De vuelta al mundo

Es Macri, pero es la Argentina.

Es la Argentina, pero es Macri.

Las distinciones recibidas por el presidente de la República en la Cumbre del G 20 ubican nuevamente a nuestro país en una senda de respetabilidad y reconocimiento internacional singularmente prometedor.

Obama, Xi Jinping y Vladimir Putin, no se destacan, precisamente, por regalar elogios.

El primero: “Felicito al presidente Macri por el rumbo que le está dando a la economía argentina”.

El segundo: “Celebro que hayan vuelto al mundo”.

El tercero: “Estamos listos para avanzar en los acuerdos entre YPF y GASPRON”; “Sabemos que próximamente la Argentina presidirá el Mercosur y queremos avanzar con el acuerdo de cooperación comercial y económica con la Unión Económica de Eurasia”.

También las reuniones bilaterales con el presidente de la India, el jefe de gobierno español y directivos de importantes empresas chinas que anunciaron inversiones importantes en sus filiales en Argentina, señalan el espíritu positivo con que se ha recibido en los ámbitos de decisión más importantes del mundo la transformación que se está produciendo en la economía y la política argentinas.

El presidente, por su parte, ratificó la identificación de la República Argentina con las metas del G-20 –firmadas en Londres en el 2009- entre las cuales el desarrollo económico, la protección ambiental, la lucha contra el terrorismo y el trabajo conjunto por la equidad económico-social son ejes destacados. 

Ese acuerdo fue firmado por nuestro país durante la presidencia de Cristina Kirchner, quien aunque concurrió a esa reunión y no lo firmó personalmente, dio instrucciones al Canciller que así lo hiciera, luego que ella se retirara anticipándose al final de la reunión. Pequeñeces internas al margen, este nuevo papel de la Argentina profundizado por Macri puede considerarse entonces una política de Estado.

Hoy, la República Argentina tiene una voz coherente y eso es reconocido por todos.

El año próximo, la sede del G-20 será en nuestro país. Sería bueno aprovechar el escenario para profundizar la imbricación cosmopolita retomando el camino que Argentina supo desempeñar en sus tiempos de auge: respeto universal por derechos humanos, convivencia en paz, vigencia del estado de derecho en el plano internacional y solución pacífica de las controversias.

Es una nueva oportunidad de cuyo potencial debemos tomar conciencia y aprovecharlo.

Ricardo Lafferriere

Las "contradicciones" y la responsabilidad de gobernar

El método de las contradicciones es ya escasamente utilizado en los análisis sociopolíticos. La llegada de la posmodernidad, licuando las fronteras entre clases y fragmentándolas casi hasta el infinito, derrumbó epistemológicamente lo que aún podría brindar para orientar la interpretación de los problemas sociales. Sin embargo, si algo de él pudiera utilizarse para indagar los choques sociales de la Argentina actual, está muy claro que muy pocas similitudes existen, en términos de “clases” y “contradicciones” entre el país que vivimos al promediar la segunda década del siglo XXI con el que existía en 1983, en 1995 o incluso en 2002. Ni hablar de la Argentina de la primera mitad del siglo XX, con el mundo atravesando las grandes guerras o la segunda mitad, con la bipolaridad marcando las características de la dinámica global –y gran parte de la nacional-.

Hoy la realidad muestra en todo caso un gran contencioso diferente. La modernización del país no tiene como rivales a los sectores agropecuarios, al movimiento obrero,  los militares o los partidos políticos –aún el peronismo-. En estos pocos meses transcurridos con la nueva gestión, en los que se han producido cambios radicales en las bases económicas y políticas del país, estos sectores han sido protagonistas de acuerdos plurales, expresos y tácitos, que alcanzaron al gobierno, los gobernadores, los bloques legislativos –en los que la oposición tiene clara mayoría-, los sindicatos y hasta los vínculos externos dinámicos de la economía. 

No ha sido ni es de ellos desde donde ha surgido la mayor oposición al cambio. Al contrario, con una pluralidad admirable han convivido en el campo del progreso, poniendo sufridamente el hombro en la búsqueda de un país mejor. Han ayudado a aprobar leyes, a designar jueces, a arreglar los mecanismos de la deuda y hasta a trabajar para aislar a los violentos, aún a costa de precios políticos ineludibles ante el diferente ritmo entre la realidad que sale a la luz inexorable y la toma de conciencia mayoritaria sobre ella.

Es otro el campo reaccionario, y en él se notan dos grandes agregados: los que perdieron el botín y los que están perdiendo las prebendas. Sobre los primeros, avanza la justicia. Sobre los segundos, el desmantelamiento de sus prácticas oligopólicas y casi mafiosas. Ninguno de ambos está feliz y, por el contrario, dan una lucha feroz y por momentos salvaje e inmisericorde.

