La voltereta de Ricardo Colombi deja aún más al descubierto –si alguna duda había- las características de las verdaderas reglas de juego de la política argentina. El extorsionador serial, desde Olivos, conserva la facultad –que le ha delegado el Congreso nuevamente a su esposa, con la aprobación de la ley de presupuesto- de construir su poder sobre la baje del chantaje.
Hace pocas semanas, al discutirse la Ley de Medios, fue la Senadora Sánchez el instrumento de la perversión. Los medios y hasta los propios dirigentes políticos centraron en la persona de la Senadora su crítica despiadada, silenciando el papel del verdadero responsable de la trama y del diabólico instrumento que la forzaba a actuar como lo hacía: la discrecionalidad presidencial para la disposición de recursos públicos. Si su voto no se alineaba con el oficialismo, cuarenta mil familias correntinas dependientes del Estado no cobrarían su sueldo. Cabe pensar un instante en el significado de esta situación y compararla con la angustia que se presenta en cualquier familia argentina no ya cuando su sueldo no se paga, sino cuando es demorado unos días... desde las cuentas de los servicios con vencimiento inexorable, los alquileres, las expensas, las tarjetas, las cuotas, todo lo que implica la vida cotidiana de un argentino de carne y hueso, no la abstracción estadística, en los papeles, de los analistas económicos y políticos.
Desde la posición del observador externo –como quien esto escribe- las actitudes de Sánchez y de Colombi no tienen justificación. Pero el observador externo no es el responsable de la gestión de la que depende la cotidianeidad de miles de argentinos.
Seguramente muchos hubieran preferido renunciar a sus cargos, antes que ceder al chantaje. Otros han preferido seguir en sus responsabilidades de gestión, aún a costa de destrozar su imagen publica y su credibilidad.
Lo que sí queda claro es que hasta que el Congreso no cumpla con su obligación constitucional de sancionar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que reduzca la discrecionalidad y automatice la distribución de recursos, termine los impuestos de emergencia de libre disponibilidad por el Poder Ejecutivo y limite la capacidad extorsiva de la familia residente en Olivos, los casos de Sánchez y Colombi seguirán repitiéndose inexorablemente.
La política auténtica seguirá siendo un sainete mientras el discurso no se traduzca en la vigencia de las leyes y mientras no logremos vivir en un país “representativo, republicano y federal”.
De esto es de lo que hablamos cuando reclamamos “volver a la Constitución”. Para esto es que reclamamos construir un gran consenso democrático y republicano. Por esto es que nos molestan los “límites” que unos u otros fabrican en la tranquilidad de sus despachos y oficinas para mantener “impoluta” su imagen de impotencia y no trabajar por lo que importa.
Lo que importa ahora no es la extensión de “los límites” –se llamen Macri, Cobos, Duhalde, de Narváez o Solá-. Lo que importa es terminar con este extorsionador serial y volver a tener un marco normativo que permita a los Colombi, a los Sánchez, pero también a cada gobernador e Intendente de la Argentina, cualquiera sea su color político de origen, dedicarse a su gestión sin tener que soportar la diaria humillación del chantaje.
Ricardo Lafferriere
jueves, 19 de noviembre de 2009
miércoles, 18 de noviembre de 2009
“¡DNI o muerte... Venceremos!”
Del ridículo no se vuelve, dice el viejo refrán cuya autoría –como tantas cosas en la Argentina- se atribuye falsamente a Perón. Un amigo que sufre la Argentina de estos tiempos, por su parte, suele decir: “Estos pasan un badén y creen que están bajando de la Sierra Maestra...”
Por cierto, la impronta épica del kirchnerismo lo lleva a los lugares más insólitos, como Néstor en la selva colombiana formando parte de un operativo internacional para liberar un niño ... que se encontraba desde hacía años en un hogar sustituto, en Bogotá, o Cristina disfrazándose de guerrillera top, con la elegante boina de diseño lucida en –como no...- la eterna París de la “izquierda champagne” para pedir, ¡no a las FARC sino a Uribe! la apertura de conversaciones con el grupo guerrillero para obtener la liberación de Ingrid Betancourt. Que, dicho sea al pasar, fue liberada días después por un impecable operativo militar del Ejército Nacional de Colombia que dejó en ridículo a las temibles formaciones guerrilleras.
Es lindo contar con un buen documento de identidad. De ahí a otorgarle al nuevo diseño de los DNI la característica de una conquista revolucionaria que amerite la repetición hasta el cansancio del discurso ¡presidencial! que lo anuncia, no sólo es ridículo: es haber perdido todo criterio de distinción entre lo prioritario y lo accesorio, entre lo imprescindible y lo simbólico, entre las personas de carne y hueso –con su espíritu, sufrimiento, hambre, inseguridad, dignidad- y los papeles.
Los compatriotas que duermen en la calle agregarán otro bien invalorable al fútbol gratis que ven por las vidrieras de los bares –aunque su mirada se les desvíe hacia los platos con comida de quienes están adentro-. Seguirán con hambre, desamparo y miedo. Pero ahora tendrán un DNI hecho totalmente por el Estado.
Ver y escuchar a Cristina –una vez, y otra, y otra....- anunciando por la televisión en propaganda oficial el nuevo DNI con la voz afectada y convicción impostada, deja la sensación de que su lenguaje visual estuviera expresando íntimamente otro mensaje. Como si se sintiera proclamando, con todo el fervor revolucionario de una Carta Abierta:
¡Hasta la Victoria Secret! ¡DNI o Muerte... Venceremos!
Ricardo Lafferriere
Por cierto, la impronta épica del kirchnerismo lo lleva a los lugares más insólitos, como Néstor en la selva colombiana formando parte de un operativo internacional para liberar un niño ... que se encontraba desde hacía años en un hogar sustituto, en Bogotá, o Cristina disfrazándose de guerrillera top, con la elegante boina de diseño lucida en –como no...- la eterna París de la “izquierda champagne” para pedir, ¡no a las FARC sino a Uribe! la apertura de conversaciones con el grupo guerrillero para obtener la liberación de Ingrid Betancourt. Que, dicho sea al pasar, fue liberada días después por un impecable operativo militar del Ejército Nacional de Colombia que dejó en ridículo a las temibles formaciones guerrilleras.
Es lindo contar con un buen documento de identidad. De ahí a otorgarle al nuevo diseño de los DNI la característica de una conquista revolucionaria que amerite la repetición hasta el cansancio del discurso ¡presidencial! que lo anuncia, no sólo es ridículo: es haber perdido todo criterio de distinción entre lo prioritario y lo accesorio, entre lo imprescindible y lo simbólico, entre las personas de carne y hueso –con su espíritu, sufrimiento, hambre, inseguridad, dignidad- y los papeles.
Los compatriotas que duermen en la calle agregarán otro bien invalorable al fútbol gratis que ven por las vidrieras de los bares –aunque su mirada se les desvíe hacia los platos con comida de quienes están adentro-. Seguirán con hambre, desamparo y miedo. Pero ahora tendrán un DNI hecho totalmente por el Estado.
Ver y escuchar a Cristina –una vez, y otra, y otra....- anunciando por la televisión en propaganda oficial el nuevo DNI con la voz afectada y convicción impostada, deja la sensación de que su lenguaje visual estuviera expresando íntimamente otro mensaje. Como si se sintiera proclamando, con todo el fervor revolucionario de una Carta Abierta:
¡Hasta la Victoria Secret! ¡DNI o Muerte... Venceremos!
