"...la noble Igualdad..."

Los argentinos advertimos el creciente enrarecimiento del clima político.

Era previsible. El acercamiento del fin desata ansiedades y desesperación. Aparecen las cuentas sin saldar. Quienes recibieron un agravio tras otro y los soportaron en silencio, muestran el tenor del desquite, que hoy recién asoma pero que –¡qué duda cabe!...- se profundizará luego de entregado el poder a quien los argentinos decidan que sea el sucesor.

El fenómeno es viejo como la historia, y en el país tiene una vigencia demostrada por estas poco más de tres décadas de democracia.

Aún están en prisión, tras juicios amañados por el poder, numerosos argentinos a los que les alcanzó el estigma de la “lesa humanidad”, repartida sin mesura por el kirchnerismo cuando le parecía que su historia sería eterna: junto a verdaderos responsables de los ríos de sangre, hay en las cárceles “chivos emisarios” alegremente mandados a prisión por hechos que, en numerosos casos, son inferiores en gravedad a los cometidos por funcionarios en ejercicio del actual gobierno.

Lo vimos también al terminar la gestión peronista anterior, que –como es su estilo genético-, creyó igualmente que era imposible gobernar sin una justicia “amiga”. Sus jueces “amigos” terminaron actuando con más inflexibilidad que los de la “familia judicial”, para demostrar su “independencia”. La detención de Carlos Menem fue dispuesta por uno de “sus” jueces, que actuó aplicando la ley tal como está escrita y era jurisprudencia entenderla.

Difícilmente luego del 10 de diciembre las cosas sean distintas. Por eso hace mal la señora en declararles la guerra a los funcionarios judiciales que, justamente, son los que pueden garantizarle que la justicia no sea mezclada con la revancha. Los que seguramente aplicarán la ley, pero no animados por una sobreactuada independencia –como le pasó a su predecesor Carlos Menem- como ésta está escrita, por los procedimientos que le garanticen debido proceso como a cualquier ciudadano, sin otra pasión que la vigencia del estado de derecho esencial a una República madura.

Su alegato es de tiro corto. ¿Hasta cuándo puede durar la imputación de haber conformado un “partido judicial” porque los magistrados avancen en causas de corrupción que han inundado su gobierno? ¿ocho meses? ¿y después? ¿pretende que los procesos judiciales se paralicen hasta que su administración termine, para pasar de la Casa Rosada a Comodoro Py, privada ya hasta del privilegio elemental –que como Presidenta tiene- de declarar por escrito sin presencia en el Juzgado? ¿Qué gana con esto?

Al contrario. Pierde ella y pierde el país, empujado aún más al borde de su normalidad republicana.

¿Quiere forzar un conflicto de poderes, que en el mejor de los casos tiene plazo fijo, fin inexorable al terminar su poder? ¿O pretende sólo un atajo moral, para poder seguir repitiendo su malhadado “relato” luego de los –largos o cortos- procesos que la esperan?

La tensión que está instalando, en todo caso, achica cualquier espacio de benevolencia porque encrespa los ánimos ciudadanos, que serán más intransigentes que nunca al observar a las próximas autoridades y a los pasos de la justicia luego de diciembre.

La agresión puede servirle para endurecer su “propia tropa” con la ilusión de una –más- conspiración inexistente con la perversa e imaginaria intención de diluir su épica. O para hablarle al espejo. Pero la democracia no será detenida ni afectada por sus dislates, porque no lo permitirá la sociedad, en ninguno de sus estamentos, ni la realidad regional, ni la realidad internacional, ni siquiera su propia fuerza política. No está ya el mundo para tolerar rupturas institucionales y mucho menos para encubrir propósitos crudamente patrimonialistas.

Ya está. Ya fue. Por supuesto que el país estará alerta hasta el último día –y después…- Pero lo que diga la señora no afecta ya a la mayoría, que ha decantado su opinión sobre su gestión y sobre su persona. Puede doler advertirlo, pero ya nadie la escucha. Hasta los más acérrimos opositores prefieren leer al día siguiente la información sobre sus discursos que escucharlos en directo, por elementales razones de salud mental. Los ratings de la TV durante las cadenas nacionales son más que elocuentes.

Hoy los argentinos están dirigiendo su mirada a la sucesión. Están evaluando alternativas, escuchando candidatos, observando propuestas, reacciones, gestos, intuiciones. Su mirada ya no se siente atraída por los aullidos a la luna. Quieren ver futuro. Analizarlo. Definir bien.

Hasta en eso erra la señora. En lugar de ayudar al surgimiento de una sucesión madura, seria, de su propio espacio político, se encarga de dinamitar cualquier posibilidad de acumulación exitosa. Si hasta el milagro de Scioli, que había atravesado todas las locuras de la década relativamente indemne, empezó su inmersión arrastrado por el barco que se hunde sin remedio y que en su implosión pretende llevar todo lo que esté cerca.

Hoy las placas tectónicas de la sociedad, en lo profundo de la opinión pública, están configurando los espacios democráticos de los tiempos que vienen. Seguramente serán –como pasado en los dos siglos de vida independiente- proyecciones de las improntas originarias, que todos esperamos puedan convivir, de una vez por todas, en una Argentina madura definiendo las bases de sus acuerdos estratégicos.

