Trece millones de argentinos viven en los cuatro mil kilómetros cuadrados del área metropolitana. Son el 40 % del país, viviendo en el 0,14 % del territorio nacional. Veintiocho millones de argentinos viven en los dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados restantes, el 99,85 % del territorio.
Los primeros alcanzan una densidad urbana de aproximadamente 3200 habitantes por km2, una de las más altas del mundo. Los segundos, 10 habitantes por km2, una de las más bajas.
Esa es la consecuencia de acciones y omisiones que hemos realizado los argentinos durante toda nuestra historia. Es el resultado del vaciamiento económico y político de las zonas productoras del interior, que saqueadas en sus riquezas y excedentes, se han visto y se ven castradas de posibilidades de potenciar sus procesos de desarrollo industrial e infraestructura.
Es la consecuencia de la ausencia de ley de coparticipación de impuestos, de las arbitrarias retenciones a la exportación y del vaciamiento de sus potestades políticas y económicas en un sistema económico-social hegemonizado por las complicidades corporativas que lucran con la deformación estructural de la Argentina.
La construcción social resultante de este dislate está a la vista. El conurbano es la sede de las mafias y la corrupción sistémica más atroz de nuestra historia. Allí tienen su asiento las redes de narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos de autos robados, cooptación de jóvenes sin futuro para las bandas delictivas, corrupción política con complicidades judiciales y policiales, atroz violencia cotidiana, desocupación y desinterés por el futuro, pobreza y marginalidad.
Han llegado y llegan diariamente compatriotas de diferentes regiones ahogadas por el vaciamiento arriba mencionado, que buscan mejor futuro pero terminan muchos de ellos cayendo en la integración a esas redes clientelares en pos del mejoramiento ilusorio de su nivel de vida y de sus horizontes de realización.
Los recursos que se saquean a las zonas productoras, por su parte, no se destinan a mejorar la vida de quienes lo necesitan y allí viven, sino a reproducir las estructuras de la infamia: aumenta la pobreza, los chicos en la calle, las familias sin techo, el hacinamiento y la inseguridad.
Sin embargo, sólo las retenciones –inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias- absorben a la producción alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Es el monto equivalente al subsidio estatal, entre otras aberraciones, del consumo energético de la clase media alta, que paga el gas natural al décimo de su valor que la garrafa usada en los hogares populares.
Si fueran reemplazadas por el impuesto que grava las ganancias de las empresas dando al campo el mismo tratamiento que a cualquier contribuyente, el monto recaudado sería el mismo, estaría distribuido con mayor justicia –porque pagaría más el que más gana-, pero ingresaría a la masa coparticipable, volviendo en parte a las provincias y municipios para mejorar la infraestructura y realizar mejores políticas sociales.
Permitiría el crecimiento del interior, potenciaría las economías de los pueblos, industrializaría el país sobre la base de su producción primaria en lugar de favorecer las aventuras de los amigos del poder y mantendría a los compatriotas de las provincias en sus pueblos sin romper familias ni ilusiones.
Los productores agropecuarios –chicos, medianos y grandes, desde Buzzi hasta Biolcatti, desde De Angelis hasta Grobocopatel-, cada uno desde su papel, son parte de los cimientos del país del futuro. Los Esquenazi, los Báez, los Kirchner, los López, los Ulloa, los caciques del conurbano, las mafias sindicales que compran estancias y falsifican medicamentos, pertenecen a la Argentina deformada, decadente, corrupta y oscura.
Es inadmisible que se condene a los que crean riqueza porque defienden lo suyo, y se mantenga silencio frente a los amigos del poder que lucran con los fondos saqueados a los argentinos que invierten y trabajan. Asociarse al discurso oficial tan ligeramente es asociarse objetivamente al reciclaje de la decadencia argentina, iniciada en 1930 y potenciada en una medida orgiástica en estos últimos años, especialmente desde noviembre de 2007.
martes, 3 de agosto de 2010
sábado, 10 de julio de 2010
Otra vez las retenciones...
Como en el 2008, el tema de las retenciones está ocupando el debate parlamentario y nuevamente chocan, en las diferentes posiciones, las visiones diferentes sobre el país que subyacen en las diversas fuerzas políticas. Esas visiones diferentes no se identifican con una u otra fuerza partidaria, sino que las atraviesan horizontalmente, principalmente a las mayoritarias. Un acercamiento en su análisis indica que es lógico que así ocurra.
Hoy el debate renace al tener que definir el Congreso las “facultades delegadas” que mantendrá el Poder Ejecutivo, ante su próximo y tardío vencimiento. Adelantemos que en el caso de las retenciones, esa delegación no fue decidida por el parlamento, sino por el gobierno de facto que redactó el Código Aduanero, en tiempos de la “Revolución Argentina” y el presidente Onganía.
Los impuestos a la exportación estuvieron prohibidos expresamente en nuestra Constitución, que los habilitó con carácter excepcional para financiar la guerra del Paraguay. A partir de ese momento, nunca desaparecieron, aunque en tasas sustancialmente inferiores a las actuales y decididas por ley, como deben serlo todos los impuestos.
Las retenciones confiscan ingresos generados por los productores agropecuarios que se han destinanado históricamente a diferentes finalidades, desde sostener el presupuesto en tiempos de ajustes, devaluaciones e inflación, hasta usarlas como herramientas de distribución de ingresos marginando el debate fiscal parlamentario.
Entre otros males, han sido una de las principales causas de la deformación estructural del país: el 40 % de la población argentina está concentrada en el núcleo urbano porturario y alrededores (trece millones de compatriotas en 4000 k2, a razón de 3200 por km2, una de las tasas más altas del mundo), mientras el 60 % restante (veintiocho millones de argentinos) ocupan 2.800.000 km2, a razón de .. ¡10 habitantes por km2! ... (una de las más bajas del mundo....)
La concentración ha sido el resultado de privar al país productor de sus ingresos y consecuentemente de su camino de industrialización, para derivarlo en la red de complicidades corporativas. El país interior fue privado de sus posibilidades de crecimiento, de generación de empresas, fuentes de trabajo, infraestructura, investigación científica, educación, servicios médicos de excelencia, y vaciado del juego de su política.
Las retenciones provocaron el vaciamiento político y económico del interior. Las legislaturas y concejos deliberantes, los gobernadores y los intendentes, dejaron de ser la herramienta de la voluntad de sus pueblos para convertirse en simples foros de discusión sin incidencia real alguna en el destino de sus respectivas comunidades. Y el estancamiento resultante generó la migración interna que no se detiene, como lo muestra el crecimiento de las urbanizaciones informales que en los últimos años han atraído incluso a miles de ciudadanos de países limítrofes.
El núcleo urbano resultante es la sede de las mayores redes de corrupción, delincuencia, tráfico de estupefacientes, violencia criminal, asiento de complicidades delictivas que incluye a burocracias policiales, judiciales y políticas, empresarios protegidos, mafias sindicales.... todos lucrando con millones de personas sometidas a la humillación del clientelismo, sostenidos por la impostura ideológica del populismo que se invoca “progresista” mientras mantiene en la pobreza extrema a quienes con cuyo disciplinamiento edifica su lastre hacia el pasado.
La Argentina, a partir del 2008, ha visto a sus ciudadanos protagonizar por primera vez en muchas décadas una defensa directa de sus derechos, no motorizada por estamentos corporativos sino por sus intereses más elementales. Han sido compatriotas que no reciben ningún el regalo de ningún “bien social” sino que sufren la confiscación del fruto de su trabajo tesonero, de su esfuerzo inversor, de su ahorro, de su futuro. Se trata de personas que no viven de los fondos públicos sino que pagan todo lo que usan, desde sus insumos hasta sus infraestructuras, desde sus cooperadoras escolares, hospitalarias y judiciales hasta muchas veces sus propios caminos. Compatriotas que jamás negarían –como no lo han hecho- su aporte para sostener un esfuerzo nacional compartido para erradicar la pobreza, pero que ya no toleran en silencio que ese esfuerzo no se enmarque en la Constitución, las leyes y sus propios derechos ciudadanos.
De un lado está la Argentina del pasado, corporativa y prebendaria, populista y antidemocrática, arbitraria, deformada e intolerante. Del otro, la Argentina vital de sus zonas productivas, democrática y solidaria, abierta y plural, verdaderamente progresista. Esas “placas tectónicas” atraviesan, como está dicho, las fuerzas políticas aunque sus bordes no se expresen con nitidez en sus debates internos. No tenerlo en claro es la mejor forma de atarnos al estancamiento, a la pobreza secular, a la polarización social creciente, a la violencia y a la falta de futuro mediante la impostura de definiciones presuntamente ideológicas que hace tiempo han desmerecido.
Sostener que los argentinos deben dejar en la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo la facultad de apropiarse, por decreto, de ingresos de sus ciudadanos, no es progresista: es premoderno. No es compatible con el estado de derecho, ni con la letra constitucional.
El financiamiento del Estado, así como sus objetivos, debe ser establecido por el Congreso porque es la base constitutiva de una sociedad democrática. Para eso están los legisladores, para eso los argentinos sostienen la institución parlamentaria con recursos, aseguran su independencia con inmunidades y emolumentos públicos y les dan seguridad en sus cargos. El argumento de la “dificultad en reunir el parlamento” es de una sustancial endeblez moral y política. Los parlamentarios estarían de más si renunciaran a su facultad principal, que es definir los objetivos del Estado, su financiamiento y su control.
Si los argentinos deciden hacer “política económica” con los impuestos, deben discutirlo en forma abierta y transparente, como sólo puede hacerse en las Cámaras legislativas, en el marco de la normas de la Constitución. De lo contrario, se repetirán las deformaciones escandalosas de las que estamos siendo testigos, con valijas cargadas de dinero, fideicomisos sin control, obras públicas de precios desmedidos y correlativos crecimientos desbordantes e injustificados de los funcionarios ejecutivos.
Definir impuestos en la penumbra de los despachos y los acuerdos secretos en los Ministerios es, además, la mejor forma de reciclar complicidades, realizar negociados con fondos públicos, presionar a gobernadores e intendentes, privilegiar empresarios amigos, construir clientelismo, reciclar el estancamiento.
Los argentinos no merecen eso de sus legisladores.
Ricardo Lafferriere
Hoy el debate renace al tener que definir el Congreso las “facultades delegadas” que mantendrá el Poder Ejecutivo, ante su próximo y tardío vencimiento. Adelantemos que en el caso de las retenciones, esa delegación no fue decidida por el parlamento, sino por el gobierno de facto que redactó el Código Aduanero, en tiempos de la “Revolución Argentina” y el presidente Onganía.
Los impuestos a la exportación estuvieron prohibidos expresamente en nuestra Constitución, que los habilitó con carácter excepcional para financiar la guerra del Paraguay. A partir de ese momento, nunca desaparecieron, aunque en tasas sustancialmente inferiores a las actuales y decididas por ley, como deben serlo todos los impuestos.
Las retenciones confiscan ingresos generados por los productores agropecuarios que se han destinanado históricamente a diferentes finalidades, desde sostener el presupuesto en tiempos de ajustes, devaluaciones e inflación, hasta usarlas como herramientas de distribución de ingresos marginando el debate fiscal parlamentario.
Entre otros males, han sido una de las principales causas de la deformación estructural del país: el 40 % de la población argentina está concentrada en el núcleo urbano porturario y alrededores (trece millones de compatriotas en 4000 k2, a razón de 3200 por km2, una de las tasas más altas del mundo), mientras el 60 % restante (veintiocho millones de argentinos) ocupan 2.800.000 km2, a razón de .. ¡10 habitantes por km2! ... (una de las más bajas del mundo....)
La concentración ha sido el resultado de privar al país productor de sus ingresos y consecuentemente de su camino de industrialización, para derivarlo en la red de complicidades corporativas. El país interior fue privado de sus posibilidades de crecimiento, de generación de empresas, fuentes de trabajo, infraestructura, investigación científica, educación, servicios médicos de excelencia, y vaciado del juego de su política.
Las retenciones provocaron el vaciamiento político y económico del interior. Las legislaturas y concejos deliberantes, los gobernadores y los intendentes, dejaron de ser la herramienta de la voluntad de sus pueblos para convertirse en simples foros de discusión sin incidencia real alguna en el destino de sus respectivas comunidades. Y el estancamiento resultante generó la migración interna que no se detiene, como lo muestra el crecimiento de las urbanizaciones informales que en los últimos años han atraído incluso a miles de ciudadanos de países limítrofes.
El núcleo urbano resultante es la sede de las mayores redes de corrupción, delincuencia, tráfico de estupefacientes, violencia criminal, asiento de complicidades delictivas que incluye a burocracias policiales, judiciales y políticas, empresarios protegidos, mafias sindicales.... todos lucrando con millones de personas sometidas a la humillación del clientelismo, sostenidos por la impostura ideológica del populismo que se invoca “progresista” mientras mantiene en la pobreza extrema a quienes con cuyo disciplinamiento edifica su lastre hacia el pasado.
La Argentina, a partir del 2008, ha visto a sus ciudadanos protagonizar por primera vez en muchas décadas una defensa directa de sus derechos, no motorizada por estamentos corporativos sino por sus intereses más elementales. Han sido compatriotas que no reciben ningún el regalo de ningún “bien social” sino que sufren la confiscación del fruto de su trabajo tesonero, de su esfuerzo inversor, de su ahorro, de su futuro. Se trata de personas que no viven de los fondos públicos sino que pagan todo lo que usan, desde sus insumos hasta sus infraestructuras, desde sus cooperadoras escolares, hospitalarias y judiciales hasta muchas veces sus propios caminos. Compatriotas que jamás negarían –como no lo han hecho- su aporte para sostener un esfuerzo nacional compartido para erradicar la pobreza, pero que ya no toleran en silencio que ese esfuerzo no se enmarque en la Constitución, las leyes y sus propios derechos ciudadanos.
De un lado está la Argentina del pasado, corporativa y prebendaria, populista y antidemocrática, arbitraria, deformada e intolerante. Del otro, la Argentina vital de sus zonas productivas, democrática y solidaria, abierta y plural, verdaderamente progresista. Esas “placas tectónicas” atraviesan, como está dicho, las fuerzas políticas aunque sus bordes no se expresen con nitidez en sus debates internos. No tenerlo en claro es la mejor forma de atarnos al estancamiento, a la pobreza secular, a la polarización social creciente, a la violencia y a la falta de futuro mediante la impostura de definiciones presuntamente ideológicas que hace tiempo han desmerecido.
Sostener que los argentinos deben dejar en la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo la facultad de apropiarse, por decreto, de ingresos de sus ciudadanos, no es progresista: es premoderno. No es compatible con el estado de derecho, ni con la letra constitucional.
El financiamiento del Estado, así como sus objetivos, debe ser establecido por el Congreso porque es la base constitutiva de una sociedad democrática. Para eso están los legisladores, para eso los argentinos sostienen la institución parlamentaria con recursos, aseguran su independencia con inmunidades y emolumentos públicos y les dan seguridad en sus cargos. El argumento de la “dificultad en reunir el parlamento” es de una sustancial endeblez moral y política. Los parlamentarios estarían de más si renunciaran a su facultad principal, que es definir los objetivos del Estado, su financiamiento y su control.
Si los argentinos deciden hacer “política económica” con los impuestos, deben discutirlo en forma abierta y transparente, como sólo puede hacerse en las Cámaras legislativas, en el marco de la normas de la Constitución. De lo contrario, se repetirán las deformaciones escandalosas de las que estamos siendo testigos, con valijas cargadas de dinero, fideicomisos sin control, obras públicas de precios desmedidos y correlativos crecimientos desbordantes e injustificados de los funcionarios ejecutivos.
Definir impuestos en la penumbra de los despachos y los acuerdos secretos en los Ministerios es, además, la mejor forma de reciclar complicidades, realizar negociados con fondos públicos, presionar a gobernadores e intendentes, privilegiar empresarios amigos, construir clientelismo, reciclar el estancamiento.
Los argentinos no merecen eso de sus legisladores.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 7 de julio de 2010
Jubilaciones y números
Una de las consecuencias más directas de la aceleración inflacionaria es la dráctica caída del valor real de las prestaciones previsionales. Esto ha instalado en el debate la endeblez del sistema, apoyado en la discrecionalidad y el voluntarismo, y carente de previsiones serias sobre su sustentabilidad.
Si el sistema mantenía un fragil equilibrio hasta el inicio del gobierno de los Kirchner, su decisión de incorporar el 80 por ciento más de beneficiarios sin aportes entre el 2003 y el 2010 lo llevó a tomar decisiones disparatadas en términos económicos, jurídicos y éticos.
En primer término se decidió financiar a los nuevos jubilados mediante la reducción de los haberes mayores, lo que se llevó a cabo congelando las prestaciones mayores a $ 1000. Bueno es recordar que quienes tenían haberes mayores no era porque hubieran cometido algún ilícito o apropiado de recursos ajenos, sino que habían aportado durante toda su vida importes sustancialmente mayores a la mínima. Fueron condenados por los Kirchner, en lo que debieran ser sus años dorados, a reducir su nivel de vida a niveles de subsistencia.
En segundo término, como eso no alcanzaba, decidieron apropiarse de los ahorros previsionales de quienes habían sido instados a ahorrar para ocuparse por su propia responsabilidad de incrementar su haber básico –esta vez, acompañados por el peronismo, el retroprogresismo y los socialistas-. La suma confiscada fue convertida en “fondo de sustentabilidad previsional”, y alcanza hoy a aproximadamente 150.000 millones de pesos, de los cuales más de 90.000 millones (60 %) están ¡prestados al Estado!...
En tercer término, como esto tampoco alcanzaba, los Kirchner decidieron licuar el haber previsional impulsando una ley abtrusa, de imposible comprensión, pero cuya consecuencia es la reducción inexorable y sistemática de los haberes activos, a la que calificaron de “Ley de movilidad jubilatoria”. Los haberes se actualizan mediante la aplicación de dos índices –la recaudación y la evolución salarial- pero no utilizando el mayor, ni siquiera el promedio de ambos, sino “el que sea menor”. Como consecuencia, a medida que el tiempo transcurre los haberes previsionales caen progresiva y acumulativamente.
Hoy el sistema mantiene en haberes mínimos el 80 % de los prestatarios –cuando llegaron los Kirchner, eran menos del 20 %- y resiste juicios de más de 350.000 jubilados que colapsan los juzgados federales de la seguridad social, no cumpliendo las sentencias judiciales –lo que es una burla a los derechos básicos de los ciudadanos que reclaman-.
Los objetivos que se persiguieron, curiosamente, no pueden dejar de ser compartidos. ¿Está mal garantizar un piso de dignidad a todos los argentinos que superen la edad de estar aptos para trabajar, pongamos por caso los 70 años? Por supuesto que no. Lo que está mal es cargarles ese fardo a los jubilados y hacerlo con su dinero, el que han ahorrado durante su vida activa para tener un futuro tranquilo. Si el país toma ese decisión, debe decidir también cómo lo financia, en forma equitativa. Pero para los Kirchner, el manotazo es más facil.
¿Está mal garantizar un ingreso universal a la niñez? Por supuesto que no. Ha sido un reclamo de quienes hoy son opositores –los radicales, con su primer proyecto presentado durante los noventa, luego Elisa Carrió que lo convirtió en su proyecto bandera, hasta que los Kirchner decidieron implementarlo-. La diferencia, sin embargo, es quién lo financia. En los proyectos parlamentarios se establecía un sofisticado mecanismo de impuestos y excenciones, redistribuyendo gastos. Para los Kirchner, el manotazo era más facil. ¿De dónde? Pues... de la caja de los jubilados.
Una vez que tuvieron la idea, lo siguiente fue patético. Negociados de sindicalistas corruptos, proveedores amigos y mafias, como los déficits de Aerolíneas; empresas multinacionales, como General Motors financiando nuevos modelos de autos; dislates como el “fútbol para todos” y despilfarro comprando decodificadores sin licitación ni control, cualquier ocurrencia presidencial había encontrado en la “cajita feliz” de la ANSES su proveedora de recursos.
Hoy, la situación de los jubilados quedó desnudada por la estampida inflacionaria. Un jubilado no llega a 900 pesos. Un pensionado, apenas supera los 700. El promedio jubilatorio general es de poco más de 1100 pesos. Pero el piso de subsistencia, por su parte, supera los 2000.
Frente a esta realidad dramática de seis millones de compatriotas de edad madura, la propuesta opositora es sensata: el 82 % del Sueldo Mínimo, Vital y Móvil, como piso del haber previsional. “Es demencial”, exclama, sin criterio, un desmedido Aníbal Fernández. “Nos costará 150.000 millones de pesos”, declara desaforado un mendaz Néstor Kirchner. El cálculo real, sin embargo, es que costará alrededor de 30.000 millones más que los montos que actualmente demanda el sistema.
Con el sistema actual, los recursos asignados para el pago de prestaciones previsionales son de aproximadamente 95.000 millones anuales, de los cuales 90.000 tienen origen en aportes y 20.000 millones en impuestos –IVA y ganancias-, con lo que el superávit es de aproximadamente 10.000 millones, gastados en el ingreso a la niñez y las ocurrencias presidenciales.
Lo que está en juego no es poco dinero, pero tampoco es inaccesible, si tenemos en cuenta que el gasto total anual del presupuesto nacional, supera los $ 350.000 millones y que las empresas amigas del gobierno reciben más de 40.000 millones por año en subsidios, la mayoría de los mismos sin control ni auditoría.
Por supuesto que será necesario reasignar partidas, estudiar en forma medulosa el financiamiento, y quizás también comprender que en un mundo en el que el trabajo estable ha entrado en un declive estructural, es imposible vincular “aportes” con “beneficiarios”, como en los años felices de la mitad del siglo XX. Hoy habría que rediscutir todo, por supuesto que respetando los derechos adquiridos, pero tomando nota que el problema no sólo no desaparecerá sino que se agrandará.
Hoy hay que estudiar la implementación de un ingreso universal que establezca un piso de ciudadanía, comenzando por niños y ancianos, financiados por los sectores activos de la economía –única fuente legítima y autosustentable-. En ese propósito deben tenerse en cuenta las necesidades de reinversión, de desarrollo tecnológico para reciclar el crecimiento, de preservar el capital de trabajo. Pero deben estar presentes, como guías fundamentales, los derechos constitucionales, la racionalidad económica y la ética fundamental de cualquier sociedad que busca la integración y la inclusión: cuidar a sus niños y sus viejos.