Ricardo Lafferriere
martes, 10 de noviembre de 2009
Señora: hable claro o cállese la boca
Las declaraciones presidenciales denunciando la existencia de un plan desestabilizador no caen sobre cualquier escenario, sino sobre una compleja situación social plagada de incertidumbres, rumores, hastío y miedo de los argentinos que ya alcanza al temor de la propia supervivencia.
Quien esto escribe, señora, no la soporta a usted desde hace tiempo. Mejor dicho: no a usted –tiene derecho a ser como quiera-, sino a su forma de gobierno –o desgobierno-. Pero a pesar de eso, no dudaría un instante en defender el sistema constitucional, aunque el precio fuera tener que soportarla hasta el 2011. La Constitución establece los mecanismos de cambio de autoridades y mientras usted no renuncie o sea removida por juicio político, nadie puede “desestabilizarla” de su cargo.
No pretenda utilizar esa amenaza velada para exculparse de su incapacidad de gobierno, demostrada día a día con una gestión inexistente, anuncios rimbombantes inconsistentes y ataques a quien no coincida con su singular forma de ver el mundo y entender la política.
Si tiene usted información sobre un complot contra la Constitución, es su obligación denunciarlo con detalles y en todo caso, presentarlo a la justicia. Pero si no tiene esa información, no tiene usted derecho a agrandar la angustia ciudadana con frases soltadas al voleo, de las que se desprenden la sensación de la existencia de conspiraciones en marcha destinadas a interrumpir su mandato al margen de los procedimientos constitucionales.
Si conoce usted un delito en curso de ejecución, como funcionaria pública que es, su obligación legal es denunciarlo. Y si no es así, su obligación es no repartir sospechas con veladas imputaciones delictivas.
Ricardo Lafferriere
Quien esto escribe, señora, no la soporta a usted desde hace tiempo. Mejor dicho: no a usted –tiene derecho a ser como quiera-, sino a su forma de gobierno –o desgobierno-. Pero a pesar de eso, no dudaría un instante en defender el sistema constitucional, aunque el precio fuera tener que soportarla hasta el 2011. La Constitución establece los mecanismos de cambio de autoridades y mientras usted no renuncie o sea removida por juicio político, nadie puede “desestabilizarla” de su cargo.
No pretenda utilizar esa amenaza velada para exculparse de su incapacidad de gobierno, demostrada día a día con una gestión inexistente, anuncios rimbombantes inconsistentes y ataques a quien no coincida con su singular forma de ver el mundo y entender la política.
Si tiene usted información sobre un complot contra la Constitución, es su obligación denunciarlo con detalles y en todo caso, presentarlo a la justicia. Pero si no tiene esa información, no tiene usted derecho a agrandar la angustia ciudadana con frases soltadas al voleo, de las que se desprenden la sensación de la existencia de conspiraciones en marcha destinadas a interrumpir su mandato al margen de los procedimientos constitucionales.
Si conoce usted un delito en curso de ejecución, como funcionaria pública que es, su obligación legal es denunciarlo. Y si no es así, su obligación es no repartir sospechas con veladas imputaciones delictivas.
Ricardo Lafferriere
sábado, 7 de noviembre de 2009
En descomposición
La absoluta incapacidad de conducción del gobierno nacional está convirtiendo al país en una selva y acelerando el clima de descomposición social. La campana de cristal en la que parece vivir la señora presidenta nos permite observarla engolada de sus propias palabras, con grotescos gestos y giros dialécticos autoreferenciales que pretenden polemizar monologando por cadena nacional, en sus cada vez menos escalas nacionales. Mientras, los argentinos son masacrados día a día por una orgía de violencia, atropellos, anomia, patotas, agresiones e indiferencia por los derechos de las personas de bien, quienes han optado –hasta ahora- por no defenderse ni organizarse porque aún prefieren creer en la ilusión de vivir en un estado de derecho.
El estado de derecho, sin embargo, no es más que eso: una ilusión. No lo respeta el gobierno, convertido en una virtual asociación ilícita con angurria sin límites, ni los jueces, que parecen vivir en el limbo denegando justicia a millares de argentinos, ni mucho menos los participantes de la lucha intra-oficialista que están llevando a la calle, a los subterráneos, a las rutas, a las fábricas y a las propias oficinas públicas, sus violentos estertores ante la declinación inexorable del régimen. Pocas veces como en estos días la Argentina política se ha parecido tanto a 1976 y la imagen presidencial ha estado tan cerca de la de Isabel Perón.
Sin sentirse contenido por límite alguno, el oficialismo no respetó los derechos ajenos cuando decidió apropiarse de recursos del campo, de los ahorristas previsionales, de los empleados, de los jubilados y del propio país, metiendo mano en la riqueza nacional atesorada en el Banco Central mediante espurios manejos contables con la complicidad de las autoridades de la máxima autoridad monetaria. Tampoco respetó la Constitución imponiendo una ley de medios plagada de censuras, prohibiciones y normas inconstitucionales, esta vez con la complicidad de sus prósperos acompañantes ad-hoc del retro-progresismo y del alineamiento conseguido con chantajes. Y ahora ha decidido marchar contra la libertad de expresión y prensa, base de todas las demás libertades, liberando la jauría de sus patotas contra las principales publicaciones argentinas.
El país está absorto ante el autismo de la pareja gobernante, que sólo atina a elaborar sentencias dialécticas que presume ingeniosas pero que no resistirían el cotejo de un solo debate parlamentario o reunión de prensa en libertad. La presidenta le habla al espejo y se convence de lo que éste le responde.
El escenario político está enrarecido ante el asombroso desconocimiento de los resultados electorales que marcaron la opinión de los argentinos sobre el rumbo de su país. El apoyo irrestricto y acrítico que está brindando a esta descomposición el principal partido político argentino, único sostén institucional de la pareja gobernante, permite que el escenario sea poblado por rumores –seguramente muchos de los cuales serán disparatados, pero que golpean en una opinión pública que ya no sabe distinguir lo real de lo posible- de los que surgen los caminos más absurdos, desde un presunto autogolpe hasta atentados terroristas generados por grupos irregulares disfrazados de fuerzas de seguridad. Y en lugar de ayudar a corregir el rumbo, dirigentes peronistas de diversos lugares del país reclaman... ¡el regreso de Kirchner a la presidencia!
Y lo increíble se potencia al observar que mientras la angustia del hambre y el miedo se adueñan de la agenda de los argentinos, el poder perverso de quien decide detrás del trono sigue logrando imponer una agenda desligada por completo de esas preocupaciones, ampliando la brecha de los ciudadanos con sus representantes que son colocados cada vez más cerca del conocido reclamo –dramático y peligroso- del “que se vayan todos”.
El autor no tiene información para decir si es cierto o no que existen armas en manos de grupos irregulares de inspiración chavista, actuantes en la lucha interna del gobierno, de lo que se ha pedido informes en el Congreso. Tampoco para afirmar si la posibilidad de una pretendida disolución del parlamento está dentro de las alternativas analizadas por este retorcido personaje llegado desde el sur, como se ha escuchado de algunos analistas. Mucho menos para anunciar posibles mega-atentados de inspiración “bolivariana” que conmocionen la vida nacional durante el receso parlamentario en la esperanza de desatar procesos incontrolables, como surge de blogs que transmiten la hipótesis en cadenas de Internet. El deseo íntimo de quién esto escribe es que se trate de meros peligros imaginados, sin espacio de concresión en la Argentina.
