Default y buitres

Un default no es un festejo. Es trampear una deuda.

Es cierto que hay ocasiones en que no hay soluciones más accesibles. Así pasó en el 2002, cuando hizo crisis el mega-endeudamiento contraído en los 90.

No es un hecho para enorgullecerse, sino para avergonzarse. La responsabilidad de caer en él es de quien pide prestado y no paga, porque no sacó bien sus cuentas, porque gastó más de lo que podía, o porque simplemente las cosas vinieron mal.

Ser un deudor fallido implica perder prestigio, dejar de ser merecedor de la confianza para nuevos préstamos. Y por sobre todo, obliga a empezar a hacer las cosas bien, para no caer en la misma trampa y demostrar a los demás que se ha aprendido del error.

El pago ofrecido en su momento por el gobierno a los deudores que aceptaran una quita –sustancial- fue un primer paso. Muchos aceptaron y fue un éxito. Pero otros no. Quedaron afuera. Prefirieron esperar.

Estaban en su derecho. La prudencia hubiera aconsejado comenzar conversaciones con ellos para incorporarlos a la normalización de los pagos, máxime cuando la economía nacional comenzó a funcionar aceptablemente bien y permitía ese camino.

Igual procedimiento debió seguirse con el Club de París, acreedores públicos europeos con el que hubo hasta un anuncio presidencial que abrió esa expectativa (¡un anuncio presidencial!...)

La irresponsabilidad prefirió el camino de convertir la trampa en una épica, y muchos compatriotas se sumaron alegremente al “paga Dios”,  como si se tratara de una revolución emancipadora. Y hasta se bautizó a los acreedores como “buitres”, por tener el atrevimiento de pretender cobrar la deuda.

Por supuesto, los acreedores siguieron los juicios. Era previsible. Y lograron convertir al país en un paria internacional, como los deudores crónicos que tienen que cambiar de vereda cuando transitan por la calle, para evitar los reclamos.

La presidenta no puede salir en un avión del Estado, porque se lo pueden embargar. Las transferencias de dinero público necesitan inventar mecanismos especiales, para evitar ser trabadas. Hasta la Fragata Libertad debió sufrir la humillación de ser detenida por deudas en un puerto africano, y su tripulación –incluyendo los oficiales invitados de Marinas hermanas- debiendo regresar a sus países hasta solucionar el entuerto. 

Y no hay créditos para obras de infraestructura que el país necesita urgentemente, mientras se debe reconocer al audaz que le preste a la Argentina un interés que multiplica por cinco o por seis lo que se le cobra a Uruguay o Bolivia.

Demasiados avisos. Hasta el fallo de diciembre de 2012 del Juez Griesa, en cuya jurisdicción litiga el Estado Nacional, por su propia decisión al momento de emitir los bonos ejecutados y no porque lo decida “el imperio”.

En ese momento no sólo nosotros sino la mayoría de los que saben de estos temas alertamos sobre el plazo adicional que se abría para intentar un arreglo con los acreedores “hold out”. Pero se prefirió insistir en el discurso de la épica de utilería. La que ahora nos pone al borde del abismo, “retrotrayéndonos al 2001”, como dice su Ministro de Economía. Tal parece que la solución tantos años proclamada del “problema de la deuda” no era tal, sino que estaba apoyada en cimientos de barro.

Ahora ha sido la Cámara de Apelaciones de Nueva York la que confirmó el fallo, llegando a calificar a la Argentina de “deudor pertinaz”. Y lo confirmará –porque jurídicamente no hay otra alternativa- la propia Corte Suprema. Los voceros oficiosos de la presidencia argentina –dicen los diarios- ahora imputan también a la justicia norteamericana conspirar para trabar la reforma judicial argentina. No hay límites para el grotesco.

Sin embargo, parece que, a pesar de la histeria, “no come vidrio”. La señora ha anunciado que abrirá una nueva etapa negociadora, la que tantas veces negó de plano. Sería bueno que se aproveche, por el bien de un país que su incapacidad ha vaciado a un límite que quedará al descubierto apenas se libere la economía y las cosas tomen su real valor.

Ha dicho también que el fallo de la justicia norteamericana “es injusto”. Olvidó lo que se enseña en la Facultad en la que estudió derecho: “dura lex, sed lex” (“La ley es dura, pero es la ley”). El mismo principio que ella aplicó, en sus tiempos de abogada exitosa a los deudores fundidos por la Circular 1050 de la Dictadura, cuando ellos les decían que era “injusto” tener que entregar sus viviendas por una deuda hipotecaria.

Seguramente es injusto. Tan injusto, que debió preverlo cuando decidió insultar a todos para alimentar su ego de cartón en lugar de trabajar en silencio para evitar la injusticia con el objetivo que indica, simplemente, el sentido común: pagar lo menos posible dentro del marco de la ley y sin romper relaciones con nadie.

Ningún análisis estratégico. Ningún debate colectivo. Llegamos a esto sólo por la histeria y la impostación ideológica fuera de época, prefiriendo jugar con arcaicos símbolos movilizadores y decirle discursos al espejo.

Las consecuencias las pagaremos todos los argentinos, no sólo el 54 % que la votó.

Ésta es la primera muestra. Dolorosa, indignante. Verdaderamente injusta. No por culpa de la “justicia del imperio” sino por la impericia de un gobierno que, en lugar de esforzarse para recuperar el prestigio de la Nación, ha decidido convertirla en un “deudor pertinaz”.

Convertido, a pesar de ello y según sus propias palabras, en caprichoso “pagador serial” aún de lo que no se debe –como el pago anticipado al FMI- sobre el sufrimiento de su gente y sus posibilidades de futuro.

Ricardo Lafferriere

Siria: armas químicas y derecho internacional

El año próximo se celebrará el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Fue el primer gran conflicto en el que se pusieron en uso armas químicas y gases venenosos. El horror generado por su utilización fue tal que en el propio Tratado de Versailles, que le puso fin, se dejó establecida su prohibición.

Fueron luego objeto de una nueva convención, el Protocolo de Ginebra, acordado en 1928, que Estados Unidos no ratificó hasta 1974. En el ínterin, varios ensayos más limitados mostraron el horror de un arma que no diferencia entre civiles y militares, entre combatientes y mujeres, ancianos o niños.

Ya en tiempos más cercanos, Saddam Hussein lo usó contra los kurdos y en la guerra contra Irán, pero debe reconocerse que ha existido un acuerdo general en su condena y un aceptable consenso internacional sobre su erradicación.

Por ese motivo, la comprobada utilización de armas químicas en el conflicto interno de Siria ha conmovido especialmente a la opinión pública mundial, volviendo a instalar la demanda de la intervención de los grandes países en condiciones de utilizar fuerza militar en la zona.

El presidente Obama manifestó, a mediados de 2012, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre su utilización en el conflicto sirio por parte del régimen de Al  Assad, que esa sería una “línea roja” que no toleraría. De ahí que el –ahora- comprobado lanzamiento de gases sobre poblaciones civiles cercanas a Damasco lo ubica en un singular dilema.

Efectivamente: si actúa, involucrará a su país en un nuevo conflicto sin intereses nacionales directos comprometidos. Si no lo hace, su prestigio internacional se verá afectado fuertemente no sólo como superpotencia residual sino deteriorando su credibilidad más allá del límite. Irán, Corea del Norte y cualquier nueva amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva sabrán que enfrente hay sólo un “tigre de papel”.

Por eso la reticencia es mayor que nunca. Erradicadas ya las motivaciones –reales o imaginadas- económicas y geopolíticas a raíz de la creciente independencia occidental de las fuentes petroleras del oriente medio, la opinión pública norteamericana, aunque afectada, no desea involucrarse en otro conflicto exterior de los que luego les resulta difícil escapar –como Irak o Afghanistan-. 

Europa, por su parte, reclama intervención –como lo ha hecho Francia a través de su presidente Hollande- pero no con tropas propias sino incitando a Estados Unidos a hacerlo, como en Kosovo.

Y para coronar la complicación política, los “beneficiados” –si es que pudiera usarse este término- de un eventual uso de la fuerza contra el gobierno sirio serían grupos irregulares que ningún lazo político o ideológico tienen con el mundo occidental. Entre ellos, formaciones claramente vinculadas a Al Qaeda.

El régimen sirio, por su parte, alineado firmemente con Rusia que lo protege y defiende por razones geopolíticas, justifica su duro accionar invocando su condición de resistente frente al terrorismo y al fundamentalismo islámico.

Las poblaciones civiles de las zonas en conflicto, mientras tanto y como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, son las principales afectadas. Los horrorosos testimonios gráficos de los últimos días, con cadáveres de niños y mujeres muertos por efectos del gas, así como los testimonios de los sobrevivientes que lograron exilarse, son un fuerte llamado a la conciencia de la humanidad, que ha reflejado en su conmovedor llamado nuestro compatriota, el papa Francisco.

No parece justificado que a esta altura de la evolución humana no se encuentre otra forma de resolver un conflicto que recurriendo a armas de alcance masivo, que debieran ser erradicadas al igual que toda forma de violencia colectiva.

El principio de la soberanía nacional es aún clave, a pesar de su vetustez, para la relación entre los Estados. Pero cede su prioridad ante uno preferente: la vigencia de los derechos humanos, superior a cualquier otra consideración o abstracción política.

Un Estado que ataque a sus ciudadanos no merece consideración alguna por parte de la comunidad internacional, que debe arbitrar los medios a su alcance, como lo ordena su Carta Fundamental, para defender los derechos de todas las personas que viven en el planeta.

La crisis en Siria pone en escena una vez más la insuficiencia de la actual organización internacional y la necesidad de institucionalizar un poder supraestatal en condiciones de disciplinar a los poderes nacionales, con procedimientos preestablecidos, institucionalizados y transparentes, en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos.