Junto a ellos crujen los entrelazados corporativos y delictivos que conformaron el país corrupto y estancado de la decadencia. Las redes policiales, políticas, judiciales y hasta empresariales del narcotráfico y el delito organizado, los empresarios “protegidos” que cooptaron los escalones públicos, entre los cuales las obras públicas y la Aduana son centrales, los acuerdos oligopólicos internos escondidos tras falsas banderas proteccionistas, las estructuras políticas corrompidas en simbiosis con los agentes locales de lo peor del mundo, ocultos tras los estandartes de algunos –pocos- movimientos sociales, las mafias policiales en simbiosis con el delito organizado, esos son –en la realidad- quienes buscan desesperadamente frenar el torrente del cambio.

El gobierno se encuentra hoy, por esos albures de la historia, con la responsabilidad de liderar este proceso. No debiera caer en la tentación de confundir lo grande con lo pequeño. Lo grande, lo que espera la sociedad, es consolidar el espacio del cambio, que no se agota –ni mucho menos- en Cambiemos, entendiendo la dinámica de la democracia y que ella exige tolerancia y disposición, incluso, a perder el gobierno en el momento en que los ciudadanos lo decidan. Lo pequeño sería creer que el poder es propio –al estilo K- y convertir al país en una lucha de sectas entre un oficialismo encerrado en su carozo peleando solo contra su contrapartida del pasado, que no se reduce al kirchnerismo residual en vías de desaparición sino que tiene una potencia aún considerable y no siempre “en la superficie”, porque tiene una gran capacidad para la mimetización y el “camouflage”.

Por eso es saludable el trascendido de la gran convocatoria presidencial que filtró algún diario del fin de semana. Ya llegará el momento de disputar electoralmente y seguramente ahí las novedades de la nueva política nos ofrecerán un saludable espectáculo de nuevas tecnologías y formas participativas adecuadas a los tiempos para las “luchas festivas” que son los comicios. Pero mientras tanto, hay que gobernar y para ello el gobierno tiene la responsabilidad de articular un bloque de cambio gigantesco, en condiciones de superar las anclas del atraso en todos sus frentes y proyectarse en el tiempo, continúe o no en la gestión del poder.

El piso es el estado de derecho, al que de a poco todos deben acomodarse. No sólo debe “meter la política en la Constitución”, sino que también debe hacerlo la justicia, los empresarios, los trabajadores, y, en fin, la totalidad de los ciudadanos que convivimos en este país. Esta es la etapa del “patriotismo constitucional”, que permitió a países como Alemania salir de su dura situación de posguerra y edificar una nación exitosa, solidaria, democrática, libre y hasta señera.

No más, entonces, “Federales y unitarios”, “radicales o conservadores”, “peronistas o gorilas”, “alfonsinistas o golpistas”. Son ésas las contradicciones de la historia, saldadas en su momento con mayor o menor éxito. Las del hoy y del mañana son y serán por un tiempo la del “estado de derecho, republicano y democrático o estado autoritario, anómico y excluyente”, “Justicia independiente o justicia adocenada”, “ley para todos o convivencia en la selva”. Y por debajo, estancamiento o modernidad, paz o violencia, leyes o discrecionalidad. En suma, un país de ciudadanos, cada vez más autónomos frente a las “clases” y las viejas divisas.

La Argentina está resolviendo su vieja agenda y recibiendo la nueva. Tiene frente a sí decisiones similares a las que ocupan la reflexión global: garantizar los derechos humanos antiguos y “nuevos”, proteger el ambiente, abrir a todos posibilidades similares en la lucha por la vida, establecer un piso de dignidad humana con independencia de la situación económica y social, articular la agregación tecnológica y producción automatizada con necesarios ingresos democratizados aún a pesar de la reducción del trabajo estable inherente a la modernidad, respaldar el esfuerzo personal potenciando el “emprendedurismo” como herramienta económico-social sostén de la democracia que viene, erradicar el delito organizado, anular los espacios del terrorismo y la violencia, y lograr el paso hacia el “estado de justicia”, estadio superador firmemente asentado en su cimiento ineludible, el estado de derecho.

El pueblo argentino está dando un gran ejemplo. Está acompañando. Tiene derecho a no ser tratado como menor de edad, a conocer todo lo que pasa, bueno y malo y a ser informado acabadamente de los motivos de cada decisión pública. Está sufriendo los efectos del cambio de paradigma consciente de que existen precios dolorosos, pero también sabiendo que al final del camino el país que viene será entusiasmante. 

El maremágnum ofrecido por “el escenario” no debe asustar. Decía Yrigoyen que “todo taller de forja parece un mundo que se derrumba” y algo de eso hay en los estertores del viejo entramado que resiste el cambio. Muchos argentinos lo intuyen y muchos lo saben.

Se trata, ni más ni menos, que de confiar en ellos. En un mundo que no es ya el de las contradicciones ni el de los Estados todopoderosos, gobernar es informar, es transparencia, es apertura, es humildad. Al fin y al cabo, el país son sus ciudadanos, cada uno de nosotros.

Ricardo Lafferriere

El botin y el ejemplo

EL BOTÍN Y EL EJEMPLO

No queremos que suban las tarifas.
No queremos que suban los impuestos.
No queremos que suba la deuda.