Pero sí puede observar que la descomposición se instala día a día, superando los anuncios que presidenciales semanales de eterno incumplimiento, las muertes de ciudadanos –civiles y policías- en una orgía de sangre ante la silenciosa complicidad del poder kirchnerista, la extensión de la mega corrupción en cada vez más ámbitos del Estado ante la cínica indiferencia de la pareja gobernante y aún de sus sostenes parlamentarios, la desesperación por la pobreza que no llega al INDEC pero que puede ser observada en los zaguanes, en las plazas y en las calles donde miles de compatriotas duermen con el cielo como techo viviendo de la limosna y la instalación en lugares públicos de los conflictos más inverocímiles, tomando como rehén a una población cada vez más harta.
Semanas atrás decíamos en esta columna que nos acercamos a tiempos oscuros. Ahora, la percepción es que ya estamos entrando en la penumbra y parece que, en el escenario, a pocos les importa. Pero el escenario es el lugar donde los problemas deben solucionarse con la mediación civilizada y el diálogo maduro que establece la democracia.
Si desde allí, desde el gobierno, el Congreso, el oficialismo y las oposiciones, no surgen las respuestas, el proceso argentino se terminará de escapar hacia las calles, donde no se puede razonar, donde la lucha se hace descarnada, donde cada uno no vale uno sino la fuerza que tenga, el eco de su grito destemplado o la violencia que logre demostrar o ejercitar. Ya lo hemos vivido y sabemos lo que duele.
La aceleración de la descomposición de estas semanas nos está llevando a ese estado. ¡Cómo no entender, entonces, la preocupación de los compatriotas que escuchan los rumores y no alcanzan a comprender hasta dónde llega la realidad, donde empieza la ficción, hacia dónde buscar el horizonte y cuándo la sensación térmica se convierte en la dolorosa experiencia de la muerte de un familiar, de un vecino, de un amigo, o de la propia democracia!
Ricardo Lafferriere
El estado de derecho, sin embargo, no es más que eso: una ilusión. No lo respeta el gobierno, convertido en una virtual asociación ilícita con angurria sin límites, ni los jueces, que parecen vivir en el limbo denegando justicia a millares de argentinos, ni mucho menos los participantes de la lucha intra-oficialista que están llevando a la calle, a los subterráneos, a las rutas, a las fábricas y a las propias oficinas públicas, sus violentos estertores ante la declinación inexorable del régimen. Pocas veces como en estos días la Argentina política se ha parecido tanto a 1976 y la imagen presidencial ha estado tan cerca de la de Isabel Perón.
Sin sentirse contenido por límite alguno, el oficialismo no respetó los derechos ajenos cuando decidió apropiarse de recursos del campo, de los ahorristas previsionales, de los empleados, de los jubilados y del propio país, metiendo mano en la riqueza nacional atesorada en el Banco Central mediante espurios manejos contables con la complicidad de las autoridades de la máxima autoridad monetaria. Tampoco respetó la Constitución imponiendo una ley de medios plagada de censuras, prohibiciones y normas inconstitucionales, esta vez con la complicidad de sus prósperos acompañantes ad-hoc del retro-progresismo y del alineamiento conseguido con chantajes. Y ahora ha decidido marchar contra la libertad de expresión y prensa, base de todas las demás libertades, liberando la jauría de sus patotas contra las principales publicaciones argentinas.
El país está absorto ante el autismo de la pareja gobernante, que sólo atina a elaborar sentencias dialécticas que presume ingeniosas pero que no resistirían el cotejo de un solo debate parlamentario o reunión de prensa en libertad. La presidenta le habla al espejo y se convence de lo que éste le responde.
El escenario político está enrarecido ante el asombroso desconocimiento de los resultados electorales que marcaron la opinión de los argentinos sobre el rumbo de su país. El apoyo irrestricto y acrítico que está brindando a esta descomposición el principal partido político argentino, único sostén institucional de la pareja gobernante, permite que el escenario sea poblado por rumores –seguramente muchos de los cuales serán disparatados, pero que golpean en una opinión pública que ya no sabe distinguir lo real de lo posible- de los que surgen los caminos más absurdos, desde un presunto autogolpe hasta atentados terroristas generados por grupos irregulares disfrazados de fuerzas de seguridad. Y en lugar de ayudar a corregir el rumbo, dirigentes peronistas de diversos lugares del país reclaman... ¡el regreso de Kirchner a la presidencia!
Y lo increíble se potencia al observar que mientras la angustia del hambre y el miedo se adueñan de la agenda de los argentinos, el poder perverso de quien decide detrás del trono sigue logrando imponer una agenda desligada por completo de esas preocupaciones, ampliando la brecha de los ciudadanos con sus representantes que son colocados cada vez más cerca del conocido reclamo –dramático y peligroso- del “que se vayan todos”.
El autor no tiene información para decir si es cierto o no que existen armas en manos de grupos irregulares de inspiración chavista, actuantes en la lucha interna del gobierno, de lo que se ha pedido informes en el Congreso. Tampoco para afirmar si la posibilidad de una pretendida disolución del parlamento está dentro de las alternativas analizadas por este retorcido personaje llegado desde el sur, como se ha escuchado de algunos analistas. Mucho menos para anunciar posibles mega-atentados de inspiración “bolivariana” que conmocionen la vida nacional durante el receso parlamentario en la esperanza de desatar procesos incontrolables, como surge de blogs que transmiten la hipótesis en cadenas de Internet. El deseo íntimo de quién esto escribe es que se trate de meros peligros imaginados, sin espacio de concresión en la Argentina.
Pero sí puede observar que la descomposición se instala día a día, superando los anuncios que presidenciales semanales de eterno incumplimiento, las muertes de ciudadanos –civiles y policías- en una orgía de sangre ante la silenciosa complicidad del poder kirchnerista, la extensión de la mega corrupción en cada vez más ámbitos del Estado ante la cínica indiferencia de la pareja gobernante y aún de sus sostenes parlamentarios, la desesperación por la pobreza que no llega al INDEC pero que puede ser observada en los zaguanes, en las plazas y en las calles donde miles de compatriotas duermen con el cielo como techo viviendo de la limosna y la instalación en lugares públicos de los conflictos más inverocímiles, tomando como rehén a una población cada vez más harta.
Semanas atrás decíamos en esta columna que nos acercamos a tiempos oscuros. Ahora, la percepción es que ya estamos entrando en la penumbra y parece que, en el escenario, a pocos les importa. Pero el escenario es el lugar donde los problemas deben solucionarse con la mediación civilizada y el diálogo maduro que establece la democracia.
Si desde allí, desde el gobierno, el Congreso, el oficialismo y las oposiciones, no surgen las respuestas, el proceso argentino se terminará de escapar hacia las calles, donde no se puede razonar, donde la lucha se hace descarnada, donde cada uno no vale uno sino la fuerza que tenga, el eco de su grito destemplado o la violencia que logre demostrar o ejercitar. Ya lo hemos vivido y sabemos lo que duele.
La aceleración de la descomposición de estas semanas nos está llevando a ese estado. ¡Cómo no entender, entonces, la preocupación de los compatriotas que escuchan los rumores y no alcanzan a comprender hasta dónde llega la realidad, donde empieza la ficción, hacia dónde buscar el horizonte y cuándo la sensación térmica se convierte en la dolorosa experiencia de la muerte de un familiar, de un vecino, de un amigo, o de la propia democracia!
