El "progresismo K"

                El libreto no es nuevo. A fuerza de reiteración y de perder hilachas, queda reducido a unas pocas afirmaciones que pretenden identificar con al oficialismo con la acción –ya que no con el pensamiento- “progresista”.

                El cambio de la Corte Suprema menemista, la defensa de los derechos humanos y el ya paradigmático “programa de  Asignación  Universal a la Niñez” son el “núcleo duro” de las reivindicaciones oficialistas, las “pruebas” de su progresismo.

                De la Corte, últimamente se habla poco. Es más: en intuición de quien escribe, hablarán cada vez menos, y si el máximo Tribunal llegara a declarar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, es posible que dejen de hablar precisamente bien, y se profundice su demonización, que ya comenzó.

                Los derechos humanos, por su parte, se dan de bruces con la utilización patrimonialista  de prebendaria otrora prestigiosos organismos (como las “Madres” y las “Abuelas”, ahora proyectadas generacionalmente en los “hijos”), que giran alrededor del presupuesto y no sólo por los sueños compartidos. Son cada vez más grotescas herramientas de lucha facciosa, licuando viejos afectos y rifando ganados respetos al canjearlos por menos respetables canonjías.

                Los compatriotas aborígenes, especialmente los Qom, pueden dar cátedra  sobre los “derechos humanos” K, cada vez que es asesinado alguno de sus compañeros por la policía brava del Isfran-kirchnerismo o del Capitanich-kirchnerismo. De la misma forma que los millones de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan, a los que los diez años del “modelo” no han logrado detectar.

                Y también los hogares humildes del conurbano, abandonados a la suerte de las bandas de narcotráfico enseñoreadas en espacios sin seguridad, policía ni justicia. El “paco” mata diariamente no sólo a los jóvenes desocupados y analfabetos, sino a las madres que se atreven a luchar contra las redes, ante la indiferencia del aparato punteril  kirchnerista, muchas veces cómplice.

                Queda la famosa “Asignación…”.

                Quien esto escribe integraba el bloque de diputados radicales, en tiempos en que también lo hacían Elisa Carrió y Elisa Carca. Ambas fueron autoras del proyecto de Asignación Universal, discutido y aprobado por el Bloque, que lo respaldó y así obtuvo estado parlamentario.

Era una iniciativa estudiada y consistente, que no recurría a los recursos de los jubilados sino que preveía fondos propios, sostenible en el tiempo y sin viso alguno de clientelismo.

                Gobernaba el peronismo, en ese momento con ropaje menemista, con mayoría en ambas Cámaras. Por supuesto, el proyecto de Carrió y Carca durmió el sueño de los justos a pesar de ser una iniciativa infinitamente más sólida e institucionalmente coherente que el decreto de Cristina.

                Los tiempos de la Alianza no fueron precisamente tranquilos para discutir este proyecto. Hasta que llegó el kirchnerismo, que se lo apropió luego de varios años de gestión y, sin debate parlamentario alguno, lo hizo propio.

                Claro que con su impronta. Clientelar, arrebatando recursos a los jubilados, sin garantía alguna de actualización automática, y utilizándolo como vergonzosa propaganda facciosa.

                No obstante eso, es mejor así que no tenerlo. La pregunta, en todo caso, es si esa única bandera, que no sólo nadie discutía sino que antes de su sanción tenía la sola oposición del kirchnerismo, justifica lo que hemos retrocedido en estos años.

                ¿Ese es el progresismo? ¿Descolgar el cuadrito de Videla y ensañarse con achacosos y enfermos generales octogenarios, a los que se les niega los derechos elementales de debido proceso y trato legal, cayendo en la misma deformación ética que se les imputaba a ellos en su tiempo?

                ¿Qué transformaciones estructurales se han realizado en el país en estos años, como no sea anular la potencialidad de sus emprendedores con asfixiantes reglamentaciones voluntaristas al más puro estilo pre-constitucional?

                La Argentina está más endeudada, más chica, más estancada, menos educada, menos tolerante. Está más aislada en el mundo y es menos respetada. No visitan el país desde hace años mandatarios extranjeros, salvo algún que otro tiranuelo ilusionado con negocios oscuros, que ya son hazmerreír en el mundo.

                Se ha deteriorado su infraestructura hasta niveles inferiores a los de comienzos del siglo XX. Nada se ha hecho para el resurgimiento de la red ferroviaria, desmantelada por el turno anterior del partido oficial, entonces con vestimenta menemista. Antes, los 45000 kms. de vías ferroviarias, hoy menos de 500…y no precisamente porque no les haya alcanzado “el tiempo”, sino porque sobraron negociados.

En energía, el país cuenta con virtualmente la misma capacidad de generación que hace diez años. Como cotejo, simplemente mencionemos Alemania: en la década que el kirchnerismo gozaba en el país de “los mejores años de la historia económica” y agregó ¡seis Mwh de generación solar!, el país de Angela Merkel sumó Treinta y dos mil Mwh!

