Al discurso de la presidenta Cristina Kirchner sobre la redistribución del ingreso se lo suele atacar desde el flanco de su hipocresía, facilitado por la obscena acumulación de riqueza del matrimonio y el crecimiento correlativo de la pobreza durante su gestión. Asumiendo que es su debilidad más evidente, su falencia no es sin embargo esa, sino su tácito reconocimiento del fracaso en remover las verdaderas causas de la pobreza.
La “redistribución”, en los términos expresados por el kirchnerismo, no conduce a otro destino que al crecimiento... de la propia pobreza. En efecto, al concentrar el enfoque en la incautación de riqueza privada desinteresándose, a la vez, tanto de impulsar su generación como de capacitar a las personas para crear su propia riqueza, se generan obvias consecuencias: la riqueza privada languidece y las personas beneficiarias a corto plazo de la “redistribución” ven reducidos sus aparentes beneficios en forma sistemática, al agotarse la fuente desde la que se extraían los recursos.
Es que el debate gira en este escenario alrededor del centro del problema: el trabajo productivo. Y esa es la diferencia conceptual profunda entre una política “progresista”, o si se prefiere, “socialista” en los términos en que el socialismo se inserta hoy en la economía de mercado y el “populismo” como culminación moderna del viejo bonapartismo, o sea construcción del poder supralegal apoyado en la fuerza de personas clientelizadas. Lo que Marx denominaba “lumpenproletariado”, que tantos recelos éticos ha provocado en muchas generaciones progresistas.
EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO
Para ello no viene mal una incursión en el centro axiológico del socialismo. Como subproducto potente de la modernidad, el “socialismo” fue imaginado como una superación del capitalismo al que se arribaría –en la visión marxista originaria- en forma natural, cuando los trabajadores llegaran a ser propietarios de los medios de producción y, en consecuencia, no existiera más la “plusvalía”, es decir, la parte del valor del trabajo que en lugar de formar parte del salario era incautada por los dueños del capital, una vez deducidos los costos de producción, la amortización del capital y las inversiones reproductivas en desarrollo tecnológico. Esa “plusvalía”, cuando llegara el socialismo, regresaría ... al salario de los trabajadores.
LA “PLUSVALÍA”
La “plusvalía”, por su parte, no es cualquier excedente. Por lo pronto, no lo es la amortización de capital, ni los salarios, ni los impuestos. Es “plusvalía” la parte del ingreso empresarial que configura la “ganancia neta”, deducido todo lo anterior, que retribuya el aporte de capital. Porque aún en las economías socialistas más “puras”, quienes trabajan en la producción deben sostener a los que no trabajan: niños, ancianos, discapacitados, fuerzas de defensa y seguridad, sistemas de salud, sistemas de educación, y muchos más, sin los que la sociedad no sería posible, y los trabajadores “productivos” no podrían desempeñar tampoco su tarea en una economía en marcha. Y también debe financiarse el desarrollo científico y técnico, la incorporación de productividad y aún la reserva para eventuales tiempos de crisis.
De ahí que la ética del socialismo fue siempre, desde el comienzo, el respeto al trabajo creador, considerado el valor más importante de la existencia humana. No existe socialismo sin trabajo, porque su legitimación es el aporte a la producción social, la que necesita cualquier grupo humano para proveerse de los bienes y servicios necesarios para su supervivencia y bienestar.
EL CAMINO AL “SOCIALISMO”
Los socialismos modernos –nórdicos, mediterráneos, inglés, alemán, español-, abandonado el camino leninista del cambio revolucionario, algunos desde el comienzo y otros luego de la implosión del bloque “socialista”, concentraron su esfuerzo en reducir la “plusvalía” de las empresas captándolas mediante impuestos para financiar el bienestar de las sociedades mediante programas inclusivos. Y curiosamente, encontraron puntos de coincidencia con partidos tradicionalmente vinculados al capital, interesados en mantener un clima de convivencia tal que les asegurara la competitividad necesaria para producir más y mejor. Volviendo a la tradición marxista originaria, concibieron al socialismo como un objetivo de largo plazo al que se llegará con cambios progresivos. Dejaron de ser “enemigos” de las grandes empresas y del mercado, para considerarlos socios fundamentales para el progreso económico y social.
ACUERDOS ESTRATÉGICOS
Esos puntos de confluencia fueron los acuerdos estratégicos que todas las naciones exitosas desarrollaron a través del tiempo, sin que ello fuera obstáculo para que nuevos problemas fueran incorporados a la agenda y movilizaran a unos y otros, con sus diferentes enfoques. La “segunda modernidad” o modernidad de las secuelas –en términos de Beck- trajo a la consideración los problemas generados por el éxito del mundo moderno, con nuevas demandas de razonamiento –técnicos, filosóficos, sociales- para enfrentarlos: la polución, el calentamiento global, los riesgos incontenibles como catástrofes nucleares o ambientales, el desborde tecnológico, etc., todos ellos desafíos novedosos para las tradicionales pautas interpretativas del marxismo.
LOS IMPUESTOS Y EL POPULISMO
La incautación estatal de la “plusvalía” a través de los impuestos debe cumplir, entonces, con una regla de oro: no afectar la capacidad de reinversión, la amortización del capital y la generación tecnológica, porque ello implicaría no ya defender el fruto del trabajo, sino afectar al “capital social”, o sea a la masa de capital acumulada por una sociedad durante toda su historia cuya disminución afectará al bienestar del conjunto. Y ello por una razón fundamental: si lo hiciera, no estaría defendiendo el fruto del trabajo, sino incautando a todos los demás, injustamente, parte de su ahorro histórico. Estaría “robando” lo que no le pertenece.
De esta forma, la ética del socialismo se reafirma en la capacidad humana de transformar el mundo y generar bienestar aplicando su trabajo físico e intelectual y ratifica que el centro motor de toda la elaboración teórica socialista es la justicia en la distribución de los frutos del trabajo personal, que deben revertir hacia quienes lo crean, que en la cosmogonía marxista son sus trabajadores. Lo que tiene muy poca relación con la “redistribución del ingreso” en los términos planteados por el kirchnerismo.
En efecto: sería una misión imposible rastrear en la ética del populismo relación alguna con esta construcción intelectual, porque el motor del populismo no es el trabajo, ni el compromiso con la creación de riqueza a través de la acción humana, sino la incautación lisa y llana de la riqueza existente. No asume ningún compromiso con la producción, de la que se desentiende y no le interesa afectar al conjunto liquidando capital social, al que hace objeto de su rapiña.
SOCIALISMOY POPULISMO
Mientras que el socialismo, coherente con el pensamiento moderno, se compromete con el crecimiento, el populismo recurre a la acción pre-moderna de la incautación por la fuerza, propia del ordenamiento feudal, premoderno o prehistórico. No le preocupa el “estado de derecho” –piedra angular de la organización social capitalista y socialista-, sino el puro poder. Descree del “ciudadano”, construcción intelectual que lleva ínsito el signo de la igualdad de las personas en sus derechos y obligaciones, término que con gusto erradiraría hasta del lenguaje, y endiosa el “puro poder”, ejercido por autócratas de partido único, dictaduras desmatizadas de personajes pintorescos, o autocracias indigenistas precolombinas. Mientras que para el socialismo, quien pudiendo trabajar y no lo hace no es merecedor de recibir el fruto del esfuerzo ajeno, para el populismo por el contrario es merecedor a cambio de una subordinación personal al constructor de poder, que le acercará migajas de la riqueza extraída discrecionalmente a quienes participan de su creación –trabajadores y empresarios-.
EL PROGRESISMO MODERNO
La correcta “redistribución” en términos de un progresismo moderno y avanzado sólo se justifica si tiene como objetivo facilitar la incorporación al circuito económico a los excluidos y ello tiene herramientas ya conocidas: la educación, la capacitación, el readiestramiento permanente, que debe ser no sólo laboral sino empresarial. Las formas de inclusión apuntan en el mundo de hoy, no a liquidar ahorro y capital en una especie de ficticio socialismo de demanda, sino a generar por el contrario un socialismo de oferta, garantizando a cada uno la posibilidad de participar según su esfuerzo, su capacitación, su inversión y su trabajo en la generación de bienes y servicios con cuya retribución pueda vivir dignamente.
Cierto es que también hay excluidos, personas que no lograrán incorporarse al proceso económico de producción, distribución y consumo por incapacidades insolubles o por extrema situación de debilidad. Es desde la política que deben atenderse sus problemas con programas que establezcan el “piso de dignidad” que la conciencia de cada sociedad estime adecuado, según sus respectivos objetivos y posibilidades económicas –que no serán las mismas en España, Suecia o Gran Bretaña que en Somalia, Etiopía o Costa de Marfil-. Esos programas públicos o mixtos deberán financiarse a través de los impuestos, que en una democracia moderna son el resultado de análisis medulosos en los parlamentos, encargados de encontrar la sintesis virtuosa que, con los límites claros del estado de derecho, definan quienes y cuántos aportarán y a qué finalidades se destinarán esos recursos.
¿Qué tiene que ver esto con la “redistribución del ingreso” kirchnerista? ¿Cómo puede compatibilizarse el estado de derecho con la incautación de los ahorros privados previsionales, o con la tosca apropiación de los frutos del trabajo agropecuario? ¿Qué relación guarda esta política, que descapitaliza al país provocando la evasión cotidiana de recursos por la inseguridad, que demoniza las formas empresariales más modernas y exitosas de nuestro campo, que renueva alegremente el crecimiento de la deuda pública para financiar caprichosas ocurrencias sin discusión parlamentaria, que promueve el monocultivo de soja convertida en la única actividad rentable al precio de deteriorar la diversidad del entramado económico del interior, que al captar todo el ahorro existente priva a los empresarios de crédito, y por el contrario distribuye ese ahorro sin orientación productiva alguna a fin de construir respaldo político clientelizado, que no sólo descuida sino que olvida la educación y el readiestramiento permanente de trabajadores y empresarios, que ha sumergido en un festival de corrupción la distribución de los fondos públicos –por definición, fruto del trabajo de los argentinos captados a través de los impuestos- para enriquecer a su grupo de “amigos” empresarios, políticos y sindicalistas?
Nada.
Sólo una verborragia impostada, sin fundamento económico, político o ético alguno, puede justificar la concentración de riqueza en el patrimonio personal de quienes detentan el poder mientras el país implosiona.
Esto no es progresismo. Es el populismo más reaccionario, propio de los feudos de la edad media, de las autocracias precolombinas, de las teocracias genocidas del Islam y de los explotadores de indios en reservaciones o encomiendas, en las que también se “redistribuía” una parte de la renta para garantizar nada más que la supervivencia de su fuerza de trabajo.
Su objetivo es más crudo: construir poder en beneficio propio, aunque el precio sea destrozar todo lo de bueno y honorable que la sociedad argentina –capitalista y socialista, con inversión y trabajo, con esfuerzo productivo y riesgo creador- ha construido en dos siglos de historia.
EL FRACASO DE LA “REDISTRIBUCIÓN”
En términos nacionales, la “redistribución” es, simplemente, la expresión del fracaso. Porque un país exitoso, socialmente homogéneo, articulado alrededor del estado de derecho y la autonomía de las personas, que custodie el trabajo y la inversión, no necesita que se le pase el fútbol por televisión gratuita como demostración de igualdad anunciada en términos épicos y casi revolucionarios.
Es un fracaso porque significa reconocer que no se ha conseguido, a pesar de las excelentes condiciones favorables de las que se disfrutó más de un lustro, brindar a todos igualdad de oportunidades en la lucha por la vida, que existan menos excluidos, que se haya reducido la pobreza o articulado en forma virtuosa una economía pujante con una sociedad integrada.
Es un fracaso porque los ciudadanos excluidos son más, los pobres son más, los sin techo son más, los educados son menos y peor calificados, las empresas son menos y quienes se encuentran en el último umbral de la miseria avergüenzan no sólo la conciencia de los argentinos, sino ya la conciencia universal.
Y es un fracaso porque se ha desarticulado la capacidad de crecimiento de la economía nacional al privarla de reglas de juego estables, condición esencial para desatar el impulso creador que se traduce en inversiones de riesgo, en acumulación de riqueza, y en mayor bienestar para todos, que es en definitiva el objetivo de cualquier ética y acción política progresista.
Ricardo Lafferriere
domingo, 4 de octubre de 2009
martes, 29 de septiembre de 2009
Acorralados por la realidad
Los episodios de Kraft son apenas la punta del iceberg. Confluyen allí las líneas de fuerza que atraviesan gran parte de la sociedad acentuando una presión social que no encuentra cauce de canalización y amenaza con desmadrarse sin control.
No sólo es la pobreza, que golpea ferozmente frente a la indiferencia estadística tras la cual se esconde el discurso oficial. Tampoco es sólo la indignación, ante la negación del claro mensaje electoral de los argentinos, que si el 28 de junio golpeaban al gobierno con el 70 % de sus voluntades, las muestras de opinión –bien guardadas- que llegan a los despachos en estos días informan una sustancial reducción del ya alicaído prestigio oficial, a niveles que se encuentran en los más bajos históricos que jamás haya tenido gestión alguna desde que se llevan estadísticas.
El mayor problema es hoy la compleja realidad de la vida cotidiana de todos los argentinos, jaqueados por una inseguridad orgiástica, por una recesión sin horizontes que ha ralentizado la economía impulsando la desocupación, la pobreza extrema, los cierres de comercios, la reducción de la producción fabril, la virtual paralización de la economía agropecuaria y las raídas finanzas públicas que ya se expresan en la falta de pago a obras públicas y proveedores y amenaza las transferencias a las provincias, para –simplemente- pagar los sueldos, para mejor carcomidos por una inflación no reconocida.
No es la oposición la que acorrala sin salida a Néstor Kirchner y su equipo de gobierno. Al contrario, la oposición ha tenido hasta ahora un comportamiento ateniense, consciente de la responsabilidad institucional que está en sus manos frente a un poder sin legitimidad popular y encerrado en su soberbia autista. Tampoco el poder sindical, que hace tiempo que dejó de transmitir el sentimiento de los trabajadores y está adormecido en el cuidado de sus relaciones con laboratorios medicinales, instrumentos de falsificación de remedios, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y crímenes mafiosos.
Ni siquiera acorrala al gobierno la Mesa de Enlace, cuyos representados más bien la acusan de no ser suficientemente enérgica en sus reclamos, tal como los empresarios hacen lo propio con sus organizaciones a las que imputan falta de resistencia ante las iniciativas confiscatorias y anti-mercado del oficialismo.
No. Néstor Kirchner está acorralado por la realidad. Acostumbrado a un sistema de razonamiento propio de las “organizaciones” de los años 70, no logra comprender que la sociedad del siglo XXI no funciona más alrededor de las corporaciones sino que genera su estado de ánimo, sus reflexiones, sus adhesiones y sus críticas, desde cada persona, desde cada ciudadano. Todos y cada uno de ellos forma una “realidad” que no atraviesa, como en otras épocas, gremios, partidos políticos, organizaciones empresarias o grupos de activismo social. Al contrario, conforman una gigantesca orquesta de voces desarticuladas que, sin embargo, están conjugando cada vez más la misma melodía: “no los aguantamos más”.
Frente a este potente grito, que no pasa por la prensa ni las organizaciones intermedias sino que subyace en lo profundo de la convivencia nacional, no habrá “ley de medios” capaz de imponer silencio. Con un adicional: si estalla –y cualquier chispa puede encenderla- el país corre el riesgo de conmoverse hasta sus cimientos.
Es esta realidad la que acorrala a Néstor Kirchner, que, incólume, prosigue su obra destructora, sin avergonzarse por su enriquecimiento ilícito, sin dolerse por el destrozo institucional, sin disculparse por los niveles de corrupción de sus funcionarios y empresarios protegidos, sin importarle los cientos de miles de compatriotas que ya duermen en las plazas, tapados por frazadas agujereadas y cartones ajados, ajenos al bienestar estadístico difundido por el INDEC y al pan a $ 2,40 que sólo deben conseguirlo en la panadería que provee a Moreno y a la residencia presidencial.
Es la realidad la que acorrala a Kirchner.
Cuidado todos, porque –como diría alguien que muchos recuerdan- “es la única verdad”. Y cuando esa verdad, cansada de ser negada, eche a andar ocupando las calles, puede ser tarde para lamentaciones.
No sólo es la pobreza, que golpea ferozmente frente a la indiferencia estadística tras la cual se esconde el discurso oficial. Tampoco es sólo la indignación, ante la negación del claro mensaje electoral de los argentinos, que si el 28 de junio golpeaban al gobierno con el 70 % de sus voluntades, las muestras de opinión –bien guardadas- que llegan a los despachos en estos días informan una sustancial reducción del ya alicaído prestigio oficial, a niveles que se encuentran en los más bajos históricos que jamás haya tenido gestión alguna desde que se llevan estadísticas.
El mayor problema es hoy la compleja realidad de la vida cotidiana de todos los argentinos, jaqueados por una inseguridad orgiástica, por una recesión sin horizontes que ha ralentizado la economía impulsando la desocupación, la pobreza extrema, los cierres de comercios, la reducción de la producción fabril, la virtual paralización de la economía agropecuaria y las raídas finanzas públicas que ya se expresan en la falta de pago a obras públicas y proveedores y amenaza las transferencias a las provincias, para –simplemente- pagar los sueldos, para mejor carcomidos por una inflación no reconocida.
No es la oposición la que acorrala sin salida a Néstor Kirchner y su equipo de gobierno. Al contrario, la oposición ha tenido hasta ahora un comportamiento ateniense, consciente de la responsabilidad institucional que está en sus manos frente a un poder sin legitimidad popular y encerrado en su soberbia autista. Tampoco el poder sindical, que hace tiempo que dejó de transmitir el sentimiento de los trabajadores y está adormecido en el cuidado de sus relaciones con laboratorios medicinales, instrumentos de falsificación de remedios, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y crímenes mafiosos.
Ni siquiera acorrala al gobierno la Mesa de Enlace, cuyos representados más bien la acusan de no ser suficientemente enérgica en sus reclamos, tal como los empresarios hacen lo propio con sus organizaciones a las que imputan falta de resistencia ante las iniciativas confiscatorias y anti-mercado del oficialismo.
No. Néstor Kirchner está acorralado por la realidad. Acostumbrado a un sistema de razonamiento propio de las “organizaciones” de los años 70, no logra comprender que la sociedad del siglo XXI no funciona más alrededor de las corporaciones sino que genera su estado de ánimo, sus reflexiones, sus adhesiones y sus críticas, desde cada persona, desde cada ciudadano. Todos y cada uno de ellos forma una “realidad” que no atraviesa, como en otras épocas, gremios, partidos políticos, organizaciones empresarias o grupos de activismo social. Al contrario, conforman una gigantesca orquesta de voces desarticuladas que, sin embargo, están conjugando cada vez más la misma melodía: “no los aguantamos más”.
Frente a este potente grito, que no pasa por la prensa ni las organizaciones intermedias sino que subyace en lo profundo de la convivencia nacional, no habrá “ley de medios” capaz de imponer silencio. Con un adicional: si estalla –y cualquier chispa puede encenderla- el país corre el riesgo de conmoverse hasta sus cimientos.
Es esta realidad la que acorrala a Néstor Kirchner, que, incólume, prosigue su obra destructora, sin avergonzarse por su enriquecimiento ilícito, sin dolerse por el destrozo institucional, sin disculparse por los niveles de corrupción de sus funcionarios y empresarios protegidos, sin importarle los cientos de miles de compatriotas que ya duermen en las plazas, tapados por frazadas agujereadas y cartones ajados, ajenos al bienestar estadístico difundido por el INDEC y al pan a $ 2,40 que sólo deben conseguirlo en la panadería que provee a Moreno y a la residencia presidencial.
Es la realidad la que acorrala a Kirchner.
Cuidado todos, porque –como diría alguien que muchos recuerdan- “es la única verdad”. Y cuando esa verdad, cansada de ser negada, eche a andar ocupando las calles, puede ser tarde para lamentaciones.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
"...asegurar los beneficios de la libertad..."
Uno de los primeros decretos de Raúl Alfonsín apenas reinstalada la democracia fue derogar la prohibición que había impuesto el gobierno militar de recibir señales satelitales desde el exterior sin una autorización previa de la autoridad. Los argentinos festejamos entonces esa medida, que rompía un aislamiento asfixiante. La democracia abrió el país al mundo, a sus visiones y a sus diferentes opiniones, que a través de los incipientes sistemas de “cables” comenzarían a llegar libremente a los hogares argentinos sin cortapisas, filtros ni permisos.
Tendrían que pasar más de veinticinco años para que otro gobierno volviera a implantar la prohibición de la dictadura, esta vez apoyado en la fuerza de la mayoría de legisladores integrantes de un Congreso de escasa legitimidad. Nuevamente, como durante el gobierno militar, las señales audiovisuales provenientes del exterior deberán contar con una autorización previa del gobierno para poder llegar a los hogares argentinos.
