La lección

                Catorce entrevistas solicitadas, sin respuesta.

                Una audiencia pedida, respondida en menos de veinticuatro horas.

                La lección no necesita traducción. Mucho menos teniendo en cuenta que fue dada aún luego de saber que el propio embajador de ese gobierno fue el mensajero repartidor de carpetas difamatorias, al más puro estilo kirchnerista, entre los purpurados que fueran los electores del nuevo Papa, para bloquear su designación. No les preocupó quedar alineados con lo peor de la iglesia, las mafias vaticanas y los banqueros del Opus.

                A pesar de eso, a pesar de todo, la recibió con cordialidad, humildad, llaneza.

                Por nuestros pagos, ardía la ortodoxia sectaria. No sólo el pasquín oficial de doce páginas. La propia usina ideológica del régimen producía recalentamientos inesperados, como el expresado en el seno de la mismísima Biblioteca Nacional, dueña del relato “académico” kirchnerista.

   

                “Un retroceso político trascendente, inútil, criticable…”, informa la prensa que fueron las palabras del máximo intelectual oficialista, al parecer furioso no sólo por los afiches con que apareció empapelada Buenos Aires afirmando la alegría por tener “un Papa peronista”, sino con la propia orden presidencial de cambiar el enojo por la alegría ante la irreversible situación del nuevo Papa designado.

                Varias veces nos hemos referido en esta columna al “entrismo”, esa estrategia de la izquierda sin votos ni representatividad pero con discurso, que de pronto se encuentra con peronistas que sí tienen representatividad pero a los que les falta relato. Y se lo ofrecen.

                Se ahorran así el nada glamoroso trabajo del compromiso militante en barrios y fábricas, en villas y ONGs, que reciben “servido en bandeja” por quienes son movidos por los impulsos patrimonialistas y necesitan algo qué decir, porque no alcanza con mostrarse como nuevos ricos con terrenos en el sur, empresas estatizadas que les garantizan sueldos portentosos y mansiones no sólo en Puerto Madero y Punta del Este sino en cada lugar del país donde llegan los jóvenes maravillosos de hoy, con el apellido del desaparecido dirigente conservador genuflexo que usan como estandarte.

                El ala peronista del gobierno, la que enfrenta batallas –esperpénticas, pero en las que cree, como el Secretario de Comercio, o el Vicegobernador de Buenos Aires- no se perdió ni siquiera en el primer momento, en que hasta la propia presidenta daba vueltas en círculo sin encontrar la salida. Por instinto sabían –saben- dónde está el sentir popular y si algo no pierden es esa dosis de oportunismo que no puede superarse ni siquiera con la “pureza ideológica” o la intransigencia dogmática.

Éstos, los peronistas del gobierno, son duros e intransigentes cuando se trata de intereses. Difícilmente aflojen el mordiscón si se habla de retenciones, dólar acorralado o precios congelados. Pero si el tema son los símbolos que siente el pueblo que los vota, ahí no se juega.

La diplomática lección de ayer seguramente fue más advertida por los enojados que por los devotos, cuya linealidad probablemente les impide leer las filigranas protocolares y la sutileza semántica de los gestos vaticanos.

Se abre un camino apasionante. Los hechos dirán si el mensaje dialoguista, humilde y horizontal se encarna en el conflictivo escenario público de los argentinos, limitando con su sola existencia la tendencia al absolutismo autocrático, de pronto convertido en una grotesca antigualla conceptual y política.

En todo caso, ello dependerá de la sabiduría de la sociedad, de las mayorías, para interpretar y hacer propio el estilo de construcción cooperativa, deterrando el “o unos u otros” que se le ha querido imponer sin matices en los últimos años.

Un “o unos u otros” que llegó al punto de no aceptar un diálogo pedido por catorce veces nada menos que por el Cardenal primado y Arzobispo de la Capital Federal, que cuando se invirtieron las jerarquías, en menos de un día abrió sus puertas al primer pedido que le hiciera quién por tantas veces hiciera oídos sordos a sus ruegos de diálogo.

Por el bien del país y de nuestra convivencia, sería muy bueno que la lección se aprendiera, y que comenzara una nueva forma de entendernos entre argentinos.

Ricardo Lafferriere

               

               

                

“Ah, no… peronistas somos todos…”

Como todos los famosos, Perón tenía –o se le atribuye- una singular capacidad de fabricación de frases. También como a todos, muchas le son atribuidas sin que jamás hubieran estado en sus labios.

