Y nos está conduciendo, además, por un camino por el que después será muy difícil retroceder, por los odios que va generando y los sentimientos de revancha que dejará sembrados.
No se anuncian días sencillos. Por el contrario, perdidas las esperanzas de gestos maduros desde el escenario, serán tiempos de prueba para la templanza, la sensatez y el sentido común de la mayoría de los hombres y mujeres de buena voluntad.
Mientras, sería bueno pasar en limpio el problema despojándolo de sus adornos intelectualoides y pasar a su solución. Que sólo requiere buena voluntad y buena conciencia.
Ricardo Lafferriere
viernes, 10 de diciembre de 2010
Indoamericano
“En esa época, Evo, ustedes eran nuestros...”
La frase, grosera como pocas pronunciada por el presidente de un Estado a un par, fue dirigida por la presidenta Fernández de Kirchner al presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, al recibir en 2008 a varios presidentes latinoamericanos en San Miguel de Tucumán, en oportunidad de la reunión anual del Mercosur. Hacía referencia a un tiempo en que el antiguo Virreynato no se había aún fracturado y el Alto Perú era un campo de batalla entre el dominio realista y el gobierno revolucionario con sede en Buenos Aires. “Nosotros” vendría a ser el gobierno porteño, que justamente perdió esa batalla, cambiando para siempre la configuración económica, social y política del antiguo Virreynato con la derrota de La Madrid en Sopachuy (1817), que significaría la “pérdida” definitiva del Alto Perú, sobre el que luego se formaría Bolivia.
Los tiempos de la globalización están reconformando viejas cercanías, al compás de las migraciones que son característica del nuevo escenario planetario. En nuestro caso, los episodios que están ocurriendo en este momento marcan el agotamiento de los viejos argumentos “nacionales” y la instalación de un paradigma que vuelve a cruzar líneas interpretativas llevándolas al límite de su virtualidad. Bolivia y el Paraguay se imbrican íntimamente con nuestro país, a través de sus ciudadanos que han decidido dejar su territorio nacional e instalarse en el nuestro y más precisamente, en el conglomerado de Buenos Aires.
Es natural. Aún con las dificultades de convivencia que ofrecen las villas, donde mayoritariamente se asientan, son más tolerables que las que sufrían en sus zonas de origen. La prensa da a conocer algunos argumentos, a cuento de los episodios del Parque Indoamericano: “Hasta me pude operar de vesícula sin pagar un centavo”. “Allá no te dan nada, acá por lo menos tenemos planes sociales”. Las hilachas de un país que construyó en la primera mitad del siglo XX un estado de bienestar relativamente amplio, asentado en una población en extremo tolerante y culturalmente plural, permite aún hoy actitudes que no tienen siquiera los países desarrollados más exitosos con la población externa que recibe.
Vivimos tiempos de reformulación de límites. No los geográficos, ni los históricos, cuando los conceptos de “territorio”, “nación” y “Estado” tenían fronteras superpuestas. Las nuevas fonteras son más difusas y polifacéticas, con bordes culturales, comunicacionales, axiológicos, políticos, religiosos que atraviesan “territorios”, “naciones” y “Estados”. Mientras, espontáneas y efímeras“identidades de guardarropa” aparecen y desaparecen, no sin antes gritar con fuerza afirmaciones conmovedoras. No en vano la “globalización” clama a gritos por el diseño de una gobernanza global que permita encauzar estos fenómenos novedosos.
Pero mientras tanto, el Estado-nación es el único mecanismo con que contamos para responder a las conmociones más primarias. Desarticularlo antes de tiempo tiene consecuencias como las que vemos. Los enemigos de la convivencia en paz y de la construcción de sociedades plurales –narcotraficantes, delincuencia global, extremismos fundamentalistas, intolerancias- bien por el contrario se articulan y crecen. La actitud adolescente de alzarse de hombros o escudarse en consignas primitivas (“no criminalizar la protesta social”, “no vamos a reprimir de ninguna forma”) simplemente abre las puertas a la ley de la selva, ya que la otra no tiene quien la aplique. La diferencia entre la decisión de Lula y el infantilismo de Cristina al tratar temas similares marca la diferencia entre un líder maduro y un gobierno de opereta.
