Un paso adelante

Hace un par de semanas, en nuestra habitual columna semanal, sosteníamos a propósito de la elección de la ciudad de Mendoza, en la que triunfó una alianza liderada por el candidato radical:

“… las placas tectónicas de la sociedad, en lo profundo de la opinión pública, están configurando los espacios políticos de los tiempos que vienen. Seguramente serán –como ha pasado en los  dos siglos de vida independiente- proyecciones de las improntas originarias, que todos esperamos puedan convivir, de una vez por todas, en una Argentina madura definiendo las bases de sus acuerdos estratégicos.

“Los grandes agrupamientos de la opinión pública comienzan a expresarse. Lo han hecho en Mendoza, donde –a diferencia del 2001- esta vez la fragmentación le toca a la corriente populista. Y, al contrario, la corriente democrática-republicana está logrando definir comunes denominadores atractivos para los ciudadanos, que están jerarquizando nuevamente su afecto al estado de derecho, a la Constitución, a la República.

La Convención de la UCR realizada en Gualeguaychú ratificó este rumbo.

Superando incluso la decisión final, no debe olvidarse que las posiciones en pugna –que, sumadas, lograron el virtual 100 % de los convencionales de todo el país, salvo una abstención- sostenían ambas el impulso a una política de alianzas alrededor de las convicciones democráticas y republicanas. O, en otras palabras, de priorizar la recuperación  del estado de derecho.

Desde la perspectiva de esta columna, fue el saldo más importante. Los radicales militantes pueden apasionarse en una u otra de las alternativas que se enfrentaron, ambas con sus posibilidades y dificultades. Obviamente, tienen todo el derecho de hacerlo y está bien que reflexionen, opinen y voten con los matices diferentes. En política, toda verdad es relativa.

Pero desde la perspectiva de un ciudadano independiente con vocación patriótica la decisión del radicalismo deja un saldo más amplio: observar que esta fuerza centenaria y equilibrante de la política argentina ha recuperado su vocación de poder, su papel articulador de una opción al populismo y la superación de una vieja tendencia al aislamiento que, revirtiendo las opciones de 1983 y de 1999 hacia frentes sociales amplios, se había adueñado del espíritu de muchos dirigentes y militantes llevándola al borde de convertirse en mero testimonio de una épica de pasado, sin chances de protagonismo en el escenario que viene.

Ambas alternativas consideradas en la Convención, con sus respectivos matices, rompían el auto-cerco y se abría a alianzas con compatriotas con la misma vocación neo-constituyente,  para terminar con la década de dislates institucionales y banalización del estado de derecho.

No corresponde abrir juicios, desde afuera, sobre la conveniencia o no para el radicalismo de las opciones en danza. Sólo saludar que este cambio ayude a conformar el reagrupamiento de la gran mayoría de los ciudadanos que creen en la Constitución y la ley como Biblias de la convivencia nacional. 

Lo hemos dicho alguna vez: aún desde la puerta de entrada del liberalismo se puede avanzar hacia formas socialdemócratas con protagonismo y lucidez. Por la puerta de entrada del populismo, por el contrario, sólo se derivan escenarios neofascistas, sean “bolivarianos”, “indigenistas”, "islamistas" o sencillamente autoritarios o dictatoriales.

El sentido común aconsejaría ahora definir los puntos centrales de un acuerdo programático a defender por el mega-espacio que confluirá en esta alternativa. Poner en blanco sobre negro las prioridades de la próxima etapa será un examen de madurez a la política argentina, que deberá tener la sabiduría de saber diferenciar los principios –o fines últimos- de cada fuerza, que corresponden exclusivamente al debate interno de cada una, de los objetivos programáticos acotados para los próximos cuatro años, en los que los participantes aunarán esfuerzos bajo la conducción de quien resulte triunfador en las PASO. Seguramente girarán alrededor de la recuperación de la centralidad constitucional y la reconstrucción del sistema político "representativo, republicano y federal", con todas sus implicancias expresas e implícitas de orden legal y respeto a los derechos ciudadanos.

El tiempo dirá cómo siguen las cosas. La realidad ha sido demasiado dura con los argentinos y ha dejado saldos que todos han asumido, al punto de entender que el país debe encontrar su rumbo en la imbricación con las corrientes avanzadas del escenario global sin descuidar los efectos polarizantes que todo cambio suele traer acarreado. Modernización consciente, dirían los politólogos, para una sociedad que sin dejar a nadie afuera o atrás, potencie su dinámica transformadora y su visión de futuro.

Desde esta página hemos dicho más de una vez que no creemos que la única opción de convivencia sea la fragmentación. Al contrario creemos en la necesidad de los grandes acuerdos que en nuestro caso argentino deberían darse entre los dos grandes espacios fundacionales, que han sido motores de nuestra historia y seguramente lo seguirán siendo de nuestro futuro, cualquiera sea su nomenclador partidario.

Para ello, deben desprenderse de sus aristas más intransigentes y potenciar sus perfiles dialoguistas. Hacia adentro de ambos, para lograr unificar alternativas de gobierno con posibilidades de gestión. Hacia afuera, porque aún en los aspectos de su política agonal contra el respectivo adversario deben recordar que forman parte del mismo país, del que todos somos ciudadanos. Com-patriotas…

Populistas y demócratas-republicanos, peronistas y radicales, PRO’s y socialistas, deben comprender que se deben a los ciudadanos, dueños últimos del país de todos, y que la acción política sólo encuentra su legitimidad si se interpretan las necesidades y aspiraciones del maravilloso colorido que conforma la pluralidad del pueblo argentino.

Superar la “grieta”, tender puentes, debatir sin descalificar, diferir sin agredir y, en última instancia, definir dentro del juego institucional libre y respetuoso, es la hermosa perspectiva que podría surgir de este comienzo de reconstrucción política de la que los radicales han decidido ser “punta de lanza” y que los argentinos debemos agradecerles.

Ricardo Lafferriere

"...la noble Igualdad..."

Los argentinos advertimos el creciente enrarecimiento del clima político.

Era previsible. El acercamiento del fin desata ansiedades y desesperación. Aparecen las cuentas sin saldar. Quienes recibieron un agravio tras otro y los soportaron en silencio, muestran el tenor del desquite, que hoy recién asoma pero que –¡qué duda cabe!...- se profundizará luego de entregado el poder a quien los argentinos decidan que sea el sucesor.

El fenómeno es viejo como la historia, y en el país tiene una vigencia demostrada por estas poco más de tres décadas de democracia.

Aún están en prisión, tras juicios amañados por el poder, numerosos argentinos a los que les alcanzó el estigma de la “lesa humanidad”, repartida sin mesura por el kirchnerismo cuando le parecía que su historia sería eterna: junto a verdaderos responsables de los ríos de sangre, hay en las cárceles “chivos emisarios” alegremente mandados a prisión por hechos que, en numerosos casos, son inferiores en gravedad a los cometidos por funcionarios en ejercicio del actual gobierno.

Lo vimos también al terminar la gestión peronista anterior, que –como es su estilo genético-, creyó igualmente que era imposible gobernar sin una justicia “amiga”. Sus jueces “amigos” terminaron actuando con más inflexibilidad que los de la “familia judicial”, para demostrar su “independencia”. La detención de Carlos Menem fue dispuesta por uno de “sus” jueces, que actuó aplicando la ley tal como está escrita y era jurisprudencia entenderla.

Difícilmente luego del 10 de diciembre las cosas sean distintas. Por eso hace mal la señora en declararles la guerra a los funcionarios judiciales que, justamente, son los que pueden garantizarle que la justicia no sea mezclada con la revancha. Los que seguramente aplicarán la ley, pero no animados por una sobreactuada independencia –como le pasó a su predecesor Carlos Menem- como ésta está escrita, por los procedimientos que le garanticen debido proceso como a cualquier ciudadano, sin otra pasión que la vigencia del estado de derecho esencial a una República madura.

Su alegato es de tiro corto. ¿Hasta cuándo puede durar la imputación de haber conformado un “partido judicial” porque los magistrados avancen en causas de corrupción que han inundado su gobierno? ¿ocho meses? ¿y después? ¿pretende que los procesos judiciales se paralicen hasta que su administración termine, para pasar de la Casa Rosada a Comodoro Py, privada ya hasta del privilegio elemental –que como Presidenta tiene- de declarar por escrito sin presencia en el Juzgado? ¿Qué gana con esto?

Al contrario. Pierde ella y pierde el país, empujado aún más al borde de su normalidad republicana.

¿Quiere forzar un conflicto de poderes, que en el mejor de los casos tiene plazo fijo, fin inexorable al terminar su poder? ¿O pretende sólo un atajo moral, para poder seguir repitiendo su malhadado “relato” luego de los –largos o cortos- procesos que la esperan?

La tensión que está instalando, en todo caso, achica cualquier espacio de benevolencia porque encrespa los ánimos ciudadanos, que serán más intransigentes que nunca al observar a las próximas autoridades y a los pasos de la justicia luego de diciembre.

La agresión puede servirle para endurecer su “propia tropa” con la ilusión de una –más- conspiración inexistente con la perversa e imaginaria intención de diluir su épica. O para hablarle al espejo. Pero la democracia no será detenida ni afectada por sus dislates, porque no lo permitirá la sociedad, en ninguno de sus estamentos, ni la realidad regional, ni la realidad internacional, ni siquiera su propia fuerza política. No está ya el mundo para tolerar rupturas institucionales y mucho menos para encubrir propósitos crudamente patrimonialistas.