Este es uno, solo uno, de los dislates antidemocráticos de la ley de medios en discusión, cuyo trámite irregular y prepotente está siendo denunciado por los legisladores que batallan para defender los espacios de libertad que los argentinos supimos ganarnos durante todos estos años, entre los que se destacan los legisladores radicales encabezados por Silvana Giúdice y otros bloques como la Coalición Cívica y el Pro, los que sin renunciar a sus legítimas visiones diferentes, comparten la búsqueda de una Argentina abierta y plural.
No sólo las señales de origen externo deberán contar con la autorización oficial: también las agencias de publicidad, las empresas productoras, y cada una de las entidades oficiales y privadas, educativas e intermedias a las que se les “garantiza” el “derecho” a condición de inscribirse en un registro estatal (art. 22). Al estilo de las reglamentaciones totalitarias, el instrumento en debate subordina el derecho constitucional a la libertad de expresión a su inscripción y autorización por el gobierno “en las condiciones que fije la reglamentación” (art. 22) pasando por encima de las claras normas del Capítulo Primero de la Constitución, justamente titulado “Declaraciones, derechos y garantías”, en el que la Carta Magna establece los derechos de las pesonas que configuran el límite que de ninguna manera puede ser atravesado por el poder. Y es además claramente inconstitucional al exigir la condición de “argentinos” para acceder a una licencia en clara contradicción con el art. 20 de la C.N. (“Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano...”); en cuanto hace depender de autorizaciones políticas decisiones claramente empresariales, como la emisión de acciones, bonos o contraer empréstitos (art. 25); en cuanto impone la registración de los productores de señales y de contenidos (arts. 58 y 59) como condición del ejercicio de su derecho de raíz constitucional, en una clara contradicción con el objetivo de promover la pluralidad, la libertad de opinión y el derecho a la información que se han invocado como fundamentos de la iniciativa.
El texto de la ley que se pretende imponer destila desconfianza en la libertad de las personas, somete a sospecha cualquier opinión que no haya sido previamente autorizada, mantiene en control oficial constante los contenidos de los medios, invade jurisdicciones provinciales –que tampoco pueden ser alcanzadas por normas federales, art. 32 C.N.- y desborda autoritarismo al invadir actividades libres de los ciudadanos sin justificación técnica alguna. La única justificación de la intervención reglamentaria y ordenatoria por parte del Estado Nacional, que es la limitación física de la cantidad de radiofrecuencias, no justifica la pretensión de subordinar los sistemas de cable, que se encuentran en el campo típico de la actividad particular, y no tienen limitación técnica alguna. Es curioso que una ley que busca la pluralidad, ponga límites a la cantidad de señales en un sistema que no tiene limitaciones técnicas y cada vez tendrá menos.
¿Quién es el Estado para obligar a los titulares de cable a pasar gratuita y obligatoriamente el pasquín chavista Telesur en sus sistemas (art. 65)? ¿En ejercicio de qué facultad constitucional puede atribuirse el derecho de reglamentar la onerosidad de la televisión por redes fijas (art. 8)? ¿Qué norma de la Carta Magna autoriza al Estado a limitar la comunicación audiovisual realizada a través de vínculos físicos, que por definición no son limitados –como las frecuencias radioeléctricas- sino tan extensos como lo permita la iniciativa de las personas o empresas, su viabilidad económica y su receptividad por las personas?
No existe ni un solo artículo de la Constitución Nacional del que pueda deducirse que los ciudadanos han delegado en el poder la facultad de reglamentar lo que pueden escuchar o mirar por radio o televisión. Ni siquiera pueden establecerse “delitos de imprenta”, cuya definción queda expresamente vedado por el art. 32 de la C.N.
No dice la verdad el Sr. Binner cuando expresa que “esta ley es mejor que la que había” `para justificar el sospechoso apoyo de su partido a la iniciativa oficial. Ni la dictadura se animó a tanto. Este engendro fascio-estalinista, sostenido por una pareja de autócratas y una claque de legisladores peronistas, retroprogresistas y “socialistas” de legitimidad menguada, quedará en la historia como el intento de regresar la comunicación del país a los tiempos oscuros de la dictadura.
Deja en solitario una voz poderosa, la que surja del poder nacional manejando de manera discrecional el sistema de medios públicos –los únicos autorizados a una red de alcance nacional-, sometiendo las pequeñas empresas privadas al disciplinamiento directo de la discrecionalidad, o a la más disimulada de la también discrecional distribución de la publicidad oficial para la que no se establece pauta ni criterio, impidiendo el surgimiento de cualquier contrapeso comunicacional de importancia. Fragmenta la opinión pública en infinidad de pequeñas voces desarticuladas, y ahoga la capacidad nacional de producción, limitándola técnicamente mediante la forzosa reducción de su escala. Como en otros campos, la Argentina se aislará aún más del mundo, en uno de los campos en que más logros y reconocimiento internacionales ha logrado –por su publicidad, sus unitarios, sus telenovelas-. Volver a las tolderías, no otra cosa significará el obligatorio deshuase de los grandes medios...
La estrategia de esconder los reales propósitos de la ley en una pretendida lucha “antimonopólica” montada en el fastidio de la opinión pública con las veleidades de un multimedio caprichoso puede ser exitosa en el corto plazo. Pero en lo que importa, los argentinos tendremos menos pluralidad, más autoritarismo, más dedito levantado y cadenas nacionales, más publicidad oficial apabullante –como en el “fútbol gratis”-, menos acceso a las fuentes oficiales, más ocultamiento de la corrupción, menos riqueza de debate, más dogmatismo esclerosado. Nunca una invocación libertaria ha contenido tantas prohibiciones y tantos límites.
Con esta norma muere una parte importante de la democracia argentina. Lo que no significa otra cosa, para quienes creíamos ya instalada en el país la vigencia democática, que una convocatoria a no bajar los brazos, a renovar la lucha con más fuerza que nunca.
El proyecto oficial, por debajo de su verborragia engañosa, pretende volver a las prohibiciones de la dictadura. Quienes creemos en la democracia y la sociedad abierta deberemos seguir luchando para volver al 83 y recuperar el estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
sólo
Tendrían que pasar más de veinticinco años para que otro gobierno volviera a implantar la prohibición de la dictadura, esta vez apoyado en la fuerza de la mayoría de legisladores integrantes de un Congreso de escasa legitimidad. Nuevamente, como durante el gobierno militar, las señales audiovisuales provenientes del exterior deberán contar con una autorización previa del gobierno para poder llegar a los hogares argentinos.
Este es uno, solo uno, de los dislates antidemocráticos de la ley de medios en discusión, cuyo trámite irregular y prepotente está siendo denunciado por los legisladores que batallan para defender los espacios de libertad que los argentinos supimos ganarnos durante todos estos años, entre los que se destacan los legisladores radicales encabezados por Silvana Giúdice y otros bloques como la Coalición Cívica y el Pro, los que sin renunciar a sus legítimas visiones diferentes, comparten la búsqueda de una Argentina abierta y plural.
No sólo las señales de origen externo deberán contar con la autorización oficial: también las agencias de publicidad, las empresas productoras, y cada una de las entidades oficiales y privadas, educativas e intermedias a las que se les “garantiza” el “derecho” a condición de inscribirse en un registro estatal (art. 22). Al estilo de las reglamentaciones totalitarias, el instrumento en debate subordina el derecho constitucional a la libertad de expresión a su inscripción y autorización por el gobierno “en las condiciones que fije la reglamentación” (art. 22) pasando por encima de las claras normas del Capítulo Primero de la Constitución, justamente titulado “Declaraciones, derechos y garantías”, en el que la Carta Magna establece los derechos de las pesonas que configuran el límite que de ninguna manera puede ser atravesado por el poder. Y es además claramente inconstitucional al exigir la condición de “argentinos” para acceder a una licencia en clara contradicción con el art. 20 de la C.N. (“Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano...”); en cuanto hace depender de autorizaciones políticas decisiones claramente empresariales, como la emisión de acciones, bonos o contraer empréstitos (art. 25); en cuanto impone la registración de los productores de señales y de contenidos (arts. 58 y 59) como condición del ejercicio de su derecho de raíz constitucional, en una clara contradicción con el objetivo de promover la pluralidad, la libertad de opinión y el derecho a la información que se han invocado como fundamentos de la iniciativa.
El texto de la ley que se pretende imponer destila desconfianza en la libertad de las personas, somete a sospecha cualquier opinión que no haya sido previamente autorizada, mantiene en control oficial constante los contenidos de los medios, invade jurisdicciones provinciales –que tampoco pueden ser alcanzadas por normas federales, art. 32 C.N.- y desborda autoritarismo al invadir actividades libres de los ciudadanos sin justificación técnica alguna. La única justificación de la intervención reglamentaria y ordenatoria por parte del Estado Nacional, que es la limitación física de la cantidad de radiofrecuencias, no justifica la pretensión de subordinar los sistemas de cable, que se encuentran en el campo típico de la actividad particular, y no tienen limitación técnica alguna. Es curioso que una ley que busca la pluralidad, ponga límites a la cantidad de señales en un sistema que no tiene limitaciones técnicas y cada vez tendrá menos.
¿Quién es el Estado para obligar a los titulares de cable a pasar gratuita y obligatoriamente el pasquín chavista Telesur en sus sistemas (art. 65)? ¿En ejercicio de qué facultad constitucional puede atribuirse el derecho de reglamentar la onerosidad de la televisión por redes fijas (art. 8)? ¿Qué norma de la Carta Magna autoriza al Estado a limitar la comunicación audiovisual realizada a través de vínculos físicos, que por definición no son limitados –como las frecuencias radioeléctricas- sino tan extensos como lo permita la iniciativa de las personas o empresas, su viabilidad económica y su receptividad por las personas?
No existe ni un solo artículo de la Constitución Nacional del que pueda deducirse que los ciudadanos han delegado en el poder la facultad de reglamentar lo que pueden escuchar o mirar por radio o televisión. Ni siquiera pueden establecerse “delitos de imprenta”, cuya definción queda expresamente vedado por el art. 32 de la C.N.
No dice la verdad el Sr. Binner cuando expresa que “esta ley es mejor que la que había” `para justificar el sospechoso apoyo de su partido a la iniciativa oficial. Ni la dictadura se animó a tanto. Este engendro fascio-estalinista, sostenido por una pareja de autócratas y una claque de legisladores peronistas, retroprogresistas y “socialistas” de legitimidad menguada, quedará en la historia como el intento de regresar la comunicación del país a los tiempos oscuros de la dictadura.
Deja en solitario una voz poderosa, la que surja del poder nacional manejando de manera discrecional el sistema de medios públicos –los únicos autorizados a una red de alcance nacional-, sometiendo las pequeñas empresas privadas al disciplinamiento directo de la discrecionalidad, o a la más disimulada de la también discrecional distribución de la publicidad oficial para la que no se establece pauta ni criterio, impidiendo el surgimiento de cualquier contrapeso comunicacional de importancia. Fragmenta la opinión pública en infinidad de pequeñas voces desarticuladas, y ahoga la capacidad nacional de producción, limitándola técnicamente mediante la forzosa reducción de su escala. Como en otros campos, la Argentina se aislará aún más del mundo, en uno de los campos en que más logros y reconocimiento internacionales ha logrado –por su publicidad, sus unitarios, sus telenovelas-. Volver a las tolderías, no otra cosa significará el obligatorio deshuase de los grandes medios...
La estrategia de esconder los reales propósitos de la ley en una pretendida lucha “antimonopólica” montada en el fastidio de la opinión pública con las veleidades de un multimedio caprichoso puede ser exitosa en el corto plazo. Pero en lo que importa, los argentinos tendremos menos pluralidad, más autoritarismo, más dedito levantado y cadenas nacionales, más publicidad oficial apabullante –como en el “fútbol gratis”-, menos acceso a las fuentes oficiales, más ocultamiento de la corrupción, menos riqueza de debate, más dogmatismo esclerosado. Nunca una invocación libertaria ha contenido tantas prohibiciones y tantos límites.
Con esta norma muere una parte importante de la democracia argentina. Lo que no significa otra cosa, para quienes creíamos ya instalada en el país la vigencia democática, que una convocatoria a no bajar los brazos, a renovar la lucha con más fuerza que nunca.
El proyecto oficial, por debajo de su verborragia engañosa, pretende volver a las prohibiciones de la dictadura. Quienes creemos en la democracia y la sociedad abierta deberemos seguir luchando para volver al 83 y recuperar el estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
sólo
viernes, 18 de septiembre de 2009
Cuando mueren las palabras
Los parlamentos y la democracia se inventaron para que en lugar de pelear con armas y matarse, las personas utilizaran las palabras, máxima creación de la evolución humana, para articular conceptos, juicios y valoraciones, intercambiarlas e intentar acordar decisiones conjuntas en temas que afectarán la vida de todos.
Para usar las palabras hay que saber hablar –obviamente-. Y cuanto más sofisticado sea el tema en cuestión, cuanto más complejos sus matices y más denso el entrelazado de incidencias, mayor capacidad de abstracción demanda en los protagonistas para conseguir el fin buscado.
Las palabras conllevan una definición y un compromiso. Definen el concepto que se expresa y arrastran el compromiso, por parte de quien las emite, de mantener su coherencia temporal –no cambiarles el significado- y su coherencia lógica –cuando construye con ellas juicios, silogismos y discursos-. Las palabras sin definición y sin compromiso inhiben su papel de reemplazo de la lucha. Se convierten en algo así como armas vacías de la lucha primitiva, e incorporan la mentira en su propia enunciación, ya que al no implicar compromiso de su identidad semántica transtemporal se vacían de su búsqueda de conceptos superadores en el debate para reducirse a la primaria portación de algún disvalor que se supone descalificante para el adversario, o coartada justificatoria de borocotizaciones vergonzantes.
Libertad sin libertad, justicia sin justicia, desarrollo sin desarrollo, equidad sin equidad, progreso sin progreso, tolerancia sin tolerancia, estabilidad sin estabilidad, superávit sin superávit, leyes sin leyes... y a la inversa, la corrupción se combate pero se defiende, el crimen se persigue pero se encubre, la pobreza se condena pero se impone, el estancamiento se niega pero se refuerza, el aislamiento se promueve pero se evita...
Algo así se siente al leer los discursos de ofialistas y aliados –estables y “ad-hoc”- en los debates del Congreso Nacional; algunos de ellos, más conscientes que otros de las contradicciones intrínsecas y escasamente éticas del falsamiento porque leen y escriben, intentan escudarse en interesadas citas académicas invocadas fuera de contexto, como barniz disimulante, al estilo de los albañiles despreocupados de las paredes torcidas que levantan, porque "total, el revoque tapa todo"...
¿Qué hacer cuando mueren las palabras?
La ciencia política respondería: sólo la lucha. No la “lucha democrática”, por definición asentada en el intercambio maduro de palabras sustantivas, sino la lucha primitiva y visceral por el triunfo a cualquier precio, convertido en la única posibilidad de sobrevivencia.
Nada bueno sale de esto. Un gigantesco vacío en el alma democrática de quienes sienten –sentían...- el orgullo de vivir en un país que en tiempos respetados marcó rumbos, y hoy se notan empujados a los escalones más rudimentarios del espacio público.
Cuando mueren las palabras vuelven tiempos oscuros. Los que la humanidad conoció antes del ágora. Los que los argentinos conocimos antes de 1853. Y antes de 1983.
Ricardo Lafferriere
Para usar las palabras hay que saber hablar –obviamente-. Y cuanto más sofisticado sea el tema en cuestión, cuanto más complejos sus matices y más denso el entrelazado de incidencias, mayor capacidad de abstracción demanda en los protagonistas para conseguir el fin buscado.
Las palabras conllevan una definición y un compromiso. Definen el concepto que se expresa y arrastran el compromiso, por parte de quien las emite, de mantener su coherencia temporal –no cambiarles el significado- y su coherencia lógica –cuando construye con ellas juicios, silogismos y discursos-. Las palabras sin definición y sin compromiso inhiben su papel de reemplazo de la lucha. Se convierten en algo así como armas vacías de la lucha primitiva, e incorporan la mentira en su propia enunciación, ya que al no implicar compromiso de su identidad semántica transtemporal se vacían de su búsqueda de conceptos superadores en el debate para reducirse a la primaria portación de algún disvalor que se supone descalificante para el adversario, o coartada justificatoria de borocotizaciones vergonzantes.
Libertad sin libertad, justicia sin justicia, desarrollo sin desarrollo, equidad sin equidad, progreso sin progreso, tolerancia sin tolerancia, estabilidad sin estabilidad, superávit sin superávit, leyes sin leyes... y a la inversa, la corrupción se combate pero se defiende, el crimen se persigue pero se encubre, la pobreza se condena pero se impone, el estancamiento se niega pero se refuerza, el aislamiento se promueve pero se evita...
Algo así se siente al leer los discursos de ofialistas y aliados –estables y “ad-hoc”- en los debates del Congreso Nacional; algunos de ellos, más conscientes que otros de las contradicciones intrínsecas y escasamente éticas del falsamiento porque leen y escriben, intentan escudarse en interesadas citas académicas invocadas fuera de contexto, como barniz disimulante, al estilo de los albañiles despreocupados de las paredes torcidas que levantan, porque "total, el revoque tapa todo"...
¿Qué hacer cuando mueren las palabras?
La ciencia política respondería: sólo la lucha. No la “lucha democrática”, por definición asentada en el intercambio maduro de palabras sustantivas, sino la lucha primitiva y visceral por el triunfo a cualquier precio, convertido en la única posibilidad de sobrevivencia.
Nada bueno sale de esto. Un gigantesco vacío en el alma democrática de quienes sienten –sentían...- el orgullo de vivir en un país que en tiempos respetados marcó rumbos, y hoy se notan empujados a los escalones más rudimentarios del espacio público.
Cuando mueren las palabras vuelven tiempos oscuros. Los que la humanidad conoció antes del ágora. Los que los argentinos conocimos antes de 1853. Y antes de 1983.
Ricardo Lafferriere
martes, 15 de septiembre de 2009
Podredumbre
Quizás haya que remontarse a tiempos oscuros para encontrar un acontecimiento que evidencie una descomposición moral, una indolencia político administrativa y una indiferencia tan atroz hacia la vida humana y la dignidad de las personas como los hechos que están saliendo a la luz sobre los medicamentos falsificados y la red de corrupción que alcanza a sindicalistas, políticos y empresarios de medicamentos.
Quizás tampoco nunca alcancemos a conocer totalmente la cantidad de damnificados que han muerto creyendo recibir las medicaciones recetadas y en su lugar fueron tratados con medicamentos vencidos, cuando no contaminantes, y la multitud de pacientes a los que, aún sin haber fallecido, han recibido medicación inoperante.
Los hechos son de una magnitud tan atroz que dejan sin habla.
Los “empresarios” de los laboratorios proveedores de estas drogas han gozado de la impunidad que les brinda su pertenencia al círculo más íntimo de la política oficial. Han sido aportantes de la campaña electoral de la actual presidenta, y el sindicalista hoy complicado forma parte de los apoyos gremiales más firmes del kirchnerismo.
El funcionario –hoy desplazado- encargado de su control pertenecía, a su vez, al nivel más cercano de relaciones con el otrora poderoso Jefe de Gabinete de Ministros, o sea el cargo de la más estrecha e íntima vinculación política con el presidente y luego de la presidenta de la Nación, para cuya campaña electoral recaudó cerca del 50 % del total. Y las investigaciones han llegado a descubrir su relación con homicidios atroces, obviamente impunes.
Pero el sistema de corrupción y horror que está saliendo a la luz difícilmente pueda imaginarse reducido a la Asociación Bancaria: como lo ha reiterado hasta el cansancio la propia ex Ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, virtualmente toda la estructura sindical y de obras sociales sindicales tiene idénticas prácticas.
El Juez actuante ha requerido al gobierno la urgente intervención de la obra social investigada, y el decreto se ha anunciado. Hay que poner mucho esfuerzo para abrir un espacio de confianza al funcionario designado y que no aparezca, obsesiva, en la prevención de los ciudadanos la imagen del zorro cuidando el gallinero, que no otra cosa implica que el kirchnerismo esté a cargo de controlar la corrupción.
Mientras, en lugar de hacerse cargo del escandaloso episodio que tiene sobre ascuas a millones de argentinos –que aportan a alguna obra social sindical y deben recibir o están recibiendo atención médica en estos días- y en una demostración patética de la burbuja de aislamiento de la realidad, la presidenta de la Nación convoca a una conferencia de prensa para hablar... ¡sobre la ley de medios audiovisuales!
Una moraleja se va abriendo paso en este “affaire”: la salud de los argentinos no tolera más el sistema de las “obras sociales sindicales”. El paso hacia un seguro de salud integral, que cubra a todos por igual, con funcionamiento autónomo y profesional, totalmente alejado de las corporaciones empresariales, políticas y gremiales, es el camino que muestran los países que han logrado establecer un sistema de salud pública del mejor nivel posible al alcance de todos los ciudadanos.
Y una limpieza total, profunda, de raíz, debe realizarse mientras tanto en los organismos públicos del Ministerio de Salud que tienen a su cargo el control normativo, recordando que su función no es repartir dinero entre sindicatos adictos, conseguir fondos para las campañas electorales o abrir paso a laboratorios inescrupulosos sino, sencillamente, proteger la salud de los ciudadadanos.