Pero la que encabeza esta nota, ha atravesado los distintos anecdotarios sin desmentidas. Hace referencia a las divisiones, a veces profundas, que han existido en la historia y en el propio peronismo. Derechas, izquierdas, liberales, nacionalistas, católicos, judíos… “¿y los peronistas, mi General”, le habría preguntado un interlocutor, recibiendo la ingeniosa respuesta del líder: “ah, no…peronistas somos todos…”

Esa vocación de absorción es una de las características del peronismo que ha permanecido incólume, simbolizando tanto la actitud oportunista de muchos argentinos ante el poder, como la incomprensión –discriminatoria, seguramente sin advertirlo- de los peronistas sobre quienes no comparten su alineamiento.

Ahora es “un Papa peronista”… atribuyéndole tal pertenencia por las buenas relaciones que Bergoglio ha tenido con dirigentes gremiales y políticos del partido de Perón.

Nunca hemos visto su ficha de afiliación. Tampoco está su nombre en el padrón del peronismo metropolitano, al que correspondería pertenecer por su domicilio. Su buena relación con los dirigentes peronistas se espeja en similares relaciones que ha mantenido durante su misión pastoral con todo el abanico político local, desde Elisa Carrió y Ricardo Alfonsín hasta Gabriela Michetti y Santiago de Estrada. A ninguno de ellos se le hubiera ocurrido sugerir una pertenencia del papa a la CC, el radicalismo o el PRO, aunque más no sea por un principio elemental de respeto. Y de pudor.

En realidad, nadie puede afirmar si Bergoglio se sintió alguna vez peronista –ya que, como se sabe, “el peronismo es un sentimiento”, y salvo su devoción por los pobres y por su apostolado, y en todo caso su pasión por San Lorenzo, no se le conoce otra pasión-.

Lo que sí parece claro es que jamás se sintió kirchnerista. Y que el kirchnerismo, esa versión del peronismo antiperonista que refleja el viejo anhelo entrista de la izquierda alérgica a la traspiración, el barro  y la miseria, tampoco parece muy interesado en contarlo entre sus filas.

Por nuestra parte, preferimos considerarlo un Papa universal, cosmopolita, ubicado por encima de mezquindades y avivadas, de nacionalismos patéticos y de partidismos sectarios. Un Papa que reflejará lo mejor –y no lo peor…- de una Argentina contradictoria que lo formó y lo cobijó.  No de la que en momentos en que más necesitaba solidaridad, respaldo y apoyo, lo agredió.

Ricardo Lafferriere

La gran infamia

                “Bergoglio fue un represor, entregador de curas”.

                “I am sorry for you…”, fue el extraño post recibido por mi esposa en su sitio de Facebook, de parte de una amiga norteamericana, pocas horas después de la designación del nuevo Papa.

                No entendimos el mensaje, y ante nuestro pedido de aclaración, nos contestó de inmediato que al comienzo se había alegrado, pero que esa alegría se había transformado en tristeza cuando leyó las noticias sobre los antecedentes del Papa designado, como “cómplice de los genocidas”.

Ante nuestra inmediata –y casi indignada- aclaración, se disculpó de aclarándonos que su post había sido motivado por la identificación y compromiso que ella sabía que nosotros profesamos con los derechos humanos y los principios democráticos.

                Pocos medios en el mundo fueron indemnes a la rápida y aleve campaña que las usinas comunicacionales kirchneristas desataron esas horas inmediatas al nombramiento del Cardenal Bergoglio para ocupar la silla papal.

                Por supuesto, las mentiras tienen patas cortas y las notas posteriores no mencionarían más el exabrupto. Las rápidas reacciones de personalidades indiscutidas en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, entre otros Horacio Pérez Esquivel, Graciela Fernández Meijide y Alicia Oliveira fueron los antídotos del veneno.

                Bergoglio jamás tuvo actuación cómplice con la represión. Agregaría: tampoco con los que provocaron la sangrienta reacción dictatorial con sus actos y prédicas previas a la dictadura. Tal vez eso es lo que saca de quicio al actual oficialismo. O tal vez su negación a silenciar su voz cuando creyó oportuno señalar el daño que la intolerancia, los desbordes de poder, la utilización clientelar de la pobreza y el desmantelamiento institucional estaban produciendo en la convivencia nacional.

                Las cosas están claras, pero el daño fue hecho. La gran infamia de las usinas kirchneristas aprovecharon un momento de extrema sensibilidad informativa para impregnar con su prédica sectaria un momento de regocijo general de los argentinos.

                Pero también sirvió para que el mundo observara en directo, en un tema de trascendencia universal, lo que tenemos que sufrir los argentinos cotidianamente en las pequeñas cosas de nuestro pago chico.