Ya está. Ya fue. Por supuesto que el país estará alerta hasta el último día –y después…- Pero lo que diga la señora no afecta ya a la mayoría, que ha decantado su opinión sobre su gestión y sobre su persona. Puede doler advertirlo, pero ya nadie la escucha. Hasta los más acérrimos opositores prefieren leer al día siguiente la información sobre sus discursos que escucharlos en directo, por elementales razones de salud mental. Los ratings de la TV durante las cadenas nacionales son más que elocuentes.

Hoy los argentinos están dirigiendo su mirada a la sucesión. Están evaluando alternativas, escuchando candidatos, observando propuestas, reacciones, gestos, intuiciones. Su mirada ya no se siente atraída por los aullidos a la luna. Quieren ver futuro. Analizarlo. Definir bien.

Hasta en eso erra la señora. En lugar de ayudar al surgimiento de una sucesión madura, seria, de su propio espacio político, se encarga de dinamitar cualquier posibilidad de acumulación exitosa. Si hasta el milagro de Scioli, que había atravesado todas las locuras de la década relativamente indemne, empezó su inmersión arrastrado por el barco que se hunde sin remedio y que en su implosión pretende llevar todo lo que esté cerca.

Hoy las placas tectónicas de la sociedad, en lo profundo de la opinión pública, están configurando los espacios democráticos de los tiempos que vienen. Seguramente serán –como pasado en los dos siglos de vida independiente- proyecciones de las improntas originarias, que todos esperamos puedan convivir, de una vez por todas, en una Argentina madura definiendo las bases de sus acuerdos estratégicos.

Los grandes agrupamientos de la opinión pública comienzan a expresarse. Lo han hecho en Mendoza, donde –a diferencia del 2001- esta vez la fragmentación le toca a la corriente populista. Y, al contrario, la corriente democrática-republicana está logrando definir comunes denominadores atractivos para los ciudadanos, que están jerarquizando nuevamente su afecto al estado de derecho, a la Constitución, a la República.

Desde esta página hemos dicho más de una vez que no estamos convencidos de la fragmentación, sino que creemos en la necesidad de los grandes acuerdos entre los dos grandes espacios fundacionales, que han sido motores de nuestra historia y lo seguirán siendo de nuestro futuro. Para ello, deben desprenderse de sus aristas más intransigentes y potenciar sus perfiles dialoguistas. Hacia adentro, para lograr unificar alternativas de gobierno con posibilidades de gestión. Hacia afuera, porque aún en los aspectos de su política agonal contra el respectivo adversario deben recordar que forman parte del mismo país, del que todos somos ciudadanos.

Y que cada argentino, piense como piense, es ni más ni menos que un com-patriota. Compartimos la misma patria, su historia y su destino.

Lo lograremos si aceptamos todos las reglas de juego de la democracia republicana, con las que nació este país, que nos incluye a todos y que nos exige, como regla de oro, sea cual fuera el lugar que ocupamos en la sociedad, la igualdad ante la ley. La “noble igualdad”, –como dice el Himno, desde 1812 y lo cantamos desde entonces- es el único trono ante el que estamos obligados a postrarnos.

 Ricardo Lafferriere

Emociones

Quienes, con algunos años, recordamos nuestros primeros pasos en la escuela pública, tenemos algunas imágenes grabadas en el inconsciente.

Una de ellas es el retrato serio de San Martín en su vejez. Otra, el rostro adusto de Sarmiento, ejerciendo la presidencia. Pero la que seguramente revivió en estas horas en la memoria ancestral de millones de argentinos, es el grabado del 25 de mayo de 1810, donde la histórica plaza se llenó de patriotas con paraguas escuchando la noticia de la jura de la Primera Junta de Gobierno Patrio.

Hoy fuimos muchos más. Sus herederos. Que cubrimos sin dejar ningún espacio libre la histórica Avenida desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde frente al viejo edificio del Cabildo estaba la Oficina del Fiscal desaparecido.

Demasiadas emociones.

Cantar el himno en colectivo y a capella, sintiendo el significado de cada una de sus frases.

Y, ante el atroz acontecimiento que motivó la convocatoria, terminar la canción patria con la frase en ritmo marcial que nos compromete desde niños: “Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir”.

Seguramente Alberto Nisman no se sentía un héroe al momento de su muerte. Mucho menos un prócer.

Sin embargo, si alguien ha cumplido el juramento que tantas veces debe haber entonado desde su niñez, es este compatriota. Que, cumpliendo su deber, murió con gloria.

Alberto Nisman ha entrado al martirologio nacional.

Seguramente en este año no habrá plazas ni calles con su nombre. Tampoco barrios, ni represas, ni centrales nucleares, ni Colegios, escuelas u hospitales. No lo necesita. Hoy su ejemplo visitó el corazón y la conciencia de todos los argentinos de bien, aquellos que recordamos el impulso señero de nuestros mayores que nos legaron la patria, republicana, democrática y libre.

Pero además –estoy seguro- apenas recuperemos la dignidad de nuestro respeto colectivo, su nombre, su rostro y su estatua serán un recordatorio constante de lo que significa “afianzar la justicia”, dejando si es necesario, la vida en el cumplimiento de su deber.

Como Fiscal, sí. Pero principalmente, como ciudadano cabal del país de los argentinos.

Ricardo Lafferriere

No hay espacio para la verdad

Los últimos meses del kirchnerismo difícilmente transcurran con la placidez de quien se prepara para disfrutar del deber cumplido y organizar los faustos de la transferencia del poder a quien los ciudadanos encarguen la nueva etapa.

Los analistas y los ciudadanos esperaban turbulencias. Sin embargo, muy pocos –si alguno- podría haber imaginado un episodio tan conmocionante como el regreso de las muertes políticas al país.

Aunque la reacción polarizante del gobierno no mostró cambios con respecto a su matriz ante hechos similares –borrarse, primero y tratar de forzar una falsa polarización en caso que el olvido no resulte-, la diferencia en este caso no fue cuantitativa, sino cualitativa.

No es lo mismo polarizar ante una determinada política pública, que ante una muerte política. No lo es porque en el primer caso, los debates y las diferencias de opinión, aún deformadas en su presentación, son la esencia de la democracia, de sus polémicas y de su pluralismo.

En el segundo, sin embargo, la diferencia entre la vida y la muerte no es “interna” de la democracia, sino lo que lo separa de la idea del ejercicio del poder como la suma de la decisión de lo público, ante lo cual hasta las vidas de las personas deben ser ofrendadas en la dinámica de la lucha política. Negar la solidaridad frente a una muerte es lo que hizo el país en los años de plomo.

Al leer en estos días la dureza de quienes se sienten afectados puede observarse alguna voz más alta que lo que a algunos gustaría. Sin embargo, como en los velorios, es de personas civilizadas entender los llantos de los deudos, los reclamos de los amigos y disimular las explosiones injustas de temperamentos desbordados.

Advertir, sin embargo, el alineamiento acrítico con las insólitas reacciones del poder por parte de quienes debieran tener un pensamiento señero, prudente y articulado muestra el profundo daño al tejido de la solidaridad nacional que ha provocado el kirchnerismo en esta década de dislates y ficciones.

Curioso escenario el que nos ofrece el tratamiento de la muerte del fiscal. Sus deudos, conteniendo su dolor, dan lecciones de templanza, prudencia y madurez. Sus amigos y quienes sienten que su muerte no puede ser entendida como una casualidad, desde el primer momento resistieron la tentación de imputar crudamente a quienes en su intimidad están convencidos que tienen la mayor cuota de responsabilidad, simplemente porque la justicia aún no ha hablado.

Y, enfrente, quienes debieran quedarse callados frente al irreversible absoluto que la muerte instala en los conflictos, se desbordan en su indignación frente al muerto, como si esta fatalidad hubiera sido diseñada por sus enemigos para agredirlos y no –como muchos piensan- por el exceso de celo, grotesco y ancestral, de quienes posiblemente pensaban que con un crimen lo estaban defendiendo.

Difícilmente esta muerte alguna vez se aclare. Quien esto escribe intuye que es uno de esos hechos que sólo podrían ser desmenuzados por una tarea de inteligencia altísimamente profesional, de esa que evidentemente no está al alcance de la justicia ordinaria que investiga el crimen.

Es posible que en los verdaderos laboratorios de la inteligencia global de los diferentes países con instituciones serias ya se sepa sin dudas quienes están en condiciones, en un escalón globalizado que no cuenta con centenares de miles de personas sino apenas con algunos cientos, de ejecutar una operación como la que terminó con la vida de Alberto Nisman, y de entre ellos a quién puede –o debe- achacársele el hecho. Hasta es posible que en algún tiempo se sepa también en el país, de manera informal, qué es lo que pasó.

Lo que la destrucción institucional que sufre el país hará imposible es que sea el Estado argentino, o lo que queda de él, quien pueda desentrañar la verdad. Como no lo hizo con el atentado a la Embajada, ni a la de la AMIA, o la cadena de suicidios sospechosos y homicidios sin esclarecer que hemos visto en estos años.

La marcha, el reclamo, las dudas, debieran ser por eso un llamado a recrear un Estado que nos sirva a todos, en el que “la política” sea apenas un epifenómeno, pero que tenga su peso específico mayor en sólidas instituciones de funcionalidad absoluta –e implacablemente- neutrales con el objetivo mayor de servir a los ciudadanos y no en una cuenta de Twitter o de Facebook de la presidenta o de alguno de sus funcionarios que vean en el Estado un aparato de poder para la autopreservación o, más grosero aún, la facilitación del patrimonialismo.

Ricardo Lafferriere

La presidenta imputada penalmente

La presidenta, el Canciller, un Diputado Nacional del riñón del régimen, un ex Sub Secretario de Estado y un ciudadano argentino allegado al kirchnerismo y al régimen iraní han sido imputados de los delitos que integraron la acusación del Fiscal Alberto Nisman.