Los grandes agrupamientos de la opinión pública comienzan a expresarse. Lo han hecho en Mendoza, donde –a diferencia del 2001- esta vez la fragmentación le toca a la corriente populista. Y, al contrario, la corriente democrática-republicana está logrando definir comunes denominadores atractivos para los ciudadanos, que están jerarquizando nuevamente su afecto al estado de derecho, a la Constitución, a la República.

Desde esta página hemos dicho más de una vez que no estamos convencidos de la fragmentación, sino que creemos en la necesidad de los grandes acuerdos entre los dos grandes espacios fundacionales, que han sido motores de nuestra historia y lo seguirán siendo de nuestro futuro. Para ello, deben desprenderse de sus aristas más intransigentes y potenciar sus perfiles dialoguistas. Hacia adentro, para lograr unificar alternativas de gobierno con posibilidades de gestión. Hacia afuera, porque aún en los aspectos de su política agonal contra el respectivo adversario deben recordar que forman parte del mismo país, del que todos somos ciudadanos.

Y que cada argentino, piense como piense, es ni más ni menos que un com-patriota. Compartimos la misma patria, su historia y su destino.

Lo lograremos si aceptamos todos las reglas de juego de la democracia republicana, con las que nació este país, que nos incluye a todos y que nos exige, como regla de oro, sea cual fuera el lugar que ocupamos en la sociedad, la igualdad ante la ley. La “noble igualdad”, –como dice el Himno, desde 1812 y lo cantamos desde entonces- es el único trono ante el que estamos obligados a postrarnos.

 Ricardo Lafferriere

Emociones

Quienes, con algunos años, recordamos nuestros primeros pasos en la escuela pública, tenemos algunas imágenes grabadas en el inconsciente.

Una de ellas es el retrato serio de San Martín en su vejez. Otra, el rostro adusto de Sarmiento, ejerciendo la presidencia. Pero la que seguramente revivió en estas horas en la memoria ancestral de millones de argentinos, es el grabado del 25 de mayo de 1810, donde la histórica plaza se llenó de patriotas con paraguas escuchando la noticia de la jura de la Primera Junta de Gobierno Patrio.

Hoy fuimos muchos más. Sus herederos. Que cubrimos sin dejar ningún espacio libre la histórica Avenida desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde frente al viejo edificio del Cabildo estaba la Oficina del Fiscal desaparecido.

Demasiadas emociones.

Cantar el himno en colectivo y a capella, sintiendo el significado de cada una de sus frases.

Y, ante el atroz acontecimiento que motivó la convocatoria, terminar la canción patria con la frase en ritmo marcial que nos compromete desde niños: “Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir”.

Seguramente Alberto Nisman no se sentía un héroe al momento de su muerte. Mucho menos un prócer.

Sin embargo, si alguien ha cumplido el juramento que tantas veces debe haber entonado desde su niñez, es este compatriota. Que, cumpliendo su deber, murió con gloria.

Alberto Nisman ha entrado al martirologio nacional.

Seguramente en este año no habrá plazas ni calles con su nombre. Tampoco barrios, ni represas, ni centrales nucleares, ni Colegios, escuelas u hospitales. No lo necesita. Hoy su ejemplo visitó el corazón y la conciencia de todos los argentinos de bien, aquellos que recordamos el impulso señero de nuestros mayores que nos legaron la patria, republicana, democrática y libre.

Pero además –estoy seguro- apenas recuperemos la dignidad de nuestro respeto colectivo, su nombre, su rostro y su estatua serán un recordatorio constante de lo que significa “afianzar la justicia”, dejando si es necesario, la vida en el cumplimiento de su deber.

Como Fiscal, sí. Pero principalmente, como ciudadano cabal del país de los argentinos.

Ricardo Lafferriere

No hay espacio para la verdad

Los últimos meses del kirchnerismo difícilmente transcurran con la placidez de quien se prepara para disfrutar del deber cumplido y organizar los faustos de la transferencia del poder a quien los ciudadanos encarguen la nueva etapa.

Los analistas y los ciudadanos esperaban turbulencias. Sin embargo, muy pocos –si alguno- podría haber imaginado un episodio tan conmocionante como el regreso de las muertes políticas al país.

Aunque la reacción polarizante del gobierno no mostró cambios con respecto a su matriz ante hechos similares –borrarse, primero y tratar de forzar una falsa polarización en caso que el olvido no resulte-, la diferencia en este caso no fue cuantitativa, sino cualitativa.

No es lo mismo polarizar ante una determinada política pública, que ante una muerte política. No lo es porque en el primer caso, los debates y las diferencias de opinión, aún deformadas en su presentación, son la esencia de la democracia, de sus polémicas y de su pluralismo.

En el segundo, sin embargo, la diferencia entre la vida y la muerte no es “interna” de la democracia, sino lo que lo separa de la idea del ejercicio del poder como la suma de la decisión de lo público, ante lo cual hasta las vidas de las personas deben ser ofrendadas en la dinámica de la lucha política. Negar la solidaridad frente a una muerte es lo que hizo el país en los años de plomo.

Al leer en estos días la dureza de quienes se sienten afectados puede observarse alguna voz más alta que lo que a algunos gustaría. Sin embargo, como en los velorios, es de personas civilizadas entender los llantos de los deudos, los reclamos de los amigos y disimular las explosiones injustas de temperamentos desbordados.