Ricardo Lafferriere

¿"Nac & pop" o democrático-republicano?

Vigencia de miradas diferentes

                Hace cuatro décadas, cuando promediaba la dictadura de la “Revolución Argentina”, la actividad política se encontraba prohibida en el país. Sin embargo,  la Argentina era una gran caldera en el que se gestaron definiciones y alineamientos que acompañarían los años siguientes fuertemente atravesados por ideologías, visiones encontradas y matices superpuestos.

                Quien esto escribe comenzó su participación política a los 18 años, en el movimiento reformista. Un año después materializó su ingreso al radicalismo proscripto, conformando el grupo fundador de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. El partido al que ingresamos estaba conducido por Ricardo Balbín, cuya historia respondía a la resistencia que las grandes capas medias democráticas oponían a los aspectos fuertemente autoritarios del peronismo histórico.

                Los enfrentamientos e intolerancias habían conducido a un resultado inexorable: el reemplazo de la democracia por un gobierno dictatorial. Frente a esa realidad, la estrategia parecía sencilla: para recuperar la democracia era imprescindible recrear la tolerancia y capacidad de acuerdos entre las fuerzas políticas, a fin de reencarnar en los ciudadanos la conciencia de que la vida en común era posible a pesar de las diferencias, y que éstas debían procesarse en el marco de instituciones funcionando libremente. “Debemos dejar de ser centralmente antiperonistas. Nuestra misión es recuperar la democracia”, le decíamos a un partido soldado por años de luchas duras por las libertades públicas.

                En el grupo originario de esa juventud existían dos vertientes de reflexión, aunque ambas llegaran a la misma conclusión práctica. Unos creían en la existencia de un misterioso y atávico “movimiento nacional” con diversas vertientes, que consideraban necesario “unir”; y otros llegábamos a la misma conclusión desde las convicciones ciudadanas pero preferíamos hablar de la “unidad de los sectores democráticos y populares”, por el instintivo recelo que producían las invocaciones “nacionales y populares” que, aunque predominantes en el peronismo pero presentes en el propio radicalismo, despedían un tufillo de intolerancia filo-fascista y una mediatización del “ciudadano” como célula básica de la convivencia política democrática.

                El núcleo argumental de la propuesta se expresaba en un léxico cercano a las miradas de las agrupaciones de izquierda, pero con una fuerte identidad local. Se proponía la conformación de un gran frente que incluyera -adviértase la amplitud de la convocatoria- “a radicales, peronistas, socialistas, conservadores, trabajadores, empresarios, clases medias, hombres de campo, artistas, intelectuales, docentes, amas de casa, unidos también con aquellos militares que honren a San Martín y Mosconi para luchar por la grandeza de la Nación y para derrotar a la peste financiera, a los intereses parasitarios externos e internos, para desmontar el esquema de poder construido por los grupos antidemocráticos, para defender el desarrollo nacional…” (“La Contradicción Fundamental”).

 El mensaje, amplio y plural en los convocados, llegaría a incidir fuertemente en la propia línea del radicalismo  y el propio Alfonsín pronunciaba en 1985, en Madrid, la afirmación que definía en una frase al radicalismo renovado que había logrado concitar la esperanza ciudadana y lo ubicara en el gobierno: “los radicales somos como los viejos liberales y los viejos socialistas”, marcando en línea con la interpretación moderna de la unidad, los alcances del frente político-cultural natural de la identidad radical.

                Hoy diríamos que aquellas diferencias juveniles reflejaban la diferencia entre una posición pre-moderna y otra moderna en el análisis político. Aunque sea innegable la influencia de los sentimientos “nacionales” en el seno de la población, también lo es que, como todo sentimiento, son vulnerables a una manipulación no siempre auténtica, tras la cual son fácilmente ocultables proyectos patrimonialistas, alejados de la construcción de ciudadanía, de la ampliación de la libertad para las personas y de la propia vida democrática.

                El tema no es menor. Recuperada la democracia formal, más bien se convirtió en central, atravesando las propias fuerzas políticas más importantes y condicionando hasta hoy sus decisiones estratégicas. Tanto en el peronismo como en el radicalismo sus alas “nacional-populistas” y “democrático-populares” coexistieron en marcos formales amplios, con mayor preeminencia las primeras en el peronismo y las segundas en su adversario, pero sin que ninguna de ambas abandonara totalmente esa convivencia.