El primer análisis de procedencia, realizado por el fiscal, no ha desestimado la denuncia sin más trámite, sino que ha ordenado la realización de medidas probatorias y considerado “imputados” a los denunciados, lo que implicará la necesidad de designar abogados defensores y su participación en la instrucción de la causa.

La primera consecuencia de este paso procesal es que los hechos denunciados, “prima facie”, se consideran delitos –ya que de no ser así, la denuncia debió ser desestimada “in limine”, lo que no ocurrió-. La instrucción determinará si las pruebas son suficiente para acreditarlos.

La segunda, es que los imputados deberán estar a derecho, ser citados oportunamente a indagatoria, designar abogados defensores y participar como partes en un proceso penal.

La magnitud de los delitos podría ser discutida de tratarse de un ciudadano común. Sin embargo, la posición institucional de los imputados los agrava a un extremo que carece de antecedentes en la historia política argentina. Tal vez sólo la causa por el cheque de la “Cruzada de la Solidaridad”, que se instruyera alguna vez contra María Estela Martínez de Perón pueda ser considerado un antecedente, pero la gravedad en este caso es sustancialmente mayor. 

El delito que se imputa no consiste en una corruptela administrativa, y ni siquiera uno de los conocidos hechos de megacorrupción, sino del encubrimiento de un delito de lesa humanidad –así lo ha declarado la justicia- que costó la vida a ochenta y cinco personas, más la del Fiscal que lo investigaba.

Triste destino el de la democracia argentina. Una década de provocadoras decisiones inconstitucionales, de indiferencia ante los límites que las leyes imponen al poder, de actuar como si gobernar significara detentar la suma del poder público para caprichos, ocurrencias y dislates, llegarán a su fin por la sana reacción de la última trinchera de la constitución republicana: el poder judicial.

El cinismo con que se pretende enfrentar el proceso desde el gobierno parece seguir insistiendo en la misma matriz. La declaración del Secretario General de la imputada en el sentido de que una investigación judicial significaría un alzamiento contra el gobierno peca del mismo defecto genético del kirchnerismo, que a esta altura poco contacto mantiene con la visión de un peronismo democrático integrado al sistema institucional, y que ha preferido retroceder hacia los peores defectos históricos de esa fuerza política, que varias generaciones de peronistas de la democracia trataron de erradicar, lamentablemente sin lograrlo hasta hoy.

El kirchnerismo está ya mostrando su esencia desnuda. Es triste por el país, porque esa simbiosis con la verticalidad acrítica –tal vez, el mayor vicio del peronismo histórico- está llevando al país a una tensión sólo compensada por la enorme madurez ciudadana, producto de su dramática experiencia en las últimas décadas.

Hoy, la mayoría ciudadana respalda la acción de la justicia. Por la Constitución, por la convivencia, por el derecho a la vida, por un país decente. Mirando el vaso “medio lleno”, es quizás la única herencia –como reacción ante lo intolerable- que una década de decadencia dejará como mensaje a la historia grande de la Argentina.

Ricardo Lafferriere

Europa: dos idiomas

“Grecia no debería asumir que Europa ha cambiado al punto que la zona Euro endorse sin limitaciones la agenda completa de Mrs. Tsipras” (Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker).

“Queremos dejar claro la dirección en que no negociaremos. No negociaremos nuestra soberanía nacional” (Alexis Tsipras, Primer Ministro Griego).

El primero es claro: no es posible modificar las cosas como las pretende Grecia, porque significaría cambiar la estructura económica de la Unión Europea, o sea comenzar todo desde cero. Habla en clave económica.

El segundo también lo es: Si no se efectúa un cambio como se pide, Grecia estallará. Habla en clave política.

El drama es que ambos tienen razón.

¿Puede la Unión Europea acceder a las nuevas reducciones de deuda requeridas por Grecia? 

Económicamente, tal vez sí. Los números griegos son gigantes para su escala, pero mínimos en relación a los números europeos. Grecia vs. la Unión Europea, en términos económicos, es –salvando las distancias- como Formosa frente a la Nación Argentina. No alcanza al 1 %.

Sin embargo, su consecuencia no es económica sino política. Si se abriera esa “ventana”, el antecedente podría derrumbar todo el sistema. El desequilibrio griego no es una excepción sino que se da en varios países con economías más grandes: España, Portugal, Italia.

Aceptar la reducción que pide Grecia “rebotaría” en estos países, que muestran ya fenómenos similares al del oficialismo helénico. Nuevos partidos, nuevos relatos, nuevos dirigentes, expresando que la disciplina económica exigida por los acreedores –fundamentalmente alemanes- genera tensiones sociales desequilibrantes. Si estos países, invocando el antecedente griego, reclamaran el mismo tratamiento para sus países, el sistema económico-financiero europeo con su actual arquitectura se derrumbaría en un caos financiero generalizado.

Pero Grecia muestra sus argumentos. Syriza, grupo populista que montó su reclamo en el sentimiento visceral de millones de desocupados y marginalizados por la crisis, es por ahora un fenómeno contenido en el marco institucional. Se organizó, fue a elecciones, y ganó. Respondió a la desesperación de personas que no ven futuro posible para su presente miserable.

Su propuesta no es económicamente viable ni racional, sino arcaica y a contramano de la evolución del mundo. Pero acorralarlo no tendría otro resultado que el retiro griego de Europa, declarando su bancarrota y devaluando su moneda alejada ya de la pertenencia al Euro, provocando una situación caótica cuyo resultado difícilmente pueda imaginarse. Ya anda por ahí Putin ofreciendo su solidaridad…

Europa está enfrentando las consecuencias de haber adoptado las utopías más audaces de sus fundadores, pero actuar con actitudes timoratas en su construcción. Configurar un espacio económico que contemple sólo parte de la gestión económica –la comercial y la moneda-, pero en la que los espacios “duros” –el fiscal, el político, y aún el militar y el estratégico- sigan respondiendo a la soberanía de sus Estados, llevaría indefectiblemente a esta contradicción.

Los problemas no tienen solución mientras acreedores y deudores no conformen un espacio político con los mismos electores. Dicho en otras palabras: mientras Europa no sea un país, con ciudadanos eligiendo un parlamento con poder y autoridades ejecutivas continentales, fuerzas políticas de alcance total y una Constitución aceptada por todos, el peligro de la disgregación continuará. Agravado por un mundo competitivo, con gran dinamismo en sus economías de vanguardia –la norteamericana, con su exponencial agregación tecnológica, y la china, con su formidable capacidad de compra apoyada en su población numerosa- lanzadas en una simbiosis llena de matices pero inexorable a la definición del mundo que viene.

Mientras el primer ministro alemán responda al pueblo alemán, y el primer ministro griego al pueblo griego, difícilmente sus prioridades confluyan. Porque –sabemos- el primer objetivo de cualquier político es ganar las elecciones, para lo cual necesita obtener la mayoría del apoyo de sus conciudadanos. El camino de hacer eficaz la acción política es hablar un mismo idioma: el del interés del conjunto. Eso no será entendido mientras las fuentes de legitimidad política sigan respondiendo al mundo fragmentado en geografías –y economías, e intereses- del siglo que se fue.

Pero…las cosas son como son. Sus idiomas son distintos. Demasiados intereses se juegan en las decisiones de unos y otros. Los bancos acreedores –en su mayoría alemanes- defienden sus intereses, que son los de sus depositantes –también, en su mayoría, alemanes-. Se trata de depositantes que también son ciudadanos que votan en Alemania, y no le perdonarían a Merkel –ni a sus legisladores- una quita en sus ahorros, o en su capital, que debiera ser de más de la mitad para hacer nuevamente viable a la economía griega.

Los demás países deudores, que debieran tal vez tener coincidencias objetivas con el reclamo griego, se encuentran embarcados en procesos de ajuste –no tan duros como Grecia- y sus sistemas políticos parecen haber absorbido aceptablemente hasta ahora ese camino, a costa de reducir sus gastos sociales sustancialmente para poder pagar sus deudas. Un triunfo de la presión del nuevo gobierno griego abriría las compuertas a formaciones políticas que reclamarían trato similar, con lo que implica de conmocionante a los frágiles equilibrios políticos existentes.

Lo saben los acreedores alemanes, que es probable que prefieran perder la sociedad con Grecia dejándola ir y limitando sus pérdidas, antes que ampliarlas a un nivel continental si debieran aceptar ese camino para otros países más grandes con problemas parecidos.

De no encontrarse un atajo –que hoy por hoy, se ve difícil- lo más probable es que presenciemos el comienzo de un desgranamiento de la Unión Europea, volviendo a sus estadios más primitivos.

No se observa en el escenario el verdadero camino de superación hacia adelante: profundizar la unión con mayores cesiones de soberanía hacia una construcción institucional que avance hacia los espacios que, hasta hoy, se han preservado celosamente como reservas de las soberanías nacionales: el poder político real, la unificación de la representación internacional, la política fiscal y la facultad de sancionar normas vinculantes, o sea leyes.

No se trataría, por supuesto, de hablar el mismo idioma en sentido literal. Pero sí se trataría de razonar en la misma clave: la de un espacio territorial con pueblos diferentes unidos por la solidaridad nacional y, en consecuencia, discutiendo su futuro, compartiendo instituciones y eligiendo sus autoridades no como unos contra otros, sino como protagonistas del nuevo escenario global en formación, del que fragmentados y hablando en claves diferentes estarán inexorablemente desplazados, en forma definitiva, hacia un plano secundario.