Alemania agregó en el mismo lapso, sólo en energía solar, el equivalente a la potencia energética total de Una Argentina y media, mientras que el “progresismo K” se ufana de haber construido dos centrales ¡térmicas! Nada, en términos de crecimiento, pero mucho en términos de contaminación y emisiones de CO2.  ¿Esto es progresista?

Uruguay, con un rodeo de 12 millones de cabezas, exporta 250.000 toneladas de carne. La Argentina perdió casualmente 12 millones de cabezas, y bajó de 750.000 toneladas a 120.000, pasando de disputar el primer lugar en el mundo, al décimo. ¿Es ésto progresista?

Desfinanciado el sistema previsional por los caprichos presidenciales y la megacorrupción, arrasadas las reservas del BCRA que ayudaban a sostener el valor de nuestra moneda nacional, potenciada la deuda intra-estado y de las provincias empujadas al quebranto, trampeando al mundo con la falsificación de las estadísticas para pagar de menos lo que se debe –como si alguien se olvidará de esta trampa, y no fuera otra pesada cuenta que deberemos enfrentar en el futuro-, el inventario no puede ser menos “progresista”.

Aún con sus chispazos de ingenio y aisladas políticas sectoriales –entre las que debe destacarse la recuperación del trato otorgado al sector científico y técnico-, la década K no será precisamente de las recordadas como “ganadas”.

No hay ningún hecho tranformador de estructuras, relanzamiento económico, cambio sustancial de la equidad, mejoramiento de la infraestructura, solidez de la situación fiscal, mejora en el comercio internacional, modernización, sorpresa en las inversiones o destacable performance de algún sector de vanguardia que permita calificar a estos años de “década ganada”.

Más bien es posible que sea recordada por la grotesca polarización política fuera de época, el renacimiento de la intolerancia, la falsificación de la palabra, la mentira permanente del discurso público y la grosera aparcería de Estado, gobierno, partido, camarilla y culto a la personalidad, vaciadora de la democracia plural y sofisticada de una sociedad que enfrente el futuro potenciando el infinito colorido de ciudadanos libres.

Ricardo Lafferriere

                

¿Habla en serio?

               "El Gobierno nacional no ha aumentado un sólo impuesto. Cuando se habla de presión tributaria, diríjanse a los intendentes y gobernadores".

                Con estas palabras, la señora presidenta ha terminado el círculo que fuera advertido desde este sitio hace pocos meses: la perversidad del impuesto inflacionario generado por la emisión monetaria tiene como última variable de ajuste a las provincias y municipios.

                Es falso que no haya aumentado impuestos. Con la emisión sin respaldo generó un impuesto que ha alcanzado a Doscientos mil millones de pesos en los últimos cuatro años (y que sólo en este año alcanzará a Setenta mil millones).

                Ese impuesto escondido, ilegal y fraudulento, sin sanción parlamentaria y sin rendición de cuentas, provoca la caída de valor de la moneda con su contrapartida, el incremento de precios, que deben ser soportados por presupuestos rígidos y sin capacidad de financiamiento en los niveles del Estado que sí prestan servicios a los ciudadanos (como educación, salud, policía, justicia, vialidad, etc.)

                El impuesto inflacionario, decidido, implementado y gastado por la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está golpeando en forma inmisericorde en los sectores de menores ingresos en forma directa, y por los servicios que dejan de recibir ante el ahogo financiero a que la presidenta somete a provincias y municipios.

                Son los compatriotas menos pudientes los que mandan sus hijos a la escuela pública de las provincias, se atiende en los hospitales, no tiene seguridad privada y debe concurrir a una justicia abarrotada cuyos fallos la administración nacional ni siquiera respeta –como ocurre con los 500.000 jubilados con juicios por estafa en sus haberes por parte de la administración nacional-.

                Muchos argentinos venimos sosteniendo desde hace años la esencia antidemocrática del oficialismo kirchnerista. Siempre se apoyó en la mentira. Ahora no le alcanza. Anuncia razzias fascistoides para intentar disciplinar a los argentinos a sus caprichos.

                Le irá como le ha ido hasta ahora: como con la 125, con la prohibición de Fibertel, con el ataque a los hijos de Noble, con los “sueños compartidos”, con la expropiación de la Rural, con la ley de control de Medios, con el operativo para neutralizarlo a Bergoglio, con el tope salarial del 18 %, con el dólar a 6,50…y con todo lo que anuncia. Por ejemplo, querer “parecerse a Alemania” pero asimilarse cada vez más a Venezuela, Irán o Corea del Norte.

                Puede hablar por Cadena Nacional y ser contenida por la cohorte de aplaudidores.

                Lo que muy pocos en el país creen es que hable en serio.

Ricardo Lafferriere

Reservas

                Como una obsesión, desde este sitio hemos reiterado hasta el cansancio nuestra voz de alerta por la irresponsabilidad con que la administración kirchnerista está tratando la gestión de las reservas del Banco Central.

                El tema no es nuevo, pero su agravamiento constante y sistemático obliga a volver sobre él.

                Sin ir más lejos, hace menos de un año, en nuestra nota del 5 de junio del 2012 titulada “No había 50.000”, sosteníamos que la realidad de las reservas en manos del BCRA oscilaba en alrededor de diez mil millones de dólares. No era una ocurrencia propia, sino un reflejo de la opinión de los economistas argentinos especializados.