                Hasta ahora. A una década de haber abandonado la política activa, como simple ciudadano preocupado, observo que ese debate sin resolver provocó la fractura del sistema y su implosión. El peronismo ha sido virtualmente cooptado por la visión atávica que deriva en el “puro poder”, sin reconocer legitimidad a las formas democráticas. El radicalismo, por su parte, se resiste a convertirse en el articulador o simple participante de una construcción alternativa,  disfrazando ese debate de un impostado ropaje ideológico que lo ha aislado de sus tradicionales votantes, pertenecientes mayoritariamente a las clases medias  y a los ciudadanos de convicciones democráticas y republicanas. En ocasiones algunos de sus pasos dejan la sensación que su propósito es apostar a una especie de “herencia” del gobernante populismo parasitario, con el que ciertos dirigentes radicales se sienten compartiendo aquel fantasmagórico “movimiento nacional”, aún con sus diferencias de matices. La democracia moderna, productiva, solidaria, tolerante y abierta no pareciera ser levantada como proyecto alternativo.

Las clases medias democráticas, por su parte, navegan hoy en un mar de incertidumbres, sin fuerzas que las representen y obligadas a expresar sus tendencias políticas primarias en manifestaciones gigantescas, las más grandes que se hayan visto jamás en la historia argentina, aunque por ahora sin cauce formal que las interprete plenamente.

Las “placas tectónicas” que conforman el sustrato político-cultural argentino siguen siendo las mismas. La diferencia con los tiempos de las dictaduras es que ambos grandes bloques parecen aceptar al menos una última referencia de legitimidad, apoyado en los procesos electorales, aunque cada vez más amañados, manipulados y desfigurados por la confusión de Estado, gobierno, partido y camarilla. Pero el deterioro institucional nos va alejando de la posibilidad de una convivencia virtuosa, instalando cada vez más la ley de la selva.

Nadie puede predecir cómo seguirán las cosas. En este momento me viene a la memoria un concepto de Liu Xiao Bo, premio Nobel condenado a once años de prisión en China por reclamar libertades democráticas para su país, cuando analizaba en un libro de reciente publicación uno de los tantos estallidos de protesta en su país, esa vez por la tolerancia de las autoridades al secuestro y esclavización de niños en las plantas fabriles que exportan porque “producen barato”.

Cuenta cómo en una de esas oportunidades el reclamo de dos padres de niños desaparecidos frente a la sede local del partido se convirtió en apenas un par de horas en un estallido multitudinario, sin control ni límites, que debió ser reprimido a sangre y fuego, con el resultado de varios muertos.

Eso puede ocurrir si la política se dedica a las filigranas de la escena, en lugar de cumplir su papel de contención y orientación de los ciudadanos. Estamos teniendo avisos reiterados. Las marchas del 12 de setiembre y del 8 de noviembre del año pasado, la huelga general, los saqueos de fin de año, las puebladas repetidas ante los hechos de violencia, son alertas que deben ser interpretadas, contenidas, orientadas.

Para eso está la política. Si no cumple ese papel antropológicamente vital, o lo que es peor, si intenta aprovechar esas protestas para las peleas del escenario, la legitimidad del sistema político se pierde. Y en ese caso, las perspectivas son aún más inciertas.

Ricardo Lafferriere

El discurso presidencial

El 29 de setiembre del 2011, luego de las “internas abiertas” en las que Cristina Fernández concitara más del cuarenta por ciento del electorado, era evidente lo que ocurriría: una gigantesca concentración de poder pondría en riesgo la existencia de la propia democracia.

No había que ser mago para observar esta realidad, que sin embargo desde el “escenario” político era ocultada por las pasiones y el ideologismo vacío. En ese contexto, desde este sitio publicamos una “Carta Abierta a los presidenciales no oficialistas”, en la que los convocábamos a confluir en una sola propuesta. Esto decíamos:

“Carta abierta a los presidenciables no oficialistas

Como están las cosas, ninguno llega. Y todos ustedes lo saben.

No sólo eso: están llevando a la Argentina a una concentración de poder tan inédita que las tentaciones de bordear la ley para quienes lo detenten serán irresistibles, porque así funciona el poder. La democracia, esa construcción que recomenzamos en 1983 y nos ha costado tanto, correrá el peligro tantas veces alertado de su plano inclinado hacia un territorio incógnito, pero curiosamente conocido –porque tenemos historia, y sabemos lo que nos ha costado luego salir de esa zona cuando allí caemos-.

El escenario de un triunfo que se presente como “abrumador”, el dominio de ambas Cámaras, la recuperación del Consejo de la Magistratura, la manipulación de la opinión pública tras el avance sobre la cuotificación amañada del papel de diarios, la mopolización del discurso público con el manejo absoluto de los medios audiovisuales, es un escenario en el que las cuotas de inseguridad institucional y personal se ampliarán. Todo será más endeble: los derechos de los ciudadanos, la libertad de las empresas, gremios y entidades intermedias, la autonomía –e incluso la propia vigencia- de las administraciones locales autónomas, todo quedará en la sola voluntad, correcta o equivocada pero altamente discrecional, de una persona.

