A pesar del acelerado retroceso ordenado que intenta gestionar el oficialismo con pasos políticos impensables hace apenas poco más de un mes, la pendiente por la que se desliza el país está lejos de ser lineal y tranquila. Por el contrario, el equilibrio social pende de un hilo y alcanzaría que uno sólo de los sectores que están sufriendo el salvaje ajuste kirchnerista se “desmadre” para que el país entero se convierta en un maremagnum de consecuencias insospechadas.
Paulatinamente la presidenta va tomando conciencia del pedestal de barro en el que se encuentra, pero en lugar de asumirlo insiste en su rumbo. El empresariado de amigos, otrora calificado con un dejo intelectualoide como “burguesía nacional”, se aleja al mismo ritmo que la terminación de la caja. El “movimiento obrero”, como ampulosamente se autocalifica el conjunto de burocracias sindicales de diverso pelaje, cobra cada vez más caro mantener adormecidas a sus bases. Los “movimientos sociales”, como se calificaba a varias patotas financiadas ilícitamente con dineros públicos, no toleran el raquitismo implacable de los subsidios. Los “jefes distritales y provinciales” del peronismo entran en estado de asamblea para buscar sucesor en el liderazgo, sin que a nadie se le pase por la cabeza ni remotamente consultar al otrora “capomafia” indiscutido de la banda gobernante.
Hasta el jefe mayor de la patota “bolivariana”, único sostén internacional del régimen kirchnerista, ha entrado en una declinación tal que tiene que pedir al “imperio” que intervenga en un pobre país centroamericano que se atrevió a birlarle el golpe de Estado trabajosamente preparado durante meses por su delegado local, y manda a sus segundas líneas –incluyendo a nuestra presidenta- a cometer papelón tras papelón olvidando sus verdaderas obligaciones como mandataria del país, con problemas infinitamente más graves que servir de vocera de las obsesiones de Chávez. A tal punto llega su aislamiento y desprestigio internacional que, a seis meses de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, no ha logrado siquiera una entrevista o una foto con el nuevo mandatario, a pesar de sus repetidos intentos.
El poder se diluye. El dinero se acaba. La gente sin recursos se acerca a los límites de su desesperación. La gente con recursos aprendió por experiencia la vocación cleptómana del régimen y los ha puesto a buen reguardo, fuera o dentro del país. Cada vez más argentinos se dan cuenta del desnudo presidencial, instalando crudamente una realidad crecientemente advertida: no hay salida con los Kirchner gobernando, porque el motivo fundamental de la crisis es de credibilidad. La del régimen se ha derrumbado y no hay forma de recuperarla, mucho menos con la obsesión enfermiza por la mentira que implica insistir en la falsificación de las estadísticas, fraguar las verdaderas reservas del Banco Central, negar cualquier autocrítica que al menos abra una esperanza de un cambio de rumbo e insistir en la soberbia autosuficiencia del “maestro de Siruela” –“que no sabía leer, y puso escuela”-.
Sin embargo, hay que soportarla aún dos años y medio. Cómo hacerlo, tal es la cuestión.
En situaciones como las presentes, los países serios conforman gobiernos responsables de amplia coalición. Nuestra Constitución, fuertemente presidencialista, deja en manos del Jefe del Estado demasiadas facultades como para pensar que sin abrir el poder, el país no estalle.
Hoy la Argentina circula por un estrecho desfiladero. De un lado, el autismo oficial. Del otro, el país acercándose al límite de la tolerancia. En el medio, la oposición, que ha recibido la mayoría abrumadora de la representación política del país y que debe asumir el desafío de encontrar un camino para ejercer esa representación sin alterar el juego institucional, pero sin desligarse de la responsabilidad que le ha sido atribuida. Si lo logra, puede construir un pedestal sólido para décadas de renacimiento argentino. Pero si no lo logra, el riesgo –más cerca, cada día que pasa...- es que el torrente de desesperación de gente al borde de la sobrevivencia puede generar que vuelvan los reclamos de “que se vayan todos”. Unos y otros. Y eso puede ser fatal, como ya lo sabemos.
Es cierto que el 2011 es apetecible y que no pueden reclamarse actitudes que olviden ese gran desafío a partidos y dirigentes que tienen su razón de ser en la lucha por el poder. Pero también lo es que si se comienza gestando crecientes políticas de consenso en el arco opositor –donde hay radicales y peronistas, Cívicos y Pros, “neo-peronistas”, provinciales y progresistas-, al que le toque en el 2011 no se verá obligado a asumir una brasa ardiendo, sino un país en marcha. Porque de cara al país y a los ciudadanos, la razón de ser de la política no es el poder sino la adecuada gestión de los problemas de todos.
La Constitución permite ese camino, vía la potestad parlamentaria de remoción del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 101) que abre la posibilidad de un gabinete de base parlamentaria, conviviendo con una presidencia que deberá acostumbrarse a ser cada vez más protocolar –aunque para ello deba aprender puntualidad...-. Alguna vez le tocó tal situación a políticos tan prestigiosos como Mitterrand y el propio Chirac, a quienes no se les cayeron los anillos cogobernando con sus opositores que habían recibido de los ciudadanos la mayoría electoral, en el medio de su mandato presidencial. Y es sencillo: la democracia no permite gobernar en nombre del pueblo sin tener su respaldo.
La gravedad de la situación indicaría la conveniencia que, tanto gobierno como oposición, se preparen para ese camino, el único que podría recuperar la confianza perdida, comenzar a reconstruir el pedestal del futuro y sentar las bases de un relanzamiento nacional. De lo contrario, las alternativas no parecieran ser halagüeñas, ya que quedarían reducidas a´la apertura de Juicio Político a la señora presidenta por incapacidad manifiesta de gobierno, lo que culminaría con su destitución, o el peligro de una conmoción social general de resultados insospechados y final aún más incierto.
Ricardo Lafferriere
domingo, 26 de julio de 2009
jueves, 16 de julio de 2009
Los dichos y los hechos
“Fijense en lo que hago, y no en lo que digo”, parece ser que fue, en su momento, la frase con que el ex presidente Kirchner trató de conformar a los empresarios españoles luego de su primera visita a Madrid, al comienzo de su gestión.
Tal desafío es el que se presenta a los argentinos luego del abrupto giro que, a quince días de los comicios, estaría dando la gestión de su esposa, al convocar al diálogo e incluso tolerar condicionamientos impensables tan sólo un mes atrás impuestos por la oposición como requisitos para concurrir a una mesa de conversación.
Las dudas sobre la honestidad de la palabra oficial no son caprichosas: derivan de los contradictorios gestos y pronunciamientos –que aún continúan- de quien los argentinos consideran el verdadero titular del poder en el país, el ex presidente Kirchner. Mientras la convocatoria al diálogo parece ser amplia, el ex presidente recorre la Argentina repartiendo agravios e incoherencias y negando la estrepitosa derrota electoral que sufriera hace dos semanas, cuando votaron en su contra siete de cada diez bonaerenses.
Los argentinos, por su parte, miran la escena con alto escepticismo, pero también con temor. No les creen a la pareja presidencial, pero están también temerosos de los pasos que pudieran dar en su eventual retirada, sea repitiendo sus antecedentes cleptómanos con las reservas del Banco Central o los depósitos bancarios, sea incentivando el conflicto social con sus apuestas al odio y el conflicto. La apertura de un diálogo con la oposición que se prepara para ser relevo de gobierno, así sea plagado de desconfianzas, le trae la tranquilidad de que, por primera vez en años, puede comenzar a pensar en la existencia de límites al voluntarismo y el irresponsable capricho que ha gestionado el país desde el 2003.
La oposición, por su parte, debe vencer sus temores a no quedar entrampada en un “abrazo de oso”, que intente asociarla a las consecuencias dramáticas que el desgobierno y la inoperancia kirchnerista han provocado en la convivencia nacional. Porque la crisis que sufrimos –sea en la inseguridad, en la exclusión social, en la parálisis económica, en la proliferación del narcotráfico, en el desmantelamiento institucional, en la ruptura del diálogo social-, quede bien en claro, no tiene otra causa que la gestión de un proyecto impuesto con soberbia y desprecio hacia los argentinos por parte de la pareja patagónica.
Es entendible, en ese sentido, la prevención mayor de Elisa Carrió, quien como una gladiadora tenaz no bajó su voz en todos estos años y sufriera en carne propia las groserías de los Fernández, el destrato del ex presidente e incluso el intento de su condena judicial. Quizás no esté mal su ausencia en un diálogo que, no por necesario, sea por eso fluido para las conciencias de quienes sueñan con un país ubicado en las antípodas de esta gestión. Los legisladores de su fuerza política no han restado su hombro a la responsabilidad de trabajar por acuerdos parlamentarios, que son los que en última instancia importan.
Pero quienes fueron, hicieron bien. Interpretaron los recelos y también los temores de los argentinos, que lejos del escenario de la política nacional, viven diariamente en una realidad que le es cada vez más hostil –para vivir sin el riesgo de vida cuando sale a la calle, para conservar su trabajo con una economía en paralización creciente, para conseguirlo el que no lo tiene, para conservar en lo que se pueda el poder adquisitivo de sus salarios frente al descomunal ajuste kirchnerista consecuencia de los dislates de estos años pasados y de la gigantesca corrupción del matrimonio Kirchner y su banda-.
Frente a los restos de una administración de opereta en retirada, se sentó la imagen madura de la Argentina que viene. Ese es el hecho que importa. Se diga lo que se diga.
Ricardo Lafferriere
Tal desafío es el que se presenta a los argentinos luego del abrupto giro que, a quince días de los comicios, estaría dando la gestión de su esposa, al convocar al diálogo e incluso tolerar condicionamientos impensables tan sólo un mes atrás impuestos por la oposición como requisitos para concurrir a una mesa de conversación.
Las dudas sobre la honestidad de la palabra oficial no son caprichosas: derivan de los contradictorios gestos y pronunciamientos –que aún continúan- de quien los argentinos consideran el verdadero titular del poder en el país, el ex presidente Kirchner. Mientras la convocatoria al diálogo parece ser amplia, el ex presidente recorre la Argentina repartiendo agravios e incoherencias y negando la estrepitosa derrota electoral que sufriera hace dos semanas, cuando votaron en su contra siete de cada diez bonaerenses.
Los argentinos, por su parte, miran la escena con alto escepticismo, pero también con temor. No les creen a la pareja presidencial, pero están también temerosos de los pasos que pudieran dar en su eventual retirada, sea repitiendo sus antecedentes cleptómanos con las reservas del Banco Central o los depósitos bancarios, sea incentivando el conflicto social con sus apuestas al odio y el conflicto. La apertura de un diálogo con la oposición que se prepara para ser relevo de gobierno, así sea plagado de desconfianzas, le trae la tranquilidad de que, por primera vez en años, puede comenzar a pensar en la existencia de límites al voluntarismo y el irresponsable capricho que ha gestionado el país desde el 2003.
La oposición, por su parte, debe vencer sus temores a no quedar entrampada en un “abrazo de oso”, que intente asociarla a las consecuencias dramáticas que el desgobierno y la inoperancia kirchnerista han provocado en la convivencia nacional. Porque la crisis que sufrimos –sea en la inseguridad, en la exclusión social, en la parálisis económica, en la proliferación del narcotráfico, en el desmantelamiento institucional, en la ruptura del diálogo social-, quede bien en claro, no tiene otra causa que la gestión de un proyecto impuesto con soberbia y desprecio hacia los argentinos por parte de la pareja patagónica.
Es entendible, en ese sentido, la prevención mayor de Elisa Carrió, quien como una gladiadora tenaz no bajó su voz en todos estos años y sufriera en carne propia las groserías de los Fernández, el destrato del ex presidente e incluso el intento de su condena judicial. Quizás no esté mal su ausencia en un diálogo que, no por necesario, sea por eso fluido para las conciencias de quienes sueñan con un país ubicado en las antípodas de esta gestión. Los legisladores de su fuerza política no han restado su hombro a la responsabilidad de trabajar por acuerdos parlamentarios, que son los que en última instancia importan.
Pero quienes fueron, hicieron bien. Interpretaron los recelos y también los temores de los argentinos, que lejos del escenario de la política nacional, viven diariamente en una realidad que le es cada vez más hostil –para vivir sin el riesgo de vida cuando sale a la calle, para conservar su trabajo con una economía en paralización creciente, para conseguirlo el que no lo tiene, para conservar en lo que se pueda el poder adquisitivo de sus salarios frente al descomunal ajuste kirchnerista consecuencia de los dislates de estos años pasados y de la gigantesca corrupción del matrimonio Kirchner y su banda-.
Frente a los restos de una administración de opereta en retirada, se sentó la imagen madura de la Argentina que viene. Ese es el hecho que importa. Se diga lo que se diga.
Ricardo Lafferriere
sábado, 11 de julio de 2009
Insoportable silencio
Son ya cerca de doscientos los muertos y más de mil los heridos por la represión del gobierno chino por las protestas ocurridas en Xinjiang. Ya más de diez días de redadas sangrientas, ante una población que reclama igualdad de derechos fundamentales, negados por una estructura política dictatorial y esclerótica que algunos miran hasta con admiración, por su capacidad de hacer trabajar gratis a millones de personas y apoyar sobre esta superexplotación el resurgimiento de su país.
Y cerca de un mes lleva ya la represión, también sangrienta, del fundamentalismo religioso iraní sobre una población –fundamentalmente, jóvenes- que reclaman cuotas de libertad y limpieza en los procedimientos electorales, en el último de los cuáles han “sobrado” –literalmente- más de dos millones de votos con respecto al total del padrón de votantes, para respaldar la reelección del nazi Amahdinejah, amigo de Chávez y nuevo habitué por nuestra región latinoamericana.
En el caso de Irán, el heroísmo de las luchas juveniles por la libertad ha quedado patentizado por la represión sangrienta de miles de universitarios, entre los cuales se destaca el fusilamiento a sangre fría de la joven Neda, realizado por los matones de la banda fascista “Guardia Revolucionaria de Irán”, que fuera observado por cientos de millones de personas gracias a la poderosa herramienta comunicacional que Internet y Youtube ponen al servicio de la transparencia de la información.
En ambos casos, la República Argentina ha mantenido un silencio que se hace ya insoportable.
Lejos está este reclamo de adherir a un idealismo sin responsabilidad en temas que puedan analizarse a la luz de las conveniencias comerciales o dinerarias. Pero en estos casos no se trata de comercio ni aranceles, sino de seres humanos violados en sus derechos esenciales de igualdad, libertad y justicia.
Los reclamos de chinos e iraníes están amparados por la legislación internacional: tanto China como Irán forman parte de las Naciones Unidas, y aunque sólo sea por este hecho están obligados a hacer respetar en su territorio la vigencia de los derechos humanos que fueron fundamento originario de la entidad internacional, cristalizados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El propio silencio de las Naciones Unidas habla pobremente del prestigio que le queda a esta institución ante la comunidad internacional.
Pero si no lo hacen esos gobiernos, es intolerable que nada diga al respecto el gobierno de la Nación Argentina. Un país que desde 1983 ha incluido la defensa de los derechos humanos como constante de su política exterior, con alcance universal, merece que sus autoridades se pronuncien al respecto, en las formas diplomáticas que sean convenientes, pero expresando su condena más enérgica a hechos realizados por gobiernos que no lo son de países-fallidos, “no-Estados” o dominados por mafias de delincuentes, sino por dos naciones milenarias que han dado mucho de sí al avance de la civilización y a la construcción de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
La Nación Argentina –lo hemos repetido muchas veces- es un país joven, pero nació como tal invocando que su causa “es la causa del género humano”. Lo expresaron los documentos fundacionales de la propia Primera Junta al sancionar el Decreto de Suspensión de Honores y la Asamblea de 1813 al abolir las formas coloniales de explotación indígena, sancionar la libertad de vientres y quemar los instrumentos de tortura. Lo ratificó el Libertador al proclamar la independencia del Perú. Lo estampamos en nuestra Constitución, garantizando en nuestro territorio esos derechos a “todos los hombres del mundo” que quieran habitar en nuestro suelo. Y lo transformó en política de Estado desde la recuperación de la democracia, cuando Raúl Alfonsín inauguró el diálogo entre los poderes constitucionales recién conformados remitiendo, en su primer acto de gobierno, el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación parlamentaria, y luego cuando Carlos Menem incorporó a la Argentina como uno de los países promotores de la creación de la Corte Penal Internacional.
La defensa de los derechos humanos no puede sufrir el reduccionismo de discutibles mascaradas realizadas por nuestra presidenta por instrucciones del autócrata caribeño. Mucho más importante que pasar la tarde con las segundas líneas bolivarianas en el aeropuerto de San Salvador –sin siquiera ser recibidos por el presidente del país local- interviniendo en un problema interno de Honduras y poniendo en riesgo en forma irresponsable la producción de un baño de sangre en dicho país, es advertir dónde se están violando hoy con más claridad los derechos humanos, y decir en alta voz la condena de la Nación Argentina.
Pocas veces ha quedado tan clara como en estos días la manipulación discursiva de un tema mayor y universal, en el que lo mejor de la historia patria tiene mucho por decir, para esconder propósitos menores de política corta. Y pocas veces a la vez, como en estos días el silencio de la Argentina sobre dos injustificables masacres ha sido tan insoportable para el honor de su propio pueblo y de quienes en el mundo trabajan para construir una humanidad basada en el derecho, la libertad y la justicia.