Advertir, sin embargo, el alineamiento acrítico con las insólitas reacciones del poder por parte de quienes debieran tener un pensamiento señero, prudente y articulado muestra el profundo daño al tejido de la solidaridad nacional que ha provocado el kirchnerismo en esta década de dislates y ficciones.

Curioso escenario el que nos ofrece el tratamiento de la muerte del fiscal. Sus deudos, conteniendo su dolor, dan lecciones de templanza, prudencia y madurez. Sus amigos y quienes sienten que su muerte no puede ser entendida como una casualidad, desde el primer momento resistieron la tentación de imputar crudamente a quienes en su intimidad están convencidos que tienen la mayor cuota de responsabilidad, simplemente porque la justicia aún no ha hablado.

Y, enfrente, quienes debieran quedarse callados frente al irreversible absoluto que la muerte instala en los conflictos, se desbordan en su indignación frente al muerto, como si esta fatalidad hubiera sido diseñada por sus enemigos para agredirlos y no –como muchos piensan- por el exceso de celo, grotesco y ancestral, de quienes posiblemente pensaban que con un crimen lo estaban defendiendo.

Difícilmente esta muerte alguna vez se aclare. Quien esto escribe intuye que es uno de esos hechos que sólo podrían ser desmenuzados por una tarea de inteligencia altísimamente profesional, de esa que evidentemente no está al alcance de la justicia ordinaria que investiga el crimen.

Es posible que en los verdaderos laboratorios de la inteligencia global de los diferentes países con instituciones serias ya se sepa sin dudas quienes están en condiciones, en un escalón globalizado que no cuenta con centenares de miles de personas sino apenas con algunos cientos, de ejecutar una operación como la que terminó con la vida de Alberto Nisman, y de entre ellos a quién puede –o debe- achacársele el hecho. Hasta es posible que en algún tiempo se sepa también en el país, de manera informal, qué es lo que pasó.

Lo que la destrucción institucional que sufre el país hará imposible es que sea el Estado argentino, o lo que queda de él, quien pueda desentrañar la verdad. Como no lo hizo con el atentado a la Embajada, ni a la de la AMIA, o la cadena de suicidios sospechosos y homicidios sin esclarecer que hemos visto en estos años.

La marcha, el reclamo, las dudas, debieran ser por eso un llamado a recrear un Estado que nos sirva a todos, en el que “la política” sea apenas un epifenómeno, pero que tenga su peso específico mayor en sólidas instituciones de funcionalidad absoluta –e implacablemente- neutrales con el objetivo mayor de servir a los ciudadanos y no en una cuenta de Twitter o de Facebook de la presidenta o de alguno de sus funcionarios que vean en el Estado un aparato de poder para la autopreservación o, más grosero aún, la facilitación del patrimonialismo.

Ricardo Lafferriere

La presidenta imputada penalmente

La presidenta, el Canciller, un Diputado Nacional del riñón del régimen, un ex Sub Secretario de Estado y un ciudadano argentino allegado al kirchnerismo y al régimen iraní han sido imputados de los delitos que integraron la acusación del Fiscal Alberto Nisman.

El primer análisis de procedencia, realizado por el fiscal, no ha desestimado la denuncia sin más trámite, sino que ha ordenado la realización de medidas probatorias y considerado “imputados” a los denunciados, lo que implicará la necesidad de designar abogados defensores y su participación en la instrucción de la causa.

La primera consecuencia de este paso procesal es que los hechos denunciados, “prima facie”, se consideran delitos –ya que de no ser así, la denuncia debió ser desestimada “in limine”, lo que no ocurrió-. La instrucción determinará si las pruebas son suficiente para acreditarlos.

La segunda, es que los imputados deberán estar a derecho, ser citados oportunamente a indagatoria, designar abogados defensores y participar como partes en un proceso penal.

La magnitud de los delitos podría ser discutida de tratarse de un ciudadano común. Sin embargo, la posición institucional de los imputados los agrava a un extremo que carece de antecedentes en la historia política argentina. Tal vez sólo la causa por el cheque de la “Cruzada de la Solidaridad”, que se instruyera alguna vez contra María Estela Martínez de Perón pueda ser considerado un antecedente, pero la gravedad en este caso es sustancialmente mayor. 

El delito que se imputa no consiste en una corruptela administrativa, y ni siquiera uno de los conocidos hechos de megacorrupción, sino del encubrimiento de un delito de lesa humanidad –así lo ha declarado la justicia- que costó la vida a ochenta y cinco personas, más la del Fiscal que lo investigaba.

Triste destino el de la democracia argentina. Una década de provocadoras decisiones inconstitucionales, de indiferencia ante los límites que las leyes imponen al poder, de actuar como si gobernar significara detentar la suma del poder público para caprichos, ocurrencias y dislates, llegarán a su fin por la sana reacción de la última trinchera de la constitución republicana: el poder judicial.

El cinismo con que se pretende enfrentar el proceso desde el gobierno parece seguir insistiendo en la misma matriz. La declaración del Secretario General de la imputada en el sentido de que una investigación judicial significaría un alzamiento contra el gobierno peca del mismo defecto genético del kirchnerismo, que a esta altura poco contacto mantiene con la visión de un peronismo democrático integrado al sistema institucional, y que ha preferido retroceder hacia los peores defectos históricos de esa fuerza política, que varias generaciones de peronistas de la democracia trataron de erradicar, lamentablemente sin lograrlo hasta hoy.