 Con estos “no queremos” debe lidiar el gobierno, al que a la vez se le exige que no haya cortes de luz, que no falte gas –y mucho menos agua-, que “baje el déficit fiscal” pero –eso sí- que no lo haga deteniendo la obra pública, ni despidiendo empleados, ni reduciendo salarios. Por supuesto: que ni se le ocurra tampoco reducir los fondos enviados a las provincias, a las Universidades, a las obras sociales o al sistema de seguridad social.

Ah...y además, que baje la inflación...

Ese es el cuadro. Si cualquiera de esas cosas no queridas pasa, allí están, con las piedras en la mano, los que gestionaron todo durante más de una década para traernos hasta aquí, listos para hacer tronar el escarmiento.

Puede resultar curioso, pero no extraño. Así funciona el razonamiento populista, distribuyendo los flancos de ataque según la situación. El mensaje requiere –para cerrar- un “pueblo-jardín-de-infantes”. En lo posible, con poca o nula ciudadanía, escasa capacidad de análisis y mucho menos pensamiento crítico. Es compatible con una educación mediocre, poco diálogo y mucho ruido, sin ninguna vocación nacional y una obsesión, permanente, constante, visceral: recuperar el botín.

El botín es el Estado. Se han visto en estos meses y se sigue viendo la capacidad casi infinita de proveer riqueza a quien lo detente sin escrúpulos. Han salido a la luz mecanismos que –se asegura- son sólo la punta del “iceberg”, pero que han impregnado la totalidad de la estructura pública. Estado nacional, provincias, municipios, entes autárquicos, bancos, organismos de la seguridad social, organizaciones asistenciales, justicia, seguridad… una orgía sin antecedentes en el país –y seguramente pocos en el mundo- con tal grado de angurria, por el lado de quikienes tenían el botín en sus manos, y de indiferencia por el lado de quienes –en teoría- eran los dueños, adormecidos por un relato-canción-de-cuna tipo “arroz con leche”, mientras se le vaciaba la casa.

En este escenario y este drama algunos van despertando. Otros quieren volver a adormecerse y seguir soñando (es tan lindo ignorar las cosas y –en todo caso- descargar las culpas en otros…). Y otros han asumido como su obligación personal correr los velos y mostrar las lacras, aun enfrentando la tendencia somnolienta de quienes pretenden adormecerse nuevamente porque no se sienten capaces de mirar de frente tal desquicio.

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, canta Serrat. Afortunadamente estamos en la Argentina, especialista en salir de situaciones traumáticas. Pero lamentablemente estamos en Argentina, especialista en escaparle a los problemas sin solucionarlos. Esas dos características de la Argentina están jugando hoy en la escena pública, con protagonistas basculando entre la responsabilidad patriótica y la ventaja oportunista. Porque –también hay que decirlo- tantos años de jardín no fueron gratis y muchos parecieran querer seguir eternamente en la niñez.

Esperando que papá arregle todo. Enojándose con papá si no trae caramelos. Y atormentando con berrinches infantiles la convivencia hogareña.

El país maduro está cerca, pero requiere constancia en el rumbo y un singular patriotismo. En una sociedad tan afecta a los logros deportivos, tal vez hoy sea útil mirar el ejemplo de Del Potro. Hace apenas tres meses, no sabía siquiera si podría volver a las canchas. No se adormeció: con práctica, tesón, sacrificio, profesionalismo y fundamentalmente una voluntad de hierro, trae una medalla olímpica que nadie le regaló.

El otro ejemplo fue el fútbol.

Esas son las opciones para nuestras vidas individuales. También para el futuro colectivo.

Ricardo Lafferriere

Todo empieza con la violencia verbal

 Suele decirse que la violencia explotó en nuestro país en los años setenta.

Sin embargo, fue más precisamente un par de años después del golpe de 1966 que el relato guerrillero comenzó a instalarse en el debate político.

Quienes fuimos jóvenes en esos tiempos recordamos las interminables discusiones con los grupos “ultras”, que con diversos matices se desarrollaron principalmente en las Universidades.

Las causas fueron diversas y concatenadas. No hubo sólo una. La interrupción constitucional de 1966 fue, sin dudas, un hito decisivo, que dejó varios saldos. El primero fue la sensación de que un proceso democrático era endeble si no se encontraba sostenido por una fuerte base que superara las tradicionales divisiones agonales de la política argentina.

Era imposible sostener un sistema democrático si un sector importante de la política conspiraba contra él. En ese caso, fue gran parte del peronismo, con las burocracias gremiales y el propio jefe del movimiento peronista sumado a la conspiración. Tal vez era explicable: discusiones al margen sobre la situación de la democracia republicana en 1955, lo cierto es que la oposición en bloque –radicales, socialistas, comunistas, conservadores, Iglesia- se había sumado a la Revolución Libertadora que terminó con el gobierno peronista y las heridas estaban aún abiertas.