Es la ONU –más que los países individuales- quien deberían estar en condiciones de decidir cómo obrar, rápida y eficazmente, evitando contaminar su acción con motivaciones geopolíticas sino centrando su reflexión en las personas afectadas al margen de cualquier sospecha o interés económico, religioso o geopolítico.

Ricardo Lafferriere

El árbitro y los dueños de la pelota

La convocatoria de la presidenta en Santa Cruz a quienes considera “los dueños de la pelota” (sic) para acompañarla en la homologación una mega-irregularidad más de su gestión al oficializar un proceso licitatorio amañado no puede leerse en otra clave que la del intento de consolidación del modelo rentista vigente desde 2002/2003.

Si la sola presencia de los grandes contratistas del Estado y la industria protegida ya es sospechosa, la ausencia de los sectores más dinámicos proveedores de divisas del país, los agropecuarios, no puede leerse en otra clave que en la de considerarlos nuevamente los grandes perdedores.

También estuvieron ausentes los trabajadores. Y las clases medias. Y los pasivos. El 75 %, que no apoyó el “modelo”. Ya presienten la estampida de la inflación que disuelve sus sueldos y sufren la creciente mordida de sus haberes por el “impuesto a las ganancias” con sus mínimos exentos congelados.

Los dueños de la pelota que “han ganado mucha plata” –como lo señaló la presidenta- se encuentran frente al dilema de seguir sosteniendo una expresión política a la que los ciudadanos le han dado la espalda, o mostrar su paulatino “pase” a la nueva expresión del viejo modelo, electoralmente novedosa y de fuerte potencial, para incidir en ella y evitar su toma de conciencia sobre los límites inexorables de la vieja economía que defienden.

Los productores, por su parte, protestan. Son los grandes aportantes involuntarios mediante confiscatorias retenciones, asfixiantes regulaciones, ilegales apropiaciones de sus ingresos y una maraña impositiva que les quita casi todo lo que producen.

Ellos presienten tiempos difíciles. Y se preparan, porque saben que del acuerdo de los “dueños de la pelota” con el “árbitro” para intentar romper sus límites no puede salir otra cosa que el intento de quedarse también con el campo de juego.

El país opositor –peronista y no peronista- deberá también tomar conciencia de esos límites. Hasta hoy no lo ha hecho y varias de sus conducciones parecen coincidir tácitamente en una especie de “kirchnerismo prolijo” que haría recuperar al país su dinámica económica. Y aunque es cierto que traería una saludable tranquilidad coyuntural por el cambio de clima, creer que con eso alcanza es errar profundamente el diagnóstico. No sería más que un cambio gatopardista, cualquiera fuere su signo electoral.

Ni el populismo ni los actuales dueños de la pelota pueden ser protagonistas de una nueva etapa virtuosa, porque los límites del modelo son sus propios límites. Seguir su juego de un estado populista elefantiásico incapaz para solucionar problemas ciudadanos pero útil como distribuidor cuasi delictivo de rentas confiscadas es soñar con una inviable economía aislada y “autárquica” que atrasa medio siglo, impotente para crecer en el mundo actual.

El camino virtuoso no es el acuerdo espurio entre el árbitro y los dueños de la pelota. Es respetar el reglamento. Es  reconocer la soberanía del pueblo, los derechos de los ciudadanos, la expresión de mayorías y minorías, la independencia del parlamento y de la justicia y la libertad de prensa.

Y por sobre todo, es recordar que el poder no tiene más facultades sobre los ciudadanos que las que le otorga la Constitución Nacional. Aunque acuerden otra cosa el árbitro con los dueños de la pelota.

Ricardo Lafferriere

PASO

                A los argentinos nos gustan las novedades.

                Las PASO arrastran esa característica y está claro que convocan a la participación ciudadana. Dan la impresión que actúan como un instrumento ordenador. En todo caso, el gran tema es pasar en limpio qué es lo que ordenan.

                Los medios capitalinos han coincidido en saludarlas como las grandes herramientas con que los ciudadanos conforman las listas electorales. En este sentido se afirma que “al fin”  hay una forma que les quita a los “dedos” el ordenamiento de las candidaturas.

                Una lectura más atenta pone en perspectiva esta afirmación.

                Por lo pronto, la primer realidad que surge a la vista es que como norma general las fuerzas de gobierno o cercanas a ocuparlo no han competido –salvo excepciones mínimas- por ordenar sus listas. No lo ha hecho el gobierno nacional, ni el PRO, ni la Alianza Progresista santafecina.

                Tampoco han recurrido al expediente ordenador de las PASO las fuerzas con posibilidades de gobierno cercano: el radicalismo santacruceño, el riojano, el jujeño. O el propio “Frente Renovador”, gran triunfador en la provincia de Buenos Aires.

Han existido, sí, expresiones testimoniales mínimas –el caso del oficialismo entrerriano es un ejemplo- que no invalidan la norma. O los propios radicalismos mendocino y cordobés.

                La segunda observación es la curiosidad capitalina. Los medios han insistido en destacar que el “progresismo” –Lanata incluso lo calificaba de “progresismo real”- ha dado el ejemplo. En este caso, las PASO más que seleccionar candidatos han servido como una construcción de contención de listas diferentes –hecho positivo- que, sin embargo, deja en el aire interrogantes claves a la hora de imaginar las características de una fuerza así convertida en gobierno.

                La observación de las posiciones sobre temas claves en el pasado inmediato es inquietante. Por ejemplo: Pino Solanas y Prat Gay en la estatización de YPF, o Victoria Donda y Gil Lavedra en la ley de medios audiovisuales o en la confiscación de ahorros previsionales –en este caso, con la curiosidad de coincidir en una de las listas propuestas-.

Pero tal vez el caso más notable sea el de la lista de Diputados Nacionales de UNEN. Todos recordarán el liderazgo activo y contundente de Elisa Carrió durante la batalla del campo (con el que, digresiones aparte, coincidimos totalmente desde esta columna). Esa batalla tuvo como objeto central detener la aplicación de una resolución confiscatoria, la 125 del Ministerio de Economía, elaborada… ¡por Lousteau!, su actual segundo en la lista de la UNEN.

                ¿Progresismo? ¿Populismo? ¿Juntos? La democracia es –afortunadamente- un espacio de debate. Las fuerzas políticas ordenan el debate. Si Carrió y Lousteau pertenecieran a la misma fuerza política y discreparan por su ubicación en una lista, las PASO serían una gran herramienta. No cambiarían las ideas, apenas quiénes las expresan.

Pero no es así. Cada uno sigue sosteniendo lo que cree, no se incluye en la sofisticada construcción de una fuerza partidaria y tan sólo han utilizado las PASO como un sello contenedor que les permita una mejor presentación de “marqueting” electoral.

Desde esta columna, defendemos las confluencias de fuerzas políticas según las características de cada etapa. Somos entusiastas partidarios de los acuerdos. Pero con igual contundencia también decimos que las elecciones deben ser la culminación de un proceso de debate y elaboración de programas comunes y compromisos de acuerdos.

El ordenamiento de las candidaturas debe ser la “frutilla del postre”, que consoliden un análisis transparente realizado de cara a la sociedad, la elaboración de una propuesta común acotada a la etapa de que se trate y el compromiso de trabajo conjunto, sea legislativo o ejecutivo, según los mecanismos que se decidan.

En este caso, han sido varios los casos en que los debates previos entre los participantes gastaron más tiempo en amañar reglamentaciones proscriptivas de postulaciones indeseables que en elaborar programas de trabajo.

De esta forma, pueden ser peligrosas, juntando el “agua con el aceite” y provocando más daño que el beneficio que traen al confundir a la ciudadanía y potenciar los personalismos.

Los partidos políticos son la contracara de los personalismos. Deben contenerlos, encauzarlos, pulirlos. En todo caso, subordinarlos a un proyecto compartido y acompañarlos de equipos capacitados que sean capaces de la ejecución de un programa. No pueden suplirse con la ilusión de una etiqueta electoral sin historia, compromisos ni imaginario de un futuro compartido.

En síntesis, vemos dos debilidades en las PASO. La primera, la de los partidos que gobiernan o están cerca de hacerlo, que nos las usan para ordenar candidaturas. La segunda, la de quienes tienen escaso interés en gobernar, que las usen para amuchar proyectos personales sin el compromiso ni las garantías de permanencia que son propios de los partidos o coaliciones estables.

El paso adelante que indudablemente significan debería continuar corrigiendo ambos defectos. Mejorarían la democracia y ayudarían a la recuperación del prestigio de la política, como actividad clave en una sociedad exitosa.

Ricardo Lafferriere

Estado, mercado... ¿discusión sin fin?

Ventana reflexiva

“…es noventista y promercado…”

Estado, mercado… ¿discusión sin fin?

El Estado y el mercado suelen ser presentados como los extremos de una contradicción. Sin embargo, el Estado y las grandes corporaciones parecen ser los grandes articuladores de las sociedades modernas.

El primero es el símbolo del poder. Las segundas, de la economía.

Uno, como responsable del orden y el bien común. Las otras, de generar bienes y servicios.

Ambos constituyen “organizaciones”, con normas y jerarquías internas. En los países democráticos, el primero está presuntamente asentado en los ciudadanos, cuya representación política invoca. Las segundas, en  el mercado y los consumidores, de los que se reivindican servidores.

Sin embargo, cada vez cuesta más identificar al Estado con la democracia y a las corporaciones con el mercado.