Frente a los escenarios dantescos que se aproximan y que adelantan su muestra en el Parque Indoamericano –curiosa reminiscencia semántica de una nueva pero también vieja identidad político cultural- el llamado angustiado es a una política mayor de edad, que cambie su conducta instintiva de mirarse el ombligo y escaparle a sus responsabilidades y por el contrario asuma con madurez su obligación de reflexiónar, decidir y actuar en conjunto frente a los problemas que enfrenta la sociedad que les paga el sueldo.
A la presidenta y al Jefe de Gobierno. Y a sus oposiciones, que bien podrían por un instante dejar de mirar todo con las anteojeras de la ventaja miserable y aportar esfuerzos para la solución de los problemas, en lugar de pretender aprovecharlos echando leña al fuego.
Ricardo Lafferriere
La frase, grosera como pocas pronunciada por el presidente de un Estado a un par, fue dirigida por la presidenta Fernández de Kirchner al presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, al recibir en 2008 a varios presidentes latinoamericanos en San Miguel de Tucumán, en oportunidad de la reunión anual del Mercosur. Hacía referencia a un tiempo en que el antiguo Virreynato no se había aún fracturado y el Alto Perú era un campo de batalla entre el dominio realista y el gobierno revolucionario con sede en Buenos Aires. “Nosotros” vendría a ser el gobierno porteño, que justamente perdió esa batalla, cambiando para siempre la configuración económica, social y política del antiguo Virreynato con la derrota de La Madrid en Sopachuy (1817), que significaría la “pérdida” definitiva del Alto Perú, sobre el que luego se formaría Bolivia.
Los tiempos de la globalización están reconformando viejas cercanías, al compás de las migraciones que son característica del nuevo escenario planetario. En nuestro caso, los episodios que están ocurriendo en este momento marcan el agotamiento de los viejos argumentos “nacionales” y la instalación de un paradigma que vuelve a cruzar líneas interpretativas llevándolas al límite de su virtualidad. Bolivia y el Paraguay se imbrican íntimamente con nuestro país, a través de sus ciudadanos que han decidido dejar su territorio nacional e instalarse en el nuestro y más precisamente, en el conglomerado de Buenos Aires.
Es natural. Aún con las dificultades de convivencia que ofrecen las villas, donde mayoritariamente se asientan, son más tolerables que las que sufrían en sus zonas de origen. La prensa da a conocer algunos argumentos, a cuento de los episodios del Parque Indoamericano: “Hasta me pude operar de vesícula sin pagar un centavo”. “Allá no te dan nada, acá por lo menos tenemos planes sociales”. Las hilachas de un país que construyó en la primera mitad del siglo XX un estado de bienestar relativamente amplio, asentado en una población en extremo tolerante y culturalmente plural, permite aún hoy actitudes que no tienen siquiera los países desarrollados más exitosos con la población externa que recibe.
Vivimos tiempos de reformulación de límites. No los geográficos, ni los históricos, cuando los conceptos de “territorio”, “nación” y “Estado” tenían fronteras superpuestas. Las nuevas fonteras son más difusas y polifacéticas, con bordes culturales, comunicacionales, axiológicos, políticos, religiosos que atraviesan “territorios”, “naciones” y “Estados”. Mientras, espontáneas y efímeras“identidades de guardarropa” aparecen y desaparecen, no sin antes gritar con fuerza afirmaciones conmovedoras. No en vano la “globalización” clama a gritos por el diseño de una gobernanza global que permita encauzar estos fenómenos novedosos.