Ricardo Lafferriere
insoportable
Y cerca de un mes lleva ya la represión, también sangrienta, del fundamentalismo religioso iraní sobre una población –fundamentalmente, jóvenes- que reclaman cuotas de libertad y limpieza en los procedimientos electorales, en el último de los cuáles han “sobrado” –literalmente- más de dos millones de votos con respecto al total del padrón de votantes, para respaldar la reelección del nazi Amahdinejah, amigo de Chávez y nuevo habitué por nuestra región latinoamericana.
En el caso de Irán, el heroísmo de las luchas juveniles por la libertad ha quedado patentizado por la represión sangrienta de miles de universitarios, entre los cuales se destaca el fusilamiento a sangre fría de la joven Neda, realizado por los matones de la banda fascista “Guardia Revolucionaria de Irán”, que fuera observado por cientos de millones de personas gracias a la poderosa herramienta comunicacional que Internet y Youtube ponen al servicio de la transparencia de la información.
En ambos casos, la República Argentina ha mantenido un silencio que se hace ya insoportable.
Lejos está este reclamo de adherir a un idealismo sin responsabilidad en temas que puedan analizarse a la luz de las conveniencias comerciales o dinerarias. Pero en estos casos no se trata de comercio ni aranceles, sino de seres humanos violados en sus derechos esenciales de igualdad, libertad y justicia.
Los reclamos de chinos e iraníes están amparados por la legislación internacional: tanto China como Irán forman parte de las Naciones Unidas, y aunque sólo sea por este hecho están obligados a hacer respetar en su territorio la vigencia de los derechos humanos que fueron fundamento originario de la entidad internacional, cristalizados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El propio silencio de las Naciones Unidas habla pobremente del prestigio que le queda a esta institución ante la comunidad internacional.
Pero si no lo hacen esos gobiernos, es intolerable que nada diga al respecto el gobierno de la Nación Argentina. Un país que desde 1983 ha incluido la defensa de los derechos humanos como constante de su política exterior, con alcance universal, merece que sus autoridades se pronuncien al respecto, en las formas diplomáticas que sean convenientes, pero expresando su condena más enérgica a hechos realizados por gobiernos que no lo son de países-fallidos, “no-Estados” o dominados por mafias de delincuentes, sino por dos naciones milenarias que han dado mucho de sí al avance de la civilización y a la construcción de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
La Nación Argentina –lo hemos repetido muchas veces- es un país joven, pero nació como tal invocando que su causa “es la causa del género humano”. Lo expresaron los documentos fundacionales de la propia Primera Junta al sancionar el Decreto de Suspensión de Honores y la Asamblea de 1813 al abolir las formas coloniales de explotación indígena, sancionar la libertad de vientres y quemar los instrumentos de tortura. Lo ratificó el Libertador al proclamar la independencia del Perú. Lo estampamos en nuestra Constitución, garantizando en nuestro territorio esos derechos a “todos los hombres del mundo” que quieran habitar en nuestro suelo. Y lo transformó en política de Estado desde la recuperación de la democracia, cuando Raúl Alfonsín inauguró el diálogo entre los poderes constitucionales recién conformados remitiendo, en su primer acto de gobierno, el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación parlamentaria, y luego cuando Carlos Menem incorporó a la Argentina como uno de los países promotores de la creación de la Corte Penal Internacional.
La defensa de los derechos humanos no puede sufrir el reduccionismo de discutibles mascaradas realizadas por nuestra presidenta por instrucciones del autócrata caribeño. Mucho más importante que pasar la tarde con las segundas líneas bolivarianas en el aeropuerto de San Salvador –sin siquiera ser recibidos por el presidente del país local- interviniendo en un problema interno de Honduras y poniendo en riesgo en forma irresponsable la producción de un baño de sangre en dicho país, es advertir dónde se están violando hoy con más claridad los derechos humanos, y decir en alta voz la condena de la Nación Argentina.
Pocas veces ha quedado tan clara como en estos días la manipulación discursiva de un tema mayor y universal, en el que lo mejor de la historia patria tiene mucho por decir, para esconder propósitos menores de política corta. Y pocas veces a la vez, como en estos días el silencio de la Argentina sobre dos injustificables masacres ha sido tan insoportable para el honor de su propio pueblo y de quienes en el mundo trabajan para construir una humanidad basada en el derecho, la libertad y la justicia.
Ricardo Lafferriere
insoportable
martes, 7 de julio de 2009
Honduras: golpe, democracia y un pato para la boda...
Si algo faltaba para confundir más las cosas en la crisis de Honduras, es Raúl Castro pidiendo que se respete la democracia...
De cualquier forma, la sensación que deja esta crisis para observadores imparciales es el juego de hipocresías cruzadas, con jugadores a los que lo que menos les interesa es Honduras y los hondureños.
A estar a lo informado por la prensa de ese país, luego de una crisis de poderes que tensionó el sistema político en las últimas semanas, el Congreso formó una Comisión Investigadora que detectó la intención de Zelaya de provocar un “autogolpe” el domingo al mediodía, con la mecánica de apoyarse en resultados “boca de urna” de la consulta prohibida, con el apoyo de formaciones armadas venezolanas que habían arribado al país en forma clandestina días antes y la organización de tumultos que darían la impresión de apoyo popular. El autogolpe consistiría en disolver el Congreso y remover los miembros de la Corte Suprema, designando nuevos jueces que permitirían avanzar en lo que la Constitución de Honduras prohibe en forma más enfática que ningúna otra constitución americana: la reelección presidencial.
Ante esa perspectiva, el Congreso, anticipándose a los hechos, dispone –a las seis de la mañana- la destitución de Zelaya y la designación del sucesor constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, al desconocerse por parte de Zelaya su prohibición de realizar el plebiscito, había ordenado al Ejército detenerlo y sacarlo del país, lo que se produjo una hora antes de la destitución parlamentaria.
Cabe destacar, a este respecto, que la Carta Magna hondureña no prevé la institución del Juicio Político y que por el contrario cuenta con un artículo, el 239, que expresamente dispone que el sólo hecho de proponer la modificación de la cláusula que prohibe la reelección conlleva para cualquier funcionario público su inmediato cese y su inhabilitación por diez años.
El proceso institucional de destitución ha sido avalado, además, no sólo por la virtual unanimidad del Congreso (122 diputados que corresponden al oficialista partido Liberal (62), el opositor Partido Nacional (55), la Democracia Cristiana (3) y el Partido Innovación y Unidad (2) frente a 6 ausencias correspondientes al partido Unificación Democrática (5) y una disidente demócrata cristiana), sino también por la Corte, la Iglesia y los dos principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre, el Sr. Elvin Santos, del partido liberal –el mismo de Zelaya- y el Sr. Porfirio Lobo, del Partido Nacional –opositor-.
Ahora bien: si esto es así, ¿por qué el alineamiento internacional ha sido automático en la defensa de Zelaya?
El juego de hipocresías llega aquí al máximo.
Por un lado, el espacio “bolivariano” –al que el viaje de Cristina para actuar en conjunto con Lugo, Correa y Chávez parece haber adscripto definitivamente a la Argentina-, no se resigna a que el Congreso y la Corte hondureñas se le hayan adelantado al autogolpe tan cuidadosamente preparado por Chávez y Zelaya durante varios meses, con la provisión de petróleo gratuito, armamento y hasta personal armado.
Por el otro lado, Estados Unidos encuentra una oportunidad excepcional para sobreactuar su distancia de los actores (con los que, efectivamente, nada tuvo que ver) para borrar su tradicional imagen de impulsor de golpes de Estado y rupturas institucionales en el Continente. El “reacomodamiento” de la imagen americana es una prioridad en la política exterior de Obama, que actuará con ese objetivo como lo ha mostrado en sus iniciativas en el Medio Oriente y Rusia, cualquiera sea su consecuencia para terceros. Un intrascendente escarceo de un pequeño país –indiferente para sus intereses globales- no sólo no lo moverá de su objetivo, sino que le ofrece esa oportunidad excepcional para aparecer alineado con la “opinión democrática” de toda América Latina y el mundo, a la que la sola mención de la palabra “golpe de estado” hace ubicar instintivamente en la vereda opuesta. Si este alineamiento, además, coincide con el posicionamiento tanto de los bolivarianos como del propio Raúl Castro, nadie buscará matices.
Honduras queda así convertido el en pato de la boda de un ajedrez geopolítico de influencias cruzadas del que es una víctima cuya suerte a nadie interesa seriamente. Sólo queda desear que la amenaza de intervención militar que están realizando los bolivarianos de la región (verbalizada por Daniel Ortega) no convierta al país en un baño de sangre, con la indiferencia de Washington y del resto del mundo. Baño de sangre del que Cristina tendrá su cuota de culpa, al adherir sin matices a un juego al que la Argentina debiera concurrir con prudencia, diplomacia y vocación de dialogo.
Tres virtudes que no son, precisamente, atributos kirchneristas.
Ricardo Lafferriere
antesdefensa
De cualquier forma, la sensación que deja esta crisis para observadores imparciales es el juego de hipocresías cruzadas, con jugadores a los que lo que menos les interesa es Honduras y los hondureños.
A estar a lo informado por la prensa de ese país, luego de una crisis de poderes que tensionó el sistema político en las últimas semanas, el Congreso formó una Comisión Investigadora que detectó la intención de Zelaya de provocar un “autogolpe” el domingo al mediodía, con la mecánica de apoyarse en resultados “boca de urna” de la consulta prohibida, con el apoyo de formaciones armadas venezolanas que habían arribado al país en forma clandestina días antes y la organización de tumultos que darían la impresión de apoyo popular. El autogolpe consistiría en disolver el Congreso y remover los miembros de la Corte Suprema, designando nuevos jueces que permitirían avanzar en lo que la Constitución de Honduras prohibe en forma más enfática que ningúna otra constitución americana: la reelección presidencial.
Ante esa perspectiva, el Congreso, anticipándose a los hechos, dispone –a las seis de la mañana- la destitución de Zelaya y la designación del sucesor constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, al desconocerse por parte de Zelaya su prohibición de realizar el plebiscito, había ordenado al Ejército detenerlo y sacarlo del país, lo que se produjo una hora antes de la destitución parlamentaria.
Cabe destacar, a este respecto, que la Carta Magna hondureña no prevé la institución del Juicio Político y que por el contrario cuenta con un artículo, el 239, que expresamente dispone que el sólo hecho de proponer la modificación de la cláusula que prohibe la reelección conlleva para cualquier funcionario público su inmediato cese y su inhabilitación por diez años.
El proceso institucional de destitución ha sido avalado, además, no sólo por la virtual unanimidad del Congreso (122 diputados que corresponden al oficialista partido Liberal (62), el opositor Partido Nacional (55), la Democracia Cristiana (3) y el Partido Innovación y Unidad (2) frente a 6 ausencias correspondientes al partido Unificación Democrática (5) y una disidente demócrata cristiana), sino también por la Corte, la Iglesia y los dos principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones de noviembre, el Sr. Elvin Santos, del partido liberal –el mismo de Zelaya- y el Sr. Porfirio Lobo, del Partido Nacional –opositor-.
Ahora bien: si esto es así, ¿por qué el alineamiento internacional ha sido automático en la defensa de Zelaya?
El juego de hipocresías llega aquí al máximo.
Por un lado, el espacio “bolivariano” –al que el viaje de Cristina para actuar en conjunto con Lugo, Correa y Chávez parece haber adscripto definitivamente a la Argentina-, no se resigna a que el Congreso y la Corte hondureñas se le hayan adelantado al autogolpe tan cuidadosamente preparado por Chávez y Zelaya durante varios meses, con la provisión de petróleo gratuito, armamento y hasta personal armado.
Por el otro lado, Estados Unidos encuentra una oportunidad excepcional para sobreactuar su distancia de los actores (con los que, efectivamente, nada tuvo que ver) para borrar su tradicional imagen de impulsor de golpes de Estado y rupturas institucionales en el Continente. El “reacomodamiento” de la imagen americana es una prioridad en la política exterior de Obama, que actuará con ese objetivo como lo ha mostrado en sus iniciativas en el Medio Oriente y Rusia, cualquiera sea su consecuencia para terceros. Un intrascendente escarceo de un pequeño país –indiferente para sus intereses globales- no sólo no lo moverá de su objetivo, sino que le ofrece esa oportunidad excepcional para aparecer alineado con la “opinión democrática” de toda América Latina y el mundo, a la que la sola mención de la palabra “golpe de estado” hace ubicar instintivamente en la vereda opuesta. Si este alineamiento, además, coincide con el posicionamiento tanto de los bolivarianos como del propio Raúl Castro, nadie buscará matices.
Honduras queda así convertido el en pato de la boda de un ajedrez geopolítico de influencias cruzadas del que es una víctima cuya suerte a nadie interesa seriamente. Sólo queda desear que la amenaza de intervención militar que están realizando los bolivarianos de la región (verbalizada por Daniel Ortega) no convierta al país en un baño de sangre, con la indiferencia de Washington y del resto del mundo. Baño de sangre del que Cristina tendrá su cuota de culpa, al adherir sin matices a un juego al que la Argentina debiera concurrir con prudencia, diplomacia y vocación de dialogo.
Tres virtudes que no son, precisamente, atributos kirchneristas.
Ricardo Lafferriere
antesdefensa
domingo, 5 de julio de 2009
Estatal, privado, izquierda, derecha
Es curioso observar el renacimiento que parece insinuarse en el debate político argentino de conceptos propios de la primer modernidad, escasamente utilizados en el debate político contemporáneo –por su polisemia- pero que son utilizados entre nosotros como etiquetas sentenciosas y admonitorias –cuando no como gritos de guerra-, aturdiendo a ciudadanos que han demostrado su indiferencia ante ellos una y otra vez en los últimos veinte años.
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
Quienes votaron a Kirchner fueron los mismos que votaron a Menem. Quienes votaron al PRO en la Capital antes habían votado a Carrió, y antes a Macri, y ahora nuevamente a Michetti, a Prat Gay y ¡a Solanas! Y antes, a de la Rúa. Y antes, a Alfonsín. En todos los casos lo hicieron porque vieron la posibilidad de cambios para mejorar sus vidas, para equilibrar el poder, por propuestas puntuales a las que adhieren o por simple simpatía personal, no por categorías ideológicas que, en última instancia, suelen ocultar la carencia de ideas.
El mundo de hoy no se asusta por privatizar, ni se asusta por estatizar, mientras se respeten las reglas de juego y las leyes vigentes en cada caso. Pero no se conforma con el enunciado sino que pide objetivos, proyectos, “carnadura”. No utiliza el “o” de otros tiempos, sino el “y”, poniendo el acento en la mejor articulación pública-privada posible para obtener en cada caso los resultados buscados al menor costo social y económico.
Privatizar para trasladar un monopolio público a uno privado, sin resguardar los derechos de los usuarios, sin reglas de juego que deban respetarse, convenios que deban cumplirse y obligaciones que deban honrarse no arregla nada en forma estable.
Estatizar para trasladar los déficits crónicos de empresas privadas a nuevas empresas públicas cooptadas por las mafias sindicales aliadas a “gestores” públicos sin idoneidad que dilapiden –o directamente incauten- recursos de los impuestos, no respondan a ninguna planificación estratégica y tampoco respeten a los usuarios, tampoco arregla nada en forma estable.
Privatizar la prestación de servicios públicos en un marco regulatorio controlado por un Estado eficaz, honesto, consciente y alineado claramente con el país y los usuarios, puede liberar recursos públicos para otros destinos para los que tal vez es difícil conseguirlos como salud, educación, seguridad, justicia. Acotemos que primero hay que tener ese Estado...
Estatizar para asegurar la provisión de bienes básicos imprescindibles que ningún privado quiera asumir por los costos y los riesgos, no sólo puede ser bueno, sino una real obligación de la organización estatal.
Pero todo ese debate no puede ser el comienzo sino el final. El Estado, antes que justificarse por su intervención en la economía, debe hacerlo por su aporte a bienes públicos que nadie más aportará, porque nadie tiene esa obligación. Darle seguridad a los ciudadanos, garantizar una justicia imparcial y rápida, defenderlo de peligros delictivos externos e internos, garantizar el servicio de salud y terminar con la falta de techo para todas las familias argentinas, custodiar celosamente el ambiente con reglas adecuadas y ejercer un serio poder de policía. Ninguna de estas tareas puede demorarse, mediatizarse o relegarse con el argumento de que hay que destinar recursos públicos para... ¡estatizar empresas!
Aerolíneas absorbe un millón de dólares por día de fondos públicos. Esos recursos van a las mafias de pilotos, proveedores, funcionarios y matones sindicales y a subsidiar a quienes viajan en avión, mientras los trabajadores que toman el tren, el subte o los colectivos diariamente para concurrir a su trabajo viajan como sardinas, o en peor situación que las vacas que van a Liniers –a las que, al menos, se las cuida para no estresarlas porque pueden perder peso-. La mayoría de los países han terminado con sus “líneas de bandera” justamente por su costo y la virtual inexistencia de beneficios públicos que no puedan ser cubiertos por la infinidad de líneas pequeñas, medianas y grandes que existen en el mundo y una seria regulación estatal en la concesión de rutas, control de seguridad y defensa de los usuarios.