En la base de ambos, de acuerdo a la visión de los revolucionarios de los siglos XVIII y XIX, están los ciudadanos. Son las personas –y no ninguna abstracción conceptual o sujeto colectivo- los depositarios últimos de la libertad, del poder y de sus propios intereses. Democracia y mercado no nacieron rivales, sino socios. La novedad es que quienes hoy los invocan –Estado y corporaciones- suelen ser los verdaderos socios en su negación y comportamientos viciosos.

Los ciudadanos, a pesar de ser invocados por ambas organizaciones de poder –político y económico- están en estos tiempos cada vez más marginados de sus decisiones, virtualmente concentradas en sus respectivos gestores: los dirigentes políticos, en un caso; y sus accionistas y directorios, en el otro.

Los Estados modernos tienen componentes “democráticos” –las elecciones son su paradigma- pero también componentes “no democráticos”, ajenos a la decisión y escrutinio ciudadano. Éstos no pueden controlar ni incidir realmente en decisiones tan determinantes –entre muchas otras- como son los niveles inflacionarios, las asignaciones presupuestarias, las obras públicas que se construirán, las características de los servicios públicos o el contenido de la educación.

Las decisiones de las corporaciones que no son decididas por el “mercado” sino por sus propias políticas empresariales tampoco son menores, entre otras la orientación de sus investigaciones tecnológicas, la fuerte incidencia de sus decisiones de mercadeo en la generación de necesidades o las gestiones de “lobby” para obtener decisiones públicas favorables en detrimento de otros actores o valores.

La imbricación entre ambas concentraciones de poder conforma, por último, un estrato íntimamente relacionado por favores recíprocos porque la política necesita –para llegar al poder- del respaldo económico corporativo y las corporaciones necesitan –para mejorar sus balances-  medidas políticas alejadas de la ortodoxia de los mercados perfectos y del control estatal. 

Esa asociación –y no el “mercado”- fue la característica de “los noventa” que en varios aspectos se proyecta hasta hoy: corporaciones escapando al mercado, Estado escapando al control ciudadano, Estado y corporaciones socios en el poder y los negocios.

Sin embargo, Estado y corporaciones son necesarios. Es tan inimaginable una sociedad sin orden político como lo sería sin producción, avances tecnológicos, bienes o servicios. Los alimentos, el equipamiento médico, la producción de automóviles o las comunicaciones –que proveen las corporaciones- son bienes tan necesarios como la acción estatal contra la inseguridad, la violencia cotidiana o la ausencia de contención social. Sonaría tan fuera de época pretender que Samsung no fabricara más celulares o Bagó medicamentos como que el Estado se desentendiera de la inclusión social o de la educación.

Estado y corporaciones tienen mucho que dar y mucho dan para el bienestar ciudadano. Pero ambos tienden a fundamentar y justificar sus acciones en impostaciones éticas no siempre relacionadas con los principios que invocan, sino más bien con sus aspiraciones más directas: más poder, uno; más ganancias, las otras. No todo lo que hace el Estado es democrático, ni todo lo que hacen las corporaciones responde a las necesidades del “mercado”.

El secreto de un buen análisis consiste en “poner las cosas en su lugar”, para no errar en el diagnóstico ni en las soluciones. Confundir “mercado” con corporaciones es igual que confundir “democracia” con “Estado”. Un activismo social sofisticado e inteligente que los observe y controle debe ser el límite de ambos.

El activismo social, custodio de los valores diversos compartidos por los integrantes de sus diferentes grupos, no es una novedad de estos tiempos. Las ligas de consumidores existen desde hace décadas, así como organismos defensores de los derechos humanos. La novedad es la multiplicidad de vías posibles y de campos de acción, por la complejidad social, la revolución de las comunicaciones y la interactividad.

La aparición de peligros  nuevos como la superexplotación de recursos naturales, la extensión de las redes de delito global, el terrorismo y los desbordes en la lucha antiterrorista, la anulación de la privacidad, la corrupción pública-privada, la especulación financiera desenfrenada, la agresión al ambiente, la manipulación de la opinión pública y la colusión viciosa de ambos –Estado y corporaciones- sin control ciudadano son los espacios más necesitados del activismo social.

Por eso se exige al Estado más transparencia, a las corporaciones mayor cuidado ambiental y nada de comportamientos monopólicos y a ambos que no tengan una recíproca relación mañosa.

La política y los partidos políticos son vínculos necesarios entre el poder y los ciudadanos, aunque no tienen ya la exclusividad en la determinación y vigencia de los valores sociales. Deben asumir los nuevos espacios y comprender que el Estado no es ya el impoluto representante de la democracia sino que ha sido objeto de una cooptación sistemática, usualmente oculta, por parte del poder corporativo.

La acción partidaria debe impregnarse de la complejidad de la vida ciudadana, recreando y reforzando su legitimidad con  una imbricación respetuosa con la militancia social y estimular el debate abierto, fiscalizador del Estado y de las corporaciones.

El nuevo individualismo militante que llega de la mano del creciente poder ciudadano no niega el derecho a las ideologías. De hecho, defiende el derecho de cada uno a tenerla libremente. Lo que resiste es la ideología impuesta, y con más razón cuando intenta serlo desde el poder.

La democracia es la autonomía personal, diría David Held. No hay democracia cuando no hay autonomía. Esa autonomía es limitada, entre otras formas, por el clientelismo y por la manipulación del mercado. Es tan antidemocrático encerrar a los ciudadanos en un “corralito” político o ideológico, como limitar arbitrariamente sus opciones económicas –como productor, trabajador, empresario o consumidor- o mantenerlo en la extrema pobreza, limitación suprema de cualquier autonomía personal.

Las personas, cada vez más celosas de su identidad, su independencia y su libertad de elección, están tomando -y lo harán crecientemente- un papel activo y consciente en su propia defensa y en la de los valores en los que creen, sea que llegue la amenaza desde el poder político o desde el económico.

Han advertido los peligros y se auto-organizan para evitarlos. Los relatos que ocultan intenciones no expresadas (como el endiosamiento del Estado “nacional y popular”, o la presunta intangibilidad de “los mercados”) a costa de reducir el espacio de libertad y autonomía ciudadanas son superados por reclamos  relacionados con la agenda concreta. Eso significa más democracia.

 Es la buena noticia que llegó con este comienzo de siglo en todo el planeta y también en la Argentina.

La movilización del campo en el 2008, la “primavera árabe”, los “indignados” de Europa y Estados Unidos, las grandes marchas del 2012 y 2013 y la innumerable cantidad de iniciativas ciudadanas por temas diversos que ponen límites al Estado y a las decisiones corporativas conforman un nuevo escenario que está sin dudas destinado a ser característica permanente y saludable de los años que vienen.

El olvidado tercer actor se suma al debate. Son los ciudadanos.

Ricardo Lafferriere

El gran rumbo

                Los procesos electorales concentran debates. En ese “maremágnum” los ciudadanos deben encontrar un rumbo que defina su voto.

                Temas coyunturales, pasiones, recelos, ilusiones, estrategias, tácticas, amistades, simpatías, lealtades, agradecimientos, revanchas, son, entre otros, los componentes de una gran ecuación realizada por cada ciudadano. Sin embargo, al final, todo se define en una sola acción: elegir una boleta e ingresarla en la urna.

                La democracia, punto de llegada de la evolución política de las sociedades civilizadas, se asienta en este enigmático conjunto de motivos diversos que los aspirantes a representantes se esfuerzan en alinear para llegar a los números “mágicos” que se elaboran en cada batalla.

                “Más del 30”; “no menos del 15”; “una ventaja de 10”; “el 5, para entrar en el reparto” “mayoría absoluta”; terminan operando como cifras fantásticas que otorgan triunfos, mantienen en carrera, habilitan negociaciones, alientan futuras ilusiones y sirven de base para las nuevas construcciones conceptuales y alquimias de poder.

                ¿Hay algún componente más importante que otros? Pareciera que varían. Cada ciudadano define su decisión según su propia tabla de valores, que cambia según cada circunstancia histórica.

                Quienes optan por la militancia política, participan en los debates internos de una fuerza con cuyas conclusiones deben alinearse, al saldarse esos debates. Esa actitud es tan necesaria para la democracia como la que adoptan los ciudadanos que prefieren mantener su libertad absoluta de reflexión y opinión.

Los partidos administran el poder en las coyunturas y ese papel es inherente a la esencia de la política como función constitutiva de la sociedad. Es el “componente agonal”, que necesariamente debe contar con una dosis de “encuadramiento”, “disciplina” y "espíritu de cuerpo".

Pero los debates abiertos incentivan levantar la mirada al horizonte, estimulan la reflexión creativa, generan trascendencia. Sin ellos, la lucha por el poder corre el riesgo de agotarse en el puro poder, perdiendo su legitimidad ética.

Una democracia sin partidos es imposible –lo estamos viendo-. Nada menos que el partido del gobierno ha estado al borde de su desaparición jurídica, por no cumplir con una vida interna ni siquiera latente. Ello repercute en un sistema político escaso de ideas y en un gobierno cada vez más aislado y débil.

Pero una democracia sin ciudadanos librepensadores también es imposible. La reducción del debate nacional al cruce de consignas propio de la lucha política agonal o a la repetición nostálgica de banderas de otros tiempos han raquitizado la reflexión estratégica. El país no sabe a dónde va. Nadie se anima a decirlo, y tal vez, nadie lo sabe.

El ejercicio de la ciudadanía analizando y participando del debate público “al margen” de la lucha por el poder enriquece las opciones, permite a los ciudadanos una visión de largo plazo y ayuda a orientar a quienes están en las trincheras de la coyuntura con reflexiones que, tal vez, no tienen cabida en su lucha cotidiana.