Y deberá aplicarse la “doctrina Barrionuevo”, esa sí, en forma inapelable, aunque con una ampliación: habrá que dejar de robar, pero por mucho más tiempo que dos años.
Un país maduro tomaría esta crisis como una oportunidad para buscar consensos de largo plazo, sustentables e inteligentes. Sin los Kirchner, es posible que así actuaría la Argentina. Pero para eso, faltan por lo menos tres semestres. Mientras, seguramente seguiremos escuchando alaridos. Los jubilados sintiéndose armas de combate político. Y los argentinos, apretándose los bolsillos con el miedo al nuevo manotazo, que puede venir en cualquier momento, de cualquier lado.
Ricardo Lafferriere
Si el sistema mantenía un fragil equilibrio hasta el inicio del gobierno de los Kirchner, su decisión de incorporar el 80 por ciento más de beneficiarios sin aportes entre el 2003 y el 2010 lo llevó a tomar decisiones disparatadas en términos económicos, jurídicos y éticos.
En primer término se decidió financiar a los nuevos jubilados mediante la reducción de los haberes mayores, lo que se llevó a cabo congelando las prestaciones mayores a $ 1000. Bueno es recordar que quienes tenían haberes mayores no era porque hubieran cometido algún ilícito o apropiado de recursos ajenos, sino que habían aportado durante toda su vida importes sustancialmente mayores a la mínima. Fueron condenados por los Kirchner, en lo que debieran ser sus años dorados, a reducir su nivel de vida a niveles de subsistencia.
En segundo término, como eso no alcanzaba, decidieron apropiarse de los ahorros previsionales de quienes habían sido instados a ahorrar para ocuparse por su propia responsabilidad de incrementar su haber básico –esta vez, acompañados por el peronismo, el retroprogresismo y los socialistas-. La suma confiscada fue convertida en “fondo de sustentabilidad previsional”, y alcanza hoy a aproximadamente 150.000 millones de pesos, de los cuales más de 90.000 millones (60 %) están ¡prestados al Estado!...
En tercer término, como esto tampoco alcanzaba, los Kirchner decidieron licuar el haber previsional impulsando una ley abtrusa, de imposible comprensión, pero cuya consecuencia es la reducción inexorable y sistemática de los haberes activos, a la que calificaron de “Ley de movilidad jubilatoria”. Los haberes se actualizan mediante la aplicación de dos índices –la recaudación y la evolución salarial- pero no utilizando el mayor, ni siquiera el promedio de ambos, sino “el que sea menor”. Como consecuencia, a medida que el tiempo transcurre los haberes previsionales caen progresiva y acumulativamente.
Hoy el sistema mantiene en haberes mínimos el 80 % de los prestatarios –cuando llegaron los Kirchner, eran menos del 20 %- y resiste juicios de más de 350.000 jubilados que colapsan los juzgados federales de la seguridad social, no cumpliendo las sentencias judiciales –lo que es una burla a los derechos básicos de los ciudadanos que reclaman-.
Los objetivos que se persiguieron, curiosamente, no pueden dejar de ser compartidos. ¿Está mal garantizar un piso de dignidad a todos los argentinos que superen la edad de estar aptos para trabajar, pongamos por caso los 70 años? Por supuesto que no. Lo que está mal es cargarles ese fardo a los jubilados y hacerlo con su dinero, el que han ahorrado durante su vida activa para tener un futuro tranquilo. Si el país toma ese decisión, debe decidir también cómo lo financia, en forma equitativa. Pero para los Kirchner, el manotazo es más facil.
¿Está mal garantizar un ingreso universal a la niñez? Por supuesto que no. Ha sido un reclamo de quienes hoy son opositores –los radicales, con su primer proyecto presentado durante los noventa, luego Elisa Carrió que lo convirtió en su proyecto bandera, hasta que los Kirchner decidieron implementarlo-. La diferencia, sin embargo, es quién lo financia. En los proyectos parlamentarios se establecía un sofisticado mecanismo de impuestos y excenciones, redistribuyendo gastos. Para los Kirchner, el manotazo era más facil. ¿De dónde? Pues... de la caja de los jubilados.
Una vez que tuvieron la idea, lo siguiente fue patético. Negociados de sindicalistas corruptos, proveedores amigos y mafias, como los déficits de Aerolíneas; empresas multinacionales, como General Motors financiando nuevos modelos de autos; dislates como el “fútbol para todos” y despilfarro comprando decodificadores sin licitación ni control, cualquier ocurrencia presidencial había encontrado en la “cajita feliz” de la ANSES su proveedora de recursos.
Hoy, la situación de los jubilados quedó desnudada por la estampida inflacionaria. Un jubilado no llega a 900 pesos. Un pensionado, apenas supera los 700. El promedio jubilatorio general es de poco más de 1100 pesos. Pero el piso de subsistencia, por su parte, supera los 2000.
Frente a esta realidad dramática de seis millones de compatriotas de edad madura, la propuesta opositora es sensata: el 82 % del Sueldo Mínimo, Vital y Móvil, como piso del haber previsional. “Es demencial”, exclama, sin criterio, un desmedido Aníbal Fernández. “Nos costará 150.000 millones de pesos”, declara desaforado un mendaz Néstor Kirchner. El cálculo real, sin embargo, es que costará alrededor de 30.000 millones más que los montos que actualmente demanda el sistema.
Con el sistema actual, los recursos asignados para el pago de prestaciones previsionales son de aproximadamente 95.000 millones anuales, de los cuales 90.000 tienen origen en aportes y 20.000 millones en impuestos –IVA y ganancias-, con lo que el superávit es de aproximadamente 10.000 millones, gastados en el ingreso a la niñez y las ocurrencias presidenciales.
Lo que está en juego no es poco dinero, pero tampoco es inaccesible, si tenemos en cuenta que el gasto total anual del presupuesto nacional, supera los $ 350.000 millones y que las empresas amigas del gobierno reciben más de 40.000 millones por año en subsidios, la mayoría de los mismos sin control ni auditoría.
Por supuesto que será necesario reasignar partidas, estudiar en forma medulosa el financiamiento, y quizás también comprender que en un mundo en el que el trabajo estable ha entrado en un declive estructural, es imposible vincular “aportes” con “beneficiarios”, como en los años felices de la mitad del siglo XX. Hoy habría que rediscutir todo, por supuesto que respetando los derechos adquiridos, pero tomando nota que el problema no sólo no desaparecerá sino que se agrandará.
Hoy hay que estudiar la implementación de un ingreso universal que establezca un piso de ciudadanía, comenzando por niños y ancianos, financiados por los sectores activos de la economía –única fuente legítima y autosustentable-. En ese propósito deben tenerse en cuenta las necesidades de reinversión, de desarrollo tecnológico para reciclar el crecimiento, de preservar el capital de trabajo. Pero deben estar presentes, como guías fundamentales, los derechos constitucionales, la racionalidad económica y la ética fundamental de cualquier sociedad que busca la integración y la inclusión: cuidar a sus niños y sus viejos.
Y deberá aplicarse la “doctrina Barrionuevo”, esa sí, en forma inapelable, aunque con una ampliación: habrá que dejar de robar, pero por mucho más tiempo que dos años.
Un país maduro tomaría esta crisis como una oportunidad para buscar consensos de largo plazo, sustentables e inteligentes. Sin los Kirchner, es posible que así actuaría la Argentina. Pero para eso, faltan por lo menos tres semestres. Mientras, seguramente seguiremos escuchando alaridos. Los jubilados sintiéndose armas de combate político. Y los argentinos, apretándose los bolsillos con el miedo al nuevo manotazo, que puede venir en cualquier momento, de cualquier lado.
Ricardo Lafferriere
domingo, 27 de junio de 2010
Estímulo o ajuste, el debate aparente
La diferencia de opiniones entre Sarcozy y Cristina Fernández en la reunión de Toronto del G-20 sobre las políticas más adecuadas para sortear la crisis (diferencia magnificada posteriormente ante la prensa por la presidenta argentina) refleja la doble estrategia que aparentemente chocan argumentalmente en estos días en el mundo: planes de estímulo de la actividad económica, o ajuste fiscal.
La realidad es más complicada que elegir “uno u otro camino”. Porque la verdad es que la crisis se presenta de diferentes formas en los distintos escenarios, y requiere soluciones diferentes.
En Estados Unidos el problema es la caída de actividad a raíz del pánico provocado por la caída del sistema financiero. Y USA es un país que tiene aún capacidad de endeudamiento sin provocar inflación, por tratarse de la principal potencia mundial y último lugar de reserva de los capitales de todo el planeta. Aún en el medio de su implosión –hace 12 meses- siguió recibiendo ahorros del resto del mundo en forma ininterrumpida. Ello le permitió, en consecuencia, destinar recursos para mantener la actividad económica por la forma en que lo decidieron sus cuerpos políticos, luego de una intensa discusión y acuerdo parlamentario.
No es inoportuno recordar que el paquete aprobado por el Congreso norteamericano fue el fruto de un acuerdo bipartidario, y que su discusión comenzó en el medio de una transición presidencial, iniciado por el presidente Bush y continuado por el presidente Obama. Tampoco lo es advertir que a pesar de la inmensa cantidad de recursos volcados al sistema, su índice de inflación no se ha movido. Es previsible que cuando ello comience a ocurrir, la Reserva Federal comience a retirar el dinero prestado aumentando la tasa de interés, y el gobierno comience su esfuerzo para recuperar el equilibrio fiscal.
En Europa, la situación es diferente. La caída de actividad fue producida por un excesivo endeudamiento público que no tuvo como respaldo la fuerte confianza que despierta en el mundo el país del norte sino, al contrario, provocó dudas en los inversores por la caída de su productividad promedio, resultado de la sobrevaluación resultante del Euro. No recibe ahorros del resto del mundo, sino que sufre la huida de sus ahorros. No tiene capacidad de mayor endeudamiento, porque no tiene quien le preste. Y aunque quiera impulsar la actividad con recursos fiscales, éstos no están disponibles ni existe una fuente casi ilimitada –en la coyuntura- de ellos, como sí tienen los Estados Unidos.
Europa no tiene otro camino que la austeridad fiscal, para nivelar sus cuentas y demostrar que puede pagar sus deudas, a fin de retener y atraer capitales, y recuperar capacidad de ahorro y de inversión. Económicamente, por su parte, su competitividad está atravesada con una situación diversa entre sus países miembros que dificulta una acción unificada. Si quisiera hacer lo que hace Estados Unidos, provocaría en su seno una presión inflacionaria inmediata, ya que debería deteriorar el valor de su moneda, y en el contexto europeo la inflación es inmediatamente relacionada con los traumas del siglo XX. Fue la hiperinflación alemana lo que provocó el surgimiento del nazismo, y el origen de la segunda guerra mundial. La unidad europea, y el propio Euro como unidad monetaria común, se enmarca en un proyecto político sustancialmente más importante que la crisis, al punto que la ruptura de la unidad europea tendría efectos sísmicos que trascenderían el viejo continente para afectar duramente a toda la economía mundial.
Esta doble realidad es lo que explica la aparente contradicción de Obama, que impulsa el paquete de ayuda en su economía, mientras presta respaldo a los enormes esfuerzos que están realizando los países europeos, sin diferencias de orígenes políticos, para poner en línea sus finanzas públicas y recuperar confianza, desde Rodríguez Zapatero a Cameron, desde Sarkozy a Merkel. O sea, socialdemócratas, conservadores, populares y demócratas cristianos.
Los países en desarrollo también tienen situaciones diferentes. Es muy distinta la situación de Brasil, excedentario en capitales y receptor de ahorros del resto del mundo –lo que lo acerca a Estados Unidos- pero con riesgos en su productividad ya que, al recibir tantos recursos externos se revalúa su moneda y ello puede golpear su índice inflacionario y su competitividad externa y acarrearle dificultades en su sector productivo. Esa circunstancia lleva a Brasil a mantener activas sus tasas de interés internas positivas, para prevenir ambos peligros.
La Argentina, por su parte, está siendo llevada hacia una crisis inflacionaria por la rudimentaria aplicación de políticas expansivas cuando no existen recursos genuinos para sostenerlas, ni capacidad de crédito, ni disposición inversora por la desaparición de la seguridad jurídica imprescindible para decidir inversiones de riesgo en el sector productivo. La política cambiaria, por su parte, al ser utilizada con fines antiinflacionarios, provoca el retraso del tipo de cambio y afecta la balanza comercial, tanto como la balanza de capitales. La primera, porque estimula las importaciones, que se hacen baratas. Y la segunda, porque estimula la fuga de divisas, ante la incertidumbre –fiscal, política, jurídica y económica- y la intuición de que el proceso terminará desembocando en una devaluación, como tantas veces ha ocurrido cuando se ha tomado un camino similar.
La economía es más sutil que distribuir papel pintado sin valor, creyendo que de esa forma se distribuye riqueza. En algún tiempo, más corto que largo, la Argentina puede encontrarse con los males de los dos escenarios. La inflación escapada de control puede disparar una crisis hiperinflacionaria, mientras la deuda pública se encontrará a niveles inmanejables y los sectores retrasados (jubilados, trabajadores informales, sindicatos más débiles, empleados públicos) pueden estar sufriendo un nivel de pobreza y carencias como las que vivieron en la crisis de cambio de siglo. Una nueva recesión sería, en este escenario, la desembocadura inexorable de mirar sólo una parte de la realidad y de creer, además, que puede interpretarse esa parte con lentes ideológicos.
El “contencioso” entre Sarkozy y Fernández de Kirchner debe leerse en consecuencia en clave de “puesta en escena” de la presidenta argentina que habla en el exterior hacia su público interno, al que mantiene adormecido en su comprensión de la crisis económica mediante la secuela narcotizante en el corto plazo del “efecto riqueza”, útil en términos políticos coyunturales pero muy peligroso en términos de sus consecuencias de mediano y largo plazo.
No es una discusión “ideológica”, ni mucho menos “intelectual”. Es, como la mayoría de los relatos kirchneristas, lo que le conviene decir hoy, que seguramente cambiará mañana, tal como cambió el endiosamiento de los “superávits gemelos” (¿recuerdan?), presentados, en su momento, como la piedra filosofal de la doctrina kirchnerista y hoy convertidos en recuerdos molestos de épocas gloriosas tan evanescentes como la prosperidad de utilería de estos días.
La situación argentina no es mala, pero va mal. Para ir bien debería asumir la realidad, evitar los riesgos inflacionarios, recrear la seguridad integral que entusiasme a emprendedores y empresarios, a inversores y ahorristas, y aprovechar el momento para vincularse con un mundo que está comenzando a expandirse en sus dos motores principales, Estados Unidos y China. Extremos que no están al alcance, lamentabemente, de una administración caracterizada por la falsificación de estadísticas, la endeblez del discurso, la fragilidad jurídica y la demonización de quienes no piensen como ellos.
Ricardo Lafferriere
La realidad es más complicada que elegir “uno u otro camino”. Porque la verdad es que la crisis se presenta de diferentes formas en los distintos escenarios, y requiere soluciones diferentes.
En Estados Unidos el problema es la caída de actividad a raíz del pánico provocado por la caída del sistema financiero. Y USA es un país que tiene aún capacidad de endeudamiento sin provocar inflación, por tratarse de la principal potencia mundial y último lugar de reserva de los capitales de todo el planeta. Aún en el medio de su implosión –hace 12 meses- siguió recibiendo ahorros del resto del mundo en forma ininterrumpida. Ello le permitió, en consecuencia, destinar recursos para mantener la actividad económica por la forma en que lo decidieron sus cuerpos políticos, luego de una intensa discusión y acuerdo parlamentario.
No es inoportuno recordar que el paquete aprobado por el Congreso norteamericano fue el fruto de un acuerdo bipartidario, y que su discusión comenzó en el medio de una transición presidencial, iniciado por el presidente Bush y continuado por el presidente Obama. Tampoco lo es advertir que a pesar de la inmensa cantidad de recursos volcados al sistema, su índice de inflación no se ha movido. Es previsible que cuando ello comience a ocurrir, la Reserva Federal comience a retirar el dinero prestado aumentando la tasa de interés, y el gobierno comience su esfuerzo para recuperar el equilibrio fiscal.
En Europa, la situación es diferente. La caída de actividad fue producida por un excesivo endeudamiento público que no tuvo como respaldo la fuerte confianza que despierta en el mundo el país del norte sino, al contrario, provocó dudas en los inversores por la caída de su productividad promedio, resultado de la sobrevaluación resultante del Euro. No recibe ahorros del resto del mundo, sino que sufre la huida de sus ahorros. No tiene capacidad de mayor endeudamiento, porque no tiene quien le preste. Y aunque quiera impulsar la actividad con recursos fiscales, éstos no están disponibles ni existe una fuente casi ilimitada –en la coyuntura- de ellos, como sí tienen los Estados Unidos.
Europa no tiene otro camino que la austeridad fiscal, para nivelar sus cuentas y demostrar que puede pagar sus deudas, a fin de retener y atraer capitales, y recuperar capacidad de ahorro y de inversión. Económicamente, por su parte, su competitividad está atravesada con una situación diversa entre sus países miembros que dificulta una acción unificada. Si quisiera hacer lo que hace Estados Unidos, provocaría en su seno una presión inflacionaria inmediata, ya que debería deteriorar el valor de su moneda, y en el contexto europeo la inflación es inmediatamente relacionada con los traumas del siglo XX. Fue la hiperinflación alemana lo que provocó el surgimiento del nazismo, y el origen de la segunda guerra mundial. La unidad europea, y el propio Euro como unidad monetaria común, se enmarca en un proyecto político sustancialmente más importante que la crisis, al punto que la ruptura de la unidad europea tendría efectos sísmicos que trascenderían el viejo continente para afectar duramente a toda la economía mundial.
Esta doble realidad es lo que explica la aparente contradicción de Obama, que impulsa el paquete de ayuda en su economía, mientras presta respaldo a los enormes esfuerzos que están realizando los países europeos, sin diferencias de orígenes políticos, para poner en línea sus finanzas públicas y recuperar confianza, desde Rodríguez Zapatero a Cameron, desde Sarkozy a Merkel. O sea, socialdemócratas, conservadores, populares y demócratas cristianos.
Los países en desarrollo también tienen situaciones diferentes. Es muy distinta la situación de Brasil, excedentario en capitales y receptor de ahorros del resto del mundo –lo que lo acerca a Estados Unidos- pero con riesgos en su productividad ya que, al recibir tantos recursos externos se revalúa su moneda y ello puede golpear su índice inflacionario y su competitividad externa y acarrearle dificultades en su sector productivo. Esa circunstancia lleva a Brasil a mantener activas sus tasas de interés internas positivas, para prevenir ambos peligros.
La Argentina, por su parte, está siendo llevada hacia una crisis inflacionaria por la rudimentaria aplicación de políticas expansivas cuando no existen recursos genuinos para sostenerlas, ni capacidad de crédito, ni disposición inversora por la desaparición de la seguridad jurídica imprescindible para decidir inversiones de riesgo en el sector productivo. La política cambiaria, por su parte, al ser utilizada con fines antiinflacionarios, provoca el retraso del tipo de cambio y afecta la balanza comercial, tanto como la balanza de capitales. La primera, porque estimula las importaciones, que se hacen baratas. Y la segunda, porque estimula la fuga de divisas, ante la incertidumbre –fiscal, política, jurídica y económica- y la intuición de que el proceso terminará desembocando en una devaluación, como tantas veces ha ocurrido cuando se ha tomado un camino similar.
La economía es más sutil que distribuir papel pintado sin valor, creyendo que de esa forma se distribuye riqueza. En algún tiempo, más corto que largo, la Argentina puede encontrarse con los males de los dos escenarios. La inflación escapada de control puede disparar una crisis hiperinflacionaria, mientras la deuda pública se encontrará a niveles inmanejables y los sectores retrasados (jubilados, trabajadores informales, sindicatos más débiles, empleados públicos) pueden estar sufriendo un nivel de pobreza y carencias como las que vivieron en la crisis de cambio de siglo. Una nueva recesión sería, en este escenario, la desembocadura inexorable de mirar sólo una parte de la realidad y de creer, además, que puede interpretarse esa parte con lentes ideológicos.
El “contencioso” entre Sarkozy y Fernández de Kirchner debe leerse en consecuencia en clave de “puesta en escena” de la presidenta argentina que habla en el exterior hacia su público interno, al que mantiene adormecido en su comprensión de la crisis económica mediante la secuela narcotizante en el corto plazo del “efecto riqueza”, útil en términos políticos coyunturales pero muy peligroso en términos de sus consecuencias de mediano y largo plazo.
No es una discusión “ideológica”, ni mucho menos “intelectual”. Es, como la mayoría de los relatos kirchneristas, lo que le conviene decir hoy, que seguramente cambiará mañana, tal como cambió el endiosamiento de los “superávits gemelos” (¿recuerdan?), presentados, en su momento, como la piedra filosofal de la doctrina kirchnerista y hoy convertidos en recuerdos molestos de épocas gloriosas tan evanescentes como la prosperidad de utilería de estos días.
La situación argentina no es mala, pero va mal. Para ir bien debería asumir la realidad, evitar los riesgos inflacionarios, recrear la seguridad integral que entusiasme a emprendedores y empresarios, a inversores y ahorristas, y aprovechar el momento para vincularse con un mundo que está comenzando a expandirse en sus dos motores principales, Estados Unidos y China. Extremos que no están al alcance, lamentabemente, de una administración caracterizada por la falsificación de estadísticas, la endeblez del discurso, la fragilidad jurídica y la demonización de quienes no piensen como ellos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 20 de junio de 2010
Buenos Aires, Laclau y el neo-populismo*
“Buenos Aires siempre fue la ciudad puerto del centro del cosmopolitismo antinacional”, sostiene este ex militante de izquierdas que, curiosamente, prefirió radicarse en Londres y enseñar en Oxford, convocado por Hoschbawn, lejos de las “podredumbres políticas” tan fáciles de criticar desde las cómodas poltronas londinenses, y de impregnaciones telúricas “nacionales y populares” a las que, sin embargo, les dedica reflexiones que proyectan el imaginario de los tiempos de su emigración, hace cuatro décadas.