Ricardo Lafferriere
jueves, 5 de noviembre de 2009
Paradigmas
Aunque la filosofía habla de ellos desde tiempos de los griegos, fue Thomas Kuhn quien terminó de introducir en la ciencia el concepto de “paradigma”, emparentándolo con la idea de “modelos” metafísicos y epistemológicos que proporcionan el "contexto" en que se forman los diferentes modelos teóricos y teorías de un nivel inferior, presentando las directrices generales de agrupamiento de las diferentes teorías. Desde allí saltarían a las ciencias políticas, no siempre con el mismo rigor exigido por las ciencias duras, pero con efectos ciertos en la dinámica del debate al punto que, superando su origen científico, han terminado por convertirse en algo así como “religiones ideológicas” en las que sus bases conceptuales no aceptan someterse a la reflexión crítica o cuestionamiento intelectual.
Dentro de los paradigmas, pareciera que todo cabe. Fuera de ellos, se demanda a quienes se atrevan a cuestionarlos exigencias tales que, hasta que llega la evidencia incontrastable de la inutilidad de los paradigmas vigentes, les permite escasos espacios de desarrollo argumental. La política –y el periodismo, y muchísimo más la televisión- no admite reflexiones que no se encuadren rápidamente en mundos conocidos y –presuntamente- seguros.
En nuestra política contemporánea podemos encontrar dos grandes paradigmas interpretativos. Con matices en su seno, tienen sin embargo algunas ideas-fuerza que es imposible cuestionar, so pena de excomunión de las respectivas cofradías. A riesgo de aventurar caricaturescamente el análisis podríamos definir a uno de ellos como “nacional y popular” y al otro como “liberal”, no sin antes adelantar rápidamente que las palabras con las que se definen no tienen otro alcance en el contexto de esta nota que recurrir a un “nombre propio” identificatorio, lo que de ninguna manera implica aceptar que el paradigma “nacional y popular” sea efectivamente nacional y popular, o que el paradigma “liberal” sea, efectivamente, liberal.
Ambos tienen “tabúes”, construcciones conceptuales indiscutibles sobre las que es requerida una fe religiosa, cuasi bíblica. El “Estado fuerte”, una cierta sublimación de la idea de “nación”, la desconfianza instintiva hacia las libertades económicas y el mercado, la subordinación de los derechos de las personas al “interés general” tal como lo define el poder, son algunos ejemplos de los tabúes del paradigma “nacional y popular”. Por el lado del paradigma liberal, los núcleos conceptuales que no admiten discusión son la prioridad de las libertades en general y de las económicas en particular, cierta idealización del mercado, el Estado concebido como una maquinaria que garantice el orden social sin intervención en la economía, la vigencia de la seguridad jurídica y la prioridad del ciudadano por sobre cualquier construcción política.
A la distancia, se encuentran en ambos limitaciones intrínsecas. En el primero, el desinterés por el crecimiento económico, en el segundo, el desinterés por alguna forma de equidad que motive políticas públicas de contenido social. Y en ambos es posible sentir la intransigencia frente a su rival, normalmente con descalificaciones apoyadas en invocaciones éticas (al estilo de “ladrones e inmorales” por un lado, o “cipayos y entreguistas” por el otro).
¿Puede lograr la Argentina encarrilar su rumbo reciclando la dialéctica de sus viejos paradigmas? Y la inversa, ¿es posible diseñar un conjunto de ideas superadoras, construyendo un paradigma adecuado a la nueva realidad del mundo interdependiente, las cadena productivas globales, la cosmopolitización instalada en la vida cotidiana, los problemas ambientales, la polarización social, la violencia impregnando todos los niveles, la inseguridad, los desequilibrios económicos, la sociedad de riesgo o los “imprevistos globales” acechando en tiempo real?
Los paradigmas se desarrollan alrededor de ejes conceptuales que surgen de los debates y las reflexiones sobre los problemas de los actores en los que se apoyan, los que analizan críticamente, imaginan sus posibles soluciones y diseñan el sistema de ideas o “ideología” destinado a “chocar” con sus rivales –previos, o contemporáneos-. Los sujetos históricos a los que responden –ambos- son los propios del mundo de los estados y economías nacionales, ideas con diferentes niveles de autarquía y políticas encerradas en el mundo de las “soberanías” invulnerables a cualquier condicionamiento externo.
La característica del mundo de hoy, sin embargo, es la cosmopolitización creciente e inexorable de la realidad. Las sociedades nacionales pierden sus bordes –si no geográficos, sí culturales, económicos, éticos y hasta políticos-. La impregnación cosmopolita crea entramados de influencias diversas con sus implicancias desconocidas para el mundo “cerrado” de los viejos paradigmas y mientras el trabajo sigue siendo centralmente local, aferrado al territorio, la economía es global y escapa al control de los Estados.
La simbiosis chino-norteamericana es un ejemplo de dequilibrios recíprocos tolerados, jugando en el escenario global y hasta estimulados, al margen de los antiguos proyectos nacionales, asentándose en un proceso de cambio que no es indemne a las viejas presiones nacionalistas, las que, sin embargo, son incompatibles con la dinámica de la nueva etapa de las fuerzas productivas globales y de los mercados abiertos, que, en cuanto asentadas en un desarrollo científico-técnico irreversible, también se transforman en indemnes a cualquier intento “político” de volver a encerrarlas en las fronteras geográficas de los Estados-Nación. La propia y potente idea de “nación”, alrededor de la cual se organizó el planeta en los últimos dos siglos, es erosionada y reconstruida en una clave nueva, no necesariamente unida a las formaciones políticas y económicas estatales.
Nuevos paradigmas están en elaboración, superando los estrechos marcos heredados de los antiguos sistemas de ideas. En su construcción, herramientas antes opuestas exploran formas de convivencia. “Mercado” y “Estado” se articulan, en lugar de enfrentarse, para potenciar el crecimiento. “Soberanía nacional” y “mundo cosmopolita” se imbrican en diseños normativos que buscan extender los derechos humanos por encima de los marcos cerrados y garantizarlos a todos, aún a pesar de la prevención excluyente de los Estados. “Patria” y “extranjeros” sufren una mixtura que diseña nuevos patriotismos y complejas identidades al calor de las culturas interactuando por los sistemas comunicacionales que envuelven el planeta y por las colectividades de migrantes vinculadas a sus países de origen y a las nuevas sociedades receptoras. “Burgueses” y “proletarios” se transforman en categorías deconstruidas en infinidad de formaciones económicas y productivas adecuadas a los nuevos tiempos, que incluyen tercerizaciones, auto-empresas, auto-empleos, sociedades familiares multinacionales, sociedades y empresas virtuales, fondos soberanos, fideicomisos de inversión, etc. etc.; mientras “economía nacional” y “resto del mundo” devienen en capítulos analíticos progresivamente impotentes para describir los límites de espacios económicos que se pretende separados, pero ya inasibles.
El mundo “nacional y popular” se agotó, tanto como el “modelo liberal”. Sólo falta darse cuenta. Cuando ello ocurra, herramientas de uno y de otro comenzarán a dialogar en la búsqueda de organizar el nuevo paradigma, en el que las viejas luchas serán recluidas en los libros de historia y la tarea de pensar el futuro –y el presente- se impondrá ante las crisis sucesivas, que son propias de la ya instalada sociedad de riesgo.
Los objetivos seguramente serán los que siempre han guiado a la política como actividad que pretende arrebatarle al destino, a la naturaleza o a las religiones el derecho de la voluntad humana de tener algunas riendas del futuro en sus manos: un mundo mejor, lo más justo posible, en el que los seres humanos podamos realizar nuestros proyectos de vida liberados del hambre, la inseguridad, la opresión política y las incertidumbres básicas.