Miremos, por ejemplo, “Vaca Muerta”. Es comprensible la duda del ambiente político: miles de millones de dólares potenciales podrían ayudar –cualquiera sea el color del gobierno- a aliviar la gran dificultad de la política: obtener recursos de los ciudadanos para reorientarlos de acuerdo a sus programas y prioridades. Porque gastar es “lindo”, pero cobrar impuestos no lo es tanto.

El atajo de conseguir recursos del subsuelo es muy atractivo. Son fondos que no se le sacan a nadie –vivo-. Su efecto negativo se verá a largo plazo –cuando las personas y los políticos sean otros-. Y sus consecuencias ambientales directas afectan a un número ínfimo de votantes, comparándolo con el grupo al que habría que cobrarle impuestos.

Y una ventaja adicional: los recursos serían enormes. Como una lotería, ganada además, sin comprar billete.

Lo muestra la complejidad del debate neuquino. Obras públicas que difícilmente podrían realizarse en un plazo rápido, enriquecimiento económico, sensación de prosperidad… ¿cómo podría su gobernador oponerse? ¿Cómo resistir la tentación de “venderle el alma al diablo”, aunque signifique contaminar napas, agregar más polución al envenenamiento del agua potable, romper el subsuelo y sumarse a los odiosos mega-contaminadores globales causantes del cambio climático?

No es casual que –salvo, tal vez, la honrosa excepción de Pino Solana-, los principales candidatos capitalinos y bonaerenses eviten referirse al tema a pesar de su determinante -y patética- consecuencia en el perfil del país que resultará de esta operación.

Difícilmente pueda surgir desde la política una voz que alerte sobre los riesgos y, a la vez, conserve su chance de ser exitosa en su obligación primaria de llegar al poder. Pero alguien debe hacerlo, y es la función principal de los ciudadanos, intelectuales, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Esa función fiscalizará tanto la tendencia cortoplacista de la política agonal como las tentaciones de ganancia rápida de las corporaciones y preparará la conciencia ciudadana para hacer más fácil la tarea de la propia política al definir políticas públicas.

Definir el gran rumbo. Esa es la mirada estratégica. La gran ausente de nuestra convivencia, pero la que debemos hacer renacer con un comportamiento diferente en el seno de la sociedad civil, ya que es tan difícil hacerlo en el campo político por las características competitivas que le son propias.

Pero si no lo hacemos, el riesgo es seguir marchando en círculos, esterilizando esfuerzos, frustrando ilusiones y agravando esta gris decadencia que ya lleva más de ocho décadas.

Ricardo Lafferriere

Frenemos el daño a tiempo

Las imágenes del desastre ambiental en la Amazonía ecuatoriana presentadas en “Periodismo para Todos” del domingo son elocuentes.

Contra lo que pudiera decirse sobre su oportunidad, aunque se las intente descalificar por panfletarias, el hecho real, el que interesa, el determinante, es que son ciertas.

Tan ciertas como la situación de Zelmira Campo, la pobladora de Añelo, en Neuquén, mostrando el agua extraída del subsuelo contaminado, con la que debe cocinar, bañarse, lavar la ropa y, cuando se le termina el bidón semanal que recibe, también beber.

Una hija y su marido muertos de cáncer. Sin tener alternativas, porque su situación económica es evidente que no le permitía el lujo de comprar el agua potable que necesitaba, que tenía, y que dejó de tener al instalarse el yacimiento de Loma de la Lata.

Similar situación atraviesa la comunidad mapuche de Campo Maripe, sobre la formación de Vaca Muerta, descripta por su cacique Juan Albino Campos y pobladores.

A riesgo de parecer obsesivos, desde esta columna no nos cansaremos en reclamar la moratoria de nuevos yacimientos de hidrocarburos fósiles. Lo hemos dicho hasta el cansancio: el mal ejemplo no es ejemplo. No sólo debiéramos prohibirlo nosotros: debiéramos levantar nuestro reclamo junto a quienes piden una moratoria global de nuevos yacimientos de petróleo profundo.

No debe importarnos que Estados Unidos y China apunten al “shale” –oil y gas-; tienen sus motivos, que no compartimos pero que pueden explicar su apuesta. Unos, por causas geopolíticas y otros, por su industrialización acelerada, se han lanzado a renovar las extracciones de fósiles.

No es nuestro caso. La Argentina no tiene razones geopolíticas, ni tampoco una demanda exacerbada por un crecimiento desmedido. Puede obtener energía limpia de fuentes alternativas renovables. Tanto su geografía física como humana poseen potencialidades enormes para la energía solar y la eólica, cuyas tecnologías han madurado en estos últimos años al punto de ser más económicas que las tradicionales.

Días atrás mencionaba el ejemplo alemán: desde una ubicación geográfica equivalente a Tierra del Fuego, en una década logró desarrollar un parque generador solar de 32.000 Mgv/h, más de una Argentina y media. Nuestro parque generador solar no llega a los 10 (¡diez!) Mgv/h.

Condenar al envenenamiento de compatriotas por obligarlos a beber agua contaminada, y asociarnos a los contaminadores globales con las mega - emisiones de CO2 que serán el resultado del petróleo y el gas que eventualmente se extraiga de Vaca Muerta es inmoral. Señora: ES INMORAL.

Visitó usted a Francisco, renovando su admiración a su mensaje. No le recordaremos desde acá la prédica de humildad que pidió a los cristianos y especialmente a los más acomodados. Tal vez sería inútil. Sí recordaremos los dos conceptos sobre los que inició su apostolado, en su primera homilía: “tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos.”

Vaca Muerta, para los argentinos, no es otra cosa que apostar a otra fuente de rentas fáciles, en lugar de a un proyecto nacional integrador, democratizado, apoyado en tecnologías limpias y en una democracia madura y participativa.

Señora: hace algunas semanas decíamos que Vaca Muerta es el equivalente a la política de sojización que ha impulsado su gobierno. “Sólo soja” es buscar “salvarnos” con la superexplotación de la tierra, Vaca Muerta es intentar lo mismo del subsuelo, poniendo ese atajo en la cuenta de nuestros hijos y nietos.

Vaca Muerta es concentración económica, dependencia del gran capital, vaciamiento de la democracia. Energías alternativas es descentralización, estímulo a las PYMES productoras de todo el país, potenciación de una democracia de base productiva y transformadora.

No siga, señora, con esta aventura. Ponga al frente del área energética un funcionario honesto con capacidad de escuchar y de convocar. Abra el debate energético a todas las voces, buscando el mejor plan, que contemple todos los aspectos y no sólo la urgencia para tapar el fracaso de estos años, o de hacer negocios rápidos con contratos amañados y cláusulas reservadas, porque hasta a él le da vergüenza que se conozcan.

No es necesario inventar la pólvora de nuevo. Fuentes primarias renovables y diversificadas, estímulo a la reconversión industrial hacia equipamiento “verde”, redes de distribución inteligentes, educación para el consumo austero y racional, respaldo a la reconversión del transporte, público y privado, hacia energías renovables comenzando por los híbridos. 

Y asociación en el esfuerzo de decenas de miles de nuevos empresarios energéticos que generen en sus hogares y vendan a la red, con sus paneles solares, con sus turbinas eólicas, con sus plantas familiares de bio-gas y procesamiento de residuos, energía de orígenes multiplicados, aprovechando la maravillosa dimensión continental del territorio argentino.

Así lo ha hecho Alemania. Así lo está haciendo Dinamarca, España, Francia. Así lo acaba de comenzar Chile, con una ley que es de avanzada, que habilita a los usuarios a vender energía a la red, sin condenarlos a ser consumidores pasivos de las grandes generadoras.

Olvídese, señora, de Vaca Muerta. Ábrale un pequeño espacio en su pensamiento a Zelmira Campo, su compatriota neuquina que ha perdido a su esposo y a su hija muertos por el cáncer, que también ya la alcanzó a ella. Y a sus compatriotas de los pueblos originarios.

El de Vaca Muerta es un camino que nos va a terminar matando a todos.

Ricardo Lafferriere

Ventana reflexiva

Estado, corporaciones, ciudadanos, consumidores

El Estado y las grandes corporaciones parecen ser los grandes articuladores de las sociedades modernas.

El primero es el símbolo del poder. Las segundas, de la economía.

Uno, responsable del orden y el bien común. Las otras, de generar los bienes y servicios requeridos por la sociedad.

Ambos constituyen “organizaciones”, con normas y jerarquías internas. En los países democráticos, el primero está presuntamente asentado en los ciudadanos, cuya representación política invoca. Las segundas, en los consumidores, de los que se reivindican servidores.

Sin embargo, ni el Estado es la democracia, ni las corporaciones son el mercado.

En la base de ambos, de acuerdo a la visión de los revolucionarios liberales del siglo XIX, están los ciudadanos, los consumidores, la “sociedad civil”. Son las personas –y no ninguna abstracción conceptual o sujeto colectivo- los depositarios últimos de la libertad, del poder y de sus propios intereses.

Pero éstos, a pesar de ser invocados por ambas organizaciones de poder –político y económico- están en estos tiempos cada vez más marginados de sus decisiones, virtualmente concentradas en sus respectivos gestores: los dirigentes políticos, en un caso; y sus accionistas, en el otro.

Los Estados modernos tienen componentes “democráticos” –las elecciones son su paradigma- pero también componentes “no democráticos”, ajenos a la decisión y escrutinio ciudadano. Los ciudadanos no pueden controlar ni incidir realmente en decisiones tan determinantes –entre muchas otras- como son los niveles inflacionarios, las asignaciones presupuestarias, las obras públicas que se construirán, las características de los servicios públicos o el contenido de la educación.