En el pensamiento de izquierdas, hay quienes arriesgan a enfrentar el futuro, y quienes se aferran a los marcos conceptuales del pasado. Es la primera reflexión que surge al comparar los enfoques de los neo-marxistas Ulrich Beck y Zygmund Bauman, por un lado, con los de los también neo-marxistas Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, por el otro.
El marco conceptual de Laclau no agrega mucho a los enfoques nacional-populistas tradicionales, salvo la justificación más cruda y sin hipocresías de su indiferencia ante el estado de derecho, al que identifica como una simple “forma contrahegemónica de oposición a un gobierno popular”. La definición de “popular” que guarda para el gobierno no surge de otra base que de su discrecional caracterización, ya que al no hacer depender esa característica de la mayoría electoral, recurre a etiquetas propias del análisis de hace medio siglo entre “pueblo” y “antipueblo”, “Braden o Perón”, “Patria o colonia” o similares.
Sin embargo, el pensamiento más moderno y plural del neomarxismo no mira al pasado, sino al presente y el futuro. Toma debida nota del cambio de las fuerzas productivas hacia un nuevo escalón cualitativamente superior, apoyado en el desarrollo científico técnico, que han diseñado un paradigma social y productivo global entre cuyas notas diferenciadoras está la superación de los marcos nacionales como límites de análisis sociales –en el plano académico- y como sujeto histórico –en el plano político- y convoca a una reflexión creativa sobre las características de las nuevas formas de conviencia, instaladas en más del 90 % de la población del mundo, desde China a Estados Unidos, desde Brasil hasta Rusia, desde los países musulmanes hasta la Europa post-cristiana. Todos capitalistas, todos globalizados, todos imbricados, todos definiendo nuevos bordes e identidades que han superado en forma irreversible las pertenencias de las sociedades capitalistas nacionales.
Mientras el progresismo de futuro reflexiona y actúa para poner coto a los desbordes de las finanzas globalizadas y del capital liberado de los marcos nacionales, y para ello se esfuerza en articular sus políticas en un proceso que dista de ser lineal pero cuya tendencia es hacia la construcción de una política planetaria en conjunto con otras visiones político-ideológicas diferentes, el progresismo de pasado –que sólo por inercia puede ser calificado de tal, ya que en realidad al postular el imposible retroceso a formaciones históricas irrepetibles no tiene mucha diferencia con el romanticismo reaccionario, el nacionalismo oligárquico o el fundamentalismo religioso- se vuelve contra conquistas que la humanidad ha conseguido con siglos de lucha frente a las arbitrariedades del poder absoluto, la falta de límites a la discrecionalidad del Estado o del capital y la construcción de instituciones que contengan, canalicen y orienten las fuerzas vitales de la sociedad en una convivencia virtuosa.
El retro-progresismo (como ha dado en llamarse en la Argentina a esta visión nostálgica y esclerosada del pensamiento político) termina reviviendo el estalinismo. Lo reconoció hace poco la Diputada Conti, por televisión. No tiene otra salida: si la alienación presuntamente impuesta por una sociedad desigual no le permite a las personas tener claridad sobre su dominación, es necesario reemplazar la voluntad de esas personas alienadas por una autoelegida e iluminada camarilla esclarecida: tal el silogismo sobre el que se elabora conceptualmente el neopopulismo.
En otros tiempos, la propuesta fue la “dictadura del proletariado” a través de su partido, cuya conducción debía estar en manos de los intelectuales que detectaran los verdaderos intereses de ese proletariado y actuaran en su nombre implantando una dictadura cuya finalidad sería terminar con las alienaciones y construir un “hombre nuevo”. Los veinte millones de muertos que dejó el estalinismo fueron el resultado de esa visión, para la que la predicción de Marx sobre la evolución del capitalismo hacia el inexorable triunfo socialista debería “acelerarse” con un proceso revolucionario, en cuyo transcurso las libertades debían subordinarse a la construcción de un nuevo orden, aunque las mayorías no lo quisieran o aún contra su decisión expresa. Las personas dejaron de ser el fin último de la acción política y pasaron a ser subsumidas en “colectivos” frente a los cuales perdían sus derechos más elementales, en función de presuntos fines revolucionarios definidos por las élites.
Hoy, esa construcción intelectual desarrollada por Lenín (la dictadura proletaria) ha “evolucionado” hasta la justificación del indigenismo precolombino, el fundamentalismo islámico, el caudillismo unipersonal o de camarilla, la dictadura de partido único y el autoritarismo patrimonial-populista extrainstitucional vigente en la Argentina. Cualquiera de esas formas reniega expresa o tácitamente de la soberanía popular apoyada en la voluntad política de los ciudadanos a través del sufragio libre como única justificación del poder. Es esencialmente “anti-democrática” y premoderna. Hasta pre-colonial, lindando con las formaciones apoyadas en el puro poder propias de las sociedades primitivas.
La otra visión marxista, en su momento calificada despectivamente como “pequeñoburguesa” o “social-demócrata” creía en otro camino: la utilización de las conquistas democráticas para hacer cada vez más equitativa la convivencia, el funcionamiento de la economía, la construcción de servicios sociales en educación y salud y en fin, un sistema impositivo que retrotrajera para la sociedad gran parte de la injustificada “plusvalía” que el capital obtenía de la superexplotación del trabajo. Ese camino renegó de la “revolución” y sus gigantescos costos sociales e inciertos beneficios, para reemplazarlos por propuestas políticas de integración en el juego institucional, en el que la interacción entre los diversos actores determinaría los equilibrios –siempre inestables, pero posibles- que impulsarían la sociedad hacia formas más justas, en un marco de libertad.
Si para la primera visión el “capital” era el enemigo a destrozar, para el segundo era el otro protagonista con el que era necesario el juego dialéctico de rivalidad. Si para el primer programa el objetivo era socializar forzadamente el capital, para el segundo el objetivo era encauzarlo, limitarlo, pero a la vez potenciarlo a efectos de que su acumulación atravesada por normas –impositivas, laborales, salariales, societarias, ambientales, sancionadas por las instituciones políticas- fuera efectivamente el cimiento de riqueza de una sociedad más equitativa. Y sobre esta cosmovisión se edificaron las sociedades modernas, resultado de la compleja imbricación de la evolución capitalista con las demandas sociales y de la necesidad de acumulación con el bienestar de las mayorías en el marco de una sociedad libre, que respetara los derechos de las personas.
Si ese debate, mientras duró la Unión Soviética y el “socialismo real”, fue proficuo en conflictos académicos y mostraba un equilibrio dinámico entre beneficios y perjuicios de uno u otro camino, la implosión de la URSS y el bloque socialista a fines de la década del 80 mostró el rotundo fracaso de la visión estalinista, y por el contrario el éxito notable del segundo. Las sociedades conducidas con el primer enfoque mostraron al exhibirse libremente retrasos tecnológicos, ambientales, económicos, militares y éticos que contrastaban con el éxito indiscutible de los socialismos democráticos exhibidos por las sociedades europeas occidentales, aún en aquellas gobernadas por partidos políticos alejados del marxismo pero que habían debido articular soluciones para los problemas de la equidad en un debate abierto y constante con las fuerzas socialistas. Y también la superioridad de las propias sociedades capitalistas democráticas.
En el fondo de este cambio estaba –como lo predijo Marx- la evolución de las fuerzas productivas impulsadas por el cambio tecnológico, esta vez saltando los cercos nacionales hacia la construcción de un sistema productivo global. El capital se desvinculó de su base territorial, y con este salto, irreversible porque estaba apoyado en el desarrollo científico técnico, por definición irreversible en cuanto acumulativo, mandó al museo a todas las construcciones teóricas sobre la política dentro de los Estados. Y la lucha por el disciplinamiento del capital comenzó a tener perfiles globales, con actores diversos, tantos como intereses motivadores expresaran las personas en todo el planeta a través de “causas” de gran diversidad –derechos humanos, ambientalistas, defensoras de especies en peligro, igualdad de género, etc. etc. etc-
Las identidades también perdieron sus antiguos bordes, reemplazados por una multiplicidad de identidades difusas que atraviesan culturalmente a cada ser humano en forma diferente. “Sociedad líquida”, dice Bauman. “Cosmopolitismo banal”, afirma Beck. Una superposición de intereses redefinió las “nacionalidades”, las “pertenencias de clase”, las “superestructuras culturales”, las “cuestiones nacionales”. Todos estos conceptos sociológicos y políticos de la modernidad deben ahora ser enfocados desde la perspectiva de la segunda modernidad, la del nuevo estadio de desarrollo del mundo, que ha impregnado ya el funcionamiento, como está dicho, de prácticamente la totalidad de la sociedad humana. Sólo quedan al margen pocos países “museo” como Cuba o Corea del Norte, algunos dominados por los nuevos piratas como Somalia, Chad, Costa de Marfil u otros, y los “autoexcluidos” que pretenden retrotraer la historia, no tomados seriamente en cuenta por nadie que realmente cuente en el mundo, como el “socialismo bolivariano”, el “indigenismo”.... o el retro-progresismo.
Leerlo a Laclau interpretando al movimiento de rebelión de 2008 con los cartabones interpretativos de la “oligarquía vacuna”, calificando a los chacareros liderados por De Angelis como “bandas semifascistas” o mirando el conflicto con las anteojeras de las declaraciones de Faustino Fano de hace cincuenta años muestra esa interpretación, ignorante del actual país real y cuya síntesis es recrear obsesivamente el pasado, de la misma forma que insistir para interpretar el presente en el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en el país histórico, en un análisis también sesgado y por lo tanto, anticientífico, como si en la historia de las Fuerzas Armadas hubiera existido una constante antinacional permanente que ignora su rol en la independencia, la ocupación del territorio, la defensa de las fronteras, el desarrollo del petróleo y del acero y el desarrollo científico y técnico que protagonizaron en diversos períodos. Si las posiciones y declaraciones del pasado fueran transpolables a la actualidad descontextualizadas, sería interesante conocer la reflexión de Laclau sobre las declaraciones y actitudes laudatorias de Kirchner en tiempos menemistas, su admiración por Cavallo en tiempos de la convertibilidad, o su amistad con los jefes militares patagónicos en tiempos del proceso...
No existe en Laclau una toma de conciencia de la realidad económica y tecnológica del mundo actual, ni del creciente protagonismo ciudadano en la construcción dialéctica de una especie de “ciudadanía global”, ni de la agenda de la segunda modernidad cada vez más incorporada a la reflexión de las personas de todo el mundo. Leerlo deja la sensación de que el futuro le aterra, no por sus posibilidades sino porque le presenta un escenario ubicado fuera de su capacidad de entendimiento, y frente a ese terror profundiza la proyección conceptual del análisis del pasado otorgándole una vigencia que hace tiempo ya no tiene. Omite la realidad global y sólo habla del Estado y la sociedad nacional, pero no los actuales sino los de hace décadas, que ya no existen. Y de esta forma, recrea una caricatura de la vieja dictadura proletaria, el “neo-populismo”, con el que justifica las negaciones institucionales con el argumento de que las instituciones obstaculizan el “poder popular”. Poder popular que también es una creación voluntarista, porque se refiere a una construcción intelectual (el “pueblo”) que no existe con las características que le otorga en su análisis, pero desconoce la existencia concreta y tangible de una realidad que no responde a ninguna creación intelectual: las personas reales, crecientemente cosmopolitizadas en sus consumos, sus creencias, sus razonamientos, sus marcos conceptuales y hasta sus valores.
Como este análisis no es políticamente neutro, aunque se explicite desde la academia, es imprescindible incluir en su crítica las consecuencias políticas. El llamado a la polarización y el enfrentamiento, la burla sobre la creciente “crispación”, la insistente calificación de “progresistas” de medidas de esencia regresivas como la apropiación de los fondos previsionales para la construcción de clientelismo y el beneficio de los grupos empresarios amigos del poder y de la propia pareja presidencial, la estatización deficitaria de la línea aérea que dilapida –nuevamente- recursos previsionales en beneficio de la clase alta que vuela, de las mafias sindicales y de los proveedores privilegiados, son evidencia de una ligereza en el análisis de la situación nacional que define primero el objetivo y después busca los fundamentos sesgados de justificación, conducta ciertamente anticientífica. Pero insistir en que es necesario “que la gente perciba que la sociedad está dividida en dos campos” –inexplicable simplificación, cuando es realizada desde la academia, para referirse a una colectividad tan compleja y multifacética- es también escasamente responsable, en una sociedad con la historia y la experiencia de la argentina, conociendo las consecuencias sangrientas que han tenido en el pasado reciente esas polarizaciones y crispaciones.
La mezcla, en este sentido, del prestigio académico y de la picardía política, le resta al análisis autoridad científica y lo ubica en el campo más pedestre de la lucha por el poder que, en nuestro país, ha retrocedido a las ancestrales pugnas patrimonialistas. El crecimiento sin límites del patrimonio de la pareja presidencial durante su gestión de gobierno, así como de los funcionarios emblemáticos y de las empresas vinculadas al poder, es la mejor demostración de esta afirmación.
En fin. Decía al comienzo el abismo que notaba en las diferentes visiones académicas de la izquierda para analizar la situación del mundo. La de Laclau no se atreve a soltar amarras, y en esa obsesión saca a superficie lo peor del pasado “socialista”, hoy caricaturizado en el neopopulismo y el retroprogresismo cuya consecuencia es volver a las tolderías. Por el contrario, en el otro extremo, lúcidos pensadores que se resisten a abandonar las enormes contribuciones que el pensamiento de izquierda hizo a la interpretación del mundo estudian y proponen nuevos caminos, asentados en la realidad existente y en la que se avizora. Sin renunciar a sus valores pero tampoco a la posibilidad de luchar por ellos en el nuevo paradigma, profundizan las propuestas democráticas hasta el nivel global. No demonizan a sus adversarios, con los que en todo caso tratan de definir nuevos puntos de reflexión llegando, como en el caso de Beck, a reconocer la potencialidad de “un nuevo comienzo” en el que los viejos rivales no necesariamente lo serán de cara a los problemas actuales.
Los nuevos temas de debate son los ya instalados: el desbalance financiero, el calentamiento global, el agotamiento del petróleo como fuente energética predominante por su perjudicial incidencia en el ambiente, el diseño de nuevas formas de ingresos como el ingreso universal o el trabajo social remunerado como respuesta a la desaparición paulatina del trabajo estable consecuencia del desarrollo tecnológico, la violencia cotidiana instalada como acompañante permanente, las redes de delincuencia global, el terrorismo fundamentalista, la necesidad de nuevas herramientas para contener los efectos desbordantes del capital ante la ausencia de un poder estatal planetario, los problemas de igualdad de género, las migraciones cada vez mayores con sus efectos en las sociedades emisoras y receptoras, las nuevas pandemias, en síntesis, la elaboración conceptual de un cosmopolitismo consciente que asuma la inexorabilidad del nuevo escalón de las fuerzas productivas y diseñe políticas eficaces para orientarlas y contrarrestar los problemas que se generen a raíz de su –saludable- desarrollo.
Porque –y es importante recordarlo- es a raíz de ese salto productivo global que han salido de la pobreza extrema en las últimas décadas miles de millones de personas en el mundo en la China, en India, en el sudeste asiático, en Brasil, en la propia Rusia; que han incrementado sus expectativas de vida, que se han acercado a los beneficios de bienes básicos, que han conseguido por primera vez en su vida un empleo salarial superando el umbral embrutecedor de su atrasada y miserable vida campesina de formas ancestrales, que por primera vez aparecen en su horizonte beneficios sociales y previsionales. Y que están asomándose a una lucha que el mundo occidental protagonizó en los últimos cuatrocientos años para ampliar sus espacios de libertad individual, para tener derechos, para poder dejar a sus hijos una situación mejor que la que recibieron.
Muchos otros luchan para ingresar en ese mundo y por liberarse de los análisis tipo Laclau, cuyo horizonte pueden ver en las sociedades modélicas del retroprogresismo que aún subsisten pero que difícilmente atraigan para vivir en ellas a intelectuales que, desde Oxford, proclaman que todo tiempo pasado fue mejor e intentan volver la historia atrás, dando soporte intelectual y vistiendo argumentalmente a políticos inescrupulosos que utizarán sus ideas mientras les sirvan en cada coyuntura, pero que cambiarán de discurso cuando otro –así sea el opuesto- le sirva para su objetivo crudamente patrimonialista.
La opción a la construcción del futuro global democrático, plural y abierto son los linchamientos populares institucionalizados por la nueva Constitución de Bolivia, el cierre de medios de prensa independiente en Venezuela, la esclerosis deshumanizada de Corea del Norte, el desarrollo de armamentos nucleares del Irán de los Ayatollash que masacra estudiantes, las circuncisiones de clítoris de las mujeres en el Islam fundamentalista, las cárceles cubanas en las que se destroza la condición humana de personas que no piensan como lo dispone el poder. No es con esos horizontes que nuestro país definió, en palabras de San Martín al proclamar la independencia del Perú, que la causa de nuestra revolución, esa que dio origen al país que tenemos, era “la causa del género humano”, de señera vocación cosmopolita e igualitaria.
Al contrario de la afirmación de Laclau, Buenos Aires es lo mejor que hemos podido construir los argentinos y expresa todas las contradicciones de nuestra búsqueda bicentenaria aún inconclusa. Logros excelsos en las ciencias y en las artes, frente a compatriotas durmiendo en los zaguanes. Lugar por excelencia del debate político y espacio a la vez de las intransigencias más duras, hasta sangrientas. Ejemplos de solidaridad ejemplares, frente a egoísmos cargados de cinismo. Puerto de ingreso de personas que llegaron a un país-aldea y lo convirtieron en el asombro del mundo, y puerto de egreso de millones de valientes que salieron a buscar horizontes mejores en un mundo al que no temieron, porque aprendieron en Buenos Aires a no temer a nada. Ámbito de intelectuales de diversos lugares del mundo que encontraron cobijo en nuestras Universidades, donde trajeron su visión universal y cosmopolita, y cuna de intelectuales que se fueron al mundo a llevar su visión telúrica, lejos de su patria. En todo caso, el desafío sigue siendo potenciar los buenos valores de convivencia, y limitar hasta erradicar los negativos, las intransigencias, la deshumanización de los adversarios, la indiferencia hacia el que sufre.
En un mundo que se está edificando alrededor de las ciudades protagonistas –Hong Kong, Shangai, Tokyo, San Fracisco, Nueva York, San Pablo- Buenos Aires es nuestro chance, nuestra “interfase” más directa con el futuro. Agradezcamos que es cosmopolita, que recibe y procesa todo lo que viene, que acunó hace doscientos años la audaz revolución sin la cuál no tendríamos país. Es nuestra única ciudad universal. Como nuestra mejor creación colectiva, un insulto a Buenos Aires es un insulto a los argentinos, que curiosamente en otro aniversario “redondo” –hace 130 años- nos apropiamos de ella, quitándole su exclusividad a los porteños y haciéndola capital de todos.
Buenos Aires –con su maravilloso colorido de derechas, centros e izquierdas conviviendo en la diversidad- es la reserva de la vocación democrática de los argentinos frente a las deformaciones coloniales y autoritarias del neo-populismo.
Agradezcamos que así sea.
Ricardo Lafferriere
*Reflexión crítica sobre las declaraciones de Ernesto Laclau en el sitio “ZOOM”, con el título “Hay que poner las cosas blanco sobre negro”, en reportaje realizado por Juan Salinas. http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3130.html
En el pensamiento de izquierdas, hay quienes arriesgan a enfrentar el futuro, y quienes se aferran a los marcos conceptuales del pasado. Es la primera reflexión que surge al comparar los enfoques de los neo-marxistas Ulrich Beck y Zygmund Bauman, por un lado, con los de los también neo-marxistas Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, por el otro.
El marco conceptual de Laclau no agrega mucho a los enfoques nacional-populistas tradicionales, salvo la justificación más cruda y sin hipocresías de su indiferencia ante el estado de derecho, al que identifica como una simple “forma contrahegemónica de oposición a un gobierno popular”. La definición de “popular” que guarda para el gobierno no surge de otra base que de su discrecional caracterización, ya que al no hacer depender esa característica de la mayoría electoral, recurre a etiquetas propias del análisis de hace medio siglo entre “pueblo” y “antipueblo”, “Braden o Perón”, “Patria o colonia” o similares.
Sin embargo, el pensamiento más moderno y plural del neomarxismo no mira al pasado, sino al presente y el futuro. Toma debida nota del cambio de las fuerzas productivas hacia un nuevo escalón cualitativamente superior, apoyado en el desarrollo científico técnico, que han diseñado un paradigma social y productivo global entre cuyas notas diferenciadoras está la superación de los marcos nacionales como límites de análisis sociales –en el plano académico- y como sujeto histórico –en el plano político- y convoca a una reflexión creativa sobre las características de las nuevas formas de conviencia, instaladas en más del 90 % de la población del mundo, desde China a Estados Unidos, desde Brasil hasta Rusia, desde los países musulmanes hasta la Europa post-cristiana. Todos capitalistas, todos globalizados, todos imbricados, todos definiendo nuevos bordes e identidades que han superado en forma irreversible las pertenencias de las sociedades capitalistas nacionales.
Mientras el progresismo de futuro reflexiona y actúa para poner coto a los desbordes de las finanzas globalizadas y del capital liberado de los marcos nacionales, y para ello se esfuerza en articular sus políticas en un proceso que dista de ser lineal pero cuya tendencia es hacia la construcción de una política planetaria en conjunto con otras visiones político-ideológicas diferentes, el progresismo de pasado –que sólo por inercia puede ser calificado de tal, ya que en realidad al postular el imposible retroceso a formaciones históricas irrepetibles no tiene mucha diferencia con el romanticismo reaccionario, el nacionalismo oligárquico o el fundamentalismo religioso- se vuelve contra conquistas que la humanidad ha conseguido con siglos de lucha frente a las arbitrariedades del poder absoluto, la falta de límites a la discrecionalidad del Estado o del capital y la construcción de instituciones que contengan, canalicen y orienten las fuerzas vitales de la sociedad en una convivencia virtuosa.