Mientras tanto, los ecos de los viejos enfrentamientos se irán difumando, como telón de fondo, aunque se los vea convocando espasmódicamente a épicas pasadas que movilizan emotivos recuerdos. Ante ellos, generaciones jóvenes cada vez más indiferentes a aquellos combates, están preocupadas por la marcha tumultuosa e incierta del tiempo que les toca vivir. Y van madurando, quizás inconscientemente, las condiciones de surgimiento del paradigma del futuro.
Ricardo Lafferriere
Dentro de los paradigmas, pareciera que todo cabe. Fuera de ellos, se demanda a quienes se atrevan a cuestionarlos exigencias tales que, hasta que llega la evidencia incontrastable de la inutilidad de los paradigmas vigentes, les permite escasos espacios de desarrollo argumental. La política –y el periodismo, y muchísimo más la televisión- no admite reflexiones que no se encuadren rápidamente en mundos conocidos y –presuntamente- seguros.
En nuestra política contemporánea podemos encontrar dos grandes paradigmas interpretativos. Con matices en su seno, tienen sin embargo algunas ideas-fuerza que es imposible cuestionar, so pena de excomunión de las respectivas cofradías. A riesgo de aventurar caricaturescamente el análisis podríamos definir a uno de ellos como “nacional y popular” y al otro como “liberal”, no sin antes adelantar rápidamente que las palabras con las que se definen no tienen otro alcance en el contexto de esta nota que recurrir a un “nombre propio” identificatorio, lo que de ninguna manera implica aceptar que el paradigma “nacional y popular” sea efectivamente nacional y popular, o que el paradigma “liberal” sea, efectivamente, liberal.
Ambos tienen “tabúes”, construcciones conceptuales indiscutibles sobre las que es requerida una fe religiosa, cuasi bíblica. El “Estado fuerte”, una cierta sublimación de la idea de “nación”, la desconfianza instintiva hacia las libertades económicas y el mercado, la subordinación de los derechos de las personas al “interés general” tal como lo define el poder, son algunos ejemplos de los tabúes del paradigma “nacional y popular”. Por el lado del paradigma liberal, los núcleos conceptuales que no admiten discusión son la prioridad de las libertades en general y de las económicas en particular, cierta idealización del mercado, el Estado concebido como una maquinaria que garantice el orden social sin intervención en la economía, la vigencia de la seguridad jurídica y la prioridad del ciudadano por sobre cualquier construcción política.
A la distancia, se encuentran en ambos limitaciones intrínsecas. En el primero, el desinterés por el crecimiento económico, en el segundo, el desinterés por alguna forma de equidad que motive políticas públicas de contenido social. Y en ambos es posible sentir la intransigencia frente a su rival, normalmente con descalificaciones apoyadas en invocaciones éticas (al estilo de “ladrones e inmorales” por un lado, o “cipayos y entreguistas” por el otro).
¿Puede lograr la Argentina encarrilar su rumbo reciclando la dialéctica de sus viejos paradigmas? Y la inversa, ¿es posible diseñar un conjunto de ideas superadoras, construyendo un paradigma adecuado a la nueva realidad del mundo interdependiente, las cadena productivas globales, la cosmopolitización instalada en la vida cotidiana, los problemas ambientales, la polarización social, la violencia impregnando todos los niveles, la inseguridad, los desequilibrios económicos, la sociedad de riesgo o los “imprevistos globales” acechando en tiempo real?
Los paradigmas se desarrollan alrededor de ejes conceptuales que surgen de los debates y las reflexiones sobre los problemas de los actores en los que se apoyan, los que analizan críticamente, imaginan sus posibles soluciones y diseñan el sistema de ideas o “ideología” destinado a “chocar” con sus rivales –previos, o contemporáneos-. Los sujetos históricos a los que responden –ambos- son los propios del mundo de los estados y economías nacionales, ideas con diferentes niveles de autarquía y políticas encerradas en el mundo de las “soberanías” invulnerables a cualquier condicionamiento externo.
La característica del mundo de hoy, sin embargo, es la cosmopolitización creciente e inexorable de la realidad. Las sociedades nacionales pierden sus bordes –si no geográficos, sí culturales, económicos, éticos y hasta políticos-. La impregnación cosmopolita crea entramados de influencias diversas con sus implicancias desconocidas para el mundo “cerrado” de los viejos paradigmas y mientras el trabajo sigue siendo centralmente local, aferrado al territorio, la economía es global y escapa al control de los Estados.
La simbiosis chino-norteamericana es un ejemplo de dequilibrios recíprocos tolerados, jugando en el escenario global y hasta estimulados, al margen de los antiguos proyectos nacionales, asentándose en un proceso de cambio que no es indemne a las viejas presiones nacionalistas, las que, sin embargo, son incompatibles con la dinámica de la nueva etapa de las fuerzas productivas globales y de los mercados abiertos, que, en cuanto asentadas en un desarrollo científico-técnico irreversible, también se transforman en indemnes a cualquier intento “político” de volver a encerrarlas en las fronteras geográficas de los Estados-Nación. La propia y potente idea de “nación”, alrededor de la cual se organizó el planeta en los últimos dos siglos, es erosionada y reconstruida en una clave nueva, no necesariamente unida a las formaciones políticas y económicas estatales.
Nuevos paradigmas están en elaboración, superando los estrechos marcos heredados de los antiguos sistemas de ideas. En su construcción, herramientas antes opuestas exploran formas de convivencia. “Mercado” y “Estado” se articulan, en lugar de enfrentarse, para potenciar el crecimiento. “Soberanía nacional” y “mundo cosmopolita” se imbrican en diseños normativos que buscan extender los derechos humanos por encima de los marcos cerrados y garantizarlos a todos, aún a pesar de la prevención excluyente de los Estados. “Patria” y “extranjeros” sufren una mixtura que diseña nuevos patriotismos y complejas identidades al calor de las culturas interactuando por los sistemas comunicacionales que envuelven el planeta y por las colectividades de migrantes vinculadas a sus países de origen y a las nuevas sociedades receptoras. “Burgueses” y “proletarios” se transforman en categorías deconstruidas en infinidad de formaciones económicas y productivas adecuadas a los nuevos tiempos, que incluyen tercerizaciones, auto-empresas, auto-empleos, sociedades familiares multinacionales, sociedades y empresas virtuales, fondos soberanos, fideicomisos de inversión, etc. etc.; mientras “economía nacional” y “resto del mundo” devienen en capítulos analíticos progresivamente impotentes para describir los límites de espacios económicos que se pretende separados, pero ya inasibles.
El mundo “nacional y popular” se agotó, tanto como el “modelo liberal”. Sólo falta darse cuenta. Cuando ello ocurra, herramientas de uno y de otro comenzarán a dialogar en la búsqueda de organizar el nuevo paradigma, en el que las viejas luchas serán recluidas en los libros de historia y la tarea de pensar el futuro –y el presente- se impondrá ante las crisis sucesivas, que son propias de la ya instalada sociedad de riesgo.
Los objetivos seguramente serán los que siempre han guiado a la política como actividad que pretende arrebatarle al destino, a la naturaleza o a las religiones el derecho de la voluntad humana de tener algunas riendas del futuro en sus manos: un mundo mejor, lo más justo posible, en el que los seres humanos podamos realizar nuestros proyectos de vida liberados del hambre, la inseguridad, la opresión política y las incertidumbres básicas.