                No era en ese momento un secreto, y tampoco lo era para los responsables.

                En su nota editorial del domingo 19, La Nación dio nuevamente la voz de alerta, coincidiendo con los números que nosotros publicábamos hace casi un año. La reducción paulatina de los números oficiales va acercando la “cifra kirchnerista” a la realidad, al producirse el fenómeno que entonces preveíamos. 

               Precisamente uno de los rubros contabilizados como “reservas” ha mostrado una reducción constante, debido a la decisión de actores económicos ajenos al gobierno que han retirado sus depósitos hacia fuera del sistema.

En efecto, contabilizadas como “reservas” los depósitos en divisas de los particulares, afirmábamos que el retiro de las mismas por sus legítimos dueños dejaría al descubierto la falacia. Las reservas contadas como propias no lo eran.

Tampoco lo son las sumas tomadas en préstamo a organismos internacionales. Y menos pueden contabilizarse como tales los bonos “NOBAC” y “LEBAC” con que se esteriliza la emisión monetaria, porque cuando los depositantes requieran esos recursos que les son propios, el BCRA no tendrá otra opción que devolvérselos a los Bancos, ya que si no se provocaría una paralización abrupta del circuito económico.

Y tampoco lo son los títulos sin valor con que el gobierno reconoce los retiros de divisas –en operaciones de dudosa legalidad- que realiza para cubrir deudas que le son propias, saqueando al BCRA.

Dice, en este sentido y entre otros conceptos, el editorial de La Nación: “En la contabilidad de las reservas también figuran préstamos del Banco de Ajustes de Basilea por alrededor de 3600 millones de dólares, que tiene su contrapartida en el pasivo correspondiente. Y, en el pasivo reclamable, están los títulos emitidos por el Banco Central (Lebac y Nobac), que, al 7 del mes actual, alcanzaban el equivalente de 23.455 millones de dólares. El respaldo de estos pasivos, además de las reservas, es el stock de bonos recibidos del gobierno nacional cada vez que las utilizó para pagar deuda pública. Pero estos son títulos no negociables que, a su vencimiento, serán renovados. Nada pueden respaldar.”

“En definitiva, -prosigue el editorial-  deducidas las obligaciones reclamables, el Banco Central dispondría de activos netos por poco más de 12.000 millones de dólares. Con esto debería responder no sólo al déficit mensual de divisas de 935 millones, sino también a la base monetaria que alcanza el equivalente de 56.940 millones de dólares.”

Recordemos algunos párrafos de nuestra nota del 5 de junio del 2012: “No había 50.000…

            Decíamos ya entonces: “Aún a riesgo de pecar de inmodestia, no es mal momento recordar  lo que afirmamos en esta columna desde hace, al menos, un par de años: las “reservas del BCRA” son otra de las grandes imposturas de la des-información oficial.

                “Hoy vemos la consecuencia. No hay 50.000 millones de dólares. Ni 40.000. Ni 30.000. Ni 20.000. Los economistas más serios, aquellos que no se prestaron en estos años a la “mentira piadosa” con el argumento elitista y oligárquico que saber la verdad puede atemorizar a los ciudadanos, nos ratifican su información: las reservas líquidas del BCRA, aquellas con las que puede contar para respaldar la base monetaria, no llegan más que a aproximadamente 10.000 millones de dólares. Menos aún que los que había en los tiempos finales de la convertibilidad.”

                Las reservas no son el respaldo automático de la moneda, pero son uno de sus componentes básicos. La relación entre el valor de la moneda nacional y la divisa depende también de otros factores, como el superávit comercial, la proyección de obligaciones y del balance de pagos, la confiabilidad que genere la política económica y la seriedad del país. Pero tampoco son una variable indiferente. De hecho, es la relación que se toma como punto de partida para calcular el valor real de la moneda. Y hoy tenemos un circulante de alrededor de 300.000 millones de pesos.

                Ese número implicaría una relación con las reservas de 7,80 a 1. Aumentaría el valor del peso –o sea, disminuiría el del dólar- un superávit comercial creciente, una gran confianza en el gobierno y el plan económico, un flujo de capitales desde el exterior hacia el país y un cronograma de pagos externos “calzado” con recursos genuinos previstos.

                Lo disminuirían –o sea, aumentaría el del dólar- los extremos opuestos: un superávit comercial decreciente, una gran desconfianza en el gobierno y el plan económico, un flujo de capitales desde el país hacia el exterior y un cronograma de pagos externos descalzado con recursos genuinos.

                Esa es la situación  no vale la pena seguir diciendo más. Queda claro que no es buena y que las perspectivas no son mejores.

                El “modelo” demostró su inconsistencia, haciéndonos perder diez años de las mejores oportunidades brindadas por el destino a nuestro país. 

               La tozudez, el sectarismo ideológico, la torpeza y la ignorancia han conducido al país hacia un callejón cuya salida es, una vez más, la inexorabilidad de un ajuste. 