Pero mientras tanto, el Estado-nación es el único mecanismo con que contamos para responder a las conmociones más primarias. Desarticularlo antes de tiempo tiene consecuencias como las que vemos. Los enemigos de la convivencia en paz y de la construcción de sociedades plurales –narcotraficantes, delincuencia global, extremismos fundamentalistas, intolerancias- bien por el contrario se articulan y crecen. La actitud adolescente de alzarse de hombros o escudarse en consignas primitivas (“no criminalizar la protesta social”, “no vamos a reprimir de ninguna forma”) simplemente abre las puertas a la ley de la selva, ya que la otra no tiene quien la aplique. La diferencia entre la decisión de Lula y el infantilismo de Cristina al tratar temas similares marca la diferencia entre un líder maduro y un gobierno de opereta.
Frente a los escenarios dantescos que se aproximan y que adelantan su muestra en el Parque Indoamericano –curiosa reminiscencia semántica de una nueva pero también vieja identidad político cultural- el llamado angustiado es a una política mayor de edad, que cambie su conducta instintiva de mirarse el ombligo y escaparle a sus responsabilidades y por el contrario asuma con madurez su obligación de reflexiónar, decidir y actuar en conjunto frente a los problemas que enfrenta la sociedad que les paga el sueldo.
A la presidenta y al Jefe de Gobierno. Y a sus oposiciones, que bien podrían por un instante dejar de mirar todo con las anteojeras de la ventaja miserable y aportar esfuerzos para la solución de los problemas, en lugar de pretender aprovecharlos echando leña al fuego.
Ricardo Lafferriere
jueves, 9 de diciembre de 2010
¿Es culpa de los salarios?....
Una nueva presión del gobierno nacional sobre los sindicatos busca poner un “techo” del 20 % sobre los aumentos salariales que comenzarán a discutirse en paritarias. La medida genera obvias resistencias, no sólo en los sindicalistas más directamente relacionados con sus bases, sino por parte de la misma burocracia gremial que ha sido la socia íntima de la pareja gobernante desde 2003, personificada en la figura de Hugo Moyano. Es natural: todos saben que, aunque la tolerancia de las bases es amplia respecto a los negocios y negociados, corrupción y corruptelas que les permite un nivel de vida exponencialmente más alto del de sus representados, ello es a condición de respetar una máxima: “Con el salario no se juega”.
Hace algunas semanas analizábamos en esta columna cómo se gesta el proceso inflacionario, que siempre y en todos casos se expresa en última instancia por el aumento de la cantidad de moneda con respecto a lo que la economía requiere para funcionar. Y decíamos que, además, en el caso argentino, ese crecimiento monetario tiene una causa fundamental: la dilapidación de recursos públicos por parte de una administración que no pone límites a su dispendio, sin preocuparse de recaudarlos antes. Cierra el circuito sea sacando divisas de las reservas del BCRA debilitando el respaldo de los pesos –y en consecuencia, disminuyendo su valor-, sea apropiándose de las “ganancias cambiarias” ficticias, tautológico reflejo de la misma pérdida de valor de la moneda o directamente emitiendo, ahora parece que en Brasil porque las máquinas nacionales no alcanzan. En una punta de la cadena de la inflacion, en consecuencia, está el gobierno gastando dinero que no tiene, sin autorización del Congreso y saqueando el “tesoro” de los argentinos, que son sus reservas. En la otra, quienes la sufren que son los más débiles para defenderse.
Al caer el valor del dinero producto de este saqueo, todos los actores económicos deben defenderse. Quien tenga más espaldas, lo hace con más éxito. Así ocurre con las empresas, que además deben hacerlo para no entrar en quebranto, porque si no lo hicieran no podrían siquiera reponer. Las empresas no “suben los precios” para ganar más, sino para defender su patrimonio y con él, la posibilidad de seguir funcionando, generando bienes y manteniendo el empleo.
Luego, los trabajadores, que ante los precios más altos reclaman –con justicia- no ser los damnificados. Y piden aumentos. Aquí aparece la hipocresía del discurso oficial, que confluye con el de empresarios y sindicalistas cercanos al gobierno: “hay que poner techo a los salarios para no reciclar la inflación”. Argumento hipócrita, porque unos y otros saben que la inflación no es provocada por los aumentos salariales, que están siempre a la cola tratando de recuperar posiciones, sino por el desfalco originario del gobierno, que ni uno ni otro se atreve a condenar para no resultar políticamente incorrectos.