Destinar así sea un peso a subsidiar a los ricos mientras se siguen asesinando jóvenes por las bandas de narcotráfico, mientras la policía no tiene chalecos antibala, mientras nuestros niños son los peor educados del continente por carencias educativas, mientras renacen las enfermedades de la pobreza como el dengue, la tuberculosis, el chagas o la influenza por falta de prevención y atención a la salud, mientras miles de compatriotas tienen el cielo como techo por falta de viviendas, mientras los jóvenes sin horizontes –entre otras cosas por falta de compromiso educativo estatal- caen en las redes del narcotráfico, o los jubilados deben esperar años –y hasta décadas- en juicios tramitados ante una justicia desbordada por los incumplimientos del Estado es absolutamente inmoral, aunque se invoque en su defensa un hermético “modelo”.
Nadie puede decir que ese camino es progresista. Es patéticamente reaccionario. No tiene vínculo alguno con la solidaridad, con la justicia ni con la ética, tradicionales valores sobre los que la “izquierda” ha construido históricamente su imaginario.
Tanto como lo es privatizar monopolios de servicios públicos sin controles de tarifas, ni información empresarial, ni límites a las ganancias. ¿O no recordamos los macrobeneficios de las telefónicas, que gracias a la normativa benevolente con que el peronismo-menemista privatizó ENTEL, que significó que el Estado virtualmente renunciara a su papel en manos de la propia empresa privatizada, alcanzaron ganancias que provocaban escozor a sus propios dueños? ¿o las descomunales superganancias de obras públicas adjudicadas a los amigos del poder por el peronismo-kirchnerista, a precios aberrantes? ¿Desde cuando garantizar monopolios privados o robar fondos públicos son banderas de la “derecha” o de la “izquierda”?
Los ciudadanos del siglo XXI coinciden en preocupaciones cada vez más compartidas: la protección del ambiente y preservacion de los recursos naturales, el rechazo visceral a la violación de los derechos humanos, la condena sin matices tanto a la violencia, como a la intolerancia y la discriminación, la construcción de un “piso de dignidad” que garantice a todos los bienes vitales básicos –vivienda, educación, salud, seguridad- y todo ello asentado en el reclamo de una convivencia regida por normas sencillas y claras surgidas del estado de derecho, la transparencia en la gestión pública. Sobre estos y otros valores, las personas deciden sus “políticas de vida” sin delegar en nadie su libertad personal, que custodian celosamente –ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en ninguna ideología, mucho menos impuesta desde el poder-.
La polarización entre lo “estatal o privado”, de “izquierda o derecha” y sus toscos “modelos” está agotada. En nuestra historia reciente, ambas etiquetas no han significado otra cosa que grandes imposturas. El intento de alinear la política de los años que vienen tras los rótulos de “socialdemócratas” y “neoliberales” es como si a mediados del siglo XX se hubiera pretendido agrupar a las opciones de entonces entre “porteños” y “provincianos”, cuando no entre “unitarios” y “federales”. Tal actitud sería en el mejor de los casos, una ingenua y estéril añoranza y en el peor, una patraña para embaucar incautos, como lo han demostrado los años kirchneristas.
¿Cómo identificar, entonces, para quienes han –hemos- sostenido en otros tiempos aquellas viejas categorías, los nuevos ejes convocantes? ¿Han perdido vigencia los valores?
De ninguna manera. El admirable pensador austríaco Ulrich Beck sugiere que en muchos casos, para poder seguir defendiendo los valores permanentes, es necesario someter a análisis las “instituciones” con que otras épocas se los defendía, ya que privilegiar las “instituciones” puede conducir, en la actual realidad, a negar los valores. Todo hoy debe analizarse a la luz de los objetivos buscados partiendo de las condiciones existentes, a las que deben adecuarse las propuestas de cambio, desde las estructuras políticas hasta las gremiales, desde las internacionales hasta las educativas, desde las previsionales hasta las asistenciales.
El diseño de las categorías políticas imprescidibles para el funcionamiento equilibrado de la democracia del siglo XXI no puede referirse entonces a viejos rotulos o a antiguas épicas cuyos ecos apenas contienen a viejos luchadores pero son inocuas para motivar a las generaciones jóvenes, interesadas en el mundo que viene. Abrir la mente, interpretar el presente, mirar el horizonte del país y el mundo, comprender el celoso resguardo de los jóvenes de su libertad cultural, intelectual, conductual, comprender la inasibilidad del portentoso colorido de la sociedad actual en los estrechos marcos de las disciplinantes ideologías del siglo XX: tales son los desafíos que deben enfrentar los protagonistas políticos. Quienes más rápido y mejor lo logren serán los depositario de la esperanza y del futuro. Entre nosotros, lo han comprendido, cada cual a su manera, la CC y el PRO, y se está insinuando afortunadamente en el radicalismo y el peronismo “no K”.
Los ciudadanos se sentirán convocados si se les habla de las cosas que importan. Reconstruir el estado de derecho, gobernar con la ley en la mano, formar decisiones públicas en el Congreso, con debates maduros sin alaridos y con razones, fijar objetivos concretos en cada sector de la sociedad –desde la eliminación del renacido analfabetismo, hasta la desaparición de la mortalidad infantil, desde la reconversión energética priorizando los “electrones limpios”, las redes inteligentes y los consumos optimizados hasta la erradicación de la quema de hidrocarburos fósiles, desde la desconcentración poblacional del país hasta la reconstrucción de una infraestructura tecnológicamente avanzada, desde la seguridad cotidiana hasta la asociación con quienes en el mundo trabajan por una normativa internacional contra el delito, desde la jerarquización de la vida universitaria hasta su imbricación con el sistema científico y técnico global y la difusión de los beneficios de la portentosa revolución tecnológica universal a las grandes mayorías-.
Estatal, privado, izquierda, derecha...¡hay tantas cosas que hacer para recuperar el siglo perdido, que resulta casi obsceno motorizar el debate público alrededor de estas rudimentarias categorías que hasta el más ingenuo de los compatriotas sabe o intuye que esconden más de lo que dicen!
Ricardo Lafferriere
miércoles, 1 de julio de 2009
La fuga de Kirchner
Como una ironía del destino, el presidente que bastardeó la dignidad del rol presidencial burlándose groseramente de la suerte de su antecesor, ha terminado su vida política en un papel tan triste que hasta generaría lástima destacarlo, si no recordáramos el enorme daño que su gestión produjo en el sistema institucional argentino.
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
No se fue en helicóptero luego de una conmoción social desatada por la inmisericorde confluencia de la presión externa –canalizada por la decisión del Fondo Monetario de utilizar a la Argentina como ejemplo de castigo por atrasarse en su deuda- e interna –desatada por los caudillejos del conurbano potenciando las duras necesidades sociales generadas por la crisis, aunque costara muertos-.
Tampoco renunció ante el Congreso de la Nación, como lo había hecho dignamente su antecesor, consciente de que el escaso poder con que contaba le hacía imposible enfrentar la crisis económica más grande de la historia del país sin la solidaridad consciente de todas las fuerzas políticas.
Esta huida de Kirchner fue cobarde en las formas e indigna en el fondo.
Una huida mandada por casette, grabado en una conferencia de prensa semi clandestina fabricada con dos amigos de la agencia estatal en la guarida de Olivos, fue el instrumento por el que el todopoderoso señor de la “nueva política” delegó en su subordinado el poder del partido oficial, no sin antes darle instrucciones (“le dije...”) de que renunciara a su diputación electa y se hiciera cargo de la gobernación de la principal provincia argentina.
Sin dar la cara. Sin presentarse ante sus pares de la conducción de su partido ni ante su Congreso partidario. Sin reunir a sus compañeros políticos, a quienes condujo a la derrota más dura que haya sufrido nunca el peronismo en democracia, al menos para despedirse, si su soberbia le impedía disculparse.
Y no se fue echado por el Fondo Monetario (a quien pagó todo lo que el país le debía, antes de tiempo) ni por los aparatos mafiosos del conurbano (en los que se apoyó hasta último momento), sino por el 75 % de sus compatriotas en una jornada electoral en el que renació el civismo republicano.
Kirchner se fugó en forma vergonzosa. La historia chica del peronismo seguramente tomará nota de su deserción como una de sus anécdotas más negativas. La historia grande del país lo ubicará como uno de los más indignos dirigentes políticos que haya tenido nunca la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
Un voto republicano
Una sensación de tranquilidad inundó el espíritu de los argentinos en las últimas horas del domingo. No respondía a entusiasmos ideológicos, ni a pasiones desatadas que hubieren logrado concretarse. La sensación era de desahogo, distensión, liberación.
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
Tampoco fue una expresión “antiperonista”, como lo intentó instalar, voz en cuello, el ex presidente Kirchner durante la campaña. Numerosos dirigentes peronistas ganaron en sus distritos y provincias, sin participación del presidente del Partido Justicialista, invitado a no acercarse por su negativo efecto electoral.
Por el contrario, lo mejor de la Argentina histórica habló en este comicio. Como si el eco del bicentenario, al que nos acercamos, amplificado por el mensaje republicano de nuestro último muerto ilustre, Raúl Alfonsín, hubiera impregnado la decisión ciudadana superando barreras de identificaciones partidarias, sociales, regionales, educativas.
La Argentina habló con voz republicana. El setenta por ciento de los compatriotas, una mayoría de dimensión realmente “constitucional”, puso en caja la tendencia al desborde autoritario, al mandonaje y a la falta de respeto del poder hacia los ciudadanos. Pidió diálogo, generación de consensos, patriotismo, humildad.
Esa mayoría es la base de la reconstrucción de la Argentina exitosa. Un país que con este pronunciamiento se reencauzará en sus valores históricos retomando el camino iniciado hace dos siglos cuando decidió darse a la tarea de construir una Nación sobre la base de principios fundacionales expresados magistralmente en los documentos iniciales.
“Mayo, progreso, democracia”, sintetizaba con visión el Dogma Socialista, instrumento canónico dela “Generación del 37”. Un país “republicano, representativo y federal”, sentenciaba, a su turno, la Constitución Nacional.
No son palabras vacías. Mayo es el autogobierno, la autodeterminación, la libertad para decidir el destino común. Progreso, que significa acrecentar la riqueza, mejorar la calidad de vida, incluir cada vez a más cantidad de compatriotas en los frutos del crecimiento. Y democracia, que califica la independencia y el progreso con el requisito ineludible del respeto a los ciudadanos, que en conjunto y conformando el “pueblo”, son la justificación última de cualquier poder.
Ese fue el sentido del voto. Ni oficialista, ni opositor. Republicano. Porque fue oficialista en algunos distritos y opositor en otros. Pero en todos los casos, atravesado por la decisión de erradicar este reverdecer de la intolerancia, del “anti-mayo”, del “anti-progreso” y de la “anti-democracia” enseñoreado en el país a partir de la última y dolorosa crisis de cambio de siglo.
Republicano es también volver al Preámbulo. Es curioso percibir cómo aquellos objetivos diseñados a mediados del siglo XIX como justificación de la decisión de darle una base normativa a la vida en común mantienen, entrando el siglo XXI, cuando cambian los paradigmas, se cosmopolitiza el mundo, se globaliza la economía, se universalizan los reclamos de dignificación de los excluidos y se extiende la protección de los derechos humanos más allá de las fronteras, aquel rezo laico recitado por tantas generaciones de argentinos sigue siendo la brújula que reorienta a la opinión nacional en cada momento de conmociones y crisis.
Un voto republicano de ciudadanos que no han dejado de serlo y que hace reverdecer el íntimo orgullo de ser argentinos.
Ricardo Lafferriere
lunes, 22 de junio de 2009
Una Constitución para Carlotto....
En una nota anterior destacamos la templanza y valentía de la Dra. Hilda Molina, que se encuentra afortunadamente en nuestro país disfrutando de su familia y el afecto de los argentinos luego de más de una década y media de sufrir la separación por la violación de su derecho humano elemental de salir de su país libremente, a raíz de la obstinada prohibición del gobierno cubano que hasta llegó a fundamentar esta virtual prisión en la presunta “titularidad” que el Estado tendría sobre el cerebro de la ilustre visitante.
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
que
No es el propósito de esta nota reiterarle nuestra bienvenida y mejores deseos de feliz estadía en la Argentina y nuestra solidaridad con su valentía. Más bien interesa una referencia a la insólita declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha instado a la Dra. Molina a no hacer declaraciones, guardarse a silencio y “no aprovechar de estar por acá para hacer política de su país” (¿?)
El pronunciamiento de Estela de Carlotto es singularmente insólito.
La Dra. Molina es en estos momentos una habitante de la Nación Argentina. Como tal, está amparada plenamente por los derechos constitucionales de libertad absoluta de expresión, tan vigente entre nosotros que es consustancial con nuestros principios fundamentales como país.
La extensión de este derecho en la Argentina tiene un arraigo y una dimensión ética, legal y política que no es imaginable la vida en nuestro territorio sin la facultad de todos y cada uno de decir lo que piensa. ¡Ni siquiera el actual régimen, cuya debilidad en el respeto a otros derechos constitucionales ha sido marcada tan duramente en estos años, ha insinuado siquiera rozar la plena libertad para expresarse!
No es inoportuno, entonces, recordar a Estela de Carlotto algunas normas afortunadamente vigentes por decisión no sólo de los fundadores del país sino de todos quienes vivimos hoy en él, que a pesar de nuestras profundas diferencias de enfoque en muchísimos otros temas, tenemos en éste una coincidencia abrumadora, casi unánime –con poquísimas e individuales excepciones, como la que ella misma conforma-:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: ... entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; ... ; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender” –artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.” –artículo 20 de la Constitución Nacional-.
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” –artículo 33 de la Constitución Nacional.
Si la Sra. Estela de Carlotto está molesta con las declaraciones de la Dra. Molina, tiene dos opciones: expresar libremente –como lo ha hecho- su propia visión u enfoque de los hechos, o trasladarse a vivir a Cuba, donde podrá estar feliz de que quien no coincida con su visión no podrá expresarlo, si quiere aspirar alguna vez a usar libremente su derecho a salir de su territorio.
Pero mientras esté en la Argentina, tanto la Dra. Molina, como la Sra. Carlotto, como el señor Kirchner, como quien se ubique en sus antípodas, tenemos, usamos y defendemos nuestro derecho fundamental a decir lo que querramos. Hace más de un siglo y medio que hemos decidido consagrar ese derecho, no solo “para nosotros”, sino también “para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”.
Ricardo Lafferriere
que
sábado, 20 de junio de 2009
Dos cifras que golpean
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma, acaba de informar que las personas que sufren hambre en todo el mundo superan las mil millones. La cifra precisa dada a conocer por el organismo asciende a 1.020 millones de seres humanos.
En el mismo informe, aparecido en los medios de esta semana, la organización destaca que la causa principal de esta situación es la pobreza extrema, lo que concentra los daños en los seres humanos de menores recursos. Consecuentemente, llama a los gobiernos a proteger las inversiones en la producción de alimentos, especialmente la de los pequeños y medianos productores en los que la relación entre su actividad y la posibilidad de su alimentación es más directa.
La otra cifra fue dada a conocer en nuestro país: destaca nuestra contribución a la primera. Ciento veintitres millones de personas, el 12,3 % de los hambrientos del mundo, lo serán por la reducción de producción de alimentos acaecida en la Argentina. El dato fue proporcionado por la Sociedad Rural Argentina, al igual que la causa –que es conocida por todos-: el ataque desmatizado del gobierno kircherista a los productores agropecuarios, considerados y tratados como enemigos a partir de la exitosa resistencia a ser saqueados que exhibieron en el primer semestre del año 2008.
No existe otro país en el que se apliquen medidas antiproductivas como las ejecutadas por el Secretario Guillermo Moreno, por instrucciones directas del ex presidente Kirchner. El resultado a la vista: casi el 40 % de reducción de la producción agraria, y la liquidación acelerada de la producción cárnica, en la que la matanza de vacas (que equivale a la “venta de las máquinas”, en las fábricas) alcanza un nivel cercano a un ritmo terminal.
Dos récords como los que le agradan a la señora presidenta son testimonio del derrumbe: la siembra de trigo es la menor en un siglo y la Argentina es el único país del mundo que ha reducido su existencia de ganado, en una etapa de florecimiento del comercio cárnico por la fuerte presión de la demanda de los últimos años que llevó, entre otras cosas, al Uruguay, Brasil y Paraguay a ocupar los mercados que nuestros productores cárnicos –y el esfuerzo de gobiernos sucesivos- había logrado conquistar.
Un mundo hambriento y la Argentina kirchnerista contribuyendo al hambre.
Triste record de nuestra democracia, que conmemora su primera cuarto de siglo traicionando de esta forma sus anhelos fundacionales. El sueño de Alfonsín de una democracia eficiente y de contenido social (con la que “se coma, se cure y se eduque”) ha mutado, por obra y gracia del populismo irracional, en un sistema elitista que a la vez que enriquecer groseramente a los amigos del poder, no sólo hambrea a los argentinos sino que contribuye en forma importante al hambre en el mundo.
Sólo faltaría, para cerrar el círculo, que el “ex presidente en funciones” declare que ellos no tienen nada que ver, sino que lo que ocurre es el efecto ... del “neoliberalismo” y de “las políticas de los 90”.
Ricardo Lafferriere
En el mismo informe, aparecido en los medios de esta semana, la organización destaca que la causa principal de esta situación es la pobreza extrema, lo que concentra los daños en los seres humanos de menores recursos. Consecuentemente, llama a los gobiernos a proteger las inversiones en la producción de alimentos, especialmente la de los pequeños y medianos productores en los que la relación entre su actividad y la posibilidad de su alimentación es más directa.