               Es la triste desembocadura del “relato” kirchnerista, enmarcado en una soberbia y matizado por una corrupción como pocas veces se ha visto y un destrozo institucional que pone en riesgo todo lo logrado desde 1983.

Ricardo Lafferriere

Ley de "lavado y humillación nacional"

Un golpe terminal al estado de derecho. Así puede calificarse la ley de lavado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Quienes la aprueben tendrán una sanción mucho más grave que la –a esta altura, simbólica- fulminación del artículo 29 de la Constitución. No estarán ya traicionando a la patria sino a la posibilidad de una convivencia decente, apoyada en bienes éticos que se remontan al origen de la civilización. Estarán traicionando al sentido moral de la propia condición humana, legitimando el robo desembozado a los ciudadanos de bien, liberando a los mega-delincuentes, aún a los más sanguinarios, de cualquier sanción y proclamando al país y al mundo que la Argentina se habrá convertido en el aguantadero mundial de los bandidos.

Describe muy bien Rogelio Alaniz en su nota semanal de “El Litoral” la situación a la que se enfrentan las personas de bien: está todo dicho. A partir de esta norma, de la misma malformación   ética que la “autoamnistía” del proceso militar en sus días finales, cualquier diálogo se vuelve inútil y todo debate se convierte en infame, porque con la delincuencia común no puede dialogarse, sino luchar.

Basten algunas pocas consecuencias inexorables de la ley de lavado y los mecanismos que implementa:

Primer caso: extraído de la sección “Carta de Lectores” de La Nación, de una remitida por el Sr. Horacio Robles: El Sr. “Testa” va al Banco y cambia dólares delictivos por CEDIN sin problema alguno. Con los bonos recibidos le compra un campo (una estancia en la Patagonia) al Sr. “Ferro”, quien cambia los CEDIN recibidos por dólares billete. Resultado, el señor Testa se queda, en la teoría, con un campo, que transferirá al delincuente que le dio las divisas –quien, a su vez, podrá disponer de él libremente- y el señor Ferro se queda con los dólares blanqueados. Testa y Ferro podrán confundirse y de hecho se confundirán en la misma persona, que al final obtendrá ambas cosas, el campo y los dólares blanqueados.

Segundo caso: éste sí, imaginado: el Sr. “Testa” tiene 1.000.000 de dólares “negros”, que le facilitó un delincuente que, a su vez, los tiene por un sobreprecio en una obra pública y necesita legalizarlos. El Sr. Testa va al Banco, los cambia por un certificado de “BADE”, y con éste, compra obligaciones negociables de YPF convirtiendo su dinero en perfectamente “blanco”. Esos títulos cotizan en bolsa local y extranjera, por lo que acto seguido, los vende, recibiendo en divisas también “blancas” el importe blanqueado. Seguidamente, las devuelve al delincuente que se los entregó, sea directamente o a través del Sr. “Ferro”, por lo cual recibe –si no hubiera recibido antes- el pago por sus servicios.

Tercer caso: también imaginado. Un narcotraficante que también se dedica al secuestro y trata de mujeres, que vive en un lujoso condominio de Pilar, tiene en su poder 10.000.000 de dólares obtenidos por su actividad delictiva. Necesita sacarlos de la clandestinidad, “blanquearlos”. Va con ese dinero al Banco, por sí o a través de los servicios del Sr. “Testa”, y obtiene títulos CEDIN o BADE del Banco Central por el mismo valor. Con esos títulos realiza inversiones inmobiliarias, convertido en un respetable empresario hotelero, o emprendedor, o en un próspero millonario petrolero. Y además, se garantiza la impunidad ante cualquier investigación por el origen de su dinero.

Todo habrá sido legal. El dinero “negro” habrá sido convertido en perfectamente blanco.

En un caso, un inmueble se habrá vendido y en los otros YPF tendrá sus dólares, contrayendo una deuda equivalente con el Banco al que le haya canjeado los CEDIN por dinero o divisas en efectivo. El Banco Central tendrá un crédito contra YPF (¡¿?!). En ambos casos, el lavador estará feliz, con su dinero en blanco por el que no ha tenido sanción ninguna, logrando, además, su impunidad por el delito del que hubiera surgido ese dinero (ya que la ley de blanqueo borra las sanciones administrativas y penales).

En los últimos lustros, la persecución internacional al lavado de dinero ha ido “in crescendo”, debido a la financiación del terrorismo para que se lo utiliza y el estímulo para los delitos por funcionarios o con complicidades públicas. Ya los bancos suizos y austríacos, los más celosos de su tradicional secreto, han adoptado la política de no acoger dinero mal habido. En consecuencia, para los dictadorzuelos y funcionarios corruptos se les hace cada vez más difícil encontrar un destino seguro para sus fondos mal habidos, ante el cerco internacional a los paraísos fiscales.

Una solución transitoria para los delincuentes fue el atesoramiento físico de divisas, joyas y barras de oro. Sin embargo, la vulnerabilidad de esos depósitos no permite garantizar su permanencia en el tiempo: ocurrido el fin del período de gobierno en el que se generaron, se pierden complicidades y se hacen totalmente vulnerables a la acción de la justicia. Es necesario “lavarlos” y borrar las culpas.