Mientras tanto, los ecos de los viejos enfrentamientos se irán difumando, como telón de fondo, aunque se los vea convocando espasmódicamente a épicas pasadas que movilizan emotivos recuerdos. Ante ellos, generaciones jóvenes cada vez más indiferentes a aquellos combates, están preocupadas por la marcha tumultuosa e incierta del tiempo que les toca vivir. Y van madurando, quizás inconscientemente, las condiciones de surgimiento del paradigma del futuro.
Ricardo Lafferriere
sábado, 31 de octubre de 2009
Reforma Política: ¿se les puede creer?
Todavía recordamos las promesas de 1994. Para lo argentinos, se abría una modernización inédita en su normativa constitucional: los nuevos derechos sociales, la protección ambiental, la agilización de la justicia, el afianzamiento del federalismo, la racionalidad económico-social.... El precio no parecía tan grande: aceptar la posibilidad de una reelección para el presidente, que, además, tenía gran respaldo popular.
Y el radicalismo les creyó.
· Creyó que Menem y el peronismo “reducirían el presidencialismo extremo” con la creación del Jefe de Gabinete. Hoy tenemos mayor concentración de poder en el Ejecutivo de la que se tenga memoria.
· Creyó que el tercer senador permitiría una representación de las fuerzas de minoría en las provincias. La consecuencia fue que el peronismo dividiera ficticiamente sus fuerzas en varias provincias, para adueñarse de los tres senadores, que luego coincidían en el mismo bloque.
· Creyó que el Consejo de la Magistratura mejoraría el Poder Judicial. Y tenemos un Poder Judicial más temeroso que nunca del poder político, y una disminución de las defensas de los ciudadanos que en ocasiones llega a la literal ausencia de justicia.
· Creyó que la reforma obligaría a la búsqueda de consensos para políticas de estado. La consecuencia fue que las leyes más importantes se aprueban comprando voluntades, fomentando la borocotización, chantajeando gobernadores y canjeando canonjías. Las leyes se aprueban como las manda el Poder Ejecutivo, sin cambiar una coma y sin elaborar ningún consenso estratégico. O se destinan miles de millones de fondos públicos por cualquier ocurrencia, sin debate alguno ni búsqueda de consensos, por un tosco decisionismo autoritario.
· Creyó que se terminarían los Decretos de Necesidad y Urgencia. La consecuencia fue que, al contrario, se institucionalizaron y permiten una vía rápida para evitar el control parlamentario, con una “sanción ficta” que enfrenta la propia Constitución.
La Reforma Política es necesaria y fue bandera de todas las fuerzas. Pero...
¿Se les puede creer?
En el 2002 implantaron las elecciones abiertas y simultáneas, por iniciativa del presidente peronista Eduardo Duhalde. En el 2003, el propio presidente Duhalde las suspendió por decreto porque no resultaban convenientes a su partido.
En el 2005, se suspendieron nuevamente y en el 2007 directamente se derogaron, en ambos casos por iniciativa del presidente peronista Néstor Kirchner.
Ahora se impulsan nuevamente, por parte de la presidenta peronista Cristina Fernández, porque percibe que las necesitan para solucionar su conflicto partidario en forma favorable a la dinastía gobernante, aunque ello signifique destrozar el sistema político con la excusa de su mejoramiento. Como hicieron con la Constitución, cuyas normas más importantes incumplen sistemáticamente (como la no-sanción de la Ley de Coparticipación), o distorsionan (como la reglamentación del Consejo de la Magistratura y de los DNU).
Pretenden una “reforma política”. Pero no aceptan los puntos clave:
· Terminar con las listas sábanas. Pondría en peligro la construcción del poder clientelista.
· Implantar el voto electrónico o la boleta única. Pondría en peligro las diferentes formas de fraude del aparato clientelista.
· Prohibir toda clase de publicidad oficial desde que se convocan a elecciones. Les impediría utilizar el poder del Estado para incidir en la opinión pública.
Entonces ¿se les puede creer? Y más concretamente, ¿pueden creerles los radicales?
Para el viejo partido, las consecuencias de su apoyo a la reforma del 94 no fueron gratuitas. El radicalismo comenzó un declive de representatividad que lo acompañaría durante más de una década, y del que aún no ha salido: la sociedad lo percibió como cómplice en lo que realmente le importaba al oficialismo de entonces y que los argentinos percibían como lo que realmente estaba en disputa: el continuismo amañado de Menem. Y le perdió la confianza, en un sentimiento de recelo y crítica que aún subsiste en muchos simpatizantes radicales de toda la vida.
Con los antecedentes existentes, ¿cómo aventar el riesgo de volver a licuar la representatividad de la oposición desvinculándola nuevamente de los ciudadanos? ¿Se puede confiar en quienes no han dudado en cambiar mecanismos y plazos decisivos buscando el beneficio sectario, como el adelantamiento de las elecciones, las candidaturas falsas y la utilización del poder del Estado para incidir en la opinión pública? Con los ejemplos exhibidos en los seis años de la dinastía K ¿cabe la ingenuidad de suponer que la reforma busca mejorar el sistema institucional del país?
Que a esta ley la apoyen los socialistas, que viven en el limbo, o los retro-progresistas como Pino, Sabatella o Macaluse, socios ad-hoc de todos los dislates, no sorprendería ya a nadie.
Sin dudas quien más sufriría los efectos de la licuación de su incipiente recuperación de credibilidad política sería el viejo radicalismo, al que se le pide el apoyo para una reforma que lo acercaría al gobierno y lo alejaría de los partidos del arco democrático-republicano con los que guarda real afinidad en objetivos de reconstrucción democrática y con los que viene construyendo artesanalmente, con algunos mediante acuerdos electorales y con otros mediante el trabajo legislativo, un verdadero centro de poder alternativo.
Pero fundamentalmente lo alejaría de los ciudadanos, por ser el partido del que los argentinos esperan –como natural contrapeso de la hegemonía peronista- la capacidad de interpretar por donde pasa el frente del poder, una firme defensa de los derechos de las personas y de la integridad democrática y la habilidad política necesaria para construir la sucesión a estos años de pesadilla.
Ricardo Lafferriere
Y el radicalismo les creyó.
· Creyó que Menem y el peronismo “reducirían el presidencialismo extremo” con la creación del Jefe de Gabinete. Hoy tenemos mayor concentración de poder en el Ejecutivo de la que se tenga memoria.
· Creyó que el tercer senador permitiría una representación de las fuerzas de minoría en las provincias. La consecuencia fue que el peronismo dividiera ficticiamente sus fuerzas en varias provincias, para adueñarse de los tres senadores, que luego coincidían en el mismo bloque.
· Creyó que el Consejo de la Magistratura mejoraría el Poder Judicial. Y tenemos un Poder Judicial más temeroso que nunca del poder político, y una disminución de las defensas de los ciudadanos que en ocasiones llega a la literal ausencia de justicia.
· Creyó que la reforma obligaría a la búsqueda de consensos para políticas de estado. La consecuencia fue que las leyes más importantes se aprueban comprando voluntades, fomentando la borocotización, chantajeando gobernadores y canjeando canonjías. Las leyes se aprueban como las manda el Poder Ejecutivo, sin cambiar una coma y sin elaborar ningún consenso estratégico. O se destinan miles de millones de fondos públicos por cualquier ocurrencia, sin debate alguno ni búsqueda de consensos, por un tosco decisionismo autoritario.
· Creyó que se terminarían los Decretos de Necesidad y Urgencia. La consecuencia fue que, al contrario, se institucionalizaron y permiten una vía rápida para evitar el control parlamentario, con una “sanción ficta” que enfrenta la propia Constitución.