Luego de esos años de fuerte inestabilidad que transcurrieron de 1955 a 1966, quedó claro que el resentimiento y la división, fuere o no justificada, no era funcional a la reconstrucción democrática en el país. Y comenzó a gestarse en las universidades y en las calles una gran confluencia sostenida por los estudiantes reformistas en el primer caso, y por la “CGT de los argentinos” en el segundo, hasta que logró llegar a las conducciones en 1970 y desembocar en la conformación de “La Hora del Pueblo”, que juntó por primera vez en quince años a los derrocados en 1955, los derrocados en 1962 y los derrocados en 1966 en una confluencia democrática que posibilitó la salida constitucional de 1973.

El período peronista fue, sin embargo, teñido de aquellas semillas que se habían sembrado en los años anteriores. El relato violento, acicateado por el fuerte ideologismo reflejo del mundo bipolar, se instaló con fuerza agrediendo al propio gobierno democrático de Perón y su muerte precipitó la crisis.

La lucha por el poder se hizo sangrienta. La sociedad quedó en el medio de un fuego cruzado que enfrentó a la “Triple A” y el gobierno de Isabel Perón con la insurgencia armada expresada por las formaciones guerrilleras.

Todo, sin embargo, había empezado con el relato violento de años anteriores. Es que esa prédica de la muerte como consigna se instala muy fácil cuando la democracia está ausente y con más razón lo hizo al ser acicateada por fuerzas que tenían al mundo entero como teatro de batalla.

Así llegó 1976, donde todas las barreras éticas se rompieron y el país vivió la orgía de sangre cuyos coletazos aún hoy sentimos.

Muchos, en esos tiempos, nos negamos a sumarnos al jolgorio de la muerte. Seguimos levantando las banderas democráticas sin rendirnos, sufriendo el fuego cruzado junto a la mayoría de nuestro pueblo. A la dictadura le reclamábamos elecciones, y resistíamos a los grupos insurgentes en los espacios militantes en los que era posible, con diferente suerte. Es que el populismo violento es seductor, pero a la postre es impotente. Así lo demostraron los hechos.

Esa militancia fue la base que permitió a Raúl Alfonsín liderar un gigantesco proceso movilizador que expulsó a la Dictadura y aisló a la guerrilla. Fue la reacción de un pueblo en marcha, despreciando los caminos sin salida que le ofrecían los “combatientes” cuyo mensaje sólo conducía a un enfrentamiento eterno y sangriento.

El recuerdo hoy no es casual. Está renaciendo en la sociedad, alimentada por quienes pretenden utilizar el escudo protector de la ideología para defenderse de delitos vergonzosos, una prédica violenta que ya ni siquiera se esconde.

Es minoritaria, pero tiene su objetivo claro –como en los años 70-: mimetizarse con sectores del peronismo, que mayoritariamente está sumado al escenario democrático y quiere respaldarlo para disputar en su momento el gobierno, porque se siente y es un partido de poder. Como cualquier partido de poder, no le interesa que las cosas marchen mal sino lo mejor posible, para eventualmente tener una herencia positiva sobre la que continuar la marcha. Una profundización de la crisis afectaría, además, a los numerosos espacios de gestión que conserva, que la sufrirían como todo el país.

No es ese, sin embargo, el propósito del relato violento: desea acentuar la tensión, impedir el dialogo, sabotear cualquier camino superador de los lascerantes problemas que dejaron y hundir al país en una etapa de odio, enfrentamiento y, si fuera posible, nuevamente sangre en la calle.

El gobierno conforma una coalición amplia, tolerante y plural. Sin embargo, aislar a la violencia no es una tarea que pueda ni deba emprender solo. Es el peronismo maduro, el del Perón de su último tiempo, el de La Hora del Pueblo, el gran jugador de este proceso. En su seno se está instalando una tensión: la de la mirada chiquita y la acción oportunista, que confunde la lucha política con el sabotaje al gobierno para que fracase, y la de la mirada estratégica, patriótica y superior, de convertirse en el otro gran soporte –junto a Cambiemos, su “rival” pero también su “socio”- en la reconstrucción de la convivencia madura de un país lanzado, con alternancia democrática, a conquistar su futuro en paz y convivencia fructífera.

El gobierno y la oposición madura tal vez debieran profundizar sus espacios de dialogo. El mundo no es el de hace cuatro décadas, no hay más guerra fría ni escenario bipolar, ni “Tricontinental de La Habana” ni “Plan Cóndor”. Tenemos una democracia vibrante y libre, con justicia independiente, parlamento plural y una sociedad civil cada vez más sofisticada. 

Pero el mundo está muy inestable, la violencia se está extendiendo como mancha de aceite en forma anárquica –como lo vemos en el Oriente Medio, en Europa, en México, en los propios Estados Unidos- y daríamos una ingenua ventaja si dejamos espacio para que los violentos de estos pagos puedan terminar abriendo sucursales del populismo terrorista, como lo hicieron antes, abriendo una brecha de intolerancia en nuestra sana convivencia.