Ricardo Lafferriere

La señora en China

Impactada (“IM-PRE-SIO-NA-DA”) por un ramo de flores que debe haber conmovido su sensibilidad femenina con que la recibió el presidente de China Xi Jinping, la señora comenzó su agenda en el gigante asiático retribuyendo la visita presidencial que recibiera hace algunos meses, en lo que fue la única visita de máximo nivel de un país importante durante su segundo mandato.

El marco de esta visita no puede ser más favorable a los anfitriones.

Con una balanza comercial favorable superior a los 6.000 millones de dólares anuales, son beneficiarios de la concesión de territorio virtualmente soberano a una empresa (CLTC) dependiente de la Dirección General de Armamentos del Ejército Popular Chino sobre el que la Argentina no tendrá prácticamente jurisdicción alguna.

También es cesionario de varios cientos de miles de hectáreas y favorecido con la posibilidad de ser adjudicatario de obras públicas sin control ni licitación a raíz del convenio firmado entre ambos países con la sola condición de que ofrezca financiamiento y sin participación de los organismos parlamentarios argentinos correspondientes que aprueben las obras –que sólo requerirán la aprobación de funcionarios del Poder Ejecutivo en la oscuridad de sus despachos-.

Todo vale. A cambio, tan sólo se piden créditos de cortísimo plazo, que deberán ser abonados por el próximo gobierno, en forma de “Swaps” entre Bancos Centrales, con los cuales la administración kirchnerista está manteniendo el jubileo de dólares regalados y con ellos –o sea, con un endeudamiento febril- la ficción de una estabilidad cambiaria de pies de barrio. Un crédito que para los chinos, con reservas por cuatro billones (cuatro millones de millones de dólares) significan una propina, a cambio de la cual pueden aspirar...a lo que deseen.

Este endeudamiento es realizado con el propósito de mantener bajo control la inflación vía ancla cambiaria, aunque su efecto sea la profundización de la recesión y el agravamiento de la situación de crisis con la que entregará la administración al gobierno que lo suceda, por los condicionantes de una deuda de vencimiento inminente.

Para la Argentina, la trascendencia de este convenio y este viaje no puede ser más incierto y peligroso. Para el país anfitrión, tener en bandeja un país regalado con una administración que ya no pretende siquiera ocultar sus concesiones, rayanas en la entrega que en otros tiempos hubiéramos calificado sin atenuantes de “cipaya”. Una administración a la que, a cambio de esos dólares de “swaps” se le puede conseguir cualquier cosa.

Una base científica en nuestro territorio que goce de extraterritorialidad, dependiente del Ejército Popular Chino, puede entusiasmar a los vocingleros aplaudidores del Patio de las Palmeras, carentes de compromiso y vocación nacional. Sin embargo, no pasa desapercibida en el juego estratégico global, mucho menos al observar el persistente avance de China en nuestro subcontinente.

No se trata, por supuesto, de negar la importancia de la colaboración de un país que se ha convertido junto a Estados Unidos en uno de los grandes motores del mundo globalizado. Se trata de advertir que una política sana debe ser transparente, analizada, debatida en público por los espacios que la democracia prevé al respeto en sus implicancias presentes y futuras, y fundamentalmente teniendo en cuenta la proyección trans-temporal, atento a que sus efectos se extenderán más allá del gobierno actual afectando al país y las generaciones que vienen.

China se está comportando, por su parte, con los peores vicios de un país colonialista del siglo XIX. Frente a lo que está haciendo en países con los que “colabora”, el contrato con la Baring Brother o las inversiones de La Forestal parecerían regalos de los Reyes Magos.

Hace poco tiempo, desde este lugar, mencionábamos en tono fuertemente crítico la conducta colonialista de China con sus socios comerciales, apoyada en acuerdos con dictaduras, en la superexplotación de sus trabajadores y de los países en los que invierte y en su indiferencia absoluta ante los problemas ambientales que genera o la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Hay numerosos ejemplos: la masiva deforestación africana -227 millones de hectáreas de selva en África Central, o un millón de metros cúbicos de madera selvática de Birmania por año o la desertificación de Mozambique-, es uno de ellos.

Pero no el único ni el peor: la disciplina laboral cuasi-esclavista de sus empresas en Gabón, en Sudán, en San Juan de Marola –Perú- y en el propio territorio chino incluyendo el trabajo esclavo de menores, ha sido denunciado por el Premio Nóbel Li Xiaobó, quien por esas denuncias fue condenado a diez años de prisión, que está cumpliendo.

Las miserias humanas de explotación sexual, prostitución y trata de personas en su extracción de Jade en  Birmania, del desmantelamiento de la riqueza forestal rusa por empresas chinas en Siberia, el soborno de funcionarios venales en países corrompidos a través de sus Bancos de Exportación y de “promoción” (Eximbank y China Development Bank) con el “financiamiento” de obras faraónicas a costos desmedidos por los sobreprecios y de su ansiedad por comprar alimentos “a granel” –y tierras para producirlos- son otros ejemplos. Tanto como la ocupación literal de miles de kilómetros cuadrados del territorio de Kazajistán y Turkmenistán con empresas petroleras propias, regidas por la ley china y con seguridad militarizada.

Bienvenidas, si se dan, las inversiones extranjeras, entre ellas las chinas. Pero no si llegan para ocultar la incapacidad de gestión de un gobierno populista  con un nuevo y más peligroso endeudamiento. O para financiar la corrupción crónica de funcionarios venales.

Mucho menos bienvenidas si llegan para introducir al país en un juego internacional que nos supera, con autoridades actuando como infantiles aprendices de brujos en la gran política del mundo, cuando no tienen capacidad para contener la violencia cotidiana, la desbordada actuación de sus agentes de inteligencia volcados a acciones criminales, o custodiar un Fiscal de la Nación que investigaba hechos de terrorismo considerados ya de lesa humanidad.

Aunque seduzcan a la señora con un ramo de flores “IM-PRE-SIO-NAN-TE…” Cual los espejitos de colores con que los conquistadores –se dice- hace cinco siglos sedujeron a los indios.

Ricardo Lafferriere

La "Trilogía" de la AMIA

Se ha escuchado en estos días hablar de “la trilogía” para referirse a los tres procesos que componen el desgraciado conglomerado de investigaciones relacionados con el atentado que sufriera la AMIA y dejara 85 muertos y decenas de heridos, el 18 de Julio de 1994.

Primer causa

La justicia argentina determinó que el atentado fue organizado por la República de Irán a través de varios de sus funcionarios y agentes, de los que ordenó su detención internacional. Luego de analizar las pruebas presentadas por el Fiscal Alberto Nisman, tal detención fue dispuesta por Interpol, organismo internacional que libró contra cinco de imputados “Circulares Rojas” disponiendo su detención en donde fueran habidos.

Esa es la primera causa de esta “trilogía”.

Segunda causa

En fecha 14 de enero de 2015, el Fiscal Especial de la causa AMIA formalizó una denuncia de encubrimiento contra varios funcionarios argentinos. Se trata de la presidenta de la Nación, Dra. Cristina E. Fernández de Kirchner, su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, y varios ciudadanos argentinos (D’Elía, Esteche, Khalil, Bogado e Yrimia), quienes según su denuncia llevaron a cabo acciones destinadas a encubrir a los autores del atentado con la finalidad de concretar decisiones políticas que sólo son facultad presidencial –vale decir, sin cuya decisión no hubieran podido llevarse a cabo-.

Con tal finalidad, se procedió a elaborar y ejecutar un plan criminal consistente en la renuncia de pretensión penal argentina, intentando evadir esa persecución para con los acusados prófugos a fin de posibilitar la realización de negocios “de Estado a Estado” con Irán y realinear a la Argentina con el eje “bolivariano” impulsado por Chávez, que abarcaba a Corea del Norte, Rusia y la propia Irán, decisiones éstas que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo, y no serían judiciables si no hubieran sido "canjeadas" por la impunidad de delincuentes de lesa humanidad. La acción fue impedida por la declaración de inconstitucionalidad del “Memorando…” decretada por la Justicia argentina, y por el desinterés posterior del país persa, al no lograr por parte de Interpol el levantamiento de las órdenes de detención, que era su único interés en el acuerdo.

Es la segunda causa de la “trilogía”, que si se considera legalmente encuadrada, deberá incluir a los legisladores que aprobaron el “Memorando” en el Congreso.

Tercera causa

En fecha 19 de enero de 2015, el Fiscal Especial Alberto Nisman apareció muerto en su departamento, horas antes de su anunciada presentación en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados donde profundizaría la información que fundaba su denuncia. 

La escena del crimen, contaminada por la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad, pareció indicar un suicidio, hipótesis alimentada desde el primer momento por el relato oficial aludiendo a la banalidad e insustancialidad de la denuncia presentada y a la presunta vergüenza y arrepentimiento por parte del funcionario muerto al advertir la banalidad de su acusación.

La versión fue cambiada a las 48 horas por decisión presidencial, luego de conocerse las muestras de opinión pública que indicaban la convicción del 80 % de los encuestados de que se trataba de un asesinato, y nuevamente cambiada en el discurso presidencial del 26/1/2014, insinuado una conjunción de problemas personales con una conjura diseñada por Clarín, jueces, fiscales, servicios de inteligencia nacionales y extranjeros para destituir su gobierno.

Es la tercera causa de la “trilogía”.

La contundencia de la segunda causa

La primera está en etapa de detención de los imputados a efectos de su indagatoria, habida cuenta de que el convenio de impunidad denunciado en la segunda ha sufrido dos obstáculos decisivos: el desinterés de la República de Irán para su ratificación y la declaración de Inconstitucionalidad por parte de la Justicia argentina.