Siguen en la cola los empleados públicos, los jubilados y los pensionados. Y terminan los más débiles de todos, los cuentapropistas y desocupados, que no tienen siquiera a quién reclamarle.
El “paradigma oficial” del pensamiento económico no sólo del gobierno sino de muchos dirigentes políticos encuentra más simpático defender el gasto público sin respaldo que denunciar su profunda esencia reaccionaria, patrimonialista, antidemocrática y antiobrera. A algunos les resulta más cómodo atacar a los empresarios porque “suben los precios” y a otros, a los sindicatos porque “no limitan los pedidos salariales”. Ambos, liderados por el populismo gobernante, conforman la corporación de la decadencia, que ha logrado el milagro de haber convertido a la Argentina, país prometedor como pocos al iniciarse el siglo XX, en el ejemplo de todo lo que no hay que hacer para ser exitoso. Y a exhibir la dudosa cocarda de ser el país de peor desempeño económico social durante los últimos 100 años en todo el mundo, medido por la evolución de su PBI “per capita”.
La causa última de la inflación suele ser denunciada sólo por economistas más ortodoxos. Los demás también la conocen, pero no suelen hablar para no caer en la demonización cuyo alcance es potenciado por la mayoría del periodismo. Porque para esta última batalla, hay siempre una descalificación lista: “Son neoliberales, noventistas...”.
Los argentinos, entre tanto, mientras miran esta lucha de conceptos vacíos entre nuevos ecolásticos y gladiadores de la palabra, sufren el aumento de sus alimentos, su indumentaria, sus remedios, sus útiles escolares, sus tarifas de servicios privados y públicos... en la eterna ilusión de que el escenario, por un momento, se acuerde de sus dramas.
Ricardo Lafferriere
Hace algunas semanas analizábamos en esta columna cómo se gesta el proceso inflacionario, que siempre y en todos casos se expresa en última instancia por el aumento de la cantidad de moneda con respecto a lo que la economía requiere para funcionar. Y decíamos que, además, en el caso argentino, ese crecimiento monetario tiene una causa fundamental: la dilapidación de recursos públicos por parte de una administración que no pone límites a su dispendio, sin preocuparse de recaudarlos antes. Cierra el circuito sea sacando divisas de las reservas del BCRA debilitando el respaldo de los pesos –y en consecuencia, disminuyendo su valor-, sea apropiándose de las “ganancias cambiarias” ficticias, tautológico reflejo de la misma pérdida de valor de la moneda o directamente emitiendo, ahora parece que en Brasil porque las máquinas nacionales no alcanzan. En una punta de la cadena de la inflacion, en consecuencia, está el gobierno gastando dinero que no tiene, sin autorización del Congreso y saqueando el “tesoro” de los argentinos, que son sus reservas. En la otra, quienes la sufren que son los más débiles para defenderse.
Al caer el valor del dinero producto de este saqueo, todos los actores económicos deben defenderse. Quien tenga más espaldas, lo hace con más éxito. Así ocurre con las empresas, que además deben hacerlo para no entrar en quebranto, porque si no lo hicieran no podrían siquiera reponer. Las empresas no “suben los precios” para ganar más, sino para defender su patrimonio y con él, la posibilidad de seguir funcionando, generando bienes y manteniendo el empleo.
Luego, los trabajadores, que ante los precios más altos reclaman –con justicia- no ser los damnificados. Y piden aumentos. Aquí aparece la hipocresía del discurso oficial, que confluye con el de empresarios y sindicalistas cercanos al gobierno: “hay que poner techo a los salarios para no reciclar la inflación”. Argumento hipócrita, porque unos y otros saben que la inflación no es provocada por los aumentos salariales, que están siempre a la cola tratando de recuperar posiciones, sino por el desfalco originario del gobierno, que ni uno ni otro se atreve a condenar para no resultar políticamente incorrectos.