La otra cifra fue dada a conocer en nuestro país: destaca nuestra contribución a la primera. Ciento veintitres millones de personas, el 12,3 % de los hambrientos del mundo, lo serán por la reducción de producción de alimentos acaecida en la Argentina. El dato fue proporcionado por la Sociedad Rural Argentina, al igual que la causa –que es conocida por todos-: el ataque desmatizado del gobierno kircherista a los productores agropecuarios, considerados y tratados como enemigos a partir de la exitosa resistencia a ser saqueados que exhibieron en el primer semestre del año 2008.
No existe otro país en el que se apliquen medidas antiproductivas como las ejecutadas por el Secretario Guillermo Moreno, por instrucciones directas del ex presidente Kirchner. El resultado a la vista: casi el 40 % de reducción de la producción agraria, y la liquidación acelerada de la producción cárnica, en la que la matanza de vacas (que equivale a la “venta de las máquinas”, en las fábricas) alcanza un nivel cercano a un ritmo terminal.
Dos récords como los que le agradan a la señora presidenta son testimonio del derrumbe: la siembra de trigo es la menor en un siglo y la Argentina es el único país del mundo que ha reducido su existencia de ganado, en una etapa de florecimiento del comercio cárnico por la fuerte presión de la demanda de los últimos años que llevó, entre otras cosas, al Uruguay, Brasil y Paraguay a ocupar los mercados que nuestros productores cárnicos –y el esfuerzo de gobiernos sucesivos- había logrado conquistar.
Un mundo hambriento y la Argentina kirchnerista contribuyendo al hambre.
Triste record de nuestra democracia, que conmemora su primera cuarto de siglo traicionando de esta forma sus anhelos fundacionales. El sueño de Alfonsín de una democracia eficiente y de contenido social (con la que “se coma, se cure y se eduque”) ha mutado, por obra y gracia del populismo irracional, en un sistema elitista que a la vez que enriquecer groseramente a los amigos del poder, no sólo hambrea a los argentinos sino que contribuye en forma importante al hambre en el mundo.
Sólo faltaría, para cerrar el círculo, que el “ex presidente en funciones” declare que ellos no tienen nada que ver, sino que lo que ocurre es el efecto ... del “neoliberalismo” y de “las políticas de los 90”.
Ricardo Lafferriere
jueves, 11 de junio de 2009
La dignidad de los países
¿Tienen dignidad los países?
Dice el diccionario que “dignidad” es la cualidad de “digno”. Y “digno”, por su parte, se relaciona con “merecimiento” y está vinculado con alguna aptitud, pertenencia o respetabilidad.
La reflexión viene a cuento de las consideraciones con que el Banco Mundial acompañó su decisión, conocida en estos días, de otorgar a la Argentina créditos por U$ 1290 millones y la apertura de otra línea por UD$ 3300 millones, que se extenderá hasta el año 2012. Buena cosa que la administración kirchnerista haya vuelto a los organismos internacionales de crédito, terminando con sus reiteradas demonizaciones –que hace rato no se escuchan, a voz impostada y dedito levantado...- sobre las maldades intrínsecas de las finanzas internacionales.
Sin embargo, el “caballo cansado...” no les ha permitido esta vez hacerse cargo de las inusuales admoniciones con que llegan estos fondos. La Argentina, según el Banco Mundial, adolece, entre otras cosas, de:
- Incapacidad de atraer inversiones privadas.
- Recrudecimiento del proceso inflacionario.
- Alto endeudamiento.
- Fuga de capitales.
- Debilitamiento de la seguridad jurídica y el estado de derecho.
- Violaciones contractuales por parte del Estado que incrementa la inseguridad y la litigiosidad.
- Elevado nivel de corrupción.
- Necesidad de mejorar la gestión pública.
- Efectos negativos que el reciente blanqueo de capitales puede tener en el crecimiento del narcotráfico.
- Posibilidad de que la mencionada ley favorezca el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.
Si los países tienen dignidad, es difícil no advertir el ataque que estos conceptos collevan a un valor del que sus primeros custodios deben las autoridades y en segundo lugar sus ciudadanos.
Que las autoridades nacionales hayan resuelto –como afirma el el Clarín del Jueves 11- dejar pasar “por alto” estas observaciones –como si fueran pequeñeces- y destacar el hecho en sí del otorgamiento del crédito y su dimensión, está evidenciando la escasa importancia que nuestro gobierno le da a la dignidad del país que administra. Pocas veces en la historia argentina debe haber existido un rosario de agravios a la dignidad nacional como las expresadas en forma directa e indirecta en los considerandos que acompañan la decisión del organismo financiero internacional. La Argentina sería algo así como un territorio sin ley, abierto a las lacras del narcotráfico y el terorrismo, tramposo crónico que lleva al exterior el producido de su corrupción, que no respeta su palabra y que disfruta de su condición de deudor pertinaz en lugar de pagar lo que debe.
Quizás sea mejor pensar que la dignidad es una cualidad de las personas, no extensible a los países. Porque aunque miles de argentinos consideramos que el rosario de insultos del Banco Mundial reflejan lo que nosotros mismos pensamos sobre la realidad nacional, la indignación por tener que formar pasivamente parte, por generalización, de un colectivo que nos incluye (la Argentina), no puede ocultar que desde hace años venimos denunciando y alertando sobre estos hechos, realizados exclusivamente por quienes ocupan el aparato estatal y sus allegados.
Y debe llevarnos a reflexionar sobre el papel de la mayoría de los ciudadanos, al elegir y tolerar que una banda como ésta nos gobierne y defina en el mundo, en nuestro nombre, la imagen del país de todos. Un país que comenzó su camino con Saavedra, Moreno, Belgrano, San Martín y Castelli. Que definió su rumbo con hombres de la talla de Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Que organizó su convivencia con la acción de Urquiza, de Mitre, de Avellaneda. Que se convirtió en un país moderno de la mano de Roca, Pellegrini, Alem y Joaquín V. González. Que completó la inclusión política en el modelo republicano con Alvear, Juan B. Justo, Sáenz Peña e Yrigoyen. Que avanzó en su desarrollo industrial con Justo, Pinedo, Savio, Perón y Frondizi. Que luchó para recuperar la senda democrática con Illia, Balbín y Alfonsín.
Es el nuestro un país que incluye en su historia, compleja y contradictoria pero vital y patriótica, a muchos más que los nombrados muertos ilustres, cuyo sólo e incompleto listado seguramente mueve la conciencia de miles de quienes vivimos hoy, condenados por la escatológica pareja gobernante al “ninguneo” de cualquiera que en el mundo se le ocurra denostarlo, eso sí, a cambio de algunos dólares, que faciliten las cuentas de la banda que gobierna, dispuesta a dejar “pasar por alto” los insultos a la Nación, si vienen adecuadamente lubricados.
Pero si las naciones tienen dignidad por su historia y su destino, sería hora de que los argentinos de hoy decidiéramos recuperar la nuestra, sacándonos de encima a quienes poco les interesa el esfuerzo común y los valores morales por los que este país nació hace casi dos siglos comenzando la construcción de la que somos beneficiarios y deudores.
Entonces sí... bienvenidos serán los recursos, si llegan acompañados del respeto a nuestra dignidad recuperada. Caso contrario...
Ricardo Lafferriere
Dice el diccionario que “dignidad” es la cualidad de “digno”. Y “digno”, por su parte, se relaciona con “merecimiento” y está vinculado con alguna aptitud, pertenencia o respetabilidad.
La reflexión viene a cuento de las consideraciones con que el Banco Mundial acompañó su decisión, conocida en estos días, de otorgar a la Argentina créditos por U$ 1290 millones y la apertura de otra línea por UD$ 3300 millones, que se extenderá hasta el año 2012. Buena cosa que la administración kirchnerista haya vuelto a los organismos internacionales de crédito, terminando con sus reiteradas demonizaciones –que hace rato no se escuchan, a voz impostada y dedito levantado...- sobre las maldades intrínsecas de las finanzas internacionales.
Sin embargo, el “caballo cansado...” no les ha permitido esta vez hacerse cargo de las inusuales admoniciones con que llegan estos fondos. La Argentina, según el Banco Mundial, adolece, entre otras cosas, de:
- Incapacidad de atraer inversiones privadas.
- Recrudecimiento del proceso inflacionario.
- Alto endeudamiento.
- Fuga de capitales.
- Debilitamiento de la seguridad jurídica y el estado de derecho.
- Violaciones contractuales por parte del Estado que incrementa la inseguridad y la litigiosidad.
- Elevado nivel de corrupción.
- Necesidad de mejorar la gestión pública.
- Efectos negativos que el reciente blanqueo de capitales puede tener en el crecimiento del narcotráfico.
- Posibilidad de que la mencionada ley favorezca el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico.
Si los países tienen dignidad, es difícil no advertir el ataque que estos conceptos collevan a un valor del que sus primeros custodios deben las autoridades y en segundo lugar sus ciudadanos.
Que las autoridades nacionales hayan resuelto –como afirma el el Clarín del Jueves 11- dejar pasar “por alto” estas observaciones –como si fueran pequeñeces- y destacar el hecho en sí del otorgamiento del crédito y su dimensión, está evidenciando la escasa importancia que nuestro gobierno le da a la dignidad del país que administra. Pocas veces en la historia argentina debe haber existido un rosario de agravios a la dignidad nacional como las expresadas en forma directa e indirecta en los considerandos que acompañan la decisión del organismo financiero internacional. La Argentina sería algo así como un territorio sin ley, abierto a las lacras del narcotráfico y el terorrismo, tramposo crónico que lleva al exterior el producido de su corrupción, que no respeta su palabra y que disfruta de su condición de deudor pertinaz en lugar de pagar lo que debe.
Quizás sea mejor pensar que la dignidad es una cualidad de las personas, no extensible a los países. Porque aunque miles de argentinos consideramos que el rosario de insultos del Banco Mundial reflejan lo que nosotros mismos pensamos sobre la realidad nacional, la indignación por tener que formar pasivamente parte, por generalización, de un colectivo que nos incluye (la Argentina), no puede ocultar que desde hace años venimos denunciando y alertando sobre estos hechos, realizados exclusivamente por quienes ocupan el aparato estatal y sus allegados.
Y debe llevarnos a reflexionar sobre el papel de la mayoría de los ciudadanos, al elegir y tolerar que una banda como ésta nos gobierne y defina en el mundo, en nuestro nombre, la imagen del país de todos. Un país que comenzó su camino con Saavedra, Moreno, Belgrano, San Martín y Castelli. Que definió su rumbo con hombres de la talla de Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Que organizó su convivencia con la acción de Urquiza, de Mitre, de Avellaneda. Que se convirtió en un país moderno de la mano de Roca, Pellegrini, Alem y Joaquín V. González. Que completó la inclusión política en el modelo republicano con Alvear, Juan B. Justo, Sáenz Peña e Yrigoyen. Que avanzó en su desarrollo industrial con Justo, Pinedo, Savio, Perón y Frondizi. Que luchó para recuperar la senda democrática con Illia, Balbín y Alfonsín.
Es el nuestro un país que incluye en su historia, compleja y contradictoria pero vital y patriótica, a muchos más que los nombrados muertos ilustres, cuyo sólo e incompleto listado seguramente mueve la conciencia de miles de quienes vivimos hoy, condenados por la escatológica pareja gobernante al “ninguneo” de cualquiera que en el mundo se le ocurra denostarlo, eso sí, a cambio de algunos dólares, que faciliten las cuentas de la banda que gobierna, dispuesta a dejar “pasar por alto” los insultos a la Nación, si vienen adecuadamente lubricados.
Pero si las naciones tienen dignidad por su historia y su destino, sería hora de que los argentinos de hoy decidiéramos recuperar la nuestra, sacándonos de encima a quienes poco les interesa el esfuerzo común y los valores morales por los que este país nació hace casi dos siglos comenzando la construcción de la que somos beneficiarios y deudores.
Entonces sí... bienvenidos serán los recursos, si llegan acompañados del respeto a nuestra dignidad recuperada. Caso contrario...
Ricardo Lafferriere
viernes, 5 de junio de 2009
La coherencia del “modelo” y sus defensores
“Las retenciones buscan defender el salario de nuestro pueblo desacoplando el país de los precios internacionales. La palabra es “desacoplar”, decía, voz en cuello, la señora presidenta de la Nación, hace un año, en oportunidad de justificar la implantación de retenciones móviles a la exportación de productos agropecuarios en un nivel que significaba la expropiación de virtualmente más del 90 % de su rentabilidad.
En aquel momento hablamos del dislate que significaba el “desacople”. Una economía global, como la que hoy existe, con el encadenamiento del proceso productivo y el gigantesco auge del comercio internacional intra-ramas, y con una “locomotora” interna que depende de la demanda internacional para hacer marchar el resto de los sectores productivos mediante de su provisión de divisas, no podía desacoplarse porque ello significaría la paralización paulatina, por asfixia, de los diferentes componentes del proceso económico.
El capricho de la pareja que se duerme todas las noches leyendo diarios de los años 70 (como expresó días atrás el popular Alfredo De Angeli) le costó al país una conmoción política y social gigantesca, la retracción de la economía productiva hasta el borde de su quiebra, y a la propia presidenta el prestigio que no podría recuperar desde entonces cayendo en su consideración pública a cifras comparables con los peores presidentes de la región, con menos popularidad que el tristemente recordado George W. Bush.
Un año después, el Ministro del Interior ataca a los industriales –naturalmente preocupados por las desopilantes decisiones de estos días, como prohibir la distribución de dividendos en una empresa privada, designar directores –y hasta síndicos...- estatales en empresas privadas y abandonar a las empresas argentinas agredidas por el chavismo- y no tiene mejor fundamento que sostener que el gobierno ha conseguido... ¡que se hayan “acoplado las tarifas a los precios internacionales”!...
Sobre este argumento, sostiene que el gobierno “no tiene animosidad contra los empresarios”... en el mismo momento en que el “ex presidente en funciones” se agravia en una tribuna porque esos empresarios no renuncian a la rentabilidad de sus empresas, luego de cinco años de no retirar ganancias, sin otro motivo evidente que facilitarle la campaña electoral. Por supuesto, con nuevos engaños dirigidos a compatriotas de barriadas humildes cuyo problema dramático no es la pelea de Kirchner con los empresarios, sino la inseguridad provocada por las mafias bonaerenses, inseguridad que nunca se terminará mientras la fuerza electoral en la que se respalda el poder es facilitada por los organizadores de esas mafias de traficantes de estupefacientes, personas, falsificaciones, armas y lavado.
Buscar coherencia en la administración K es una misión imposible. Al menos, sin embargo, debiera intentar guardarse una mínima articulación discursiva, ya que no existe en las medidas, que permita contar con un marco de referencia sin el cual es imposible tomar decisiones de inversión o de política empresarial por el enorme riesgo que implica el incremento de la incertidumbre.
Nadie sabe cuál es la “línea” del gobierno. El misterioso “modelo” está logrando exactamente lo contrario de lo que dice buscar. Sube la desocupación, cae la producción, se van los capitales, las personas –desde empresarios hasta jubilados- se refugian en el dólar por el misterio de lo que vendrá, las reservas previsionales están siendo liquidadas en un festival de subsidios, préstamos a tasas negativas y contraprestaciones clientelistas que nuevamente llevarán los haberes previsionales a situaciones de miseria y la economía se ha reducido en su dimensión a los niveles de hace una década, con tendencia declinante. Es probable, de continuar el “modelo”, que logren lo que al parecer añoran: volver a una producción con los niveles de hace cuatro décadas, en los años 70 del siglo pasado.
Al autor no le gustan los calificativos insultantes en la política. Sin embargo, también cree que el debate sobre los problemas de todos –que no otra cosa es el país- debe ser nítido y, si es necesario, fuerte. Sin compartir entonces la oportunidad para la calificación con que el líder agropecuario respondió al candidato Kirchner, después de escuchar las justificaciones incoherentes de tantos las dislates, de resistir tantos agravios y de observar el rumbo que le están dando al país, no puede dejar de decir, sin embargo, que también le parece increíble que un ex presidente de la Nación se esté presentando ante su pueblo con un discurso tan rudimentario, falaz y tramposo.
Aunque debe reconocer que si en lugar de escribir un artículo le tocara hablar en una tribuna, como en otros tiempos, tal vez utilizaría términos diferentes. Más claros y contundentes, como hablan los argentinos comunes –como hablamos los entrerrianos- para referirse a algo que consideran intencionalmente falso, tonto, o imbécil.
Ricardo Lafferriere
En aquel momento hablamos del dislate que significaba el “desacople”. Una economía global, como la que hoy existe, con el encadenamiento del proceso productivo y el gigantesco auge del comercio internacional intra-ramas, y con una “locomotora” interna que depende de la demanda internacional para hacer marchar el resto de los sectores productivos mediante de su provisión de divisas, no podía desacoplarse porque ello significaría la paralización paulatina, por asfixia, de los diferentes componentes del proceso económico.
El capricho de la pareja que se duerme todas las noches leyendo diarios de los años 70 (como expresó días atrás el popular Alfredo De Angeli) le costó al país una conmoción política y social gigantesca, la retracción de la economía productiva hasta el borde de su quiebra, y a la propia presidenta el prestigio que no podría recuperar desde entonces cayendo en su consideración pública a cifras comparables con los peores presidentes de la región, con menos popularidad que el tristemente recordado George W. Bush.