La tercera está en su etapa sumarial. Hasta este momento no hay decisión judicial sobre las causas de la muerte, conservando su carátula de “muerte dudosa”, con líneas de investigación que cubren tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido y homicidio.

De las tres, la segunda es, sin embargo, la que se presenta con más solidez en cuanto a los hechos, aunque abre un camino novedoso en cuanto al derecho.

Existen imputados en el país, existen pruebas que “prima facie” configuran los delitos imputados y existen pruebas contundentes que deben ser profundizadas y ratificadas en sede judicial luego del contradictorio que deberá realizarse, pero que conllevan una fortaleza intrínseca decisiva que las hace difícilmente refutables. Son acontecimientos que, además, no son secretos para nadie que viva en la Argentina.

En apoyo de su contundencia hay hechos y actos notorios  y algunos de ellos con valor de instrumento público, como el convenio firmado con Irán identificado como “Memorando de entendimiento”, las reuniones diplomáticas actuadas y las publicaciones periodísticas de medios coincidentes en el tiempo con las escuchas que durante varios años se realizaron en teléfonos de sospechosos en la causa principal, de las que surgía la comisión y veroscimilitud del nuevo delito.

Esta segunda pata de la trilogía resulta hasta el momento la menos atacable de cara a la opinión pública. En cualquier país con dignidad, algunos de los hechos que contiene serían considerados verdadera traición a la nación.

Los hechos de la segunda causa

La principal conducta delictiva imputada a la presidenta y encumbrados funcionarios es diseñar y ejecutar un plan criminal para facilitar la impunidad de un delito declarado de lesa humanidad, no sólo obstaculizando sino impidiendo en forma expresa la acción de la justicia argentina. Este plan de encubrimiento está probado por los hechos públicos y las escuchas.

Pero no son ajenos otros comportamientos éticamente repudiables, como el realizado por agentes de la Secretaría de Inteligencia pasando información al país investigado por la justicia nacional por resultar “prima facie” el autor del principal atentado terrorista de la historia en territorio argentino -como lo es Irán el caso de la AMIA- sobre los pasos que efectuará el Fiscal investigador del atentado, y datos personales de dicho Fiscal y su familia, para facilitar a los servicios secretos extranjeros conductas de chantaje y extorsión al referido Fiscal, datos acreditados con las escuchas telefónicas efectuadas por orden judicial sobre los imputados.

 Cabe recordar que el Fiscal Nisman, funcionario designado por el Estado Argentino -más precisamente, por el presidente Kirchner- para investigar el atentado terrorista de 1994, tenía sobre sí una sanción de “Fatwa” dictada por Irán, consistente en la orden de ejecutarlo donde se lo encontrara –al igual que el ex Juez Galeano-.

Los voceros oficiales, como el Secretario General de la presidencia y la propia presidenta de la Nación han intentado desprestigiar la denuncia mediante relatos que claramente configuran argucias exculpatorias. Sus posiciones tienen, sin embargo, una proyección más peligrosa, como lo demostró trágicamente la muerte del Fiscal Nisman.

El aspecto legal y los delitos cometidos

Se han escuchado descalificaciones de la denuncia desde la perspectiva del derecho formal, no sobre la veracidad de los hechos narrados –indiscutibles- sino sobre su tipificación penal. Y debe reconocerse la inexistencia de antecedentes, tanto como que en toda la historia de la justicia argentina no han existido actos de semejante dimensión de traición a las instituciones nacionales.

 La jurisprudencia que se elabore será señera, pero es un camino que, en todo caso, deberá recorrer la justicia y no le corresponde a la presidenta –que, además, está imputada- calificarla. El Fiscal dio el primer paso, con su denuncia, que pide la instrucción de la causa y –obviamente- no configura una sentencia. Un jurista tan prestigioso como Luis Moreno Ocampo lo menciona en su reportaje de fin de semana: lo de Nisman “era una denuncia, no una acusación”. Un constitucionalista del prestigio de de Eduardo Sabsay se ha pronunciado en el mismo sentido, destacando la obligación jurídica del fiscal de realizar la denuncia si llega a la convicción de que existe la posibilidad de estar en presencia de un delito.

Acusación y sentencia serán eventualmente los actos jurídicos procesales que deberán realizar el Fiscal -luego de la investigación- y el Juez -luego del proceso en el que se ejercerá el debido derecho de defensa-. El Fiscal denuncia la configuración de los delitos previstos en los artículos 277 incs. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal.

Jurídicamente, entonces, nada amerita que un novel abogado –como Aníbal Fernández- o un economista –como Capitanich- descalifiquen en forma tan grosera una denuncia que aún ni siquiera ha comenzado a andar. Hasta afecta a los acusados, al reducirles el derecho de defensa.

Los hechos conllevan, eso sí, una carga innegable de violación de deberes de funcionarios de máximo nivel de la administración nacional, nada menos que quien ocupa la presidencia y uno de los ministerios claves del Poder Ejecutivo.

Efectos políticos de la segunda causa

Políticamente, es otra cosa. Queda al desnudo en el escenario de la opinión pública el verdadero contenido del maladado  Memorando de Entendimiento, impulsado por la presidenta y su canciller y aprobado en el Congreso de la obediencia debida por el batallón de soldaditos de plomo, el mismo que dio días atrás el triste espectáculo de volver a sostener sin ningún pensamiento propio los dislates redactados en las afiebradas elucubraciones de Olivos.

Pero –y es lo más grave- se expone a la luz pública el grado de descomposición de un poder que, al decir del Jefe de Gabinete, está “dispuesto a todo y con cualquier método”.

Los “tapones de punta” con que una diputada anunciaba el trato al Fiscal en el Congreso, la cínica advertencia a su hija “que no tenga miedo, que no le vamos a hacer daño a su papá”, por la misma diputada; el anuncio de prepararse para “disparar contra el fiscal” de un diario oficialista, la “información de que el fiscal no se presentará” emitida por un periodista oficialista por televisión en la tarde previa a encontrarse el cuerpo sin vida de Alberto Nisman, el intercambio de notas irónicas en twitter entre D’Elía y el operador kirchnerista Alex Freire en la mañana del día en que se produciría la muerte de Nisman en el que se saludaban con “buenos días para todos - ¿no para Nisman, no?”; el twitter “no toquen a cristina – te lo advertimos”, al día siguiente del homicidio por el mismo operador, las paredes pintadas por La Cámpora luego del homicidio con la leyenda “Nisman, la tenés adentro”, el inmisericorde ataque al Fiscal muerto por parte de los legisladores oficialistas instalando la tesis del suicidio por vergüenza al día siguiente de la muerte, el giro del relato oficial tratando de instalar la inveroscímil autoría de la muerte en un sector desplazado de los servicios de inteligencia “con la finalidad de atacar al gobierno”, la persecución al periodista Pachter que anunció imprevistamente la muerte del Fiscal limitando objetivamente la posible manipulación de la escena del crimen, su “escrache” desde cuentas oficiales de twitter y su seguimiento hasta el momento en que salió del país, la servil actitud de la cúpula del partido justicialista, despertando de su letargo para atacar a la prensa, los fiscales, los servicios, la oposición y el resto del mundo imputándoles el crimen, son hechos demasiado concordantes como para no dirigir la mirada -entre otras- hacia esa dirección cuando se buscan a autores y responsables de la muerte del Fiscal.

El relato presidencial

El discurso presidencial de anoche fue otra prueba más –si cabe- que el poder no es ajeno a la muerte del Fiscal. No vaciló la presidenta en cambiar nuevamente su relato, esta vez dejando caer con una impudicia repugnante la sospecha de una “relación íntima” entre el fiscal muerto y uno de sus colaboradores, que es vinculado a la “conspiración” contra el poder porque un hermano trabaja en un Estudio Jurídico que atiende algunas causas del principal medio periodístico nacional.

Aprovechó, eso sí, para lanzar un proyecto de concentración aún mayor de poder, creando un nuevo organismo de Inteligencia Nacional que dependerá absolutamente de su persona con personal designado exclusivamente por su arbitrio. 

Esta decisión abre una gigantesca Caja de Pandora –imaginable rápidamente al prever centenares de agentes de inteligencia privados de su trabajo, convertidos en “mano de obra desocupada”- y a la vez dejando la inteligencia del país, en la transición y de hecho, a cargo de la inteligencia militar, lo que no se expresó en el discurso pero es la consecuencia obvia de la decisión tomada. 

El jefe de la inteligencia militar, que acarrea los fuertes cuestionamientos conocidos por sus antecedentes represivos con estado judicial y por enriquecimiento ilícito durante su carrera, será el obvio beneficiario de este dislate.

La trilogía de la AMIA se está convirtiendo en un peso demasiado grande para la salud de la democracia. En las tres causas. El camino para llegar a esa verdad, sin embargo, está en la segunda, aquella para la que el Secretario General de la Presidencia Aníbal Fernández anuncia su destino: terminaren un tacho de basura.

La presidenta Cristina Fernández, por su parte, pasará a la historia como la gran encubridora del mayor atentado terrorista de la historia, por la desarticulación del estado de derecho y por haber conducido a la democracia argentina a su nivel más rudimentario y a la convivencia nacional a un deterioro que no vivíamos desde antes que lográramos la recuperación democrática.

Ricardo Lafferriere

El “Judenrat” y el “Judío oficial”

Luego de la derrota alemana y la liberación de los campos de concentración fue cobrando espacio en los debates de posguerra el papel que habían desempeñado los “Judenrat”. 