Siguen en la cola los empleados públicos, los jubilados y los pensionados. Y terminan los más débiles de todos, los cuentapropistas y desocupados, que no tienen siquiera a quién reclamarle.
El “paradigma oficial” del pensamiento económico no sólo del gobierno sino de muchos dirigentes políticos encuentra más simpático defender el gasto público sin respaldo que denunciar su profunda esencia reaccionaria, patrimonialista, antidemocrática y antiobrera. A algunos les resulta más cómodo atacar a los empresarios porque “suben los precios” y a otros, a los sindicatos porque “no limitan los pedidos salariales”. Ambos, liderados por el populismo gobernante, conforman la corporación de la decadencia, que ha logrado el milagro de haber convertido a la Argentina, país prometedor como pocos al iniciarse el siglo XX, en el ejemplo de todo lo que no hay que hacer para ser exitoso. Y a exhibir la dudosa cocarda de ser el país de peor desempeño económico social durante los últimos 100 años en todo el mundo, medido por la evolución de su PBI “per capita”.
La causa última de la inflación suele ser denunciada sólo por economistas más ortodoxos. Los demás también la conocen, pero no suelen hablar para no caer en la demonización cuyo alcance es potenciado por la mayoría del periodismo. Porque para esta última batalla, hay siempre una descalificación lista: “Son neoliberales, noventistas...”.
Los argentinos, entre tanto, mientras miran esta lucha de conceptos vacíos entre nuevos ecolásticos y gladiadores de la palabra, sufren el aumento de sus alimentos, su indumentaria, sus remedios, sus útiles escolares, sus tarifas de servicios privados y públicos... en la eterna ilusión de que el escenario, por un momento, se acuerde de sus dramas.
Ricardo Lafferriere
lunes, 6 de diciembre de 2010
Cláusula democrática e hipocresía en la Cumbre
A iniciativa de la Argentina, la Cumbre Iberoamericana acaba de incluir la cláusula democrática como condición de pertenencia y participación al grupo. Cualquier país que sufra una interrupción no democrática en su régimen de gobierno será automáticmente excluído del club hasta su normalización constitucional.
La obvia pregunta del periodista español al Canciller argentino lo sacó de sus casillas: “Pero... ¿y Cuba?...”
“Eso es una opinión, no una pregunta”, contestó molesto Héctor Timmerman, ignorando al preguntante y pasando de inmediato al siguiente interlocutor.
La Canciller española Trinidad Jiménez fue más diplomática. Es natural. Participa de un juego político donde las palabras valen y los relatos intentan mantener un mínimo de coherencia. Ignorar la pregunta de un hombre de prensa sería fatal de cara a la opinión pública española. Su respuesta, centrada en que en la convocatoria inicial a las Cumbres, hace dos décadas, no requería a los países convocados la vigencia democrática y que, en consecuencia, la cláusula valía para el futuro, fue tan endeble como la iniciativa argentina de su incorporación. La política del “puro relato”, tan efímera como la duración del discurso en el que se lo transmite, aunque util en la política criolla, puede generar más de un dolor de cabeza en un país en el que las dirigencias aún tratan de conservar sentido común y lealtad a sus dichos.
El enojo de Timmerman, hombre que viene del periodismo, resulta a todas luces injustisficado. Porque... ¿es que no se previó que la contradicción era tan evidente que resultaba imposible de evitar para cualquier hombre de prensa que se precie de su objetividad? Es más: ¿ya olvidó su dura condena al régimen cubano, antes de su entronización diplomática?
Es que dichos y hechos tienen como norma en nuestro país no marchar de la mano. Aún en el transcurso de un mismo discurso, la presidenta puede afirmar que no hay inflación y a la vez informar que se ha solicitado apoyo al FMI para ayudar a medir correctamente los “deslizamientos de precios”, o intentar mantener la confianza del “eje bolivariano” a la vez que le hace los mandados al “imperio” en Bolivia.