Las decisiones de las corporaciones que no son decididas por el “mercado” sino por sus propias políticas empresariales tampoco son menores, entre otras la orientación de sus investigaciones tecnológicas, la fuerte incidencia de sus decisiones de mercadeo en la generaciones de necesidades o las gestiones de “lobby” para obtener decisiones públicas favorables en detrimento de otros actores económicos.

Y está el mayor problema: la imbricación entre ambas concentraciones de poder, que conforma un estrato íntimamente relacionado por favores recíprocos favorecidos por la forma de funcionamiento de las sociedades de masas, en la que la política necesita –para llegar al poder- del respaldo económico corporativo y las corporaciones necesitan –para mejorar sus balances- de medidas políticas alejadas de la ortodoxia de los mercados perfectos.

Sin embargo, ante la sociedad, el Estado se presenta como garante de la democracia y las corporaciones como defensoras del mercado.

Ambos son necesarios. Es inimaginable una sociedad sin orden político, tan inimaginable como lo sería sin producción, avances tecnológicos, bienes o servicios. La inseguridad, la violencia cotidiana o la ausencia de contención social –responsabilidad del Estado- son bienes tan necesarios como los alimentos, el equipamiento médico, la producción de automóviles o la provisión de las comunicaciones –que proveen las corporaciones-.

Estado y corporaciones tienen mucho que dar y mucho dan para el bienestar ciudadano. Pero ambos tienden a fundamentar y justificar sus acciones en impostaciones éticas no siempre relacionadas con los plexos ideológicos que invocan, sino más bien con sus aspiraciones más directas: más poder, uno; más ganancias, las otras. 

No todo lo que hace el Estado es democrático. No todo lo que hacen las corporaciones responde al “mercado”.

El secreto de un buen análisis consiste en comprender las limitaciones de ambos. Para evitar sus desbordes, es necesario un activismo social sofisticado e inteligente que los observe y controle.

Ese activismo social, custodio de los valores diversos compartidos por los integrantes de sus diferentes grupos, no es una novedad de estos tiempos –las ligas de consumidores, por ejemplo, existen desde hace décadas, así como organismos defensores de los derechos humanos- pero sí lo es la multiplicidad de vías posibles y de campos de acción, por la revolución de las comunicaciones y la interactividad.

La aparición de peligros  nuevos como la anulación de la privacidad, la extensión de las redes de delito global, el terrorismo y los desbordes en la lucha antiterrorista, la corrupción pública-privada, la agresión al ambiente, la superexplotación de recursos naturales, la manipulación de la opinión pública y la acción de ambos –Estado y corporaciones- sin control ciudadano son los espacios más necesitados del activismo social.

Por eso es tan fuerte el reclamo por la transparencia –en lo relacionado al funcionamiento estatal-, por el cuidado ambiental y la custodia de los comportamientos monopólicos excluyentes  en lo que hace a las corporaciones y contra la relación sin adecuados controles públicos entre las empresas y el poder.

La política y los partidos políticos son interfases necesarias entre el poder y los ciudadanos. No tienen ya la exclusividad en la determinación y vigencia de los valores sociales. Deben asumir los nuevos espacios y comprender que el poder no es sólo el poder estatal, ni el Estado es ya el impoluto representante de la democracia.

Su campo de acción debe trascender la gestión del Estado. Deben impregnarse de la complejidad de la vida ciudadana, recreando y reforzando su legitimidad con  una imbricación íntima con la militancia social.

El nuevo individualismo militante no niega el derecho a las ideologías. De hecho, cada uno la tiene, a su medida y voluntad y la defiende. Lo que resiste es la ideología impuesta, y mucho menos desde el poder.

La democracia es la autonomía personal, diría David Held. No hay democracia cuando no hay autonomía. Esa autonomía es limitada por el clientelismo y por la manipulación del mercado. Es tan antidemocrático encerrar a los ciudadanos en un “corralito” político o ideológico, como limitar sus opciones económicas –como productor, trabajador, empresario o consumidor- por motivos que responden a razones alejadas de su propio bienestar.

No alcanzan, para una respuesta adecuada a la complejidad de la sociedad actual, las recetas de hace un siglo, o medio siglo, cuando el “ciudadano” era el soberano en la política y el “consumidor” el rey en la economía, pero ambos delegaban su autonomía en la política y en las empresas. Las personas, cada vez más celosas de su identidad, su independencia y su libertad de elección, están tomando -y lo harán cada vez más- un papel activo y consciente en su propia defensa y en la de los valores en los que cree.

Han advertido el peligro y se auto-organizan para evitarlo. Los relatos que ocultan intenciones no expresadas (como el endiosamiento del Estado “nacional y popular”, o la presunta intangibilidad de “los mercados”) a costa de reducir el espacio de libertad y autonomía ciudadanas son superados por reclamos vinculados a los objetivos tangibles relacionados con la agenda del presente.

 Esa es la buena noticia que ha traído este comienzo de siglo en todo el planeta y también en la Argentina.

La movilización del campo en el 2008, la “primavera árabe”, los “indignados” de Europa y Estados Unidos, las grandes marchas del 2012 y 2013 y la innumerable cantidad de iniciativas ciudadanas por temas diversos que ponen límites –y reclaman- al Estado y a las decisiones corporativas conforman un nuevo escenario dinámico y denso que está sin dudas destinado a ser característica permanente de los años que vienen.

Ricardo Lafferriere

Vaca Muerta

Rentas fáciles, futuro en riesgo

Las voces no oficialistas que se han pronunciado en contra de la firma del convenio entre YPF y Chevrón –sucesora comercial de la vieja “Standard Oil”- cubren todo el abanico político.

Desde Stolbizer (GEN) hasta Sturzenegger (PRO), desde Alfonsín (UCR) hasta Alieto Guadagni (PJ no oficialista) hay una visión coincidente en la inconveniencia de esta concesión.

Los argumentos son tantos como diversas las voces. Desde esta columna también nos hemos pronunciado, destacando la prevención ambiental, que aunque no haya formado parte de las voces opositoras, sí ha reflejado el cuestionamiento de científicos y organizaciones protectoras de los recursos naturales y el ambiente.

A esta prevención se agrega un informe conocido en estos días, en el que una nueva investigación en curso acrecienta la necesidad de cuidar los pasos en la extracción y quema de hidrocarburos fósiles.

La investigación se cita en la revista Science NOW, reproducido en varios órganos de divulgación científica, en la que se destaca que el derretimiento del hielo antártico debido al calentamiento global sería sustancialmente mayor que el que hasta ahora se contabilizaba. Puede accederse a una síntesis en http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/07/east-antarcticas-ice-sheet-not-a.html.

 Si bien no está determinado en forma científicamente terminante que ese derretimiento se deba a causas antropogénicas, la relación de circunstancias que rodean el fenómeno indica que no puede despegarse de la influencia de ese calentamiento transmitido al continente helado a través de los vientos que golpean su borde oriental, originados por el calentamiento en el trópico, ese sí debido a causas originadas por la acción humana.

Las previsiones más pesimistas afirman que ese calentamiento adicional al conocido y calculado llevaría el crecimiento del nivel del mar a fin de siglo a una altura que puede alcanzar los veinte metros. La causa es que el hielo antártico se encuentra hoy sobre tierra firme, a diferencia del Ártico, que en su mayoría flota ya en el mar y forma parte de la masa oceánica.

 Es obvio destacar las implicancias que tendría el fenómeno para la vida en el planeta tal como la conocemos, con una concentración de población humana en los bordes continentales alcanzando a ciudades tan pobladas como Tokio, San Francisco, Nueva York, Hong Kong, Shangai, Buenos Aires, Río de Janeiro… etc.

Otras voces sostienen que estos datos son alarmistas y sugieren desecharlos, como si no existieran. Lo cierto es que el consenso científico mayoritario los avala, y oficialmente son los utilizados por las Naciones Unidas y la Convención sobre el Cambio Climático firmada por todos los países del mundo. De todas formas, son lo suficientemente graves como para ignorarlos, atento a la gravedad de sus eventuales implicancias.

Estas reflexiones no suelen formar parte de los debates sobre temas públicos nacionales, pero como está la situación climática en el mundo no puede actuarse como si no existieran, con mucha más razón cuando hay alternativas, como es el caso argentino. En lugar de buscar alegremente una nueva fuente de rentas extrayendo y quemando el petróleo profundo (Shale, presal), una actitud madura y sensata sería sumarse a quienes reclaman una moratoria global a la extracción de dichos hidrocarburos hasta tanto se dilucide científicamente con mayor grado de certeza la influencia de esa quema en el cambio climático.

El acuerdo de YPF con Chevrón es condenable para algunos, por su escasa legalidad; para otros, por una decisión que reduce la capacidad de decisión del país sobre una reserva estratégica; para otros, por graves falencias en su negociación; para otros, por negar el federalismo, para otros por no responder a un plan energético integral.

Nuestra opinión es que aunque se hiciera un acuerdo impecable, soberano, económicamente conveniente, y respetuoso del federalismo, igualmente sería nefasto. Canjear la habitabilidad del planeta para nuestros hijos y nietos por un “carnaval” (diría Kicilloff) que nos permita vivir hoy sin trabajar es sencillamente inmoral.

El país no necesita la energía cara, oscura, contaminante, de fuentes fósiles. Puede cubrir sus necesidades con energías renovables, a un costo sustancialmente inferior. Sería un camino más transparente, menos abierto a la corrupción, alejado de las grandes concentraciones de capital. No sería un “carnaval” de dinero fácil y negocios rápidos, sino un cimiento sólido, diversificado y participativo de un país en crecimiento integral.

En una nota anterior (http://www.ricardo-lafferriere.blogspot.com.ar/2013/07/acuerdo-con-chevron.html) hablamos del ejemplo de Alemania, vanguardia de la Unión Europea en la sustitución de fuentes fósiles y nucleares por energía solar. Insistimos hoy en esa prédica.