El kirchnerismo está ya mostrando su esencia desnuda. Es triste por el país, porque esa simbiosis con la verticalidad acrítica –tal vez, el mayor vicio del peronismo histórico- está llevando al país a una tensión sólo compensada por la enorme madurez ciudadana, producto de su dramática experiencia en las últimas décadas.

Hoy, la mayoría ciudadana respalda la acción de la justicia. Por la Constitución, por la convivencia, por el derecho a la vida, por un país decente. Mirando el vaso “medio lleno”, es quizás la única herencia –como reacción ante lo intolerable- que una década de decadencia dejará como mensaje a la historia grande de la Argentina.

Ricardo Lafferriere

Europa: dos idiomas

“Grecia no debería asumir que Europa ha cambiado al punto que la zona Euro endorse sin limitaciones la agenda completa de Mrs. Tsipras” (Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker).

“Queremos dejar claro la dirección en que no negociaremos. No negociaremos nuestra soberanía nacional” (Alexis Tsipras, Primer Ministro Griego).

El primero es claro: no es posible modificar las cosas como las pretende Grecia, porque significaría cambiar la estructura económica de la Unión Europea, o sea comenzar todo desde cero. Habla en clave económica.

El segundo también lo es: Si no se efectúa un cambio como se pide, Grecia estallará. Habla en clave política.

El drama es que ambos tienen razón.

¿Puede la Unión Europea acceder a las nuevas reducciones de deuda requeridas por Grecia? 

Económicamente, tal vez sí. Los números griegos son gigantes para su escala, pero mínimos en relación a los números europeos. Grecia vs. la Unión Europea, en términos económicos, es –salvando las distancias- como Formosa frente a la Nación Argentina. No alcanza al 1 %.

Sin embargo, su consecuencia no es económica sino política. Si se abriera esa “ventana”, el antecedente podría derrumbar todo el sistema. El desequilibrio griego no es una excepción sino que se da en varios países con economías más grandes: España, Portugal, Italia.

Aceptar la reducción que pide Grecia “rebotaría” en estos países, que muestran ya fenómenos similares al del oficialismo helénico. Nuevos partidos, nuevos relatos, nuevos dirigentes, expresando que la disciplina económica exigida por los acreedores –fundamentalmente alemanes- genera tensiones sociales desequilibrantes. Si estos países, invocando el antecedente griego, reclamaran el mismo tratamiento para sus países, el sistema económico-financiero europeo con su actual arquitectura se derrumbaría en un caos financiero generalizado.

Pero Grecia muestra sus argumentos. Syriza, grupo populista que montó su reclamo en el sentimiento visceral de millones de desocupados y marginalizados por la crisis, es por ahora un fenómeno contenido en el marco institucional. Se organizó, fue a elecciones, y ganó. Respondió a la desesperación de personas que no ven futuro posible para su presente miserable.

Su propuesta no es económicamente viable ni racional, sino arcaica y a contramano de la evolución del mundo. Pero acorralarlo no tendría otro resultado que el retiro griego de Europa, declarando su bancarrota y devaluando su moneda alejada ya de la pertenencia al Euro, provocando una situación caótica cuyo resultado difícilmente pueda imaginarse. Ya anda por ahí Putin ofreciendo su solidaridad…

Europa está enfrentando las consecuencias de haber adoptado las utopías más audaces de sus fundadores, pero actuar con actitudes timoratas en su construcción. Configurar un espacio económico que contemple sólo parte de la gestión económica –la comercial y la moneda-, pero en la que los espacios “duros” –el fiscal, el político, y aún el militar y el estratégico- sigan respondiendo a la soberanía de sus Estados, llevaría indefectiblemente a esta contradicción.

Los problemas no tienen solución mientras acreedores y deudores no conformen un espacio político con los mismos electores. Dicho en otras palabras: mientras Europa no sea un país, con ciudadanos eligiendo un parlamento con poder y autoridades ejecutivas continentales, fuerzas políticas de alcance total y una Constitución aceptada por todos, el peligro de la disgregación continuará. Agravado por un mundo competitivo, con gran dinamismo en sus economías de vanguardia –la norteamericana, con su exponencial agregación tecnológica, y la china, con su formidable capacidad de compra apoyada en su población numerosa- lanzadas en una simbiosis llena de matices pero inexorable a la definición del mundo que viene.

Mientras el primer ministro alemán responda al pueblo alemán, y el primer ministro griego al pueblo griego, difícilmente sus prioridades confluyan. Porque –sabemos- el primer objetivo de cualquier político es ganar las elecciones, para lo cual necesita obtener la mayoría del apoyo de sus conciudadanos. El camino de hacer eficaz la acción política es hablar un mismo idioma: el del interés del conjunto. Eso no será entendido mientras las fuentes de legitimidad política sigan respondiendo al mundo fragmentado en geografías –y economías, e intereses- del siglo que se fue.

Pero…las cosas son como son. Sus idiomas son distintos. Demasiados intereses se juegan en las decisiones de unos y otros. Los bancos acreedores –en su mayoría alemanes- defienden sus intereses, que son los de sus depositantes –también, en su mayoría, alemanes-. Se trata de depositantes que también son ciudadanos que votan en Alemania, y no le perdonarían a Merkel –ni a sus legisladores- una quita en sus ahorros, o en su capital, que debiera ser de más de la mitad para hacer nuevamente viable a la economía griega.