En unos casos, cinismo. En otros, hipocresía.
Poco favor se le hace a la recuperación del prestigio de la política con estos ejemplos patéticos de contradicciones cuya única coherencia es el favor del interlocutor y la búsqueda inconsistente de respaldos en grupos de opinión diferentes, para los que sin embargo está cada vez más claro que lo único que no deben esperar del neo-kirchnerismo de Cristina es la continuación de la ortodoxia de Néstor, es decir la corrupción y la mentira.
El discurso oficial hoy engaña a quienes desean ser engañados y reitera periódicamente imposturas internacionales toleradas por los demás en cuanto no afectan sus intereses más directos. La hipocresía diplomática, de la que Wikileak es sólo un muestrario, tolera las ocurrencias del gobierno argentino como las del carnicero Teodoro Obiang, el inefable Hugo Chávez y antes del gracioso Carlos Menem, el hermético Ernesto Fumimori o el inenarrable Abdalah Bucaram.
Lo que no significa que los tomen en serio.
Ricardo Lafferriere
La obvia pregunta del periodista español al Canciller argentino lo sacó de sus casillas: “Pero... ¿y Cuba?...”
“Eso es una opinión, no una pregunta”, contestó molesto Héctor Timmerman, ignorando al preguntante y pasando de inmediato al siguiente interlocutor.
La Canciller española Trinidad Jiménez fue más diplomática. Es natural. Participa de un juego político donde las palabras valen y los relatos intentan mantener un mínimo de coherencia. Ignorar la pregunta de un hombre de prensa sería fatal de cara a la opinión pública española. Su respuesta, centrada en que en la convocatoria inicial a las Cumbres, hace dos décadas, no requería a los países convocados la vigencia democrática y que, en consecuencia, la cláusula valía para el futuro, fue tan endeble como la iniciativa argentina de su incorporación. La política del “puro relato”, tan efímera como la duración del discurso en el que se lo transmite, aunque util en la política criolla, puede generar más de un dolor de cabeza en un país en el que las dirigencias aún tratan de conservar sentido común y lealtad a sus dichos.
El enojo de Timmerman, hombre que viene del periodismo, resulta a todas luces injustisficado. Porque... ¿es que no se previó que la contradicción era tan evidente que resultaba imposible de evitar para cualquier hombre de prensa que se precie de su objetividad? Es más: ¿ya olvidó su dura condena al régimen cubano, antes de su entronización diplomática?
Es que dichos y hechos tienen como norma en nuestro país no marchar de la mano. Aún en el transcurso de un mismo discurso, la presidenta puede afirmar que no hay inflación y a la vez informar que se ha solicitado apoyo al FMI para ayudar a medir correctamente los “deslizamientos de precios”, o intentar mantener la confianza del “eje bolivariano” a la vez que le hace los mandados al “imperio” en Bolivia.
En unos casos, cinismo. En otros, hipocresía.
Poco favor se le hace a la recuperación del prestigio de la política con estos ejemplos patéticos de contradicciones cuya única coherencia es el favor del interlocutor y la búsqueda inconsistente de respaldos en grupos de opinión diferentes, para los que sin embargo está cada vez más claro que lo único que no deben esperar del neo-kirchnerismo de Cristina es la continuación de la ortodoxia de Néstor, es decir la corrupción y la mentira.
El discurso oficial hoy engaña a quienes desean ser engañados y reitera periódicamente imposturas internacionales toleradas por los demás en cuanto no afectan sus intereses más directos. La hipocresía diplomática, de la que Wikileak es sólo un muestrario, tolera las ocurrencias del gobierno argentino como las del carnicero Teodoro Obiang, el inefable Hugo Chávez y antes del gracioso Carlos Menem, el hermético Ernesto Fumimori o el inenarrable Abdalah Bucaram.
Lo que no significa que los tomen en serio.
Ricardo Lafferriere
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