No nos sumemos a los repudiados contaminadores globales. No rifemos con displicencia el futuro del planeta, casa común de nuestros hijos y nietos. No destrocemos nuestro subsuelo con el “fracking”.

Organicemos una reflexión colectiva y plural sobre la energía que necesitamos y necesitaremos, obtengámosla de fuentes primarias renovables y aprendamos a usarla en forma inteligente. Y olvidémosnos de Vaca Muerta, que puede terminar matándonos a todos.

Ricardo Lafferriere

Acuerdo con CHEVRON

¿Para eso querían YPF?

                “Me gustaría que nos pareciéramos a Alemania”, expresó la presidenta Cristina Fernández a Ángela Merkel en ocasión de su visita a ese país, en 2007.

                No ha sido ni es, sin embargo, el rumbo que ha impreso a la política energética de su gobierno.

                Entre 2002 y 2012, Alemania pasó de generar 100 Mgv/h de energía solar, a 32.000 Mgv/h. La Argentina se ha mantenido en ese período con una generación solar de 6 (seis) Megavatios/h.

Casualmente, el gran salto de generación solar en Alemania se dio durante el mismo período en que, en la Argentina, gobernó la pareja Kirchner.

                Alemania agregó nada más que con su parque generador solar el equivalente a una Argentina y media: la capacidad generadora total de nuestro país no llega a los 20.000 Mgv/h.

                Las causas del vuelco hacia fuentes primarias renovables en Alemania se produjo luego de desechar las fuentes fósiles, por contaminantes y de la definitiva proscripción de la energía atómica, luego del desastre de Fukushima, por peligrosa.

                A raíz del impulso a la energía no convencional, el costo de producción de dicha energía es hoy igual o inferior a la tradicional. Pero no sólo eso: como consecuencia del tendido de redes inteligentes y la posibilidad de vender a la red la energía generada por particulares y familias, gran parte de la generación solar es hoy  aportada por paneles ubicados sobre las viviendas y parcelas de campos.

Millones de alemanes se han convertido en pequeños “empresarios energéticos”, fortaleciendo su economía y su sociedad y la solidez de su propia democracia política.

Es tal el impulso cultural que se ven paneles hasta en techos de barcos, cuya provisión de electricidad está sostenida por la captación de energía solar.

Alemania está ubicada en una latitud equivalente a Tierra del Fuego. No recibe la potente radiación del trópico, o de las zonas templadas –como podría hacerlo la Argentina-.

Por nuestro lado, acaba de ser entregado a la aventura, en la búsqueda de nuevas rentas, parte del mega-yacimiento de “shale” de Vaca Muerta. Es el único “proyecto estratégico” energético del país, en los diez años de reinado “K”.

La presidenta Kirchner ha dejado de preferir el ejemplo de Alemania. Prefiere seguir el de Estados Unidos y de China. Pero a diferencia de ambos, uno por motivos geopolíticos y otro por su rápido crecimiento industrial, en nuestro caso tenemos opciones.

Técnicos y empresas, productores y familias, están en condiciones de repetir el fenómeno revolucionario de los alemanes. Podríamos ser Alemania. No lo seremos, pero a pesar del sueño oficialista, tampoco seremos Estados Unidos ni China: nos pareceremos más bien a los regímenes autoritarios de Medio Oriente o Venezuela.

No por sus pueblos, sino por su funcionamiento político. Las rentas fáciles extraídas al subsuelo –es decir a nuestro futuro, al de nuestros hijos y nietos- pueden terminar financiando regímenes de tiranuelos corruptos, democracias débiles y derechos humanos inexistentes. Como lo hemos sufrido en esta última década.

Pero nada es tan grave como el impulso adicional al calentamiento global que implica volcar a la atmósfera el petróleo profundo, el del Shale y el “pre-sal”. En lugar de asumirnos como militantes de la vida y de la preservación ambiental, nos sumaremos a la legión de los repudiados contaminadores globales.

Es realmente triste la imagen de YPF entregando a Chevrón 395 kilómetros cuadrados de territorio para destrozar su subsuelo mediante el “fraking”. Lo es por su significado: el primer paso de un proceso que, una vez instalados los mega-intereses petroleros, será difícil detener.

Empezamos un camino profundamente equivocado, resultado de la desesperación por las consecuencias de una década de ausencia de reflexión estratégica. Esas consecuencias no las sufrirá el kirchnerismo, experiencia política que está en su final. Lo sufrirán –lo sufriremos- los argentinos, que deberemos lidiar con sus consecuencias ecológicas, geológicas, económicas y políticas.

La impostura de la “nacionalización” de YPF queda así al desnudo, al igual que la ingenuidad de los que repartían banderitas argentinas sumados a la murga.

Una nueva oportunidad perdida. Una nueva herencia maldita de una década que en los tiempos será recordada en color negro.

Ricardo Lafferriere

Massa o la oposición

Hace unos días reflexionamos sobre el “poder” y lo que significaba, en la dinámica política argentina, la imposibilidad material de los sectores no-peronistas de articular una alternativa de relevo. Ante esa impotencia, el peronismo puede resultar nuevamente, decíamos, el ámbito responsable de organizar el próximo turno.

Desde esta columna hemos insistido durante una década en las características cortoplacistas y esencialmente conservadoras del diseño económico kirchnerista. Sin embargo, sería errado afirmar que ese diseño es exclusivo del régimen gobernante. En lo profundo y desprolijidades aparte, el diagnóstico ha perdurado durante décadas porque subyace en el diagnóstico de la mayoría de políticos argentinos, tanto oficialistas como opositores.

Por supuesto, hay excepciones. Sin embargo, la predominancia del “estado cultural” de la sociedad, los comunicadores y la opinión académica sobre el tema no dejó espacio para que esas diferencias se expresaran. El temor a la descalificación desmatizada dejó esas voces en silencio y al país con una aproximación parcial al análisis de su propia realidad.

Nuestra tesis central es que el kirchnerismo inició su gestión en una realidad crítica, en la que sin embargo lo principal de la Argentina productiva estaba intacto. Era una crisis de deuda, financiera y de “papeles”, generada centralmente por el gigantesco endeudamiento durante la década del peronismo-menemista.

Un rebote se avizoraba como inexorable, porque el campo, aún sin sembrar, estaba en plena capacidad productiva, las industrias estaban paradas pero modernizadas y la infraestructura desarrollada en los demonizados años 90 estaba subutilizada, pero allí estaba.

La economía se movía con un ritmo extremadamente ralentizado, pero para que volviera a andar no eran necesarias medidas geniales ni capitales adicionales.

No es el lugar de analizar esa dramática situación del 2001, que requería sin dudas una actitud política fuera del alcance del escenario nacional de entonces, oficialista y opositor.

La solución la impuso la propia realidad: dejar de pagar la deuda y volcar esos recursos al consumo debería producir necesariamente la reactivación, aún en la forma imperfecta en que se dio.

El kirchnerismo sólo continuó el rumbo señalado por Duhalde. A tal punto fue así que ni siquiera cambió el Ministro de Economía.

Pero… de no existir medidas transformadoras, el límite lo daba lo existente. Creer que se podía seguir canalizando indefinidamente ingresos a la demanda convirtiendo en permanentes las políticas de excepción comenzó a conspirar contra el futuro, cada vez más fuerte, porque esos ingresos no eran inagotables. 

Kirchner no lo entendió así y su mirada comenzó a volverse sobre el país productivo y los ahorros estratégicos.

Esquilmar aún más al campo –motor de la acumulación económica y financiador natural de cualquier crecimiento- significó poner un freno al desarrollo posible de un país integrado. El sector real y potencialmente más competitivo fue privado de su reconversión y forzado a su retroceso por la irracionalidad de la apropiación de sus ingresos, vía retenciones y demás impuestos.

Se liquidaron las existencias ganaderas y se confiscó el excedente agropecuario que en lugar de financiar nuevas inversiones fue volcado al clientelismo y a la corrupción llegándose al punto inimaginable de no contar ya ni siquiera con trigo para el fluido autoabastecimiento de pan.

Luego se confiscaron los ahorros previsionales, haciendo inviable al sistema para los próximos años, financiando con ese ahorro estratégico los caprichos más escatológicos de la conducción política. Hoy, el grueso de las reservas previsionales están constituidas por bonos de un Estado insolvente.

Se agotaron las reservas de hidrocarburos tras la desinversión forzada por la corrupción, presentada como “argentinización” de YPF, que en los hechos privó a la principal empresa petrolera de fondos para invertir en exploración y desarrollo al forzarla a destinar sus beneficios a la auto-compra del empresariado “especialista en mercados regulados”, socios del poder y la familia presidencial.

Para coronar el dislate, se confiscó la empresa con el argumento de su falta de inversión, que había sido causada por la propia presión oficial. Eso aisló aún más al país de la comunidad inversora internacional.

Se echó mano a las reservas en divisas, debilitando la moneda y la credibilidad, lo que reinstaló en la sociedad la “fiebre del dólar”, como única reserva de valor alejado de los arrebatos oficialistas.

Se abandonó la infraestructura, no ya de nuevas inversiones sino de la propia amortización del capital existente, llevando los servicios públicos a un grado de deterioro sin antecedentes. Trenes, rutas, energía, comunicaciones, puertos, son un testimonio de ese vaciamiento.

Los recursos volcados a la educación lo fueron con tal ineficiencia que el nivel educativo de los jóvenes ha retrocedido casi a tiempos presarmientinos. Y la calidad del funcionamiento institucional ha llegado a estadios preconstituyentes, con el poder utilizado como herramienta de represión de la disidencia, limitando el debate, concentrando el discurso en grotescos extremos desmatizados y pretendiendo re-escribir la historia con la profundidad dialéctica de un jardín de infantes.