Los demás países deudores, que debieran tal vez tener coincidencias objetivas con el reclamo griego, se encuentran embarcados en procesos de ajuste –no tan duros como Grecia- y sus sistemas políticos parecen haber absorbido aceptablemente hasta ahora ese camino, a costa de reducir sus gastos sociales sustancialmente para poder pagar sus deudas. Un triunfo de la presión del nuevo gobierno griego abriría las compuertas a formaciones políticas que reclamarían trato similar, con lo que implica de conmocionante a los frágiles equilibrios políticos existentes.

Lo saben los acreedores alemanes, que es probable que prefieran perder la sociedad con Grecia dejándola ir y limitando sus pérdidas, antes que ampliarlas a un nivel continental si debieran aceptar ese camino para otros países más grandes con problemas parecidos.

De no encontrarse un atajo –que hoy por hoy, se ve difícil- lo más probable es que presenciemos el comienzo de un desgranamiento de la Unión Europea, volviendo a sus estadios más primitivos.

No se observa en el escenario el verdadero camino de superación hacia adelante: profundizar la unión con mayores cesiones de soberanía hacia una construcción institucional que avance hacia los espacios que, hasta hoy, se han preservado celosamente como reservas de las soberanías nacionales: el poder político real, la unificación de la representación internacional, la política fiscal y la facultad de sancionar normas vinculantes, o sea leyes.

No se trataría, por supuesto, de hablar el mismo idioma en sentido literal. Pero sí se trataría de razonar en la misma clave: la de un espacio territorial con pueblos diferentes unidos por la solidaridad nacional y, en consecuencia, discutiendo su futuro, compartiendo instituciones y eligiendo sus autoridades no como unos contra otros, sino como protagonistas del nuevo escenario global en formación, del que fragmentados y hablando en claves diferentes estarán inexorablemente desplazados, en forma definitiva, hacia un plano secundario.

Ricardo Lafferriere

La señora en China

Impactada (“IM-PRE-SIO-NA-DA”) por un ramo de flores que debe haber conmovido su sensibilidad femenina con que la recibió el presidente de China Xi Jinping, la señora comenzó su agenda en el gigante asiático retribuyendo la visita presidencial que recibiera hace algunos meses, en lo que fue la única visita de máximo nivel de un país importante durante su segundo mandato.

El marco de esta visita no puede ser más favorable a los anfitriones.

Con una balanza comercial favorable superior a los 6.000 millones de dólares anuales, son beneficiarios de la concesión de territorio virtualmente soberano a una empresa (CLTC) dependiente de la Dirección General de Armamentos del Ejército Popular Chino sobre el que la Argentina no tendrá prácticamente jurisdicción alguna.

También es cesionario de varios cientos de miles de hectáreas y favorecido con la posibilidad de ser adjudicatario de obras públicas sin control ni licitación a raíz del convenio firmado entre ambos países con la sola condición de que ofrezca financiamiento y sin participación de los organismos parlamentarios argentinos correspondientes que aprueben las obras –que sólo requerirán la aprobación de funcionarios del Poder Ejecutivo en la oscuridad de sus despachos-.

Todo vale. A cambio, tan sólo se piden créditos de cortísimo plazo, que deberán ser abonados por el próximo gobierno, en forma de “Swaps” entre Bancos Centrales, con los cuales la administración kirchnerista está manteniendo el jubileo de dólares regalados y con ellos –o sea, con un endeudamiento febril- la ficción de una estabilidad cambiaria de pies de barrio. Un crédito que para los chinos, con reservas por cuatro billones (cuatro millones de millones de dólares) significan una propina, a cambio de la cual pueden aspirar...a lo que deseen.

Este endeudamiento es realizado con el propósito de mantener bajo control la inflación vía ancla cambiaria, aunque su efecto sea la profundización de la recesión y el agravamiento de la situación de crisis con la que entregará la administración al gobierno que lo suceda, por los condicionantes de una deuda de vencimiento inminente.

Para la Argentina, la trascendencia de este convenio y este viaje no puede ser más incierto y peligroso. Para el país anfitrión, tener en bandeja un país regalado con una administración que ya no pretende siquiera ocultar sus concesiones, rayanas en la entrega que en otros tiempos hubiéramos calificado sin atenuantes de “cipaya”. Una administración a la que, a cambio de esos dólares de “swaps” se le puede conseguir cualquier cosa.

Una base científica en nuestro territorio que goce de extraterritorialidad, dependiente del Ejército Popular Chino, puede entusiasmar a los vocingleros aplaudidores del Patio de las Palmeras, carentes de compromiso y vocación nacional. Sin embargo, no pasa desapercibida en el juego estratégico global, mucho menos al observar el persistente avance de China en nuestro subcontinente.

No se trata, por supuesto, de negar la importancia de la colaboración de un país que se ha convertido junto a Estados Unidos en uno de los grandes motores del mundo globalizado. Se trata de advertir que una política sana debe ser transparente, analizada, debatida en público por los espacios que la democracia prevé al respeto en sus implicancias presentes y futuras, y fundamentalmente teniendo en cuenta la proyección trans-temporal, atento a que sus efectos se extenderán más allá del gobierno actual afectando al país y las generaciones que vienen.