Debido a esta situación es que la comunidad internacional perfecciona permanentemente sus procedimientos para evitar el lavado. Nuestro país ha firmado la convención respectiva y está comprometido a dar una batalla contra el lavado fronteras adentro, sancionando las medidas legales y decisiones administrativas necesarias. Esos compromisos contienen medidas que pueden consultarse en el documento respectivo, que es accesible en Internet en el propio sitio nacional de la unidad “antilavado”: “http://www.uif.gov.ar/uif/images/40rec_es.pdf”

Frente esas medidas, la ley kirchnerista de lavado está situado en las antípodas porque abre una puerta de legalización a lo que ha tenido un origen delictivo. Fraudes, secuestros, coimas, robos, trata de personas, contrabando de armas, narcotráfico y el sinfín de defraudaciones al dinero público tendrán una pista de aterrizaje en el mundo legal, abriendo incluso la posibilidad de que delincuentes internacionales –no sólo los locales- puedan usarla para blanquear sus fondos. Sólo necesitarán un testaferro, que no son tan caros, como se ha mostrado en la televisión en estas últimas semanas, para hacerse dueños legales en la Argentina de campos, hoteles, empresas, casinos.

Esta ley es una inmoralidad, mayor a cualquier “blanqueo” anterior, porque ha perfeccionado el mecanismo. Convierte a la Argentina en el paraíso del lavado y consolida la imbricación del país con el crimen internacional. Nos humilla, como país y como ciudadanos de una sociedad civilizada. Es una auténtica ley de lavado y humillación.

Leer la disposición del Banco Central persiguiendo a honestos ciudadanos que han obtenido en algún cajero en el exterior los pocos dólares de su propiedad que pueden conseguir de esta forma, mientras se abre en el mismo momento esta gigantesca puerta a los fondos de origen delictivo, a los que además se les abonará una tasa de interés, supera los límites imaginados.

Tanto como escuchar al Viceministro de Economía afirmar, totalmente suelto de cuerpo y por Cadena Nacional de Radio y Televisión, que “cualquiera podrá traer desde un paraíso fiscal, o desde una caja de seguridad, los dólares que tenga. Nadie les preguntará de dónde vienen ni ninguna explicación sobre su origen”, a la vez que se les garantiza que “Quienes accedan al blanqueo también quedarán liberados de sanciones por la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria y de toda otra acción civil, penal o administrativa”.

Seguramente se seguirán rompiendo esos propios límites, al compás de la descomposición final del Régimen, su toma de conciencia de la imposibilidad de garantizar la impunidad manejando la justicia y  el acercamiento de su fin, inexorable como todo paso del tiempo.

Esta inexorabilidad es lo que desespera a los delincuentes, pero es a la vez la última barrera de los honestos. Ningún mausoleo fúnebre podrá hacer disfrutar a los que allí descansen de los fondos conseguidos en vida. “Sic transit gloria”, decían los antiguos romanos, para señalar lo efímero de la gloria del mundo.

En momentos en que “está todo dicho”, sin embargo, cabe una última invocación a los legisladores peronistas y afines que deben votar esta iniciativa: compatriotas, es un límite. Luego de levantar su mano para sancionar estas leyes, habrán perdido para siempre el derecho de mirar de frente a cualquier argentino. Nos  costará, incluso, volver a considerarlos “compatriotas”.

Recuerden que el tiempo pasa. Hoy o mañana, más temprano que tarde, todo llega a su fin. El horizonte de la justicia se hace cada vez más tangible. Tal vez esa sea la mejor explicación que da coherencia a las dos iniciativas más notables de Cristina  Kirchner en estos días: la colonización de la justicia para hacerla depender definitivamente de su voluntad y la ley de lavado de fondos delictivos. 

Reaccionen. No sean cómplices.

Ricardo Lafferriere

¿A quién le importa el dólar?

"Históricamente, han existido brechas del 100 % y del 200 %" (Aldo Abraham) Su opinión coincide con la de otros economistas, que rastrean en el pasado -no menor a dos décadas- situaciones similares de descalce cambiario entre el valor de la divisa administrada por el Estado, y la que la gente y las empresas están dispuestos a pagar fuera del sistema oficial.

De todas maneras, “¿a quién le importa el dólar?”

Sin embargo, estas miradas son válidas sólo parcialmente. La economía del mundo y del país han sufrido en estas dos últimas décadas cambios sustanciales y no sólo por el desborde financiero.

El salto tecnológico, que alcanza a todos los rubros de la producción, y la globalización de los mercados, oficializada por la Organización Mundial de Comercio, llevan a que en la actualidad el valor de la divisa -o, con más precisión semántica, la pérdida de valor de la moneda nacional- no sea sólo un dato exótico para la economía, sólo preocupante para quienes especulan. Por el contrario, golpea gravemente a todo el sistema económico.