Por último, se desmanteló la defensa nacional. Argentina es hoy un país indefenso, agravado por su aislamiento. Hazmerreír del mundo y objetivo de las redes más perversas de delito global.

Ese es el saldo.

¿Es capaz una alternativa peronista de revertir estas líneas de gobierno?

La respuesta a esta pregunta concita debate. Quienes afirman que no, creen que las ataduras dialécticas y políticas del kirchnerismo tienen tanta profundidad que es imposible volver sobre los pasos. Los que invocan ser alternativa –dicen- han impregnado su currículum de errores de diagnóstico que aún arrastran, como sostener que varias de los dislates de estos años fueron positivos. Y –concluyen- ese diagnóstico hace inviable una salida razonable.

Los antecedentes parecen dar la razón. Massa fue un funcionario tan central en el kirchnerismo como Scioli, y nunca marcaron una diferencia estratégica. Tampoco los “gobernadores” que aspiran a la sucesión. Quien no lo fuera –de Narváez- fue desnaturalizado por su alianza con el propio Scioli, que destrozó su credibilidad.

La integración de las listas del Frente Renovador y su discurso insinúan esa interpretación. De Mendiguren no nace de un repollo. Gustozzi reiterando su kirchnerismo en cada paso anticipa esa limitación. Parecieran sostener la tesis que un cambio es posible dentro de la visión reaccionaria del kirchnerismo, sólo escapando a los grotescos y desbordes del estilo presidencial. Tesis infantil, errada y –en última instancia- inviable.

Otros sostienen lo contrario. El peronismo –afirman- no es una ideología, sino una estructura de poder. La “ideología” es siempre coyuntural y escasamente obligante. Lo que lo legitima es su capacidad de articular frentes sociales mayoritarios, siguiendo el estado cultural de la mayoría y las necesidades de cada coyuntura.

No hay ningún impedimento de fondo en que vuelvan a adoptar rumbos noventistas, tal vez matizados con la experiencia del mundo y del país en estos años, pero amigables con las inversiones, aparentemente más respetuosos de las normas, tolerante con las miradas opositoras y compatibles con una  ubicación internacional más plural. En este marco –sugieren- podrían gestionar una salida hacia otra dirección.

Esta chance –dicen- se refuerza ante la desorientación y fragmentación opositora, cuyas críticas a Massa parecen serlo sólo a su pasado kirchnerista, que sospechan que puede ser también un presente concesivo al continuismo de la actual estructura de poder. Pero no a su propuesta, que parecen considerar también un “kirchnerismo sano” con el que en el fondo, tienden a coincidir, ignorando su inviabilidad.

¿Quién tiene razón?

Lo dirán los hechos.

Desde esta columna venimos sosteniendo a partir del 2011 que si la oposición es impotente para articular una alternativa capaz de: 1) conformar un frente político-social amplio, inclusivo y plural sobre la base de un acuerdo programático para la etapa; 2) acordar la participación en el eventual gobierno de todos sus integrantes según su representatividad y 3) elegir los candidatos en una gran “PASO” que incluya a todo el colorido no kirchnerista; si no es capaz de esto –decía-, lo más probable es que la sociedad vuelva a buscar en el peronismo quién lo haga. 

Y que si ello ocurre, el peronismo ha demostrado tener la flexibilidad para acomodar su discurso a las necesidades de los dos grandes desafíos de la política: llegar al poder y ejercerlo.

Eso es lo más básico que exigirán los argentinos a los aspirantes a gobernarlos.

Lo otro, tampoco es menor: animarse a cambiar la matriz pendular-viciosa de un país macrocefálico y corrupto, que construye poder y clientelismo sobre la base de la expoliación de sus zonas productoras, de sus empresarios y de sus trabajadores, condenándolo a una perenne y decadente grisitud. 

Pero eso sería aspirar a un milagro, por ahora tan lejano del gobierno como de Massa y –a pesar de sus avances- de la mayoría de la propia oposición.

Ricardo Lafferriere

Ruleta rusa

Quienes han seguido estas notas seguramente notaron en los últimos tiempos que el tema del cambio climático –consecuencia principal del calentamiento global- ha sido reiterado.

No es un tema menor. De hecho, es convicción de quien escribe que es actualmente el problema central de la humanidad, y aunque sea obvio agregarlo, también nuestro.

Era grave. Pero el descubrimiento y “puesta en valor” en los últimos años de los yacimientos hidrocarburíferos profundos, así como el desarrollo de tecnologías de extracción novedosas que permite acceder al gas de esquisto o “shale”, a los yacimientos ubicados por debajo de la capa salina o “pre-sal” y a la explotación de las arenas bituminosas en Canadá, están dando un impulso adicional a la quema de combustible fósil, que se pensaba cercano a su agotamiento.

Es de tal magnitud este cambio que la sociedad más contaminante del mundo, la norteamericana, puede llegar a convertirse en exportadora de combustibles, independizándose de sus fuentes actuales de aprovisionamiento –Europa Central y Medio Oriente- pero convirtiendo al planeta, junto con China, en una caldera.

Quienes conducen la humanidad adoptan el papel de aprendices de brujos, porque aunque no existe plena seguridad de las consecuencias fatales, cada vez son más claros los indicadores que en pocas décadas –tentativamente, tres o cuatro- la temperatura promedio del planeta habrá ascendido entre cuatro y cinco grados centígrados, en un nivel que jamás se dio desde que el hombre apareció sobre la tierra.

Este problema debiera ser el primero y central de la agenda política del mundo, y del país. No es un problema lejano y ajeno. Es cada vez más cercano, y propio. 

La boba euforia con que numerosos hacedores de política se refieren al yacimiento de Vaca Muerta como la nueva fuente de rentas que podría “salvar” definitivamente al país ignora esta circunstancia, sumándose a la irresponsable política de las dos superpotencias que en lugar de acelerar el financiamiento del desarrollo tecnológico de fuentes primarias renovables –siguiendo el ejemplo de Alemania- no dudan en profundizar el arcaico y suicida camino de seguir quemando petróleo, carbón y gas para mover un aparato económico que se resisten a reconvertir.

Si el problema era grave, una nueva información publicada en la página de la NASA agrega un dato más preocupante. Se puede observar en el sitio http://ciencia.nasa.gov/ciencias- especiales/24jun_permafrost/, que nos hizo llegar la ex legisladora y amiga Alicia Colucigno. Su título marca la dimensión de la preocupación: “¿Es el permofrost del Ártico el “gigante dormido” del cambio climático?”

El calentamiento está provocando –como sabemos- el aceleramiento del derretimiento del hielo ártico. Este derretimiento está provocando a su vez el peligro de dejar descubiertos los depósitos de permofrost, carbono orgánico cuyo volumen equivale a entre cuatro y cinco veces la cantidad total de hicrocarburos quemados desde 1850 hasta hoy (que se estiman en 350.000 millones de toneladas métricas).

Si se liberan, por derretimiento del hielo, millones de toneladas métricas de CO2 y metano se agregarán a la atmósfera y el efecto invernadero entrará en una progresión inimaginable, acercando el “punto de no retorno” –actualmente estimado hacia mediados de siglo- a tiempos mucho más cercanos.

¿Es seguro que todo eso pase? No, pero es posible. En todo caso, la pregunta es otra: ¿tenemos derecho a seguir jugando a la ruleta rusa con el clima y el planeta, en el afán de buscar nuevas fuentes de rentas que se carguen en la cuenta del incremento del riesgo, de la mayor inseguridad y de las inmediatas generaciones?

Con los datos que ya tenemos alcanzaría para decidir la prohibición global de cualquier nuevo impulso adicional a la extracción de hidrocarburos fósiles, exigiendo a los principales consumidores –USA y China- la adopción de inmediatas políticas de reconversión energética.

No sólo eso. Debiéramos mostrar el ejemplo, con un programa energético de proyección estratégica que en nuestra propia realidad se olvide de los combustibles fósiles y haga su centro en las fuentes primarias renovables, cuyo costo es hoy ya comparable –o incluso inferior- a la extracción en los nuevos yacimientos.

Ese es el principal problema de la política mundial hoy y eso debiéramos estar reclamando, más que por la demora del avión de Evo, o de sumarnos como bobos a la ilusión de Vaca Muerta.

Ricardo Lafferriere

Peronismo, kirchnerismo, "massismo". Y sigue la función...

¿Es lo mismo peronismo que  kirchnerismo? ¿Es lo mismo kirchnerismo que cristinismo? ¿Y Massa?

El interrogante no desvela a los peronistas ni a la mayoría de la sociedad, como sí lo hace al amplio espectro de la dirigencia opositora. Para los peronistas, peronismo es "poder".

Para la sociedad, el poder es una especie de subsistema, del que se esperan cosas diferentes a las que imaginan los protagonistas del escenario político.

Tampoco es que todos los ciudadanos tengan las mismas expectativas. Cada uno tendrá una imagen, una esperanza y un deseo diferente.

El “poder” está presente en la etología humana desde que comenzamos a vivir en tribus. Es la capacidad de mandar y el mando se considera necesario para vivir en forma más o menos organizada y defenderse de los enemigos.

Ese es el presupuesto esencial del poder en el imaginario colectivo. Lo probó hasta el apoyo tácito pero indiscutido que tuvo la propia dictadura en sus primeros tiempos, cuando llegaba a cubrir el poder inexistente traducido en la orgía de sangre provocada por el enfrentamiento desbordado de los diferentes grupos del gobierno peronista, entre 1973 y 1976.