Se dio este nombre a las “autoridades” judías que existían en los “guetos”, designadas por los nazis de entre los rabinos o personajes comunitarios más importantes, que actuaban de intermediarios entre las autoridades nazis y los internados. El caso paradigmático más recordado es el de Mordechai Chaim  Rumkowski, quien gobernó el gueto de Lodz (Polonia) como un dictador, siendo un activo colaborador de los nazis y que se rodeaba una una pompa real, haciéndose llamar “Chaim I”.

Sus funciones eran varias. Entre ellas, las más discutibles eran las de ayudar a los nazis a “elegir” a los que tendrían el destino del asesinato en los centros de la muerte, el trabajo forzado o el destino más confortable como asistentes en servicios diversos –administrativos, enfermería, limpieza, y hasta policía- en el funcionamiento de los guetos. No era menor. Podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Desempeñaban una tarea de mediación y en este sentido lograban un claro “status” superior al de los judíos comunes. La función implicaba una especie de protección y permitía una cierta cuota de poder, confort y “prestigio” para los que la desempeñaban.

Ambas cosas durarían lo que durara la situación macabra, pero el futuro distinto se veía tan lejano que el beneficio inmediato parecía más que rentable.

La derrota alemana terminaría con ellos. Terminada la guerra y despejado el horror, las conductas comenzaron a juzgarse con los cartabones de la civilización recuperada. La figura de los “Judenrat” pasaría a la historia como la más despreciable de las actitudes de integrantes del pueblo masacrado. Sus “parientes cercanos” en tiempos más normales fueron los “judíos oficiales”.

Escuchando las escuchas y leyendo la formidable denuncia de Alberto Nisman la convocatoria reflexiva de esta figura es obsesiva al intentar comprender el motivo de un participante central. Surge una y otra vez la tensión entre el esfuerzo por cumplir una orden presidencial atroz, enfrentada a la conciencia. Pero a la vez la evidencia que el banal propósito de encontrar alguna mínima grieta que permita no romper del todo los lazos con la comunidad de historia, de sangre y de afectos, se fue convirtiendo cada vez más en una misión imposible.

El levantamiento de las “circulares rojas” era el único motivo que “enganchaba” a Irán con el proyecto presidencial de impulsar el “Memorando de entendimiento”. Pero justamente era a la vez el límite que no podía atravesarse si se intentaba mantener aunque sea una delgada línea de afinidad a la historia, la cultura, la solidaridad y la lealtad con la comunidad de pertenencia.

¿Cómo hacer algo y a la vez no hacerlo? ¿Cómo escapar al dilema ético?

Esto es peor que los Judenrat. Allí la opción era el daño a los demás o el daño propio. Aquí se enfrentó el daño a los demás con el beneficio propio.

Eso se ve una y otra vez en el proceso. Comprometerse a su aceptación, pero luego ser reticente para cumplir lo firmado. Acordar con los responsables del atentado genocida contra su pueblo, porque así se le había ordenado, pero a la vez dificultar luego la ejecución de lo firmado –consciente o inconscientemente- llevando el proceso a un punto muerto. A cambio de conservar un puesto y disfrutar sus beneficios, terminar mintiendo a todos. 

Los “Judenrat” defendían su función con el argumento que entregando algunos a la muerte, se podían salvar otros del exterminio total. En este caso, sólo se trató de soportar en silencio la calificación de “ruso de m…” por los socios criminales de sus patrones. Y cobrar a fin de mes.

En la lejana y obviamente abismal diferencia de circunstancias entre ambas situaciones la figura del “Judenrat” y su pariente más benigno, el “Judío oficial”, vuelve a ser objeto de reflexión, mostrando la vieja verdad de la filosofía: los grandes interrogantes de la conciencia humana se reiteran a través de los años, de los lugares y de las circunstancias. Atraviesan culturas y épocas. Son tan permanentes como la propia condición humana.

Ricardo Lafferriere

Nada nuevo...

Tomando un título prestado del Buenos Aires Herald, la Sra. Presidenta lo ha relacionado con una afirmación, reiterada luego por todo su equipo de funcionarios, aludiendo al “desplome” de la denuncia realizada hace poco más de una semana por el Fiscal Nisman.

Curiosamente, coincidimos con la primera parte: la denuncia no dice nada nuevo, ni expone hechos que la opinión pública no conociera. Todo el debate sobre el vergonzoso acuerdo con Irán que desembocara en el “Memorando de entendimiento” es el objeto central de esta denuncia, y fue desmenuzado en oportunidad de su debate parlamentario.

¿Qué agrega la denuncia a estos viejos hechos? Pues nada más y nada menos que desnudar su proceso de gestación y los verdaderos motivos que lo impulsaron.

“Una novela”, dicen a coro los voceros del partido oficial, alineado verticalmente tras el relato exculpatorio. Y exactamente eso es lo que parece, aunque superándola. Ni el mejor de los novelistas hubiera podido imaginar la atrocidad que significa planificar y ejecutar un proceso en el que las autoridades democráticas de un país renuncien a investigar un crimen colectivo declarado ya “de lesa humanidad”, a cambio de abrir la puerta a beneficios materiales. Y a culminar con la muerte violenta del investigador que descubre la cadena de hechos delictivos.

Sin embargo, no es nada nuevo. Todos los argentinos de buena –y de mala- fe, saben que eso es lo que ocurrió. A tal punto que el Convenio, a pesar de haber recibido el apoyo desmatizado de una mayoría oficialista acrítica, ha sido declarado inconstitucional y no ha logrado ser puesto en vigencia, a más de un año de su aprobación.

Ni siquiera ha sido ratificado por la contraparte iraní, que una vez que comprobó su inoperancia para levantar las “circulares rojas” para sus funcionarios, se desinteresó de tal engendro y siguió haciendo negocios con privados, sin alterarse demasiado.

La denuncia de Nisman es completa, exhaustiva, medulosa. Acredita hechos que en cualquier país serio del mundo hubieran provocado el derrumbe del gobierno. ¿Alguien puede imaginar cómo hubiera reaccionado la opinión pública y la política norteamericana, por ejemplo, si advirtiera que su presidente renuncia a la persecución penal de los autores del atentado a las Torres a cambio del petróleo de Afganistán o de Irak? ¿Alguien imagina a legisladores republicanos sosteniendo a Bush o demócratas haciendo lo mismo con Obama si se comprobara un extremo tan siniestro?

Hay, sin embargo, una diferencia sustancial. Aún en la capital del “imperio”, con todos sus vicios y deformaciones, corruptelas y maniobras, la defensa del interés de su país sigue siendo exigida por la opinión pública y observada como un valor irrenunciable por la totalidad de la dirigencia política y legisladores electos.

En pocos países del mundo  –tal vez, en la Venezuela chavista, y algún otro país con sistemas políticos marginales- la dirigencia política puede expresar el respaldo acrítico a medidas que bastardean la dignidad internacional de su país, la renuncia a valores básicos de su honor nacional, o sostener una mentira develada con la obsesión del marido infiel que enfrenta las pruebas evidentes. 

Eso es lo que vimos acá en el Congreso, cuando la mayoría oficialista aprobó el engendro, y ayer mismo cuando la dirigencia justicialista en pleno se exhibió bailando sin ninguna vergüenza -ni propia, ni ajena- al ritmo de los chiflados vaivenes interpretativos de una cuenta de Facebook.

La denuncia del fiscal Nisman no es una sentencia. Es, justamente, una denuncia. Una abogada, exitosa o no, debiera conocer las diferencias. Se estudian en Derecho Procesal Penal.

 Las apabullantes pruebas en la que se funda la denuncia del Fiscal –coherente, sistematizada, cronológicamente hilvanada, articuladora de hechos ocultos con actos públicos que forman parte del conocimiento general- no sólo ameritan sino que obligan a una investigación imparcial. Si el Fiscal suicidado-asesinado no la hubiera realizado, habría incurrido en violación de su deber como funcionario judicial. Cumplir con su deber le costó la vida. En “democracia”…

Dependerá ahora de la justicia seguir las líneas de investigación y ratificar –o no- las pruebas que a él lo llevaron a esa convicción. Y a las partes –acusatoria y acusadas- intervenir en el juego de la ley procesal, impugnando lo que crean, ofreciendo pruebas y tratando de demostrar su inocencia o culpabilidad. Por mi parte, con esas pruebas mencionadas  y la experiencia política de haber vivido en este país nuestro en las últimas décadas, me alcanza para convencerme de su veracidad.

Nada nuevo. Pero claramente veraz y verosímil. No lo oculta ni siquiera el inefable esfuerzo dialéctico de un prestigioso ex Juez de la Corte buscando la forma de “hacer zafar” a la presidenta y demás denunciados con argumentos leguleyos de grosera factura, como si se tratara de una asociación para robar tres gallinas y no para encubrir un delito de homicidio en el que perdieron la vida ochenta y cinco personas, declarado “de lesa humanidad” por la justicia de su país. No discutiendo si los hechos existieron o no, sino “su encuadramiento como figura penal típica”.

Todos sabemos que los hechos existieron. El esfuerzo –y el mérito del Fiscal, que le costó la vida- es hacer lo que pocos hacemos: el trabajo sistemático, jurídicamente persistente, en el marco de la ley procesal, de encontrar suficientes fundamentos para la verdad que trasciendan la intuición.

Justamente si de algo está en las antípodas es de la ligera afirmación “no tengo pruebas, pero tengo certezas”, que con liviandad incluyera la primera magistrada en uno de sus posts en Facebook.

La denuncia de Nisman, apoyada sólidamente en pruebas difícilmente rebatibles, avanza gravemente hacia la certeza. Deberá ser la justicia la que, de una vez por todas y en forma ejemplar, demuestre a los argentinos que a pesar de no haber “nada nuevo”, esta vez algo termine distinto.

Ricardo Lafferriere

La pregunta

“Abreviemos las palabras frente a los grandes hechos”.