Cuando un productor rural tiene que comprar semillas, fertilizantes, plaguicidas, herramientas agrícolas o, sencillamente, combustibles, se encuentra con que la mayoría de estos insumos cotizan sus precios a una relación implícita con el tipo de cambio que sigue más al "blue" que al oficial. Y es obvio, porque es el único que se consigue en el mercado para pagar esos productos.

Cuando un industrial debe adquirir insumos para su producción o, nuevamente, combustibles para hacer andar las máquinas de sus fábricas, el precio tiende a seguir también al "blue".

Cuando ese mismo industrial debe ahorrar para prever cambiar un equipo importado -ante las dificultades de acceso al crédito internacional- no tiene otra forma de hacerlo que recurrir al "blue": el oficial es inaccesible para el ahorro, la tasa de interés es sustancialmente menor que la tasa de crecimiento del "blue" y los bancos, además, no le generan ninguna confianza en la intangibilidad de su dinero.

Para todos estos sectores la devaluación ya está efectuada y ya la sufren, porque sus cuentas deben abonarse en el valor del dólar “blue”. Cuando el Viceministro Kicilloff emite su pregón antidevaluatorio con argumentos de aquéllas que se hicieron décadas atrás, omite que hoy su dólar oficial a la mitad del “blue” se financia reconociendo a los productores agropecuarios que venden su cosecha, un dólar de sólo $ 3,50.

Es bueno seguir esta relación: los productores deben comprar sus insumos a un dólar de $ 10, pero se les paga su producción con un dólar de $ 3,50. La distorsión es gigantesca y el beneficiario sólo uno: el gobierno kirchnerista.

Los argentinos que tienen ingresos fijos, por su parte, tienen salarios equivalentes al dólar de $ 5. La última vez que se fijaron, hace un año, no había un “paralelo” que se notara. Pero deben lidiar con muchos precios que se acercan al dólar de 10, sea porque son importados o porque tienen componentes importados.

Los precios vinculados estrictamente con el dólar “oficial”, también aumentaron en un abanico que va del 20 al 50 %. El propio dólar oficial aumentó de 4,20 a 5,40, es decir el peso oficial sufrió una devaluación de un 20 %.

No se trata entonces de medir con las toscas varas del pasado, a esta altura inaplicables por ideologizadas, la tolerancia económica de la brecha.

Como lo han advertido repetidas veces los economistas de todo el arco político, el problema no es el “blue”, sino la inflación. Y el problema de la inflación es el capricho oficial en seguir gozando de la discrecionalidad, expresada en la fabricación de dinero sin respaldo legal ni económico y en su caprichosa transferencia de ingresos, también si base legal ni discusión parlamentaria.

Tal práctica le permite extraer un impuesto que es ya el más importante de la recaudación nacional, porque no se controla, no se coparticipa y no requiere asignación presupuestaria previa. Es, por decirlo de alguna forma, una conducta bárbara, más propia de las sociedades pre-estatales que de una economía sofisticada.

Los argentinos, que no son tontos, apenas tienen un peso que puedan guardar, corren a hacerlo de la única forma que les queda: comprando divisas.

"El dólar no le importa a nadie", expresión del inefable Ministro de Economía que no suele hacer lo que quiere, afecta sustancialmente la vida de muchos. Días atrás, el Vicepresidente había sido menos terminante: "Sólo le importa a un pequeño grupo de 200.000 personas" (?)

Desde este lugar nos atrevemos a afirmar que la caída del peso -y con él jubilaciones, sueldos, rentabilidad empresaria, distorsión de precios relativos, empobrecimiento general del país- generado por el oficialismo interesa grandemente a numerosos argentinos. Y los atemoriza. Por eso también compran divisas.

Y que el destrozo de la institucionalidad fiscal que está en la raíz de esta distorsión tiene una magnitud tal que está llevando al límite la capacidad de gestión de todo el aparato estatal que no tiene la capacidad de emisión: provincias y municipios.

Pensar que, luego de tantas mentiras, corrupción, latrocinio y negaciones, habrá argentinos que lograron acceder a dólares como refugio de ahorros que opten por prestárselos al oficialismo con la promesa que se los devolverán, es ingenuo. Tan ingenuo que no puede imaginarse ni siquiera de los improvisados gestores kirchneristas.

La mayoría de la población cree –y tal vez tenga razón- que en realidad lo que esconden las medidas anunciadas es un blanqueo de fondos mal habidos. Los hechos dirán si es así. Y además, si es cierta la rotunda afirmación del Ministro de Economía: “El dólar no le importa a nadie”

Ricardo Lafferriere

“Cristina atrasa”

Así se titulaba el artículo con el que el 29/1/2008 calificábamos el desacertado diagnóstico de la recién electa presidenta, al referirse a la economía argentina.

 Refiriéndose al “crecimiento” que formaba parte del relato kirchnerista, la presidenta sostenía entonces que “logramos quebrar esa lógica estructural que tenía el país, que cuando comenzaba a crecer y subían las importaciones terminábamos en un cuello de botella por extrangulamiento del sector externo” (La Nación Económica, Sábado 19 de enero).