Un año después, el Ministro del Interior ataca a los industriales –naturalmente preocupados por las desopilantes decisiones de estos días, como prohibir la distribución de dividendos en una empresa privada, designar directores –y hasta síndicos...- estatales en empresas privadas y abandonar a las empresas argentinas agredidas por el chavismo- y no tiene mejor fundamento que sostener que el gobierno ha conseguido... ¡que se hayan “acoplado las tarifas a los precios internacionales”!...
Sobre este argumento, sostiene que el gobierno “no tiene animosidad contra los empresarios”... en el mismo momento en que el “ex presidente en funciones” se agravia en una tribuna porque esos empresarios no renuncian a la rentabilidad de sus empresas, luego de cinco años de no retirar ganancias, sin otro motivo evidente que facilitarle la campaña electoral. Por supuesto, con nuevos engaños dirigidos a compatriotas de barriadas humildes cuyo problema dramático no es la pelea de Kirchner con los empresarios, sino la inseguridad provocada por las mafias bonaerenses, inseguridad que nunca se terminará mientras la fuerza electoral en la que se respalda el poder es facilitada por los organizadores de esas mafias de traficantes de estupefacientes, personas, falsificaciones, armas y lavado.
Buscar coherencia en la administración K es una misión imposible. Al menos, sin embargo, debiera intentar guardarse una mínima articulación discursiva, ya que no existe en las medidas, que permita contar con un marco de referencia sin el cual es imposible tomar decisiones de inversión o de política empresarial por el enorme riesgo que implica el incremento de la incertidumbre.
Nadie sabe cuál es la “línea” del gobierno. El misterioso “modelo” está logrando exactamente lo contrario de lo que dice buscar. Sube la desocupación, cae la producción, se van los capitales, las personas –desde empresarios hasta jubilados- se refugian en el dólar por el misterio de lo que vendrá, las reservas previsionales están siendo liquidadas en un festival de subsidios, préstamos a tasas negativas y contraprestaciones clientelistas que nuevamente llevarán los haberes previsionales a situaciones de miseria y la economía se ha reducido en su dimensión a los niveles de hace una década, con tendencia declinante. Es probable, de continuar el “modelo”, que logren lo que al parecer añoran: volver a una producción con los niveles de hace cuatro décadas, en los años 70 del siglo pasado.
Al autor no le gustan los calificativos insultantes en la política. Sin embargo, también cree que el debate sobre los problemas de todos –que no otra cosa es el país- debe ser nítido y, si es necesario, fuerte. Sin compartir entonces la oportunidad para la calificación con que el líder agropecuario respondió al candidato Kirchner, después de escuchar las justificaciones incoherentes de tantos las dislates, de resistir tantos agravios y de observar el rumbo que le están dando al país, no puede dejar de decir, sin embargo, que también le parece increíble que un ex presidente de la Nación se esté presentando ante su pueblo con un discurso tan rudimentario, falaz y tramposo.
Aunque debe reconocer que si en lugar de escribir un artículo le tocara hablar en una tribuna, como en otros tiempos, tal vez utilizaría términos diferentes. Más claros y contundentes, como hablan los argentinos comunes –como hablamos los entrerrianos- para referirse a algo que consideran intencionalmente falso, tonto, o imbécil.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 3 de junio de 2009
Las candidaturas engañosas
No es novedad afirmar que a partir del 2002, el sistema institucional argentino ha entrado en un tobogán que se acerca a su punto terminal. La decisión que en aquel momento tomaron importantes protagonistas del escenario público de aprovechar una dramática dificultad nacional para usarla como un atajo de llegada al poder fue el inicio de un acelerado desmantelamiento del delicado engranaje de funcionamiento legal del propio poder para retroceder a las épocas anteriores a la organización nacional.
El cambio abrupto del contexto económico internacional que benefició al país a pocos meses de aquel condenable contubernio, con base en empresarios protegidos y políticas clientelares centradas en el cinturón bonaerense, permitió disimular el deguase. A pesar de pasar inadvertida para el gran público, la peligrosa tendencia fue acompañada por una creciente preocupación por los ciudadanos que con más interés observaban el proceso político, alertando reiteradas veces sobre su inexorable final.
Puede discutirse si todo comenzó con la negativa a la formación de un gobierno de unión nacional en el 2001, con la manipulación del proceso electoral del 2003 o con la remoción autoritaria de la desprestigiada Suprema Corte de Justicia anunciada por cadena nacional por el recien elegido Presidente Kirchner. Sea como sea, fueron los hitos iniciales que abarcaron el olvido del “país normal” y la “Reforma Política” reclamada y anunciada con bombos y platillos por Néstor Kirchner en su campaña electoral, siguieron con la subordinación de la Justicia a través de la modificación del Consejo de la Magistratura, se consolidaron con la renuncia de las facultades del Congreso a través de las sucesivas reiteraciones de las “delegaciones de facultades” y “poderes extraordinarios” en el Poder Ejecutivo, la discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos por parte del Presidente de la Nación –y, últimamente, por el cónyuge de la presidenta de la Nación- y la intervención discrecional del gobierno en los patrimonios privados, la utilización de la AFIP como organismo de persecusión y disciplinamiento empresarial y la manipulación del INDEC como mecanismo de incautación y transferencia de riqueza.
El deguace institucional no es gratuito. Ha sido el que permitió, entre otras cosas, la incautación ilegal del patrimonio que diez millones de argentinos atesoraban para enfrentar su vejez, la escatológica decisión de asignar Un millón de dólares por día a fondo perdido a una empresa aérea que no presta ningún servicio a la nivelación social de los argentinos en un momento de crecimiento de la pobreza y la miseria a niveles inéditos, o la prohibición de exportar carne llevando a un sector generador de divisas, trabajo y riqueza al borde de su desaparición. Es el que ha sumergido a los argentinos en la orgía de violencia, redes de narcotráfico e inseguridad cotidiana y ha convertido a nuestro país en hazmerreír de todo el mundo condenándolo a su intrascendencia, ha llevado a la educación popular a un estadio terminal, al desmantelamiento de la defensa nacional y al resurgimiento de enfermedades de la pobreza que habían sido erradicadas hace décadas, como la tuberculosis y el dengue en barriadas hacinadas, olvidadas de todos los servicios pero ferreamente subordinadas a los caudillejos territoriales que lucran con las urgencias de los compatriotas sin recursos.
Pero ese deguace se acerca a su límite con la manipulación actual del único elemento de legitimidad que podía invocar el gobierno: su respaldo electoral. Estas elecciones se acercan peligrosamente a las parodias de los regímenes antidemocráticos, los que había y los que aún hay, manipuladas en su gestión, en sus fechas, en sus normas, en sus candidaturas, en sus reglamentos y hasta en sus resultados.
A partir de este proceso, nada será igual en la Argentina. Aceptadas hoy las candidaturas engañosas, de aquí en más todas podrán serlo. No habrá límites a los malabarismos de los detentadores del poder, que se sentirán con derecho a pasar por encima de las leyes fundamentales no ya del ejercicio del mando –sobre las que están pasando diariamente- sino de su propia conformación.
Son días tristes para la democracia, que con tanta ilusión comenzamos a construir hace un cuarto de siglo. No interesa tanto el resultado electoral. En todo caso, ilusiona el surgimiento de dirigentes nuevos en todas las fuerzas alternativas, aún en aquella tradicional fuerza popular que dio origen y aún sostiene a este disparatado equipo de gobierno. Pero esa ilusión no alcanza a mitigar el desasosiego de muchos argentinos que creyeron que su querido país había comenzado a recuperarse, desde 1983, de sus andanzas del medio siglo anterior, pero observan que, entrando el siglo XXI todavía deben seguir la lucha por las mismas banderas por las que se luchaba hace un siglo: la horadez administrativa, la pureza del sufragio y la propia vigencia de la Constitución Nacional.
Ricardo Lafferriere
El cambio abrupto del contexto económico internacional que benefició al país a pocos meses de aquel condenable contubernio, con base en empresarios protegidos y políticas clientelares centradas en el cinturón bonaerense, permitió disimular el deguase. A pesar de pasar inadvertida para el gran público, la peligrosa tendencia fue acompañada por una creciente preocupación por los ciudadanos que con más interés observaban el proceso político, alertando reiteradas veces sobre su inexorable final.
Puede discutirse si todo comenzó con la negativa a la formación de un gobierno de unión nacional en el 2001, con la manipulación del proceso electoral del 2003 o con la remoción autoritaria de la desprestigiada Suprema Corte de Justicia anunciada por cadena nacional por el recien elegido Presidente Kirchner. Sea como sea, fueron los hitos iniciales que abarcaron el olvido del “país normal” y la “Reforma Política” reclamada y anunciada con bombos y platillos por Néstor Kirchner en su campaña electoral, siguieron con la subordinación de la Justicia a través de la modificación del Consejo de la Magistratura, se consolidaron con la renuncia de las facultades del Congreso a través de las sucesivas reiteraciones de las “delegaciones de facultades” y “poderes extraordinarios” en el Poder Ejecutivo, la discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos por parte del Presidente de la Nación –y, últimamente, por el cónyuge de la presidenta de la Nación- y la intervención discrecional del gobierno en los patrimonios privados, la utilización de la AFIP como organismo de persecusión y disciplinamiento empresarial y la manipulación del INDEC como mecanismo de incautación y transferencia de riqueza.
El deguace institucional no es gratuito. Ha sido el que permitió, entre otras cosas, la incautación ilegal del patrimonio que diez millones de argentinos atesoraban para enfrentar su vejez, la escatológica decisión de asignar Un millón de dólares por día a fondo perdido a una empresa aérea que no presta ningún servicio a la nivelación social de los argentinos en un momento de crecimiento de la pobreza y la miseria a niveles inéditos, o la prohibición de exportar carne llevando a un sector generador de divisas, trabajo y riqueza al borde de su desaparición. Es el que ha sumergido a los argentinos en la orgía de violencia, redes de narcotráfico e inseguridad cotidiana y ha convertido a nuestro país en hazmerreír de todo el mundo condenándolo a su intrascendencia, ha llevado a la educación popular a un estadio terminal, al desmantelamiento de la defensa nacional y al resurgimiento de enfermedades de la pobreza que habían sido erradicadas hace décadas, como la tuberculosis y el dengue en barriadas hacinadas, olvidadas de todos los servicios pero ferreamente subordinadas a los caudillejos territoriales que lucran con las urgencias de los compatriotas sin recursos.
Pero ese deguace se acerca a su límite con la manipulación actual del único elemento de legitimidad que podía invocar el gobierno: su respaldo electoral. Estas elecciones se acercan peligrosamente a las parodias de los regímenes antidemocráticos, los que había y los que aún hay, manipuladas en su gestión, en sus fechas, en sus normas, en sus candidaturas, en sus reglamentos y hasta en sus resultados.
A partir de este proceso, nada será igual en la Argentina. Aceptadas hoy las candidaturas engañosas, de aquí en más todas podrán serlo. No habrá límites a los malabarismos de los detentadores del poder, que se sentirán con derecho a pasar por encima de las leyes fundamentales no ya del ejercicio del mando –sobre las que están pasando diariamente- sino de su propia conformación.
Son días tristes para la democracia, que con tanta ilusión comenzamos a construir hace un cuarto de siglo. No interesa tanto el resultado electoral. En todo caso, ilusiona el surgimiento de dirigentes nuevos en todas las fuerzas alternativas, aún en aquella tradicional fuerza popular que dio origen y aún sostiene a este disparatado equipo de gobierno. Pero esa ilusión no alcanza a mitigar el desasosiego de muchos argentinos que creyeron que su querido país había comenzado a recuperarse, desde 1983, de sus andanzas del medio siglo anterior, pero observan que, entrando el siglo XXI todavía deben seguir la lucha por las mismas banderas por las que se luchaba hace un siglo: la horadez administrativa, la pureza del sufragio y la propia vigencia de la Constitución Nacional.
Ricardo Lafferriere
lunes, 25 de mayo de 2009
Derechos humanos y Estado de Derecho
Sobre comienzos de la década del 80 del siglo XX, el “Proceso” había comenzado a aterrizar en la normalidad. Las bandas armadas que asolaron la convivencia argentina no golpeaban con la dureza de años atrás y hasta se conocían los contactos que uno de los sectores del gobierno militar de entonces, el liderado por el Almirante Massera, tenía en el exterior con dirigentes montoneros para la organización de un partido continuista.
La población argentina, mientras tanto, sufría la ausencia de sus derechos políticos elementales y escuchaba de boca del presidente de entonces, General Galtieri, su histórica sentencia: “Las urnas están bien guardadas”. No se sentía representada por ninguno de los bandos en lucha, ya que en eso se había convertido el gobierno del “proceso” equiparándose a las bandas guerrilleras por su anomia ética en la represión.
Ese escenario fue en el que jóvenes radicales y de otras fuerzas políticas desarrollaban su actividad, clandestina por necesidad, para responder a los gigantescos desafíos que implicaba la reconstrucción del Estado de Derecho, frente al cúmulo de agravios cruzados, crímenes sin sentido, ataques llenos de inmoralidad originados en ambos protagonistas, desapariciones de personas, robos de niños, atentados terroristas con muerte de inocentes, torturas medioevales, traiciones y delaciones de compañeros, destrucción del discurso público, complicidades cruzadas en la defensa de la violencia –como el apoyo recíproco que habían exhibido Videla y Fidel Castro para cubrirse recíprocamente sus crímenes tras el escudo de la “soberanía nacional”, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-.
En ese escenario se definieron los objetivos: unir a los argentinos tras un gigantesco torrente democrático; organizar las fuerzas partidarias; recuperar un piso de legalidad para comenzar de nuevo el camino de reconstrucción institucional. Esos objetivos tenían un problema central: debía incluir a todos los argentinos que desearan adoptarlo, civiles y militares “sin ánimo de revancha” ; pero a la vez, debía encontrar un camino que no implicara una “claudicación ética” –palabras de Alfonsín en sus discursos en todo el país-.
Sobre esa propuesta, comenzó la prédica que se hizo imparable luego del fracaso de la dictadura en la guerra de Malvinas. Destaco lo de la “dictadura”, porque fue ella, la conducción política, y no los oficiales, suboficiales y soldados -que lucharon en las islas, sin medios, sin logística, sin adecuada planificación ni coordinación estratégica y operativa- la que llevó al país a la derrota al abandonar el camino del reclamo pacífico y frustrar el único conflicto internacional que llevábamos ganando, aislando al país de cualquier alianza estratégica seria y provocando la muerte de centenares de heroicos compatriotas en desiguales enfrentamientos bélicos.
El país aceptó la propuesta. “Tres niveles de responsabilidad”, repetía Alfonsín siendo candidato hasta el cansancio en cada tribuna, cada reportaje, cada conversación personal. “Los que dieron las órdenes, máximos responsables sobre los que se concentrará la responsabilidad. Los que obedecieron órdenes, que hicieron lo que debían hacer según las normas militares, seguirán sus carreras. Y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, tendrán que responder por sus delitos”. Los argentinos de ese momento decidieron cómo seguirían la marcha de reconstrucción y apoyaron esa propuesta con el 52 % de las opiniones nacionales. Quizás valga recordar que los que no la apoyaron y obtuvieron el 40 % siguiente, propusieron avalar la amnistía amplia que había dictado el propio gobierno militar en sus postrimerías. La mayoría del pueblo argentino quería, con sus matices, dar vuelta la página, y empezar de nuevo.
Alfonsín, ya presidente, cumplió con lo que propuso en la campaña. La ley de “obediencia debida” dio forma legal a su propuesta, votada expresamente y a conciencia por los argentinos, que él como presidente había intentado infructuosamente por repetidas vías incorporar a la normativa vigente frente a la incomprensión y tenaz oposición de diversos actores, en las Fuerzas y en el propio Congreso Nacional. Los cuatro levantamientos militares mostraron a los argentinos que el tema no podía quedar abierto eternamente por el peligro que significaba para la nueva marcha. Uno de ellos, el de Semana Santa, terminó con la frase interpretada desde entonces con injustificable mala fe de los indiferentes ante el destino de una democracia en paz: “Argentinos, Felices Pascuas. La casa está en orden, y no hay sangre en la Argentina”. La casa en orden significó que sin disparar un solo tiro las unidades sublevadas volvieron a sus cuarteles, los cabecillas procesados –y luego retirados- y la democracia garantizada. Como protagonista de esas épocas e incluso como interlocutor circunstancial con los sublevados, el autor puede testimoniar que el final hubiera podido ser otro, con miles de muertos en las calles y el drama de la violencia nuevamente desatarse en la convivencia argentina. Ese baño de sangre evitó el presidente de entonces, frente a la hipócrita “incomprensión” de muchos.
Luego llegó el presidente Menem y guardando la coherencia con lo propuesto por aquel 40 % de compatriotas (transformado ya en mayoría) que había apoyado a Luder en 1983 –entre los que estaban, bueno es destacarlo, quienes serían años después integrantes del elenco de gobierno del matrimonio Kirchner, y ellos mismos- dictó los indultos, quedando sin embargo abiertos los caminos indemnizatorios para las víctimas y las causas por hechos aberrantes como el robo de bebés. El país parecia encarrilarse en su reencuentro, sin satisfacciones plenas –como nunca ocurre en estos casos- pero con cimientos aceptables para su nuevo comienzo.