China se está comportando, por su parte, con los peores vicios de un país colonialista del siglo XIX. Frente a lo que está haciendo en países con los que “colabora”, el contrato con la Baring Brother o las inversiones de La Forestal parecerían regalos de los Reyes Magos.

Hace poco tiempo, desde este lugar, mencionábamos en tono fuertemente crítico la conducta colonialista de China con sus socios comerciales, apoyada en acuerdos con dictaduras, en la superexplotación de sus trabajadores y de los países en los que invierte y en su indiferencia absoluta ante los problemas ambientales que genera o la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Hay numerosos ejemplos: la masiva deforestación africana -227 millones de hectáreas de selva en África Central, o un millón de metros cúbicos de madera selvática de Birmania por año o la desertificación de Mozambique-, es uno de ellos.

Pero no el único ni el peor: la disciplina laboral cuasi-esclavista de sus empresas en Gabón, en Sudán, en San Juan de Marola –Perú- y en el propio territorio chino incluyendo el trabajo esclavo de menores, ha sido denunciado por el Premio Nóbel Li Xiaobó, quien por esas denuncias fue condenado a diez años de prisión, que está cumpliendo.

Las miserias humanas de explotación sexual, prostitución y trata de personas en su extracción de Jade en  Birmania, del desmantelamiento de la riqueza forestal rusa por empresas chinas en Siberia, el soborno de funcionarios venales en países corrompidos a través de sus Bancos de Exportación y de “promoción” (Eximbank y China Development Bank) con el “financiamiento” de obras faraónicas a costos desmedidos por los sobreprecios y de su ansiedad por comprar alimentos “a granel” –y tierras para producirlos- son otros ejemplos. Tanto como la ocupación literal de miles de kilómetros cuadrados del territorio de Kazajistán y Turkmenistán con empresas petroleras propias, regidas por la ley china y con seguridad militarizada.

Bienvenidas, si se dan, las inversiones extranjeras, entre ellas las chinas. Pero no si llegan para ocultar la incapacidad de gestión de un gobierno populista  con un nuevo y más peligroso endeudamiento. O para financiar la corrupción crónica de funcionarios venales.

Mucho menos bienvenidas si llegan para introducir al país en un juego internacional que nos supera, con autoridades actuando como infantiles aprendices de brujos en la gran política del mundo, cuando no tienen capacidad para contener la violencia cotidiana, la desbordada actuación de sus agentes de inteligencia volcados a acciones criminales, o custodiar un Fiscal de la Nación que investigaba hechos de terrorismo considerados ya de lesa humanidad.

Aunque seduzcan a la señora con un ramo de flores “IM-PRE-SIO-NAN-TE…” Cual los espejitos de colores con que los conquistadores –se dice- hace cinco siglos sedujeron a los indios.

Ricardo Lafferriere

La "Trilogía" de la AMIA

Se ha escuchado en estos días hablar de “la trilogía” para referirse a los tres procesos que componen el desgraciado conglomerado de investigaciones relacionados con el atentado que sufriera la AMIA y dejara 85 muertos y decenas de heridos, el 18 de Julio de 1994.

Primer causa

La justicia argentina determinó que el atentado fue organizado por la República de Irán a través de varios de sus funcionarios y agentes, de los que ordenó su detención internacional. Luego de analizar las pruebas presentadas por el Fiscal Alberto Nisman, tal detención fue dispuesta por Interpol, organismo internacional que libró contra cinco de imputados “Circulares Rojas” disponiendo su detención en donde fueran habidos.

Esa es la primera causa de esta “trilogía”.

Segunda causa

En fecha 14 de enero de 2015, el Fiscal Especial de la causa AMIA formalizó una denuncia de encubrimiento contra varios funcionarios argentinos. Se trata de la presidenta de la Nación, Dra. Cristina E. Fernández de Kirchner, su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, y varios ciudadanos argentinos (D’Elía, Esteche, Khalil, Bogado e Yrimia), quienes según su denuncia llevaron a cabo acciones destinadas a encubrir a los autores del atentado con la finalidad de concretar decisiones políticas que sólo son facultad presidencial –vale decir, sin cuya decisión no hubieran podido llevarse a cabo-.

Con tal finalidad, se procedió a elaborar y ejecutar un plan criminal consistente en la renuncia de pretensión penal argentina, intentando evadir esa persecución para con los acusados prófugos a fin de posibilitar la realización de negocios “de Estado a Estado” con Irán y realinear a la Argentina con el eje “bolivariano” impulsado por Chávez, que abarcaba a Corea del Norte, Rusia y la propia Irán, decisiones éstas que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo, y no serían judiciables si no hubieran sido "canjeadas" por la impunidad de delincuentes de lesa humanidad. La acción fue impedida por la declaración de inconstitucionalidad del “Memorando…” decretada por la Justicia argentina, y por el desinterés posterior del país persa, al no lograr por parte de Interpol el levantamiento de las órdenes de detención, que era su único interés en el acuerdo.

Es la segunda causa de la “trilogía”, que si se considera legalmente encuadrada, deberá incluir a los legisladores que aprobaron el “Memorando” en el Congreso.

Tercera causa

En fecha 19 de enero de 2015, el Fiscal Especial Alberto Nisman apareció muerto en su departamento, horas antes de su anunciada presentación en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados donde profundizaría la información que fundaba su denuncia. 