La podredumbre debe terminar. Los que gobiernan no pueden seguir matando argentinos impunemente.
Ricardo Lafferriere
Quizás tampoco nunca alcancemos a conocer totalmente la cantidad de damnificados que han muerto creyendo recibir las medicaciones recetadas y en su lugar fueron tratados con medicamentos vencidos, cuando no contaminantes, y la multitud de pacientes a los que, aún sin haber fallecido, han recibido medicación inoperante.
Los hechos son de una magnitud tan atroz que dejan sin habla.
Los “empresarios” de los laboratorios proveedores de estas drogas han gozado de la impunidad que les brinda su pertenencia al círculo más íntimo de la política oficial. Han sido aportantes de la campaña electoral de la actual presidenta, y el sindicalista hoy complicado forma parte de los apoyos gremiales más firmes del kirchnerismo.
El funcionario –hoy desplazado- encargado de su control pertenecía, a su vez, al nivel más cercano de relaciones con el otrora poderoso Jefe de Gabinete de Ministros, o sea el cargo de la más estrecha e íntima vinculación política con el presidente y luego de la presidenta de la Nación, para cuya campaña electoral recaudó cerca del 50 % del total. Y las investigaciones han llegado a descubrir su relación con homicidios atroces, obviamente impunes.
Pero el sistema de corrupción y horror que está saliendo a la luz difícilmente pueda imaginarse reducido a la Asociación Bancaria: como lo ha reiterado hasta el cansancio la propia ex Ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, virtualmente toda la estructura sindical y de obras sociales sindicales tiene idénticas prácticas.
El Juez actuante ha requerido al gobierno la urgente intervención de la obra social investigada, y el decreto se ha anunciado. Hay que poner mucho esfuerzo para abrir un espacio de confianza al funcionario designado y que no aparezca, obsesiva, en la prevención de los ciudadanos la imagen del zorro cuidando el gallinero, que no otra cosa implica que el kirchnerismo esté a cargo de controlar la corrupción.
Mientras, en lugar de hacerse cargo del escandaloso episodio que tiene sobre ascuas a millones de argentinos –que aportan a alguna obra social sindical y deben recibir o están recibiendo atención médica en estos días- y en una demostración patética de la burbuja de aislamiento de la realidad, la presidenta de la Nación convoca a una conferencia de prensa para hablar... ¡sobre la ley de medios audiovisuales!
Una moraleja se va abriendo paso en este “affaire”: la salud de los argentinos no tolera más el sistema de las “obras sociales sindicales”. El paso hacia un seguro de salud integral, que cubra a todos por igual, con funcionamiento autónomo y profesional, totalmente alejado de las corporaciones empresariales, políticas y gremiales, es el camino que muestran los países que han logrado establecer un sistema de salud pública del mejor nivel posible al alcance de todos los ciudadanos.
Y una limpieza total, profunda, de raíz, debe realizarse mientras tanto en los organismos públicos del Ministerio de Salud que tienen a su cargo el control normativo, recordando que su función no es repartir dinero entre sindicatos adictos, conseguir fondos para las campañas electorales o abrir paso a laboratorios inescrupulosos sino, sencillamente, proteger la salud de los ciudadadanos.
La podredumbre debe terminar. Los que gobiernan no pueden seguir matando argentinos impunemente.
Ricardo Lafferriere
viernes, 11 de septiembre de 2009
Espanto
"Es un espanto que, en un país, el que fuera compañero de fórmula del presidente de la Nación esté jugando en contra".
En otros tiempos, postrimerías del “proceso”, era el general Nicolaides el encargado de expresar las genialidades del gobierno. Hoy, es el Ministro del Interior, aunque al menos, por ahora no producen muertos –y es de esperar que no lleguemos a eso-. Genialidades que apenas motivan ya respuestas opositoras, resignadas a hablar con la pared, esperando que el tiempo pase rápido para que esta pesadilla se convierta en historia y que, en el tiempo que les queda, hagan el menor daño posible.
En gobiernos serios, un pronunciamiento de esa magnitud nada menos que del responsable de la cartera del interior también hubiera producido una conmoción o una crisis política. Las callosidades que han producido en la opinión pública los dislates reiterados de la pareja gobernante hacen que hoy por hoy, ni siquiera llamen la atención.
Un gobierno que mueve doscientos inspectores de la AFIP al estilo de los sueños de estudiantina, o que convierte en un tema épico el debate por el ordenamiento de las comunicaciones que –cualquiera sea el resultado- no tendrá posibilidades de aplicar, no produce ya escozor con declaraciones, cadenas nacionales cotidianas o pedidos de renuncia que sólo causan risa.
El gobierno está solo, apoyado sólo en su residual manejo de los fondos públicos utilizados en forma de chantaje. No lo siguen los trabajadores, ni los industriales, ni los hombres de campo, ni los financistas, ni los pasivos, ni los profesionales, ni los sectores medios, ni los desocupados, ni los militares, ni los intelectuales. No tiene diálogo con la oposición y está aislado de las bases peronistas, que no atinan a hacer propio un discurso que sienten visceralmente ajeno. Sólo los alineados por la chequera que defienden posiciones de gobierno en administraciones locales –por un lado- y el esqueleto del retro-progresismo –por el otro- con esfuerzos sobrehumanos para elaborar frases coherentes con barniz seudointelectual, sostienen un esquema de poder que –también como en sus sueños de estudiantina- le brindan la ilusión de sobremesa de estar transformando el país, al que alegremente conducen al desastre.
Algunos compatriotas, que insisten en tomar en serio las amenazas kirchneristas, se preocupan por lo que pudiera venir. Sin embargo, la mimetización “morales-chavista” de la patota K no pasa, hoy por hoy, más que como una comedia de actores en decadencia, que nadie toma en serio. Su inexorable deterioro muestra la triste imagen de la descomposición, con síntomas fatales como no tener ya el respeto ni de los subordinados, ni la disciplina de los cuadros de la administración. La imagen de los otrora “sabuesos” de la AFIP, sentados en la vereda de Clarín en un operativo que no tenía siquiera directivas que no fueran la de estar allí pensando infantilmente que con eso intimidaban a un medio de prensa, expresa el patetismo de un país sin gobierno, que si sigue funcionando en clave de convivencia es por la madurez profunda de su gente decidida a impedir que el infantilismo de sus gobernantes afecte más aún la vida cotidiana.
Frente a todo este marchito escenario, surge la imagen potente de la Argentina que viene. Plural, pero dialoguista. Diversa, pero madura. Clara en sus disensos y en sus consensos, expresados en clave de unidad de una Nación que busca su futuro.
El “espanto” no es el Vicepresidente conversando con madurez con todo el abanico político y con cualquier compatriota quiera dialogar. Más bien está en el otro extremo de la Avenida de Mayo, diciendo diariamente imbecilidades por la cadena nacional y produciendo el derrumbe del “share” radial y televisivo a mínimos históricos. Lo que no sería más que una anécdota, si no llevara consigo el signo grotesco del desgobierno.
Ricardo Lafferriere
En otros tiempos, postrimerías del “proceso”, era el general Nicolaides el encargado de expresar las genialidades del gobierno. Hoy, es el Ministro del Interior, aunque al menos, por ahora no producen muertos –y es de esperar que no lleguemos a eso-. Genialidades que apenas motivan ya respuestas opositoras, resignadas a hablar con la pared, esperando que el tiempo pase rápido para que esta pesadilla se convierta en historia y que, en el tiempo que les queda, hagan el menor daño posible.
En gobiernos serios, un pronunciamiento de esa magnitud nada menos que del responsable de la cartera del interior también hubiera producido una conmoción o una crisis política. Las callosidades que han producido en la opinión pública los dislates reiterados de la pareja gobernante hacen que hoy por hoy, ni siquiera llamen la atención.
Un gobierno que mueve doscientos inspectores de la AFIP al estilo de los sueños de estudiantina, o que convierte en un tema épico el debate por el ordenamiento de las comunicaciones que –cualquiera sea el resultado- no tendrá posibilidades de aplicar, no produce ya escozor con declaraciones, cadenas nacionales cotidianas o pedidos de renuncia que sólo causan risa.
El gobierno está solo, apoyado sólo en su residual manejo de los fondos públicos utilizados en forma de chantaje. No lo siguen los trabajadores, ni los industriales, ni los hombres de campo, ni los financistas, ni los pasivos, ni los profesionales, ni los sectores medios, ni los desocupados, ni los militares, ni los intelectuales. No tiene diálogo con la oposición y está aislado de las bases peronistas, que no atinan a hacer propio un discurso que sienten visceralmente ajeno. Sólo los alineados por la chequera que defienden posiciones de gobierno en administraciones locales –por un lado- y el esqueleto del retro-progresismo –por el otro- con esfuerzos sobrehumanos para elaborar frases coherentes con barniz seudointelectual, sostienen un esquema de poder que –también como en sus sueños de estudiantina- le brindan la ilusión de sobremesa de estar transformando el país, al que alegremente conducen al desastre.
Algunos compatriotas, que insisten en tomar en serio las amenazas kirchneristas, se preocupan por lo que pudiera venir. Sin embargo, la mimetización “morales-chavista” de la patota K no pasa, hoy por hoy, más que como una comedia de actores en decadencia, que nadie toma en serio. Su inexorable deterioro muestra la triste imagen de la descomposición, con síntomas fatales como no tener ya el respeto ni de los subordinados, ni la disciplina de los cuadros de la administración. La imagen de los otrora “sabuesos” de la AFIP, sentados en la vereda de Clarín en un operativo que no tenía siquiera directivas que no fueran la de estar allí pensando infantilmente que con eso intimidaban a un medio de prensa, expresa el patetismo de un país sin gobierno, que si sigue funcionando en clave de convivencia es por la madurez profunda de su gente decidida a impedir que el infantilismo de sus gobernantes afecte más aún la vida cotidiana.
Frente a todo este marchito escenario, surge la imagen potente de la Argentina que viene. Plural, pero dialoguista. Diversa, pero madura. Clara en sus disensos y en sus consensos, expresados en clave de unidad de una Nación que busca su futuro.
El “espanto” no es el Vicepresidente conversando con madurez con todo el abanico político y con cualquier compatriota quiera dialogar. Más bien está en el otro extremo de la Avenida de Mayo, diciendo diariamente imbecilidades por la cadena nacional y produciendo el derrumbe del “share” radial y televisivo a mínimos históricos. Lo que no sería más que una anécdota, si no llevara consigo el signo grotesco del desgobierno.
Ricardo Lafferriere
viernes, 4 de septiembre de 2009
Volver a las tolderías
Gane quien gane en la pulseada, ni los argentinos ni la Argentina tendrán un servicio de comunicaciones audiovisuales mejor.
Si gana K, el país avanzará más en su estancamiento y además los tribunales se llenarán de juicios, como ocurre con el tema previsional, los reclamos por las retenciones, las arbitrariedades impositivas y la fijación de tarifas de servicios públicos. Juicios que, al final, deberemos pagar los argentinos, cuando K sea tan sólo un negro recuerdo.
Si gana Clarín, todo seguirá como hasta ahora, con lo bueno y lo malo de un sistema creado sin normas y en el que cada uno ha logrado el lugar que su iniciativa –y su complicidad con K, Clarín incluido- le ha permitido.
En cualquier caso, y como es ya una constante durante el kirchnerismo, terminaremos perdiendo otra oportunidad para insertarnos en el avance del mundo y mejorar nuestras condiciones de convivencia. Otro salto hacia atrás.
El proyecto y el debate están reproduciendo argumentos de una realidad que ya no existe. Y de la realidad que existe sólo se asume el conflicto entre Kirchner y Clarín, sin que importe la construcción de un sistema de medios virtuoso. En lugar de una ley “arquitectónica” que diseñe el sistema comunicacional mejor, se da un debate “agónico” en el que lo que importa es quién gana, aunque quede tierra arrasada.
La virtud está en el equilibrio, que el proyecto descarta.
El sistema a construir debería garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, proteger a los medios chicos y regionales del poder monopólico, y a la vez respaldar a los grandes grupos audiovisuales argentinos –y Clarín es el mayor- para salir a competir en el mundo con el apoyo de su gobierno y de su sociedad.
El proyecto K desmantelará todo lo bueno que ha conseguido la comunicación argentina en avance tecnológico, en fuerza económica y en potencial artístico. Los cables de pueblo no pueden tomar la tarea de llevar producción audiovisual argentina al mundo, disputar el mercado de contenidos y volver a insertar el país en la red global de comunicaciones. Tampoco tienen el poder económico necesario para dar un servicio de excelencia en los lugares que sirven, sin articularse en forma virtuosa con proveedores de contenidos externos.
Y Clarín no puede garantizar el adecuado servicio de comunicaciones locales y regionales, por la flexibilidad imprescindible en la prestación de servicios en mercados pequeños, lo que –como se ha visto- ha terminado concentrando la comunicación local en pocas manos y dificultando la producción audiovisual en ciudades y regiones.
La ley debiera garantizar ambas cosas, pero el proyecto oficial hará exactamente lo inverso en ambos casos.
Le quitará a los grupos económicos fuertes el respaldo interno necesario para salir a competir al exterior y potenciar su incorporación tecnológica, someterá a los cables chicos a la asfixia burocrática y reducirá la calidad de los servicios que se podrán prestar a los ciudadanos de todo el país, por unos y otros.
Y además agregará un sinnúmero de ventanillas de corrupción, al hacer depender de la discrecionalidad estatal la renovación bianual de licencias, a lo que se agrega una especie de CONFER paralelo, que en lugar de garantizar libertad de expresión amenaza con convertirse en un poderoso espacio de censura.
El nuestro no es el Estado suizo. Es el que es. El secreto de una ley inteligente debiera ser diseñar mecanismos automáticos, con la menor necesidad de intervención posible de la autoridad de aplicación, que defienda y potencie la iniciativa de los chicos y de los grandes, cada uno en su espacio, ambos imprescindibles para un país pujante.
Y además, los negociados que ya asoman: el fútbol “estatal”, el juego en línea, el financiamiento de las barras bravas con dinero público, la manipulación comunicacional de los deportes por la tosca discrecionalidad del ex presidente y sus cómplices...
Como en otros ámbitos de la realidad nacional, el “modelo K” no va más allá de romper lo que existe, desvincular el país del mundo, vaciar el interior, y abrir muchas, muchas posibilidades para negociados desde el poder. Desde la que harán con las empresas telefónicas –especialistas en “mercados regulados”, con su “embajador estrella” aplaudiendo ferviente e indisimuladamente en primera fila la presentación del proyecto por la presidenta en la Casa Rosada- hasta con los interesados en tener una modesta señal en un cable, que tendrán que hacerse cargo del pago de los “peajes” a funcionarios de menor nivel. Negociados que hoy harán ellos, pero que quedarán abiertos para cualquiera que venga. No olvidemos: K destroza todo lo que toca.
Pagarán esa fiesta los argentinos con el deterioro en la calidad de los productos audiovisuales a su alcance, y la Argentina con su declinación secular, que en ocasiones parece que nunca tendrá fin.
El “modelo K” se asemeja cada vez más al regreso a las tolderías, como si el objetivo fuera convertir paulatinamente a la Argentina en una gigantesca villa miseria. Donde –eso sí- el fútbol se vea gratis.
Ricardo Lafferriere
Si gana K, el país avanzará más en su estancamiento y además los tribunales se llenarán de juicios, como ocurre con el tema previsional, los reclamos por las retenciones, las arbitrariedades impositivas y la fijación de tarifas de servicios públicos. Juicios que, al final, deberemos pagar los argentinos, cuando K sea tan sólo un negro recuerdo.
Si gana Clarín, todo seguirá como hasta ahora, con lo bueno y lo malo de un sistema creado sin normas y en el que cada uno ha logrado el lugar que su iniciativa –y su complicidad con K, Clarín incluido- le ha permitido.
En cualquier caso, y como es ya una constante durante el kirchnerismo, terminaremos perdiendo otra oportunidad para insertarnos en el avance del mundo y mejorar nuestras condiciones de convivencia. Otro salto hacia atrás.
El proyecto y el debate están reproduciendo argumentos de una realidad que ya no existe. Y de la realidad que existe sólo se asume el conflicto entre Kirchner y Clarín, sin que importe la construcción de un sistema de medios virtuoso. En lugar de una ley “arquitectónica” que diseñe el sistema comunicacional mejor, se da un debate “agónico” en el que lo que importa es quién gana, aunque quede tierra arrasada.
La virtud está en el equilibrio, que el proyecto descarta.
El sistema a construir debería garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, proteger a los medios chicos y regionales del poder monopólico, y a la vez respaldar a los grandes grupos audiovisuales argentinos –y Clarín es el mayor- para salir a competir en el mundo con el apoyo de su gobierno y de su sociedad.
El proyecto K desmantelará todo lo bueno que ha conseguido la comunicación argentina en avance tecnológico, en fuerza económica y en potencial artístico. Los cables de pueblo no pueden tomar la tarea de llevar producción audiovisual argentina al mundo, disputar el mercado de contenidos y volver a insertar el país en la red global de comunicaciones. Tampoco tienen el poder económico necesario para dar un servicio de excelencia en los lugares que sirven, sin articularse en forma virtuosa con proveedores de contenidos externos.
Y Clarín no puede garantizar el adecuado servicio de comunicaciones locales y regionales, por la flexibilidad imprescindible en la prestación de servicios en mercados pequeños, lo que –como se ha visto- ha terminado concentrando la comunicación local en pocas manos y dificultando la producción audiovisual en ciudades y regiones.
La ley debiera garantizar ambas cosas, pero el proyecto oficial hará exactamente lo inverso en ambos casos.
Le quitará a los grupos económicos fuertes el respaldo interno necesario para salir a competir al exterior y potenciar su incorporación tecnológica, someterá a los cables chicos a la asfixia burocrática y reducirá la calidad de los servicios que se podrán prestar a los ciudadanos de todo el país, por unos y otros.
Y además agregará un sinnúmero de ventanillas de corrupción, al hacer depender de la discrecionalidad estatal la renovación bianual de licencias, a lo que se agrega una especie de CONFER paralelo, que en lugar de garantizar libertad de expresión amenaza con convertirse en un poderoso espacio de censura.
El nuestro no es el Estado suizo. Es el que es. El secreto de una ley inteligente debiera ser diseñar mecanismos automáticos, con la menor necesidad de intervención posible de la autoridad de aplicación, que defienda y potencie la iniciativa de los chicos y de los grandes, cada uno en su espacio, ambos imprescindibles para un país pujante.
Y además, los negociados que ya asoman: el fútbol “estatal”, el juego en línea, el financiamiento de las barras bravas con dinero público, la manipulación comunicacional de los deportes por la tosca discrecionalidad del ex presidente y sus cómplices...
Como en otros ámbitos de la realidad nacional, el “modelo K” no va más allá de romper lo que existe, desvincular el país del mundo, vaciar el interior, y abrir muchas, muchas posibilidades para negociados desde el poder. Desde la que harán con las empresas telefónicas –especialistas en “mercados regulados”, con su “embajador estrella” aplaudiendo ferviente e indisimuladamente en primera fila la presentación del proyecto por la presidenta en la Casa Rosada- hasta con los interesados en tener una modesta señal en un cable, que tendrán que hacerse cargo del pago de los “peajes” a funcionarios de menor nivel. Negociados que hoy harán ellos, pero que quedarán abiertos para cualquiera que venga. No olvidemos: K destroza todo lo que toca.
Pagarán esa fiesta los argentinos con el deterioro en la calidad de los productos audiovisuales a su alcance, y la Argentina con su declinación secular, que en ocasiones parece que nunca tendrá fin.
El “modelo K” se asemeja cada vez más al regreso a las tolderías, como si el objetivo fuera convertir paulatinamente a la Argentina en una gigantesca villa miseria. Donde –eso sí- el fútbol se vea gratis.
Ricardo Lafferriere
lunes, 31 de agosto de 2009
Los próximos meses
La ventaja que le da a Kirchner jugar al límite, sin preocupación alguna por el país ni por los argentinos, nos golpea a todos quienes tenemos cariño por nuestra patria y honramos honestamente la lucha de tantas generaciones por la construcción de un sistema institucional maduro que enmarque la convivencia y libere la potencialidad creadora de nuestra gente.
Los ataques irresponsables y la provocación extorsiva que cotidianamente los argentinos debemos recibir del matrimonio presidencial ha traspasado todos los ejemplos históricos. Habría que remontarse mucho hacia atrás, y quizás ni así encontremos, un período de gobierno que haya exhibido tal grado de desprecio por el país y su gente.
El problema es qué hacer, porque aunque existen motivos objetivos más que suficientes para iniciar juicio político por la manifiesta incapacidad de la presidenta para el ejercicio de su cargo, no pareciera que aún existan las condiciones políticas institucionales para hacerlo.
Los argentinos enfrentan un auténtico dilema. La oposición no peronista no está en condiciones de hacerse cargo aún. No será ella la que le dé un empujón, por varios motivos pero principalmente porque tiene legítimas expectativas para el 2011 que ve injusto tener que frustrar con una gestión anticipada en un turno incierto, que además no es el suyo. Y la alternativa peronista interna que eventualmente pudiera construirse está siendo demolida por la inescrupulosa acción kirchnerista y por la extorsiva utilización de los fondos públicos para disciplinar gobernadores e intendentes.