Los candidatos opositores tienen hoy una sola posibilidad de convertirse en alternativa, y nivelar la cancha. Esa posibilidad requiere audacia, decisión, generosidad pero, fundamentalmente, patriotismo y vocación democrática.

Sus proyectos no son incompatibles, y una reunión de dirigentes puede, sin esfuerzo, acordar las bases del gobierno alternativo. Un acuerdo de gobierno plural, sostenido por su base parlamentaria también plural, en el que todos tengan participación en su cuota de representación y poder, tampoco es imposible. El ejemplo de la Concertación chilena, que así funcionó exitosamente durante dos décadas, o la propia experiencia brasileña con su cultura de coaliciones son magníficos ejemplos.

A la elección debe llegar un candidato de ese acuerdo, para lo cual los demás deben declinar su candidatura. El elegido deberá mostrar la grandeza de defender no sólo sus diputados, sino a todas las listas, absteniéndose sin embargo de privilegiar a los propios por sobre los demás. Y deberá asumir la estatura de estadista, con apertura, tolerancia e inclusión del diferente.

¿Quién debe ser ese elegido? Les corresponde a ustedes decidirlo. Tienen experiencia suficiente para intuir con madurez quién está en mejores condiciones. Los demás debieran declinar, con el compromiso del candidato único de respetar a los aspirantes locales, a las listas parlamentarias y a las cuotas de poder que se pacten para un gobierno de coalición.

Y si no alcanza, al menos se habrá nivelado la fuerza institucional para evitar locuras, y se habrá demostrado a la sociedad que existen reservas de madurez democrática en los liderazgos opositores que privilegian el bien del país antes que su legítima ambición personal.

Porque –y eso también lo saben- en el camino que van, todos habrán visto el fin de sus carreras políticas el mismo día de la elección. No habrán pasado a la historia –como podrían hacerlo-, sino que habrán licuado sus historias militantes en un final inmerecido para la trayectoria de lucha de cada uno de ustedes.”

Lamentablemente, todos siguieron en carrera y sus “patéticas miserabilidades” abrieron la puerta al infierno, que ha quedado expresado en el discurso de ayer en la Asamblea Legislativa luego del camino elaborado en este año y medio de caída. Cierto es que el sectarismo no era privativo de ellos: muchas de sus bases, consciente o inconscientemente, preferían e –increíblemente- aún prefieren ignorar el peligro. Hasta una intelectual del nivel de Beatríz Sarlo ridiculizaba este peligro en una nota de “La Nación” en la que sostenía que “no se ven tropas extranjeras desfilando en el país” que ameriten una confluencia de miradas que consideraba “tan diferentes”.

Hoy, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Las oposiciones históricas han sufrido ataques inmisericordes, al punto de debilitarse como opciones políticas, disgregadas, chantajeadas, cooptadas o compradas por un oficialismo sin escrúpulos. 

Los tres candidatos alternativos, como se mencionaba en aquella nota, han liquidado sus carreras políticas o están en camino de hacerlo por su estrechez de miras, confusión estratégica o complicidad –cualquiera de estas causas, suficientes para inhabilitarlos como conductores-. Por supuesto, de una construcción colectiva, ni hablar…

Pero el legado de entonces lo sufre la ciudadanía democrática, castrada de conducciones orgánicas y en la búsqueda desesperada de una alternativa política, orgánica o personal.

El futuro es opaco. Nadie puede asegurar que el kirchnerismo logre su propósito de desmantelar definitivamente la democracia argentina, porque millones de compatriotas, hoy sin representación pero dispuestos a autoconvocarse para llenar las calles han mostrado que el país tiene reservas morales, políticas, humanas. Intuyo, por eso, que esas mayorías darán vuelta una página y comenzarán a escribir un capítulo diferente, superando tal vez en forma definitiva los ecos impotentes pero impostados de las historias del siglo XX.

Ricardo Lafferriere

El camino posible

“¿Hay otro camino? ¡No hay!”, afirmaba, voz en cuello, el presidente del bloque oficialista en ocasión del tratamiento en Comisión del “Memorando” con Irán, convertido en Tratado Internacional y por lo tanto, con validez superior a las leyes argentinas.