El viejo precepto de Quintiliano retumba hoy reclamando silencio, como opción a las palabras vanas.

Las palabras han sido despojadas, en este querido país nuestro, de significación auténtica. 

Demasiadas palabras han ocultado demasiadas cosas, durante un lapso que lleva ya una década.

Anoche mismo, cinco carillas de palabras presidenciales –de quien, en otros tiempos, solía reclamar el sólo título de “primera ciudadana”- ocultan tras una sucesión de autoreferencias biográficas que a nadie interesan, dudas sucesivas a las que debiera responder más que formular, y descrédito inmisericorde de quien ha dejado su vida por desempeñar su función como se lo dictaba su conciencia, trataron de ser una vez más el escudo que oculte responsabilidades propias y funcionaran como atajo exculpatorio.

Hipótesis diversas se han echado a rodar por redacciones, conciliábulos, cálculos mezquinos, opinólogos de toda laya y desde los más diversos abordajes. “El gobierno”, “Él mismo, que no soportó la presión”, “la guerra de servicios”, “los iraníes junto a los servicios K que trabajan con ellos”, “los servicios desplazados por los K, que lo manejaban”, “el Mosad y la CIA” …. y así hasta casi el infinito.

En el interín, la justicia argentina ofrendó la vida de un fiscal, tal vez el más honroso y sufrido de los funcionarios del Poder Judicial, sujeto a presiones de delincuentes, víctimas ansiosas, funcionarios corrompidos, mafias sanguinarias y una formación jurídica que conforma la alianza entre su compromiso ético con la verdad y con la ley, por encima del poder y la conveniencia, y su prueba por los procedimientos previamente establecidos, bajo el estricto control de las partes, de sus superiores y de la instancia de contralor que es dueña de su carrera.

Un Fiscal de la Nación Argentina ha entregado su vida.

No sabe quien esto escribe quién tiró del gatillo del arma que disparó su muerte. Como antiguo abogado formado en el derecho clásico y la experiencia de viejo dirigente de la lucha por recuperar la democracia argentina debe decir que le martilla la mente sólo una pregunta:

Si el Fiscal cuya muerte nos lastima a todos no hubiera formulado hace apenas una semana la grave denuncia penal contra la Presidenta de la Nación, dos de sus ministros, un Diputado Nacional, un dirigente piquetero y un militante neo-fascista de izquierda… ¿estaría hoy muerto?

Podemos responder esta pregunta con un simple ejercicio intelectual de imaginación y sentido común, con un par de palabras: probablemente no. Cumplir con su deber le costó la vida.

La democracia es, aún, una meta inalcanzada. No se llega a ella sólo votando sino ejerciendo nuestra ciudadanía por encima de cualquier alineamiento político y convicción ideológica. Los argentinos que en menos de 24 horas respondieron con la espontánea movilización saludando a quien será ya para los tiempos un mártir del estado de derecho nos muestra que en el fondo de nuestro pueblo vive el sentido de país que en ocasiones extrañamos, pero que como en las grandes marchas del 2012, y antes en el 2008, y antes en 1983, sienten aún que conforman una Nación de la que son sus ciudadanos.

Ante tan terribles momentos como los que vivimos, podemos recuperar la esperanza. Esta etapa de pesadilla terminará. Volveremos a vivir bajo la Constitución y las leyes. Podremos discrepar sin que nos maten. La Justicia podrá funcionar sin grotescas presiones que la distorsionen. Florecerán nuevamente las palabras cargadas de sentido. 

Y será entonces el momento de rendir con recogimiento el homenaje permanente a quienes, como Alberto Nisman, habrán abonado con su sangre ese camino.

Ricardo Lafferriere

El terrorismo, la libertad, la prensa y los argentinos

No se vio a ningún funcionario nacional en el acto de solidaridad realizado el domingo 11 frente a la Embajada de Francia. Sí del resto del arco democrático.

La ausencia no se debió, sin dudas, a una coincidencia de método con el ataque terrorista. Sería atrevido decirlo. Pero sí evidenció la misma pulsión que el contenido de la declaración del gobierno nacional al respeto del atentado: contra el terrorismo, pero sin decir ni una palabra sobre la libertad de prensa. Igual que el de Rusia. Y el de China. La libertad de prensa es mala palabra para esta “forma” de democracia “nacional y popular” practicada por el kirchnerismo y sus “nuevos amigos”. Podría significar contaminarse de “neoliberalismo” o entenderse como un apoyo “a occidente”...

Dos formas de “democracia”. Las divide la libertad de expresión. En su lúcida nota del domingo en Clarín, Tomás Abraham realizaba una penetrante mirada al interior de nuestra propia convivencia: la de los márgenes de tolerancia y justificación de violencia ante hechos que para el “sentido común” de la mayoría debieran ser espacios de respeto.

No parece mal preguntarse: ¿seríamos capaces en la Argentina de tolerar –sin querer “matar” a los autores- a eventuales caricaturas del Papa en calzoncillos, de Hebe recibiendo…. lo que recibió en su “Universidad”, en sus viajes por el mundo y sus “programas de vivienda”, de San Martín como hijo ilegítimo, de Belgrano mujeriego y padre ausente, de Perón corruptor de menores, de la Virgen María como prostituta, o de Jesucristo homosexual? No sabemos. No hay en el país –salvo, tal vez, “Barcelona”- un humor tan ácido que tome como objeto los cultos iconográficos de colectivos más o menos importantes de nuestra convivencia. Pareciera que una primera pulsión nos llevaría a no aceptarlo. Sin embargo, debiéramos ser capaces. Así nacimos hace dos siglos.

Dicho esto: ¿debe tener límites la libertad de expresión? Esa es la pregunta sobre la que el atentado fanático en París debe poner luz. La que separa a ambas clases de democracia, dirían algunos. Por mi parte, diría: la que define si existe o no una sociedad democrática.

El humor ácido y corrosivo es la herramienta más democratizadora con que cuentan los más débiles para reclamar igualdad. Es la que no respeta oligarquías ni de “poder”, ni de “dinero”, ni de “prestigios”. Sólo es exitoso –y ese es su desafío- si desenmascara las impostaciones, los desbordes y las pretensiones de preeminencia o superioridad. Es el que pone en su lugar a todos los que “se las creen”, aquellos que pretenden para el poder, para la subordinación a dogmas que esconden privilegios o para el que tiene mucho dinero,  la impunidad del intocable. Alejar ese humor de la protección a la libertad de expresión es defender una sociedad elitista.

Difícilmente haga objeto de su crítica acciones solidarias. No se verán caricaturas exitosas ridiculizando a la Madre Teresa de Calcuta, a Néstor –el niñito Qom muerto en el Chaco- o al policía musulmán asesinado mientras custodiaba la redacción de Charlie Hebdo. Su objetivo son quienes sobrepasan al conjunto y se aprovechan de esa preeminencia, por sobre sus obligaciones solidarias con los congéneres con quienes conviven. Y quienes utilizan la impostación de creencias colectivas arraigadas para esconder tras su utilización fines terrenales para nada respetables.

Es muy pobre el argumento que matiza el atentado por el “contexto”. Nadie está obligado a leer una revista, o a comprarla. A nadie se le impone la observación de una caricatura en una publicación en la que debe descontar que todos los temas se tratan en esas condiciones. A nadie se le prohíbe contestar –si así lo desea- en medios similares, aclarando o criticando, lo que le parezca oscuro o mal evaluado.

 

Cualquiera puede recurrir al orden legal si cree que una publicación lo ofende personalmente. Existen las leyes, los procedimientos y los jueces. Quien esto escribe debió soportar incluso de exponentes de la misma prensa ataques inmisericordes, en otros tiempos, por tratar de habilitar un procedimiento judicial sumario que garantizara el “derecho de réplica” a fin de extender la libertad a todos quienes pudieran sentirse afectados por informaciones erradas. Tenían derecho a hacerlos. Y de mi lado, la obligación de tolerarlos.

Pretender justificar el asesinato de doce personas porque los autores se sintieron ofendidos en sus creencias es ultramontano, antidemocrático, inquisitorial, criminal, propio de reacciones primitivas en sociedades tribales. Ningún colectivo –religioso, político, nacional- merece que su nombre sea mezclado con este retroceso. Millones de musulmanes de todo el mundo viven en paz y entre ellos, decenas de millones lo hacen en sociedades abiertas, en Estados Unidos, en Europa o en nuestros propios países, y ni por asomo tienen con estos atentados más relación que un judío puede tenerla con el judío que asesinó a Rabin, o un cristiano con los católicos asesinos del Ku Klux Klan que hace algunas décadas –y tal vez hoy mismo- pretenden sembrar de odio la convivencia norteamericana.

Similar crítica nos inspira la otra tendencia, la de matizar la condena al atentado porque “las sociedades occidentales atacan a las sociedades del oriente medio”. La historia del mundo es una sucesión de luchas de unos contra otros, en las que es imposible encontrar “quién empezó”. El presunto odio musulmán a los cristianos fundamentado en la invasión de las Cruzadas hace diez siglos tiene como antecedente la invasión musulmana a los reinos de la Europa cristiana, desde el siglo VIII. Los procedimientos criminales en uno y otro lado eran la norma de la época. ¡Si hasta hace pocas décadas vimos en nuestro propio país atentados terroristas asesinando militares con sus hijas pequeñas, o torturas inhumanas en campos de detención que culminaban con el asesinato de los detenidos arrojados en el Río! ¿O no vemos decapitaciones televisadas, bombardeos a civiles y ataques con gases venenosos, por unos y por otros? Si algo nos enseña la historia es que una vez desatada la violencia, resulta muy difícil volver a poner en caja la convivencia.