¿Quién, entonces, puede frenar la destrucción nacional sistemática, que si no se detiene nos dejará un país en ruinas?
Institucionalmente, no se puede hacer mucho más que oponerse a los dislates. Y en este aspecto, el trabajo parlamentario conjunto de la oposición es inédito. Ver trabajando –y votando- juntos a Pinedo con Aguad, De Narváez, Solá, Katz y hasta algún socialista, es un hecho que no tiene antecedentes. Constituyen lo mejor de la Argentina histórica, con todo el colorido de la pluralidad nacional. Es lo bueno, lo positivo, aunque parezca menor frente a los dislates kirchneristas. Ilusiona con la potencialidad de la Argentina que viene, cuando termine esta pesadilla.
Seguramente en algún tiempo -quizás a partir de fin de año, cuando esté consolidado el cambio en el Congreso- serán las propias fuerzas políticas opositoras las que comiencen a conducir gente en la calle. Una gran movilización, que sea la culminación de muchas otras, pero que en lugar de tener al frente a la "Mesa de Enlace" del campo, sea conducida por una "Mesa de Enlace" política, será cuál una nueva multipartidaria para terminar con la nueva autocracia modelo siglo XXI., volviendo el país a la senda democrática.
Ello culminará el renacimiento de los partidos con carnadura popular, no sólo simbólica. Será la forma real de unir el esfuerzo institucional -del que K se ríe, por su alma autoritaria, pero nosotros no debiéramos- con la gente en la calle -a la que K teme, como todo dictadorzuelo bananero-. Esa revitalización de los partidos reconstruirá el lazo político sólido entre la sociedad y sus instituciones con fuerza renovada.
La tarea debe comenzar con un paso urgente: apresurar la reconstrucción de los partidos en clave de diálogo nacional. El peronismo deberá avanzar en reorganizarse y esa será una columna decisiva. El espacio radical debe hacer lo propio aglutinando a las fuerzas más afines, y será otra. Seguramente el Pro y sus aliados, en el medio de ambos y con sucesivas inclinaciones para uno u otro lado, será la tercera. Las tres grandes "patas" de la reconstrucción futura.
Frente a esas columnas, el autoritarismo K no tendrá salida. Hasta ese momento, veremos diariamente escaramuzas en las que se irán desgastando las chances de recuperación nacional, costosas para muchos, al ritmo de las escatológicas ocurrencias del ex presidente y su señora. Pero en ese proceso de resurgimiento del espíritu público, de reorganización de las expresiones políticas de los argentinos para el nuevo tiempo y de preocupación y compromiso ciudadano con el país, estaremos edificando los cimientos de varias décadas de prosperidad iniciado tal vez con el hiato simbólico del Bicentenario.
Ricardo Lafferriere
Los ataques irresponsables y la provocación extorsiva que cotidianamente los argentinos debemos recibir del matrimonio presidencial ha traspasado todos los ejemplos históricos. Habría que remontarse mucho hacia atrás, y quizás ni así encontremos, un período de gobierno que haya exhibido tal grado de desprecio por el país y su gente.
El problema es qué hacer, porque aunque existen motivos objetivos más que suficientes para iniciar juicio político por la manifiesta incapacidad de la presidenta para el ejercicio de su cargo, no pareciera que aún existan las condiciones políticas institucionales para hacerlo.
Los argentinos enfrentan un auténtico dilema. La oposición no peronista no está en condiciones de hacerse cargo aún. No será ella la que le dé un empujón, por varios motivos pero principalmente porque tiene legítimas expectativas para el 2011 que ve injusto tener que frustrar con una gestión anticipada en un turno incierto, que además no es el suyo. Y la alternativa peronista interna que eventualmente pudiera construirse está siendo demolida por la inescrupulosa acción kirchnerista y por la extorsiva utilización de los fondos públicos para disciplinar gobernadores e intendentes.
¿Quién, entonces, puede frenar la destrucción nacional sistemática, que si no se detiene nos dejará un país en ruinas?
Institucionalmente, no se puede hacer mucho más que oponerse a los dislates. Y en este aspecto, el trabajo parlamentario conjunto de la oposición es inédito. Ver trabajando –y votando- juntos a Pinedo con Aguad, De Narváez, Solá, Katz y hasta algún socialista, es un hecho que no tiene antecedentes. Constituyen lo mejor de la Argentina histórica, con todo el colorido de la pluralidad nacional. Es lo bueno, lo positivo, aunque parezca menor frente a los dislates kirchneristas. Ilusiona con la potencialidad de la Argentina que viene, cuando termine esta pesadilla.
Seguramente en algún tiempo -quizás a partir de fin de año, cuando esté consolidado el cambio en el Congreso- serán las propias fuerzas políticas opositoras las que comiencen a conducir gente en la calle. Una gran movilización, que sea la culminación de muchas otras, pero que en lugar de tener al frente a la "Mesa de Enlace" del campo, sea conducida por una "Mesa de Enlace" política, será cuál una nueva multipartidaria para terminar con la nueva autocracia modelo siglo XXI., volviendo el país a la senda democrática.
Ello culminará el renacimiento de los partidos con carnadura popular, no sólo simbólica. Será la forma real de unir el esfuerzo institucional -del que K se ríe, por su alma autoritaria, pero nosotros no debiéramos- con la gente en la calle -a la que K teme, como todo dictadorzuelo bananero-. Esa revitalización de los partidos reconstruirá el lazo político sólido entre la sociedad y sus instituciones con fuerza renovada.
La tarea debe comenzar con un paso urgente: apresurar la reconstrucción de los partidos en clave de diálogo nacional. El peronismo deberá avanzar en reorganizarse y esa será una columna decisiva. El espacio radical debe hacer lo propio aglutinando a las fuerzas más afines, y será otra. Seguramente el Pro y sus aliados, en el medio de ambos y con sucesivas inclinaciones para uno u otro lado, será la tercera. Las tres grandes "patas" de la reconstrucción futura.
Frente a esas columnas, el autoritarismo K no tendrá salida. Hasta ese momento, veremos diariamente escaramuzas en las que se irán desgastando las chances de recuperación nacional, costosas para muchos, al ritmo de las escatológicas ocurrencias del ex presidente y su señora. Pero en ese proceso de resurgimiento del espíritu público, de reorganización de las expresiones políticas de los argentinos para el nuevo tiempo y de preocupación y compromiso ciudadano con el país, estaremos edificando los cimientos de varias décadas de prosperidad iniciado tal vez con el hiato simbólico del Bicentenario.
Ricardo Lafferriere
domingo, 23 de agosto de 2009
Cinismo, esquizofrenia y responsabilidad
Se está convirtiendo en un lugar común el juicio negativo sobre la oposición porque, al parecer, no habría actuado de acuerdo a los resultados electorales del 28 de junio logrando poner un freno a los dislates de la pareja gobernante. Algunos hasta llegan a razonar en términos del “fortalecimiento” del gobierno y del propio ex presidente Kirchner, del que interpretan que “ha pasado a la ofensiva” y está “más fortalecido que antes”.
Sin embargo, al contrario de lo que surgiría de esa valoración, la oposición está actuando como debe. Ha votado en conjunto contra el proyecto kirchnerista de renovar los superpoderes reduciendo claramente su alcance y con su resistencia ha logrado limitar a un año la pretensión de delegación legislativa hacia el Ejecutivo, que el equipo gobernante pretendía llevar hasta el fin de su mandato constitucional. Y lo ha hecho ahora, antes de la incorporación al Congreso de los diputados y senadores que establecerán una nueva mayoría. Esta confluencia hace avizorar un escenario post kirchnerista en la que la política habrá recuperado su capacidad de generación de consensos y la recreación de espacios de diálogo cuya ausencia fue la característica central del actual período.
Por su parte, los pretendidos “avances” del kirchnerismo no evidencian fortaleza, sino debilidad. Sólo un débil busca tablas salvadoras tragicómicas, como hacer populismo transmitiendo partidos de fútbol, comparar frívolamente los goles que se veían por Cable con el drama de los desaparecidos, armar la puesta en escena de un simulacro de diálogo que duró menos de un mes o recurrir a un nuevo ridículo internacional parecido al del ex presidente en la selva colombiana, esta vez con la actual presidenta haciendo tiempo en el aeropuerto de San Salvador integrada como soldadito a la claque “bolivariana” manejada a distancia por su jefe venezolano y sin que el presidente anfitrión se digne siquiera saludarlos en el aeropuerto.
Cada paso aparentemente “fuerte” del kirchnerismo le agrega nuevos abismos con sectores políticos y sociales o profundiza los abismos ya existentes. No adquiere con ellos más respaldo sino más aislamiento, que intenta compensar con la repercusión mediática de las medidas. Pero ni trabajadores, ni empresarios, ni estudiantes, ni intelectuales, ni comerciantes, ni docentes, ni policías, ni militares, ni cartoneros, ni desocupados, ni “sin techo”, ni marginales, ni jóvenes, ni viejos, ni mujeres, ni hombres han incrementado su simpatía, su respaldo o su adhesión al kircherismo que gobierna. Los apoyos que tenía se hacen –aún ahora- cada vez más tenues, vaporosos y dispersos, y los movimientos que se notan en su “propia tropa” no son precisamente de acercamiento, sino de creciente lejanía. Esto no sólo se nota en los gobernadores “amigos” como Scioli, Das Neves, Urtubey, Closs o el propio Peralta, sino en su base sindical más cercana –como Moyano-, en sus aliados empresarios –que virtualmente, ya no existen- y hasta en el mundo “piquetero”, desgranándose al compás del abroquelamiento de Kirchner con sus enemigos históricos, los burócratas intentendentes clientelistas del conurbano.
Todo esto ha pasado, además, antes de producirse el recambio legislativo y cuando era de suponer que el gobierno no habría alterado el fuerte predominio del que disfrutaba en el Congreso. Pues si. Se alteró. No pudo seguir como estaba. Debió retroceder institucionalmente al limitar facultades que les eran omnímodas. El estilo K comenzó a ceder.
El gobierno, sin embargo, sigue allí. Y es oportuno hacer entonces la pregunta, a quienes demandan más “firmeza” a la oposición: ¿no quieren que siga allí? Porque lo curioso de la situación es que, paralelamente al cuestionamiento de la acción opositora, se reclama la intangibilidad del mandato presidencial y se califica de altamente condenable cualquier intento de acortar el mandato de la Sra. Kirchner, única forma de cambiar el rumbo de fondo del deterioro nacional. Y aquí hay que ser claros: la pretensión de interrumpir el mandato presidencial o de limitar sus poderes, que la Constitución habilita tanto por el mecanismo del artículo 101 como por el del juicio político por incapacidad manifiesta del presidente para ejercer su cargo, no ha sido hasta ahora reclamado absolutamente por ningún factor de poder, ni político partidario, ni comunicacional, ni empresarial, ni obrero, ni ruralista, ni intelectual, ni internacional. ¿Por qué dejar flotando el supuesto de que “la oposición” debiera impulsar este recambio, cuando nadie en el escenario argentino lo está siquiera sugiriendo, y por el contrario, en la mayoría de los casos están condenando de antemano?
Seamos entonces claros. Quienes le piden a la oposición más firmeza deben saber que no hay otro camino institucional superior al que hoy ejercitan que la destitución presidencial. Quien quiera eso, debe decirlo. Por lo que se conoce, no es el proyecto de ningún sector opositor institucional, al menos en estos momentos y probablemente ésto sea saludable.
Quizás muchos, en su fuero íntimo, tengan ese legítimo dilema: la evaluación sobre si los daños que los Kirchner están produciendo en el tejido social, en la economía, en la calidad institucional, en el estado de derecho, en la tranquilidad y la paz cotidiana, en derechos esenciales de muchos argentinos y hasta en el idioma y el sentido común, son imaginables por casi dos años y medio más, que parecerán siglos. Hoy por hoy, pareciera que la mayoría de los actores sociales institucionales prefiere todavía aguantarlos suponiendo que una turbulencia política de magnitud, como sería una destitución por incapacidad, no aseguraría una transición mejor.
Claro que eso es hoy, porque también ven con preocupación el crecimiento de la tensión, por la propia dinámica de las cosas y por las actitudes de la pareja presidencial. Es difícil imaginar qué ocurrirá en algún tiempo,cuando la fuga sistemática de divisas por la inseguridad jurídica que generan las ocurrencias del equipo gobernante, la caída de la producción agropecuaria e industrial por la incertidumbre producto de sus dislates, la asfixiante ralentización de los circuitos comerciales y la angustia de no saber hacia dónde quieren ir –con más pobres, más desocupados, más delitos, más droga, más inseguridad, más barbarismos institucionales cada día que pasa- alteren ese balance.
Si es que eso ocurre y los argentinos comienzan a pensar –y a pedir- que se vayan antes de culminar su período, porque es demasiado tiempo para dejar el país sometido a la discrecionalidad de sus ocurrencias, sería otro escenario. Por ahora, ello no ocurre y seguramente tanto Néstor Kirchner como la oposición siguen cotidianamente las reacciones de la sociedad y actúan en consecuencia, el primero utilizando el crecimiento de esa tensión como arma –inescrupulosa- para generar temor al presunto eventual caos y la otra monitoreando cuidadosamente las voces de la sociedad y manteniendo su red de seguridad y contactos para que si ocurre cualquier situación de emergencia, si todo se “sale de madre”, no la tome desprevenida. Obviamente ni una ni otra acción se verbaliza ni se explicita.
Lo propio ocurre con actores institucionales decisivos, como el propio peronismo. A esta altura, la tensión que lo corroe internamente se incrementa con el simple transcurso del tiempo que acerca las elecciones del 2011. Todos saben que en esa fecha se jugarán los “premios mayores” –Presidencia, Gobernaciones e Intendencias, en todo el país- y se angustian pensando que cuanto más se acerquen a ella con Kirchner mimetizado con un peronismo que le sirve de único sustento, mayores posibilidades tienen de perder todo, o, usando los propios términos de su argot, no sólo lo acompañarán hasta la puerta del cementerio sino es probable que bajen con él hasta la tumba. La estrategia kirchnerista de desgastar a cualquier candidato peronista que se ubique fuera de su influencia está esmerilando cotidianamente las posibilidades de recuperación de esa fuerza política, como está ocurriendo con Reutemann según se pudo observar con la grosera cooptación de la Senadora Latorre y las descarnadas ironías dejadas trascender por los voceros kirchneristas, al estilo de “¿y así pretende gobernar cuando no puede disciplinar ni a su compañera de bancada?”
Mientras tanto, no parece propio seguir insistiendo con lo de la falta de firmeza opositora o el presunto renacimiento de Néstor Kirchner. La oposición no peronista está haciendo lo que debe, organizando sus fuerzas para el oportuno relevo, buscando articular sus consensos y disensos, alineando sus componentes, depurando su discurso, poniendo al día sus proyectos, construyendo sus puentes plurales y esforzándose por institucionalizarse luego del ventaval destructor de la funesta acción kirchnerista. No se le pida ni se le impute que tenga ánimo destituyente y a la vez, que no lo tenga, porque sería cínico, o esquizoide.
Por lo pronto, es el peronismo -que eligió a los Kirchner y los sostiene, y en cuyo nombre gobiernan- quien debe asumir claramente su responsabilidad política. Ya no le será posible lavarse las manos, como en otros tiempos, repitiendo luego que “los K no son peronistas”, como hicieron con Isabel Martínez y con el propio Carlos Menem, según cambiaba el humor social. Los Kirchner son peronistas. Son un problema para los argentinos, pero son un problema del que el peronismo no puede desentenderse, sea para sostenerlos hasta el fin del mandato si así lo decide, sea para tomar distancia y forzarlos a cambiar de rumbo. Porque también sería cínico y esquizoide que el peronismo levante un discurso que sostenga a los Kirchner desde el Congreso, las gobernaciones y los gremios para lucrar con la chequera de sus dislates y a la vez pretenda que los argentinos crean, de cara a los años que vienen, que “el PJ nada tiene que ver con el kirchnerismo”.
Ricardo Lafferriere
queamigos
Sin embargo, al contrario de lo que surgiría de esa valoración, la oposición está actuando como debe. Ha votado en conjunto contra el proyecto kirchnerista de renovar los superpoderes reduciendo claramente su alcance y con su resistencia ha logrado limitar a un año la pretensión de delegación legislativa hacia el Ejecutivo, que el equipo gobernante pretendía llevar hasta el fin de su mandato constitucional. Y lo ha hecho ahora, antes de la incorporación al Congreso de los diputados y senadores que establecerán una nueva mayoría. Esta confluencia hace avizorar un escenario post kirchnerista en la que la política habrá recuperado su capacidad de generación de consensos y la recreación de espacios de diálogo cuya ausencia fue la característica central del actual período.
Por su parte, los pretendidos “avances” del kirchnerismo no evidencian fortaleza, sino debilidad. Sólo un débil busca tablas salvadoras tragicómicas, como hacer populismo transmitiendo partidos de fútbol, comparar frívolamente los goles que se veían por Cable con el drama de los desaparecidos, armar la puesta en escena de un simulacro de diálogo que duró menos de un mes o recurrir a un nuevo ridículo internacional parecido al del ex presidente en la selva colombiana, esta vez con la actual presidenta haciendo tiempo en el aeropuerto de San Salvador integrada como soldadito a la claque “bolivariana” manejada a distancia por su jefe venezolano y sin que el presidente anfitrión se digne siquiera saludarlos en el aeropuerto.
Cada paso aparentemente “fuerte” del kirchnerismo le agrega nuevos abismos con sectores políticos y sociales o profundiza los abismos ya existentes. No adquiere con ellos más respaldo sino más aislamiento, que intenta compensar con la repercusión mediática de las medidas. Pero ni trabajadores, ni empresarios, ni estudiantes, ni intelectuales, ni comerciantes, ni docentes, ni policías, ni militares, ni cartoneros, ni desocupados, ni “sin techo”, ni marginales, ni jóvenes, ni viejos, ni mujeres, ni hombres han incrementado su simpatía, su respaldo o su adhesión al kircherismo que gobierna. Los apoyos que tenía se hacen –aún ahora- cada vez más tenues, vaporosos y dispersos, y los movimientos que se notan en su “propia tropa” no son precisamente de acercamiento, sino de creciente lejanía. Esto no sólo se nota en los gobernadores “amigos” como Scioli, Das Neves, Urtubey, Closs o el propio Peralta, sino en su base sindical más cercana –como Moyano-, en sus aliados empresarios –que virtualmente, ya no existen- y hasta en el mundo “piquetero”, desgranándose al compás del abroquelamiento de Kirchner con sus enemigos históricos, los burócratas intentendentes clientelistas del conurbano.
Todo esto ha pasado, además, antes de producirse el recambio legislativo y cuando era de suponer que el gobierno no habría alterado el fuerte predominio del que disfrutaba en el Congreso. Pues si. Se alteró. No pudo seguir como estaba. Debió retroceder institucionalmente al limitar facultades que les eran omnímodas. El estilo K comenzó a ceder.
El gobierno, sin embargo, sigue allí. Y es oportuno hacer entonces la pregunta, a quienes demandan más “firmeza” a la oposición: ¿no quieren que siga allí? Porque lo curioso de la situación es que, paralelamente al cuestionamiento de la acción opositora, se reclama la intangibilidad del mandato presidencial y se califica de altamente condenable cualquier intento de acortar el mandato de la Sra. Kirchner, única forma de cambiar el rumbo de fondo del deterioro nacional. Y aquí hay que ser claros: la pretensión de interrumpir el mandato presidencial o de limitar sus poderes, que la Constitución habilita tanto por el mecanismo del artículo 101 como por el del juicio político por incapacidad manifiesta del presidente para ejercer su cargo, no ha sido hasta ahora reclamado absolutamente por ningún factor de poder, ni político partidario, ni comunicacional, ni empresarial, ni obrero, ni ruralista, ni intelectual, ni internacional. ¿Por qué dejar flotando el supuesto de que “la oposición” debiera impulsar este recambio, cuando nadie en el escenario argentino lo está siquiera sugiriendo, y por el contrario, en la mayoría de los casos están condenando de antemano?
Seamos entonces claros. Quienes le piden a la oposición más firmeza deben saber que no hay otro camino institucional superior al que hoy ejercitan que la destitución presidencial. Quien quiera eso, debe decirlo. Por lo que se conoce, no es el proyecto de ningún sector opositor institucional, al menos en estos momentos y probablemente ésto sea saludable.
Quizás muchos, en su fuero íntimo, tengan ese legítimo dilema: la evaluación sobre si los daños que los Kirchner están produciendo en el tejido social, en la economía, en la calidad institucional, en el estado de derecho, en la tranquilidad y la paz cotidiana, en derechos esenciales de muchos argentinos y hasta en el idioma y el sentido común, son imaginables por casi dos años y medio más, que parecerán siglos. Hoy por hoy, pareciera que la mayoría de los actores sociales institucionales prefiere todavía aguantarlos suponiendo que una turbulencia política de magnitud, como sería una destitución por incapacidad, no aseguraría una transición mejor.