“¡En este convenio, traigo la paz!” afirmaba eufórico Neville Chamberlain al regresar de Munich, donde había pactado con Hitler la “paz posible” mediante la entrega de su aliado Checoeslovaquia al expansionismo del Reich el 30 de setiembre de 1938. Poco tiempo después, un insaciable Hitler desataría la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad invadiendo Polonia, Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca, Noruega, Grecia, Albania, Rumania y Hungría, entre otros países.

“Cuando no se puede hacer lo que se debe, no se debe hacer nada”, dijo alguna vez Leandro Alem. Esa afirmación, matizable en muchos casos, deja de serlo cuando lo que “puede hacerse” arrasa con principios básicos de convivencia, como es la legislación constitutiva de una sociedad. Su derecho penal, nuestro derecho penal, ha sido llevado a una capitulación sin atenuantes en razón de que entenderse que es “lo que se puede”.

Y no era imprescindible. Trabajosamente, la justicia argentina había llegado hasta solicitar la detención internacional de los principales imputados, y obtenido la “Carta Roja” de la propia Interpol. En algún momento, más tarde o más temprano, la ley –para la que los tiempos son lentos, pero inexorables- actuaría.  Lo que es imposible para lograr que la ley actúe, es renunciar a la propia ley.

El acuerdo firmado establece un oxímoron patético, si es que lo hay: para que la ley se aplique, se decide ignorarla. Para que rija el derecho argentino y lograr que restablezca el “equilibrio” entre el delito y la justicia, se hace legal la impunidad. Para lograr la impunidad, se adecuan las normas procesales consagradas por una ley de la Nación. Y de esa forma, se cree que todo vuelve a la normalidad.

Ficción atroz para un estado de derecho. Es ingenuo pensar que esta capitulación no tendrá consecuencias. Desde ya que las tendrá en la ética de la convivencia interna, donde se está probando que todo es negociable, aún lo más sagrado.

Pero lo tendrá más aún en el prestigio y confiabilidad de la Nación Argentina en el mundo. No serán más “los libres del mundo” los que nos saluden, porque nos habremos alejado de ellos, sino un pequeño eje de marginales encargados de jugar con la vida de sus pueblos e ignorar los derechos de sus ciudadanos.

Ricardo Lafferriere

En manos de la justicia (norteamericana)…

                El riesgo de abordar con una mirada imparcial el conflicto judicial que la Argentina mantiene con los acreedores que no ingresaron en el Canje en los tribunales de Estados Unidos es ubicarse en el “borde” del relato oficial y a un paso de caer en la demonización “antinacional” y “antipopular”. Pero trataremos de hacerlo, conscientes que se trata de un tema del que se desprenderán consecuencias altamente gravosas para el país y que está lejos de ser tratado por la justicia norteamericana con la ligereza de los argumentos oficiales, que tras el barniz “nac & pop” nos está llevando innecesariamente al borde de un abismo. En esa eventual caída, los que más sufrirán serán los compatriotas de menores ingresos, sin defensas ni espaldas para soportar una tormenta que puede llegar a ser de las más grandes sufridas por el país en su historia.

                Veamos los antecedentes. La Argentina es deudora por bonos impagos emitidos por diferentes gobiernos, en los que incluyó la jurisdicción de los tribunales norteamericanos como uno de los argumentos que en su momento ofreció para que posibles inversores los compraran. Como en la mayoría de las emisiones de países en desarrollo que desean tomar capitales prestados, la subordinación a la justicia de Nueva York intenta darle a quienes se intenta seducir la mayor seguridad de que no serán defraudados en sus préstamos.

                Con esta cláusula, los bonos fueron adquiridos por inversores diversos. Al producirse la interrupción de pagos, todos dejaron de cobrar. Y cuando el país ofreció volver a pagar a aquellos que aceptaran una “quita” de más del 60 % (es decir, devolver sólo el 35 % aproximadamente del monto original) la gran mayoría aceptó. Pero hubo otros que no. Son “holds-out”, “esperan afuera”.

                ¿Tenían derecho los que no aceptaron a hacer lo que hicieron? Sí, porque en el plano internacional no existe un procedimiento concursal o de quiebras, que permita a los deudores fallidos a liquidar su patrimonio, que los acreedores se repartirían de manera forzosa para todos –como en el derecho interno- y a “empezar de nuevo”, con las limitaciones jurídicas de los quebrados. Lo que se debe, se debe. No prescribe, no se olvida, ni se evapora. Ante los acreedores que no aceptan una “quita”, el deudor lo sigue siendo por la totalidad de la cantidad pactada, con más sus intereses. De hecho, es como si dijeran: “No queremos cobrar de menos. Esperaremos hasta que logremos cobrar todo”.