La Reforma Política es necesaria y fue bandera de todas las fuerzas. Pero...
¿Se les puede creer?
En el 2002 implantaron las elecciones abiertas y simultáneas, por iniciativa del presidente peronista Eduardo Duhalde. En el 2003, el propio presidente Duhalde las suspendió por decreto porque no resultaban convenientes a su partido.
En el 2005, se suspendieron nuevamente y en el 2007 directamente se derogaron, en ambos casos por iniciativa del presidente peronista Néstor Kirchner.
Ahora se impulsan nuevamente, por parte de la presidenta peronista Cristina Fernández, porque percibe que las necesitan para solucionar su conflicto partidario en forma favorable a la dinastía gobernante, aunque ello signifique destrozar el sistema político con la excusa de su mejoramiento. Como hicieron con la Constitución, cuyas normas más importantes incumplen sistemáticamente (como la no-sanción de la Ley de Coparticipación), o distorsionan (como la reglamentación del Consejo de la Magistratura y de los DNU).
Pretenden una “reforma política”. Pero no aceptan los puntos clave:
· Terminar con las listas sábanas. Pondría en peligro la construcción del poder clientelista.
· Implantar el voto electrónico o la boleta única. Pondría en peligro las diferentes formas de fraude del aparato clientelista.
· Prohibir toda clase de publicidad oficial desde que se convocan a elecciones. Les impediría utilizar el poder del Estado para incidir en la opinión pública.
Entonces ¿se les puede creer? Y más concretamente, ¿pueden creerles los radicales?
Para el viejo partido, las consecuencias de su apoyo a la reforma del 94 no fueron gratuitas. El radicalismo comenzó un declive de representatividad que lo acompañaría durante más de una década, y del que aún no ha salido: la sociedad lo percibió como cómplice en lo que realmente le importaba al oficialismo de entonces y que los argentinos percibían como lo que realmente estaba en disputa: el continuismo amañado de Menem. Y le perdió la confianza, en un sentimiento de recelo y crítica que aún subsiste en muchos simpatizantes radicales de toda la vida.
Con los antecedentes existentes, ¿cómo aventar el riesgo de volver a licuar la representatividad de la oposición desvinculándola nuevamente de los ciudadanos? ¿Se puede confiar en quienes no han dudado en cambiar mecanismos y plazos decisivos buscando el beneficio sectario, como el adelantamiento de las elecciones, las candidaturas falsas y la utilización del poder del Estado para incidir en la opinión pública? Con los ejemplos exhibidos en los seis años de la dinastía K ¿cabe la ingenuidad de suponer que la reforma busca mejorar el sistema institucional del país?
Que a esta ley la apoyen los socialistas, que viven en el limbo, o los retro-progresistas como Pino, Sabatella o Macaluse, socios ad-hoc de todos los dislates, no sorprendería ya a nadie.
Sin dudas quien más sufriría los efectos de la licuación de su incipiente recuperación de credibilidad política sería el viejo radicalismo, al que se le pide el apoyo para una reforma que lo acercaría al gobierno y lo alejaría de los partidos del arco democrático-republicano con los que guarda real afinidad en objetivos de reconstrucción democrática y con los que viene construyendo artesanalmente, con algunos mediante acuerdos electorales y con otros mediante el trabajo legislativo, un verdadero centro de poder alternativo.
Pero fundamentalmente lo alejaría de los ciudadanos, por ser el partido del que los argentinos esperan –como natural contrapeso de la hegemonía peronista- la capacidad de interpretar por donde pasa el frente del poder, una firme defensa de los derechos de las personas y de la integridad democrática y la habilidad política necesaria para construir la sucesión a estos años de pesadilla.
Ricardo Lafferriere
domingo, 25 de octubre de 2009
Acción social y populismo
Cerca de diez millones de pesos al mes es lo que recibe del gobierno nacional, según el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, el grupo “Tupac Amaru”, para desarrollar sus actividades de “Estado paralelo” en la provincia de Jujuy. La investigación periodistica, por su parte, estima los fondos públicos recibidos por esta organización en alrededor de Doscientos millones de pesos anuales. Con esa cantidad ha construido viviendas, instalado unidades productivas, sostenido gastos sociales y hasta articulado un sistema de seguridad propio que contaría con armas. A fuer de ser honestos, han sido bastante más eficientes que los burócratas corruptos de Aerolíneas, que pierden esa suma cada mes para financiar viajes semivacíos al Calafate y llevar amigos a los partidos de la Selección.
¿Está mal que los pobres reciban dinero público? La pregunta viene a cuento de las explicaciones que, según algunos periodistas oficialistas, han vertido voceros oficiales acerca de esta asignación: “La plata que les damos viene toda en obras, no se queda nada en el camino”. Curiosa confesión que, por exclusión, reconoce que las estructuras del Estado son impotentes en el control de la corrupción en cadena, crecida durante los años “K” a niveles orgiásticos.
Pero ocurre que nadie en su sano juicio, frente al nivel de pobreza que el kirchnerismo ha instalado en la Argentina, puede oponerse a políticas sociales que puedan paliar la miseria. La pregunta, en todo caso, esquiva el tema principal: ¿reconoce el gobierno que es incapaz de llevar adelante políticas públicas en el marco democrático-republicano? ¿es inexorable condenar a los compatriotas de menores recursos a caer en el clientelismo de líderazgos mafiosos o cuasimafiosos como contrapartida de un alivio a su pobreza? ¿está ya el gobierno kirchnerista, oficialmente, resignando su capacidad de gobernar en democracia?
La democracia tiene un piso de formalidad imprescindible para garantizar los derechos de todos, pobres y ricos: se llama estado de derecho. No se ha inventado hasta ahora un sistema más eficiente para lograr el desarrollo económico en una sociedad moderna o que pretenda serlo que la vigencia de leyes aprobados por la mayoría de los ciudadanos a través de los parlamentos. Por el contrario, los sistemas que pretenden ejercer el “puro poder” con fines sedicentemente justicieros pero obviando la ley han terminado, sin excepción alguna, en dictaduras de partido, tiranuelos enriquecidos con cuentas en el exterior, fundamentalismos étnicos o religiosos negadores de los derechos humanos, o incitaciones a la violencia social que abre el camino a ríos de sangre y poblaciones empobrecidas con economías estancadas.
¿Cómo oponerse a que organizaciones no gubernamentales coincidan con el Estado en la obtención de objetivos de innegable justicia, como generación de trabajo, construcción de viviendas o seguridad? El dislate surje cuando esas organizaciones pretenden reemplazar la soberanía popular, a las decisiones de las mayorías, entorpeciendo el mecanismo de relojería en que consiste el ordenamiento politico, destinado a garantizar no sólo a los que tienen fuerza y armas, sino a todos los ciudadanos, -sean débiles y viejitos, estén enfermos, anden en silla de ruedas o no puedan salir de su casa- la igualdad esencial que como personas tienen de participar en las deciciones generales. O cuando ejercitando la intolerancia propia de los años de plomo pretenden silenciar las voces con las que no coinciden, destrozar ámbitos diferentes, tomar comisarías, saquear legislaturas, invadir oficinas públicas, hacer justicia por mano propia o liberar personas sometidas a proceso. Eso no es “acción social” sino “acción directa” político-militar, y es el germen del regreso a tiempos de triste memoria.