El retro-progresismo (como ha dado en llamarse en la Argentina a esta visión nostálgica y esclerosada del pensamiento político) termina reviviendo el estalinismo. Lo reconoció hace poco la Diputada Conti, por televisión. No tiene otra salida: si la alienación presuntamente impuesta por una sociedad desigual no le permite a las personas tener claridad sobre su dominación, es necesario reemplazar la voluntad de esas personas alienadas por una autoelegida e iluminada camarilla esclarecida: tal el silogismo sobre el que se elabora conceptualmente el neopopulismo.
En otros tiempos, la propuesta fue la “dictadura del proletariado” a través de su partido, cuya conducción debía estar en manos de los intelectuales que detectaran los verdaderos intereses de ese proletariado y actuaran en su nombre implantando una dictadura cuya finalidad sería terminar con las alienaciones y construir un “hombre nuevo”. Los veinte millones de muertos que dejó el estalinismo fueron el resultado de esa visión, para la que la predicción de Marx sobre la evolución del capitalismo hacia el inexorable triunfo socialista debería “acelerarse” con un proceso revolucionario, en cuyo transcurso las libertades debían subordinarse a la construcción de un nuevo orden, aunque las mayorías no lo quisieran o aún contra su decisión expresa. Las personas dejaron de ser el fin último de la acción política y pasaron a ser subsumidas en “colectivos” frente a los cuales perdían sus derechos más elementales, en función de presuntos fines revolucionarios definidos por las élites.
Hoy, esa construcción intelectual desarrollada por Lenín (la dictadura proletaria) ha “evolucionado” hasta la justificación del indigenismo precolombino, el fundamentalismo islámico, el caudillismo unipersonal o de camarilla, la dictadura de partido único y el autoritarismo patrimonial-populista extrainstitucional vigente en la Argentina. Cualquiera de esas formas reniega expresa o tácitamente de la soberanía popular apoyada en la voluntad política de los ciudadanos a través del sufragio libre como única justificación del poder. Es esencialmente “anti-democrática” y premoderna. Hasta pre-colonial, lindando con las formaciones apoyadas en el puro poder propias de las sociedades primitivas.
La otra visión marxista, en su momento calificada despectivamente como “pequeñoburguesa” o “social-demócrata” creía en otro camino: la utilización de las conquistas democráticas para hacer cada vez más equitativa la convivencia, el funcionamiento de la economía, la construcción de servicios sociales en educación y salud y en fin, un sistema impositivo que retrotrajera para la sociedad gran parte de la injustificada “plusvalía” que el capital obtenía de la superexplotación del trabajo. Ese camino renegó de la “revolución” y sus gigantescos costos sociales e inciertos beneficios, para reemplazarlos por propuestas políticas de integración en el juego institucional, en el que la interacción entre los diversos actores determinaría los equilibrios –siempre inestables, pero posibles- que impulsarían la sociedad hacia formas más justas, en un marco de libertad.
Si para la primera visión el “capital” era el enemigo a destrozar, para el segundo era el otro protagonista con el que era necesario el juego dialéctico de rivalidad. Si para el primer programa el objetivo era socializar forzadamente el capital, para el segundo el objetivo era encauzarlo, limitarlo, pero a la vez potenciarlo a efectos de que su acumulación atravesada por normas –impositivas, laborales, salariales, societarias, ambientales, sancionadas por las instituciones políticas- fuera efectivamente el cimiento de riqueza de una sociedad más equitativa. Y sobre esta cosmovisión se edificaron las sociedades modernas, resultado de la compleja imbricación de la evolución capitalista con las demandas sociales y de la necesidad de acumulación con el bienestar de las mayorías en el marco de una sociedad libre, que respetara los derechos de las personas.
Si ese debate, mientras duró la Unión Soviética y el “socialismo real”, fue proficuo en conflictos académicos y mostraba un equilibrio dinámico entre beneficios y perjuicios de uno u otro camino, la implosión de la URSS y el bloque socialista a fines de la década del 80 mostró el rotundo fracaso de la visión estalinista, y por el contrario el éxito notable del segundo. Las sociedades conducidas con el primer enfoque mostraron al exhibirse libremente retrasos tecnológicos, ambientales, económicos, militares y éticos que contrastaban con el éxito indiscutible de los socialismos democráticos exhibidos por las sociedades europeas occidentales, aún en aquellas gobernadas por partidos políticos alejados del marxismo pero que habían debido articular soluciones para los problemas de la equidad en un debate abierto y constante con las fuerzas socialistas. Y también la superioridad de las propias sociedades capitalistas democráticas.
En el fondo de este cambio estaba –como lo predijo Marx- la evolución de las fuerzas productivas impulsadas por el cambio tecnológico, esta vez saltando los cercos nacionales hacia la construcción de un sistema productivo global. El capital se desvinculó de su base territorial, y con este salto, irreversible porque estaba apoyado en el desarrollo científico técnico, por definición irreversible en cuanto acumulativo, mandó al museo a todas las construcciones teóricas sobre la política dentro de los Estados. Y la lucha por el disciplinamiento del capital comenzó a tener perfiles globales, con actores diversos, tantos como intereses motivadores expresaran las personas en todo el planeta a través de “causas” de gran diversidad –derechos humanos, ambientalistas, defensoras de especies en peligro, igualdad de género, etc. etc. etc-
Las identidades también perdieron sus antiguos bordes, reemplazados por una multiplicidad de identidades difusas que atraviesan culturalmente a cada ser humano en forma diferente. “Sociedad líquida”, dice Bauman. “Cosmopolitismo banal”, afirma Beck. Una superposición de intereses redefinió las “nacionalidades”, las “pertenencias de clase”, las “superestructuras culturales”, las “cuestiones nacionales”. Todos estos conceptos sociológicos y políticos de la modernidad deben ahora ser enfocados desde la perspectiva de la segunda modernidad, la del nuevo estadio de desarrollo del mundo, que ha impregnado ya el funcionamiento, como está dicho, de prácticamente la totalidad de la sociedad humana. Sólo quedan al margen pocos países “museo” como Cuba o Corea del Norte, algunos dominados por los nuevos piratas como Somalia, Chad, Costa de Marfil u otros, y los “autoexcluidos” que pretenden retrotraer la historia, no tomados seriamente en cuenta por nadie que realmente cuente en el mundo, como el “socialismo bolivariano”, el “indigenismo”.... o el retro-progresismo.
Leerlo a Laclau interpretando al movimiento de rebelión de 2008 con los cartabones interpretativos de la “oligarquía vacuna”, calificando a los chacareros liderados por De Angelis como “bandas semifascistas” o mirando el conflicto con las anteojeras de las declaraciones de Faustino Fano de hace cincuenta años muestra esa interpretación, ignorante del actual país real y cuya síntesis es recrear obsesivamente el pasado, de la misma forma que insistir para interpretar el presente en el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en el país histórico, en un análisis también sesgado y por lo tanto, anticientífico, como si en la historia de las Fuerzas Armadas hubiera existido una constante antinacional permanente que ignora su rol en la independencia, la ocupación del territorio, la defensa de las fronteras, el desarrollo del petróleo y del acero y el desarrollo científico y técnico que protagonizaron en diversos períodos. Si las posiciones y declaraciones del pasado fueran transpolables a la actualidad descontextualizadas, sería interesante conocer la reflexión de Laclau sobre las declaraciones y actitudes laudatorias de Kirchner en tiempos menemistas, su admiración por Cavallo en tiempos de la convertibilidad, o su amistad con los jefes militares patagónicos en tiempos del proceso...
No existe en Laclau una toma de conciencia de la realidad económica y tecnológica del mundo actual, ni del creciente protagonismo ciudadano en la construcción dialéctica de una especie de “ciudadanía global”, ni de la agenda de la segunda modernidad cada vez más incorporada a la reflexión de las personas de todo el mundo. Leerlo deja la sensación de que el futuro le aterra, no por sus posibilidades sino porque le presenta un escenario ubicado fuera de su capacidad de entendimiento, y frente a ese terror profundiza la proyección conceptual del análisis del pasado otorgándole una vigencia que hace tiempo ya no tiene. Omite la realidad global y sólo habla del Estado y la sociedad nacional, pero no los actuales sino los de hace décadas, que ya no existen. Y de esta forma, recrea una caricatura de la vieja dictadura proletaria, el “neo-populismo”, con el que justifica las negaciones institucionales con el argumento de que las instituciones obstaculizan el “poder popular”. Poder popular que también es una creación voluntarista, porque se refiere a una construcción intelectual (el “pueblo”) que no existe con las características que le otorga en su análisis, pero desconoce la existencia concreta y tangible de una realidad que no responde a ninguna creación intelectual: las personas reales, crecientemente cosmopolitizadas en sus consumos, sus creencias, sus razonamientos, sus marcos conceptuales y hasta sus valores.
Como este análisis no es políticamente neutro, aunque se explicite desde la academia, es imprescindible incluir en su crítica las consecuencias políticas. El llamado a la polarización y el enfrentamiento, la burla sobre la creciente “crispación”, la insistente calificación de “progresistas” de medidas de esencia regresivas como la apropiación de los fondos previsionales para la construcción de clientelismo y el beneficio de los grupos empresarios amigos del poder y de la propia pareja presidencial, la estatización deficitaria de la línea aérea que dilapida –nuevamente- recursos previsionales en beneficio de la clase alta que vuela, de las mafias sindicales y de los proveedores privilegiados, son evidencia de una ligereza en el análisis de la situación nacional que define primero el objetivo y después busca los fundamentos sesgados de justificación, conducta ciertamente anticientífica. Pero insistir en que es necesario “que la gente perciba que la sociedad está dividida en dos campos” –inexplicable simplificación, cuando es realizada desde la academia, para referirse a una colectividad tan compleja y multifacética- es también escasamente responsable, en una sociedad con la historia y la experiencia de la argentina, conociendo las consecuencias sangrientas que han tenido en el pasado reciente esas polarizaciones y crispaciones.
La mezcla, en este sentido, del prestigio académico y de la picardía política, le resta al análisis autoridad científica y lo ubica en el campo más pedestre de la lucha por el poder que, en nuestro país, ha retrocedido a las ancestrales pugnas patrimonialistas. El crecimiento sin límites del patrimonio de la pareja presidencial durante su gestión de gobierno, así como de los funcionarios emblemáticos y de las empresas vinculadas al poder, es la mejor demostración de esta afirmación.
En fin. Decía al comienzo el abismo que notaba en las diferentes visiones académicas de la izquierda para analizar la situación del mundo. La de Laclau no se atreve a soltar amarras, y en esa obsesión saca a superficie lo peor del pasado “socialista”, hoy caricaturizado en el neopopulismo y el retroprogresismo cuya consecuencia es volver a las tolderías. Por el contrario, en el otro extremo, lúcidos pensadores que se resisten a abandonar las enormes contribuciones que el pensamiento de izquierda hizo a la interpretación del mundo estudian y proponen nuevos caminos, asentados en la realidad existente y en la que se avizora. Sin renunciar a sus valores pero tampoco a la posibilidad de luchar por ellos en el nuevo paradigma, profundizan las propuestas democráticas hasta el nivel global. No demonizan a sus adversarios, con los que en todo caso tratan de definir nuevos puntos de reflexión llegando, como en el caso de Beck, a reconocer la potencialidad de “un nuevo comienzo” en el que los viejos rivales no necesariamente lo serán de cara a los problemas actuales.
Los nuevos temas de debate son los ya instalados: el desbalance financiero, el calentamiento global, el agotamiento del petróleo como fuente energética predominante por su perjudicial incidencia en el ambiente, el diseño de nuevas formas de ingresos como el ingreso universal o el trabajo social remunerado como respuesta a la desaparición paulatina del trabajo estable consecuencia del desarrollo tecnológico, la violencia cotidiana instalada como acompañante permanente, las redes de delincuencia global, el terrorismo fundamentalista, la necesidad de nuevas herramientas para contener los efectos desbordantes del capital ante la ausencia de un poder estatal planetario, los problemas de igualdad de género, las migraciones cada vez mayores con sus efectos en las sociedades emisoras y receptoras, las nuevas pandemias, en síntesis, la elaboración conceptual de un cosmopolitismo consciente que asuma la inexorabilidad del nuevo escalón de las fuerzas productivas y diseñe políticas eficaces para orientarlas y contrarrestar los problemas que se generen a raíz de su –saludable- desarrollo.
Porque –y es importante recordarlo- es a raíz de ese salto productivo global que han salido de la pobreza extrema en las últimas décadas miles de millones de personas en el mundo en la China, en India, en el sudeste asiático, en Brasil, en la propia Rusia; que han incrementado sus expectativas de vida, que se han acercado a los beneficios de bienes básicos, que han conseguido por primera vez en su vida un empleo salarial superando el umbral embrutecedor de su atrasada y miserable vida campesina de formas ancestrales, que por primera vez aparecen en su horizonte beneficios sociales y previsionales. Y que están asomándose a una lucha que el mundo occidental protagonizó en los últimos cuatrocientos años para ampliar sus espacios de libertad individual, para tener derechos, para poder dejar a sus hijos una situación mejor que la que recibieron.
Muchos otros luchan para ingresar en ese mundo y por liberarse de los análisis tipo Laclau, cuyo horizonte pueden ver en las sociedades modélicas del retroprogresismo que aún subsisten pero que difícilmente atraigan para vivir en ellas a intelectuales que, desde Oxford, proclaman que todo tiempo pasado fue mejor e intentan volver la historia atrás, dando soporte intelectual y vistiendo argumentalmente a políticos inescrupulosos que utizarán sus ideas mientras les sirvan en cada coyuntura, pero que cambiarán de discurso cuando otro –así sea el opuesto- le sirva para su objetivo crudamente patrimonialista.
La opción a la construcción del futuro global democrático, plural y abierto son los linchamientos populares institucionalizados por la nueva Constitución de Bolivia, el cierre de medios de prensa independiente en Venezuela, la esclerosis deshumanizada de Corea del Norte, el desarrollo de armamentos nucleares del Irán de los Ayatollash que masacra estudiantes, las circuncisiones de clítoris de las mujeres en el Islam fundamentalista, las cárceles cubanas en las que se destroza la condición humana de personas que no piensan como lo dispone el poder. No es con esos horizontes que nuestro país definió, en palabras de San Martín al proclamar la independencia del Perú, que la causa de nuestra revolución, esa que dio origen al país que tenemos, era “la causa del género humano”, de señera vocación cosmopolita e igualitaria.
Al contrario de la afirmación de Laclau, Buenos Aires es lo mejor que hemos podido construir los argentinos y expresa todas las contradicciones de nuestra búsqueda bicentenaria aún inconclusa. Logros excelsos en las ciencias y en las artes, frente a compatriotas durmiendo en los zaguanes. Lugar por excelencia del debate político y espacio a la vez de las intransigencias más duras, hasta sangrientas. Ejemplos de solidaridad ejemplares, frente a egoísmos cargados de cinismo. Puerto de ingreso de personas que llegaron a un país-aldea y lo convirtieron en el asombro del mundo, y puerto de egreso de millones de valientes que salieron a buscar horizontes mejores en un mundo al que no temieron, porque aprendieron en Buenos Aires a no temer a nada. Ámbito de intelectuales de diversos lugares del mundo que encontraron cobijo en nuestras Universidades, donde trajeron su visión universal y cosmopolita, y cuna de intelectuales que se fueron al mundo a llevar su visión telúrica, lejos de su patria. En todo caso, el desafío sigue siendo potenciar los buenos valores de convivencia, y limitar hasta erradicar los negativos, las intransigencias, la deshumanización de los adversarios, la indiferencia hacia el que sufre.
En un mundo que se está edificando alrededor de las ciudades protagonistas –Hong Kong, Shangai, Tokyo, San Fracisco, Nueva York, San Pablo- Buenos Aires es nuestro chance, nuestra “interfase” más directa con el futuro. Agradezcamos que es cosmopolita, que recibe y procesa todo lo que viene, que acunó hace doscientos años la audaz revolución sin la cuál no tendríamos país. Es nuestra única ciudad universal. Como nuestra mejor creación colectiva, un insulto a Buenos Aires es un insulto a los argentinos, que curiosamente en otro aniversario “redondo” –hace 130 años- nos apropiamos de ella, quitándole su exclusividad a los porteños y haciéndola capital de todos.
Buenos Aires –con su maravilloso colorido de derechas, centros e izquierdas conviviendo en la diversidad- es la reserva de la vocación democrática de los argentinos frente a las deformaciones coloniales y autoritarias del neo-populismo.
Agradezcamos que así sea.
Ricardo Lafferriere
*Reflexión crítica sobre las declaraciones de Ernesto Laclau en el sitio “ZOOM”, con el título “Hay que poner las cosas blanco sobre negro”, en reportaje realizado por Juan Salinas. http://www.revista-zoom.com.ar/articulo3130.html
miércoles, 16 de junio de 2010
La ANSES, el gobierno, los jubilados y los argentinos
Informaciones que cobraron estado público este fin de semana indican que el ANSES habría dejado de contar ya con superavit operativo, y estaría destinando a gastos decididos por el gobierno fondos de su capital de reserva.
El secreto con que son manejados estos fondos impide verificar las informaciones, pero las colocaciones de titulos públicos que ha realizado la Secretaría de Hacienda en el organismo sólo durante lo que va del corriente año 2010 ascienden a Cuatro mil Setecientos ochenta y nueve millones de pesos ($ 4789).
Las autoridades de la ANSES, por su parte, interrogadas al respecto en la Comisión de la Cámara de Diputados, expresaron que los fondos previsionales se habían acrecentado desde que están administrados por la gestión oficial. Lo que no aclararon debidamente es que ese incremento contabiliza como fondos reales los títulos de deuda que ha recibido de la Secretaría de Hacienda como contrapartida a su asistencia financiera al gobierno nacional.
Y eso es una burla.
Decir que el capital está porque se cuenta con papeles sin valor que les ha entregado a cambio el fisco, es la misma broma de mal gusto de las autoridades del Banco Central, cuando contabilizan como “reservas” los títulos públicos que les ha dado también el gobierno por la transferencia de recursos que le ha realizado al Estado. La Secretaría de Finanzas informó que sólo en el 2010 emitió ya deuda por Diecisiete mil novecientos diez millones de pesos ($ 17.910 millones), colocadas todos en entes estatales.
El jubileo es total. Y el daño es doble.
Por un lado, el efecto “droga”que va adormeciendo en un sopor de felicidad a millones de argentinos. Se inunda el mercado de papel pintado, que da la sensación en el corto plazo que la economía anda a pleno. Se reciben recursos fáciles y muchos prefieren ni siquiera enterarse de dónde salen. Y la mentalidad inflacionaria se va instalando nuevamente, en una cultura popular con clara tendencia al individualismo en la que cada persona siente que podrá ganarle a la inflación con compras a plazos, con endeudamiento bancario, con adelanto de consumos, con compra de divisas, con aumentos salariales conseguidos por la presión sindical por encima de la inflación pasada y apuntando a la imaginada inflación prevista, o con cualquier otra maniobra que le permita la ilusión de estar a salvo. Como con la experiencia argentina todos han aprendido algo, desempolvan recuerdos y vuelven a la lucha, olvidando a dónde nos condujo empezar con “un poquito de inflación” y jugando alegremente a gastar lo que no teníamos.
La otra consecuencia es la creciente debilidad institucional. Esos recursos fáciles que el fisco absorbe de la ANSES, del Banco Central o del PAMI, no pasan por el debate ni la decisión parlamentaria. Su destino se decide discrecionalmente por parte de la pareja presidencial, quien los utiliza en todos los casos –aún en los que tienen una base justa, como el ingreso universal a la niñez- bastardeando la función estatal, construyendo clientelismo y subordinando en forma humillante a quienes les ha tocado en suerte ser pobres. Reciben recursos los gobernadores que se alinean, los intendentes que responden al llamado oficialista, las organizaciones sociales que se disciplinan servilmente ante el kirchnerismo, los pobres que aceptan formar parte de alguna de las redes clientelares. No los reciben por disposición de la ley, sino por designio del poder. Y así, por ejemplo, cerca de tres millones de niños argentinos quedan marginados del pomposo “ingreso universal a la niñez” a pesar que sus necesidades son iguales o mayores de las que sufren quienes sí lo reciben.
La contradicción con lo prometido es patético. Cristina Kirchner había prometido en su campaña electoral que lograría el 4 % del PBI de superávit fiscal, frente al 2,7 % con que recibía el país de manos de su marido. En este momento, no sólo que el superávit desapareció, sino que tenemos ya el 3,4 % de déficit. O sea, una bomba de tiempo.
Y ahora, una palabra sobre los argentinos. Estamos marchando directamente hacia una crisis. Lo decimos con claridad, para que cuando estalle no pueda decirse que no fueron advertidos. La misma crisis que sufren inexorablemente quienes comienzan a consumir narcóticos y se sienten felices y eufóricos en los primeros pasos. Eso es la inflación, alimentada con la ficción de recursos inexistentes.
Va a llegar un momento en que esos recusos se acaben. No pasará mucho tiempo: apenas uno o dos años. No se diga entonces que la culpa es de otros. No es más que de cada uno. Y aunque no esté en manos de nadie individualmente cambiar el rumbo, aunque la responsabilidad central y exclusiva es hoy de quienes teniendo la obligación de administrar bien cometen dislates, cada uno debe tomar las medidas para ir preparándose para el derrumbe. Ahorrar, no endeudarse, resistir la tentación de las tramposas cincuenta cuotas que enriquecen a pocos pícaros, no desesperarse porque el vecino consume lo que no tiene. Y pensar cuando se vota. Recordar que nada es gratis, mucho menos ser cómplice del robo a los jubilados, de la trampa a los asalariados, o de la complicidad con los cleptómanos.
A doscientos años de la fundación de la patria, los argentinos deberíamos recordar que no es así como se hizo grande el país, sino trabajando, convocando inmigrantes y capitales, educando a sus jovenes, cuidando a sus viejos y respetando a quienes trabajan e invierten pensando en su futuro. Porque el país, amigos, no es nada más ni nada menos que la suma de los esfuerzos personales de cada uno de sus habitantes.
El secreto con que son manejados estos fondos impide verificar las informaciones, pero las colocaciones de titulos públicos que ha realizado la Secretaría de Hacienda en el organismo sólo durante lo que va del corriente año 2010 ascienden a Cuatro mil Setecientos ochenta y nueve millones de pesos ($ 4789).