La escena del crimen, contaminada por la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad, pareció indicar un suicidio, hipótesis alimentada desde el primer momento por el relato oficial aludiendo a la banalidad e insustancialidad de la denuncia presentada y a la presunta vergüenza y arrepentimiento por parte del funcionario muerto al advertir la banalidad de su acusación.

La versión fue cambiada a las 48 horas por decisión presidencial, luego de conocerse las muestras de opinión pública que indicaban la convicción del 80 % de los encuestados de que se trataba de un asesinato, y nuevamente cambiada en el discurso presidencial del 26/1/2014, insinuado una conjunción de problemas personales con una conjura diseñada por Clarín, jueces, fiscales, servicios de inteligencia nacionales y extranjeros para destituir su gobierno.

Es la tercera causa de la “trilogía”.

La contundencia de la segunda causa

La primera está en etapa de detención de los imputados a efectos de su indagatoria, habida cuenta de que el convenio de impunidad denunciado en la segunda ha sufrido dos obstáculos decisivos: el desinterés de la República de Irán para su ratificación y la declaración de Inconstitucionalidad por parte de la Justicia argentina.

La tercera está en su etapa sumarial. Hasta este momento no hay decisión judicial sobre las causas de la muerte, conservando su carátula de “muerte dudosa”, con líneas de investigación que cubren tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido y homicidio.

De las tres, la segunda es, sin embargo, la que se presenta con más solidez en cuanto a los hechos, aunque abre un camino novedoso en cuanto al derecho.

Existen imputados en el país, existen pruebas que “prima facie” configuran los delitos imputados y existen pruebas contundentes que deben ser profundizadas y ratificadas en sede judicial luego del contradictorio que deberá realizarse, pero que conllevan una fortaleza intrínseca decisiva que las hace difícilmente refutables. Son acontecimientos que, además, no son secretos para nadie que viva en la Argentina.

En apoyo de su contundencia hay hechos y actos notorios  y algunos de ellos con valor de instrumento público, como el convenio firmado con Irán identificado como “Memorando de entendimiento”, las reuniones diplomáticas actuadas y las publicaciones periodísticas de medios coincidentes en el tiempo con las escuchas que durante varios años se realizaron en teléfonos de sospechosos en la causa principal, de las que surgía la comisión y veroscimilitud del nuevo delito.

Esta segunda pata de la trilogía resulta hasta el momento la menos atacable de cara a la opinión pública. En cualquier país con dignidad, algunos de los hechos que contiene serían considerados verdadera traición a la nación.

Los hechos de la segunda causa

La principal conducta delictiva imputada a la presidenta y encumbrados funcionarios es diseñar y ejecutar un plan criminal para facilitar la impunidad de un delito declarado de lesa humanidad, no sólo obstaculizando sino impidiendo en forma expresa la acción de la justicia argentina. Este plan de encubrimiento está probado por los hechos públicos y las escuchas.

Pero no son ajenos otros comportamientos éticamente repudiables, como el realizado por agentes de la Secretaría de Inteligencia pasando información al país investigado por la justicia nacional por resultar “prima facie” el autor del principal atentado terrorista de la historia en territorio argentino -como lo es Irán el caso de la AMIA- sobre los pasos que efectuará el Fiscal investigador del atentado, y datos personales de dicho Fiscal y su familia, para facilitar a los servicios secretos extranjeros conductas de chantaje y extorsión al referido Fiscal, datos acreditados con las escuchas telefónicas efectuadas por orden judicial sobre los imputados.

 Cabe recordar que el Fiscal Nisman, funcionario designado por el Estado Argentino -más precisamente, por el presidente Kirchner- para investigar el atentado terrorista de 1994, tenía sobre sí una sanción de “Fatwa” dictada por Irán, consistente en la orden de ejecutarlo donde se lo encontrara –al igual que el ex Juez Galeano-.

Los voceros oficiales, como el Secretario General de la presidencia y la propia presidenta de la Nación han intentado desprestigiar la denuncia mediante relatos que claramente configuran argucias exculpatorias. Sus posiciones tienen, sin embargo, una proyección más peligrosa, como lo demostró trágicamente la muerte del Fiscal Nisman.

El aspecto legal y los delitos cometidos

Se han escuchado descalificaciones de la denuncia desde la perspectiva del derecho formal, no sobre la veracidad de los hechos narrados –indiscutibles- sino sobre su tipificación penal. Y debe reconocerse la inexistencia de antecedentes, tanto como que en toda la historia de la justicia argentina no han existido actos de semejante dimensión de traición a las instituciones nacionales.

 La jurisprudencia que se elabore será señera, pero es un camino que, en todo caso, deberá recorrer la justicia y no le corresponde a la presidenta –que, además, está imputada- calificarla. El Fiscal dio el primer paso, con su denuncia, que pide la instrucción de la causa y –obviamente- no configura una sentencia. Un jurista tan prestigioso como Luis Moreno Ocampo lo menciona en su reportaje de fin de semana: lo de Nisman “era una denuncia, no una acusación”. Un constitucionalista del prestigio de de Eduardo Sabsay se ha pronunciado en el mismo sentido, destacando la obligación jurídica del fiscal de realizar la denuncia si llega a la convicción de que existe la posibilidad de estar en presencia de un delito.