La democracia no puede olvidar a los empobrecidos jujeños a los que ayuda Milagro Sala y su corte. El gobierno tiene una triple culpa de los hechos violentos que ella y su organización protagonizan: la primera, por ignorar en su agenda en forma inmoral a los argentinos sin recursos; la segunda, por tratar de liberarse de esa culpa volcando su apoyo a grupos irregulares con los que erosiona la convivencia y hace retroceder a la democracia a tiempos previos a la propia organización institucional del país, y la tercera por tratar de construir un poder fáctico sobre la base del clientelismo, que aunque traiga a esos compatriotas empobrecidos un mejoramiento de su nivel de vida directo, lo hace a cambio de sumergirlos en la humillación de su subordinación política y la pérdida de su condición de hombres libres en condiciones de optar por caminos diferentes o definiciones distintas de las indicadas por la “organización”.
Nuestro entorno regional más próspero avanza en su política, su economía, su equidad social, su prestigio internacional. Brasil está en el umbral de ingresar en la máxima gobernabilidad global y su presidente exhibe el 80 % de respaldo de su pueblo. Chile está completando el proceso de transición con la Concertación y la presidenta Bachelet muestra similar apoyo. El Uruguay ha votado en el marco de un proceso de convivencia ejemplar, con su presidente invitando a sus predecesores –rivales- a la inauguración de las obras públicas durante el proceso electoral, para que no se vea en ellas una publicidad espúria: Vázquez se va también con el 80 % de imagen positiva.
En la Argentina, el kirchnerismo nos lleva, luego de conseguir el deterioro de la economía y de la calidad institucional más grandes desde la recuperación democrática, a poner en el debate los temas más primitivos y arcaicos de una sociedad civilizada. La presidenta, en uno de los récords mundiales como los que a ella le gustan, es la jefa de gobierno menos respaldada en todo el continente –menos del 20 % de opiniones positivas, casi 10 puntos menos que el denostado George Busch al terminar su mandato- y su consorte –que personifica el poder perverso en las sombras- es el político más devaluado en las muestras de opinión en el país.
Lo que evidencia que lo que anda mal en la Argentina no es precisamente el pueblo. ¿Cómo pensar que grupos como Tupac Amaru y liderazgos marginales como el de Milagro Sala no vendrían a ocupar el espacio que los Kirchner, por incapacidad de gestión y su insistencia en reiterar ridículos, han hecho desaparecer de la agenda de gobierno?
Ricardo Lafferriere
¿Está mal que los pobres reciban dinero público? La pregunta viene a cuento de las explicaciones que, según algunos periodistas oficialistas, han vertido voceros oficiales acerca de esta asignación: “La plata que les damos viene toda en obras, no se queda nada en el camino”. Curiosa confesión que, por exclusión, reconoce que las estructuras del Estado son impotentes en el control de la corrupción en cadena, crecida durante los años “K” a niveles orgiásticos.
Pero ocurre que nadie en su sano juicio, frente al nivel de pobreza que el kirchnerismo ha instalado en la Argentina, puede oponerse a políticas sociales que puedan paliar la miseria. La pregunta, en todo caso, esquiva el tema principal: ¿reconoce el gobierno que es incapaz de llevar adelante políticas públicas en el marco democrático-republicano? ¿es inexorable condenar a los compatriotas de menores recursos a caer en el clientelismo de líderazgos mafiosos o cuasimafiosos como contrapartida de un alivio a su pobreza? ¿está ya el gobierno kirchnerista, oficialmente, resignando su capacidad de gobernar en democracia?
La democracia tiene un piso de formalidad imprescindible para garantizar los derechos de todos, pobres y ricos: se llama estado de derecho. No se ha inventado hasta ahora un sistema más eficiente para lograr el desarrollo económico en una sociedad moderna o que pretenda serlo que la vigencia de leyes aprobados por la mayoría de los ciudadanos a través de los parlamentos. Por el contrario, los sistemas que pretenden ejercer el “puro poder” con fines sedicentemente justicieros pero obviando la ley han terminado, sin excepción alguna, en dictaduras de partido, tiranuelos enriquecidos con cuentas en el exterior, fundamentalismos étnicos o religiosos negadores de los derechos humanos, o incitaciones a la violencia social que abre el camino a ríos de sangre y poblaciones empobrecidas con economías estancadas.
¿Cómo oponerse a que organizaciones no gubernamentales coincidan con el Estado en la obtención de objetivos de innegable justicia, como generación de trabajo, construcción de viviendas o seguridad? El dislate surje cuando esas organizaciones pretenden reemplazar la soberanía popular, a las decisiones de las mayorías, entorpeciendo el mecanismo de relojería en que consiste el ordenamiento politico, destinado a garantizar no sólo a los que tienen fuerza y armas, sino a todos los ciudadanos, -sean débiles y viejitos, estén enfermos, anden en silla de ruedas o no puedan salir de su casa- la igualdad esencial que como personas tienen de participar en las deciciones generales. O cuando ejercitando la intolerancia propia de los años de plomo pretenden silenciar las voces con las que no coinciden, destrozar ámbitos diferentes, tomar comisarías, saquear legislaturas, invadir oficinas públicas, hacer justicia por mano propia o liberar personas sometidas a proceso. Eso no es “acción social” sino “acción directa” político-militar, y es el germen del regreso a tiempos de triste memoria.
La democracia no puede olvidar a los empobrecidos jujeños a los que ayuda Milagro Sala y su corte. El gobierno tiene una triple culpa de los hechos violentos que ella y su organización protagonizan: la primera, por ignorar en su agenda en forma inmoral a los argentinos sin recursos; la segunda, por tratar de liberarse de esa culpa volcando su apoyo a grupos irregulares con los que erosiona la convivencia y hace retroceder a la democracia a tiempos previos a la propia organización institucional del país, y la tercera por tratar de construir un poder fáctico sobre la base del clientelismo, que aunque traiga a esos compatriotas empobrecidos un mejoramiento de su nivel de vida directo, lo hace a cambio de sumergirlos en la humillación de su subordinación política y la pérdida de su condición de hombres libres en condiciones de optar por caminos diferentes o definiciones distintas de las indicadas por la “organización”.
Nuestro entorno regional más próspero avanza en su política, su economía, su equidad social, su prestigio internacional. Brasil está en el umbral de ingresar en la máxima gobernabilidad global y su presidente exhibe el 80 % de respaldo de su pueblo. Chile está completando el proceso de transición con la Concertación y la presidenta Bachelet muestra similar apoyo. El Uruguay ha votado en el marco de un proceso de convivencia ejemplar, con su presidente invitando a sus predecesores –rivales- a la inauguración de las obras públicas durante el proceso electoral, para que no se vea en ellas una publicidad espúria: Vázquez se va también con el 80 % de imagen positiva.
En la Argentina, el kirchnerismo nos lleva, luego de conseguir el deterioro de la economía y de la calidad institucional más grandes desde la recuperación democrática, a poner en el debate los temas más primitivos y arcaicos de una sociedad civilizada. La presidenta, en uno de los récords mundiales como los que a ella le gustan, es la jefa de gobierno menos respaldada en todo el continente –menos del 20 % de opiniones positivas, casi 10 puntos menos que el denostado George Busch al terminar su mandato- y su consorte –que personifica el poder perverso en las sombras- es el político más devaluado en las muestras de opinión en el país.
Lo que evidencia que lo que anda mal en la Argentina no es precisamente el pueblo. ¿Cómo pensar que grupos como Tupac Amaru y liderazgos marginales como el de Milagro Sala no vendrían a ocupar el espacio que los Kirchner, por incapacidad de gestión y su insistencia en reiterar ridículos, han hecho desaparecer de la agenda de gobierno?
Ricardo Lafferriere
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