Las autoridades de la ANSES, por su parte, interrogadas al respecto en la Comisión de la Cámara de Diputados, expresaron que los fondos previsionales se habían acrecentado desde que están administrados por la gestión oficial. Lo que no aclararon debidamente es que ese incremento contabiliza como fondos reales los títulos de deuda que ha recibido de la Secretaría de Hacienda como contrapartida a su asistencia financiera al gobierno nacional.
Y eso es una burla.
Decir que el capital está porque se cuenta con papeles sin valor que les ha entregado a cambio el fisco, es la misma broma de mal gusto de las autoridades del Banco Central, cuando contabilizan como “reservas” los títulos públicos que les ha dado también el gobierno por la transferencia de recursos que le ha realizado al Estado. La Secretaría de Finanzas informó que sólo en el 2010 emitió ya deuda por Diecisiete mil novecientos diez millones de pesos ($ 17.910 millones), colocadas todos en entes estatales.
El jubileo es total. Y el daño es doble.
Por un lado, el efecto “droga”que va adormeciendo en un sopor de felicidad a millones de argentinos. Se inunda el mercado de papel pintado, que da la sensación en el corto plazo que la economía anda a pleno. Se reciben recursos fáciles y muchos prefieren ni siquiera enterarse de dónde salen. Y la mentalidad inflacionaria se va instalando nuevamente, en una cultura popular con clara tendencia al individualismo en la que cada persona siente que podrá ganarle a la inflación con compras a plazos, con endeudamiento bancario, con adelanto de consumos, con compra de divisas, con aumentos salariales conseguidos por la presión sindical por encima de la inflación pasada y apuntando a la imaginada inflación prevista, o con cualquier otra maniobra que le permita la ilusión de estar a salvo. Como con la experiencia argentina todos han aprendido algo, desempolvan recuerdos y vuelven a la lucha, olvidando a dónde nos condujo empezar con “un poquito de inflación” y jugando alegremente a gastar lo que no teníamos.
La otra consecuencia es la creciente debilidad institucional. Esos recursos fáciles que el fisco absorbe de la ANSES, del Banco Central o del PAMI, no pasan por el debate ni la decisión parlamentaria. Su destino se decide discrecionalmente por parte de la pareja presidencial, quien los utiliza en todos los casos –aún en los que tienen una base justa, como el ingreso universal a la niñez- bastardeando la función estatal, construyendo clientelismo y subordinando en forma humillante a quienes les ha tocado en suerte ser pobres. Reciben recursos los gobernadores que se alinean, los intendentes que responden al llamado oficialista, las organizaciones sociales que se disciplinan servilmente ante el kirchnerismo, los pobres que aceptan formar parte de alguna de las redes clientelares. No los reciben por disposición de la ley, sino por designio del poder. Y así, por ejemplo, cerca de tres millones de niños argentinos quedan marginados del pomposo “ingreso universal a la niñez” a pesar que sus necesidades son iguales o mayores de las que sufren quienes sí lo reciben.
La contradicción con lo prometido es patético. Cristina Kirchner había prometido en su campaña electoral que lograría el 4 % del PBI de superávit fiscal, frente al 2,7 % con que recibía el país de manos de su marido. En este momento, no sólo que el superávit desapareció, sino que tenemos ya el 3,4 % de déficit. O sea, una bomba de tiempo.
Y ahora, una palabra sobre los argentinos. Estamos marchando directamente hacia una crisis. Lo decimos con claridad, para que cuando estalle no pueda decirse que no fueron advertidos. La misma crisis que sufren inexorablemente quienes comienzan a consumir narcóticos y se sienten felices y eufóricos en los primeros pasos. Eso es la inflación, alimentada con la ficción de recursos inexistentes.
Va a llegar un momento en que esos recusos se acaben. No pasará mucho tiempo: apenas uno o dos años. No se diga entonces que la culpa es de otros. No es más que de cada uno. Y aunque no esté en manos de nadie individualmente cambiar el rumbo, aunque la responsabilidad central y exclusiva es hoy de quienes teniendo la obligación de administrar bien cometen dislates, cada uno debe tomar las medidas para ir preparándose para el derrumbe. Ahorrar, no endeudarse, resistir la tentación de las tramposas cincuenta cuotas que enriquecen a pocos pícaros, no desesperarse porque el vecino consume lo que no tiene. Y pensar cuando se vota. Recordar que nada es gratis, mucho menos ser cómplice del robo a los jubilados, de la trampa a los asalariados, o de la complicidad con los cleptómanos.
A doscientos años de la fundación de la patria, los argentinos deberíamos recordar que no es así como se hizo grande el país, sino trabajando, convocando inmigrantes y capitales, educando a sus jovenes, cuidando a sus viejos y respetando a quienes trabajan e invierten pensando en su futuro. Porque el país, amigos, no es nada más ni nada menos que la suma de los esfuerzos personales de cada uno de sus habitantes.
miércoles, 9 de junio de 2010
"Socialdemócrata"...
“A mi me parece bien que el radicalismo se considere socialdemocrata, nos permite no caer nunca mas en alternativas liberales conservadoras ....”, me escribió en el sitio de Facebook un “ciber-amigo”, en el debate autoorganizado sobre las elecciones del domingo en Buenos Aires.
Esta curiosa afirmación trasunta una desconfianza, o para ser más precisos, una “auto-desconfianza” sobre las actitudes que podría tomar el radicalismo en caso de ser gobierno.
Sin embargo, como lo afirma esta columna desde hace muchos años, “socialdemócrata” no quiere decir nada. Sólo es una caracterización política propia de mediados del siglo XX, desconectada con los problemas actuales del mundo.
Socialdemócrata por antonomasia es, hoy por hoy, Rodríguez Zapatero y el socialismo español. Están sosteniendo el mayor ajuste económico de la historia de su país, a raíz de haber generado el previo “desajuste” sobre el que alertaron muchos, y que llevó a España a un nivel de desempleo del 20 %. ¿Eso significa?
“Al contrario...”, se afirmaría seguramente en un hipotético debate sobre el tema. “Lo que queremos es poner freno al capital financiero, regular su funcionamiento para evitar que repitan la crisis como la que estamos sufriendo”.
Perfecto. Pero eso es, justamente, lo que están impulsando Angela Merkel y Sarkozi, para nada “socialdemócratas” sino, más bien, dirigentes que serían calificados, sin dudar un momento, como “neoliberales”.
Es que, en realidad, ni “socialdemócrata” ni “neoliberal” definen ya nada, y ambos términos ocultan más de lo que dicen. Contienen recetas para los problemas de la primera mitad del siglo XX, que forman ya parte del arsenal de medidas disponibles y aplicables por todos. Ni un “neoliberal” dejaría de usar herramientas “socialdemócratas” si fueran necesarias para la correcta gestión económica, ni la inversa. Hoy mismo los diarios anotician que Bernake, presidente de la Reserva Federal norteamericana –o sea, “el propio Diablo”, diría Hugo Chavez- defendió la herramienta del déficit fiscal para sortear la recesión. Poco que ver con el “Consenso de Washington”...; mientras, Mujica (¿socialdemócrata?) convoca a la inversión extranjera en el Uruguay prometiendo bajar impuestos, no expropiar nada y garantizar el derecho de propiedad.
Quien esto escribe presenció, hace diez años, en España, un debate entre economistas del Partido Popular –entonces en el gobierno- y socialistas –entonces en la oposición- sobre la reforma el impuesto a las ganancias. Los segundos sostenían que con el nivel de desarrollo ya alcanzado por España, lo correcto era unificar las alícuotas y no segregarlas por niveles de ingresos. Los primeros, con la responsabilidad de recaudar porque eran gobierno, sostenían la inconveniencia de terminar con la segregación de alícuotas, aunque justificabando argumentalmente su posición en que proyectaría una injusticia tributaria. Los términos de un histórico contradictorio entre unos y otros se habían invertido, al compás de las conveniencias políticas coyunturales también de unos y otros. Poco tiempo después los socialistas fueron gobierno, los populares pasaron a la oposición... y las propuestas de unos y otros volvieron a invertirse.
Algo similar ocurre con las políticas sociales. Ni la “derecha” más recalcitrante negaría hoy la necesidad de construcción de “pisos de ciudadanía” o de acciones públicas destinadas a paliar los efectos de la pobreza extrema. No hay que ir muy lejos para verlo. La administración macrista, demonizada como “neoliberal”, ha impulsado la cooperativización de los cartoneros, por ejemplo, logrando para muchos de ellos su ascenso de un par de peldaños en la escalera de recuperación de su dignidad. Atravesando la General Paz vemos, por el contrario, gestiones “nacionales y populares” (¿socialdemócratas?) ignorando la pobreza, clientelizando los pobres e instalando por activa y por pasiva redes de narcotráfico e inseguridad que dañan principalmente a los más necesitados.
Pretender reconstruir alineamientos políticos sobre las opciones de hace medio siglo, atrasa medio siglo. La agenda de hoy, la que interesa a los ciudadanos, pasa lejos. Las etiquetas motivan a viejos militantes formados con catecismos de otros tiempos, y quizás sirvan para tranquilizar conciencias atormentadas, pero no responden a las demandas que los ciudadanos hacen a la política –y cuya respuesta es lo único que legitima éticamente al poder-: cómo enfrentar los problemas que presenta la realidad, que es cambiante y cada vez más dinámica e impredecible. Agrupar por ese lado a una fuerza política no la acercará a los ciudadanos, que en todo caso la mirarán con curiosa indiferencia.
Las organizaciones políticas más adecuadas para los nuevos tiempos no se caracterizarán por su “ideología” sino por su “metodología”. Serán funcionales a las que muestren mayor capacidad de generar consensos, articular intereses contradictorios y responder con eficacia a los problemas que los ciudadanos perciban como más importantes. Y retrocederán hasta convertirse en testimoniales las que se aferren a viejas creencias ideológicas, no porque las personas renieguen de las ideologías –en rigor, respetan cada vez más el derecho de cada uno a tener las creencias que quiera, por esotéricas que parezcan, y también su derecho inalienable a actuar en consecuencia y defender lo que le parezca más justo-, sino porque no aceptan el derecho de nadie a imponerle su ideología a los demás, y mucho menos desde el poder, lo ocupe quien lo ocupe.
En ese sentido, mi "ciber-amigo" tal vez no debiera preocuparse tanto de la definición ideológica del radicalismo, sino de acrecentar la madurez y transparencia del funcionamiento interno para que sirva de adecuado marco de síntesis de las diferentes posiciones, en condiciones de gobernar una sociedad tan compleja como la nuestra.
Ricardo Lafferriere
Esta curiosa afirmación trasunta una desconfianza, o para ser más precisos, una “auto-desconfianza” sobre las actitudes que podría tomar el radicalismo en caso de ser gobierno.
Sin embargo, como lo afirma esta columna desde hace muchos años, “socialdemócrata” no quiere decir nada. Sólo es una caracterización política propia de mediados del siglo XX, desconectada con los problemas actuales del mundo.
Socialdemócrata por antonomasia es, hoy por hoy, Rodríguez Zapatero y el socialismo español. Están sosteniendo el mayor ajuste económico de la historia de su país, a raíz de haber generado el previo “desajuste” sobre el que alertaron muchos, y que llevó a España a un nivel de desempleo del 20 %. ¿Eso significa?
“Al contrario...”, se afirmaría seguramente en un hipotético debate sobre el tema. “Lo que queremos es poner freno al capital financiero, regular su funcionamiento para evitar que repitan la crisis como la que estamos sufriendo”.
Perfecto. Pero eso es, justamente, lo que están impulsando Angela Merkel y Sarkozi, para nada “socialdemócratas” sino, más bien, dirigentes que serían calificados, sin dudar un momento, como “neoliberales”.
Es que, en realidad, ni “socialdemócrata” ni “neoliberal” definen ya nada, y ambos términos ocultan más de lo que dicen. Contienen recetas para los problemas de la primera mitad del siglo XX, que forman ya parte del arsenal de medidas disponibles y aplicables por todos. Ni un “neoliberal” dejaría de usar herramientas “socialdemócratas” si fueran necesarias para la correcta gestión económica, ni la inversa. Hoy mismo los diarios anotician que Bernake, presidente de la Reserva Federal norteamericana –o sea, “el propio Diablo”, diría Hugo Chavez- defendió la herramienta del déficit fiscal para sortear la recesión. Poco que ver con el “Consenso de Washington”...; mientras, Mujica (¿socialdemócrata?) convoca a la inversión extranjera en el Uruguay prometiendo bajar impuestos, no expropiar nada y garantizar el derecho de propiedad.
Quien esto escribe presenció, hace diez años, en España, un debate entre economistas del Partido Popular –entonces en el gobierno- y socialistas –entonces en la oposición- sobre la reforma el impuesto a las ganancias. Los segundos sostenían que con el nivel de desarrollo ya alcanzado por España, lo correcto era unificar las alícuotas y no segregarlas por niveles de ingresos. Los primeros, con la responsabilidad de recaudar porque eran gobierno, sostenían la inconveniencia de terminar con la segregación de alícuotas, aunque justificabando argumentalmente su posición en que proyectaría una injusticia tributaria. Los términos de un histórico contradictorio entre unos y otros se habían invertido, al compás de las conveniencias políticas coyunturales también de unos y otros. Poco tiempo después los socialistas fueron gobierno, los populares pasaron a la oposición... y las propuestas de unos y otros volvieron a invertirse.
Algo similar ocurre con las políticas sociales. Ni la “derecha” más recalcitrante negaría hoy la necesidad de construcción de “pisos de ciudadanía” o de acciones públicas destinadas a paliar los efectos de la pobreza extrema. No hay que ir muy lejos para verlo. La administración macrista, demonizada como “neoliberal”, ha impulsado la cooperativización de los cartoneros, por ejemplo, logrando para muchos de ellos su ascenso de un par de peldaños en la escalera de recuperación de su dignidad. Atravesando la General Paz vemos, por el contrario, gestiones “nacionales y populares” (¿socialdemócratas?) ignorando la pobreza, clientelizando los pobres e instalando por activa y por pasiva redes de narcotráfico e inseguridad que dañan principalmente a los más necesitados.
Pretender reconstruir alineamientos políticos sobre las opciones de hace medio siglo, atrasa medio siglo. La agenda de hoy, la que interesa a los ciudadanos, pasa lejos. Las etiquetas motivan a viejos militantes formados con catecismos de otros tiempos, y quizás sirvan para tranquilizar conciencias atormentadas, pero no responden a las demandas que los ciudadanos hacen a la política –y cuya respuesta es lo único que legitima éticamente al poder-: cómo enfrentar los problemas que presenta la realidad, que es cambiante y cada vez más dinámica e impredecible. Agrupar por ese lado a una fuerza política no la acercará a los ciudadanos, que en todo caso la mirarán con curiosa indiferencia.
Las organizaciones políticas más adecuadas para los nuevos tiempos no se caracterizarán por su “ideología” sino por su “metodología”. Serán funcionales a las que muestren mayor capacidad de generar consensos, articular intereses contradictorios y responder con eficacia a los problemas que los ciudadanos perciban como más importantes. Y retrocederán hasta convertirse en testimoniales las que se aferren a viejas creencias ideológicas, no porque las personas renieguen de las ideologías –en rigor, respetan cada vez más el derecho de cada uno a tener las creencias que quiera, por esotéricas que parezcan, y también su derecho inalienable a actuar en consecuencia y defender lo que le parezca más justo-, sino porque no aceptan el derecho de nadie a imponerle su ideología a los demás, y mucho menos desde el poder, lo ocupe quien lo ocupe.
En ese sentido, mi "ciber-amigo" tal vez no debiera preocuparse tanto de la definición ideológica del radicalismo, sino de acrecentar la madurez y transparencia del funcionamiento interno para que sirva de adecuado marco de síntesis de las diferentes posiciones, en condiciones de gobernar una sociedad tan compleja como la nuestra.
Ricardo Lafferriere
lunes, 24 de mayo de 2010
Doscientos años: ¿alguien mira hacia adelante?
Dos siglos atrás, en un 25 de Mayo como hoy, el Cabildo de Buenos Aires decidía asumir la facultad de designar su gobierno, dando el paso trascendental de formar una Junta que pasaría a la historia con el nombre de “Primera Junta de Gobierno Patrio”.
La decisión se asentaba en los principios más avanzados de la época, siguiendo los pasos de la revolución norteamericana, de la Revolución Francesa y de las propias Juntas que habían comenzado a constituirse en la Península, ante la cautividad del monarca ibérico en Fracias: el principio de la soberanía del pueblo.
Los patriotas no tomaron una decisión que naciera de alguna mente iluminada, o estuviera reducida a los poco más de doscientos vecinos caracterizados de Buenos Aires que constituían “lo más sano y principal del vencindario”. Por el contrario, en una ciudad que contaba con poco más de cuarenta mil habitantes, más de ocho mil de ellos formaban parte de cuerpos militares, en la mayoría de los casos eligiendo sus propios Jefes, armados a partir del episodio de las Invasiones Inglesas.
Los porteños abrieron en esos días un camino nuevo para su convivencia, guiados por las ideas políticas más actualizadas de entonces y apoyados en la fuerza de un pueblo cuyos voceros no dudaron en afirmar, ante la pregunta “¿dónde está el pueblo?” que “tóquese generala en los cuarteles...” y se llenaría la plaza de inmediato con el pueblo ausente.
Allí empezamos un camino independiente que se extendería al territorio del Virreynato, que se concretaría en 1853 y finalizaría 1860, al completarse la organización institucional del nuevo Estado. En realidad, en este año 2010 no sólo conmemoramos los doscientos años de vida autónoma, sino también el sesquicentenario de la culminación de nuestra organización nacional, al unificarse definitivamente el país con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación y la aprobación de la Reforma Constitucional de 1860.
A partir de ese momento, y por siete décadas, aún con conflictos y densos debates, la historia fue favorable. En pocas años, las instituciones funcionando demostraron ser el cauce adecuado para liberar la potencialidad transformadora e inclusiva de un país en crecimiento exponencial. Frente a las extrañas críticas a la Argentina del Centenario escuchadas en estos días aludiendo a la presunta gran “exclusión social” existente entonces, la realidad era que el país funcionaba como un imán de inmigrantes, y que la polarización de riqueza era sustancialmente menor que la existente luego de los siete años kirchneristas, cien años después. No se le hubiera ocurrido ni a de la Plaza o a Sáenz Peña –antes del 16- ni a Yrigoyen –después- felicitarse por el crecimiento de las villas miserias atribuyéndolo al crecimiento económico, como hiciera la presidenta Fernández de Kirchner en una de sus definiciones de antología, pocas semanas atrás.
Pero estamos en 2010. Y frente a la Argentina que abría rumbos de hace dos siglos, y a la que derramaba optimismo de hace cien años, tenemos hoy un país desorientado, crispado, enfrentado, empobrecido y sujeto a las tensiones que no han surgido de las entrañas del pueblo sino que se le generan desde el poder, un poder en el que aparentemente el horizonte ha desaparecido de sus mensajes y no dibuja con nitidez –ni desde el gobierno ni desde la oposición- el rumbo del país en los años que vienen.
Se atribuye a Sócrates el aforismo que afirma que para el navegante que no conoce su puerto de destino, ningún viento le será favorable. Y la sensación que tienen los argentinos hoy es que ese rumbo no está en la cabeza de su dirigencia, cuyas argumentaciones quedan reducidas a riñas de pre-adolescentes, a berrinches de malcriados o a ansiosos de mando por el solo hecho del poder. Los compatriotas tienen la sensación de no ser conducidos a ningún puerto, a pesar de la verborragia diariamente contradictoria de lo que se dice y lo que se hace, sin hesitar en cambiar lo afirmado el día anterior si es necesario para el titular periodístico del día siguiente.
Esto ocurre en el gobierno y es grave. Pero ocurre también en varios sectores de oposición política, y es preocupante. Ante este vacío de debate maduro y orientación clara, el único camino que le queda a los argentinos de a pié es tomar las riendas de su vida en sus propias manos, lo que conlleva el peligro del egoísmo individualista. Pero pocas alternativas le dejan las conductas de muchos de sus hombres públicos.
En este comienzo del siglo XXI, el mundo no es el mismo que a inicios del XIX. Se está construyendo la ciudad universal, al compás del portentoso avance científico técnico, el encadenamiento productivo global que ha superado los límites nacionales para conformar un sistema económico planetario, la revolución de las comunicaciones interactivas que ha convertido a cada ser humano en célula de una red universal con terminal en los individuos, sin pasar por el poder ni por los Estados, y ha reivindicado para las personas cuotas de independencia de criterio, libertad personal y reasunción de su “soberanía” en un grado no advertido aún por los protagonistas del escenario político.
Los habitantes de Buenos Aires reclamaban del Cabildo, en las históricas jornadas de Mayo, que “el pueblo quiere saber lo que se trata”. Hoy, los porteños y los argentinos saben de qué se trata más que los dirigentes, y en todo caso lo que extrañan es que sean los protagonistas del escenario de lucha por el –raquítico- poder residual los que se den cuenta, de una vez por todas, de lo que se trata. Que miren el horizonte. Que recuerden que nuestro país fue grande cuando fue capaz de convivir alrededor de un consenso estratégico básico con las instituciones funcionando, cuando a pesar de los duros debates por el futuro, todos se consideraban com-patriotas de un mismo país compartido, y se respetaban las leyes.
Ese es el mensaje que se notó en las calles en estos festejos, al llenar las plazas y escenarios con la emoción de las marchas patrias desempolvadas, de los viejos uniformes de pasadas glorias aplaudidos nuevamente al inspirar el recuerdo de gestas comunes, y al demandar de sus dirigentes gestos de tolerancia y de unidad.
En síntesis, reclama de todos los seres humanos que habitamos el planeta una actitud de mirar hacia adelante. Como no lo ha hecho en estas fiestas una administración que sólo ha atinado a mirar al pasado. Como sí lo sienten y lo reclaman los millones de compatriotas que animaron los festejos, quizás extrañando a una presidenta que ha preferido encerrarse en su residencia antes que arriesgarse a sentir el juicio de sus compatriotas en los actos a los que debía exponerse sin la custodia de su guardia pretoriana. El inédito episodio de un desfile militar de la significación del Bicentenario sin la presencia de su Comandante en Jefe, con el argumento que estaba cansada y no quería saturar, fue la demostración más patética. Podríamos imaginar que hubiera pensado Juana Azurduy, o Manuela la Tucumana, o cualquiera otra de las heroicas mujeres de la Independencia ante esta actitud, para darnos cuenta de lo lejos que estamos de aquéllos que hicieron la patria.