Afortunadamente, no tenemos aún por acá a los Trump, los “ISIS”, los Erdogan o los Maduro. No les dejemos espacios para que se acerquen.

Ricardo Lafferriere

G 20, o la lucha de la política por recuperar el control

En setiembre próximo se reunirá en China el grupo que integran los países desarrollados con los que se ubican en el escalón más industrializados de los “en desarrollo”. La Argentina pertenece a ese privilegiado espacio de diseño global desde su formación, en el 2008.

Lejos ya de la posibilidad de ser expulsada del grupo –decisión que estuvo a punto de ser tomada en 2009, a raíz de las continuas provocaciones de la ex presidenta Fernández de Kirchner-, avanza la propuesta de aceptar el pedido del presidente Macri de atribuir a nuestro país la presidencia por dos años, a partir del 2018, fecha en la que está previsto que la reunión bianual se realice en Argentina.

El significado del G 20 no es menor. El enorme desequilibrio de poder que ha generado como contrapartida un creciente “desmadre” de tendencias globales decisivas, tanto en lo financiero como en los espacios cercanos a la violencia, el delito internacional y las migraciones, requiere la formación de un espacio de gobernabilidad global que lo ponga en caja.

A diferencia de las iniciativas del mundo pre-globalizado, en los que claramente existía un pequeño grupo de países con fuerte diferencia en poder –económico, militar y político- con el resto del planeta, la característica hoy es la de actores extra-estatales que han logrado una dimensión superior a muchos Estados y llegan a poner en jaque hasta a los países más importantes.

Alcanza para ejemplificar esta realidad una muy rápida observación al sector “simbólico” de las finanzas. Mientras la relación entre el Producto Global anual de todo el planeta y las operaciones financieras alcanzaba una relación de paridad hacia mediados del siglo XX, una vez lanzado el proceso globalizador desde la década de los años 70 del siglo pasado el desequilibrio ha sido constante y crecientemente acelerado.

A comienzos del siglo XXI, la relación era ya de 4 a 1. En la actualidad, frente a un estimado PB global de 70 billones de dólares, que suma todos los bienes y servicios producidos en el planeta entero durante un año completo, se encuentra un mundo de transacciones virtuales diarias que asciende a diez veces más en su valor: 700 billones, o sea una relación de 10 a 1. 

En el plano económico, el mundo ha adoptado la forma de una pirámide invertida, apoyada en una pequeña base económica-productiva que soporta un gigantesco edificio financiero, o, invirtiendo la imagen, es parecido a una enorme montaña de nieve en la que en cualquier momento un simple copo de más puede provocar una mega-avalancha de consecuencias absolutamente impredecibles.

Es un ejemplo, que sin embargo podría replicarse al campo de la seguridad –en el que billones de dólares en armamentos no pueden garantizar la vida a oficinistas en el centro de Nueva York, o a turistas en una playa francesa, o a familias destrozadas por el narcotráfico en nuestros pagos-. O en el campo ambiental, en el que el desmadre ha desatado un deterioro generalizado del aire respirable y amenaza con convertir al planeta en un páramo inhabitable en algunas décadas.

En otros tiempos, los Estados Nacionales contenían la tensión virtuosa entre las fuerzas de la economía y la racionalidad humana, que intentaba expresar la política. La globalización, inexorable e irreversible, ha superado las fronteras de los Estados, impotentes para garantizar un hábitat saludable a sus ciudadanos, pero que además ya no limitan transferencias de riquezas, ni el desplazamiento de personas, ni la organización del terrorismo, ni la persecución de la corrupción.

Hay que organizar una gobernanza planetaria en condiciones de contener las deformaciones que llegaron como consecuencias no deseadas de la globalización. Ésta sacó de la pobreza ancestral a cientos de millones de seres humanos en China, en India, en diversos países de Asia, en Brasil, y lo está haciendo en África. Fue su gran aporte positivo. Pero a la vez, fue acompañada de todos esos fenómenos que amenazan la convivencia universal y que es necesario contener.

El G 20 es el intento de construir una política planetaria. Está lejos de ser un foro para discutir el pasado: su objetivo es pararse en el presente y mirar al futuro. Alcanza para advertirlo dar una hojeada a su documento más “programático”, firmado en Londres en 2009, que constituyó un compromiso adoptado por todos sus integrantes como metas del grupo. Expresa implícitamente las miradas más avanzadas de los pensadores que conforman el “cutting edge” de la inteligencia mundial, desde neomarxistas como Ulrich Beck hasta futuristas del post-capitalismo, como Jeremy Rifkin o futuristas como Ray Kurzwail.

Una asociación que busque reconstruir una política útil, que custodie la preservación del planeta, logre la vigencia real de los derechos humanos para todos los congéneres sin dobles estándares ni conveniencias políticas, ponga en caja a las finanzas, erradique la pobreza, garantice la seguridad y consolide una convivencia en paz y libertad, es el lugar natural de los argentinos.