Decíamos que “Tal diagnóstico, propio de la Argentina de los años 70, no sólo ignora el cambio que se produjo en la economía argentina y en el mundo en el último cuarto de siglo, sino que marca en todo caso el límite de su propia concepción “mercadointernista” y dependiente, en boga cuando la hoy pareja reinante se fue a vivir a Santa Cruz allá en sus años mozos. 

Sin embargo es a la inversa. Los datos están demostrando –según propias informaciones oficiales- que a medida que la reactivación de la vieja estructura industrial bonaerense movió las máquinas de hace medio siglo, el superávit comercial, en lugar de subir, ha comenzado a reducirse en forma acelerada.”

Decíamos, ya entonces, algo que ratificamos hoy y que los hechos han confirmado: la presidenta “atrasa”. Su mirada  es obsoleta y su información económica es rudimentaria. Alertábamos sobre el agotamiento de la capacidad instalada ante la ausencia de inversiones, la característica reactivante –pero no desarrollista- de la política expansiva realizada forzando la demanda sobre una capacidad instalada generada antes de la llegada del kirchnerismo, la limitación de la capacidad energética –ya entonces al borde de su límite técnico- y la dependencia a la que conducía ese “modelo” con respecto a los precios internacionales primarios, que el país no maneja y sólo toma como dato.

En esos momentos, la soja se cotizaba a USD 350 la tonelada. Los años siguientes fueron benévolos con el país y con la supervivencia del relato kirchnerista. El piso del “yuyo” superó los USD 500, con picos de USD 650. En lugar de aprovechar esta nueva ventaja del destino, “profundizó el modelo”. Hoy, el superávit comercial prácticamente desapareció. Y no precisamente porque se hayan caído los precios. Y la economía no crece desde hace dos años.

Desperdició el siguiente lustro, mandando al consumo la totalidad de los excedentes extraordinarios que generó la productividad del campo, sin pensar que no serían eternos y que, aunque lo fueran, era más inteligente destinar siquiera parte de ellos a la inversión para modernizar la infraestructura, reconvertir el sistema energético, potenciar la inversión y sentar las bases de un crecimiento sólido, menos dependiente de la soja. Pero perdimos otros cinco años.

Hoy la infraestructura se cae de a pedazos, la energía nos demanda importaciones por 12.000 millones de dólares al año, nos hemos consumido todas las reservas estratégicas –el stock ganadero, los ahorros previsionales, las reservas en divisas, la capacidad de endeudamiento interno, también girados todos al consumo- y por último, la fabricación de dinero sin respaldo nos coloca, una vez más, al borde de una nueva crisis sistémica atenazados entre la inflación y la recesión.

Afortunadamente el ciclo K, que se agotó en lo discursivo e intelectual hace, al menos, un lustro, parece estar agotándose también en el plano político. A esta altura no caben muchas esperanzas en un despertar de la conciencia presidencial. Sólo cabe esperar que las opciones de relevo no sigan mirando la economía con las mismas anteojeras del kirchnerismo, como si la economía y el mundo fueran los mismos que a mediados del siglo XX.

La Argentina tiene aún posibilidades favorables. Queda aprovecharlas, con una mentalidad abierta y cosmopolita, flexible, sin dogmatismos que aten la capacidad creadora de los argentinos sino apoyando su notable creatividad.

Conspiran contra esta posibilidad las ideologías cerradas. La favorece la convicción que un gran salto adelante es posible. Requiere una fina ingeniería que articule positivamente la potencialidad de los agentes económicos, la fuerza de la sociedad civil y un Estado inteligente, actuando en el marco de un sólido estado de derecho y el respeto irrestricto e integral a la Constitución Nacional.

Todo ello tiene un primer paso: la disposición a los acuerdos estratégicos nacionales, en los que todos son necesarios. Que el gobierno que venga, sea cuando sea, no se enamore de su visión parcializada sino que adopte la conducta que la nueva democracia demanda en el mundo: participación, diálogos, reglas de juego, inclusión social, desarrollo tecnológico, compromiso con el ambiente, convivencia en libertad.

Ricardo Lafferriere

Represión salvaje

Represión salvaje

Era difícil no indignarse al observar los hechos de violencia ocurridos en el Borda el viernes pasado.

Mientras intentaba racionalizar el enfrentamiento para poder comprender el por qué antes de escribir sobre él, se me ocurrió pensar -siempre lo hago, como una especie de "filtro" previo a emitir una opinión- cómo habrían actuado protagonistas -en casos similares- en otros países, tanto democráticos como autoritarios.

Pensé cómo habría actuado la policía de Francia, la inglesa, la sueca, alemana, española, italiana. O rusa. O norteamericana, canadiense, mexicana. O china, india o pakistaní. O chilena, brasileña o paraguaya...¡o cubana!

Confieso que a medida que revisaba en Internet -en algunos casos-, en mi memoria en otros, la indignación se me iba convirtiendo en una necesidad hambrienta de entender el por qué de la "originalidad argentina". Porque quedaba claro que a pesar de la firmeza y hasta algunos excesos de la actuación de la metropolitana, comparada con cualquier policía del mundo en situaciones equivalentes sus procedimientos estaban a años luz de poder ser calificados de "brutales". Sin embargo, así fueron leídos por muchos ciudadanos y la prensa.