El mundo que viene, plural y cosmopolita, abierto y democrático, necesita reproducir a escala planetaria el entramado institucional que los países exitosos mantuvieron y alrededor del cual construyeron su éxito, tal como lo tuvimos en nuestras primeras décadas, cuando San Martín proclamaba en Lima que la causa de nuestra Revolución era “la causa del género humano”. Debe contener a las fuerzas desatadas de la especulación financiera, de las redes globales de delitos internacionales, tráfico de personas, drogas y armas, lavado de dinero fruto de la corrupción y la delincuencia, terrorismo y violencia. Debe cuidar el planeta, y cuidar la gente.
Para hacerlo, debe apoyarse e inspirarse en lo bueno que han logrado, en los derechos humanos, en la democracia, en el pluralismo, en la libertad, en la solidaridad y la justicia. Construir el entramado institucional del mundo global, ese es el equivalente actual a las avanzadas decisiones de 1810. No intentar retroceder a antes de 1810 con visiones premodernas, socias de los neofascismos indigenistas, de las teocracias genocidas, de los tiranuelos angurrientos, de las aventuras militaristas, de las intolerancias discursivas y la esclerosis intelectual.
En este sentido aniversario, entonces, la pregunta que se impone es ¿quién mira hacia adelante? Porque es bueno advertir que eso es justamente, al iniciar el tercer siglo de vida en común, lo que están esperando los argentinos.
Ricardo Lafferriere
La decisión se asentaba en los principios más avanzados de la época, siguiendo los pasos de la revolución norteamericana, de la Revolución Francesa y de las propias Juntas que habían comenzado a constituirse en la Península, ante la cautividad del monarca ibérico en Fracias: el principio de la soberanía del pueblo.
Los patriotas no tomaron una decisión que naciera de alguna mente iluminada, o estuviera reducida a los poco más de doscientos vecinos caracterizados de Buenos Aires que constituían “lo más sano y principal del vencindario”. Por el contrario, en una ciudad que contaba con poco más de cuarenta mil habitantes, más de ocho mil de ellos formaban parte de cuerpos militares, en la mayoría de los casos eligiendo sus propios Jefes, armados a partir del episodio de las Invasiones Inglesas.
Los porteños abrieron en esos días un camino nuevo para su convivencia, guiados por las ideas políticas más actualizadas de entonces y apoyados en la fuerza de un pueblo cuyos voceros no dudaron en afirmar, ante la pregunta “¿dónde está el pueblo?” que “tóquese generala en los cuarteles...” y se llenaría la plaza de inmediato con el pueblo ausente.
Allí empezamos un camino independiente que se extendería al territorio del Virreynato, que se concretaría en 1853 y finalizaría 1860, al completarse la organización institucional del nuevo Estado. En realidad, en este año 2010 no sólo conmemoramos los doscientos años de vida autónoma, sino también el sesquicentenario de la culminación de nuestra organización nacional, al unificarse definitivamente el país con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación y la aprobación de la Reforma Constitucional de 1860.
A partir de ese momento, y por siete décadas, aún con conflictos y densos debates, la historia fue favorable. En pocas años, las instituciones funcionando demostraron ser el cauce adecuado para liberar la potencialidad transformadora e inclusiva de un país en crecimiento exponencial. Frente a las extrañas críticas a la Argentina del Centenario escuchadas en estos días aludiendo a la presunta gran “exclusión social” existente entonces, la realidad era que el país funcionaba como un imán de inmigrantes, y que la polarización de riqueza era sustancialmente menor que la existente luego de los siete años kirchneristas, cien años después. No se le hubiera ocurrido ni a de la Plaza o a Sáenz Peña –antes del 16- ni a Yrigoyen –después- felicitarse por el crecimiento de las villas miserias atribuyéndolo al crecimiento económico, como hiciera la presidenta Fernández de Kirchner en una de sus definiciones de antología, pocas semanas atrás.
Pero estamos en 2010. Y frente a la Argentina que abría rumbos de hace dos siglos, y a la que derramaba optimismo de hace cien años, tenemos hoy un país desorientado, crispado, enfrentado, empobrecido y sujeto a las tensiones que no han surgido de las entrañas del pueblo sino que se le generan desde el poder, un poder en el que aparentemente el horizonte ha desaparecido de sus mensajes y no dibuja con nitidez –ni desde el gobierno ni desde la oposición- el rumbo del país en los años que vienen.
Se atribuye a Sócrates el aforismo que afirma que para el navegante que no conoce su puerto de destino, ningún viento le será favorable. Y la sensación que tienen los argentinos hoy es que ese rumbo no está en la cabeza de su dirigencia, cuyas argumentaciones quedan reducidas a riñas de pre-adolescentes, a berrinches de malcriados o a ansiosos de mando por el solo hecho del poder. Los compatriotas tienen la sensación de no ser conducidos a ningún puerto, a pesar de la verborragia diariamente contradictoria de lo que se dice y lo que se hace, sin hesitar en cambiar lo afirmado el día anterior si es necesario para el titular periodístico del día siguiente.
Esto ocurre en el gobierno y es grave. Pero ocurre también en varios sectores de oposición política, y es preocupante. Ante este vacío de debate maduro y orientación clara, el único camino que le queda a los argentinos de a pié es tomar las riendas de su vida en sus propias manos, lo que conlleva el peligro del egoísmo individualista. Pero pocas alternativas le dejan las conductas de muchos de sus hombres públicos.
En este comienzo del siglo XXI, el mundo no es el mismo que a inicios del XIX. Se está construyendo la ciudad universal, al compás del portentoso avance científico técnico, el encadenamiento productivo global que ha superado los límites nacionales para conformar un sistema económico planetario, la revolución de las comunicaciones interactivas que ha convertido a cada ser humano en célula de una red universal con terminal en los individuos, sin pasar por el poder ni por los Estados, y ha reivindicado para las personas cuotas de independencia de criterio, libertad personal y reasunción de su “soberanía” en un grado no advertido aún por los protagonistas del escenario político.
Los habitantes de Buenos Aires reclamaban del Cabildo, en las históricas jornadas de Mayo, que “el pueblo quiere saber lo que se trata”. Hoy, los porteños y los argentinos saben de qué se trata más que los dirigentes, y en todo caso lo que extrañan es que sean los protagonistas del escenario de lucha por el –raquítico- poder residual los que se den cuenta, de una vez por todas, de lo que se trata. Que miren el horizonte. Que recuerden que nuestro país fue grande cuando fue capaz de convivir alrededor de un consenso estratégico básico con las instituciones funcionando, cuando a pesar de los duros debates por el futuro, todos se consideraban com-patriotas de un mismo país compartido, y se respetaban las leyes.
Ese es el mensaje que se notó en las calles en estos festejos, al llenar las plazas y escenarios con la emoción de las marchas patrias desempolvadas, de los viejos uniformes de pasadas glorias aplaudidos nuevamente al inspirar el recuerdo de gestas comunes, y al demandar de sus dirigentes gestos de tolerancia y de unidad.
En síntesis, reclama de todos los seres humanos que habitamos el planeta una actitud de mirar hacia adelante. Como no lo ha hecho en estas fiestas una administración que sólo ha atinado a mirar al pasado. Como sí lo sienten y lo reclaman los millones de compatriotas que animaron los festejos, quizás extrañando a una presidenta que ha preferido encerrarse en su residencia antes que arriesgarse a sentir el juicio de sus compatriotas en los actos a los que debía exponerse sin la custodia de su guardia pretoriana. El inédito episodio de un desfile militar de la significación del Bicentenario sin la presencia de su Comandante en Jefe, con el argumento que estaba cansada y no quería saturar, fue la demostración más patética. Podríamos imaginar que hubiera pensado Juana Azurduy, o Manuela la Tucumana, o cualquiera otra de las heroicas mujeres de la Independencia ante esta actitud, para darnos cuenta de lo lejos que estamos de aquéllos que hicieron la patria.
El mundo que viene, plural y cosmopolita, abierto y democrático, necesita reproducir a escala planetaria el entramado institucional que los países exitosos mantuvieron y alrededor del cual construyeron su éxito, tal como lo tuvimos en nuestras primeras décadas, cuando San Martín proclamaba en Lima que la causa de nuestra Revolución era “la causa del género humano”. Debe contener a las fuerzas desatadas de la especulación financiera, de las redes globales de delitos internacionales, tráfico de personas, drogas y armas, lavado de dinero fruto de la corrupción y la delincuencia, terrorismo y violencia. Debe cuidar el planeta, y cuidar la gente.
Para hacerlo, debe apoyarse e inspirarse en lo bueno que han logrado, en los derechos humanos, en la democracia, en el pluralismo, en la libertad, en la solidaridad y la justicia. Construir el entramado institucional del mundo global, ese es el equivalente actual a las avanzadas decisiones de 1810. No intentar retroceder a antes de 1810 con visiones premodernas, socias de los neofascismos indigenistas, de las teocracias genocidas, de los tiranuelos angurrientos, de las aventuras militaristas, de las intolerancias discursivas y la esclerosis intelectual.
En este sentido aniversario, entonces, la pregunta que se impone es ¿quién mira hacia adelante? Porque es bueno advertir que eso es justamente, al iniciar el tercer siglo de vida en común, lo que están esperando los argentinos.
Ricardo Lafferriere
lunes, 17 de mayo de 2010
Clases de diplomacia
“Estoy preocupada, sorprendida y dolida” por lo que le han hecho. “Realmente le brindamos todo nuestro apoyo.” Por supuesto que ésto "no significa inmiscuirse en asuntos internos españoles", declaró muy suelta de cuerpo la presidenta Fernández de Kirchner luego de entrevistarse con el Juez Garzón, sancionado por las autoridades judiciales máximas de España por intentar aplicar en ese país una ley inexistente. Cabría preguntarse qué hubiera ocurrido si Rodríguez Zapatero trajera su solidaridad con un Juez argentino sancionado por el Consejo de la Magistratura o la propia Corte Suprema.
“Einstein decía que un índicio de la locura es creer que con los mismo métodos se van a alcanzar resultados difrentes”, afirmó al ser consultada por las fuertes medidas económicas que su amigo Rodríguez Zapatero se ve obligado a tomar para compensar los serios desajustes que cometió en años anteriores, gastando por encima de las posibilidades de la economía española al punto de llevar su deuda pública a cerca de un billón de euros.
Estas dos primeras declaraciones indican la falta de percepción por parte de la presidenta argentina de los juicios críticos que ha producido su estilo confrontativo, que la lleva a sentirse en la obligación de opinar sobre cualquier cosa –incuso sobre lo que no sabe nada- en tono admonitorio. El aislamiento de la realidad le impide advertir que no está hablando en el “país Jardín de Infantes” creada por su “relato” voluntarista apoyado en las estadísticas que fabrica y las afirmaciones al vacío, sin debate ni cotejo con la prensa, sino en un país que practica la democracia con un nivel de calidad institucional alejado de los caprichos kirchneristas.
Pero eso no es todo. Luego de avalar en forma expresa las actitudes patoteriles de su Secretario de Comercio, prohibiendo por teléfono y sin ninguna resolución o norma escrita la compra de alimentos importados, declaró desahogadamente en España que “no hubo restricciones de ninguna manera” sobre esas importaciones y que no tenía conocimiento de las medidas restrictivas por las que se le preguntaba.
En este tema, las opciones son dos: o la señora presidenta vive en una burbuja y no conoce lo que pasa en su país, donde las medidas ocuparon durante la semana la tapa de todos los diarios –incluso los panfletariamente oficialistas- y noticieros de radio y televisión al punto que provocaron una presentación de todos los embajadores de la Unión Europea en el Congreso Nacional –primera vez en la historia que se da un acontecimiento de esta significación política-; o ha asumido el cinismo como conducta permanente, al negar lo evidente con plena conciencia de su falsedad.
Los argentinos hemos aprendido a no tomar en serio lo que dice, y no solemos ya escandalizarnos –y ni siquiera preocuparnos- por los inefables discursos presidenciales, que nadie escucha. Ocurre, sin embargo, que fuera de nuestras fronteras lo que dice un presidente suele ser escuchado y es percibido como medianamente serio. Quizás el Canciller debiera advertirle esto, para cuidar más su incontinencia opinadora, máxime cuando ya el mundo conoce el crecimiento de la pobreza, el desborde inflacionario, la reaparición de los déficits públicos y la renovada marcha del endeudamiento que fue la condena de Argentina en los últimos ochenta años, y es hoy impulsado a vela desplegada por la gestión de la inefable “maestra de Siruela”.
Y también comenta el inexplicable enriquecimiento de la sociedad conyugal presidencial, inversamente proporcional al crecimiento de los índices de pobreza de la población argentina.
Ricardo Lafferriere
“Einstein decía que un índicio de la locura es creer que con los mismo métodos se van a alcanzar resultados difrentes”, afirmó al ser consultada por las fuertes medidas económicas que su amigo Rodríguez Zapatero se ve obligado a tomar para compensar los serios desajustes que cometió en años anteriores, gastando por encima de las posibilidades de la economía española al punto de llevar su deuda pública a cerca de un billón de euros.
Estas dos primeras declaraciones indican la falta de percepción por parte de la presidenta argentina de los juicios críticos que ha producido su estilo confrontativo, que la lleva a sentirse en la obligación de opinar sobre cualquier cosa –incuso sobre lo que no sabe nada- en tono admonitorio. El aislamiento de la realidad le impide advertir que no está hablando en el “país Jardín de Infantes” creada por su “relato” voluntarista apoyado en las estadísticas que fabrica y las afirmaciones al vacío, sin debate ni cotejo con la prensa, sino en un país que practica la democracia con un nivel de calidad institucional alejado de los caprichos kirchneristas.
Pero eso no es todo. Luego de avalar en forma expresa las actitudes patoteriles de su Secretario de Comercio, prohibiendo por teléfono y sin ninguna resolución o norma escrita la compra de alimentos importados, declaró desahogadamente en España que “no hubo restricciones de ninguna manera” sobre esas importaciones y que no tenía conocimiento de las medidas restrictivas por las que se le preguntaba.
En este tema, las opciones son dos: o la señora presidenta vive en una burbuja y no conoce lo que pasa en su país, donde las medidas ocuparon durante la semana la tapa de todos los diarios –incluso los panfletariamente oficialistas- y noticieros de radio y televisión al punto que provocaron una presentación de todos los embajadores de la Unión Europea en el Congreso Nacional –primera vez en la historia que se da un acontecimiento de esta significación política-; o ha asumido el cinismo como conducta permanente, al negar lo evidente con plena conciencia de su falsedad.
Los argentinos hemos aprendido a no tomar en serio lo que dice, y no solemos ya escandalizarnos –y ni siquiera preocuparnos- por los inefables discursos presidenciales, que nadie escucha. Ocurre, sin embargo, que fuera de nuestras fronteras lo que dice un presidente suele ser escuchado y es percibido como medianamente serio. Quizás el Canciller debiera advertirle esto, para cuidar más su incontinencia opinadora, máxime cuando ya el mundo conoce el crecimiento de la pobreza, el desborde inflacionario, la reaparición de los déficits públicos y la renovada marcha del endeudamiento que fue la condena de Argentina en los últimos ochenta años, y es hoy impulsado a vela desplegada por la gestión de la inefable “maestra de Siruela”.
Y también comenta el inexplicable enriquecimiento de la sociedad conyugal presidencial, inversamente proporcional al crecimiento de los índices de pobreza de la población argentina.
Ricardo Lafferriere
sábado, 8 de mayo de 2010
Grecia... ¿igual a Argentina?
Como Argentina en los 90, Grecia vivió por encima de las posibilidades de su economía, financiando su gasto con una deuda a la que no podría hacer frente. Pero al igual que la Argentina actual, para atrapar acreedores incautos, se dedicó a falsificar sus estadísticas buscando mostrar que su economía es más grande de lo que efectivamente es y que sus desajustes son menores a los reales.
Lo que le pasa a Grecia, le pasó a la Argentina. Pero lo que le pasa a Grecia también le puede volver a pasar a la Argentina. En ambos casos, la obsesión de descuidar desde la inversión en infraestructura, la capacitación permanente de su gente para incrementar la productividad y la preservación de estructuras estatales incompatibles con una economía dinámica acompañados con un alegre endeudamiento público, diseñan la tormenta perfecta.
Por eso cuando la Presidenta identifica la crisis helénica con la que sufrió nuestro país a comienzos del siglo, asume un enfoque tan rudimentario como peligroso. Dice la mitad de la verdad y oculta la otra mitad, la que está dentro de su responsabilidad –ya que no puede actuarse sobre lo que pasó antes, pero sí podría sobre lo que es posible que pase-.
Pero eso no es todo. Al comparar las crisis, sólo observa las consecuencias, las que sufrió Argentina y hoy está sufriendo Grecia. Oculta que los “ajustes” son la consecuencia inexorable de los previos “desajustes”. Pronunciarse contra los “ajustes” pero, a la vez, proseguir alimentando la tensión de los “desajustes” como si éstos no existieran, es el mejor camino para reproducir la historia hacia ajustes controlados –que es lo mejor- o impuestos por la realidad –en forma cada vez más traumática-.
La Argentina en el 2001 fue golpeada por una crisis expresada a través de su deuda pública, que se hizo insostenible cuando la situación financiera internacional comenzó a mostrar escasez de crédito y los acreedores comenzaron a ser más exigentes al renovar sus activos. Pero el 2001 no salió de un repollo, sino de varios años previos de dislates hiperconsumistas a través del “súper-peso-dólar” por encima de la capacidad productiva del país, que financió esos dislates pidiendo prestado adentro y afuera. Como ahora.
Por supuesto que es políticamente muy difícil advertir esta situación a quien se encuentra en una situación económica dura y de pronto comienza a ver abundancia de créditos y plazos. Es políticamente más “correcto” dejar pasar las cosas para no aparecer malquistado con los compatriotas que sienten un alivio circunstancial a su pobreza. Pero esta corrección no inhibe la profunda inmoralidad que significa ocultar las consecuencias que acarreará el dispendio de lo que no se tiene y el creciente endeudamiento, que en algún momento mostrará su límite –como en el 2001 entre nosotros, como en Grecia hoy-.
El Euro es para Grecia lo que fue el dólar para la Argentina en nuestra crisis: un indicador del desfasaje. La ayuda de la Unión Europea a Grecia es la ayuda que la Argentina necesitó hace nueve años del FMI, y no la obtuvo –mandaba Bush...-
En ambos casos esa ayuda sólo significa un puente hacia la toma de conciencia de la propia realidad. Si llega, es una oportunidad que puede permitir pasar en limpio las posibilidades reales de la economía y dejar al descubierto las tareas necesarias para retomar el impulso al crecimiento, que en cada país tienen sus propias particularidades. Y si no llega, implica que lo que sí llegará son las fuerzas liberadas de la economía, que son lo más parecido a un fenómeno natural. Y en este sentido, la huelga general convocada por los sindicatos griegos –como el grito de guerra “que se vayan todos”, que tuvimos en el 2001- es como si los chilenos o los haitianos hicieran una huelga general para protestar por sus terremotos.
Esta reflexión está lejos de ser de “izquierda” o de “derecha”, como no lo es la decisión de Moreno de despedir mil empleados de la papelera Masuh como condición de su viabilidad, ni la decisión de Raúl Castro de convocar dramáticamente a un “segundo ajuste” de la economía cubana que incluye la reducción de plazas en las universidades, el cierre de comedores para los cubanos más necesitados y la eliminación de subsidios populares. O como no lo es la del parlamento griego de reformar su sistema de pensiones y reducir gastos estatales. Es que la economía, sea de izquierda o de derecha, usa las mismas matemáticas, en las que dos más dos son cuatro.
Grecia, entonces, significa por cierto un recordatorio sobre lo peligroso que es ignorar los límites, creer que se puede mentir indefinidamente, endeudarse por encima de las posibilidades –y además, para gastar en lugar de para invertir- o engañar con los números estadísticos, como el enfermo que prefiere ignorar la marca del termómetro.
Lo que está ocurriendo en Grecia, entonces, ciertamente tiene relación con lo que nos pasó en el 2001: conmociones sociales y hasta muertes por las protestas. Pero lo más grave es que lo que hizo Grecia para llegar a ésto tiene también una dramática similitud con lo que la Argentina de los Kirchner está haciendo hoy, y está anunciando lo que nos puede pasar mañana si no nos comportamos como un país con sentido común. Y en este sentido, con la experiencia a la vista, ni Cristina ni Néstor Kirchner podrán eximirse de su responsabilidad si llegara a haber de nuevo argentinos muertos en las calles.
Ricardo Lafferriere
Lo que le pasa a Grecia, le pasó a la Argentina. Pero lo que le pasa a Grecia también le puede volver a pasar a la Argentina. En ambos casos, la obsesión de descuidar desde la inversión en infraestructura, la capacitación permanente de su gente para incrementar la productividad y la preservación de estructuras estatales incompatibles con una economía dinámica acompañados con un alegre endeudamiento público, diseñan la tormenta perfecta.
Por eso cuando la Presidenta identifica la crisis helénica con la que sufrió nuestro país a comienzos del siglo, asume un enfoque tan rudimentario como peligroso. Dice la mitad de la verdad y oculta la otra mitad, la que está dentro de su responsabilidad –ya que no puede actuarse sobre lo que pasó antes, pero sí podría sobre lo que es posible que pase-.
Pero eso no es todo. Al comparar las crisis, sólo observa las consecuencias, las que sufrió Argentina y hoy está sufriendo Grecia. Oculta que los “ajustes” son la consecuencia inexorable de los previos “desajustes”. Pronunciarse contra los “ajustes” pero, a la vez, proseguir alimentando la tensión de los “desajustes” como si éstos no existieran, es el mejor camino para reproducir la historia hacia ajustes controlados –que es lo mejor- o impuestos por la realidad –en forma cada vez más traumática-.