                ¿Cuál es entonces la situación jurídica de los acreedores que no aceptan? No pierden ningún derecho. Pueden reclamar judicialmente sus créditos en la jurisdicción pactada y buscar bienes del deudor para su ejecución forzada. Su diferencia con los que sí aceptan es que no cobran “por las buenas”, en la manera ofrecida por el deudor fallido, sino que asumen la carga de la ejecución judicial.

                ¿Pueden vender sus créditos? Sí, porque son bienes en el mercado, títulos-valores con vida propia, desprendidos de la operación original, de los que existen en todas las bolsas del mundo. Sus dueños pueden hacer con ellos lo que les plazca: venderlos, rematarlos, regalarlos, romperlos. Su cotización depende de la estimación del mercado sobre la posibilidad de cobro. En el caso de los “holds-out” con créditos contra Argentina, se cotizaban a alrededor del 38 % del valor nominal.

                Pasando entonces en limpio: los acreedores que no entraron en el canje pueden ser calificados de “buitres”, “animales”, “chupasangre”, “demoníacos” o lo que se le ocurra al deudor moroso –o sea, a la Argentina-. En realidad, en términos legales, no hacen otra cosa que reclamar de manera previsible un crédito legítimo, que obtuvieron porque el deudor alguna vez le pidió prestado dinero que después no devolvió en las condiciones pactadas. Las descalificaciones ni obligan, ni categorizan, ni inciden, en la naturaleza jurídica de las acreencias y en sentido estricto no configuran otra cosa que argumentos de marketing político, ajenos a la justicia.

                Un juez aplica la ley –en cualquier país- y su deber es hacer cumplir las obligaciones. Esto no es un invento del imperialismo: el pago de las deudas está reglamentado desde el Código de Hammurabi (1760 AC) y la Biblia, en todas las legislaciones del mundo, de todas las épocas. Es la base de la construcción jurídica de la humanidad, que fue un avance sobre los tiempos en que las deudas se cobraban por mano propia en tiempos del Antiguo Testamento: “vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión". Sólo si la víctima lo pedía, se anulaba la pena cambiándola por una suma de dinero que el perjudicado fijaría. De lo contrario, se cumplía al pie de la letra y sin apelación posible.

En nuestro caso, los acreedores que no aceptaron el canje reclamaron esa deuda en la justicia prevista para ello, obtuvieron su declaración de legitimidad, y comenzaron a buscar bienes para ejecutar al deudor, como lo hace cualquier acreedor burlado.

                El juez ante el que se tramita el reclamo recibió incluso una intimación de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, ordenándole que, dado el tiempo transcurrido, dispusiera la forma en que los acreedores puedan cobrar su deuda. No sólo eso: en una reciente resolución, ha dispuesto perseguir los eventuales fondos particulares de los presidentes argentinos que se niegan a pagar la deuda del país, Néstor y Cristina Kirchner, dejando una ventana abierta para perseguir a otros funcionarios.

Ante la inexistencia de otros bienes disponibles, decretó que las deudas de los “holds-out” debían cobrarse en forma proporcional de los fondos que el deudor –la Argentina- remitía a un banco norteamericano para pagarle a los que sí entraron al canje, el “banco pagador”. Éste actúa como mandatario del gobierno argentino. Los fondos pertenecen al gobierno argentino hasta que se transfieren a cada acreedor, y en consecuencia podrían ser embargados. “En principio”.

¿Por qué “en principio”? Porque esta decisión, aunque lógica desde el punto de vista jurídico, tiene consecuencias graves para el movimiento del sistema financiero (argumento político-económico) ya que si es así, todas las restructuraciones de deudas que se realicen en el futuro serían inviables si no fueran aceptadas por el 100 % de los acreedores. Claro que desde el punto de vista jurídico, esto no puede ser un argumento para que la ley no se aplique y los acreedores “holds-out” no puedan cobrar sus créditos sobre fondos de los deudores.

                La situación se ve agravada por el permanente (e innecesario) desafío verbal del gobierno argentino deudor contra la decisión judicial, reiterando a plena voz que no pagará. Esa actitud fue la determinante para que el juez Griesa haya decidido sacar el tema de la “zona gris” en la que, con infinita paciencia y desgaste de su autoridad lo había ubicado durante casi una década y definir de manera terminante que esa deuda puede cobrarse embargando los fondos argentinos enviados para otros fines.