El camino no es lineal. Está sembrado de obstáculos montados en fuertes intereses económicos, en fuerzas terroristas, en ladrones de guante blanco, en mecanismos de lavado y corrupción, en líderes políticos de relatos y prácticas discriminantes, integristas, violentas y chauvinistas. Sin embargo, es el rumbo que la humanidad debe tomar y está tomando para hacer mejor su vida. A pesar de los Trump, los Erdogan, los ISIS, los Maduro y sus socios latioamericanos ya en desgracia, viejos rivales de otros tiempos se asocian para bucear las chances del futuro.

Para los argentinos, esta etapa en la que le tocará presidir el organismo –si los planes logran concretarse- podrá significar su reingreso a la consideración global con su imagen fundacional: la de la convocatoria “a todos los hombres del mundo” a convivir en una sociedad abierta, democrática, pujante y solidaria, ahora de dimensión planetaria.

Ricardo Lafferriere

¿Hacia dónde vamos?

La política tiene dos etapas: la de lucha –agonal- y la de construcción –arquitectónica-.

Un año sin elecciones es un buen momento para dialogar. Ya habrá, cuando lleguen los comicios, los tiempos de discutir.

El 2015 los argentinos eligieron un rumbo. Debiéramos ahora, en la construcción de ese rumbo, encontrar espacios de diálogo. Y debe reconocerse que, a pesar de las tensiones que trasladan al presente la proliferación de hechos de corrupción del tiempo que se fue, hemos sido aceptablemente exitosos en comenzar a elaborarlos.

El parlamento, donde nadie manda, obliga a responder a los ciudadanos con madurez. Ha dado muestras en este año de una práctica dialoguista aprobando leyes importantísimas –como la de la ratificación de la ley de ministerios, el arreglo de la deuda externa, la designación de los jueces faltantes en la Corte, la ley de autopartes, la ley de promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, la ley de blanqueo e incluso la ley de reforma previsional- tratadas y sancionadas con la casi olvidada práctica virtuosa de considerar las iniciativas enriqueciéndolas con el aporte de todas las voces, salvo las que decidan automarginarse y elijan –en todo su derecho- el discurso testimonial.

Las fuerzas políticas con historia y vocación de gobierno han respondido asumiendo la gravedad del momento y la responsabilidad que tienen. Superando sus naturales disensos internos, han sabido lograr resultados. El sistema político argentino se está rearmando girando alrededor del tratamiento de los problemas y dejando libertad para que quienes prefieren situarse en el margen lo hagan, pero sin afectar la marcha de la gestión y de la sociedad.

Es obvio que en política un cambio copernicano como el que se ha producido luego de una gestión de más de una década no podía ser lineal y no lo es. El rumbo de colisión, advertido durante mucho tiempo por quienes fueron oposición en ese lapso pudo evitarse, y con él el estallido del campo minado que el país debió atravesar y aún atraviesa, no sin asumir decisiones que en tiempos normales cualquier gobierno hubiera evitado cuidadosamente por su efecto en el ingreso de los ciudadanos.

Debe reconocerse, sin embargo, que ante el horizonte que se visualizaba hace un año –ejemplificado por el drama que atraviesa el hermano pueblo venezolano- la conducción de estos meses ha sido exitosa en impedir un colapso gigantesco. Es mérito del gobierno, está claro, pero también de la oposición responsable.

El rumbo estratégico es lo que hoy debiera convocar a un diálogo más franco entre quienes, en el gobierno y en la oposición con vocación de gobierno, se sienten responsables de la marcha del país. Unos y otros conducirán la Argentina en los momentos en que el pueblo lo decida. Por eso y sin perjuicio de las naturales luchas “agonales”, el país necesita, de cara al mundo, una orientación permanente de sustentabilidad.

El país no puede empezar de nuevo en cuatro años. Es más: no puede dejar dudas que no intentará empezar de nuevo en cuatro años. Esa tarea no es sólo responsabilidad del gobierno, sino de quienes puedan sucederlo. Y –también debe reconocerse- que aún con rispideces y alguna intemperancia, en la oposición sensata esta actitud se insinúa, tanto con el trabajo parlamentario como con los acuerdos entre la Nación y las provincias, que expresan un colorido plural de orígenes políticos pero ello no resulta óbice para el trabajo cooperativo.

Es natural en política que cada uno “busque posicionarse” de cara a sus posibilidades electorales, se encuentre gobernando o aspire a hacerlo en el futuro. Sin embargo, esa búsqueda deja de ser natural si pone en riesgo el horizonte de largo plazo, que debieran aclarar entre las fuerzas mayoritarias con la mayor claridad posible, para ayudar a definir actitudes de inversión, no sólo externas sino –y principalmente- internas, de aquellos compatriotas que están en condiciones de incidir, con sus decisiones económicas, el país que volveremos a construir.