La elaboración intelectual que fueron agregando a esta idea de poder, durante siglos, pensadores diversos, fue creando una idea más sofisticada que atravesó al concepto de mediaciones, limitaciones y condiciones de legitimidad, necesarios para neutralizar sus consecuencias peligrosas, sin afectar sus aspectos virtuosos.

Lo que no puede olvidarse, sin embargo, es su esencia básica: su capacidad de mando. Es la “condición sustantiva” de la política, la que en el debate muchas veces queda eclipsada por los aspectos arriba mencionados, que configuran sus características “adjetivas”.

Las sociedades necesitan, creen y esperan capacidad de mando. Y a medida que se elevan en sus condiciones de vida y convivencia, aspiran a que ese mando sea virtuoso, inteligente, eficaz, normado.

 Las sociedades evolucionadas han establecido entramados normativos que custodian a las personas comunes de posibles desbordes del poder. Otras, delegan el poder en forma menos matizada. Pero no se conoce ninguna sociedad organizada, desde las tribus hasta las sofisticadas sociedades actuales, que no contemple el factor “poder” en su organización.

El peronismo entiende el poder y lo ejercita. Su falencia es su tendencia a saltearse las normas que lo regulan y limitan, a las que suele considerar un obstáculo. Su otra falencia –no generalizada en todos sus sectores- es entender al poder como una propiedad de quienes lo detentan. Los demás ciudadanos son simples sujetos pasivos sin derecho ni capacidad para discutir su voluntad.

El amplio espectro no peronista aborda el poder desde sus aspectos adjetivos. Las “ideologías”, los “fines buscados”, las “afinidades partidarias”, “la izquierda”, “la derecha” o “el centro” llegan a ocultar su esencia de mando, olvidando que para la más profunda intuición y conciencia ciudadana, es lo más importante.

En décadas pasadas, el contradictorio se planteaba con las fuerzas que también creían en el poder sustantivo, pero destacaban la necesidad de su ejercicio dentro del marco del estado de derecho, formidable construcción de la civilización política caracterizada por la distribución de competencias entre diversos órganos institucionales.

La finalidad de esta distribución no era hacerlo impotente, sino evitar sus desbordes. Su ejemplo paradigmático era el radicalismo.

La sensación que surge al observar la sociedad argentina de hoy sin embargo es que la aspiración de mando sólo se refleja en el imaginario peronista. Es el único espacio en el que el aspecto sustantivo del poder se sobrepone en forma clara a sus abordajes adjetivos.

Los desbordes del peronismo en su relación con muchos derechos de ciudadanos fue el motor del enfrentamiento “peronismo-antiperonismo” que motorizó varias décadas del siglo XX.

El enfrentamiento tenía otro fuerte condimento: el papel inclusivo de las gestiones peronistas hacia los desventurados, dependientes de otros con mayor poder económico y político.

El peronismo, construyendo su base de representación entre estos ciudadanos que sentían y sufrían situaciones de injusticia, se convirtió en una de las grandes fuerzas articuladoras de la sociedad nacional.

Creó otro imaginario: que esas personas marginadas eran su objetivo. La realidad fue más matizada. Las políticas sociales del peronismo hacían simbiosis con la mala utilización del poder para fines de enriquecimiento personal de integrantes de sus élites. Su rica dinámica interna reflejó esa tensión. Su mayor o menor deslizamiento al clientelismo estuvo siempre presente.

La otra había sido el radicalismo, en la transición del siglo XIX al XX y en la primera mitad de ese siglo. Su papel integrador fue político, abriendo el camino a la participación en el gobierno a sectores hasta entonces marginados por las élites del siglo XIX y comienzos del XX. De pronto, ciudadanos sin recursos ni apellidos ilustres, contaban con un aparato político que abría la competencia y les permitía un canal de acceso al escenario político.

Ni uno ni otro fueron partidos ideológicos, sino fuerzas de integración. Sus núcleos culturales aglutinantes deben buscarse en la diferente forma de entender la relación “poder - ciudadanos”, más que en los contenidos de sus medidas de gobiernos, normalmente adaptadas a los cambiantes estilos de cada época.

Como en todos los agregados sociales, los límites no son nítidos y las impregnaciones recíprocas existen, condimentando sus núcleos conceptuales básicos.

Las etiquetas partidarias no modelaron la realidad social y cultural argentina. Simplemente la reflejaron. Es aventurado ver en el peronismo el surgimiento de la idea de poder, o en el radicalismo el inicio de la democracia y las libertades públicas. Esa tensión viene desde la colonia y atravesó diversas etapas de la historia nacional, como lo había hecho en la historia universal.

Ambas fuerzas incluyeron creencias culturales subyacentes en una sociedad que, contra lo que suele pensarse, tampoco es original. La tensión entre el poder que quiere ampliarse hacia lo absoluto y las resistencias ciudadanas que quieren limitarlo ha existido desde que la humanidad comenzó su proceso civilizatorio.

En la Argentina, en todo caso, parece apropiado hablar de agregados socio-culturales, más que de etiquetas. Agregados socio-culturales que, como se adelantó, tampoco son nítidos.

El populismo rentista incluye –y oscila entre- su vertiente absolutista y aquella que busca su apertura a la legitimidad popular. El gran campo “democrático-republicano” oscila entre su vertiente elitista y la que también busca su legitimación en el respaldo popular.

Las estrategias de acumulación para ambos son diferentes. En el campo “autoritario” su ampliación impone concesiones al mundo democrático y republicano, lo que le genera un conflicto secundario con sus componentes más extremos, aquellos que exigen el ejercicio del poder a cualquier precio. Tal vez el “vamos por todo” sea una consigna que lo refleje.

En el campo democrático y republicano, el rumbo es inverso y su ampliación requiere encarnar la idea de “democracia social” –como se decía en otros tiempos- o “socialdemócrata”, como se comenzó a decir, con una impronta europea, en las últimas décadas del siglo XX. En este campo los otros grandes actores son los “populares”, socios de los socialdemócratas en la construcción de los estados sociales europeos.

También tienen su conflicto secundario, con aquellos a quienes la pureza de la teoría impone la neutralidad del Estado en la tensión social por la distribución de la riqueza. En la Argentina actual son pocos, identificados como “liberales de derecha”.

Éstos no deben confundirse con los llamados “neoliberales”, término que es necesario precisar más por su banal aplicación a grupos o medidas que poca relación tienen con el liberalismo, y cuya función es predicar y sostener el papel positivo de las grandes corporaciones, lo que los hace presente en todo el abanico político. 

Una sociedad equilibrada y exitosa demandaría la convivencia en la diversidad entre aquellos que en ambos grandes campos toleran la diferencia, aceptando como natural los debates sobre políticas públicas y la conveniencia de encontrar síntesis para los problemas que presente la agenda.

El centro de gravedad de la opinión pública argentina oscila. Se aleja cuando, en cada sector, el discurso se acerca a los extremos, y se acerca a los sectores más tolerantes de los dos grandes agregados.

Son éstos los que abren el camino al funcionamiento “constitucional”, imposible si hegemonizan el debate las miradas de los extremos. Juan José Sebrelli sugirió por eso la necesidad de una gran “coalición de coaliciones”, como base necesaria para una democracia estable.

¿Qué relación tienen estas reflexiones con las preguntas del comienzo?

El kirchnerismo está, claramente, en el espacio peronista. El cristinismo es el sector más ultraísta del kirchnerismo. Su desplazamiento al extremo lo está alejando de la mayoría.

La iniciativa de Massa pareciera apuntar a ocupar ese vacío, agrupando al sector del peronismo que es consciente que el poder  debe matizarse aceptando la existencia del “otro” y abriendo incluso espacios para su participación. Busca crear una “nueva mayoría”, que reemplace a la anterior. Otra cosa es que lo logre.

Enfrente,  también hay noticias. Confluencias –más pequeñas- del espacio democrático republicano parecen iniciar un rumbo positivo, aunque por ahora siga obsesivamente auto-arrinconado en papel testimonial-ideológico.

Como resultado natural, se autoexcluye de participar en la “Primera A” y prefiere quedarse en la periferia. Renuncia a convocar a los grandes contingentes ciudadanos no ideologizados –que son la mayoría- y deja en consecuencia un espacio grande a su adversario, que lo aprovecha abriendo con más tranquilidad la opción de relevo, dentro de sus mismos marcos.

En algún momento –ojalá sea pronto- este espacio alternativo democrático y moderno logrará articular un trabajo conjunto con la suficiente amplitud para incluir a todos sus matices, conformando una real alternativa seria con vocación de gobierno. Sería bueno que lo haga pronto, para hacer posible un diálogo político equilibrado.

Mientras tanto, entre “salvar los principios, aunque se pierdan mil gobiernos” y “el poder está para usarse”, los ciudadanos irán optando por la opción que intuyan como menos mala.

La de “perder gobiernos”, luego de las experiencias de 1989 y 2001, ha mostrado el que el peligro de considerar al poder como contrario y disvalioso frente a los principios puede acarrear dolores que la sociedad no parece dispuesta a repetir.

La de “el poder está para usarse” muestra su falta de escrúpulos éticos, pero ante la alternativa de una aventura demasiado parecida a un salto al vacío, puede terminar siendo el marco en el que la sociedad defina el mando.

Mal que nos pese a quienes soñamos con un país diferente y nos sentimos alejados del populismo y del poder autoritario, es probable que los ciudadanos una vez más decidan participar, tal vez sin entusiasmo, en la disputa interna de aquellos a quienes gobernar no les asusta y el poder sí les interesa.

Aunque es bueno no renunciar a la esperanza de que esta historia cambie y que en algún momento, más temprano que tarde, logremos encarrilar a la Argentina en la senda de un país como soñamos.

Ricardo Lafferriere