Claro que eso es hoy, porque también ven con preocupación el crecimiento de la tensión, por la propia dinámica de las cosas y por las actitudes de la pareja presidencial. Es difícil imaginar qué ocurrirá en algún tiempo,cuando la fuga sistemática de divisas por la inseguridad jurídica que generan las ocurrencias del equipo gobernante, la caída de la producción agropecuaria e industrial por la incertidumbre producto de sus dislates, la asfixiante ralentización de los circuitos comerciales y la angustia de no saber hacia dónde quieren ir –con más pobres, más desocupados, más delitos, más droga, más inseguridad, más barbarismos institucionales cada día que pasa- alteren ese balance.
Si es que eso ocurre y los argentinos comienzan a pensar –y a pedir- que se vayan antes de culminar su período, porque es demasiado tiempo para dejar el país sometido a la discrecionalidad de sus ocurrencias, sería otro escenario. Por ahora, ello no ocurre y seguramente tanto Néstor Kirchner como la oposición siguen cotidianamente las reacciones de la sociedad y actúan en consecuencia, el primero utilizando el crecimiento de esa tensión como arma –inescrupulosa- para generar temor al presunto eventual caos y la otra monitoreando cuidadosamente las voces de la sociedad y manteniendo su red de seguridad y contactos para que si ocurre cualquier situación de emergencia, si todo se “sale de madre”, no la tome desprevenida. Obviamente ni una ni otra acción se verbaliza ni se explicita.
Lo propio ocurre con actores institucionales decisivos, como el propio peronismo. A esta altura, la tensión que lo corroe internamente se incrementa con el simple transcurso del tiempo que acerca las elecciones del 2011. Todos saben que en esa fecha se jugarán los “premios mayores” –Presidencia, Gobernaciones e Intendencias, en todo el país- y se angustian pensando que cuanto más se acerquen a ella con Kirchner mimetizado con un peronismo que le sirve de único sustento, mayores posibilidades tienen de perder todo, o, usando los propios términos de su argot, no sólo lo acompañarán hasta la puerta del cementerio sino es probable que bajen con él hasta la tumba. La estrategia kirchnerista de desgastar a cualquier candidato peronista que se ubique fuera de su influencia está esmerilando cotidianamente las posibilidades de recuperación de esa fuerza política, como está ocurriendo con Reutemann según se pudo observar con la grosera cooptación de la Senadora Latorre y las descarnadas ironías dejadas trascender por los voceros kirchneristas, al estilo de “¿y así pretende gobernar cuando no puede disciplinar ni a su compañera de bancada?”
Mientras tanto, no parece propio seguir insistiendo con lo de la falta de firmeza opositora o el presunto renacimiento de Néstor Kirchner. La oposición no peronista está haciendo lo que debe, organizando sus fuerzas para el oportuno relevo, buscando articular sus consensos y disensos, alineando sus componentes, depurando su discurso, poniendo al día sus proyectos, construyendo sus puentes plurales y esforzándose por institucionalizarse luego del ventaval destructor de la funesta acción kirchnerista. No se le pida ni se le impute que tenga ánimo destituyente y a la vez, que no lo tenga, porque sería cínico, o esquizoide.
Por lo pronto, es el peronismo -que eligió a los Kirchner y los sostiene, y en cuyo nombre gobiernan- quien debe asumir claramente su responsabilidad política. Ya no le será posible lavarse las manos, como en otros tiempos, repitiendo luego que “los K no son peronistas”, como hicieron con Isabel Martínez y con el propio Carlos Menem, según cambiaba el humor social. Los Kirchner son peronistas. Son un problema para los argentinos, pero son un problema del que el peronismo no puede desentenderse, sea para sostenerlos hasta el fin del mandato si así lo decide, sea para tomar distancia y forzarlos a cambiar de rumbo. Porque también sería cínico y esquizoide que el peronismo levante un discurso que sostenga a los Kirchner desde el Congreso, las gobernaciones y los gremios para lucrar con la chequera de sus dislates y a la vez pretenda que los argentinos crean, de cara a los años que vienen, que “el PJ nada tiene que ver con el kirchnerismo”.
Ricardo Lafferriere
queamigos
lunes, 17 de agosto de 2009
Una propuesta estratégica para las relaciones exteriores
Uno de los desafíos más importantes de la administración en los años que vienen será la integración de la Argentina en el mundo. El aislamiento de los últimos años ha sido creciente, acompañando la desarticulación de los diferentes sectores económicos y sociales vinculados con la fuerte dinámica internacional. El escenario internacional ha sufrido, mientras tanto, cambios copernicanos con el existente cuando se diseñaron los objetivos de la política exterior nacional y la herramienta de esa acción, que es el Servicio Exterior. Ha cambiado el mundo, y ha cambiado también la dimensión relativa del país en el mundo y en la región, lo que obliga a un replanteo de prioridades, desplazamiento físico, orientaciones políticas y organización del órgano del Estado especializado en el área, que es el Servicio Exterior.
Una diferencia sustancial de la actual realidad internacional con respecto a la propia del mundo bipolar es el creciente protagonismo de actores no estatales y la proliferación de organizaciones y organismos “para” estatales, “supra” estatales, privados, mixtos, e incluso ONGs. desarrollando actividades de profunda trascendencia en el nuevo escenario.
Este fenómeno se da en el plano de la policía internacional sobre espacios públicos y la coordinación de agencias estatales –funciones más tradicionales, como el derecho del mar, el aeroespacial, la coordinación postal y de las telecomunicaciones-, pero incluye nuevos espacios de acción como la política ambiental, la seguridad internacional, la lucha contra el delito global, el aseguramiento creciente de la protección a los derechos humanos, la reglamentación del comercio teniendo en cuenta la íntima imbricación productiva y el crecimiento exponencial de las cadenas productivas globales, el surgimiento de nuevos actores regionales y globales, e innumerable cantidad de espacios de construcción de una normativa internacional en construcción y reforma acelerada en la que se hace imprescindible contar con una participación alerta, coordinada, transparente y clara.
La presente propuesta sugiere la reformulación de la acción política argentina de cara al exterior superando las tradicionales compartimentalizaciones propias del anterior paradigma internacional, en el que los protagonistas excluyentes eran los “Estados”, y propone una acción global que será coordinada por el Estado a través de su organismo específico, la Cancillería, pero que tendrá en los propios actores sociales protagonistas destacados y en el que la propia Cancillería debe reorganizarse para el monitereo permanente de las diferentes dimensiones de la integración argentina al mundo, potenciando su acción, especializando cada vez más su plantel, imbricándose con los especialistas y actores de la sociedad civil y asumiéndose como la punta de lanza de la reinserción de la Argentina en los diferentes espacios y dimensiones del escenario global.
Asume la nueva realidad internacional más “horizontal” y más “plural”, tanto en los tipos de relaciones como en los actores. E indaga los caminos posibles para evitar que la política exterior quede aprisionada en alineamientos y propuestas generadas por otros actores –estatales o no estatales- del escenario global, que usualmente construyen escenarios adecuados a sus propios fines y con los que se debe convivir. Ejemplos: la OEA, tradicionalmente util a la política regional de Estados Unidos, o la actual UNASUR, util a la política regional de Brasil, o la ALBA, herramienta construida por el espacio “bolivariano”, etc. En todos ellos el interés nacional tiene puntos de contacto y puntos de divergencia. En ninguno de ellos se expresa claramente la conveniencia autónoma de la Argentina, a pesar de la pertenencia, no pertenencia y diferentes grados de relaciones que el país tenga con esos colectivos. Nuestro país, por su parte, no ha diseñado ningún espacio adecuado a sus objetivos, en gran medida porque esos objetivos no forman parte de una estrategia nacional elaborada, y ni siquiera son explicitados a fin de que los actores –funcionarios, empresarios, actores diversos- cuenten con guías de acción permanentes.
Esta propuesta explora una metodología que nos permita dilucidar los espacios prioritarios para los objetivos nacionales de integración al nuevo paradigma global y para ello utiliza el concepto de la “multi-dimensionalidad” de la política exterior, entendiendo por tal la acción en un conjunto de “redes” vinculadas por un nodo central coordinador, la Cancillería.
Las diferentes dimensiones de la política exterior se caracterizarán por la clase de relaciones que la Argentina (entendida en sentido amplio, es decir no sólo su Estado sino toda la sociedad) tiene o se propone tener con los otros actores –públicos y privados- del mundo globalizado.
La definición es flexible. La enunciación de las dimensiones más importantes no implica negar la propia existencia de otras, que requerirán nuevos diseños de actores internos y detección de actores externos, así como definición de estrategias en cada aspecto. Pero busca aclarar conceptualmente los espacios de acción y las líneas de acción que en cada uno de ellos son adecuados para la mejor participación argentina en el mundo global, potenciando sus aspectos favorables y evitando en la medida de las posibilidades las secuelas negativas de la globalización.
Las dimensiones de la política exterior
La multimensionalidad de la necesaria integración de la Argentina en el mundo ayuda a definir ejes políticos para la nueva etapa. Supone seis dimensiones principales que se agregan, como está dicho, a las políticas hacia el interior: la integración regional-territorial, la integración comercial-financiera, la integración virtual, la integración científico técnica, la integración en la defensa y la integración política-jurídica. Estas dimensiones no son ni estáticas, ni excluyentes, ni finales. Pueden surgir otras, según el denso dinamismo de la evolución económica, tecnológica, política, militar y hasta sanitaria del mundo. Deben verse, en consecuencia, como una aproximación que busca responder a los interrogantes de la situación en esta primer década del siglo XXI.
La primera integración: territorial.
La integración regional-territorial tiene, como lo dice su nombre, su espacio de acción en la región e implica el diseño de una adecuada inserción de las corrientes de comercio, inversión, migraciones, energía, transportes, comunicaciones, en el bloque más cercano. Su espacio de reflexión y praxis es la región y centralmente, la infraestructura. Traído a la Argentina, implica el diseño y la ejecución de la infraestructura regional que facilite el comercio y el desplazamiento con los países vecinos: completar los pasos trasandinos, construir la autopista mesopotámica y aún la atlántica, si el Uruguay la demandara con fuerza; integrar los sistemas eléctricos, la red de gasoductos y de oleoductos, facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones permanentemente actualizadas en la frontera del desarrollo tecnológico, realizar la canalización del Bermejo, desarrollar y mantener operativa la hidrovía, diseñar y ejecutar una red ferroviaria regional que integre la Argentina con el Brasil, Chile, Bolivia-Perú y Paraguay. Los interlocutores primarios de esta integración son, por definición, los países vecinos y cercanos y en especial Brasil, cuya condición de integrante del grupo de las grandes economías emergentes genera un interés especial para la economía argentina, tanto como destino de su producción como por su imbricación con numerosas cadenas productivas, entre las cuales se encuentra nada menos que la automotriz.
La segunda integración
La integración económica-comercial-financiera tiene como objetivo la mejor imbricación del espacio económico nacional con el espacio cosmopolita, aprovechando sus potencialidades y generando en el territorio los mejores eslabones posibles de las cadenas de valor en los que intervengan compatriotas dentro de la lógica funcional del nuevo paradigma. En el plano público, la Argentina debe participar en las negociaciones económicas globales activamente, con clara conciencia de los intereses defendidos y los propósitos buscados.
Los escenarios globales –como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- y regionales –como la ALADI y su propio derivado, el Mercosur, así como los organismos financieros regionales- deben ser espacios de praxis prioritarios, pero sin descuidar las negociaciones bilaterales con las economías con las que el espacio nacional pueda imbricarse en forma virtuosa. No sólo los grandes mercados emergentes –como China, India, Malasia, Vietnam y otras naciones del SE asiático, sino los países africanos más avanzados, a punto de iniciar su ingreso al mundo global, como Sudáfrica-.
En el plano privado, explorar la mejor participación en las cadenas productivas globales, el relacionamiento con los flujos de comercio e inversión, la localización de etapas generadoras de valor lo más cercanas posibles a los eslabones más rentables, el aprovechamiento y la optimización de los espacios de mercado más accesibles y la modernización tecnológica constante con los estándares que se encuentren en la línea de frontera de avance de la economía mundial.
La tercera integración
La integración virtual ofrece un espacio singular para la potenciar la creatividad nacional con un mercado en expansión: el mundo hispanohablante.
Más de 400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se encuentra en nuestro sub-continente latinoamericano, pero extendido a los dos mercados desarrollados más importantes (Estados Unidos y Europa, a través de los hispanohablantes norteamericanos y los españoles) son un espacio ideal de proyección de nuestras industrias culturales.
En América Latina aún resuenan, como improntas lejanas, ecos diluidos de nuestras glorias pasadas en el plano cinematográfico, bibliográfico, académico. El prestigio argentino es quizás donde menos daño ha sufrido –ante el deterioro que los arrebatos populistas han provocado en la imagen del país en el resto del mundo-. Es el espacio natural de ubicación de nuestra pujante producción audiovisual, para integrar redes editoriales, desarrollar mercados para nuestros escritores, vincular nuestros centros académicos con los similares de la región, haciendo interfase con el mundo. La propia “puesta en valor” del idioma español debiera tener en la Argentina un protagonista central.
Los interlocutores naturales de esta integración son los países hispanohablantes latinoamericanos, las comunidades hipanohablantes norteamericanas y los españoles, que han mantenido una política de estado que ha atravesado gobiernos de diferente signo, hundiendo sus raíces en el propio franquismo. Las características de la nueva sociedad planetaria hace que a raíz del desarrollo de los medios interactivos, la necesidad de contenidos para diferentes plataformas –desde redes de televisión en nuevos soportes técnicos hasta computadoras, desde artefactos portátiles de reproducción tipo MP3, MP4 o MP5 hasta celulares crecientemente integrados- tal demanda se pronostique como estable o creciente, con puestos de trabajo de buen nivel retributivo y participación en la frontera del desarrollo económico tecnológico.
Esta “tercera integración” ofrece un espacio vírgen para el impulso y creación de un espacio internacional con un decidido liderazgo nacional, en el que puede surgir naturalmente por su identidad idiomática, su ubicación geográfica y su potencial económico-cultural.
La cuarta integración
La integración científico técnica apuntará a vincular estrechamente la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico con los centros de investigación científica de frontera, así como con los espacios de desarrollo tecnológico en los que sea posible imbricar la tecnología producida en el país con las redes globales.
El impulso a la participación en las redes científicas, en proyectos cooperativos de alto nivel, en desarrollos tecnológicos multilaterales de avanzada, en las redes universitarias más reconocidas, el intercambio con los centros académicos de la región y del mundo, el relacionamiento de los proyectos desarrollados en el país con similares realizados en otros espacios geográficos, debe formar parte de una política fuertemente proactiva, cuyos objetivos deben surgir de la participación de los actores del sector que desarrollan su actividad en el país.
La realización de iniciativas de análisis de prospectivas por el método “Delphi”, de excelentes resultados en otros países como Alemania, Japón o el propio Brasil y que cuenta con un intento lamentablemente interrumpido realizado en la Argentina en el 2001, permitirá contar con la información cercana al sector y el marco de reflexión plural necesarios para definir las políticas públicas en el área científico técnica para los próximos lustros. Esos resultados serán un aporte invalorable para la fijación de prioridades y cursos de acción hacia el plano global, concentrando esfuerzos tras definiciones de objetivos compartidas entre los sectores público y privado, superador de las interrupciones cíclicas que implican los cambios de administración. Esa integración contará con interlocutores diferentes a los campos anteriores y trascenderá a los Estados nacionales para alcanzar a instituciones, organismos e iniciativas supraestatales, multilaterales, de la sociedad civil e incluso empresariales e individuales.
La quinta integración
La quinta integración es la relacionada con la defensa y la seguridad. Aunque ambos campos fueron cuidadosamente separados en los albores de la recuperación democrática por los funestos efectos del poder militar ejerciendo de policía política interna como política de estado durante el gobierno justicialista 1973-76 y la dictadura de 1976-83, la situación internacional obliga a una nueva reflexión sobre el tema que incluya a las nuevas amenazas, difícilmente vinculables a las tradicionales “hipótesis de conflicto” de la primera modernidad y los Estados Soberanos.
En la situación actual, justamente el gran peligro es confundir los términos y convertir en peligro “militar” la acción terrorista a fin de arribar a la sensación de seguridad que implica enfrentarse a algo conocido. La acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak, dirigidas a limitar el accionar del “terrorismo” que atacó las torres gemelas –pero también en Bali, Indonesia; en Londres; en Madrid; y en la propia Buenos Aires con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA- son la demostración cabal de la insuficiencia de la tradicional diferencia de enfoques y su peligro, al querer atacar un problema de la “segunda modernidad” con las herramientas conceptuales de la primera.
El terrorismo, al igual que las redes delictivas globales, es un fenómeno que se apoya en actores de la sociedad civil, jugando en el borde mismo de la legalidad. Cuando es interno, debe ser combatido por la policía y la justicia. Al ser global, requiere la conformación de nuevas respuestas que organicen las acciones de los gobiernos para erradicarlo. Ante el peligro de que lleguen a sus manos armas militares de alto poder y generar peligros de dimensión inconmensurable –proliferación nuclear, terrorismo biológico, equipamiento militar asentado en territorios sin Estado, etc- es imposible abordarlo sin contemplar el componente militar, en el marco reflexivo integral que lo absorba de la dinámica inter-estatal de las tradicionales hipótesis de conflicto del viejo mundo “moderno”.
Los problemas tradicionales de defensa han cedido su prioridad a estas nuevas amenazas que se traducen en riesgos globales –armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, deterioro ambiental, guerra biológica, peligros de sabotajes- con formas de acción totalmente novedosas. La actitud de ignorarlos y descuidar el mantenimiento y desarrollo de una herramienta militar de la defensa nacional puede, eventualmente, ser sumamente costoso para el país.
El mundo está delineando en forma plural organismos que incluyen a los países responsables, en los que es necesario participar integrándose a la red de seguridad internacional de los espacios democráticos, que a la vez que organizar un sistema eficaz de prevención y defensa frente a las nuevas amenazas, actúe como límite a las iniciativas de autodefensa de las naciones que se sientan con poder como para actuar en forma unilateral. Lo segundo es imposible sin lo primero, por la misma razón ya expresada por Hobbes al analizar la autolimitación de los fuertes cuando delegan el ejercicio de la violencia en el gobierno: sólo la sensación y la convicción de estar mejor defendidos por una acción colectiva que por su propia capacidad disuasiva, persuadirá a los más fuertes de limitar su poder delegándolo en un organismo superior.
Las otras opciones en este campo son seguir en el camino actual, declamatorio e impotente –lo que hará persistir las iniciativas de autodefensa de quien tenga fuerza para hacerlo, sea en Afganistán o en Georgia, en el Líbano, en Gaza o en Asia Central, a la vez que derivará inexorablemente en la inducción de una carrera armamentista global por parte de los Estados nacionales-; o en actuar decididamente entre quienes tienen confianza política recíproca y homologables sistemas políticos democráticos, quienes están más cerca de arribar a la meta kantiana de la república federal democrática global, para conformar espacios e instrumentos de prevención y acción multilaterales contra esas nuevas amenazas, con los naturales recaudos procedimentales y normativos.
En la opción pareciera claro que el camino adecuado es el segundo y pareciera también conveniente formar parte de ese espacio de Defensa, más que ser un extraño a él. Los interlocutores serán quienes tengan la vanguardia en la reflexión y organización sobre el mismo, sea en el marco de las Naciones Unidas, en el de organizaciones regionales o en el de coaliciones regionales o globales de objetivos específicos –al estilo del tratado de no proliferación misilística-.
Bueno es recordar que la pertenencia a ese grupo de élite que integran fundamentalmente las democracias maduras no será el resultado de una simple decisión unilateral del gobierno de turno, como pudo comprobarlo el gobierno de Carlos Menem cuando solicitó la incorporación de la Argentina a la OTAN, sino de un comportamiento interno y externo homologable, proyectado en el tiempo, serio y previsible, asentado en una opinión pública madura, que genere la confianza necesaria en las democracias desarrolladas como para interesarlas en convocar al país a participar de ese espacio. Y tanto esa madurez como ese reconocimiento debe construirse con una acción permanente y prolongada tanto de las autoridades como del conjunto nacional.
La sexta integración
La última integración es la política-jurídica.
En el mundo se van gestando dos grandes espacios: quienes con diferencias de grado y de compromiso pretenden conformar un espacio normatizado de gestión global multilateral y aceptan la necesidad de crear el entramado normativo de la globalización, por una parte; y quienes prefieren autoexcluirse del esfuerzo y conservar la prédica “soberanista” a ultranza, con su correlato belicista, su generación de desconfianza e inseguridad y sus vínculos con países y organizaciones que se mueven al margen de la legalidad global en formación, por la otra.
En esta última integración debe asumirse en forma clara la responsabilidad de participar en el diseño del mundo global. No sólo es funcional con el proyecto modernizador que nos fundó como Nación. El propio San Martín, al declarar en Lima que “nuestra causa es la causa del género humano”, señaló el contenido político modernizador y cosmopolita de la gesta libertadora continental. Es el contenido de los documentos fundacionales: las definiciones de la GAZETA, las resoluciones de la Asamblea de 1813, el contenido de la Declaración de la Independencia de 1816, la elaboración intelectual de la Generación del 37, el programa de la Constitución Nacional definido en el Preámbulo, las medidas de construcción del país tomadas por los primeros gobiernos del país organizado y culminadas con la sanción de la Ley del Sufragio Libre, en 1916.