En mi recorrida observé imágenes que muchos tenemos grabados en nuestra memoria -y en mi caso, coinciden on experiencias observadas en directo personalmente- a los suecos disolviendo manifestaciones ambientalistas, a los ingleses reprimiendo salvajemente a "wooligans", a los franceses deteniendo sin ningún miramiento estudiantes que protestan, a los alemanes cargando violentamente contra reclamos antinucleares, a los españoles reprimiendo "indignados" desesperados o a los chinos atacando con tanques a quienes reclaman derechos humanos. O a los norteamericanos reprimiendo con saña en Los Ángeles a personas de color, por no recordar a los rusos, cuya policía política poco deja que envidiar a la vieja KGB, con detenciones arbitrarias y muertes misteriosas. ¿Qué no decir de la policía brasileña protegiendo a sangre y fuego a quienes arrasan la amazonia aplastando con violencia la resistencia de los pueblos originarios a los que se les destruye su mundo, o a la chilena reprimiendo a los mapuches que defienden sus tierras?

Como se observa de este paseo imaginario, no hay filtros políticos o ideológicos. Tampoco concesiones. La fuerza pública es la fuerza del Estado. Por eso mismo sus integrantes están protegidos legalmente con figuras penales en todos los países. Resistirse a la policía, en cualquier país, es un delito grave en sí mismo. También acá, aunque no se aplique a pesar de ser ley vigente. Ni hablar si más allá de resistirla, se la agrede. Es sólo entre nosotros que se acepta el peligroso juego de considerar al orden público un elemento secundario o hasta ilegítimo, y agredir a la policía como una suerte de deporte en el que todo vale.

Es obvio que no me gusta la represión. A lo largo de mi vida política me ha tocado sufrir desde varias detenciones policiales simples en tiempos de la "Revolución Argentina" de Onganía, hasta las menos simples condiciones, en tiempos del "proceso", de "detenido-desaparecido" -afortunadamente, sobreviviendo gracias a la solidaridad de los jóvenes radicales cuya organización integraba, y a los grandes viejos que se movieron de inmediato reclamando mi aparición: Alfonsín, Balbín, Contín, Perette y el inolvidable don Arturo-. También la de "detenido a disposición del PEN" por ser considerado un peligro potencial para la sociedad, y la de detenido político en la Unidad Penal 1 en Paraná, y luego en mi propia casa. Con estos recuerdos, es muy difícil ser concesivo a actitudes represivas.

Pero ahora no se trata de eso. Mirando una y otra vez las filmaciones, está claro que la represión tuvo poco de "salvaje". También es evidente que existieron integrantes de la metropolitana que se desbordaron (en especial, uno de ellos que aparecía tirando balas de goma sin apuntar, con riesgo de sacarle un ojo a algún manifestante). Todo eso debe ser auditado, no sólo por las responsabilidades que correspondan sino para aprender a corregir las falencias que existieren, profesionalizar más la fuerza y soldarla con la ley y los vecinos -que, no olvidemos, son los que votan las leyes a través de sus representantes, y eligen a las autoridades que deben aplicarlas-.

Lo demás entra dentro de la triste "picardía política". No debe ser sencillo construir una fuerza policial nueva en el medio del enrarecido clima político argentino. Pero el esfuerzo vale la pena. La metropolitana es la respuesta del pueblo de la Capital ante la obsesiva actitud de la administración central de no transferir parte de la Federal. Esto implicará aprendizaje y una buena oportunidad para contar con una policía especializada en defender la ley y los derechos de los ciudadanos.

Dirigentes que no dijeron ni una palabra, entre otros hechos, ante la acción parapolicial que mató a Mariano Ferreyra, la matanza inmisericorde de los Quom en Formosa y su represión parapolical en Buenos Aires, la muerte del maestro Fuentealba, el crimen de Candela, la complicidad policial con las redes de trata de mujeres, la represión de los docentes y petroleros en Santa Cruz y mucho más que aparecen apenas revolvemos un poco la memoria, parecen solazarse ante un enfrentamiento tan absurdo como el de la Sala Alberdi o del propio Parque Indoamericano, que les permita interpretar los hechos como una decisión política represiva del Jefe de Gobierno.

Sin conocer la intimidad de las decisiones, el análisis de los hechos más bien parece compatible con un escarceo de violencia callejera motorizado por militantes político-gremiales de experiencia que, con picardía indisimulable, superaron la capacidad de tolerancia de la fuerza policial provocando su desborde.

Y en realidad, ganaron. No queda ningún "salvajemente reprimido" en ningún hospital. En el otro lado, un policía se debate con la posibilidad de perder un ojo, y otro con una conmoción cerebral producida por una piedra de gran tamaño. Más dos ministros interpelados, la "reforma judicial" abandonando la primera plana por un par de días, y la corrupción de nuevo desplazada a un segundo plano...

Si de algo puede acusarse al macrismo -y a gran parte de la oposición- en todo caso, es de ingenuidad.

Ricardo Lafferriere