Hasta que llegó, desde el sur, el otro demonio renacido, para el que la historia no había transcurrido. Cargado de todos sus odios, retrocedió en la historia casi un cuarto de siglo y las débiles suturas de la antigua herida, trabajosamente tejidas por el esfuerzo de todos durante veinticinco años, fueron sometidas a una presión destructiva. Escudado tras el hipócrita slogan de “derechos humanos”, se reabrió el juzgamiento de la etapa de terror, aunque sólo para uno de los protagonistas mientras se absolvía groseramente al otro. El Congreso ofreció el triste espectáculo de la escatológica “anulación” de sus propias leyes, mientras la Justicia fue utilizada como cínica arma de venganza, sembrando nuevamente el conflicto con detenciones convertidas en vergonzantes armas de política cotidiana.
Las cárceles están hoy pobladas con centenares de oficiales que, en aquellos tiempos, iniciaban su carrera militar y detentaban sus grados iniciales. Hombres que habían decidido en su juventud servir a su país con la profesión de las armas, a los que el torbellino de la violencia irracional encontró comenzando sus carreras, al terminar su vida activa se encuentran sometidos al capricho de un sicópata decidido en convertirlos en ariete argumental que oculte un proyecto de mega corrupción, aunque para ello deba convertir al estado de derecho en una caricatura.
Un cuarto de siglo de construcción institucional desemboca así en el cínico escenario de jóvenes destrozados por el paco, el dengue, la inseguridad, la extrema pobreza, el deterioro terminal de la educación pública, el narcotráfico, viviendas hacinadas, carecias de servicios mínimos, renacimiento de las enfermedades de la pobreza... mientras se proclama la vigencia de los “derechos humanos” sólo porque son humillados respetados oficiales y viejos generales al fin de sus vidas –y sus familiares, sometidos a humillantes limitaciones de visita y requisas que no aplicaban ni los nazis a sus presos políticos- con métodos incompatibles con cualquier sociedad civilizada.
El autor de estas líneas puede asegurar que tiene algún pergamino para escribir como escribe, aunque no le guste exhibirlo. No se escondió bajo la cama ni se fue al sur a “hacer dinero” cuando era necesario defender la democracia y la libertad, en tiempos duros. No esquivó el bulto a la prédica por las instituciones y la vida, cuando era peligroso. Tiene la conciencia tranquila de haber aportado a la paz y la convivencia de los argentinos, cuando le tocó actuar. Pero se siente en la obligación de decir, en testimonio del esfuerzo realizado por muchos en aquellos años de reconstrucción, que con este rumbo no llegaremos a buen puerto.
Ricardo Lafferriere
Videla Videla
La población argentina, mientras tanto, sufría la ausencia de sus derechos políticos elementales y escuchaba de boca del presidente de entonces, General Galtieri, su histórica sentencia: “Las urnas están bien guardadas”. No se sentía representada por ninguno de los bandos en lucha, ya que en eso se había convertido el gobierno del “proceso” equiparándose a las bandas guerrilleras por su anomia ética en la represión.
Ese escenario fue en el que jóvenes radicales y de otras fuerzas políticas desarrollaban su actividad, clandestina por necesidad, para responder a los gigantescos desafíos que implicaba la reconstrucción del Estado de Derecho, frente al cúmulo de agravios cruzados, crímenes sin sentido, ataques llenos de inmoralidad originados en ambos protagonistas, desapariciones de personas, robos de niños, atentados terroristas con muerte de inocentes, torturas medioevales, traiciones y delaciones de compañeros, destrucción del discurso público, complicidades cruzadas en la defensa de la violencia –como el apoyo recíproco que habían exhibido Videla y Fidel Castro para cubrirse recíprocamente sus crímenes tras el escudo de la “soberanía nacional”, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-.
En ese escenario se definieron los objetivos: unir a los argentinos tras un gigantesco torrente democrático; organizar las fuerzas partidarias; recuperar un piso de legalidad para comenzar de nuevo el camino de reconstrucción institucional. Esos objetivos tenían un problema central: debía incluir a todos los argentinos que desearan adoptarlo, civiles y militares “sin ánimo de revancha” ; pero a la vez, debía encontrar un camino que no implicara una “claudicación ética” –palabras de Alfonsín en sus discursos en todo el país-.
Sobre esa propuesta, comenzó la prédica que se hizo imparable luego del fracaso de la dictadura en la guerra de Malvinas. Destaco lo de la “dictadura”, porque fue ella, la conducción política, y no los oficiales, suboficiales y soldados -que lucharon en las islas, sin medios, sin logística, sin adecuada planificación ni coordinación estratégica y operativa- la que llevó al país a la derrota al abandonar el camino del reclamo pacífico y frustrar el único conflicto internacional que llevábamos ganando, aislando al país de cualquier alianza estratégica seria y provocando la muerte de centenares de heroicos compatriotas en desiguales enfrentamientos bélicos.
El país aceptó la propuesta. “Tres niveles de responsabilidad”, repetía Alfonsín siendo candidato hasta el cansancio en cada tribuna, cada reportaje, cada conversación personal. “Los que dieron las órdenes, máximos responsables sobre los que se concentrará la responsabilidad. Los que obedecieron órdenes, que hicieron lo que debían hacer según las normas militares, seguirán sus carreras. Y los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, tendrán que responder por sus delitos”. Los argentinos de ese momento decidieron cómo seguirían la marcha de reconstrucción y apoyaron esa propuesta con el 52 % de las opiniones nacionales. Quizás valga recordar que los que no la apoyaron y obtuvieron el 40 % siguiente, propusieron avalar la amnistía amplia que había dictado el propio gobierno militar en sus postrimerías. La mayoría del pueblo argentino quería, con sus matices, dar vuelta la página, y empezar de nuevo.
Alfonsín, ya presidente, cumplió con lo que propuso en la campaña. La ley de “obediencia debida” dio forma legal a su propuesta, votada expresamente y a conciencia por los argentinos, que él como presidente había intentado infructuosamente por repetidas vías incorporar a la normativa vigente frente a la incomprensión y tenaz oposición de diversos actores, en las Fuerzas y en el propio Congreso Nacional. Los cuatro levantamientos militares mostraron a los argentinos que el tema no podía quedar abierto eternamente por el peligro que significaba para la nueva marcha. Uno de ellos, el de Semana Santa, terminó con la frase interpretada desde entonces con injustificable mala fe de los indiferentes ante el destino de una democracia en paz: “Argentinos, Felices Pascuas. La casa está en orden, y no hay sangre en la Argentina”. La casa en orden significó que sin disparar un solo tiro las unidades sublevadas volvieron a sus cuarteles, los cabecillas procesados –y luego retirados- y la democracia garantizada. Como protagonista de esas épocas e incluso como interlocutor circunstancial con los sublevados, el autor puede testimoniar que el final hubiera podido ser otro, con miles de muertos en las calles y el drama de la violencia nuevamente desatarse en la convivencia argentina. Ese baño de sangre evitó el presidente de entonces, frente a la hipócrita “incomprensión” de muchos.
Luego llegó el presidente Menem y guardando la coherencia con lo propuesto por aquel 40 % de compatriotas (transformado ya en mayoría) que había apoyado a Luder en 1983 –entre los que estaban, bueno es destacarlo, quienes serían años después integrantes del elenco de gobierno del matrimonio Kirchner, y ellos mismos- dictó los indultos, quedando sin embargo abiertos los caminos indemnizatorios para las víctimas y las causas por hechos aberrantes como el robo de bebés. El país parecia encarrilarse en su reencuentro, sin satisfacciones plenas –como nunca ocurre en estos casos- pero con cimientos aceptables para su nuevo comienzo.
Hasta que llegó, desde el sur, el otro demonio renacido, para el que la historia no había transcurrido. Cargado de todos sus odios, retrocedió en la historia casi un cuarto de siglo y las débiles suturas de la antigua herida, trabajosamente tejidas por el esfuerzo de todos durante veinticinco años, fueron sometidas a una presión destructiva. Escudado tras el hipócrita slogan de “derechos humanos”, se reabrió el juzgamiento de la etapa de terror, aunque sólo para uno de los protagonistas mientras se absolvía groseramente al otro. El Congreso ofreció el triste espectáculo de la escatológica “anulación” de sus propias leyes, mientras la Justicia fue utilizada como cínica arma de venganza, sembrando nuevamente el conflicto con detenciones convertidas en vergonzantes armas de política cotidiana.
Las cárceles están hoy pobladas con centenares de oficiales que, en aquellos tiempos, iniciaban su carrera militar y detentaban sus grados iniciales. Hombres que habían decidido en su juventud servir a su país con la profesión de las armas, a los que el torbellino de la violencia irracional encontró comenzando sus carreras, al terminar su vida activa se encuentran sometidos al capricho de un sicópata decidido en convertirlos en ariete argumental que oculte un proyecto de mega corrupción, aunque para ello deba convertir al estado de derecho en una caricatura.
Un cuarto de siglo de construcción institucional desemboca así en el cínico escenario de jóvenes destrozados por el paco, el dengue, la inseguridad, la extrema pobreza, el deterioro terminal de la educación pública, el narcotráfico, viviendas hacinadas, carecias de servicios mínimos, renacimiento de las enfermedades de la pobreza... mientras se proclama la vigencia de los “derechos humanos” sólo porque son humillados respetados oficiales y viejos generales al fin de sus vidas –y sus familiares, sometidos a humillantes limitaciones de visita y requisas que no aplicaban ni los nazis a sus presos políticos- con métodos incompatibles con cualquier sociedad civilizada.
El autor de estas líneas puede asegurar que tiene algún pergamino para escribir como escribe, aunque no le guste exhibirlo. No se escondió bajo la cama ni se fue al sur a “hacer dinero” cuando era necesario defender la democracia y la libertad, en tiempos duros. No esquivó el bulto a la prédica por las instituciones y la vida, cuando era peligroso. Tiene la conciencia tranquila de haber aportado a la paz y la convivencia de los argentinos, cuando le tocó actuar. Pero se siente en la obligación de decir, en testimonio del esfuerzo realizado por muchos en aquellos años de reconstrucción, que con este rumbo no llegaremos a buen puerto.
Ricardo Lafferriere
Videla Videla
lunes, 18 de mayo de 2009
Rebotar bien
La recesión está instalada. El ajuste también. Algunos efectos se sienten directamente, y otros llegarán inexorablemente como consecuencia de la evolución de la propia crisis. Que, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la “internacional”, sino que la trabajamos nosotros solos, solitos, los argentinos.
Poco servirá ahora llorar sobre la “leche derramada”. La economía se está ralentizando aceleradamente. Alcanza con mirar los pueblos del interior –los primeros en sufrir sus alcances, por la perversidad diabólica del gobierno-. Paralizados los cultivos, paralizados los comercios, paralizadas las industrias, paralizados los transportes.
Pero no sólo allí. Ahora las ciudades están sintiendo las consecuencias de destrozar a la locomotora de la economía nacional, que es el sector agropecuario. Entran menos divisas, y las que hay dentro se van. Quienes tienen pesos los liquidan y fugan hacia cualquier otra moneda que no sea la argentina. En consecuencia, la paralización comercial es significativa. Una recorrida por las arterias y zonas comerciales nos muestra la proliferación de carteles “liquidación por cierre”, “se alquila”, “oportunidades” y similares, que tras la aséptica publicidad de venta terminal esconden el drama de familias que allí trabajaban y de ellos vivían, desde sus dueños hasta los empleados y familiares, que deberán afrontar la pérdida de sus ingresos vitales. Los negocios que quedan, salvo los que puntualmente responden a los consumos de alto nivel, están vacíos.
La disminución del comercio golpea a las fábricas, y con ello hay más compatriotas que pierden su empleo. Y golpea a la importación, que ha sufrido la caída más abrupta de su historia, configurando quizás el indicador más grave de todos: la paralización de las etapas económicas de la cadena productiva global de la que empresarios argentinos habían logrado formar parte, a pesar del gobierno.
La paralización, a su vez, genera menos ingresos fiscales. Ya incautaron ilegalmente los ahorros previsionales, que están dilapidando provocando el desfinanciamiento estructural del sistema. Y no existirán fondos para mantener los subsidios transferidos a las empresas públicas –entre las cuales destaca como barril sin fondo, la escatológica estatización de Aerolíneas Argentinas, que sostiene entre otras cosas un vuelo diario de un Jumbo a Calafate, con el 25 % de su capacidad ocupada y gran cantidad de pasajes de “cortesía”, con dinero estatal, por supuesto-. Pero también a los colectivos urbanos, a los ferrocarriles y a otros servicios públicos, con la finalidad de mantenerlos funcionando ante la imposibilidad de autofinanciación con los precios de los servicios, mantenidos demagógicamente congelados cuando la situación era buena, y hoy asfixiados por la escasez.
La tensión está cantada: si el gobierno nacional prefiere seguir el jubileo de subsidios, no habrá dinero para las provincias, que deberán financiarse con cuasi monedas, nuevamente. Y si las provincias logran, por el contrario, recuperar sus recursos confiscados por el gobierno nacional, éste deberá subir drásticamente todas las tarifas, con el impulso inflacionario que esto genera, y el drama social de golpear sobre una población asalariada desocupada o con salarios retrasados.
Nuevamente: nada tiene que ver con esto la crisis internacional, que en realidad aún no ha llegado al país. Alcanza con ver la cotización de los productos agropecuarios, en un nivel que está en el promedio de su mejor momento, pero que no se puede aprovechar por la asfixia a que sometió el gobierno al sector agropecuario confiscándole su rentabilidad e impidiendo el financiamiento de nuevas campañas.
En síntesis: los momentos que vienen no serán buenos.
Pero lo importante es saber que siempre la vida sigue y de ello tenemos experiencias repetidas los argentinos. Hemos tenidos crisis gigantescas y al final hemos arrancado, no precisamente por las genialidades de los gobiernos sino por la tenacidad optimista de la gente que trabaja y produce, a pesar de ser golpeada por la incautación de sus recursos por parte de quienes han vivido durante décadas de aprovechar el esfuerzo ajeno. Y mirando hacia adelante, lo importante será que “rebotemos bien”. Porque del ajuste se saldrá. El punto es que acertemos en la dirección del renacimiento.
Como siempre, existirán presiones para repetir la salida conocida, alimentando las corporaciones sindicales, empresarios protegidos y malas prácticas políticas. Esa salida nos llevará, como en el ciclo que estamos terminando, a repetir los dramas corregidos y aumentados. Ni siquiera con el “mejor período económico en nuestra historia independiente” (Cristina “dixit”) ha podido reducirse la pobreza, terminar con la inseguridad, mejorar la educación, desarrollar la infraestructura, modernizar el Estado, dejar de robar a los jubilados y ahorristas... ergo: es “el rumbo” lo que falla, como ha fallado tantas veces.
Dependerá de los argentinos y sus fuerzas políticas y sociales representativas la decisión de romper ese círculo vicioso y tomar esta vez, otro camino. No son necesarias elucubraciones muy novedosas. Es el que siguen pueblos de gobiernos tan diferentes como Brasil y China, como Chile e India, como Australia y México, como Uruguay y España. Un camino que no requiere “inventar la pólvora” sino que se basa en principios que los argentinos adoptamos cuando, hace casi dos siglos, comenzamos el camino independiente: vigencia de la ley, independencia de poderes, respeto a los derechos de los ciudadanos, seguridad para los que invierten y trabajan, limitación clara a las decisiones del poder, justicia auténticamente independiente, libertad de prensa, partidos políticos serios. Y, como colofón, asumir la realidad cosmopolita del encadenamiento productivo mundial, del que la Argentina forma parte, terminando con las ocurrencias del dedito levantado y la voz impostada, recursos dialécticos para disimular la ignorancia, que traducidos en decisiones de gobierno han llevado a desperdiciar las mejores condiciones externas que hayan existido jamás para el país en una orgía de corrupción, latrocinios y fraudes pocas veces visto –y hemos conocido muchos...- en la historia argentina.
Rebotar bien de esta crisis. Ese es el secreto. Entender el rumbo del mundo hoy, para una imbricación virtuosa. Fuerte apuesta a la capacitación, para poder montarnos en la revolución científico técnica. Sólido piso de ciudadanía, para entusiasmar a todos en el nuevo desafío. Respeto a la ley y a la palabra con reglas de juego claras y respetadas, para recuperar confianza, capital social y atracción a la inversión que genera empleos. Prudencia en la gestión económica, para alejarnos de la imagen de aprendices de brujos que nos han convertido en el hazmerreír del mundo. Y sobre todo, humildad en nuestros comportamientos, ya que está visto que no tenemos mucho que enseñarle a nadie, como no sea el nada reconfortante récord de ser el país de peores logros en el mundo en los últimos cincuenta años.
Rebotar bien. Nunca se podrá hacer con el populismo guiando el Estado, ignorando la realidad, olvidándose de los ciudadanos –desde los más pobres, sometidos a una humillante pobreza reciclada, hasta los más encumbrados, sometidos a la humillante pérdida de su capital de trabajo por los caprichos de un mafioso-. Rebotar bien es salir de la crisis apostando a la modernización productiva tanto de la industria como del sector agropecuario, al turismo, a los emprendedores, al mercado global, a la reconversión energética huyendo de los hidrocarburos fósiles y respaldando las nuevas fuentes renovables, las redes inteligentes de distribución, el consumo racional. Rebotar bien es terminar con el desprecio al medio ambiente, la preservación del entorno, el hacinamiento en villas olvidadas de todos los servicios. Rebotar bien es reiniciar la marcha con un objetivo: ser un país exitoso en el mundo global, orgulloso de su convivencia interna y cooperativo en la construcción de la “ciudad del futuro”.