La Argentina no se entiende sin ese proyecto, que fuera luego adjetivado –en ocasiones positivamente, en ocasiones no tanto- por políticas que durante el siglo XX provocaron el creciente aislamiento de un país que nació cosmopolita y que al adoptar la moda circunstancial de la primera mitad del siglo XX perdió el rumbo al inicio de la cuarta década del siglo pasado. La propia base normativa formal del país –la Constitución Nacional y provinciales, el entramado normativo, el derecho penal positivo, la legislación civil, comercial, procesal, etc- continúan siendo en esencia cosmopolitas y homologables con las democracias exitosas, a pesar de la praxis crecientemente autoritaria del poder frente a los ciudadanos, considerada por la mayoría como una circunstancia excepcional –a pesar de su extensión temporal-.
No debieran existir dudas sobre la ubicación internacional argentina, sobre la necesidad de trabajar en una normativa multilateral, en el apoyo irrestricto y supranacional de los derechos humanos sin limitaciones aceptables en razón de “soberanía” nacional alguna y sobre la adscripción al trabajo por extender la normativa planetaria a otros ámbitos.
La reorganización de la herramienta política, el Ministerio de RREE
Esas seis integraciones son los caminos para una imbricación exitosa de la Argentina en el mundo cosmopolita. La conciencia de su importancia ayudará a evitar embarcar a la República Argentina en iniciativas de otros países disonantes con sus objetivos, desperdiciando prestigio y recursos en iniciativas inconducentes para su reintegración al mundo o trasladando al debate nacional polarizaciones o enfrentamientos internos alejados de los intereses de los argentinos. Para avanzar en todas ellas, un piso nacional es imprescindible: la vigencia sólida e irrestricta del estado de derecho, cuestión que no depende del mundo, sino de la propia decisión nacional.
El Servicio Exterior de la Nación es, quizás, la organización del Estado que –junto a las Fuerzas Armadas- cuenta con el personal más especializado en la función para la que está destinado. Sin embargo, la deficiente fijación de objetivos ha subutilizado su capacitación, sumiendo a la carrera diplomática a una lucha por traslados, ascensos y destinos en muchos cados desvinculados de la tarea profesional, que carece de cartabones con los cuales cotejar éxitos, fracasos, compromisos y desinterés.
Esta propuesta sugiere reconvertir al Servicio Exterior en el organismo especializado de pensamiento estratégico de la Nación en su conjunto, fuertemente imbricado con la sociedad civil y sus actores sectoriales –económico, político, gremial, cultural, científico- y en el órgano articulador de los esfuerzos nacionales para su integración al mundo en las diferentes redes públicas y privadas que puedan potenciar el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.
A tal fin, el Ministerio deberá reorganizarse en base a áreas responsables del seguimiento, gestión y coordinación de las diferentes áreas o dimensiones de la integración, cuyos responsables conformarán una mesa de elaboracion estratégica de asesoramiento permanente a la conducción política del Ministerio.
Esta organización no es funcional con la tradicional diferenciación tajante entre las áreas políticas y las económicas. Todas deberán interactuar, aún a conciencia de que sus interlocutores externos no serán necesariamente los mismos, aunque pueda haber superposiciones. Los interlocutores de la primera integración –territorial e infraestructura- serán centralmente los países límítrofes y cercanos. Los de la segunda integración –comercial financiera- serán los mercados y actores con que nuestra economía requiera mejorar el relacionamiento. Los de la tercera integración –virtual- serán centralmente los países hispanohablantes, entre los cuales no sólo se cuentan los hispanoamericanos sino España y los Estados Unidos, que cuentan con un potencial de producción audiovisual necesariamente “partners” de los esfuerzos nacionales. Los de la cuarta integración –científica y técnica- serán los países, centros de investigación, universidades y empresas con los que nos interese vincular a los actores del sistema científico técnico nacional. Los de la quinta integración –defensa y seguridad- serán los organismos internacionales, regionales y “ad hoc” que están trabajando en el mundo por el mejoramiento de la seguridad global, la persecusión de los delitos globales y la acción contra el terrorismo internacional. La sexta integración, por último –política y jurídica- se encargará de la mejor inserción de la Argentina en las iniciativas globales, regionales y locales destinadas a mejorar la gobernabilidad del mundo (tipo “G-20” y similares), así como a la articulación del país con las iniciativas jurídicas que buscan normatizar los espacios actualmente anómicos del mundo globalizado. Sus interlocutores principales serán los países que ya integran el núcleo de la gobernabilidad planetaria, pero también los asociados en la búsqueda de una ampliación de ese núcleo, entre los cuales Brasil es un protagonista singularmente trascendente por las diversas razones que son conocidas –vecindad, dimensión, estabilidad política y visibilidad internacional-.
Esta reorganización debe, por último, realizarse con una participación activa de los profesionales del Servicio Exterior, a los que debe asegurar el desarrollo de una carrera diplomática que a la vez de exigir niveles de excelencia y capacitación constante, asegure a los protagonistas la seguridad de un trato despolitizado e imparcial en el avance de su carrera, con el máximo nivel de transparencia y respeto a sus derechos.
Ricardo Lafferriere
Una diferencia sustancial de la actual realidad internacional con respecto a la propia del mundo bipolar es el creciente protagonismo de actores no estatales y la proliferación de organizaciones y organismos “para” estatales, “supra” estatales, privados, mixtos, e incluso ONGs. desarrollando actividades de profunda trascendencia en el nuevo escenario.
Este fenómeno se da en el plano de la policía internacional sobre espacios públicos y la coordinación de agencias estatales –funciones más tradicionales, como el derecho del mar, el aeroespacial, la coordinación postal y de las telecomunicaciones-, pero incluye nuevos espacios de acción como la política ambiental, la seguridad internacional, la lucha contra el delito global, el aseguramiento creciente de la protección a los derechos humanos, la reglamentación del comercio teniendo en cuenta la íntima imbricación productiva y el crecimiento exponencial de las cadenas productivas globales, el surgimiento de nuevos actores regionales y globales, e innumerable cantidad de espacios de construcción de una normativa internacional en construcción y reforma acelerada en la que se hace imprescindible contar con una participación alerta, coordinada, transparente y clara.
La presente propuesta sugiere la reformulación de la acción política argentina de cara al exterior superando las tradicionales compartimentalizaciones propias del anterior paradigma internacional, en el que los protagonistas excluyentes eran los “Estados”, y propone una acción global que será coordinada por el Estado a través de su organismo específico, la Cancillería, pero que tendrá en los propios actores sociales protagonistas destacados y en el que la propia Cancillería debe reorganizarse para el monitereo permanente de las diferentes dimensiones de la integración argentina al mundo, potenciando su acción, especializando cada vez más su plantel, imbricándose con los especialistas y actores de la sociedad civil y asumiéndose como la punta de lanza de la reinserción de la Argentina en los diferentes espacios y dimensiones del escenario global.
Asume la nueva realidad internacional más “horizontal” y más “plural”, tanto en los tipos de relaciones como en los actores. E indaga los caminos posibles para evitar que la política exterior quede aprisionada en alineamientos y propuestas generadas por otros actores –estatales o no estatales- del escenario global, que usualmente construyen escenarios adecuados a sus propios fines y con los que se debe convivir. Ejemplos: la OEA, tradicionalmente util a la política regional de Estados Unidos, o la actual UNASUR, util a la política regional de Brasil, o la ALBA, herramienta construida por el espacio “bolivariano”, etc. En todos ellos el interés nacional tiene puntos de contacto y puntos de divergencia. En ninguno de ellos se expresa claramente la conveniencia autónoma de la Argentina, a pesar de la pertenencia, no pertenencia y diferentes grados de relaciones que el país tenga con esos colectivos. Nuestro país, por su parte, no ha diseñado ningún espacio adecuado a sus objetivos, en gran medida porque esos objetivos no forman parte de una estrategia nacional elaborada, y ni siquiera son explicitados a fin de que los actores –funcionarios, empresarios, actores diversos- cuenten con guías de acción permanentes.
Esta propuesta explora una metodología que nos permita dilucidar los espacios prioritarios para los objetivos nacionales de integración al nuevo paradigma global y para ello utiliza el concepto de la “multi-dimensionalidad” de la política exterior, entendiendo por tal la acción en un conjunto de “redes” vinculadas por un nodo central coordinador, la Cancillería.
Las diferentes dimensiones de la política exterior se caracterizarán por la clase de relaciones que la Argentina (entendida en sentido amplio, es decir no sólo su Estado sino toda la sociedad) tiene o se propone tener con los otros actores –públicos y privados- del mundo globalizado.
La definición es flexible. La enunciación de las dimensiones más importantes no implica negar la propia existencia de otras, que requerirán nuevos diseños de actores internos y detección de actores externos, así como definición de estrategias en cada aspecto. Pero busca aclarar conceptualmente los espacios de acción y las líneas de acción que en cada uno de ellos son adecuados para la mejor participación argentina en el mundo global, potenciando sus aspectos favorables y evitando en la medida de las posibilidades las secuelas negativas de la globalización.
Las dimensiones de la política exterior
La multimensionalidad de la necesaria integración de la Argentina en el mundo ayuda a definir ejes políticos para la nueva etapa. Supone seis dimensiones principales que se agregan, como está dicho, a las políticas hacia el interior: la integración regional-territorial, la integración comercial-financiera, la integración virtual, la integración científico técnica, la integración en la defensa y la integración política-jurídica. Estas dimensiones no son ni estáticas, ni excluyentes, ni finales. Pueden surgir otras, según el denso dinamismo de la evolución económica, tecnológica, política, militar y hasta sanitaria del mundo. Deben verse, en consecuencia, como una aproximación que busca responder a los interrogantes de la situación en esta primer década del siglo XXI.
La primera integración: territorial.
La integración regional-territorial tiene, como lo dice su nombre, su espacio de acción en la región e implica el diseño de una adecuada inserción de las corrientes de comercio, inversión, migraciones, energía, transportes, comunicaciones, en el bloque más cercano. Su espacio de reflexión y praxis es la región y centralmente, la infraestructura. Traído a la Argentina, implica el diseño y la ejecución de la infraestructura regional que facilite el comercio y el desplazamiento con los países vecinos: completar los pasos trasandinos, construir la autopista mesopotámica y aún la atlántica, si el Uruguay la demandara con fuerza; integrar los sistemas eléctricos, la red de gasoductos y de oleoductos, facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones permanentemente actualizadas en la frontera del desarrollo tecnológico, realizar la canalización del Bermejo, desarrollar y mantener operativa la hidrovía, diseñar y ejecutar una red ferroviaria regional que integre la Argentina con el Brasil, Chile, Bolivia-Perú y Paraguay. Los interlocutores primarios de esta integración son, por definición, los países vecinos y cercanos y en especial Brasil, cuya condición de integrante del grupo de las grandes economías emergentes genera un interés especial para la economía argentina, tanto como destino de su producción como por su imbricación con numerosas cadenas productivas, entre las cuales se encuentra nada menos que la automotriz.
La segunda integración
La integración económica-comercial-financiera tiene como objetivo la mejor imbricación del espacio económico nacional con el espacio cosmopolita, aprovechando sus potencialidades y generando en el territorio los mejores eslabones posibles de las cadenas de valor en los que intervengan compatriotas dentro de la lógica funcional del nuevo paradigma. En el plano público, la Argentina debe participar en las negociaciones económicas globales activamente, con clara conciencia de los intereses defendidos y los propósitos buscados.
Los escenarios globales –como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- y regionales –como la ALADI y su propio derivado, el Mercosur, así como los organismos financieros regionales- deben ser espacios de praxis prioritarios, pero sin descuidar las negociaciones bilaterales con las economías con las que el espacio nacional pueda imbricarse en forma virtuosa. No sólo los grandes mercados emergentes –como China, India, Malasia, Vietnam y otras naciones del SE asiático, sino los países africanos más avanzados, a punto de iniciar su ingreso al mundo global, como Sudáfrica-.
En el plano privado, explorar la mejor participación en las cadenas productivas globales, el relacionamiento con los flujos de comercio e inversión, la localización de etapas generadoras de valor lo más cercanas posibles a los eslabones más rentables, el aprovechamiento y la optimización de los espacios de mercado más accesibles y la modernización tecnológica constante con los estándares que se encuentren en la línea de frontera de avance de la economía mundial.
La tercera integración
La integración virtual ofrece un espacio singular para la potenciar la creatividad nacional con un mercado en expansión: el mundo hispanohablante.
Más de 400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se encuentra en nuestro sub-continente latinoamericano, pero extendido a los dos mercados desarrollados más importantes (Estados Unidos y Europa, a través de los hispanohablantes norteamericanos y los españoles) son un espacio ideal de proyección de nuestras industrias culturales.
En América Latina aún resuenan, como improntas lejanas, ecos diluidos de nuestras glorias pasadas en el plano cinematográfico, bibliográfico, académico. El prestigio argentino es quizás donde menos daño ha sufrido –ante el deterioro que los arrebatos populistas han provocado en la imagen del país en el resto del mundo-. Es el espacio natural de ubicación de nuestra pujante producción audiovisual, para integrar redes editoriales, desarrollar mercados para nuestros escritores, vincular nuestros centros académicos con los similares de la región, haciendo interfase con el mundo. La propia “puesta en valor” del idioma español debiera tener en la Argentina un protagonista central.
Los interlocutores naturales de esta integración son los países hispanohablantes latinoamericanos, las comunidades hipanohablantes norteamericanas y los españoles, que han mantenido una política de estado que ha atravesado gobiernos de diferente signo, hundiendo sus raíces en el propio franquismo. Las características de la nueva sociedad planetaria hace que a raíz del desarrollo de los medios interactivos, la necesidad de contenidos para diferentes plataformas –desde redes de televisión en nuevos soportes técnicos hasta computadoras, desde artefactos portátiles de reproducción tipo MP3, MP4 o MP5 hasta celulares crecientemente integrados- tal demanda se pronostique como estable o creciente, con puestos de trabajo de buen nivel retributivo y participación en la frontera del desarrollo económico tecnológico.
Esta “tercera integración” ofrece un espacio vírgen para el impulso y creación de un espacio internacional con un decidido liderazgo nacional, en el que puede surgir naturalmente por su identidad idiomática, su ubicación geográfica y su potencial económico-cultural.
La cuarta integración
La integración científico técnica apuntará a vincular estrechamente la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico con los centros de investigación científica de frontera, así como con los espacios de desarrollo tecnológico en los que sea posible imbricar la tecnología producida en el país con las redes globales.
El impulso a la participación en las redes científicas, en proyectos cooperativos de alto nivel, en desarrollos tecnológicos multilaterales de avanzada, en las redes universitarias más reconocidas, el intercambio con los centros académicos de la región y del mundo, el relacionamiento de los proyectos desarrollados en el país con similares realizados en otros espacios geográficos, debe formar parte de una política fuertemente proactiva, cuyos objetivos deben surgir de la participación de los actores del sector que desarrollan su actividad en el país.
La realización de iniciativas de análisis de prospectivas por el método “Delphi”, de excelentes resultados en otros países como Alemania, Japón o el propio Brasil y que cuenta con un intento lamentablemente interrumpido realizado en la Argentina en el 2001, permitirá contar con la información cercana al sector y el marco de reflexión plural necesarios para definir las políticas públicas en el área científico técnica para los próximos lustros. Esos resultados serán un aporte invalorable para la fijación de prioridades y cursos de acción hacia el plano global, concentrando esfuerzos tras definiciones de objetivos compartidas entre los sectores público y privado, superador de las interrupciones cíclicas que implican los cambios de administración. Esa integración contará con interlocutores diferentes a los campos anteriores y trascenderá a los Estados nacionales para alcanzar a instituciones, organismos e iniciativas supraestatales, multilaterales, de la sociedad civil e incluso empresariales e individuales.
La quinta integración
La quinta integración es la relacionada con la defensa y la seguridad. Aunque ambos campos fueron cuidadosamente separados en los albores de la recuperación democrática por los funestos efectos del poder militar ejerciendo de policía política interna como política de estado durante el gobierno justicialista 1973-76 y la dictadura de 1976-83, la situación internacional obliga a una nueva reflexión sobre el tema que incluya a las nuevas amenazas, difícilmente vinculables a las tradicionales “hipótesis de conflicto” de la primera modernidad y los Estados Soberanos.
En la situación actual, justamente el gran peligro es confundir los términos y convertir en peligro “militar” la acción terrorista a fin de arribar a la sensación de seguridad que implica enfrentarse a algo conocido. La acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak, dirigidas a limitar el accionar del “terrorismo” que atacó las torres gemelas –pero también en Bali, Indonesia; en Londres; en Madrid; y en la propia Buenos Aires con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA- son la demostración cabal de la insuficiencia de la tradicional diferencia de enfoques y su peligro, al querer atacar un problema de la “segunda modernidad” con las herramientas conceptuales de la primera.
El terrorismo, al igual que las redes delictivas globales, es un fenómeno que se apoya en actores de la sociedad civil, jugando en el borde mismo de la legalidad. Cuando es interno, debe ser combatido por la policía y la justicia. Al ser global, requiere la conformación de nuevas respuestas que organicen las acciones de los gobiernos para erradicarlo. Ante el peligro de que lleguen a sus manos armas militares de alto poder y generar peligros de dimensión inconmensurable –proliferación nuclear, terrorismo biológico, equipamiento militar asentado en territorios sin Estado, etc- es imposible abordarlo sin contemplar el componente militar, en el marco reflexivo integral que lo absorba de la dinámica inter-estatal de las tradicionales hipótesis de conflicto del viejo mundo “moderno”.
Los problemas tradicionales de defensa han cedido su prioridad a estas nuevas amenazas que se traducen en riesgos globales –armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, deterioro ambiental, guerra biológica, peligros de sabotajes- con formas de acción totalmente novedosas. La actitud de ignorarlos y descuidar el mantenimiento y desarrollo de una herramienta militar de la defensa nacional puede, eventualmente, ser sumamente costoso para el país.
El mundo está delineando en forma plural organismos que incluyen a los países responsables, en los que es necesario participar integrándose a la red de seguridad internacional de los espacios democráticos, que a la vez que organizar un sistema eficaz de prevención y defensa frente a las nuevas amenazas, actúe como límite a las iniciativas de autodefensa de las naciones que se sientan con poder como para actuar en forma unilateral. Lo segundo es imposible sin lo primero, por la misma razón ya expresada por Hobbes al analizar la autolimitación de los fuertes cuando delegan el ejercicio de la violencia en el gobierno: sólo la sensación y la convicción de estar mejor defendidos por una acción colectiva que por su propia capacidad disuasiva, persuadirá a los más fuertes de limitar su poder delegándolo en un organismo superior.
Las otras opciones en este campo son seguir en el camino actual, declamatorio e impotente –lo que hará persistir las iniciativas de autodefensa de quien tenga fuerza para hacerlo, sea en Afganistán o en Georgia, en el Líbano, en Gaza o en Asia Central, a la vez que derivará inexorablemente en la inducción de una carrera armamentista global por parte de los Estados nacionales-; o en actuar decididamente entre quienes tienen confianza política recíproca y homologables sistemas políticos democráticos, quienes están más cerca de arribar a la meta kantiana de la república federal democrática global, para conformar espacios e instrumentos de prevención y acción multilaterales contra esas nuevas amenazas, con los naturales recaudos procedimentales y normativos.
En la opción pareciera claro que el camino adecuado es el segundo y pareciera también conveniente formar parte de ese espacio de Defensa, más que ser un extraño a él. Los interlocutores serán quienes tengan la vanguardia en la reflexión y organización sobre el mismo, sea en el marco de las Naciones Unidas, en el de organizaciones regionales o en el de coaliciones regionales o globales de objetivos específicos –al estilo del tratado de no proliferación misilística-.
Bueno es recordar que la pertenencia a ese grupo de élite que integran fundamentalmente las democracias maduras no será el resultado de una simple decisión unilateral del gobierno de turno, como pudo comprobarlo el gobierno de Carlos Menem cuando solicitó la incorporación de la Argentina a la OTAN, sino de un comportamiento interno y externo homologable, proyectado en el tiempo, serio y previsible, asentado en una opinión pública madura, que genere la confianza necesaria en las democracias desarrolladas como para interesarlas en convocar al país a participar de ese espacio. Y tanto esa madurez como ese reconocimiento debe construirse con una acción permanente y prolongada tanto de las autoridades como del conjunto nacional.
La sexta integración
La última integración es la política-jurídica.
En el mundo se van gestando dos grandes espacios: quienes con diferencias de grado y de compromiso pretenden conformar un espacio normatizado de gestión global multilateral y aceptan la necesidad de crear el entramado normativo de la globalización, por una parte; y quienes prefieren autoexcluirse del esfuerzo y conservar la prédica “soberanista” a ultranza, con su correlato belicista, su generación de desconfianza e inseguridad y sus vínculos con países y organizaciones que se mueven al margen de la legalidad global en formación, por la otra.