Hay y habrá siempre innumerables temas para discutir y construir el mensaje electoral de cada uno, en el momento de la lucha. Así ocurrió en tiempos del anterior gran salto adelante, durante el medio siglo que fue de 1880 a 1930. Los protagonistas discutieron duramente por el matrimonio civil, la ley de educación, la ley de servicio militar, la ley de sufragio libre, la ley de arrendamientos, la Reforma Universitaria y otras iniciativas de diverso orden. Sin embargo, el rumbo estaba claro para todos y el resultado fue la multiplicación de la población y el crecimiento constante del producto, convirtiendo a la Argentina en uno de los países más avanzados de la época.

El escenario global hoy nos muestra una agenda que no podemos evadir y que debemos enfrentar en conjunto, como comunidad nacional. Es una nueva oportunidad, no ya sólo por nuestra coyuntura económica y política, sino por la coyuntura mundial. Cambios portentosos en el plano tecnológico están diseñando un nuevo mapa productivo, que repercute en un nuevo alineamiento geopolítico.

Grandes de otra época empequeñecen y pequeños de otra época se agrandan. Una gran dinámica binaria de "sociedad-rivalidad" entre los dos principales protagonistas del escenario mundial –EEUU y China- pone el marco y define los perfiles por los que debemos transitar y aprovechar, según nuestras posibilidades. Nuevas formas geopolíticas, comerciales y financieras plurales surgen como novedades más que interesantes, así como esbozos de una nueva gobernanza global. 

Nuevos mercados de financiamiento y de comercio, nuevos competidores y nuevas potencialidades propias indican la necesidad de nuevas actitudes. 

Los cultivos extensivos que nos permitieron el gran salto de hace un siglo siguen –parece mentira- aportando su fuerza y son aún hoy la última reserva estratégica del país. Sin embargo, con ellos solos ya no nos alcanza para crecer. 

Hoy lo dinámico es el conocimiento, la tecnología aplicada, el emprendedurismo local pero también el con vocación global, la agregación de inteligencia, la incorporación a las cadenas globales de valor construyendo eslabones competitivos basados en la capacidad creadora de nuestra gente, la economía verde, la infraestructura modernizada, la inteligencia artificial y la robótica, el Estado abierto, la gestión en red. En síntesis, la educación, la capacitación permanente, los desafíos tecnológicos.

Y sí. Es obvio que siempre se pueden hacer mejor las tareas desagradables, como la actualización de las tarifas para reconstruir nuestro sistema energético. Y si se mejoran, también serían aún más mejorables. Sólo que es mucho más necesario poner el calor reflexivo en la agenda grande de lo que viene, más que gastarlo en lo que, en pocas semanas más, pertenecerá al anecdotario del que no se recordará nada. Ese no puede -no debería- ser el tema central de la agenda política. 

Los argentinos nos merecemos más. Entre otras cosas, no ser tratados como chicos de Jardín, ni por el gobierno, ni por la oposición, ni por los periodistas, ni por los “monos y monas” sabios de la inteligencia criolla.

Ricardo Lafferriere

CK, Justicia y Estado de Derecho

La Sra. ex presidenta Cristina Fernández ha reclamado la libertad de Milagros Sala, con el motivo de que “le duele” su detención. No le interesa ni toma en cuenta la cantidad de imputaciones y procesamientos, realizados por una justicia cuyos integrantes fueron designados durante la gestión de un gobernador de su partido, que militaba además en su propia línea interna. Esas imputaciones son graves y trascienden la corrupción: llegan hasta el homicidio.

La misma ex funcionaria reclamó hace pocas semanas por la vigencia del Estado de Derecho, en razón de que ­–según su opinión- se la estaba sometiendo a investigaciones injustificadas. Los jueces que la investigan, en las diferentes causas, también fueron designados por ella o por su esposo, cuando ocuparon el Poder Ejecutivo y con el acuerdo del Senado, cuerpo en el que su partido y su línea interna tenían no sólo mayoría sino quórum propio y hasta los dos tercios.

Un ciudadano, militar de profesión, detenido con la imputación de haber cometido delitos de lesa humanidad, que está preso desde hace varios años en condiciones lamentables, ha comenzado una huelga de hambre reclamando detención domiciliaria –tiene más de 70 años- pidiendo la vigencia de garantías jurídicas de raigambre constitucional y reclamando también el Estado de Derecho. Un grupo de camaradas en situación parecida estarían por sumársele.

El empresario Lázaro Báez se encuentra procesado por lavado de dinero, pero impugna la imparcialidad del Juez que instruye la causa achacándole un direccionamiento parcializado hacia su persona en lugar de hacerlo hacia las autoridades superiores –obviamente, el Ministro de Infraestructura y la propia Sra. ex Presidenta de la Nación-. Según él, esta conducta viola el Estado de Derecho. El Juez que instruye su causa fue designado también por esta persona en oportunidad de desempeñarse como Jefa del Estado.

Un numeroso grupo de ciudadanos, militares y civiles, que se encuentra detenido sin proceso –y en algunos casos, sin siquiera declaración indagatoria- también por sufrir imputación de “delitos de lesa humanidad” que no han sido probados, ni alterado de alguna forma su presunción de inocencia, llevan años en esa condición, bajo la manda de jueces que –en su totalidad- fueron designados durante la gestión de la última década. Reclaman la vigencia del Estado de Derecho.