Rebotar bien requiere un país democrático y republicano que retome el rumbo de sus principios fundacionales. Por eso, aunque de nada sirva a esta altura llorar sobre lo perdido, es imprescindible asumir que difícilmente nos lleven a “rebotar bien” quienes aún hoy, con las consecuencias a la vista, insisten en que se ha hecho lo correcto, que lo que está pasando es positivo, y que con el abismo enfrente todavía sostienen, sin ruborizarse, que el riesgo sería “cambiar de rumbo”.
Ricardo Lafferriere
consumos consumos
Poco servirá ahora llorar sobre la “leche derramada”. La economía se está ralentizando aceleradamente. Alcanza con mirar los pueblos del interior –los primeros en sufrir sus alcances, por la perversidad diabólica del gobierno-. Paralizados los cultivos, paralizados los comercios, paralizadas las industrias, paralizados los transportes.
Pero no sólo allí. Ahora las ciudades están sintiendo las consecuencias de destrozar a la locomotora de la economía nacional, que es el sector agropecuario. Entran menos divisas, y las que hay dentro se van. Quienes tienen pesos los liquidan y fugan hacia cualquier otra moneda que no sea la argentina. En consecuencia, la paralización comercial es significativa. Una recorrida por las arterias y zonas comerciales nos muestra la proliferación de carteles “liquidación por cierre”, “se alquila”, “oportunidades” y similares, que tras la aséptica publicidad de venta terminal esconden el drama de familias que allí trabajaban y de ellos vivían, desde sus dueños hasta los empleados y familiares, que deberán afrontar la pérdida de sus ingresos vitales. Los negocios que quedan, salvo los que puntualmente responden a los consumos de alto nivel, están vacíos.
La disminución del comercio golpea a las fábricas, y con ello hay más compatriotas que pierden su empleo. Y golpea a la importación, que ha sufrido la caída más abrupta de su historia, configurando quizás el indicador más grave de todos: la paralización de las etapas económicas de la cadena productiva global de la que empresarios argentinos habían logrado formar parte, a pesar del gobierno.
La paralización, a su vez, genera menos ingresos fiscales. Ya incautaron ilegalmente los ahorros previsionales, que están dilapidando provocando el desfinanciamiento estructural del sistema. Y no existirán fondos para mantener los subsidios transferidos a las empresas públicas –entre las cuales destaca como barril sin fondo, la escatológica estatización de Aerolíneas Argentinas, que sostiene entre otras cosas un vuelo diario de un Jumbo a Calafate, con el 25 % de su capacidad ocupada y gran cantidad de pasajes de “cortesía”, con dinero estatal, por supuesto-. Pero también a los colectivos urbanos, a los ferrocarriles y a otros servicios públicos, con la finalidad de mantenerlos funcionando ante la imposibilidad de autofinanciación con los precios de los servicios, mantenidos demagógicamente congelados cuando la situación era buena, y hoy asfixiados por la escasez.
La tensión está cantada: si el gobierno nacional prefiere seguir el jubileo de subsidios, no habrá dinero para las provincias, que deberán financiarse con cuasi monedas, nuevamente. Y si las provincias logran, por el contrario, recuperar sus recursos confiscados por el gobierno nacional, éste deberá subir drásticamente todas las tarifas, con el impulso inflacionario que esto genera, y el drama social de golpear sobre una población asalariada desocupada o con salarios retrasados.
Nuevamente: nada tiene que ver con esto la crisis internacional, que en realidad aún no ha llegado al país. Alcanza con ver la cotización de los productos agropecuarios, en un nivel que está en el promedio de su mejor momento, pero que no se puede aprovechar por la asfixia a que sometió el gobierno al sector agropecuario confiscándole su rentabilidad e impidiendo el financiamiento de nuevas campañas.
En síntesis: los momentos que vienen no serán buenos.
Pero lo importante es saber que siempre la vida sigue y de ello tenemos experiencias repetidas los argentinos. Hemos tenidos crisis gigantescas y al final hemos arrancado, no precisamente por las genialidades de los gobiernos sino por la tenacidad optimista de la gente que trabaja y produce, a pesar de ser golpeada por la incautación de sus recursos por parte de quienes han vivido durante décadas de aprovechar el esfuerzo ajeno. Y mirando hacia adelante, lo importante será que “rebotemos bien”. Porque del ajuste se saldrá. El punto es que acertemos en la dirección del renacimiento.
Como siempre, existirán presiones para repetir la salida conocida, alimentando las corporaciones sindicales, empresarios protegidos y malas prácticas políticas. Esa salida nos llevará, como en el ciclo que estamos terminando, a repetir los dramas corregidos y aumentados. Ni siquiera con el “mejor período económico en nuestra historia independiente” (Cristina “dixit”) ha podido reducirse la pobreza, terminar con la inseguridad, mejorar la educación, desarrollar la infraestructura, modernizar el Estado, dejar de robar a los jubilados y ahorristas... ergo: es “el rumbo” lo que falla, como ha fallado tantas veces.
Dependerá de los argentinos y sus fuerzas políticas y sociales representativas la decisión de romper ese círculo vicioso y tomar esta vez, otro camino. No son necesarias elucubraciones muy novedosas. Es el que siguen pueblos de gobiernos tan diferentes como Brasil y China, como Chile e India, como Australia y México, como Uruguay y España. Un camino que no requiere “inventar la pólvora” sino que se basa en principios que los argentinos adoptamos cuando, hace casi dos siglos, comenzamos el camino independiente: vigencia de la ley, independencia de poderes, respeto a los derechos de los ciudadanos, seguridad para los que invierten y trabajan, limitación clara a las decisiones del poder, justicia auténticamente independiente, libertad de prensa, partidos políticos serios. Y, como colofón, asumir la realidad cosmopolita del encadenamiento productivo mundial, del que la Argentina forma parte, terminando con las ocurrencias del dedito levantado y la voz impostada, recursos dialécticos para disimular la ignorancia, que traducidos en decisiones de gobierno han llevado a desperdiciar las mejores condiciones externas que hayan existido jamás para el país en una orgía de corrupción, latrocinios y fraudes pocas veces visto –y hemos conocido muchos...- en la historia argentina.
Rebotar bien de esta crisis. Ese es el secreto. Entender el rumbo del mundo hoy, para una imbricación virtuosa. Fuerte apuesta a la capacitación, para poder montarnos en la revolución científico técnica. Sólido piso de ciudadanía, para entusiasmar a todos en el nuevo desafío. Respeto a la ley y a la palabra con reglas de juego claras y respetadas, para recuperar confianza, capital social y atracción a la inversión que genera empleos. Prudencia en la gestión económica, para alejarnos de la imagen de aprendices de brujos que nos han convertido en el hazmerreír del mundo. Y sobre todo, humildad en nuestros comportamientos, ya que está visto que no tenemos mucho que enseñarle a nadie, como no sea el nada reconfortante récord de ser el país de peores logros en el mundo en los últimos cincuenta años.
Rebotar bien. Nunca se podrá hacer con el populismo guiando el Estado, ignorando la realidad, olvidándose de los ciudadanos –desde los más pobres, sometidos a una humillante pobreza reciclada, hasta los más encumbrados, sometidos a la humillante pérdida de su capital de trabajo por los caprichos de un mafioso-. Rebotar bien es salir de la crisis apostando a la modernización productiva tanto de la industria como del sector agropecuario, al turismo, a los emprendedores, al mercado global, a la reconversión energética huyendo de los hidrocarburos fósiles y respaldando las nuevas fuentes renovables, las redes inteligentes de distribución, el consumo racional. Rebotar bien es terminar con el desprecio al medio ambiente, la preservación del entorno, el hacinamiento en villas olvidadas de todos los servicios. Rebotar bien es reiniciar la marcha con un objetivo: ser un país exitoso en el mundo global, orgulloso de su convivencia interna y cooperativo en la construcción de la “ciudad del futuro”.
Rebotar bien requiere un país democrático y republicano que retome el rumbo de sus principios fundacionales. Por eso, aunque de nada sirva a esta altura llorar sobre lo perdido, es imprescindible asumir que difícilmente nos lleven a “rebotar bien” quienes aún hoy, con las consecuencias a la vista, insisten en que se ha hecho lo correcto, que lo que está pasando es positivo, y que con el abismo enfrente todavía sostienen, sin ruborizarse, que el riesgo sería “cambiar de rumbo”.
Ricardo Lafferriere
consumos consumos
sábado, 16 de mayo de 2009
"De la Contradicción Fundamental al cosmopolitismo consciente"
Un nuevo trabajo ha sido incorporado a la "librería virtual" de Ricardo Lafferriere. Se trata de la actualización y ampliación del que fuera publicado el año 2008 con el título "Los argentinos y la globalización - Hacia una política cosmopolita". En la nueva obra, el autor realiza una revalorización del documento que convocara a la acción política a miles de jóvenes argentinos que se sumaron a la Juventud Radical en los años 70 y 80 del siglo pasado, "La Contradicción Fundamental", proponiendo su crítica, autocrítica y reelaboración para adecuar las propuestas de unidad a los problemas que sufren los argentinos del siglo XXI.
La obra puede ser bajada libremente en "http://stores.lulu.com/lafferriere", donde se encuentran también otros trabajos del autor.
La obra puede ser bajada libremente en "http://stores.lulu.com/lafferriere", donde se encuentran también otros trabajos del autor.
martes, 12 de mayo de 2009
Ahora, con Mexico...
Las medidas decididas por el “ex presidente en funciones” –como ha caracterizado un destacado periodista de opinión al esposo de la presidenta de la Nación- que han prohibido el arribo al país de los vuelos que tengan por origen a México provocaron, como no podía ser de otra forma, una protesta del gobierno azteca afectado por la sobreactuación de la administración argentina que genera un daño innecesario a la imagen y a la economía de ese país.
La Organización Mundial de la Salud tiene elaborado, en forma permanente y revisión constante, protocolos de actuación que contienen las medidas necesarias ante la aparición de brotes de enfermedades contagiosas peligrosas. Esos protocolos se han ido perfeccionando justamente para evitar que el pánico, la improvisación o la manipulación política derive en decisiones desvinculadas de cualquier efectividad previsible.
Los protocolos comenzaron a elaborarse luego de 1970, cuando un brote de peste bubónica se desató en cinco estado de la India, generando una sobrereacción motivada por el pánico que provocó pérdidas económicas enormes (1.700 millones de dólares de esa época), sin efecto alguno sobre el desarrollo de la epidemia. Desde esa fecha, el perfeccionamiento ha sido constante con la doble finalidad de la efectividad en el control de los brotes y la reducción de los efectos colaterales sobre la economía. Cabe recordar que éstos no son inocuos: se traducen en pérdida de actividad económica, con la consecuente reducción de empleos, que sufren principalmente los sectores más pobres.
El brote de “vibrión colérico”, en Perú; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (“SARS”, en inglés), y posteriormente el de la gripe aviar, fueron contenidos con esas medidas, monitoreadas por especialistas de todo el mundo que integran los equipos técnicos de la OMS.
Ese protocolo de acciones es el que desconoció la rudimentaria respuesta del ex presidente en funciones, colocando a la Argentina en otra situación más de las tantas en que ha despreciado a otros países del mundo, en un rosario de agravios que deberemos revertir cuando termine la “pesadilla K” y, por fin, la Argentina recupere algo de sentido común y madurez. Muchas disculpas deberemos pedir a muchos para volver a ser tenidos en cuenta o respetados como una nación seria. Será otro de los desastres que legará el régimen a gobiernos que lo sucedan.
Con el inocultable motivo de “tapar” el brote de Dengue que azota a miles de compatriotas por la grosera inoperancia oficial, no dudó en poner en riesgo la excelente relación que tenemos con un país que ha mostrado su solidaridad con la Argentina en muchos momentos de su historia, entre los que no podemos olvidar el asilo dado en momentos difíciles a muchos compatriotas perseguidos por la intolerancia.
El listado de países es cada vez más largo, como símbolos de la soledad de la Argentina que el régimen “K” ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos fueron destratados antes que México. Desde Uruguay y Finlandia (naciones con las que ni el más ingenioso previsor de futuro hubiera pensado que nuestro país pudiera tener un entredicho), hasta los agravios protocolares cometidos contra el presidente de Rusia –varias horas de plantón en el Aeropuerto de Moscú, esperando al visitante que se demoró para hacer algunas compras de camino-; la reina de Holanda –a quién dejó esperando en un banquete protocolar ofrecido por él mismo, al que no asistió-; el presidente de Estados Unidos –al que destrató, siendo anfitrión, en la Cumbre de las América realizada en Mar del Plata; a los ahorristas italianos, ridiculizados repetidas veces por creer en nuestro país; a las empresas españolas, agraviadas por sus groseros desplantes con medidas populistas; a la República de Chile, incumpliéndole los contratos de provisión de gas; a Estados Unidos, a quien reprochó no haber presionado a su sistema de justicia para hacer “zafar” a su esposa de la vergonzosa operación de contrabando de dólares en el “affaire” de la valija de Antonini Wilson; al presidente de Guinea Ecuatorial, a quien el cupo femenino de la dinastía presidencial increpó en una reunión protocolar luego de haberle cursado una invitación oficial para visitar al país; y así podríamos continuar hasta el infinito.
Ese desconocimiento de las más elementales reglas de la buena educación y la convivencia –que en el plano diplomático se denominan “reglas de protocolo”- hasta la soberbia desdeñosa con la que se dirige a otros mandatarios y países han sido una constante dañina para la Argentina, cada vez más aislada en un momento en que el mundo construye la ciudad del futuro, con su economía eslabonada, su desarrollo científico técnico cada vez más interelacionado, sus pueblos cada vez más interconectados y sus sistemas políticos cada vez más compenetrados en acciones conjuntas, como la propia presidenta de comprometió a actuar en el G-20 realizado semanas atrás, en Londres.
Pero no hay nada que hacer. Nos tocó este azote. La buena noticia, en todo caso, es que no será eterno.
Tendremos mucho que reparar del prestigio y la buena educación de la Argentina en el mundo cuando el país vuelva a la normalidad democrática.
Ricardo Lafferriere
La Organización Mundial de la Salud tiene elaborado, en forma permanente y revisión constante, protocolos de actuación que contienen las medidas necesarias ante la aparición de brotes de enfermedades contagiosas peligrosas. Esos protocolos se han ido perfeccionando justamente para evitar que el pánico, la improvisación o la manipulación política derive en decisiones desvinculadas de cualquier efectividad previsible.
Los protocolos comenzaron a elaborarse luego de 1970, cuando un brote de peste bubónica se desató en cinco estado de la India, generando una sobrereacción motivada por el pánico que provocó pérdidas económicas enormes (1.700 millones de dólares de esa época), sin efecto alguno sobre el desarrollo de la epidemia. Desde esa fecha, el perfeccionamiento ha sido constante con la doble finalidad de la efectividad en el control de los brotes y la reducción de los efectos colaterales sobre la economía. Cabe recordar que éstos no son inocuos: se traducen en pérdida de actividad económica, con la consecuente reducción de empleos, que sufren principalmente los sectores más pobres.
El brote de “vibrión colérico”, en Perú; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (“SARS”, en inglés), y posteriormente el de la gripe aviar, fueron contenidos con esas medidas, monitoreadas por especialistas de todo el mundo que integran los equipos técnicos de la OMS.
Ese protocolo de acciones es el que desconoció la rudimentaria respuesta del ex presidente en funciones, colocando a la Argentina en otra situación más de las tantas en que ha despreciado a otros países del mundo, en un rosario de agravios que deberemos revertir cuando termine la “pesadilla K” y, por fin, la Argentina recupere algo de sentido común y madurez. Muchas disculpas deberemos pedir a muchos para volver a ser tenidos en cuenta o respetados como una nación seria. Será otro de los desastres que legará el régimen a gobiernos que lo sucedan.
Con el inocultable motivo de “tapar” el brote de Dengue que azota a miles de compatriotas por la grosera inoperancia oficial, no dudó en poner en riesgo la excelente relación que tenemos con un país que ha mostrado su solidaridad con la Argentina en muchos momentos de su historia, entre los que no podemos olvidar el asilo dado en momentos difíciles a muchos compatriotas perseguidos por la intolerancia.
El listado de países es cada vez más largo, como símbolos de la soledad de la Argentina que el régimen “K” ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos fueron destratados antes que México. Desde Uruguay y Finlandia (naciones con las que ni el más ingenioso previsor de futuro hubiera pensado que nuestro país pudiera tener un entredicho), hasta los agravios protocolares cometidos contra el presidente de Rusia –varias horas de plantón en el Aeropuerto de Moscú, esperando al visitante que se demoró para hacer algunas compras de camino-; la reina de Holanda –a quién dejó esperando en un banquete protocolar ofrecido por él mismo, al que no asistió-; el presidente de Estados Unidos –al que destrató, siendo anfitrión, en la Cumbre de las América realizada en Mar del Plata; a los ahorristas italianos, ridiculizados repetidas veces por creer en nuestro país; a las empresas españolas, agraviadas por sus groseros desplantes con medidas populistas; a la República de Chile, incumpliéndole los contratos de provisión de gas; a Estados Unidos, a quien reprochó no haber presionado a su sistema de justicia para hacer “zafar” a su esposa de la vergonzosa operación de contrabando de dólares en el “affaire” de la valija de Antonini Wilson; al presidente de Guinea Ecuatorial, a quien el cupo femenino de la dinastía presidencial increpó en una reunión protocolar luego de haberle cursado una invitación oficial para visitar al país; y así podríamos continuar hasta el infinito.