En esta última integración debe asumirse en forma clara la responsabilidad de participar en el diseño del mundo global. No sólo es funcional con el proyecto modernizador que nos fundó como Nación. El propio San Martín, al declarar en Lima que “nuestra causa es la causa del género humano”, señaló el contenido político modernizador y cosmopolita de la gesta libertadora continental. Es el contenido de los documentos fundacionales: las definiciones de la GAZETA, las resoluciones de la Asamblea de 1813, el contenido de la Declaración de la Independencia de 1816, la elaboración intelectual de la Generación del 37, el programa de la Constitución Nacional definido en el Preámbulo, las medidas de construcción del país tomadas por los primeros gobiernos del país organizado y culminadas con la sanción de la Ley del Sufragio Libre, en 1916.
La Argentina no se entiende sin ese proyecto, que fuera luego adjetivado –en ocasiones positivamente, en ocasiones no tanto- por políticas que durante el siglo XX provocaron el creciente aislamiento de un país que nació cosmopolita y que al adoptar la moda circunstancial de la primera mitad del siglo XX perdió el rumbo al inicio de la cuarta década del siglo pasado. La propia base normativa formal del país –la Constitución Nacional y provinciales, el entramado normativo, el derecho penal positivo, la legislación civil, comercial, procesal, etc- continúan siendo en esencia cosmopolitas y homologables con las democracias exitosas, a pesar de la praxis crecientemente autoritaria del poder frente a los ciudadanos, considerada por la mayoría como una circunstancia excepcional –a pesar de su extensión temporal-.
No debieran existir dudas sobre la ubicación internacional argentina, sobre la necesidad de trabajar en una normativa multilateral, en el apoyo irrestricto y supranacional de los derechos humanos sin limitaciones aceptables en razón de “soberanía” nacional alguna y sobre la adscripción al trabajo por extender la normativa planetaria a otros ámbitos.
La reorganización de la herramienta política, el Ministerio de RREE
Esas seis integraciones son los caminos para una imbricación exitosa de la Argentina en el mundo cosmopolita. La conciencia de su importancia ayudará a evitar embarcar a la República Argentina en iniciativas de otros países disonantes con sus objetivos, desperdiciando prestigio y recursos en iniciativas inconducentes para su reintegración al mundo o trasladando al debate nacional polarizaciones o enfrentamientos internos alejados de los intereses de los argentinos. Para avanzar en todas ellas, un piso nacional es imprescindible: la vigencia sólida e irrestricta del estado de derecho, cuestión que no depende del mundo, sino de la propia decisión nacional.
El Servicio Exterior de la Nación es, quizás, la organización del Estado que –junto a las Fuerzas Armadas- cuenta con el personal más especializado en la función para la que está destinado. Sin embargo, la deficiente fijación de objetivos ha subutilizado su capacitación, sumiendo a la carrera diplomática a una lucha por traslados, ascensos y destinos en muchos cados desvinculados de la tarea profesional, que carece de cartabones con los cuales cotejar éxitos, fracasos, compromisos y desinterés.
Esta propuesta sugiere reconvertir al Servicio Exterior en el organismo especializado de pensamiento estratégico de la Nación en su conjunto, fuertemente imbricado con la sociedad civil y sus actores sectoriales –económico, político, gremial, cultural, científico- y en el órgano articulador de los esfuerzos nacionales para su integración al mundo en las diferentes redes públicas y privadas que puedan potenciar el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.
A tal fin, el Ministerio deberá reorganizarse en base a áreas responsables del seguimiento, gestión y coordinación de las diferentes áreas o dimensiones de la integración, cuyos responsables conformarán una mesa de elaboracion estratégica de asesoramiento permanente a la conducción política del Ministerio.
Esta organización no es funcional con la tradicional diferenciación tajante entre las áreas políticas y las económicas. Todas deberán interactuar, aún a conciencia de que sus interlocutores externos no serán necesariamente los mismos, aunque pueda haber superposiciones. Los interlocutores de la primera integración –territorial e infraestructura- serán centralmente los países límítrofes y cercanos. Los de la segunda integración –comercial financiera- serán los mercados y actores con que nuestra economía requiera mejorar el relacionamiento. Los de la tercera integración –virtual- serán centralmente los países hispanohablantes, entre los cuales no sólo se cuentan los hispanoamericanos sino España y los Estados Unidos, que cuentan con un potencial de producción audiovisual necesariamente “partners” de los esfuerzos nacionales. Los de la cuarta integración –científica y técnica- serán los países, centros de investigación, universidades y empresas con los que nos interese vincular a los actores del sistema científico técnico nacional. Los de la quinta integración –defensa y seguridad- serán los organismos internacionales, regionales y “ad hoc” que están trabajando en el mundo por el mejoramiento de la seguridad global, la persecusión de los delitos globales y la acción contra el terrorismo internacional. La sexta integración, por último –política y jurídica- se encargará de la mejor inserción de la Argentina en las iniciativas globales, regionales y locales destinadas a mejorar la gobernabilidad del mundo (tipo “G-20” y similares), así como a la articulación del país con las iniciativas jurídicas que buscan normatizar los espacios actualmente anómicos del mundo globalizado. Sus interlocutores principales serán los países que ya integran el núcleo de la gobernabilidad planetaria, pero también los asociados en la búsqueda de una ampliación de ese núcleo, entre los cuales Brasil es un protagonista singularmente trascendente por las diversas razones que son conocidas –vecindad, dimensión, estabilidad política y visibilidad internacional-.
Esta reorganización debe, por último, realizarse con una participación activa de los profesionales del Servicio Exterior, a los que debe asegurar el desarrollo de una carrera diplomática que a la vez de exigir niveles de excelencia y capacitación constante, asegure a los protagonistas la seguridad de un trato despolitizado e imparcial en el avance de su carrera, con el máximo nivel de transparencia y respeto a sus derechos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 16 de agosto de 2009
Autoritarios, sectarios, ladrones
La explosión desbordada de Ernesto Tennembaum por Radio Mitre –seguramente, contenida por largo tiempo- sobre la pareja presidencial en oportunidad del reportaje realizado a Agustín Rossi interpretó a muchos –quizás el 70 %- de los argentinos. El autor coincide con ella, y le agrega además, la de peligrosos provocadores.
Mucho tiempo, esfuerzo y sangre costó a los argentinos lograr la democracia que comenzamos a construir en 1983. Liderazgos de alta calidad moral, como la del recientemente desaparecido Raúl Alfonsín, pagaron el precio de su desprestigio y su ocaso político sin dudar un instante, cuando la tentación de caer en la política partidista abría la opción de poner en riesgo el edificio aún fragil de la democracia argentina.
Esta pareja, por el contrario, renueva cada día su indiferencia ante la suerte de la democracia. Está fabricando un polvorín de compatriotas empujados hacia la más dura de las miserias, a pesar de haber contado con los mejores años económicos de la historia gracias a la conjunción de la situación internacional y la capacidad de trabajo de nuestra gente –a la que no ayudaron ni siquiera “dejando de robar por dos años”-.
Destrozan lo que tocan, sin asumir que están ya en zona de desastre. Han llevado a dieciseis millones de compatriotas a la situación de no comer todos los días, mientras siguen dilapidando los recursos incautados a la economía de producción en destinos que, si no estuvieran cargados del dramatismo que muestran, serían circenses. Esos compatriotas no tendrán para comer un plato de sopa cada día, pero podrán ver fútbol los domingos detrás de las vidrieras de los bares, ya que es difícil que puedan hacerlo en las improvisadas carpas construidas con cartones viejos y frazadas agujereadas en las plazas y calles del país.
Con los diez millones de pesos por día que caen en el agujero negro de Aerolíneas se podría dar al menos un plato de comida diario a más de dos millones de argentinos, de esos dieciséis. Prefieren utilizarlos para mantener alineadas las redes clientelistas de pilotos, sindicalistas corruptos, proveedores, amigos que viajan gratis y pasajeros para sus hoteles sureños, diseñados con buen gusto internacional en el centro de la villa miseria en que se va convirtiendo no sólo Buenos Aires, sino también, el Calafate. Con los seiscientos millones que se destinarán al circo de la corrupción futbolera podrían, al menos, reducir en algunos puntos el robo que hacen a los hombres de campo, dándoles siquiera un pequeño aliciente para que vuelvan a sembrar con menos pérdidas. Pero ni para los pobres ni para los productores alcanza la caja. Tiene otros destinos, más miserables, más inmorales, más corruptos.
El desparpajo con que actúan no merece otra descripción que el de provocadores. Es una provocación la inmoral exhibición de su riqueza personal mal habida. Es una provocación la continuada apropiación de recursos ajenos. Es una provocación la violación constante de las leyes del país. Es una provocación fomentar desde la tribuna presidencial el odio y la división entre los argentinos. Nada tiene que ver con su juramento de respetar y hacer respetar una Constitución que los obliga a “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.
Dividen al país –no lo unen-. Avasallan la justicia –no la afianzan-. Promueven la violencia social –y no la paz-. Desmantelan la defensa nacional –no la proveen-. Deterioran el bienestar general –no lo promueven-. Y cada día más, por último, niegan los beneficios de la libertad a mayor cantidad de compatriotas, pobres y ricos. Humillados por el clientelismo, si son pobres, amenazados por la arbitrariedad, si no lo son, y atemorizados por la violencia desbordada en la vida cotidiana, a la que parecieran incentivar con su desinterés por cualquier política destinada a combatir la inseguridad.
Pero son nada más y nada menos que lo que son y cuando más rápido sean historia, será mejor para todos. Una historia que será recordada como pesadilla en los libros que en futuro estudien esta dramática etapa de la democracia argentina.
En todo caso, lo más triste pero también preocupante para esa democracia es que uno de los partidos políticos más importantes del país esté jugando su prestigio histórico, su perdurabilidad futura, sus principios justicieros y su moral política sosteniendo –porque así lo hacen con sus votaciones amañadas en el Congreso y su vergonzante respaldo por parte de sindicalistas y gobernadores- a quienes un periodista, representando seguramente la convicción del setenta por ciento de los argentinos, ha definido –no calificado- como lo ha hecho, con las palabras del título de esta nota.
Ricardo Lafferriere
Mucho tiempo, esfuerzo y sangre costó a los argentinos lograr la democracia que comenzamos a construir en 1983. Liderazgos de alta calidad moral, como la del recientemente desaparecido Raúl Alfonsín, pagaron el precio de su desprestigio y su ocaso político sin dudar un instante, cuando la tentación de caer en la política partidista abría la opción de poner en riesgo el edificio aún fragil de la democracia argentina.
Esta pareja, por el contrario, renueva cada día su indiferencia ante la suerte de la democracia. Está fabricando un polvorín de compatriotas empujados hacia la más dura de las miserias, a pesar de haber contado con los mejores años económicos de la historia gracias a la conjunción de la situación internacional y la capacidad de trabajo de nuestra gente –a la que no ayudaron ni siquiera “dejando de robar por dos años”-.
Destrozan lo que tocan, sin asumir que están ya en zona de desastre. Han llevado a dieciseis millones de compatriotas a la situación de no comer todos los días, mientras siguen dilapidando los recursos incautados a la economía de producción en destinos que, si no estuvieran cargados del dramatismo que muestran, serían circenses. Esos compatriotas no tendrán para comer un plato de sopa cada día, pero podrán ver fútbol los domingos detrás de las vidrieras de los bares, ya que es difícil que puedan hacerlo en las improvisadas carpas construidas con cartones viejos y frazadas agujereadas en las plazas y calles del país.
Con los diez millones de pesos por día que caen en el agujero negro de Aerolíneas se podría dar al menos un plato de comida diario a más de dos millones de argentinos, de esos dieciséis. Prefieren utilizarlos para mantener alineadas las redes clientelistas de pilotos, sindicalistas corruptos, proveedores, amigos que viajan gratis y pasajeros para sus hoteles sureños, diseñados con buen gusto internacional en el centro de la villa miseria en que se va convirtiendo no sólo Buenos Aires, sino también, el Calafate. Con los seiscientos millones que se destinarán al circo de la corrupción futbolera podrían, al menos, reducir en algunos puntos el robo que hacen a los hombres de campo, dándoles siquiera un pequeño aliciente para que vuelvan a sembrar con menos pérdidas. Pero ni para los pobres ni para los productores alcanza la caja. Tiene otros destinos, más miserables, más inmorales, más corruptos.
El desparpajo con que actúan no merece otra descripción que el de provocadores. Es una provocación la inmoral exhibición de su riqueza personal mal habida. Es una provocación la continuada apropiación de recursos ajenos. Es una provocación la violación constante de las leyes del país. Es una provocación fomentar desde la tribuna presidencial el odio y la división entre los argentinos. Nada tiene que ver con su juramento de respetar y hacer respetar una Constitución que los obliga a “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.
Dividen al país –no lo unen-. Avasallan la justicia –no la afianzan-. Promueven la violencia social –y no la paz-. Desmantelan la defensa nacional –no la proveen-. Deterioran el bienestar general –no lo promueven-. Y cada día más, por último, niegan los beneficios de la libertad a mayor cantidad de compatriotas, pobres y ricos. Humillados por el clientelismo, si son pobres, amenazados por la arbitrariedad, si no lo son, y atemorizados por la violencia desbordada en la vida cotidiana, a la que parecieran incentivar con su desinterés por cualquier política destinada a combatir la inseguridad.
Pero son nada más y nada menos que lo que son y cuando más rápido sean historia, será mejor para todos. Una historia que será recordada como pesadilla en los libros que en futuro estudien esta dramática etapa de la democracia argentina.
En todo caso, lo más triste pero también preocupante para esa democracia es que uno de los partidos políticos más importantes del país esté jugando su prestigio histórico, su perdurabilidad futura, sus principios justicieros y su moral política sosteniendo –porque así lo hacen con sus votaciones amañadas en el Congreso y su vergonzante respaldo por parte de sindicalistas y gobernadores- a quienes un periodista, representando seguramente la convicción del setenta por ciento de los argentinos, ha definido –no calificado- como lo ha hecho, con las palabras del título de esta nota.
Ricardo Lafferriere
Legalidad e ilegitimidad
Diputados legales, pero ilegítimos, le han conferido al gobierno, también legal pero ilegítimo, potestades legislativas enfrentadas con la letra y el espíritu de la Constitución de la Nación.
La afirmación que antecede no es caprichosa. La base del edificio institucional del país, lo que da “legitimidad” al poder, es la voluntad popular. Así lo establece el artículo 1 de la Carta Magna, al establecer el sistema “representativo, republicano y federal” como base de la organización política.
Pero así también figura en los pronunciamientos liminares de la formación del país. Cuando Cornelio Saavedra contesta al entonces Virrey Cisneros que “es el pueblo el único que confiere autoridad y mando”, abriendo las puertas para la formación de la Primera Junta de gobierno patrio, estaba enunciando una consigna que sería fundamental para el nuevo país y que navegaría a través de nuestra historia hasta que logró estamparase en las normas de la Constitución.
Fue este propio gobierno y este propio congreso los que decidieron, enfrentando las voces maduras y sensatas de la oposición, someter su legitimidad a un proceso electoral adelantado. Convocaron al pronunciamiento del pueblo varios meses antes de lo previsto por las leyes vigentes, maquinando maquiavélicas composiciones de “candidaturas testimoniales”, indiferencia a la representación territorial, desprecio por los mecanismos de relojería con que los partidos políticos deben funcionar y seleccionar sus candidatos y grosero desborde clientelista cuyas consecuencias económicas estamos pagando.
Y el pueblo habló, deslegitimando al gobierno y a la mayoría del congreso.
Ambos siguen siendo legales, porque sus plazos de gestión no se han cumplido, pero ambos han perdido la legitimidad que responde a la consigna fundacional. El primero, por haber perdido el apoyo del 70 % de quienes confieren con exclusividad “autoridad o mando”. El segundo, porque está integrado por legisladores que responden al estado de la opinión política, a la “voluntad popular” vigente hace dos años, no a la actual. Mientras no lo haga, representa a una voluntad popular que no existe, ya que la vigente cuando fueron electos ha cambiado, en forma rotunda, a partir de la gesta de 2008, desatada por la resistencia ciudadana a los intentos del poder de avanzar sobre los derechos de las personas. El 28 de junio pasado se pronunció con una claridad meridiana.
La propia Constitución prevé la forma de recuperar la legitimidad. El art. 101, incorporado por la reforma de 1994, permite al gobierno rearmar su gabinete representando la nueva mayoría. Y el propio antecedente de 1989, cuando se adelantó el recambio presidencial, mostró que cuando existe buena fé republicana la mayoría ficticia puede y debe ponerse al servicio de la nueva mayoría real. Los diputados radicales, que conservaban mayoría en la Cámara de Diputados, facilitaron la sanción de todas las leyes remitidas al Congreso por el nuevo presidente, conscientes de que a pesar de conservar sus bancas legalmente, no tenían ya la legitimidad de origen, el respaldo de “quien confiere autoridad o mando”. Y no fue necesario para eso distribuir canonjías, promesas de cargos futuros o premios inconfesables.
No se vea en estas reflexiones una vocación destituyente. Lejos está de quién esto escribe postular un regreso a las manipulaciones vergonzosas con que se digitó el destino de los argentinos en la dramática sucesión de presidentes cambiados como calesita hasta que decantó la lucha interna del peronismo y los factores golpistas de entonces. Es, sencillamente, un recordatorio o si se quiere, una advertencia, a quienes tienen en sus manos los resortes del gobierno: su gestión tiene el sello de la provisoriedad. No están gobernando en nombre del pueblo, que les volvió la espalda. Están gestionando el Estado hasta que la legitimidad vuelva a coincidir con la legalidad.
La sanción delegatoria es lo “destituyente” de la legitimidad popular, acercando peligrosamente la estabilidad política al borde de la tolerancia. Porque una cosa es administrar el Estado hasta que la nueva realidad política se exprese en el poder, y otra cosa es pretender gobernar directamente contra el pueblo que lo ha repudiado en forma expresa.
Ricardo Lafferriere
La afirmación que antecede no es caprichosa. La base del edificio institucional del país, lo que da “legitimidad” al poder, es la voluntad popular. Así lo establece el artículo 1 de la Carta Magna, al establecer el sistema “representativo, republicano y federal” como base de la organización política.
Pero así también figura en los pronunciamientos liminares de la formación del país. Cuando Cornelio Saavedra contesta al entonces Virrey Cisneros que “es el pueblo el único que confiere autoridad y mando”, abriendo las puertas para la formación de la Primera Junta de gobierno patrio, estaba enunciando una consigna que sería fundamental para el nuevo país y que navegaría a través de nuestra historia hasta que logró estamparase en las normas de la Constitución.
Fue este propio gobierno y este propio congreso los que decidieron, enfrentando las voces maduras y sensatas de la oposición, someter su legitimidad a un proceso electoral adelantado. Convocaron al pronunciamiento del pueblo varios meses antes de lo previsto por las leyes vigentes, maquinando maquiavélicas composiciones de “candidaturas testimoniales”, indiferencia a la representación territorial, desprecio por los mecanismos de relojería con que los partidos políticos deben funcionar y seleccionar sus candidatos y grosero desborde clientelista cuyas consecuencias económicas estamos pagando.
Y el pueblo habló, deslegitimando al gobierno y a la mayoría del congreso.
Ambos siguen siendo legales, porque sus plazos de gestión no se han cumplido, pero ambos han perdido la legitimidad que responde a la consigna fundacional. El primero, por haber perdido el apoyo del 70 % de quienes confieren con exclusividad “autoridad o mando”. El segundo, porque está integrado por legisladores que responden al estado de la opinión política, a la “voluntad popular” vigente hace dos años, no a la actual. Mientras no lo haga, representa a una voluntad popular que no existe, ya que la vigente cuando fueron electos ha cambiado, en forma rotunda, a partir de la gesta de 2008, desatada por la resistencia ciudadana a los intentos del poder de avanzar sobre los derechos de las personas. El 28 de junio pasado se pronunció con una claridad meridiana.
La propia Constitución prevé la forma de recuperar la legitimidad. El art. 101, incorporado por la reforma de 1994, permite al gobierno rearmar su gabinete representando la nueva mayoría. Y el propio antecedente de 1989, cuando se adelantó el recambio presidencial, mostró que cuando existe buena fé republicana la mayoría ficticia puede y debe ponerse al servicio de la nueva mayoría real. Los diputados radicales, que conservaban mayoría en la Cámara de Diputados, facilitaron la sanción de todas las leyes remitidas al Congreso por el nuevo presidente, conscientes de que a pesar de conservar sus bancas legalmente, no tenían ya la legitimidad de origen, el respaldo de “quien confiere autoridad o mando”. Y no fue necesario para eso distribuir canonjías, promesas de cargos futuros o premios inconfesables.
No se vea en estas reflexiones una vocación destituyente. Lejos está de quién esto escribe postular un regreso a las manipulaciones vergonzosas con que se digitó el destino de los argentinos en la dramática sucesión de presidentes cambiados como calesita hasta que decantó la lucha interna del peronismo y los factores golpistas de entonces. Es, sencillamente, un recordatorio o si se quiere, una advertencia, a quienes tienen en sus manos los resortes del gobierno: su gestión tiene el sello de la provisoriedad. No están gobernando en nombre del pueblo, que les volvió la espalda. Están gestionando el Estado hasta que la legitimidad vuelva a coincidir con la legalidad.