La Argentina en el 2001 fue golpeada por una crisis expresada a través de su deuda pública, que se hizo insostenible cuando la situación financiera internacional comenzó a mostrar escasez de crédito y los acreedores comenzaron a ser más exigentes al renovar sus activos. Pero el 2001 no salió de un repollo, sino de varios años previos de dislates hiperconsumistas a través del “súper-peso-dólar” por encima de la capacidad productiva del país, que financió esos dislates pidiendo prestado adentro y afuera. Como ahora.
Por supuesto que es políticamente muy difícil advertir esta situación a quien se encuentra en una situación económica dura y de pronto comienza a ver abundancia de créditos y plazos. Es políticamente más “correcto” dejar pasar las cosas para no aparecer malquistado con los compatriotas que sienten un alivio circunstancial a su pobreza. Pero esta corrección no inhibe la profunda inmoralidad que significa ocultar las consecuencias que acarreará el dispendio de lo que no se tiene y el creciente endeudamiento, que en algún momento mostrará su límite –como en el 2001 entre nosotros, como en Grecia hoy-.
El Euro es para Grecia lo que fue el dólar para la Argentina en nuestra crisis: un indicador del desfasaje. La ayuda de la Unión Europea a Grecia es la ayuda que la Argentina necesitó hace nueve años del FMI, y no la obtuvo –mandaba Bush...-
En ambos casos esa ayuda sólo significa un puente hacia la toma de conciencia de la propia realidad. Si llega, es una oportunidad que puede permitir pasar en limpio las posibilidades reales de la economía y dejar al descubierto las tareas necesarias para retomar el impulso al crecimiento, que en cada país tienen sus propias particularidades. Y si no llega, implica que lo que sí llegará son las fuerzas liberadas de la economía, que son lo más parecido a un fenómeno natural. Y en este sentido, la huelga general convocada por los sindicatos griegos –como el grito de guerra “que se vayan todos”, que tuvimos en el 2001- es como si los chilenos o los haitianos hicieran una huelga general para protestar por sus terremotos.
Esta reflexión está lejos de ser de “izquierda” o de “derecha”, como no lo es la decisión de Moreno de despedir mil empleados de la papelera Masuh como condición de su viabilidad, ni la decisión de Raúl Castro de convocar dramáticamente a un “segundo ajuste” de la economía cubana que incluye la reducción de plazas en las universidades, el cierre de comedores para los cubanos más necesitados y la eliminación de subsidios populares. O como no lo es la del parlamento griego de reformar su sistema de pensiones y reducir gastos estatales. Es que la economía, sea de izquierda o de derecha, usa las mismas matemáticas, en las que dos más dos son cuatro.
Grecia, entonces, significa por cierto un recordatorio sobre lo peligroso que es ignorar los límites, creer que se puede mentir indefinidamente, endeudarse por encima de las posibilidades –y además, para gastar en lugar de para invertir- o engañar con los números estadísticos, como el enfermo que prefiere ignorar la marca del termómetro.
Lo que está ocurriendo en Grecia, entonces, ciertamente tiene relación con lo que nos pasó en el 2001: conmociones sociales y hasta muertes por las protestas. Pero lo más grave es que lo que hizo Grecia para llegar a ésto tiene también una dramática similitud con lo que la Argentina de los Kirchner está haciendo hoy, y está anunciando lo que nos puede pasar mañana si no nos comportamos como un país con sentido común. Y en este sentido, con la experiencia a la vista, ni Cristina ni Néstor Kirchner podrán eximirse de su responsabilidad si llegara a haber de nuevo argentinos muertos en las calles.
Ricardo Lafferriere
lunes, 3 de mayo de 2010
UNASUR
Para algunos es el “Ministerio de Colonias” de Brasil. Para otros, un foro más –de los tantos- que justifican el turismo político y las burocracias inútiles. Para los más optimistas, es una instancia de integración sudamericana. De ese organismo Néstor Kirchner acaba de ser designado Secretario General.
Impulsada por la diplomacia brasileña, la “Unión de Naciones Sudamericanas” tuvo desde el comienzo el objetivo de conformar un espacio de poder en el que el Brasil pudiera respaldarse para su ambición de convertirse en potencia global. En las reglas de juego de la política internacional, no está mal. Todos los países que se precien tienen su “espacio” de influencia destacada: los Estados Unidos tienen la OEA, España la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y en algún momento hasta nuestro país soñó con que ese espacio podría ser el desarrollo de la “Cuenca del Plata” o del propio Mercosur. Los demás convocados, un poco por cortesía y otro poco porque son espacios en los que pueden obtener alguna ventaja de la aspiración ajena, suelen concurrir. Siempre son fuentes de trabajo adicionales para la diplomacia y lugares en los que el entramado de las relaciones permite el intercambio de bienes, favores, apoyos o alineamientos en el múltiple colorido del escenario mundial actual.
En el caso del UNASUR, su inutilidad queda patentizado en disposiciones funcionales. Sus resoluciones deben ser tomadas “por consenso”(art. 13, párrafo 3) –para lo cual no se requiere contar con un organismo especial-. Es más: aún lograndose consenso sobre una medida o política, “los Estados miembros pueden eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, por tiempo definido o indefinido” (art. 13, párrafo 5), lo que hace inutil cualquier decisión. El financiamiento del organismo estará a cargo de los Estados parte, según su capacidad económica (art. 16). Al contar Brasil hoy con un PBI equivalente al doble de la totalidad de los demás países sudamericanos sumados, será el principal soporte, o sea, el principal decisor sobre la efectividad y vigencia de las medidas que se decidan. En otras palabras, será “el que mande”.
En caso de controversia entre los Estados Miembros, éstas deberán resolverse por “negociaciones directas” (art. 21) y si éstas no fueran resueltas, se elevarán al Consejo de “Delegados y Delegadas” (sic, ésta es la parte que le dejaron escribir a Cristina). Si las diferencias persistieren, se elevarán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración (art. 21). O sea: igual que si el organismo no existiera.
De acuerdo al articulado del Tratado, difícilmente podría imaginarse un organismo con menor ejecutividad, imperio legal u obligaciones contractuales para la decisión e impulso de políticas concretas. El simbolismo será su única virtualidad, y éste será dado por la respetabilidad de los funcionarios permanentes designados y el uso que decidan darle los países firmantes al “sello” del organismo.
En fin. La Argentina ha sido llevada por Kirchner y su esposa a un grado tal de aislamiento e insignificancia internacional que cualquier espacio que la tenga en cuenta debe ser ocupado, aunque no sirva para nada. Por supuesto, a condición de que ese espacio no conspire para incrementar su aislamiento, por falencias de fondo o forma en el desempeño del compatriota convocado.
Puede ser que el ex presidente aporte a la integración sudamericana. Sin embargo, los intereses argentinos sobre el tema no pasan por priorizar el alineamiento pro-brasileño, sino apuntar a un espacio mayor en el que participe México –cuya dimensión, trayectoria política y puerta de entrada al mayor mercado mundial son claves-; que esté firmemente alineado con los países responsables en incrementar la seguridad internacional y la paz –lo que no coincide con los lazos de Bolivia, ni con las fintas de Chavez y el propio Lula con el Irán nuclear y terrorista-; que refuerce la construcción de una comunidad mundial con mayores cuotas de democracia y normativas económicas homologables –objetivo al que la presidenta adhirió firmando el acuerdo de Londres del G-20, pero se niega a aceptar porque descubriría sus falsedades estadísticas- y en lo más cercano, priorice la región, habida cuenta de que los desafíos mayores pasan por la integración física con todos los países del entorno (el corte del Puente San Martín va para tres años...) y consiga de Brasil una apertura más franca de su mercado para las exportaciones nacionales.
La Argentina, mientras tanto, deberá reescribir su historia oficial de relación con nuestro gran vecino del que, como lo afirmara días atrás el inefable Franco Macri, -aunque “con tristeza” según sus palabras en la Revista La Nación del 2 de mayo- hoy por hoy, apenas somos “una provincia”. Quienes criticaron durante décadas la poco feliz frase del vicepresidente Roca en oportunidad de firmar el tratado con Gran Bretaña en 1933, cuando sostuvo que “desde el punto de vista económico, la Argentina debe ser considerada parte integrante del imperio británico” deberán rever sus lapidarios juicios, claro que esta vez cambiando “Roca” por “Kirchner”, “Runciman” por “Lula” e “Imperio Británico” por “Brasil”. Kirchner es ahora un nuevo funcionario de Lula, quién –como se deduce de su novedoso romance con Pepe Mujica y trascendió en los diferentes medios de prensa- fue el encargado de “destrabar” el veto oriental, a cambio de pasos menos simbólicos que un cargo inservible: la terminación de la interconexión eléctrica brasileño-uruguaya, la reconstrucción de la red ferroviaria de su país, la participación de Brasil en la construcción del puerto de aguas profundas de La Paloma, y el apoyo brasileño para la exlporación del subsuelo marino uruguayo en la búsqueda de hidrocarburos...
Por lo demás, todos contentos...
Como suele ocurrir en las aventuras kirchneristas, poco importan las formas. Entre ellas, una no menor es –como se ha dicho- que la Argentina no ha ratificado el tratado fundacional del UNASUR, por lo que no es socia de pleno derecho del organismo. Un ex presidente argentino está en la nebulosa situación de ocupar un puesto internacional de un organismo semiinexistente, cuyo ejercicio impone la obligación de tener “dedicación exclusiva” (art. 10), de residir en la sede del organismo, fijada en Quito y de ser financiado casi totalmente por Brasil. Cabía preguntarse si el Dr. Kirchner renunciaría a su función como presidente del Partido Justicialista, renunciaría a su banca testimonial de Diputado y se iría a vivir a Ecuador. En realidad, nadie podría imaginar al Secretario General de la ONU o de la OEA ocupando una banca legislativa en su país de origen, o presidiendo un partido político en disputa por el poder en uno de los países miembros...
Pero no. Ya consiguió que Ecuador le “ceda” la sede, no quiere abandonar su banca que le garantiza impunidad, y de dejar la presidencia del PJ, ni hablar. Como es su estilo, comienza su función burlando el tratado que no lo es sin que a nadie le preocupe. Mucho menos a su nuevo empleador, para el que las funciones internas de su novel empleado hasta pueden resultarle de utilidad. Vaya a saber...
Ricardo Lafferriere
Impulsada por la diplomacia brasileña, la “Unión de Naciones Sudamericanas” tuvo desde el comienzo el objetivo de conformar un espacio de poder en el que el Brasil pudiera respaldarse para su ambición de convertirse en potencia global. En las reglas de juego de la política internacional, no está mal. Todos los países que se precien tienen su “espacio” de influencia destacada: los Estados Unidos tienen la OEA, España la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y en algún momento hasta nuestro país soñó con que ese espacio podría ser el desarrollo de la “Cuenca del Plata” o del propio Mercosur. Los demás convocados, un poco por cortesía y otro poco porque son espacios en los que pueden obtener alguna ventaja de la aspiración ajena, suelen concurrir. Siempre son fuentes de trabajo adicionales para la diplomacia y lugares en los que el entramado de las relaciones permite el intercambio de bienes, favores, apoyos o alineamientos en el múltiple colorido del escenario mundial actual.
En el caso del UNASUR, su inutilidad queda patentizado en disposiciones funcionales. Sus resoluciones deben ser tomadas “por consenso”(art. 13, párrafo 3) –para lo cual no se requiere contar con un organismo especial-. Es más: aún lograndose consenso sobre una medida o política, “los Estados miembros pueden eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, por tiempo definido o indefinido” (art. 13, párrafo 5), lo que hace inutil cualquier decisión. El financiamiento del organismo estará a cargo de los Estados parte, según su capacidad económica (art. 16). Al contar Brasil hoy con un PBI equivalente al doble de la totalidad de los demás países sudamericanos sumados, será el principal soporte, o sea, el principal decisor sobre la efectividad y vigencia de las medidas que se decidan. En otras palabras, será “el que mande”.
En caso de controversia entre los Estados Miembros, éstas deberán resolverse por “negociaciones directas” (art. 21) y si éstas no fueran resueltas, se elevarán al Consejo de “Delegados y Delegadas” (sic, ésta es la parte que le dejaron escribir a Cristina). Si las diferencias persistieren, se elevarán al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración (art. 21). O sea: igual que si el organismo no existiera.
De acuerdo al articulado del Tratado, difícilmente podría imaginarse un organismo con menor ejecutividad, imperio legal u obligaciones contractuales para la decisión e impulso de políticas concretas. El simbolismo será su única virtualidad, y éste será dado por la respetabilidad de los funcionarios permanentes designados y el uso que decidan darle los países firmantes al “sello” del organismo.
En fin. La Argentina ha sido llevada por Kirchner y su esposa a un grado tal de aislamiento e insignificancia internacional que cualquier espacio que la tenga en cuenta debe ser ocupado, aunque no sirva para nada. Por supuesto, a condición de que ese espacio no conspire para incrementar su aislamiento, por falencias de fondo o forma en el desempeño del compatriota convocado.
Puede ser que el ex presidente aporte a la integración sudamericana. Sin embargo, los intereses argentinos sobre el tema no pasan por priorizar el alineamiento pro-brasileño, sino apuntar a un espacio mayor en el que participe México –cuya dimensión, trayectoria política y puerta de entrada al mayor mercado mundial son claves-; que esté firmemente alineado con los países responsables en incrementar la seguridad internacional y la paz –lo que no coincide con los lazos de Bolivia, ni con las fintas de Chavez y el propio Lula con el Irán nuclear y terrorista-; que refuerce la construcción de una comunidad mundial con mayores cuotas de democracia y normativas económicas homologables –objetivo al que la presidenta adhirió firmando el acuerdo de Londres del G-20, pero se niega a aceptar porque descubriría sus falsedades estadísticas- y en lo más cercano, priorice la región, habida cuenta de que los desafíos mayores pasan por la integración física con todos los países del entorno (el corte del Puente San Martín va para tres años...) y consiga de Brasil una apertura más franca de su mercado para las exportaciones nacionales.
La Argentina, mientras tanto, deberá reescribir su historia oficial de relación con nuestro gran vecino del que, como lo afirmara días atrás el inefable Franco Macri, -aunque “con tristeza” según sus palabras en la Revista La Nación del 2 de mayo- hoy por hoy, apenas somos “una provincia”. Quienes criticaron durante décadas la poco feliz frase del vicepresidente Roca en oportunidad de firmar el tratado con Gran Bretaña en 1933, cuando sostuvo que “desde el punto de vista económico, la Argentina debe ser considerada parte integrante del imperio británico” deberán rever sus lapidarios juicios, claro que esta vez cambiando “Roca” por “Kirchner”, “Runciman” por “Lula” e “Imperio Británico” por “Brasil”. Kirchner es ahora un nuevo funcionario de Lula, quién –como se deduce de su novedoso romance con Pepe Mujica y trascendió en los diferentes medios de prensa- fue el encargado de “destrabar” el veto oriental, a cambio de pasos menos simbólicos que un cargo inservible: la terminación de la interconexión eléctrica brasileño-uruguaya, la reconstrucción de la red ferroviaria de su país, la participación de Brasil en la construcción del puerto de aguas profundas de La Paloma, y el apoyo brasileño para la exlporación del subsuelo marino uruguayo en la búsqueda de hidrocarburos...
Por lo demás, todos contentos...
Como suele ocurrir en las aventuras kirchneristas, poco importan las formas. Entre ellas, una no menor es –como se ha dicho- que la Argentina no ha ratificado el tratado fundacional del UNASUR, por lo que no es socia de pleno derecho del organismo. Un ex presidente argentino está en la nebulosa situación de ocupar un puesto internacional de un organismo semiinexistente, cuyo ejercicio impone la obligación de tener “dedicación exclusiva” (art. 10), de residir en la sede del organismo, fijada en Quito y de ser financiado casi totalmente por Brasil. Cabía preguntarse si el Dr. Kirchner renunciaría a su función como presidente del Partido Justicialista, renunciaría a su banca testimonial de Diputado y se iría a vivir a Ecuador. En realidad, nadie podría imaginar al Secretario General de la ONU o de la OEA ocupando una banca legislativa en su país de origen, o presidiendo un partido político en disputa por el poder en uno de los países miembros...
Pero no. Ya consiguió que Ecuador le “ceda” la sede, no quiere abandonar su banca que le garantiza impunidad, y de dejar la presidencia del PJ, ni hablar. Como es su estilo, comienza su función burlando el tratado que no lo es sin que a nadie le preocupe. Mucho menos a su nuevo empleador, para el que las funciones internas de su novel empleado hasta pueden resultarle de utilidad. Vaya a saber...
Ricardo Lafferriere
viernes, 30 de abril de 2010
El juicio de Bonafini
“Culpables de traición al pueblo de la Nación Argentina”, sentenció la jueza Bonafini al culminar la parodia realizada el jueves 29 de abril, casualmente “día del animal”, en la Plaza de Mayo.
La traición no es un delito menor. Nuestro Código Penal lo sanciona con una pena de prisión perpetua (artículo 215), la máxima establecida por la ley argentina luego de la derogación de la pena de muerte.
El grotesco de Bonafini no es inocente. Aunque para algunos no signifique mucho más que otro dislate de un grupo de desequilibrados, no es posible olvidar que con un hecho como éste, hace cuarenta años, se inició el período más sangriento de la Argentina, que culminaía con los años de plomo cuyos coletazos aún condicionan la convivencia nacional.
“Culpable” fue, en efecto, la “sentencia” que recibió de un tribunal como el de Bonafini el Gral. Pedro E. Aramburu, secuestrado por los Montoneros el 20 de mayo de 1970. Fernando Abal Medina asume el rol de verdugo y ejecuta vilmente al militar secuestrado, sembrando con este hecho la semilla que acompañaría la intolerancia y los enfrentamientos durante más de dos décadas.
Luego “ejecutarían” al Dr. Arturo Mor Roig, dirigente radical de origen balbinista que se había incorporado a la etapa de retirada del gobierno militar de entonces con el acuerdo de todo el arco político democrático para garantizar la limpieza del proceso electoral. Y luego a José Ignacio Rucci, dirigente gremial peronista acusado de ser el brazo gremial del propio Perón.
Quienes fuimos protagonistas de entonces en las filas radicales luchamos duramente contra estas actitudes criminales, deformaciones inmorales de la lucha política. Debimos enfrentar la incomprensión del gobierno militar, obsesionado contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular, y de los Montoneros, curiosamente también obsesionados contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular. De los primeros sufrimos los crímenes alevosos de Sergio Karacachoff, Mario Amaya, Rodríguez Araya, el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen y muchos más, exilados y detenidos sin juicio ni derechos. De los segundos, los cadenazos en las Facultades y la acusación de hacer causa común con sus “enemigos”, con todo lo que implicaba en esos momentos para la seguridad personal.
La bandera de las “elecciones libres” fueron abriéndose paso y creando un espacio que arrinconó a ambas posiciones intolerantes. El primer turno democrático (1973) no nos había sido exitoso, y terminó con el baño de sangre escalado en 1974 por la batalla campal entre la triple A de López Rega, Isabel y algunos dicen que el propio Perón frente a los Montoneros y otros grupos armados, convertidos en un verdadero ejército insurgente.
Pero el segundo turno el pueblo argentino ya había encarnado su visceral rechazo a las formas violentas y abrió el camino en 1983, masivamente, a la propuesta de la vida y la paz, convertido en el gigantesco torrente democrático liderado por Raúl Alfonsín. El decreto ordenando a los fiscales la instrucción de causa a las Juntas Militares y a las conducciones montoneras fue el testimonio de esa orientación. Hacia atrás, la justicia. Hacia adelante, la política. Y en la práctica de ésta, el diálogo para construir consensos nacionales, de cara al futuro. La renovación peronista acompañó este proceso y estuvimos cerca de lograr el éxito, frustrado finalmente por las presiones corporativas de formaciones gremiales, empresariales y hasta políticas que no imaginaban un país sin populismo.
Mucho agua corrió bajo el puente. El proceso argentino, que tuviera similitudes con el chileno y el uruguayo, abrió el camino de la restauración democrática en forma ejemplar. A pesar de conmociones que pusieron en vilo esta reconstrucción, fue imponiéndose la idea de dar vuelta la página en términos políticos para discutir el futuro, dejando el procesamiento el pasado en manos de la justicia y de la historia, como hicieron todos los países del mundo que atravesaron períodos parecidos, entendiendo que la verdad y la reconciliación eran las únicas bases posibles para reiniciar la marcha y no repetir la historia. Nuestros vecinos siguieron ese camino, y muestran sus éxitos. Nosotros nos empantanamos en el cambio de siglo, incitando irresponsablemente a revivir el pasado.
Nuevamente, como hace cuatro décadas, comenzamos a asistir a hechos grotescos de intolerancia y violencia, que no son aislados.
Los ataques mediante afiches anónimos al Vicepresidente de la Nación y a prestigiosos periodistas, las agresiones en la Feria del Libro a quienes ejercen su derecho nada menos que de “publicar sus ideas sin censura previa” y esta parodia grotesca que contó con el beneplácito del gobierno nacional y hasta la participación de uno de sus funcionarios pretenden reiniciar un proceso como el que ya vivimos y que no queremos que vuelva “Nunca más”.
Hay que destacar, sin embargo, una diferencia que no es menor. En 1970, los criminales que comenzaron el proceso sangriento pudieron generar una expectativa tras la que arrastraron gran parte de la juventud argentina. En 2010, los argentinos ya hemos experimentado cómo termina esto. Y la bufona disfrazada de jueza no genera adhesiones sino apenas más vergüenza ajena, deja en ridículo a quienes la rodean y se aisla cada vez más de una sociedad harta de conflictos, enfrentamientos e intolerancia.
Ricardo Lafferriere
La traición no es un delito menor. Nuestro Código Penal lo sanciona con una pena de prisión perpetua (artículo 215), la máxima establecida por la ley argentina luego de la derogación de la pena de muerte.
El grotesco de Bonafini no es inocente. Aunque para algunos no signifique mucho más que otro dislate de un grupo de desequilibrados, no es posible olvidar que con un hecho como éste, hace cuarenta años, se inició el período más sangriento de la Argentina, que culminaía con los años de plomo cuyos coletazos aún condicionan la convivencia nacional.