Ese desconocimiento de las más elementales reglas de la buena educación y la convivencia –que en el plano diplomático se denominan “reglas de protocolo”- hasta la soberbia desdeñosa con la que se dirige a otros mandatarios y países han sido una constante dañina para la Argentina, cada vez más aislada en un momento en que el mundo construye la ciudad del futuro, con su economía eslabonada, su desarrollo científico técnico cada vez más interelacionado, sus pueblos cada vez más interconectados y sus sistemas políticos cada vez más compenetrados en acciones conjuntas, como la propia presidenta de comprometió a actuar en el G-20 realizado semanas atrás, en Londres.
Pero no hay nada que hacer. Nos tocó este azote. La buena noticia, en todo caso, es que no será eterno.
Tendremos mucho que reparar del prestigio y la buena educación de la Argentina en el mundo cuando el país vuelva a la normalidad democrática.
Ricardo Lafferriere
martes, 5 de mayo de 2009
Tensando al máximo el estado de derecho
168.000 juicios esperando sentencia en diez juzgados de la Seguridad Social de la Capital, y decenas de miles en los Juzgados Federales del interior. Cientos de miles de juicios en trámite por incumplimiento por parte de la ANSES de sus obligaciones legales para con los jubilados. Alrededor de medio millón de jubilados reclamantes en la justicia con trámites en marcha. Estos –patéticos- datos han llevado a uno de los fueros de la Justicia Federal, quizás el de más sentido social por el tipo de causas que trata, a una situación de colapso.
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
Mientras, se anuncia la renovación forzada de las deudas que el Estado “contrajo” con la ANSES y ahora decide no devolver sino renovar con nuevos títulos de deuda, extendidos hasta el año 2016; la misma ANSES que, condenada por sentencias firmes, no paga lo que le debe a los jubilados que son obligados a años de trámites judiciales, le “presta” además más dinero “nuevo”, a pesar del incumplimiento, a la caja negra de la discrecionalidad oficial, tanto los fondos incautados el año pasado como los fondos legales que normalmente recibe, como contribución de los activos.
Y mientras, también, los fondos de los aportantes que, en el sistema de “reparto” presuntamente basado en la “solidaridad”, debieran servir para abonar las prestaciones a los ya jubilados, se destinan graciosamente para créditos blandos ofrecidos para comprar televisores, heladeras y bicicletas, y para subsidiar a los empresarios amigos del gobierno, redes de clientelismo y funcionarios alineados con la secta del gobierno. Fondos que –como se ve con esta renovación- nunca se devolverán.
Al mismo tiempo, millones de nuevas acciones legales se encuentran en preparación para reclamar la indemnización correspondiente por la grosera incautación de los ahorros previsionales privados, por parte del kirchnerismo y sus aliados socialistas y “progresistas”, anunciando una nueva y gigantesca “oleada” de saturación a la Justicia de la Seguridad Social.
La Cámara Federal de la Seguridad Social acaba de solicitar a la Corte Suprema una ampliación del plazo para dictar sentencia, que es normalmente de cuarenta días, a ciento ochenta días hábiles. Ello alargará los juicios en no menos de nueve meses a un año –extra- a los ya extensos plazos existentes, ya que a esos tiempos normales deben sumarse las ferias extraordinarias, cada vez más usuales, ante la imposibilidad material de los Juzgados de atender esas causas.
Y el gobierno, en lugar de atender sus obligaciones con los pasivos, a quienes declama estar defendiendo, está analizando... ¡crear cinco juzgados federales más, para atender la saturación!
Sólo el acostumbramiento a los dislates lleva a alegrarse por esta iniciativa, e incluso hasta a apoyarla. Quienes asisten a Tribunales y ven a los esforzados trabajadores judiciales, muchos de ellos “meritorios” –es decir, que no cobran salarios-, pero también a los Secretarios y los Jueces inundados por los expedientes que crecen diariamente como un “moloc” que todo lo invade, no pueden menos que entender su propuesta, su reclamo, y su angustia. En cada expediente está la vida de un compatriota burlado en sus ahorros, condenado a una vejez cuyo horizonte se ha oscurecido, y que no tiene tiempo para esperar que “las cosas cambien”. Esos Juzgados tienen en sus manos los últimos años de vida de millones de ciudadanos argentinos que confiaron en el Estado y diariamente son obligados a resignarse a que, mientras se rematan sus recursos en la rueda de la corrupción y el clientelismo, se los obliga cínicamente a juicios interminables, que una vez concluidos tampoco son cumplidos porque son –nuevamente- obligados a trámites caprichosos en la ANSES para lograr el cumplimiento de la sentencia cuya obtención le costó años.
No se trata de juicios originales. Son todos casi idénticos, porque las leyes violadas son las mismas. Sus finales son forzosos e inexorables, porque ya la Corte Suprema ha fijado su jurisprudencia. La situación no podrá cambiar con ninguna ley, porque la sentencia de la Corte ha sido apoyada en normas constitucionales, es decir que por más que las leyes digan lo que digan, los derechos reclamados por los ciudadanos jubilados no pueden ser violados dentro del estado de derecho porque responden a derechos superiores a cualquier decisión de cualquier gobierno, y de cualquier órgano político –sea Congreso o Ejecutivo-. Si hay nuevos juicios, es porque el kirchnerismo es indiferente tanto a los derechos de los ciudadanos, como a los fallos de la Corte. El cinismo con que se elabora la respuesta –el estudio abrir de cinco juzgados nuevos, lo que implica nuevos salarios, nuevos gastos administrativos, nuevos Jueces, nuevos Secretarios, nueva infraestructura- en lugar de simplemente pagar lo que debe, es una clara demostración de la escasa importancia que el régimen “K” le da al estado de derecho, y la discrecionalidad con que dispone de recursos que a los argentinos les cuesta horas de esfuerzo y trabajo conseguir para entregarles, vía aportes, impuestos, retenciones o contribuciones de la seguridad social.
Los ciudadanos que sufren esto son los mismos que observaron el año pasado el cinismo con que legisladores oficialistas y aliados se llenaron la boca condenando al sistema de capitalización y expropiando sus ahorros –no de las AFJP sino de argentinos que los guardaban allí para su retiro, protegidos por una ley nacional y por un organismo estatal que debía custodiar su correcta inversión- con el argumento de que “el Estado los cuidaría mejor” y no les cobraría nada... y ven ahora que el Estado no les cobró nada, pero que se quedó con todo, no para pagar a los pasivos a los que trata como siervos, sino para alimentar la maquinaria infernal mega-delictiva en que se ha convertido la administración kirchnerista.
Lo que ocurre con la seguridad social es una expresión más de la tensión a la que la actual gestión somete al estado de derecho. Es coherente con las “candidaturas testimoniales” que obliga a los ciudadanos a votar por listas que, cual arenas movedizas, no permiten conocer qué integrantes, al final, serán legisladores; con el chantaje a los jueces si no fallan según sus deseos, amenazándolos con el juicio político y de esta forma burlando una de las instituciones centrales del orden democrático como es la independencia e inamovilidad de los jueces; con la discrecional distribución de fondos públicos sin ley alguna que lo determine, vía las “facultades extraordinarias”; con el sistema de decisiones nacionales cooptado por un sicópata que no tiene cargo institucional alguno, convirtiendo en poco más que papel pintado protocolar la principal institución con que cuenta nuestro sistema político, que es la institución presidencial.
Es necesario mirar la realidad política con muy buena voluntad para poder afirmar que vivimos en un estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
jueves, 30 de abril de 2009
El país normal y la Argentina posible
“Producto potencial”, llaman los economistas a la producción que podría llegar a tener un país en un escenario de pleno empleo de sus fuerzas productivas, para compararlo con el “producto real”, o sea el que efectivamente genera. La diferencia entre ambos marca es el desafío de las políticas económicas para liberarlo de los obstáculos que impiden su confluencia aprovechando toda la capacidad existente en un determinado momento
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
El concepto es interesante para aplicarlo más allá de la ciencia económica, imaginando las posibilidades totales –y no sólo productivas- de un determinado país.
¿Cómo sería la Argentina potencial? ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina potencial y la Argentina real? ¿Cuáles son los desafíos para aprovechar en plenitud, no ya la economía sino todo el potencial gigantesco de los argentinos para mejorar su vida y llevarla al pleno de sus posibilidades?
Cuando recordamos la convocatoria electoral del ex presidente Kirchner en 2003, al salir recién de la crisis del 2002, éste sugería que su aspiración para lograr ese objetivo se podía sintetizar en una consigna que se reducía, simplemente, a construir “un país normal”. Era una convocatoria atractiva.
Es que tanto se ha retrocedido de las épocas de una sociedad integrada aún en la pobreza, del respeto en la convivencia reduciendo al mínimo excepcional las situaciones de violencia y de la virtual ausencia de excluidos –ya que hasta la pobreza contaba con algunos canales de inclusión a través de hospitales que funcionaban, la escuela pública de excelencia al alcance de todos, la seguridad cubriendo todo el territorio y la asistencia social con recursos para las excepcionales situaciones de pobreza extrema- que la tentación es ubicar la utopía en lo que fue, en lugar de lo que podríamos ser.
Sin embargo, lo mejor de la Argentina es lo que está por venir.
Porque más allá de los ruidosos estertores del régimen en derrumbe, un cambio profundo se ha estado gestando, a pesar de los gobiernos, en los últimos años. Ha crecido una sociedad crecientemente madura que eclosionó el año pasado durante la rebelión del campo, pero que se ha extendido a todos los sectores.
Esa defensa de sus derechos que mostraron quienes se alzaron frente a la confiscación de su trabajo a través de las retenciones ilegales es la misma que expresan las madres del dolor que reclaman por el asesinato de sus hijos, las madres de pañuelo negro que piden tenazmente medidas para rescatar a sus hijos del “paco” frente a la soberbia y la indiferencia oficial, los parientes y vecinos de las víctimas de la inseguridad que el poder recien descubre luego de tantos muertos cuando las elecciones se acercan, los jubilados que sostienen centenares de miles de juicios por sus haberes ilegalmente retrasados, los nuevos miles de ahorristas previsionales que están presentando sus demandas frente al gran robo del año pasado, los jóvenes que sin abandonar su sonrisa y su infaltable MP3 en sus oídos se financian sus estudios repartiendo pizza en patineta, las familias cartoneras que prefieren ganarse su sustento con el sufrido trabajo de recoger residuos antes que someterse a la humillación del caudillejo que le ofrece graciosamente un “plan” a cambio de renunciar a su dignidad.
Esa Argentina vive y sufre la ignominia de la traición y sueña con un país liberado. Liberado de la esclavitud del clientelismo. Liberado de la asfixia a la producción por la discrecionalidad de un burócrata semianalfabeto. Liberado de la violencia y las redes delictivas cómplices de estructuras políticas y policiales. Liberado de la discrecionalidad de la distribución de fondos públicos concentradas en la decisión de un sicópata.
Esa Argentina es la Argentina real. ¿La potencial? La imaginamos. Con una producción que duplique la actual. Con argentinos gestando su futuro protegidos por leyes imparciales aplicadas por jueces independientes. Con escuelas de excelencia al alcance de todos. Con una salud pública que no sea rehén de los burócratas sindicales. Con una vida cotidiana plena de seguridad y tranquilidad. Con empresarios responsables de organizar sus desafíos de vincular su producción al mercado global, para participar del nuevo estadio de desarrollo planetario con fuerzas productivas mundializadas, con productores incorporando las más modernas técnicas de cultivo y preservación ambiental para crecer al máximo sin deteriorar el entorno.
Pero esa Argentina potencial es imposible con este régimen, simplemente porque la destrucción institucional ha condenado a la frustración a cualquier esfuerzo individual o colectivo, ha anulado la capacidad de soñar, la tranquilidad de invertir y trabajar y la seguridad de sobrevivir. Ha llevado a todos a una sola obsesión: sobrevivir hasta el día siguiente, cuando recomenzará, como el mito de Sísifo, toda la ansiedad y se repetirá la misma lucha.
El obstáculo entre la Argentina real y la Argentina potencial se llama destrucción institucional, concentración de poder, autoritarismo, corrupción ramplona, sectarismo excluyente, desconocimiento de las leyes, en suma, “régimen K”. Cuesta aún aceptar que una de las fuerzas políticas más importantes del país pueda prestarse a sostener esta ignominia haciéndose cómplice de la destrucción nacional que se está realizando en su nombre.
Pero la Argentina real no se resigna y pesar del régimen, ahí está. Esperando el momento mientras lucha para subsistir. Espera todavía “el país normal”, el que aprendió en la Escuela cuando le enseñaron el esfuerzo de los próceres por construir el país, los principios de la Constitución, los valores de la moral, la vigencia del derecho como base de la convivencia, el respeto a los ancianos y los niños, la ética de la solidaridad hacia los compatriotas más necesitados, la búsqueda de consenso sin renunciar a posiciones diferentes con la herramienta del diálogo, que nos enseñara Alfonsín;... en suma, el “país normal”, que le prometió Kirchner cuando era –como parece que será de nuevo- un candidato que buscaba votos y no un usurpador que le ha confiscado el poder presidencial a su propia esposa.
Ricardo Lafferriere
martes, 21 de abril de 2009
Primeras consecuencias del “gran robo”
El fallo de la Jueza Federal Dra. Elvira Muleiro, decretando la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 26425 y sus posteriores decretos de ejecución Nº 2103 y 2104/08 comienzan a mostrar las primeras consecuencias de la aberrante decisión jurídica tomada por el kirchnerismo y sus socios (socialistas, SI, y varios bloques menores) en el mes de noviembre incautando el ahorro previsional de las cuentas de capitalización, propiedad de los aportantes del mencionado sub-sistema.
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
La impecable lógica jurídica de la magistrada no impedirá, por supuesto, que la ANSES deduzca las apelaciones que terminarán, seguramente, en la Corte Suprema, dentro de varios años. Esta eventualidad seguramente fue ya prevista por el gobierno, y a pesar de su ilicitud la medida fue igualmente adoptada ante la convicción de que serán los gobiernos próximos, cuando haga varios años que los ejecutores hayan abandonado el poder, los que tendrán que encontrar formas de financiar la gigantesca incautación, sin dudas la más grande de la historia jurídica de la Argentina independiente –ya que las producidas por el “default” no se atrevieron a la negación lisa y llana de los créditos, sino que abrieron un camino negociador que aún no ha terminado, a ocho años de producido-.
Sin embargo, el camino del reclamo de los ahorristas puede tomar derivaciones insospechadas por los autores de la medida. En efecto: decretada judicialmente la inconstitucionalidad y probado el daño que genera –que en este caso, es directo ya que la incautación de los ahorros fue inmediata-, surge legalmente el derecho a indemnización por parte de las víctimas, que más allá de las acciones de amparo, ya han comenzado a presentarse ante la justicia correspondiente reclamando su reparación integral. Esa indemnización cuenta, en este caso, con una particularidad que seguramente no fue advertida por los autores: la posible responsabilidad civil de los funcionarios que la dictaron.
En efecto: las medidas tomadas por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales deben cumplir con determinadas pautas de equidad, construidas jurisprudencialmente a través de los años alrededor del principio constitucional de la “equidad en el reparto de las cargas públicas”. La responsabilidad de indemnizar, cuando correspondiera esta situación por no cumplirse esas pautas, queda reducida al Estado. Pero cuando la norma que genera el daño ha sido dictada en violación de derechos constitucionales expresos de las personas –hecho que queda configurado si se confirma la inconstitucionalidad decretada por la Jueza Muleiro-, la responsabilidad civil por el daño causado alcanza a los funcionarios que la dictaron, en forma solidaria con el propio Estado, por el juego armónico de los artículos 1112, 1109 y concordantes del Código Civil, en pacífica y reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales.
En consecuencia, los damnificados pueden demandar no sólo al órgano público que decidió la medida –el Estado Nacional-, sino que también pueden hacerlo civilmente contra la señora presidenta, los ministros autorizantes –en este caso, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Trabajo- y los legisladores que votaron favorablemente la medida contribuyendo a la formación de la norma inconstitucional.
Serán años de juicios e incertidumbre. Pero es también la mayor deuda generada en la historia nacional del Estado con gran cantidad de ciudadanos que golpeará no sólo las finanzas públicas de los próximos años, sino que también puede dejar en la ruina a quienes enviaron, autorizaron y promulgaron la ley, y a quienes levantaron sus manos aprobándola sin pensar en las consecuencias que tal medida, cuyo contenido está por encima de las facultades legales del Estado y forma parte de derechos constitucionales de los ciudadanos, podría acarrearles en el futuro.
Los tribunales, que están abarrotados por los incumplimientos anteriores del estado con los jubilados por las decisiones de la administración kirchnerista desde el 2003 hasta el 2007, estarán más saturados aún con las muy probables acciones que los millones de ahorristas –entre tres millones y nueve millones, todos con acreencias incautadas de diferente valor- se presenten a reclamar lo suyo.
La justicia tarda, pero llega. Esta vez, además de golpear a la fiscalidad pública –que, en última instancia, pagamos todos- puede afectar en forma directa al patrimonio de los tres funcionarios ejecutivos y casi doscientos legisladores que formaron la norma. No dejará de ser un interesante antededente del que quizás pueda quedar, como moraleja, la recomendación de mayor prudencia a los funcionarios públicos cuando toman medidas que afectan indebidamente los derechos de las personas.
Ricardo Lafferriere
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