Acusación y sentencia serán eventualmente los actos jurídicos procesales que deberán realizar el Fiscal -luego de la investigación- y el Juez -luego del proceso en el que se ejercerá el debido derecho de defensa-. El Fiscal denuncia la configuración de los delitos previstos en los artículos 277 incs. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal.

Jurídicamente, entonces, nada amerita que un novel abogado –como Aníbal Fernández- o un economista –como Capitanich- descalifiquen en forma tan grosera una denuncia que aún ni siquiera ha comenzado a andar. Hasta afecta a los acusados, al reducirles el derecho de defensa.

Los hechos conllevan, eso sí, una carga innegable de violación de deberes de funcionarios de máximo nivel de la administración nacional, nada menos que quien ocupa la presidencia y uno de los ministerios claves del Poder Ejecutivo.

Efectos políticos de la segunda causa

Políticamente, es otra cosa. Queda al desnudo en el escenario de la opinión pública el verdadero contenido del maladado  Memorando de Entendimiento, impulsado por la presidenta y su canciller y aprobado en el Congreso de la obediencia debida por el batallón de soldaditos de plomo, el mismo que dio días atrás el triste espectáculo de volver a sostener sin ningún pensamiento propio los dislates redactados en las afiebradas elucubraciones de Olivos.

Pero –y es lo más grave- se expone a la luz pública el grado de descomposición de un poder que, al decir del Jefe de Gabinete, está “dispuesto a todo y con cualquier método”.

Los “tapones de punta” con que una diputada anunciaba el trato al Fiscal en el Congreso, la cínica advertencia a su hija “que no tenga miedo, que no le vamos a hacer daño a su papá”, por la misma diputada; el anuncio de prepararse para “disparar contra el fiscal” de un diario oficialista, la “información de que el fiscal no se presentará” emitida por un periodista oficialista por televisión en la tarde previa a encontrarse el cuerpo sin vida de Alberto Nisman, el intercambio de notas irónicas en twitter entre D’Elía y el operador kirchnerista Alex Freire en la mañana del día en que se produciría la muerte de Nisman en el que se saludaban con “buenos días para todos - ¿no para Nisman, no?”; el twitter “no toquen a cristina – te lo advertimos”, al día siguiente del homicidio por el mismo operador, las paredes pintadas por La Cámpora luego del homicidio con la leyenda “Nisman, la tenés adentro”, el inmisericorde ataque al Fiscal muerto por parte de los legisladores oficialistas instalando la tesis del suicidio por vergüenza al día siguiente de la muerte, el giro del relato oficial tratando de instalar la inveroscímil autoría de la muerte en un sector desplazado de los servicios de inteligencia “con la finalidad de atacar al gobierno”, la persecución al periodista Pachter que anunció imprevistamente la muerte del Fiscal limitando objetivamente la posible manipulación de la escena del crimen, su “escrache” desde cuentas oficiales de twitter y su seguimiento hasta el momento en que salió del país, la servil actitud de la cúpula del partido justicialista, despertando de su letargo para atacar a la prensa, los fiscales, los servicios, la oposición y el resto del mundo imputándoles el crimen, son hechos demasiado concordantes como para no dirigir la mirada -entre otras- hacia esa dirección cuando se buscan a autores y responsables de la muerte del Fiscal.

El relato presidencial

El discurso presidencial de anoche fue otra prueba más –si cabe- que el poder no es ajeno a la muerte del Fiscal. No vaciló la presidenta en cambiar nuevamente su relato, esta vez dejando caer con una impudicia repugnante la sospecha de una “relación íntima” entre el fiscal muerto y uno de sus colaboradores, que es vinculado a la “conspiración” contra el poder porque un hermano trabaja en un Estudio Jurídico que atiende algunas causas del principal medio periodístico nacional.

Aprovechó, eso sí, para lanzar un proyecto de concentración aún mayor de poder, creando un nuevo organismo de Inteligencia Nacional que dependerá absolutamente de su persona con personal designado exclusivamente por su arbitrio. 

Esta decisión abre una gigantesca Caja de Pandora –imaginable rápidamente al prever centenares de agentes de inteligencia privados de su trabajo, convertidos en “mano de obra desocupada”- y a la vez dejando la inteligencia del país, en la transición y de hecho, a cargo de la inteligencia militar, lo que no se expresó en el discurso pero es la consecuencia obvia de la decisión tomada. 

El jefe de la inteligencia militar, que acarrea los fuertes cuestionamientos conocidos por sus antecedentes represivos con estado judicial y por enriquecimiento ilícito durante su carrera, será el obvio beneficiario de este dislate.

La trilogía de la AMIA se está convirtiendo en un peso demasiado grande para la salud de la democracia. En las tres causas. El camino para llegar a esa verdad, sin embargo, está en la segunda, aquella para la que el Secretario General de la Presidencia Aníbal Fernández anuncia su destino: terminaren un tacho de basura.

La presidenta Cristina Fernández, por su parte, pasará a la historia como la gran encubridora del mayor atentado terrorista de la historia, por la desarticulación del estado de derecho y por haber conducido a la democracia argentina a su nivel más rudimentario y a la convivencia nacional a un deterioro que no vivíamos desde antes que lográramos la recuperación democrática.

Ricardo Lafferriere