La señora ex presidenta invoca también la vigencia de presunción de inocencia en su favor, y varios comunicadores insisten en crear la tensión periodística sobre su eventual detención cuando se produzcan hechos procesales más graves –se habla de su procesamiento- en algunas de las causas que se le siguen. Es insólito –dicen- que en muchos casos existan detenciones durante años sin siquiera existir procesamiento, y quien tiene ya procesamientos en su haber siga gozando de libertad. Al igual que la señora, reclaman la presunción de inocencia. Tienen razón. Ambos.

En las causas por presuntos delitos de “lesa humanidad” es también curiosa y cuestionable la diferente “vara” con que son medidos los hechos en casos similares. El ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, Gral. Menéndez, tiene prisión domiciliaria luego de haber sido condenado a tres prisiones perpetuas. El Gral. Ríos Hereñú, que fuera Jefe de Estado Mayor durante el gobierno del ex presidente Alfonsín, también condenado a prisión perpetua, tiene negada la prisión domiciliaria, al igual que otros condenados. 

Entre éstos –a su vez- hay condenados a penas gravísimas ciudadanos cuyos actos, en tiempos del proceso, fueron simplemente haber revistado en organismos en los que se ejecutaron hechos represivos, o haber cumplido órdenes de detención que –como ocurre en algún caso especial- terminó con la liberación a los pocos días de la persona detenida, sin ninguna secuela. Mientras tanto, oficiales en situación similar o más grave –como el Gral. Milani- se desempeñaron en el máximo nivel de la fuerza y sigue gozando de su libertad –justa, en cuanto no tiene sentencia que disponga lo contrario pero injusta desde el principio de igualdad ante la ley-.

El Estado de Derecho no es una frase vacía que pueda aplicarse según la ola de simpatía o antipatía en la opinión pública ante determinados casos. Es un conjunto de normas y procedimientos que protegen los derechos de las personas, civiles y militares, culpables o inocentes, ricos y pobres, víctimas y delincuentes, por hechos graves o simples.

Se apoya en los principios básicos de raigambre constitucional, última referencia legal de la convivencia de una sociedad. Los nuestros son claros: los sancionaron los Constituyentes de 1853 y no han sufrido modificaciones en sus enunciados, entre otros: todos los ciudadanos son iguales ante la ley; presunción de inocencia hasta sentencia en contrario; prohibición de tribunales especiales y sometimiento a jueces “designados por la ley antes del hecho de la causa”; cárceles sanas y limpias, para seguridad general y no para castigo de los detenidos en ella; irretroactividad de la ley penal; prohibición de confiscaciones; prohibición de detenciones sin pena luego de juicio previo; prohibición de la pena de muerte por cuestiones políticas; jueces independientes, designados por un procedimiento especial y vitalicios para evitar su manipulación política.

Son principios escritos en nuestro pacto mayor de convivencia recogiendo los duros años de las luchas civiles, asumiendo las pasiones que éstas despertaron y llevaron a crímenes atroces de los que habla la historia, que les tocó sufrir a los perdedores circunstanciales de luchas políticas en manos de vencedores también circunstanciales hasta que la suerte de la política o de las armas cambiara. El estado de derecho no es una consigna enseñada por viejos profesores de derecho constitucional: es la diferencia entre la arbitrariedad y la justicia, es la barrera entre la vida y la muerte, es lo que separa la convivencia humana de la selva.

El Estado de Derecho somete a todos y garante a todos. A él debe sujetarse el ejercicio del poder, los que mandan y los que obedecen, los ricos y los pobres, los funcionarios y los ciudadanos “de a pie”. Los presidentes, los legisladores, los jueces, los funcionarios, los empresarios, los dirigentes gremiales, los gobernadores, los intendentes, los concejales, los periodistas. Rige a todos. Iguala a todos.

El Estado de Derecho, por último, tiene una garantía formal de última instancia: la Justicia, y en ella, el tribunal superior del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es tan importante la majestad de su independencia, la necesaria respetabilidad e intachabilidad de sus miembros, la intangibilidad de su prestigio y la valentía de sus integrantes.

Pero hay algo más poderoso aún que la Corte: los ciudadanos. El celoso seguimiento y la atenta fiscalización de quienes conformamos el pueblo, los que como decían las viejas fórmulas al designar los reyes en Aragón “nos, que somos tanto como vos y juntos, más que vos”, el “poder constituyente” de la soberanía del pueblo, hemos fallado en cumplir con celo nuestra responsabilidad pero también hemos aprendido.

Así como designamos presidente, legisladores, gobernadores, cuerpos colegiados, también debemos observar con prudencia pero con la mirada fría el desempeño de nuestros jueces. Ellos son nuestra suprema garantía. De entre todos nosotros, tienen la obligación de ser los mejores. Y si no pueden, no se animan o tienen miedo, deben tener la dignidad de irse.

Ricardo Lafferriere