“Culpable” fue, en efecto, la “sentencia” que recibió de un tribunal como el de Bonafini el Gral. Pedro E. Aramburu, secuestrado por los Montoneros el 20 de mayo de 1970. Fernando Abal Medina asume el rol de verdugo y ejecuta vilmente al militar secuestrado, sembrando con este hecho la semilla que acompañaría la intolerancia y los enfrentamientos durante más de dos décadas.
Luego “ejecutarían” al Dr. Arturo Mor Roig, dirigente radical de origen balbinista que se había incorporado a la etapa de retirada del gobierno militar de entonces con el acuerdo de todo el arco político democrático para garantizar la limpieza del proceso electoral. Y luego a José Ignacio Rucci, dirigente gremial peronista acusado de ser el brazo gremial del propio Perón.
Quienes fuimos protagonistas de entonces en las filas radicales luchamos duramente contra estas actitudes criminales, deformaciones inmorales de la lucha política. Debimos enfrentar la incomprensión del gobierno militar, obsesionado contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular, y de los Montoneros, curiosamente también obsesionados contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular. De los primeros sufrimos los crímenes alevosos de Sergio Karacachoff, Mario Amaya, Rodríguez Araya, el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen y muchos más, exilados y detenidos sin juicio ni derechos. De los segundos, los cadenazos en las Facultades y la acusación de hacer causa común con sus “enemigos”, con todo lo que implicaba en esos momentos para la seguridad personal.
La bandera de las “elecciones libres” fueron abriéndose paso y creando un espacio que arrinconó a ambas posiciones intolerantes. El primer turno democrático (1973) no nos había sido exitoso, y terminó con el baño de sangre escalado en 1974 por la batalla campal entre la triple A de López Rega, Isabel y algunos dicen que el propio Perón frente a los Montoneros y otros grupos armados, convertidos en un verdadero ejército insurgente.
Pero el segundo turno el pueblo argentino ya había encarnado su visceral rechazo a las formas violentas y abrió el camino en 1983, masivamente, a la propuesta de la vida y la paz, convertido en el gigantesco torrente democrático liderado por Raúl Alfonsín. El decreto ordenando a los fiscales la instrucción de causa a las Juntas Militares y a las conducciones montoneras fue el testimonio de esa orientación. Hacia atrás, la justicia. Hacia adelante, la política. Y en la práctica de ésta, el diálogo para construir consensos nacionales, de cara al futuro. La renovación peronista acompañó este proceso y estuvimos cerca de lograr el éxito, frustrado finalmente por las presiones corporativas de formaciones gremiales, empresariales y hasta políticas que no imaginaban un país sin populismo.
Mucho agua corrió bajo el puente. El proceso argentino, que tuviera similitudes con el chileno y el uruguayo, abrió el camino de la restauración democrática en forma ejemplar. A pesar de conmociones que pusieron en vilo esta reconstrucción, fue imponiéndose la idea de dar vuelta la página en términos políticos para discutir el futuro, dejando el procesamiento el pasado en manos de la justicia y de la historia, como hicieron todos los países del mundo que atravesaron períodos parecidos, entendiendo que la verdad y la reconciliación eran las únicas bases posibles para reiniciar la marcha y no repetir la historia. Nuestros vecinos siguieron ese camino, y muestran sus éxitos. Nosotros nos empantanamos en el cambio de siglo, incitando irresponsablemente a revivir el pasado.
Nuevamente, como hace cuatro décadas, comenzamos a asistir a hechos grotescos de intolerancia y violencia, que no son aislados.
Los ataques mediante afiches anónimos al Vicepresidente de la Nación y a prestigiosos periodistas, las agresiones en la Feria del Libro a quienes ejercen su derecho nada menos que de “publicar sus ideas sin censura previa” y esta parodia grotesca que contó con el beneplácito del gobierno nacional y hasta la participación de uno de sus funcionarios pretenden reiniciar un proceso como el que ya vivimos y que no queremos que vuelva “Nunca más”.
Hay que destacar, sin embargo, una diferencia que no es menor. En 1970, los criminales que comenzaron el proceso sangriento pudieron generar una expectativa tras la que arrastraron gran parte de la juventud argentina. En 2010, los argentinos ya hemos experimentado cómo termina esto. Y la bufona disfrazada de jueza no genera adhesiones sino apenas más vergüenza ajena, deja en ridículo a quienes la rodean y se aisla cada vez más de una sociedad harta de conflictos, enfrentamientos e intolerancia.
Ricardo Lafferriere
jueves, 22 de abril de 2010
Frente a la ofensiva golpista, templanza y justicia
En forma abierta y desembozada, con la tolerancia –y complicidad- del gobierno, se está destando una ofensiva golpista contra el orden institucional argentino persiguiendo la destitución del Vicepresidente de la Nación.
Desde la recuperación democrática el país vivió varios momentos duros. Sin embargo, nunca había atravesado hasta hoy una situación que transita por el borde de la ruptura institucional, mediante la presión por parte de uno de los poderes del Estado contra uno de los funcionarios constitucionales electos de mayor jerarquía.
Quienes impulsan esta ofensiva se colocan al margen del orden institucional y violan expresas normas legales. No lo pueden hacer siquiera en nombre de la mayoría, ya que tanto el pronunciamiento electoral último como las muestras de opinión imparciales muestran que las tres cuartas partes de los argentinos desaprueban la gestión del equipo gobernante, que motoriza la convocatoria golpista. Sin embargo, ese 75 % de argentinos jamás impulsaría la destitución de la presidenta, a pesar de su evidente incapacidad de gobierno. Y gran parte del otro 25 % que respalda al gobierno, seguramente tampoco avalan un dislate que nos coloca al borde del caos.
La democracia está hoy siendo puesta a prueba Las minorías violentas que desatan esta ofensiva marchan a contramano de la vocación democrática de los argentinos, de su decisión de convivir en paz, de su reclamo de vigencia de la ley, de su aspiración de justicia independiente e imparcial que alcance a todos.
El Vicepresidente de la Nación no sólo tiene legitimidad de origen, al haber sido electo por la misma cantidad de argentinos que la presidenta, sino que tiene hoy un respaldo de los ciudadanos abrumadoramente superior al de la propia jefa de gobierno. Quienes piden su remoción no tienen autoridad legal, justificaciones éticas ni condiciones políticas de solicitarlo.
El orden constitucional ofrece una vía para cualquier ciudadano que considere que se cumplen las condiciones para su remoción: el pedido de juicio político. Ni los actos amañados, ni los gritos desaforados, ni las presiones mafiosas al funcionario y sus familiares, ni los libelos fraguados deben afectar la templanza y la entereza política de un hombre que los argentinos han elegido para cumplir una función constitucional, en cuyo correcto ejercicio se ven reflejados.
La permanencia de Julio Cobos en el cargo que inviste es una decisión que ni siquiera le compete a él, sino al pueblo al que se debe y a la Constitución que juró cumplir. El gobierno nacional debe cesar de inmediato su incitación golpista y la justicia debe proceder aplicando la ley de defensa de la democracia a quien convoque a la violación de sus normas o exalte la presión a los funcionarios para forzarlos a tomar decisiones sin libertad de conciencia.
Ricardo Lafferriere
Desde la recuperación democrática el país vivió varios momentos duros. Sin embargo, nunca había atravesado hasta hoy una situación que transita por el borde de la ruptura institucional, mediante la presión por parte de uno de los poderes del Estado contra uno de los funcionarios constitucionales electos de mayor jerarquía.
Quienes impulsan esta ofensiva se colocan al margen del orden institucional y violan expresas normas legales. No lo pueden hacer siquiera en nombre de la mayoría, ya que tanto el pronunciamiento electoral último como las muestras de opinión imparciales muestran que las tres cuartas partes de los argentinos desaprueban la gestión del equipo gobernante, que motoriza la convocatoria golpista. Sin embargo, ese 75 % de argentinos jamás impulsaría la destitución de la presidenta, a pesar de su evidente incapacidad de gobierno. Y gran parte del otro 25 % que respalda al gobierno, seguramente tampoco avalan un dislate que nos coloca al borde del caos.
La democracia está hoy siendo puesta a prueba Las minorías violentas que desatan esta ofensiva marchan a contramano de la vocación democrática de los argentinos, de su decisión de convivir en paz, de su reclamo de vigencia de la ley, de su aspiración de justicia independiente e imparcial que alcance a todos.
El Vicepresidente de la Nación no sólo tiene legitimidad de origen, al haber sido electo por la misma cantidad de argentinos que la presidenta, sino que tiene hoy un respaldo de los ciudadanos abrumadoramente superior al de la propia jefa de gobierno. Quienes piden su remoción no tienen autoridad legal, justificaciones éticas ni condiciones políticas de solicitarlo.
El orden constitucional ofrece una vía para cualquier ciudadano que considere que se cumplen las condiciones para su remoción: el pedido de juicio político. Ni los actos amañados, ni los gritos desaforados, ni las presiones mafiosas al funcionario y sus familiares, ni los libelos fraguados deben afectar la templanza y la entereza política de un hombre que los argentinos han elegido para cumplir una función constitucional, en cuyo correcto ejercicio se ven reflejados.
La permanencia de Julio Cobos en el cargo que inviste es una decisión que ni siquiera le compete a él, sino al pueblo al que se debe y a la Constitución que juró cumplir. El gobierno nacional debe cesar de inmediato su incitación golpista y la justicia debe proceder aplicando la ley de defensa de la democracia a quien convoque a la violación de sus normas o exalte la presión a los funcionarios para forzarlos a tomar decisiones sin libertad de conciencia.
Ricardo Lafferriere
lunes, 19 de abril de 2010
Bicentenario diferente
La presidenta ha viajado a Caracas, para participar de los festejos del Bicentenario de la independencia venezolana. Será la única oradora ante la Asamblea Nacional, además del presidente Chavez.
Se encontrará allí con un bicentenario diferente. No verá “madres de Plaza de Mayo” reclamando por los crímenes ocuridos décadas atrás ni grupos piqueteros anarquizados protestando por la –descomunal- inflación venezolana. No escuchará el eco de las políticas de género ni reivindicaciones de casamientos entre personas del mismo sexo. No se encontrará con debates sobre el aborto, o los derechos de los homosexuales. En la militarizada sociedad venezolana no florecen las preocupaciones de la posmodernidad, como –a pesar de todo- sí lo hacen en la Argentina.
Un desfile militar gigantesco, al que se suman las milicias bolivarianas con jóvenes armados, será el marco monumental de la recordación, en una sociedad crispada hasta el límite en la que su presidente ha llamado a sus milicias a “tomar todo el poder”.
Curiosamente, el 19 de abril de 1810 –fecha en la que se conmemora en Venezuela el inicio del proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811-, la gesta fue civil, sin ninguna participación militar. El Cabildo destituyó al Capital General Vicente Emparan, designado por las autoridades napoleónicas que habían tomado España como “Capitán General de Venezuela”. Antes de viajar, retornando a su lealtad hispánica, había jurado fidelidad al rey cautivo Fernando VII y sido ratificado por la Junta Suprema Central a pesar del origen de su nombramiento. Al hacerse cargo, reprimió varios intentos de sublevación hasta que, al conocerse en Venezuela la caída de la Junta Central, fue detenido por la población y conducido al Cabildo, donde presentó su renuncia.
La diferencia con la Revolución en Buenos Aires fue absoluta. En esos tiempos, Buenos Aires, con alrededor de 40.000 habitantes, tenía más de 8.000 milicianos armados (el 20 % de su población), en cuerpos organizados a raíz de las invasiones inglesas y que, en muchos casos, elegían sus propios Jefes. El proceso rioplatense fue claramente “cívico-militar”, a diferencia del caraqueño, esencialmente ciudadano.
Esa diferencia se traslada al bicentenario, aunque invertida. A pesar de la fuerte impronta autoritaria del kirchnerismo y sus esfuerzos polarizantes, la Argentina es hoy una sociedad abierta, tolerante y dinámica. La violencia o la amenaza de tal genera el inmediato rechazo, virtualmente unánime, de la población y sólo es receptada verbalmente por grupos residuales –pequeños, aunque ruidosos- de ambos bandos de los años de plomo. Ha dejado atrás las veleidades “armadas”, luego de una experiencia que la marcó a fuego por los desbordes de la insurgencia y la contrainsurgencia. Las convocatorias a la intolerancia rebotan en una sociedad reclamante y practicante de la convivencia.
Venezuela, por su parte, está siendo conducida al pasado violento de la ausencia de acuerdos, la inexistencia de diálogos, la polarización donde la palabra “muerte” forma parte semántica de las dicotomías políticas y donde el maravilloso florecer de los matices y del colorido democrático está siendo ahogado por los gritos estentóreos.
Quizás sea un buen momento para que la presidenta, que pareciera querer estar de vuelta de sus pasionales arrebatos de hace algunos meses, reflexione ante el espectáculo sepia de su amigo caribeño, valore la lección que le están dando sus compatriotas y aproveche el tiempo que le queda de mandato para sumarse plenamente a la marcha modernizadora que, sin esperarla, toman los sectores más dinámicos del pueblo argentino en el Congreso, en el campo, en las fábricas, en la creación artística, intelectual y científica, en la solidaridad social, en los caminos abiertos por el propio esfuerzo ejerciendo la libertad –personal y nacional- comenzado a edificar hace dos siglos.
Ricardo Lafferriere
Se encontrará allí con un bicentenario diferente. No verá “madres de Plaza de Mayo” reclamando por los crímenes ocuridos décadas atrás ni grupos piqueteros anarquizados protestando por la –descomunal- inflación venezolana. No escuchará el eco de las políticas de género ni reivindicaciones de casamientos entre personas del mismo sexo. No se encontrará con debates sobre el aborto, o los derechos de los homosexuales. En la militarizada sociedad venezolana no florecen las preocupaciones de la posmodernidad, como –a pesar de todo- sí lo hacen en la Argentina.
Un desfile militar gigantesco, al que se suman las milicias bolivarianas con jóvenes armados, será el marco monumental de la recordación, en una sociedad crispada hasta el límite en la que su presidente ha llamado a sus milicias a “tomar todo el poder”.
Curiosamente, el 19 de abril de 1810 –fecha en la que se conmemora en Venezuela el inicio del proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811-, la gesta fue civil, sin ninguna participación militar. El Cabildo destituyó al Capital General Vicente Emparan, designado por las autoridades napoleónicas que habían tomado España como “Capitán General de Venezuela”. Antes de viajar, retornando a su lealtad hispánica, había jurado fidelidad al rey cautivo Fernando VII y sido ratificado por la Junta Suprema Central a pesar del origen de su nombramiento. Al hacerse cargo, reprimió varios intentos de sublevación hasta que, al conocerse en Venezuela la caída de la Junta Central, fue detenido por la población y conducido al Cabildo, donde presentó su renuncia.
La diferencia con la Revolución en Buenos Aires fue absoluta. En esos tiempos, Buenos Aires, con alrededor de 40.000 habitantes, tenía más de 8.000 milicianos armados (el 20 % de su población), en cuerpos organizados a raíz de las invasiones inglesas y que, en muchos casos, elegían sus propios Jefes. El proceso rioplatense fue claramente “cívico-militar”, a diferencia del caraqueño, esencialmente ciudadano.
Esa diferencia se traslada al bicentenario, aunque invertida. A pesar de la fuerte impronta autoritaria del kirchnerismo y sus esfuerzos polarizantes, la Argentina es hoy una sociedad abierta, tolerante y dinámica. La violencia o la amenaza de tal genera el inmediato rechazo, virtualmente unánime, de la población y sólo es receptada verbalmente por grupos residuales –pequeños, aunque ruidosos- de ambos bandos de los años de plomo. Ha dejado atrás las veleidades “armadas”, luego de una experiencia que la marcó a fuego por los desbordes de la insurgencia y la contrainsurgencia. Las convocatorias a la intolerancia rebotan en una sociedad reclamante y practicante de la convivencia.
Venezuela, por su parte, está siendo conducida al pasado violento de la ausencia de acuerdos, la inexistencia de diálogos, la polarización donde la palabra “muerte” forma parte semántica de las dicotomías políticas y donde el maravilloso florecer de los matices y del colorido democrático está siendo ahogado por los gritos estentóreos.
Quizás sea un buen momento para que la presidenta, que pareciera querer estar de vuelta de sus pasionales arrebatos de hace algunos meses, reflexione ante el espectáculo sepia de su amigo caribeño, valore la lección que le están dando sus compatriotas y aproveche el tiempo que le queda de mandato para sumarse plenamente a la marcha modernizadora que, sin esperarla, toman los sectores más dinámicos del pueblo argentino en el Congreso, en el campo, en las fábricas, en la creación artística, intelectual y científica, en la solidaridad social, en los caminos abiertos por el propio esfuerzo ejerciendo la libertad –personal y nacional- comenzado a edificar hace dos siglos.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 7 de abril de 2010
Representación
"Penélope Glamour”, “Keops”, “Sarmiento”... papeles interpretados por quien, si debiera ser clasificada por Mallea en su recordada caracterización de los dos “tipos” de argentinos, claramente no estaría entre los “argentinos invisibles”, aquellos que con su trabajo tesonero, su humildad, su sabiduría y sus valores construyen el presente y el futuro del país. Por el contrario, pareciera cumplir con precisión los requisitos del típico “argentino de la representación”, el que “siempre aparenta, pero nunca es”.
El tema no pasaría a mayores si quien dice sentirse esas figuras no fuera, justamente, la “primera representante” de los argentinos, quien ocupa nada menos que la “jefatura suprema de la Nación”, como pomposamente define la Constitución Nacional a la función presidencial.
Puede ser que tenga vocación de actriz. No estaría mal, si se dedicara a su vocación. Representar un personaje de dibujos animados televisivos, sentirse el faraón más reputado de Egipto antiguo o actuar pensándose a sí misma como una especie de Sarmiento del siglo XXI la convertirían en una gran profesional, con versatilidad y frescura seguramente admiradas por la crítica.
El problema surge cuando los personajes son contradictorios, pero la función representada es única. El grito “Socorro, socorro” que caracterizaba al personaje del “comic” por su torpe impotencia ante situaciones inesperadas poco tiene que ver con la solemne y fría utilización del poder despótico de uno de los reyes más autócratas de la antigüedad egipcia, como lo fue Keops –recordado, además de por la Gran Pirámide, por su concentración del poder dando origen al primer estado absolutista de la historia- y ambos están en las antípodas de la vocación democrática, la austeridad republicana y el serio compromiso con la vigencia de la ley y la capacitación popular del gran sanjuanino.
La presidencia de una República democrática tiene algo de la “representación”, pero no de la misma que hablaba Mallea. La “representación” política conlleva siempre una tarea de interpretación de los ciudadanos, porque supone que el poder que se ejerce radica en la voluntad de ese mandante a quien se le reconoce soberanía. La representación de Mallea, por el contrario, alude a la permanente actitud de mostrarse como lo que no se es para aparentar ser más, o diferente. La picaresca popular le daría a esta clase de representación un nominativo más pedestre: el conocido “chanta” de nuestro lunfardo rioplatense, que lamentablemente tiene entre nosotros una presencia más que peligrosa cuando su titular tiene poder...
La sana cultura política en una democracia consiste entonces en representar a los ciudadanos en las decisiones que deben tomarse –para lo cual el requisito fundamental no es tanto hablar como saber escuchar-, pero a la vez, representarse a sí mismo –si hubiera algo que mostrar- cuando se trata del estilo, la personalidad y los valores.
Los argentinos, en este sentido, respetarían más a una “primer ciudadana” que fuera lo que es, aunque no fuera tanto, que a quien diga sentirse –sucesivamente- Penélope Glamour, el faraón Keops o Domingo Faustino Sarmiento, sin “ser” ninguno de los tres.
Ricardo Lafferriere
El tema no pasaría a mayores si quien dice sentirse esas figuras no fuera, justamente, la “primera representante” de los argentinos, quien ocupa nada menos que la “jefatura suprema de la Nación”, como pomposamente define la Constitución Nacional a la función presidencial.
Puede ser que tenga vocación de actriz. No estaría mal, si se dedicara a su vocación. Representar un personaje de dibujos animados televisivos, sentirse el faraón más reputado de Egipto antiguo o actuar pensándose a sí misma como una especie de Sarmiento del siglo XXI la convertirían en una gran profesional, con versatilidad y frescura seguramente admiradas por la crítica.
El problema surge cuando los personajes son contradictorios, pero la función representada es única. El grito “Socorro, socorro” que caracterizaba al personaje del “comic” por su torpe impotencia ante situaciones inesperadas poco tiene que ver con la solemne y fría utilización del poder despótico de uno de los reyes más autócratas de la antigüedad egipcia, como lo fue Keops –recordado, además de por la Gran Pirámide, por su concentración del poder dando origen al primer estado absolutista de la historia- y ambos están en las antípodas de la vocación democrática, la austeridad republicana y el serio compromiso con la vigencia de la ley y la capacitación popular del gran sanjuanino.
La presidencia de una República democrática tiene algo de la “representación”, pero no de la misma que hablaba Mallea. La “representación” política conlleva siempre una tarea de interpretación de los ciudadanos, porque supone que el poder que se ejerce radica en la voluntad de ese mandante a quien se le reconoce soberanía. La representación de Mallea, por el contrario, alude a la permanente actitud de mostrarse como lo que no se es para aparentar ser más, o diferente. La picaresca popular le daría a esta clase de representación un nominativo más pedestre: el conocido “chanta” de nuestro lunfardo rioplatense, que lamentablemente tiene entre nosotros una presencia más que peligrosa cuando su titular tiene poder...
La sana cultura política en una democracia consiste entonces en representar a los ciudadanos en las decisiones que deben tomarse –para lo cual el requisito fundamental no es tanto hablar como saber escuchar-, pero a la vez, representarse a sí mismo –si hubiera algo que mostrar- cuando se trata del estilo, la personalidad y los valores.
Los argentinos, en este sentido, respetarían más a una “primer ciudadana” que fuera lo que es, aunque no fuera tanto, que a quien diga sentirse –sucesivamente- Penélope Glamour, el faraón Keops o Domingo Faustino Sarmiento, sin “ser” ninguno de los tres.
Ricardo Lafferriere
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