Hoy mismo vemos diariamente horrores cometidos en zonas de guerra, pero también en zonas pacíficas azotadas por luchas que nada tienen que ver con el conflicto de “oriente” y “occidente”. El robo de niñas de 7 y 8 años de edad para venderlas en remate como esposas o esclavas, el asesinato y decapitación de personas cuyos credos religiosos no coincidan con el de la secta dominante, los asesinatos masivos suicidas cometidos por niños de 10 años, la lapidación de mujeres acusadas de adulterio, no expresan ningún “choque de civilizaciones”, pero no son procedimientos muy diferentes a los cometidos por Stalin durante las grandes purgas, por los nazis contra los judíos y otras etnias que consideraban inferiores, por narcotraficantes a través de sicarios a sueldo, o por detentadores del “poder” en países democráticos que saltan sus normas con los argumentos más diversos, casi siempre vinculados con la “seguridad nacional”. Pues bien: contra todos la herramienta del humor ácido, la libertad absoluta de prensa y de palabra, la posibilidad de decir lo que cada uno desee aunque moleste, es la herramienta más importante. Por todo eso no podemos transigir, ni dejar grietas en los repudios claros, terminantes, contra la muerte, la violencia y el fanatismo.

La libertad de expresión no puede tener límites, hasta por una imposibilidad material. Abierta una excepción, es imposible evitar la manipulación del límite que habilite otras. Terminaría dependiendo del poder –justamente…- decidir cuál es ese límite. Así se ha procedido en las dictaduras. Así no puede proceder la democracia, la única que merece ese nombre.

“Libertad, libertad, libertad”, dice el himno que cantamos desde niños en este país nuestro. No vendría mal reflexionar de vez en cuanto lo que esto significa para nuestra propia existencia como nación y como ciudadanos de esa nación. Los más místicos tal vez dirían que es el sueño que desató una revolución aún inacabada hacia una sociedad diferente. Los más materialistas, que era un objetivo político para marcar las diferencias entre el país colonial dividido en estamentos y el que había decidido hacer escuchar “el ruido de rotas cadenas” abriendo “el trono a la noble igualdad”.

Unos y otros, con mayor o menor ensueño, conformamos el país de la utopía democrática. La única. La que no “contextualiza” sino que reclama, pide, exige “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.

Es una lástima que la presidenta no haya concurrido, por sí o a través de alguno de sus Ministros, al acto de solidaridad con Francia y los franceses. Por encima de todas  las diferencias, hubiera estado representando esta vez, si no a todos, sí a la inmensa mayoría de su pueblo.

Ricardo Lafferriere

Unidad o división

Una vez más, la prestigiosa intelectual Beatríz Sarlo ha insistido en su tesis de dividir a la oposición con el mismo argumento que ya utilizara en el 2011: no hay tropas extranjeras en el territorio que ameriten una alternativa unida de fuerzas diferentes.

Una vez más, como en el 2011, discrepamos.

El kirchnerismo no es una opción política más, sino una alternativa  medularmente destructora del país moderno y de la estructura institucional que nos costó dos siglos lograr. No es de “izquierda” ni de “derecha”. Es la negación de la vida institucional, el regreso al país sin normas.

No puede levantarse frente a esa opción el alegre jubileo de propuestas “finalistas”, sino que se debe ofrecer una sólida alternativa democrática-republicana que implique una especie de nuevo pacto constituyente abarcador de las diferentes miradas que conviven en la Argentina actual.

No seguir ese camino en el 2011 habilitó la continuación del ciclo populista por cuatro años y provocó lo que está a la vista: la colonización de la justicia, la reducción de la riqueza del debate democrático al tosco maniqueísmo sobre cuya manipulación se ocultó el mayor proceso de desfalco a la riqueza pública de la historia argentina, la fuerte ofensiva sobre la prensa tendiendo a hacerla funcional con la estrategia divisionista, el retraso a niveles grotescos en el nivel educativo, en la racionalidad económica y en la calidad institucional.

Por último, llevó al alineamiento del país con lo más retrógrado del planeta, el aislamiento de las corrientes globales de tecnologías, inversiones, comercio y financiamiento que están configurando el mundo global y la reducción del prestigio nacional al punto de convertir a la Argentina en un país paria, hazmerreír del mundo. Los “nuevos amigos” son países sin democracia, violadores de derechos humanos, gestores de un neocolonialismo que atenaza con créditos atados, cesión de soberanía para oscuros proyectos tecnológicos y corrupción en grandes obras de infraestructura.

Frente a estos “logros”, insistir en las visiones “finalistas” de las diferentes fuerzas políticas resulta un arcaísmo infundado. Alguna vez sostuvimos que sería como si en las jornadas de la revolución de Mayo, Mariano Moreno hubiera afirmado “Mi límite es Saavedra”, oponiéndose a conformar con él la Primera Junta –de la que, al final, uno fue Presidente y el otro Secretario-. O como si luego de Caseros, Urquiza hubiera seguido su lucha contra los gobernadores que habían formado parte del entramado de poder del derrotado Juan Manuel de Rosas, en lugar de sumarlos para incluirlos en la institucionalidad plural de la Constitución de 1853.

Podría contestarse que luego de votar, el gobierno podría conformarse de manera plural. Sin embargo, esa no es una alternativa eficaz, habida cuenta que el sistema electoral argentino exige una mayoría absoluta al ganador, favoreciendo a la primera minoría si ésta obtiene una mayoría relativa (40 %) con una diferencia de diez puntos o más con respecto a la fuerza que la sigue.

La tesis de Sarlo permite –casi garantiza- un nuevo ciclo populista, que históricamente no ha bajado nunca al 40 % del apoyo electoral. Si la oposición democrática-republicana mantiene sus divisiones, enfrentando fragmentadas al torrente populista, el resultado está cantado.

Obsérvese que no proponemos la dilusión de las diferentes miradas en un partido político nuevo, sino reclamamos madurez para saber diferenciar lo que es una etapa del proceso político de lo que es un diseño finalista. Un acuerdo político no debe significar otra cosa que un acuerdo para una etapa, la que en nuestro caso debe estar dirigida a la reconstrucción del edificio institucional derrumbado por el kirchnerismo populista.

Para gestar ese acuerdo, cada fuerza debe conservar su identidad, valores y objetivos. Y su independencia. Como lo hacen hoy mismo en Alemania los socialdemócratas y demócratas cristianos de la Gran Coalición, sin exigir que antes haya “tropas extranjeras” en territorio alemán. Pudieron hacerlo luego de las elecciones, porque es un sistema parlamentario. No es nuestro caso.

Como cualquier acuerdo, requiere un programa absolutamente claro, que permita gobernar y que permita también ganar las elecciones. De nada sirve un “pacto de gobernabilidad” simbólico si no se asienta en una estrategia de poder, tanto como sería inútil una estrategia de poder sin un pacto de gobierno asentado en un acuerdo claro y transparente, elaborado de cara a la sociedad.

La democracia exige pluralidad, pero también madurez. La intolerancia de los “demócratas”, claramente inmadura, nos ha llevado a esta situación límite, en que gran parte del capital histórico  argentino ha sido y está siendo dilapidado, simplemente por no aceptar acuerdos.

Éstos no se reducen, por último, a los acuerdos electorales. Requieren la reconstrucción de los partidos, sin los cuales es imposible gestar acuerdos de largo plazo, la otra gran falencia de la democracia argentina.

Días atrás trascendió que nuestro vecino Uruguay ha logrado obtener prácticamente la totalidad de su abastecimiento eléctrico de fuentes renovables. Este logro se asentó en un acuerdo estratégico de todas sus fuerzas políticas, de proyección decenal. ¿Quiénes deberían participar en un acuerdo similar en la Argentina, con liderazgos efímeros y partidos desteñidos?

Tal vez este ejemplo aislado pueda testimoniar de manera patética el resultado fatal de la destrucción partidaria, de la que son –o somos- responsables los argentinos, no sólo los dirigentes. El vaciamiento institucional, la banalización del debate político, el raquitismo comunicacional y la dilusión del compromiso ciudadano han logrado el sueño de tantas fuerzas reaccionarias a través de la historia patria: un país sin política, abandonando el espacio público a las meras estrategias personales.

Nos definimos entonces por la necesidad de un gran acuerdo neoconstituyente democrático y republicano, realizado por los partidos políticos sobre la base de un programa transparente, que mantenga la individualidad de todos y el pluralismo parlamentario. Y sostemos que ese acuerdo debe ser también electoral, como exigencia de su eficacia.

Afirmamos que allí no debe terminarse la historia, sino comenzar, asumiendo la obligación de la reconstrucción de partidos políticos cuya función no sea sólo actuar de contenedores de aspiraciones electorales personales, sino de verdaderas usinas de reflexión y debate sobre los problemas que ofrece y las políticas que necesita el país ante la agenda del momento y del mundo.

Si hubiera tropas extranjeras…otro sería el problema. Seguramente entonces el marco del acuerdo necesario incluiría al propio populismo, hasta el kirchnerismo y la propia presidenta. Pero no es el caso, ya que afortunadamente aún no hemos llegado a ese extremo. Por ahora, el objetivo primario es recuperar la democracia.

El rival no es un “ejército de ocupación”, sino el populismo. Frente a él es necesario alinear todas las fuerzas disponibles, a fin de retomar la construcción de un país “representativo, republicano y federal”, contenedor de las diferencias y con marcos de reflexión, debate y decisión capaz de incluir en él a las visiones diferentes.

Para ello se precisa la disposición a gestar acuerdos y no sólo a gritarnos las diferencias en la cara.

Ricardo Lafferriere