La sanción delegatoria es lo “destituyente” de la legitimidad popular, acercando peligrosamente la estabilidad política al borde de la tolerancia. Porque una cosa es administrar el Estado hasta que la nueva realidad política se exprese en el poder, y otra cosa es pretender gobernar directamente contra el pueblo que lo ha repudiado en forma expresa.
Ricardo Lafferriere
viernes, 7 de agosto de 2009
El impuesto a los electrónicos
Los tiempos que vienen marcarán el cambio desde una economía cerrada, estancada y utópicamente autárquica, hacia un país abierto y pujante, inserto en las corrientes mundiales de producción, inversiones, tecnología y comercio.
La “protección” votada en la Cámara de Diputados no logrará otra cosa que dificultar el paso de los argentinos al nuevo paradigma, a cambio de nada, ya que justamente las industrias tecnológicas no funcionan en base a los viejos criterios de la industria del siglo pasado, que iban donde estaban las prebendas. No buscan mejor trato fiscal, sino seguridad jurídica y un entorno de infraestructura moderna, trabajadores altamente calificados y servicios de excelencia.
Los argentinos con actividades vinculadas a las redes –que hoy por hoy, lo son casi todas- verán encaracer sus costos y dificultar su competitividad internacional. Para favorecer a armadoras que virtualmente no agregan valor a la producción, se afectará a industrias ya instaladas, que necesitan importar partes electrónicas porque forman parte de cadenas de valor de diseño global. En lugar de fortalecer los eslabones argentinos de las cadenas globales de valor, se apunta a una industria dirigida exclusivamente al mercado interno, al que se condenará a alejarse de los productos de punta para conformarse con otros que acarrean dos o más generaciones tecnológicas de retraso.
Los argentinos del campo y la ciudad, a partir de la gesta del 2008, están crecientemente decididos a orientar su rumbo en la misma dirección que Brasil, Chile y Uruguay: incorporar tecnología, apostar a invertir en modernización y cambio tecnológico, incorporarse a las cadenas globales, reconstruir y reforzar su capacidad de competencia en el mundo. Si algo señalaron con su pronunciamiento electoral del 28 de junio es su hartazgo del “modelo” cerrado y asfixiante, convertido en una fábrica de miseria que nos ha llevado a tener el 40 % de argentinos bajo la línea de pobreza, al deterioro educativo, al desastre sanitario, a la destrucción de la infraestructura y a la quiebra del sistema productivo.
El bicentenario debe ser el hito de cambio. Hacia una sociedad integrada y segura. Hacia una producción vinculada al nuevo paradigma. Hacia la creciente libertad de los ciudadanos, que se logrará con planes universales de inclusión que erradiquen de cuajo el humillante clientelismo, hacia el respeto a las leyes. Y hacia la libre transferencia tecnológica, que en lugar de ser frenada debiera ser potenciada.
Por encima de los chisporroteos de la coyuntura, el futuro será de las fuerzas políticas que entiendan la esencia de la nueva etapa y tengan la inteligencia necesaria para pautar el cambio en forma inteligente, tanto en cuanto al rumbo como en el ritmo.
Esta sanción, inspirada en un mundo que no existe, se dirige hacia el rumbo equivocado, con un ritmo de colisión. O sea, exactamente a la inversa de lo que aconseja una sana política.
En cuanto al radicalismo, siempre es mejor abstenerse que votar mal. Pero mejor hubiera sido compromerse votando bien.
Debiera tomar nota de que está siendo objeto de una mirada más atenta por parte de los ciudadanos, al haberse convertido en una real opción de relevo a la gestión kirchnerista. No bastará con omitir decisiones o en aislarse de los temas en debate. Cada vez deberá profundizar más sus análisis, identificar sus objetivos y jugarse por el futuro. El riesgo de no hacerlo es que la historia pase nuevamente por el costado, y que otras opciones políticas, sin la historia republicana ni la vocación democrática de la UCR, asuman con claridad el liderazgo del cambio.
Ricardo Lafferriere
La “protección” votada en la Cámara de Diputados no logrará otra cosa que dificultar el paso de los argentinos al nuevo paradigma, a cambio de nada, ya que justamente las industrias tecnológicas no funcionan en base a los viejos criterios de la industria del siglo pasado, que iban donde estaban las prebendas. No buscan mejor trato fiscal, sino seguridad jurídica y un entorno de infraestructura moderna, trabajadores altamente calificados y servicios de excelencia.
Los argentinos con actividades vinculadas a las redes –que hoy por hoy, lo son casi todas- verán encaracer sus costos y dificultar su competitividad internacional. Para favorecer a armadoras que virtualmente no agregan valor a la producción, se afectará a industrias ya instaladas, que necesitan importar partes electrónicas porque forman parte de cadenas de valor de diseño global. En lugar de fortalecer los eslabones argentinos de las cadenas globales de valor, se apunta a una industria dirigida exclusivamente al mercado interno, al que se condenará a alejarse de los productos de punta para conformarse con otros que acarrean dos o más generaciones tecnológicas de retraso.
Los argentinos del campo y la ciudad, a partir de la gesta del 2008, están crecientemente decididos a orientar su rumbo en la misma dirección que Brasil, Chile y Uruguay: incorporar tecnología, apostar a invertir en modernización y cambio tecnológico, incorporarse a las cadenas globales, reconstruir y reforzar su capacidad de competencia en el mundo. Si algo señalaron con su pronunciamiento electoral del 28 de junio es su hartazgo del “modelo” cerrado y asfixiante, convertido en una fábrica de miseria que nos ha llevado a tener el 40 % de argentinos bajo la línea de pobreza, al deterioro educativo, al desastre sanitario, a la destrucción de la infraestructura y a la quiebra del sistema productivo.
El bicentenario debe ser el hito de cambio. Hacia una sociedad integrada y segura. Hacia una producción vinculada al nuevo paradigma. Hacia la creciente libertad de los ciudadanos, que se logrará con planes universales de inclusión que erradiquen de cuajo el humillante clientelismo, hacia el respeto a las leyes. Y hacia la libre transferencia tecnológica, que en lugar de ser frenada debiera ser potenciada.
Por encima de los chisporroteos de la coyuntura, el futuro será de las fuerzas políticas que entiendan la esencia de la nueva etapa y tengan la inteligencia necesaria para pautar el cambio en forma inteligente, tanto en cuanto al rumbo como en el ritmo.
Esta sanción, inspirada en un mundo que no existe, se dirige hacia el rumbo equivocado, con un ritmo de colisión. O sea, exactamente a la inversa de lo que aconseja una sana política.
En cuanto al radicalismo, siempre es mejor abstenerse que votar mal. Pero mejor hubiera sido compromerse votando bien.
Debiera tomar nota de que está siendo objeto de una mirada más atenta por parte de los ciudadanos, al haberse convertido en una real opción de relevo a la gestión kirchnerista. No bastará con omitir decisiones o en aislarse de los temas en debate. Cada vez deberá profundizar más sus análisis, identificar sus objetivos y jugarse por el futuro. El riesgo de no hacerlo es que la historia pase nuevamente por el costado, y que otras opciones políticas, sin la historia republicana ni la vocación democrática de la UCR, asuman con claridad el liderazgo del cambio.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 29 de julio de 2009
Una fábula que costó cara
Por fin comienzan a reconocerse las cifras.
146.000 millones de pesos reconoció la presidenta que, con la herramienta de los superpoderes, ha dilapidado su administración y la de su marido durante la gestión kirchnerista. Dinero que ha sido incautado a argentinos que producen, trabajando y arriesgando su capital para generar riqueza, que sería alegremente incautada y “redistribuida” para alinear voluntades, distribuir entre amigos y construir clientelismo.
Pero no ha sido el único costo.
En 2005, luego de una renegociación de deuda que muchos criticamos en aquel momento, la administración justicialista “K” resolvió ofrecer a los acreedores un arreglo de la deuda realizándoles una “quita” de alrededor de Sesenta mil millones de dólares. Gran parte de esos acreedores eran ahorros previsionales de argentinos, que forzosamente habían sido canjeados por títulos públicos, a los que la operación les licuó su valor en una vergonzosa acción aplaudida por gran parte de la “claque” de entonces –no eran muchos los opositores-, que presentó el hecho poco menos que como una gesta épica, a pesar de que se trataba de una virtual confiscación de fondos de argentinos que habían confiado en las leyes de su país, ahorraban para su futuro y fueron trampeados una vez más por las decisiones púbicas. Años después se completaría el robo con la confiscación de lo que quedaba en las cuentas, pero es otro cantar. Alrededor de veinte mil millones de dólares de acreencias externas –las que podían elegir aceptar o no la incautación- no la aceptaron, y son aún una materia pendiente que, con intereses llega ya a los treinta mil millones que, en algún momento, los argentinos deberemos enfrentar para conseguir reingresar al mundo.
La deuda “bajó” en sesenta mil millones de dólares en el 2005, y hoy, sin embargo, está nuevamente en el mismo nivel que antes de la renegociación.
Por otra parte, setenta y cinco mil millones de dólares “extra” son los que ingresaron al país por la bonanza internacional de los precios agropecuarios durante la administración kirchnerista. De ellos, en grandes agregados, la mitad la recibieron los productores, y la otra mitad la incautó el Estado vía retenciones. La parte de los productores la podemos ver en el gigantesco avance tecnológico, las supercosechadoras con control satelital, las sembradoras con métodos optimizados de siembra directa con control informático, la genética mejorada, los pueblos del interior renacidos y hasta en el auge de la construcción en las ciudades.
Pero si realizáramos similar emercicio con los fondos que incautó la gestión peronista “K” por retenciones y nuevo endeudamiento y pretendiéramos juzgar sus resultados, debiéramos buscar dónde se gastaron los casi cien mil millones de dólares adicionales que, entre retenciones confiscadas y nueva deuda pública, le ha costado al país la alegre fábula de los superpoderes.
Porque es mucho dinero. Algunos ejemplos: construir treinta mil kilómetros de autopistas, por ejemplo, modernizaría todo el transporte del país y costaría Treinta mil millones de dólares (hoy contamos con menos de mil kilómetros y récord mundial de muertos en accidentes). Recuperar la red ferroviaria demandaría otros diez mil, electrificando los principales ramales. Modernizar la infraestructura portuaria con equipamiento de última tecnología, costaría Dos mil quinientos millones de dólares. Construir cuatro centrales nucleares nuevas demandaría aproximadamente diez mil millones de dólares, terminando con nuestro problema energético por tres décadas.
Desarrollar cuatro centros de investigación de alta tecnología en las ciencias de vanguardia –nanotecnología, nuevos materiales, biotecnología y tecnología de comunicación e información- costaría, con el equipamiento más avanzado existente en el mundo, alrededor de quinientos millones de dólares cada uno, permitiendo a nuestros científicos y técnicos imbricar fuertemente a la Argentina en la red mundial científico-técnica, dar un impulso gigantesco a la investigación de base y ponerla a la vanguardia de la región. Proveer con una computadora a cada alumno argentino, desde el jardín de infantes hasta todo el sistema universitario de grado y de posgrado, y a la totalidad de sus docentes, costaría alrededor de dos mil millones de dólares. Con cinco mil millones de dólares serían suficientes para reparar, recuperar y poner en condiciones la totalidad de las deficiencias edilícias de las Escuelas, Colegios y Universidades de todo el país.
Terminar con el déficit de viviendas en la Argentina construyendo dos millones de viviendas nuevas, costaría Veinte mil millones de dólares. Y proveer de agua potable y cloacas a todas las localidades del país que aún no cuentan con ellas supondría una inversión de Diez mil millones de dólares. Cinco mil millones de dólares serían suficientes para recuperar hospitales y centros de salud que, en algunos casos, parecieran no haber sido mantenidos durante décadas.
Y reequipar a las Fuerzas Armadas para reconstruir la capacidad de defensa con la finalidad de contar con fuerzas altamente profesionales, pequeñas y con alta capacidad de combate, demandaría dos mil quinientos millones de dólares.
Sumando todas estas inversiones, nos restarían aún diez mil millones para proyectos de energías renovables, limpiar las cuencas del Riachuelo y el Reconquista, activar los pasos cordilleranos ferroviarios y carreteros, y algún otro gasto menor.
Pasaron seis años. Se acabó lo que se daba. No hay más precios internacionales de excelencia, porque el auge pasó y ahora parece que el mundo volvió a la normalidad. Nadie le presta al país ni un centavo, porque seguimos sin arreglar nuestras trampas a los acreedores. La Argentina no tiene autopistas nuevas, ni trenes, ni centros de investigación, ni viviendas, ni cloacas, ni agua potable, ni alumnos con computadoras, ni centrales nucleares, ni puertos con alta tecnología, ni sus cuencas hídricas recuperadas, ni inversión en nuevas fuentes energéticas, ni pasos cordilleranos adecuados que faciliten nuestra inserción internacional.
Tiene, sí, largas colas de compatriotas clientelizados –cada vez más, por la crisis productiva lograda por la asfixia kirchnerista-, colectivos que se caen de a pedazos y polucionan agresivamente el ambiente, trenes que avergüenzan, gobernadores que no pueden pagar sueldos y están al borde de reemitir las cuasi monedas de triste recuerdo, una empresa aérea que absorbe por día el equivalente de Un millón doscientas mil raciones de alimentos que podrían llegar a compatriotas que no llegan a comer una vez por día.... y gente viviendo en la calle que se ha duplicado en un año. ¡El cuarenta por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza, ha dicho la Iglesia!
Es la herencia que está dejando la administración kirchnerista. Herencia demasiado seria como para tener que aceptar que la vocesita impostada, una vez más asumiendo actitudes de soberbia, venga a decirnos a los argentinos que los superpoderes fueron una fábula.
En todo caso, fueron una fábula demasiado cara, de la que debiéramos tomar debida nota y estamparla en nuestro recuerdo compartido para nunca más recaer en ella. Pero, además, para exigir que el daño ocasionado al país y a su futuro no quede impune o sobreviva en los indecentes incrementos patrimoniales de la pareja presidencial y su banda que, esos sí, han sido fabulosos.
Ricardo Lafferriere
146.000 millones de pesos reconoció la presidenta que, con la herramienta de los superpoderes, ha dilapidado su administración y la de su marido durante la gestión kirchnerista. Dinero que ha sido incautado a argentinos que producen, trabajando y arriesgando su capital para generar riqueza, que sería alegremente incautada y “redistribuida” para alinear voluntades, distribuir entre amigos y construir clientelismo.
Pero no ha sido el único costo.
En 2005, luego de una renegociación de deuda que muchos criticamos en aquel momento, la administración justicialista “K” resolvió ofrecer a los acreedores un arreglo de la deuda realizándoles una “quita” de alrededor de Sesenta mil millones de dólares. Gran parte de esos acreedores eran ahorros previsionales de argentinos, que forzosamente habían sido canjeados por títulos públicos, a los que la operación les licuó su valor en una vergonzosa acción aplaudida por gran parte de la “claque” de entonces –no eran muchos los opositores-, que presentó el hecho poco menos que como una gesta épica, a pesar de que se trataba de una virtual confiscación de fondos de argentinos que habían confiado en las leyes de su país, ahorraban para su futuro y fueron trampeados una vez más por las decisiones púbicas. Años después se completaría el robo con la confiscación de lo que quedaba en las cuentas, pero es otro cantar. Alrededor de veinte mil millones de dólares de acreencias externas –las que podían elegir aceptar o no la incautación- no la aceptaron, y son aún una materia pendiente que, con intereses llega ya a los treinta mil millones que, en algún momento, los argentinos deberemos enfrentar para conseguir reingresar al mundo.
La deuda “bajó” en sesenta mil millones de dólares en el 2005, y hoy, sin embargo, está nuevamente en el mismo nivel que antes de la renegociación.
Por otra parte, setenta y cinco mil millones de dólares “extra” son los que ingresaron al país por la bonanza internacional de los precios agropecuarios durante la administración kirchnerista. De ellos, en grandes agregados, la mitad la recibieron los productores, y la otra mitad la incautó el Estado vía retenciones. La parte de los productores la podemos ver en el gigantesco avance tecnológico, las supercosechadoras con control satelital, las sembradoras con métodos optimizados de siembra directa con control informático, la genética mejorada, los pueblos del interior renacidos y hasta en el auge de la construcción en las ciudades.
Pero si realizáramos similar emercicio con los fondos que incautó la gestión peronista “K” por retenciones y nuevo endeudamiento y pretendiéramos juzgar sus resultados, debiéramos buscar dónde se gastaron los casi cien mil millones de dólares adicionales que, entre retenciones confiscadas y nueva deuda pública, le ha costado al país la alegre fábula de los superpoderes.
Porque es mucho dinero. Algunos ejemplos: construir treinta mil kilómetros de autopistas, por ejemplo, modernizaría todo el transporte del país y costaría Treinta mil millones de dólares (hoy contamos con menos de mil kilómetros y récord mundial de muertos en accidentes). Recuperar la red ferroviaria demandaría otros diez mil, electrificando los principales ramales. Modernizar la infraestructura portuaria con equipamiento de última tecnología, costaría Dos mil quinientos millones de dólares. Construir cuatro centrales nucleares nuevas demandaría aproximadamente diez mil millones de dólares, terminando con nuestro problema energético por tres décadas.
Desarrollar cuatro centros de investigación de alta tecnología en las ciencias de vanguardia –nanotecnología, nuevos materiales, biotecnología y tecnología de comunicación e información- costaría, con el equipamiento más avanzado existente en el mundo, alrededor de quinientos millones de dólares cada uno, permitiendo a nuestros científicos y técnicos imbricar fuertemente a la Argentina en la red mundial científico-técnica, dar un impulso gigantesco a la investigación de base y ponerla a la vanguardia de la región. Proveer con una computadora a cada alumno argentino, desde el jardín de infantes hasta todo el sistema universitario de grado y de posgrado, y a la totalidad de sus docentes, costaría alrededor de dos mil millones de dólares. Con cinco mil millones de dólares serían suficientes para reparar, recuperar y poner en condiciones la totalidad de las deficiencias edilícias de las Escuelas, Colegios y Universidades de todo el país.
Terminar con el déficit de viviendas en la Argentina construyendo dos millones de viviendas nuevas, costaría Veinte mil millones de dólares. Y proveer de agua potable y cloacas a todas las localidades del país que aún no cuentan con ellas supondría una inversión de Diez mil millones de dólares. Cinco mil millones de dólares serían suficientes para recuperar hospitales y centros de salud que, en algunos casos, parecieran no haber sido mantenidos durante décadas.
Y reequipar a las Fuerzas Armadas para reconstruir la capacidad de defensa con la finalidad de contar con fuerzas altamente profesionales, pequeñas y con alta capacidad de combate, demandaría dos mil quinientos millones de dólares.
Sumando todas estas inversiones, nos restarían aún diez mil millones para proyectos de energías renovables, limpiar las cuencas del Riachuelo y el Reconquista, activar los pasos cordilleranos ferroviarios y carreteros, y algún otro gasto menor.
Pasaron seis años. Se acabó lo que se daba. No hay más precios internacionales de excelencia, porque el auge pasó y ahora parece que el mundo volvió a la normalidad. Nadie le presta al país ni un centavo, porque seguimos sin arreglar nuestras trampas a los acreedores. La Argentina no tiene autopistas nuevas, ni trenes, ni centros de investigación, ni viviendas, ni cloacas, ni agua potable, ni alumnos con computadoras, ni centrales nucleares, ni puertos con alta tecnología, ni sus cuencas hídricas recuperadas, ni inversión en nuevas fuentes energéticas, ni pasos cordilleranos adecuados que faciliten nuestra inserción internacional.
Tiene, sí, largas colas de compatriotas clientelizados –cada vez más, por la crisis productiva lograda por la asfixia kirchnerista-, colectivos que se caen de a pedazos y polucionan agresivamente el ambiente, trenes que avergüenzan, gobernadores que no pueden pagar sueldos y están al borde de reemitir las cuasi monedas de triste recuerdo, una empresa aérea que absorbe por día el equivalente de Un millón doscientas mil raciones de alimentos que podrían llegar a compatriotas que no llegan a comer una vez por día.... y gente viviendo en la calle que se ha duplicado en un año. ¡El cuarenta por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza, ha dicho la Iglesia!
Es la herencia que está dejando la administración kirchnerista. Herencia demasiado seria como para tener que aceptar que la vocesita impostada, una vez más asumiendo actitudes de soberbia, venga a decirnos a los argentinos que los superpoderes fueron una fábula.
En todo caso, fueron una fábula demasiado cara, de la que debiéramos tomar debida nota y estamparla en nuestro recuerdo compartido para nunca más recaer en ella. Pero, además, para exigir que el daño ocasionado al país y a su futuro no quede impune o sobreviva en los indecentes incrementos patrimoniales de la pareja presidencial y su banda que, esos sí, han sido fabulosos.
Ricardo Lafferriere
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