                Pero esta decisión trae otro problema: si procediera como se ha resuelto, no habría posibilidades de más restructuraciones, porque los acreedores de países en problemas sabrían que no tienen ventajas aceptando canjes con quita, si pueden cobrar ejecutando sus créditos sobre los fondos destinados a los pagos de los que sí aceptan quitas. Ninguno querría cobrar de menos. Las “soluciones creativas” diseñadas por los operadores financieros, las instituciones de crédito, los gobiernos endeudados y los propios gobiernos de los países centrales no podrían efectuarse. Curiosamente, todos los protagonistas del “sistema” (deudores, acreedores “in”, Bancos, presidentes y presidentas) aspiran a que no se aplique la ley, sino los acuerdos políticos.

Tanto una solución como la otra genera grandes conmociones en el sistema financiero, por los antecedentes que establecen. Y la justicia norteamericana, último garante del sistema mundial de pagos, debe establecer un cartabón sobre un conflicto en el que se enfrentan el derecho de propiedad –de los acreedores a cobrar sus deudas-, que es el puntal último de la economía mundial, con las soluciones “conversadas”, al estilo de informales procesos de convocatoria de acreedores internacionales, que dejan afuera a acreedores a los que no les conviene aceptar esos términos que les imponen deudores y terceros.

Negar lo primero (que los acreedores cobren lo pactado) implicaría dejar al sistema financiero mundial sin base legal, y de paso –para la justicia norteamericana- renunciar a ser considerada la “máxima seguridad” para las transacciones. Pero negar lo segundo, cerraría las puertas a soluciones políticas imprescindibles para países en problemas. Singular desafío para los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que se encuentran –ante la falta de normas internacionales vinculantes- sometidos a la presión de los intereses de unos y otros.

¿Qué harán? Puestos en estos extremos, el viejo principio del derecho romano “dura lex, sed lex” (ley dura, pero ley) es que la justicia se incline por hacer lugar a los reclamos de los “holds-out”. La “realpolitik” quizás los lleve a atemperar en el tiempo el cumplimiento de la obligación, pero sería muy difícil que se rechace el reclamo acreedor, porque significaría ignorar la ley y por lo tanto se asemejaría en mucho al caos económico global generalizado, que de golpe se encontraría sumergido en una gigantesca incertidumbre.

Desde esta página hemos reiterado más de una vez que la economía global ha desbordado las legislaciones –y la política- diseñada en tiempos de los Estados Nacionales soberanos, con economías autárquicas. En este caso, está claro que la ausencia de un procedimiento establecido de quebrantos que permita reglamentar casos como el argentino (o como el griego, o como el ruso o el mexicano) incrementa la incertidumbre –y eleva el costo- de la intermediación financiera.

Pero por el otro lado, la pretensión de la utilización indiscriminada de un concepto de derecho público como la “soberanía” por parte de administraciones fallidas para no abonar deudas contraídas en el mercado privado, coloca a todo el sistema al borde de su implosión y amenaza con retrotraer el escenario a los tiempos anteriores a la Doctrina Drago -cobro compulsivo de deuda externa, inclusive por medios militares-.

En efecto: si bien pareciera de sentido común que los Estados no fueran sometidos a las leyes aplicables a los particulares, también lo es que la economía sería imposible si los deudores pudieran dejar de pagar sus deudas en las condiciones pactadas cuando se les ocurra, máxime cuando para endeudarse se han sometido a las normas del derecho privado y han renunciado voluntariamente a oponer su soberanía como defensa en caso de incumplimiento.

Entre esos dos extremos se balancea la difícil decisión que deba tomar la justicia de Estados Unidos, ante la cuál la prudencia parece aconsejarnos –como deudores- no colocarse en los extremos –como la desafiante actitud de “no les pagaremos” porque son la “justicia del imperio”- que pueden obligarla a tomar la peor decisión, no tanto por el problema de fondo, sino como necesaria reacción ante un justiciable rebelde que da un “mal ejemplo”.

Para la Argentina y sus autoridades, como parte en litigio, guardar las formas, respetar a los jueces y prometer acatamiento y voluntad de pago –o sea, volver a la “zona gris”-  será mucho más efectivo que las frases altisonantes sin ningún efecto procesal positivo pero muy alta peligrosidad, si lo que se busca es salir del problema y no agravarlo. La alternativa se acerca peligrosamente a la periferia del planeta, en el límite con las zonas marginales.

La Argentina no está hoy precisamente en condiciones de declararle la guerra al mundo –ni a nadie-, cualquiera fuere la convicción sicológica íntima de su máxima autoridad. Salvo que, sin importar sus consecuencias, se estuviera gestando a propósito un grave conflicto externo para escudar tras él, con toscas proclamas patrioteras, las enormes falencias de gestión de los últimos años.

Sería posible, aunque también perverso.

Ricardo Lafferriere